El próximo miércoles 13 de febrero se vota en el Congreso si los Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez siguen adelante o no. Si alguien estará pendiente serán las familias de 1,3 millones de ancianos y jóvenes dependientes, porque se juegan recibir 830 millones más este año y que 80.000 dependientes reciban la ayuda que esperan hace meses. Con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita ayuda, porque cumple 12 años con recortes y falta de recursos. Y las autonomías, que pagan dos tercios de la Dependencia, no dan abasto y buscan “trucos” para atender a más dependientes, como ayudar más a los menos dependientes (más “baratos”) y extender los servicios “low cost” (teleasistencia y cheques por servicios) para atender “a más con menos”. Urge cumplir el Pacto por la dependencia, que todos los partidos (menos PP y PNV) firmaron hace 2 años, y acabar con las listas de espera, porque 100 ancianos mueren cada día sin recibir la ayuda reconocida. Es lo mínimo que les debemos a nuestros ancianos y discapacitados.
En enero, la Ley de Dependencia ha cumplido 12 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original agravado después por el Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró 3 días antes de las elecciones de 2011) y empezó a aplicarla recortes sólo 9 días después de llegar a las Moncloa: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.
En junio de 2015,
con la llegada al poder de la izquierda en muchas regiones, los nuevos Gobiernos autonómicos intentaron paliar estos recortes. Y parece que el balance de la Dependencia ha mejorado. Los
dependientes con ayudas han pasado en
tres años de 796.109 (diciembre 2015) a 1.054.275
beneficiarios con prestaciones (diciembre de 2018). Y las “listas de espera”, los
dependientes con derecho reconocido pero que no reciben todavía ninguna ayuda,
se han reducido de 384.326 (diciembre 2015) a 250.037 (diciembre 2018), según los datos oficiales del IMSERSO. Pero esta
“mejoría” de la Dependencia se ha conseguido a base de tres “trucos”
que han utilizado las autonomías para conseguir atender a más dependientes con menos dinero, al haberse reducido drásticamente la aportación de la
Administración Central a la Dependencia: 5.000
millones menos entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El primer “truco” ha sido retrasar
en lo posible los expedientes, para responder las solicitudes más tarde
y “ganar tiempo”: de hecho, a finales de 2018, había 128.568
solicitudes de ayuda de dependientes pendientes
de estudiar y calificar. En otros casos, se ha revisado la calificación del dependiente (gran dependiente,
severo o moderado), para intentar rebajar su grado y que sea “más barato”. En
ambas situaciones, hay muchas familias que intentado reclamar,
pero el Gobierno Rajoy les dejó un regalo a las autonomías: incumplió la disposición final séptima de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción
social, y no permitió que las
reclamaciones en cuestiones de Dependencia las vean los Juzgados de lo social,
con lo que se ven en la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, más lenta y costosa. Y muchas familias tardan 2 y 3 años en conseguir una sentencia, a veces tardía: el
dependiente ha muerto.
El segundo “truco” es más descarado: se busca atender a más dependientes “moderados” (grado
I, que tienen derecho a una ayuda “más barata”) y menos dependientes grandes (grado III) y severos
(grado II), cuya asistencia es más cara. Las cifras son clarificadoras. Entre
2015 y 2018, las “listas de espera”
(dependientes con derecho reconocido pero que no reciben ayudas) se han reducido en 134.245 dependientes
(de 384.282 esperando en 2015 a 250.037 a finales de 2018), según el IMSERSO. Y de estos 134.245 dependientes menos en espera, 126.000 son
dependientes moderados grado I (el 93,85%) y sólo 8.087 son dependientes moderados y grandes (grados II y III), según datos del propio IMSERSO. O sea, que si las listas de espera de la Dependencia
se han reducido un 35% en los últimos tres años, la lista de los dependientes más
graves (más “caros” de atender) se ha reducido un 7,6% y la de los
dependientes moderados (más “baratos”)
se ha reducido un 45,38%.
Y vayamos al “tercer truco”: atender a unos y a
otros con servicios más baratos, low cost, para sacarle más partido al dinero escaso y que “cunda” más, que esos servicios “low cost” permitan atender a más dependientes.
