EPA 2024: empleo y paro récords, pero...

El empleo cerró 2024 con la creación de 468.100 nuevos empleos, la 3ª mayor subida, tras  2021 (+840.600 empleos) y 2023 (+783.000). Y lo más llamativo: el paro bajó al 10,61%, la menor tasa desde junio de 2008. Además, el empleo es de calidad: el 84,5% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido. Pero no podemos olvidar dos datos que pesan como una losa: España es el país con más paro de Europa y la OCDE y tenemos una baja tasa de empleo, por lo que necesitamos que trabajen otro millón largo de españoles más. No podemos “dormirnos en los laureles”. Hay que seguir modernizando la economía e invirtiendo para que trabaje más gente y baje más el paro. Habría que aprobar dos medidas: un Plan de choque para los parados mayores, mujeres, jóvenes y 6 regiones con alto paro y una reforma a fondo de las oficinas de empleo, gestionadas por las autonomías, que no funcionan. Pero ambas medidas exigen algo hoy imposible: acuerdos políticos, económicos y sociales.

                            Enrique Ortega

Otro año más, las Navidades no han sido buenas para el empleo, que sólo creció en +34.800 personas en el 4º trimestre, un pequeño aumento, aunque mejor que en las Navidades de 2023 (-19.000 empleos) y 2022 (-81.900 empleos). Pero como el resto del año fue bueno para el empleo, sobre todo la primavera (+434.700 empleos en el 2º trimestre), 2024 se ha cerrado con 468.100 personas más trabajando en España, según la EPA publicada el martes. Es el tercer mejor año para el empleo desde la pandemia, tras los anteriores récords de 2021 (+840.600 ocupados) y 2023 (+783.000 ocupados). Con este nuevo aumento, ya trabajan en España 21.857.900 personas, otro récord histórico, que supera con creces el mejor dato de nuestra historia, las 20.646.000 personas que trabajaban en junio de 2008. Y desde antes de la pandemia (2019), España ha creado 1.891.000 nuevos empleos.

En 2024, el aumento del empleo (+468.100 ocupados) se ha dado más entre los hombres (+260.700) que entre las mujeres (+207.400), concentrándose sobre todo en los mayores de 50 años (+328.100 empleos, el 70% del total) y entre los más jóvenes (+104.300 empleos entre los menores de 24 años), cayendo sólo la ocupación entre 40 y 45 años. Un dato relevante es el mayor aumento del empleo entre los extranjeros (+189.900 empleos, +5,72%) y con doble nacionalidad (+218.800 empleos, +21,95%)  que entre los españoles (+59.400 empleos, +1,30%), según el INE. Eso significa que sólo 1 de cada 8 empleos creados en 2024 han ido a españoles (el 12,6%), mientras el 87,4% del nuevo empleo fue para extranjeros y trabajadores con doble nacionalidad. Y que el 15,17% de los ocupados en España (1 de cada 6,6 trabajadores) son extranjeros.

La mejora del empleo en 2024 se ha debido casi toda al sector privado (+453.500 empleos) y apenas creció el empleo público (+14.600 ocupados). Y el motor del empleo volvieron a ser los servicios (+424.600 empleos), sobre todo por el turismo, la hostelería, el comercio, creciendo también en la industria (+55.300) y la construcción (+44.800), aunque cayó en el campo (-56.600 ocupados en agricultura). Por autonomías, el mayor aumento porcentual del empleo se ha dado en Asturias(+8,58%: +33.900 empleos), Baleares (+5,80%: +32.700 empleos)  y Navarra (+5,32%: +16.100 empleos), aunque en cantidad total, quienes crearon más empleo fueron Madrid (+139.500), Andalucía (+86.100) y Cataluña (+55.200). Y choca la caída del empleo en el País Vasco (-43.200) y Murcia (-6.600) y Extremadura (-900).

El aumento del empleo (+468.100) ha sido mayor que la bajada del paro, que se ha reducido en -265.300 personas en todo 2024, debido a que han vuelto a subir “los activos”, las personas que se han “animado” a buscar trabajo (han crecido en +202.800), alcanzando otro récord histórico (24.453.300 “activos”). Con todo, este año 2024 ha habido muchas menos personas que se han “animado” a buscar trabajo, sólo +202.800 frente a +682.400 en 2023 (la tercera parte). Eso puede deberse a una menor entrada de extranjeros y a que hay menos mujeres y jóvenes que buscan ahora trabajo. La consecuencia es que tenemos una cifra de parados de las más bajas de nuestra historia: 2.595.500 parados a finales de 2024. Y una tasa de paro del 10,61%, que ha bajado del 11% por primera vez desde junio de 2008 (entonces era del 10,36%), aunque todavía no hemos alcanzado “el suelo” de junio de 2007 (cuando la tasa de paro era del 7,93%).

