Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?

Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez

Las pensiones cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones, similar al de 2016. Y se espera otro déficit de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”: poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay que aumentar los ingresos por cotizaciones e impuestos, entre 50.000 y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas simplistas y cargando contra la banca. Sánchez debería saber que España recauda 72.000 millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas, ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.

enrique ortega

Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308 euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Y frente a este gran reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que la banca “salvada por todos los españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría siendo pagada por los clientes de los bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde paga menos. Por eso hay una propuesta europea de implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de recaudación para España.

Pero la mayor crítica que puede hacerse a la propuesta de Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos (que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016). Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos. Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y sin embargo, el déficit de la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque, como debería saber Sánchez, España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones.

Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el 7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los ciudadanos de a pié el 14,9% de sus ingresos con el IRPF. El impuesto de sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos,  no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado. Y lo mismo las multinacionales, que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV (tributan al 1%). Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una “cruzada” contra el empleo precario, incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las cotizaciones.

Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras, cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.

Investidura y economía: urgen pactos serios

Estamos en septiembre y seguimos con un Gobierno que lleva ya 316 días en funciones. Una situación excepcional que afecta negativamente a la economía y está frenando la recuperación y el empleo, que ha caído mucho en agosto (-145.000). Y no se ve salida, salvo unas terceras elecciones: otro fracaso y 4 meses más perdidos. La gente sensata pide acuerdos, urgentes para arreglar nuestros graves problemas económicos: paro, pensiones, déficit, deuda, Estado del bienestar y pobreza. Ciudadanos ha forzado al PP a aceptar 150 medidas de reforma a cambio de su apoyo a Rajoy, aunque sean muy generales y les falte dinero. Pero ese es el camino. El PSOE debería condicionar su abstención a conseguir de Rajoy recursos para un Plan urgente contra el paro y la pobreza, salvar las pensiones, mejorar el mercado laboral, la sanidad, la educación y modernizar la economía. Aprovechar que se acabó la mayoría absoluta para pactos útiles y realistas. Es lo que necesitan la economía y los españoles.
 

enrique ortega

España lleva con un Gobierno en funciones desde el 26 de octubre, una situación política excepcional que es mala para la economía, porque las empresas y los inversores paralizan sus decisiones a la espera de que se aclare el futuro. De hecho, la economía española lleva cuatro trimestres seguidos creciendo lo mismo, un 0,8% (menos que antes), y el empleo que se crea es mucho menor que antes: 271.400 empleos creados esta primavera, según la EPA, muchos menos que los más de 400.000 creados en el segundo trimestre de 2014 y 2015. Y en agosto, la Seguridad Social perdió 145.000 afiliados, la mayor caída del empleo ese mes desde 2008. Además, lo malo es que España atraviesa por esta incertidumbre política en un mal momento de la economía mundial: el crecimiento es “decepcionante”, según el FMI, por el pinchazo de China, el estancamiento de Japón y la recesión en Rusia y Latinoamérica, en medio de una crisis de los paises emergentes. Y mientras, Europa sigue estancada, con un mínimo crecimiento (0,3% en el segundo trimestre) y paises como Francia, Italia o Austria sin crecer nada.

Así que estamos en una mala coyuntura económica, europea y mundial, como para tener problemas políticos. Pero además, España tiene urgencia de un Gobierno para afrontar una serie de problemas económicos propios que son graves, a pesar del triunfalismo de Rajoy. Crecemos más que los países del euro y creamos más empleo, sí, pero es un empleo muy precario (92% temporal y la cuarta parte por menos de 1 semana) y muy mal pagado, que está hundiendo la renta de las familias y el consumo. Y tenemos el doble de paro que Europa, un 20% (4.574.700 parados): la cuarta parte llevan ya 4 años o más sin trabajar. Tenemos un 5% de déficit público, el segundo mayor de la UE, y una deuda que supera el billón de euros (más del 100% del PIB) y nos hace muy dependientes de los inversores y los mercados. Las cuentas de las pensiones no salen y su déficit sigue creciendo, alcanzando 5.721 millones hasta julio (+29,3%). Casi un tercio de los trabajadores, unos 4,5 millones, son mileuristas: ganan menos de 1.000 euros netos al mes. Y un 28,6% de los españoles están en situación de pobreza, 3,3 millones en pobreza extrema, según Cáritas. La sanidad, la educación y la Dependencia se resienten de cuatro años de recortes mientras España tiene un serio problema de competitividad: trabaja menos gente que en Europa y trabaja peor. Cada trabajador español produce dos tercios de lo que un alemán. Y en consecuencia, vivimos peor : tenemos el 92% de la renta europea. Hemos retrocedido 20 años, a la brecha de renta que teníamos con Europa en 1996. Como para llevar casi un año sin Gobierno...