En este caso, lo que han hecho las autonomías es reducir las ayudas
económicas que se conceden a las familias por cuidar a sus dependientes en
casa (una prestación entre 153 y 443
euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 eran el 45,53% de todas
las ayudas que se daban en España, en diciembre de 2018 eran sólo el 30,81% de todas
las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén
en residencias (el servicio más
caro), que han pasado del 14,87% de todas las ayudas en 2015 al 12,61% en 2018.
En cambio, ha subido el peso de las
ayudas “más baratas”, de los servicios low
cost: la ayuda a domicilio (del
12,92% en 2011 al 17,86% en 2018, aunque en Galicia este servicio supone el 33%
de todas las prestaciones y en Andalucía el 27%), la teleasistencia (la ayuda más barata: cuesta 38 euros al mes y la
tienen el 17% de los dependientes, aunque en Andalucía la tienen el 31,5% y en Madrid
la reciben el 25% de dependientes) y, sobre todo “la prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias para que ellas financien el
servicio que quieran. Esta ayuda, que supone una forma de “privatizar la
dependencia”, supone el 10% de todas las prestaciones en España, pero hay
autonomías donde tiene mucho peso (45,43% de todas las ayudas en Extremadura,
26,34% en Castilla y León o 17,27% en Canarias).
Son “tres trucos” que han permitido a las autonomías gestionar los recortes a la Dependencia y
tratar de “dar más con menos”. Porque el culpable principal es la Administración central, que año tras
año (sobre todo entre 2012 y 2015) ha aportado menos fondos a la Dependencia:
si en 2009, la Administración central
del Estado aportaba el 39,2% de toda la financiación, en 2012 aportó el
21,4%, en 2015 el 18,1% y en 2017 sólo el
16%, menos de la mitad. Y eso ha obligado a las autonomías a aportar
mucho más (del 46,2% en 2009 al 61,3% en 2012 y el 63,5% de 2017) y a que las
familias de los dependientes aporten también más, en forma de “copagos”
crecientes: de costear el 14,7% de la Dependencia en 2009 han pasado a
financiar el 17,2% en 2012 y el 20,5%
en 2017, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En definitiva, que el Estado central, en este caso el Gobierno Rajoy, se ha ido retirando de
financiar la dependencia. Y así, de los 7.458 millones de gasto público
dedicado a ayudar a los dependientes en 2017, el 16,3% lo puso el Presupuesto
del Estado y el 83,7% las autonomías, cada vez más faltas de recursos. Y además,
se produce la desigualdad de que
unas autonomías aportan más a la Dependencia
(el País Vasco aporta el 88,2%, Navarra el 87,9%, Valencia el 87,6%,
Extremadura el 87%, Baleares el 86,6% y Cataluña el 86,1%) y el resto, muchas gobernadas
por el PP, aportan menos (75,3% Galicia, 77,2% Murcia, 79,3% Castilla y León o
79,8% Cantabria), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La consecuencia
de esta “retirada del Estado central”
del pago de la Dependencia es que todavía hay 250.037 dependientes (98.236 de ellos grandes y severos dependientes) que tienen
reconocido legalmente el derecho a recibir una ayuda pero que no la
reciben, porque las autonomías no tienen recursos para prestársela. Y están “en lista de espera”, en lo que
se llama “el limbo de la Dependencia”. El
problema además, es desigualmente grave, según las autonomías. Si en toda España, están en lista de espera el 19,17% de los dependientes con derecho
reconocido (esos 250.037 en diciembre 2018), hay 5 autonomías donde son más de la cuarta parte: Cataluña (el
32,64% dependientes en espera), Canarias (29,27%), La Rioja (27,46%), Andalucía
(26,14%) y Cantabria (22,98%). Y hay otras 5 regiones donde los dependientes en
lista de espera son muy pocos: Castilla y León (el 1,55%), Ceuta (5,58%), Melilla
(6,86%), Navarra (9,68%) y Castilla la Mancha (10,97%).