El paro en 2024 ha bajado más entre las mujeres (-167.100) que entre los hombres (-98.200), aunque hay más paradas (1.362.600 frente a 1.232,900 parados) y tienen una mayor tasa de paro (11,83% frente al 9,53% los hombres). Y el paro ha bajado especialmente entre los que tienen de 25 a 54 años (-194.300 parados, el 73% de la bajada total), bajando mucho menos entre los menores de 24 años (-26.600 parados). Con ello, ha mejorado algo el paro entre los menores de 25 años (del 28,36 al 24,90%), aunque sigue siendo altísimo y casi duplica al paro juvenil en Europa (15,3% en la UE-27), cuadruplicando el alemán (6,4%).

El paro ha bajado sobre todo en los servicios (-100.000 parados) y entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-109.100 parados) y los que lo buscan por 1ª vez (-56.200 parados), estancándose la cifra de parados en industria, construcción y agricultura. Y resalta la bajada del paro en Asturias (-27,32%), Navarra (-26,99%), Canarias (-26.67%) y Baleares (-24,75%), quizás por el turismo, mientras destaca la subida del paro en 2024 en el País Vasco (+24,88%). Murcia (+18,32%) y Cantabria (+14,69%), según la EPA.

La histórica bajada del paro al 10,61% de los activos no puede hacernos olvidar que hay 6 regiones con una tasa de paro muy superior: Melilla (25,80%), Ceuta (21,79%), Andalucía (15,76%), Extremadura (15,26%), Comunidad Valenciana (12,33%) y Canarias (11,91%), mientras hay otras 8 autonomías que tienen una tasa de paro “casi europea”(5,9% es la tasa paro UE-27): Navarra (6,60%), Aragón (7,62%), Cataluña (7,87%), Asturias (8,09%, cuando tenía el 11,81% en 2023), País Vasco (8,11%, aunque tenía el 6,33% de paro en 2023), Baleares (8,20%), Castilla y León y Cantabria (8,23%), además de Madrid (8,58% de paro en 2024). Tampoco podemos olvidar que hay 833.500 hogares (el 4,3% del total) con todos sus miembros en paro (la cifra más baja desde 2008).

Pero hay otros datos del paro que son muy positivos. Uno, que ha subido el número de parados que reciben un subsidio, tras la reciente reforma del desempleo: son 1.802.483 parados, el 70,38% de los parados registrados (eran el 61,53% en 2019)  los que se benefician de alguna ayuda, según Trabajo (881.656 cobran un subsidio contributivo que ya está en 1.007 euros mensuales y el resto reciben un subsidio asistencial de 463 euros).  Y otro, que siguen bajando los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin encontrar trabajo: eran 999.700 parados a finales de 2024, el 38,51% de todos los parados, la mayoría de ellos parados mayores de 45 años y mujeres (558.300).

Junto a la bajada histórica de la tasa de paro (al 10,61%), el otro gran dato relevante de esta EPA 2024 es la calidad del empleo que tenemos, no solamente que la cantidad (21.857.900 ocupados) sea récord. Así, gracias a la reforma laboral (que entró en vigor en marzo de 2022), en 2024 no sólo trabaja mucha más gente sino que sigue aumentando el número de asalariados con contrato indefinido: eran 15.712.500 trabajadores, el 84,52% del total, cuando eran el 83,50% a finales de 2023 (y el 74,6% a finales de 2021). En cambio, han bajado algo los ocupados a tiempo completo (del 86,5% al 86%) y aumentan algo los trabajadores con contrato a tiempo parcial (del 13,50 al 14%), que ya han superado los 3 millones a finales de 2024 (de esos 3.059.000 empleos parciales, 2.121.000 los tienen mujeres).

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,4%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de empleos (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos de la EPA 2024 indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 10,61% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2023 trabajaban el 70,5% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,3% que trabajaban en Europa, el 74,4% en Francia o el 81,2% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,14 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,5 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 6 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra medida, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Pronto van a cumplirse 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan a menos del 3% de los parados y menos del 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 81.000 empresas y 26.227 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas por las autonomías (cada una a su aire).