Son problemas muy de fondo, que exigen medidas estructurales, no una política económica a corto plazo como la que ha seguido Rajoy, de dejarse llevar por la coyuntura favorable fuera, que ya no existe. Y además, tenemos encima la amenaza de Bruselas, que nos exige un ajuste de 15.000 millones para el año 2017, a presentar el 15 de octubre, bajo la amenaza de retirarnos una parte de los fondos europeos y poner nuestra economía bajo la vigilancia de "los hombres de negro" (como en Grecia). Por todo ello, hay que hacer una segunda transición económica, con reformas y cambios que exigen acuerdos y Pactos, sobre todo uno: hay que reanimar la economía, dejarse de ajustes y recortes sin más y relanzar la inversión y el consumo, para crecer más y crear más empleo estable, porque nuestro mayor problema es que seguimos con el doble de paro que Europa. Y con más crecimiento, recaudaremos más y bajará el déficit público. 

Y aquí, la gran novedad de las dos últimas elecciones es que se ha terminado la mayoría absoluta, que el próximo Gobierno se verá obligado a pactar, a negociar las medidas necesarias para resolver los graves problemas económicos que tenemos. Es una gran  oportunidad de cambios. Y en este sentido, una novedad es el pacto alcanzado entre el PP y Ciudadanos, que ha forzado a Rajoy a aceptar 150 medidas para reformar la economía y el país (100 de ellas incluidas ya en el pacto que Ciudadanos firmó en marzo con el PSOE). La mayoría de las medidas son económicas y sociales y tratan de mejorar la competitividad, el empleo, la precariedad, las pensiones, los servicios sociales, la educación, la sanidad, la financiación autonómica, la energía, la Ciencia, la Justicia, los autónomos o las pymes, sin olvidar medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática y sobre política exterior.

Nadie objetivo puede decir que estas 150 medidas no sean necesarias para mejorar la economía y el país, aunque algunas puedan considerarse insuficientes. Eso sí, pueden hacerse dos críticas serias a este pacto. Una, que son propuestas muy generales, algunas quizás demasiado, y habrá que ver qué hace con ellas Rajoy si llega al Gobierno. De hecho, el acuerdo PP-Ciudadanos propone impulsar 10 Pactos de Estado, que habría que “cerrar” con otros: energía, infraestructuras, I+D+i, del agua, servicios sociales, conciliación laboral y horarios, por la infancia, contra la violencia de género, por la Justicia y, sobre todo, un Pacto por le educación. La otra crítica, más preocupante, es que no se dota de dinero suficiente a tantas reformas: sólo se fijan 5.000 millones el primer año y menos de 8.000 millones cada uno de los tres siguientes. Reformas sí, pero sin casi dinero para hacerlas. Para el programa de empleo se fijan 500 millones al año, una miseria. Y para el Plan contra el abandono escolar, otros 500. Y 200 millones más anuales para mejorar la Justicia. Y muchas medidas van sin Presupuesto adjunto, como el apoyo a la Ciencia o a la FP.  

El problema de fondo es que tanto el PP como Ciudadanos son dos partidos cuya ideología es contraria a aumentar impuestos (ambos proponen bajarlos a partir de 2018), con lo que su acuerdo sólo contempla recaudar 5.000 millones más al año, con mejora de la recaudación y del gasto de la Administración y sólo con 3.000 millones más del impuesto de sociedades. Y claro, el problema es que, sin más ingresos, no se pueden hacer más cosas, poner en marcha medidas y reformas, salvo que se dispare más el déficit, algo prohibido por Europa. Por eso, la clave de las medidas y reformas que necesita la economía española es recaudar más, que el Estado ingrese más para poder gastarlo en lucha contra el paro y la pobreza, en cuadrar las cuentas de las pensiones, en fomentar la inversión, la tecnología y la industrialización, en mejorar la sanidad y la dependencia, en volcarse en la formación y en la educación…

Hay que recaudar más para mejorar la economía y se puede. Porque uno de los problemas de fondo de España es que ingresa menos que el resto de Europa: Hacienda recauda el 38,2% del PIB (2015) frente al 45% que recauda la UE-28 y el 46,6% que recaudan los 19 paises del euro, según Eurostat. Eso significa que si España recaudara como los demás paises del euro, sólo en 2015 deberíamos haber ingresado 85.000 euros más. No habría habido déficit público (fueron 50.000 millones) ni recortes y podríamos haber gastado más en empleo, pensiones, educación, sanidad, ancianos, pobreza, servicios sociales, Justicia, tecnología, infraestructuras, ayudas a empresas y tantas cosas que nos hacen falta.

¿Por qué España recauda menos? Porque aquí hay más fraude fiscal  y porque algunos pagan menos de lo que deberían (“legalmente”). Es el caso de las multinacionales, las grandes empresas y los más ricos, sobre todo gracias a las deducciones del impuesto de sociedades, a los paraísos fiscales, las SICAV y las empresas fantasma. Vean dos ejemplos sangrantes. Uno: Hacienda devolvió al Banco de Santander 1.236 millones de euros por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014 (vea aquí los documentos de devolución), a pesar de ganar 10.186 millones de euros en esos dos años, debido a que se aplicaron deducciones por pérdidas en 100 empresas del  grupo. Otro ejemplo: el Corte Inglés lleva ya 5 años sin pagar ni un euro en el impuesto de sociedades y Hacienda le ha devuelto incluso 343 millones de euros desde 2011. Todo “legal”. Y como Rajoy ha bajado los impuestos a las empresas, en 2015 y 2016, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído este año, hasta julio, un 85,5%... Así no hay forma de bajar el déficit público ni de gastar en lo que la economía necesita.