La peor consecuencia de estas abultadas listas de espera no
es que las familias de los dependientes tengan que atenderles sin ayuda, sino
que muchos dependientes mueren antes de que les llegue la ayuda,
porque el 54% de los dependientes tienen
más de 80 años (y dos tercios son mujeres), según el IMSERSO. De hecho, en 2017, 38.000
dependientes con derecho reconocido murieron antes de que les llegara la
ayuda, más de 100 diarios, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y estiman que en 2019 morirán otros 30.000
ancianos dependientes antes de que les llegue la ayuda.
Los datos son lo suficientemente graves como para tomar
medidas. Y la principal es que la Administración
central aumente su financiación a la Dependencia, que aporte el 50% del gasto público (y las autonomías el otro 50%),
como señala la Ley de Dependencia.
Eso supondría que el Estado tendría que
pagar a las autonomías, por cada dependiente, el doble de lo que se propone pagar este año 2019: 264,99 euros por
dependientes grado I, 117,36 por
dependientes grado II y 66,04 euros
por dependientes grado I (moderados), según datos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, habría
que reformar
el sistema de financiación autonómica, para que las autonomías pudieran
cumplir con financiar el otro 50%, con más de lo que pagan ahora. Porque si no,
puede pasar como en 2017: que el
Presupuesto del Estado aportó 100 millones más para la Dependencia, pero como las autonomías no
pudieron poner su parte, se “perdieron” 44 de esos 100 millones.
De entrada, conseguir
estos mayores recursos debería ser posible, porque ya en
diciembre de 2016 se firmó un Pacto de Estado por la Dependencia, apoyado
por todos los partidos salvo el PP y el PNV. Y en diciembre de 2017, los mismos partidos lo renovaron, llegando el PSOE a
presentar una proposición
no de Ley, en abril de 2018, para conseguir más fondos y suprimir
las listas de espera, proposición apoyada en el Congreso por 205 votos a favor,
130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Pero como
si nada: las listas de espera siguen ahí y 100 dependientes se mueren cada día sin ayuda. Al
final, en octubre, el Pacto entre PSOE y Podemos contempló más dinero para la Dependencia, que se
ha incluido en los Presupuestos para
2019: es la partida que más crece,
un 59,3%, 830 millones más para mejorar las ayudas a los dependientes (515 millones)
y pagar la Seguridad Social de sus familiares cuidadores (315 millones). En
total, se estima que ello permitiría reducir
la lista de espera en 80.000 dependientes (un tercio) y crear 18.500 empleos directos.
Claro que para eso, los
Presupuestos 2019 tienen que aprobarse,
algo difícil. Pero, con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita apuntalarse, consolidarse. Y
eso exige conseguir dos objetivos: terminar con las listas de espera
(250.037) y poder hacer frente al futuro,
donde el número de ancianos dependientes
se va a duplicar para 2050 (según
el CSIC), por el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida, lo
que exige una financiación mayor y estable, al margen de los Gobiernos de turno. En total, harían falta unos 2.700 millones más al año,
según los Directores y Gerentes de Servicios sociales, no los 830 que se proponen
ahora. Y con ellos, España gastaría en
Dependencia 9.800 millones al año (recuperando un tercio en empleo,
cotizaciones e impuestos), una cantidad “pequeña”
comparada con los 130.000 millones que gastamos en pensiones, los 73.000 en
Sanidad, los 50.000 en educación o los 18.000 en desempleo, los otros pilares
del Estado de Bienestar.
Cada vez hay más familias con personas dependientes y muchos
sin medios para atenderlas (ver algunas historias). Es escandaloso
que cada día se mueran 100 ancianos sin recibir la ayuda que se les ha
reconocido. Y que haya tantas mujeres sin poder trabajar por tener que atender a padres, maridos o hijos
dependientes. Es urgente arreglarlo y más
si casi todos los partidos lo apoyan. Dejen de hacer promesas y tomen
medidas. Nuestros ancianos, jóvenes y niños dependientes no deben esperar más
una ayuda decente. Se lo debemos.
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