Dependencia: 11 autonomías "hacen caja"

En 2021 se aprobó un Plan de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la Dependencia, para reducir la lista de espera y mejorar servicios. Pero 11 autonomías aprovecharon estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi 200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida. Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña, la Rioja, Canarias) y 10 suspenden en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes. Sobre todo, porque cada día somos más viejos y se van a duplicar los dependientes.

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.

El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).

En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.

El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).

Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.

Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril  de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.

El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…

El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).

El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.

El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).

La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).

Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).

Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).

Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”,  Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).

Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.

Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.

En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.

Plan de choque para salvar la Dependencia

La pandemia ha afectado más a los mayores y especialmente a los dependientes, porque más de la mitad superan los 80 años. Con el confinamiento y la menor movilidad, se han reducido las solicitudes y resoluciones y también los beneficiarios de la Dependencia. Y si hay menos dependientes esperando ayudas es porque muchos murieron en 2020: lo más dramático es que fallecieron 55.487 dependientes esperando una resolución (21.079) o recibir una ayuda que ya tenían reconocida (otros 34.408 fallecidos). Fueron 152 muertos diarios desatendidos por el sistema de Dependencia, que ha cumplido 14 años con serios problemas de fondo: falta de financiación, recortes, demasiada burocracia y exceso de prestaciones “low cost”. En enero, Gobierno y autonomías acordaron un Plan de choque para la Dependencia, para reducir las “listas de espera” (en 66.000 de los 232.243), recortar trámites y mejorar servicios, aportando 3.600 millones más en tres años. Y destinando una parte de los Fondos europeos al cuidado de los mayores dependientes. Se lo debemos.

Enrique Ortega

El primer año de la pandemia ha sido nefasto para los dependientes y sus familias. El confinamiento de marzo a junio y la Administración a medio gas, más los contagios y muertes, provocaron que hubiera menos solicitudes de ayuda de dependientes (-43.794 durante todo 2020) y menos resoluciones de expedientes (-26.157), con lo que hubo menos beneficiarios de una ayuda a la dependencia: 1.356.473 dependientes, -28.564 beneficiarios que en 2019. El número de beneficiarios de la dependencia cayó en 14 autonomías y sólo aumentó en la Comunidad Valencia (+12.378), Canarias (+722), Baleares (+537) y Asturias (+386), según los datos oficiales del IMSERSO. Y en enero de 2021, las solicitudes, beneficiarios y beneficiarios han vuelto a caer (son ahora 1.354.272 beneficiarios).

Lo que ha mejorado son los beneficiarios que reciben alguna ayuda: 1.124.230 dependientes a finales de 2020, +9.047 que en diciembre de 2019. Pero eso se debe, por desgracia, a que muchos beneficiarios con derecho a prestación han muerto (por la edad, ya que el 52% tienen más de 80 años, o por la COVID 19). De hecho, en 2020 han muerto 245.638 dependientes que tenían una solicitud de dependencia, 41.735 más que en 2019 (por la COVID 19), según los datos del MoMa. De ellos, 170.593 dependientes fallecieron recibiendo una prestación, pero otros 34.408 la estaban esperando, con una resolución favorable, pero ya nunca la recibirán. Como tampoco los 21.079 dependientes fallecidos y que estaban pendientes de valorar por su autonomía, que han muerto sin resolverse su expediente. En total, son 55.487 dependientes que han muerto desatendidos, sin recibir una ayuda que tenían reconocida (34.408) o sin que se resolviese su solicitud (otros 21.079).

Son 152 dependientes “en espera” muertos cada día,  1 cada 9 minutos, a los que ha fallado estrepitosamente el sistema de la dependencia. Y además, el reparto de estos dependientes muertos sin atender (55.487) es muy desigual por autonomías: son muchos en Cataluña (10.525 con derecho reconocido más otros 3.683 pendientes de valorar), Andalucía (6.596+5.387) y  Madrid (5.347+ 2.000), siendo menos en la Comunidad Valenciana (2.127+2.220), País Vasco (2.256 +608) Castilla la Mancha (1.017+1.194), Extremadura (986+900) y Canarias (352 con derecho reconocido+2.220 muertos pendientes de valorar), según los datos del MoMa. Y es también muy llamativo el dato de los beneficiarios con prestación que han muerto en residencias: 44.436 fallecidos, más de la cuarta parte del total de dependientes fallecidos  que recibían ayudas (170.593). El mayor número de fallecimientos en residencias se ha dado en Madrid (323/1000 habitantes), Castilla la Mancha (300,2), Cataluña (282,7), Navarra (277,7) y Aragón (257,7).