Los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen que España podría recaudar 42.000 millones más cada año luchando con más medios contra el fraude fiscal (España gasta la quinta parte que Alemania y tiene la mitad de inspectores por contribuyente) y haciendo que paguen más las multinacionales (apenas pagan impuestos en España), las grandes empresas (sólo pagan una media del 6,9% de lo que ganan y a muchas les sale negativa) y los más ricos (pagan el 1% con las SICAV), no la mayoría de los contribuyentes, que ya pagamos de más. Y además se podrían conseguir más recursos reestructurando los tipos del IVA (la Comisión Europea cree que España tiene un fraude de 12.000 millones en el IVA), aumentando los impuestos  en los carburantes (de los más bajos de Europa), implantando impuestos financieros (tasa Tobin) y creando nuevos impuestos medioambientales.

Con todo ello, se podrían ingresar al menos 40.000 millones más cada año, no los ridículos 5.000 millones que proponen Ciudadanos y PP. Y con ese dinero se podrían atajar los 5 mayores problemas que tiene España. El primero, abordar un Plan urgente de empleo, al que destinar un mínimo de 5.000 millones para formación de parados y trabajadores, reforma de las oficinas de empleo e incentivos a la contratación. El segundo, salvar las cuentas de las pensiones, inyectando un mínimo de 10.000 millones anuales. El tercero, un Plan contra la pobreza (a favor de los niños y las familias en pobreza extrema), al que destinar otros 5.000 millones .El cuarto, reforzar el Estado del Bienestar, destinando 10.000 millones más a la educación, la sanidad y la dependencia (ancianos y discapacitados). Y el quinto, reforzar la competitividad de la economía, destinando otros 5.000 millones a un Plan de inversiones públicas, apoyo a la Ciencia y la reindustrialización. Y todavía quedarían 5.000 millones más para recortar el déficit público, ahorrando además otro tanto en gastos prescindibles, para tranquilizar a Bruselas.

No son las cuentas de la lechera. Se puede y se debe ingresar más, para poder gastar más en lo que hace falta. Otros paises lo hacen y aquí se puede hacer, aunque eso exige que paguen más algunos grupos y sectores poderosos que hay apenas pagan o incluso a quien Hacienda devuelve. Este deberías ser el gran tema de pacto: ingresar más para gastar más en mejorar la economía y la vida de los españoles. Y ahora se podría avanzar en ello, porque Rajoy no tiene ya la mayoría absoluta y necesita apoyos o abstenciones. En mi opinión, el gran error de Pedro Sánchez, del PSOE, es no “vender cara” su abstención. Forzando unas terceras elecciones, se juega perder más votos (el PSOE ya ha perdido 5 millones desde 2011) y reforzar a Rajoy. Pero negociando más ingresos y medidas de cambio, como Ciudadanos, todos podemos salir ganando. Bastaría que planteara un pacto por las tres P: paro, pobreza y pensiones. Tres urgencias que necesitan dinero y medidas. Y también debería forzar acuerdos para reformar el mercado laboral, consolidar la sanidad y la dependencia y lograr un pacto por la Educación, que ponga a España en órbita para el empleo del futuro.

Los problemas siguen ahí, empeorando tras casi un año sin Gobierno. Y no hay salida si no se toman medidas pactadas, que cuenten con dinero y con amplios apoyos. Eso exige recaudar más y gastar muy bien en lo que hace más falta. No simplemente hacer ajustes y recortar otros 15.000 millones más para contentar a Bruselas. Más recortes en el Presupuesto 2017 frenarían más el crecimiento y el empleo, un lujo que no nos podemos permitir. Hay que cambiar de política, recaudar más para gastar más en aplicar los cambios urgentes que necesita la economía y el país: lucha contra el paro, financiación estable de las pensiones, mejora de la formación y la educación, recomposición de la sanidad y la Dependencia, lucha contra la pobreza y la desigualdad, recorte del déficit y mejora de la competitividad de la economía, para no seguir creciendo sólo gracias al turismo, la construcción y la exportación.

Estamos en un callejón político que dificulta la recuperación económica y el empleo, la primera preocupación de los españoles. Hay que buscar una salida y sólo puede ser pactar, llegar a acuerdos serios para poder aplicar medidas eficaces. Rajoy se ve obligado a pactar y hay que aprovechar para forzarle a hacer otra política, por el bien de todos. Enrocarse y forzar unas terceras elecciones es un suicidio económico y político. Y lo pagaríamos todos.