Con este aumento de muertes entre los dependientes se explica que “la lista de espera” de la dependencia (los dependientes con derecho reconocido que esperan recibir una ayuda) haya “mejorado”, bajando en -37.611 dependientes durante el año 2020. Aún así, la cifra de los que esperan era muy elevada: 232.243 dependientes en diciembre, el 17,12% del total con derecho reconocido (y ha aumentado a 234.039 en enero de 2021, según el último dato del IMSERSO). Además, hay 6 autonomías que están peor, con un porcentaje de dependientes en espera muy superior a la media nacional: Cataluña (31,86% dependientes reconocidos en espera de ayuda), la Rioja  (29,32%), Canarias (24,38%), Andalucía (19,83%), Cantabria (18,55%) y Madrid (17,60%), todas aumentando en 2020 su porcentaje de dependientes en espera (salvo Cantabria, que los mantiene). Y de las 13 autonomías con menor lista de espera que la media, hay 5 que apenas tienen dependientes en espera de recibir ayudas: Castilla y León (0,11% esperando), Ceuta (2,03%), Navarra (5,5%), Galicia (7,3%) y Castilla la Mancha (7,6%), según los datos del IMSERSO.

Lo que han hecho las autonomías, en los dos últimos años, es bajar más la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I, cuyas ayudas son más baratas) que las de los dependientes severos (Grado II) y los grandes dependientes (Grado III), cuyas ayudas son más costosas. Así, entre 2018 y 2020, la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I) bajaron -15.909 (-10,48%) y la de los dependientes con más problemas (Grados II y III) bajaron -1.885 (-1,9%). Un “efecto escaparate” que atiende antes a los más baratos.

El sistema de la dependencia ha cumplido 14 años en enero de 2021 (la Ley de la Dependencia entró en vigor en 2007) y hay dos datos que señalan su fracaso, al hacer el balance de 2020. Uno, que hay 141.556 dependientes en espera de que se resuelva su expediente, lo que tarda una media de 257 días. Y el otro, los 232.243 dependientes con derecho reconocido pero que esperan que les llegue una ayuda (los que están “en lista de espera”, una media de 173 días). En total, 373.799 dependientes “desatendidos” por el sistema, un tercio de los 1.124.230 beneficiarios con prestaciones. Y como el 52% de los solicitantes de la dependencia son mayores de 80 años, muchos se mueren antes de atenderles (incluso sin pandemia, ya morían 100 dependientes al día sin atender).

¿Por qué ha fallado el sistema de la Dependencia? Básicamente, por falta de financiación. La Dependencia nació sin asegurar sus recursos y con la crisis, fue uno de los primeros objetivos de los recortes de Rajoy, ya en 2012. De hecho, la Administración central recortó su aportación a la Dependencia en -5.864 millones entre 2012 y 2019. Y también hubo recortes en las autonomías, que han tenido que cargar con el 80% del gasto público en Dependencia (cuando la Ley preveía que se costeara a medias entre el Estado y las autonomías): en 2019 aportaron 8.607 millones (83,9% del gasto público) y la Administración central 1.386 millones (el 16,1% restante), lo que obligó a las familias de los dependientes a un copago del 21% del gasto total en dependencia (2.656 millones restantes), según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos recortes y la escasez de Presupuestos han obligado a las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, a buscar “trucos” para mantener el sistema, para intentar atender a más dependientes con pocos recursos: retrasar la resolución de expedientes, mantener las listas de espera para retrasar las ayudas y buscar ayudas “low cost” (más baratas) para los dependientes (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…). En definitiva, retrasar la atención y tratar de hacer más con menos, deteriorando el servicio.

El sistema de la Dependencia hacía aguas por todas partes y la pandemia ha sido la puntilla, con el trágico balance de 55.487 dependientes muertos sin atender. Pero también ha sido una oportunidad para tomar medidas: el 15 de enero se aprobó por unanimidad, entre el Gobierno y las autonomías, un Plan de choque que aportará 3.600 millones extras para la Dependencia en tres años. Los primeros 623 millones se han incluido ya  en el Presupuesto 2021, en 2022 habrá otros 1.200 millones y 1800 más en 2023. Este dinero extra irá para aumentar la financiación del Estado a la dependencia y para aumentar un 20% las cuantías mínimas que se pagan a los dependientes (quedarán en 60 € mensuales las ayudas al grado I, 94 € las ayudas al grado II y 235 € las ayudas al grado III). 

Con ello, se espera que en 2021 haya 100.000 dependientes más que reciban ayudas, lo que permitirá reducir la lista de espera en 66.305 dependientes (1 de cada 4), dejándola en cero en 11 autonomías que hoy la tienen baja (todas salvo Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria y Madrid). Y no habrá “lista de espera” de la Dependencia a finales de 2023.

Además, el Plan de choque se compromete a reducir la burocracia de la Dependencia, unificando los dos expedientes actuales (uno para determinar el grado y otro para reconocer la ayuda) y agilizando los trámites de las autonomías, que ahora tardan 430 días. Y se pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan: generalizar la teleasistencia (en 2022 la recibirán todos los Dependientes), ampliar las horas de asistencia a domicilio (de 32,7 a 38,3 semanales), mejorar las prestaciones familiares (+18%) y, sobre todo, mejorar la atención en las residencias, paliando la falta de profesionales y cubriendo las 15.000 plazas en las residencias públicas que han quedado “vacías” con la pandemia. Además, hay un compromiso de los Gobiernos autonómicos a gastar más en Dependencia, sobre todo las 9 regiones que gastan menos que la media (183 euros/habitante): Canarias (95 €/habitante), Galicia (142), Baleares (143), Murcia (152), Andalucía (161), Comunidad Valenciana (168), Cataluña (171), Aragón (174) y Madrid (179), según datos de los Directores de Servicios Sociales.

Además, la Dependencia va a beneficiarse también de los Fondos europeos, dado que la economía de los cuidados es uno de los 10 programas de inversión de Plan de recuperación aprobado por el Gobierno en octubre y enviado a Bruselas. Este año 2021, la previsión es invertir 910 millones en cuidados a los mayores y dependientes, de los que 730 millones serán ejecutados por autonomías y Ayuntamientos. Y la mitad de toda esta inversión de los Fondos europeos en cuidados  (al menos 361,7 millones en 2021) va a destinarse a mejorar y ampliar las residencias de ancianos, donde existe un déficit de plazas públicas.

Al final, parece que la pandemia va a conseguir lo que no se ha logrado en 14 años: que haya recursos para atender a los dependientes, la 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, educación y pensiones), aún más desatendida que el resto. Con poco dinero (3.600 millones en tres años) se conseguirá suprimir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes, además de generar 25.000 nuevos empleos en los cuidados, un sector con mucho futuro. Y tras este Plan de choque y las ayudas europeas, habrá que aprobar un Plan de Dependencia a medio plazo, para afrontar uno de los mayores problemas estructurales de España: el envejecimiento (los mayores de 65 años pasarán de ser el 22,9% de la población hoy al 31,4% en 2050, la tercera parte con más de 80 años) y el aumento de la esperanza de vida (86,9 años en 2050), lo que duplicará el número de dependientes, según el CSIC.

Por fin hay un Plan de choque para atender mejor a los dependientes, pero habrá que preparar futuras medidas para atender al doble de dependientes en 2050, igual que habrá que consolidar el futuro de las pensiones, la sanidad y la educación. La Dependencia es una necesidad social y un problema para casi 2 millones de familias, que se encuentran muy desatendidas. Y es también un sector económico de futuro, que aportará   mucho empleo e inversiones en las próximas décadas. Pero sobre todo, es un derecho que les debemos a los mayores, tras toda una vida trabajando: atenderles si no pueden valerse y que no se mueran sin recibir ayuda, como les ha pasado a 155 mayores cada día en 2020. Debe ser una prioridad de la reconstrucción. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.