En resumen, España crece y crea más empleo que el resto de Europa, pero no podemos "dormirnos" en los récords. Porque seguimos con un grave problema de fondo: trabaja menos gente y tenemos más paro que Europa. Resolverlo debería ser el gran reto y el primer objetivo de todo lo que hagamos, porque es la clave para mejorar el futuro. Pero no podemos hacerlo sin grandes acuerdos económicos, políticos y sociales. Y hoy son imposibles.

Medicamentos: bajada y cambio copagos

Ha pasado desapercibido, pero el 1 de diciembre bajaron miles de medicamentos, muchos sólo unos céntimos, aunque supone un ahorro de 65 millones en nuestras compras en farmacias. Son ya 15 años con rebajas anuales, para compensar la subida del gasto farmacéutico, que sigue en cifras récord. Una rebaja que tiene dos efectos negativos: hunde los ingresos de las farmacias pequeñas (imprescindibles) y fomenta que “falten” algunos medicamentos (766 ahora), porque a los laboratorios no les compensan los bajos precios (la mitad de las medicinas cuestan menos de 5 euros) y las exportan a paises europeos donde cuestan más. Para asegurar el suministro y la investigación, el Gobierno ha pactado con las farmacéuticas una Estrategia 2024-28, para potenciar esta industria y conseguir que España  sea más autosuficiente (también Europa). Además, en unas semanas, aprobará nuevos copagos para los medicamentos: los que ganen menos de 35.000 euros pagarán igual y el resto algo más, para controlar el gasto en recetas y reducir el despilfarro. Evitemos tener una farmacia en casa.

                              Enrique Ortega

El gasto farmacéutico imparable ha sido y es una obsesión de todos los Gobiernos, porque cada vez vivimos más, hay más atención sanitaria, crecen las enfermedades crónicas y aparecen medicamentos innovadores (más costosos). En España, el gasto farmacéutico se disparó en 2009, con un récord de recetas (casi 1.000 millones) y 12.505 millones de gasto en recetas y otros 4.000 millones más de gasto farmacéutico en hospitales. A partir de 2010, se empezaron a bajar cada año “los precios de referencia”, un sistema creado en 1997 por el que la sanidad pública (el SNS) sólo financia un precio máximo por cada medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente un genérico (con la patente caducada), que ya suponen el 66% de los fármacos vendidos en España.

Esta rebaja de los precios de referencia (normalmente el 1 de enero, aunque en 2016 se hizo dos veces) supone que cada año se fijan los nuevos precios máximos de muchos medicamentos, para conseguir un ahorro del gasto. Esta vez, la rebaja entró en vigor un mes antes, el 1 de diciembre de 2024, y afecta al precio de 17.655 medicamentos (13.933 que se venden en farmacia y 3.722 que se dispensan en hospitales. Sanidad señala que esta nueva rebaja de los precios de referencia supone un ahorro total de 139,05 millones de euros en 2025, la mayor parte para los usuarios que compramos medicinas en las farmacias (65,54 millones de ahorro) y el resto (73,51 millones) para los hospitales.

Esta rebaja global (-139,05 millones) es menor que la de los últimos años (fue de -217,89 millones en 2024, -270,89 en 2021, -234,13 en 2022 y -170 millones en 2021), pero este es el año en que se produce la mayor rebaja a los medicamentos que se venden en las farmacias (-65,54 millones, frente a -57,13 en 2014, -41,75 en 2023, -64,72 en 2022 y -43,92 en 2021). Quizás no haya notado esta rebaja cuando haya ido con su receta a la farmacia, porque los nuevos precios bajan sólo unos céntimos o pocos euros en el PVP. Por ejemplo, Crestor, un medicamento para el colesterol, baja de 9,85 a 9,83 céntimos (-0,20%). Aldactone, un diurético, baja de 3,62 a 2,50 euros (-30,94%). Deltius (Vitamina D) baja de 15,61 a 9,37 euros (-39,97). Finasterida (para la hiperplasia de próstata) baja de 2,92 a 2,50 euros (-14,38%). Y Janumet (un antidiabético), baja de 28,1 a 27,3 euros (-2,70%).

Otra vía menos conocida, que utiliza el Gobierno (éste y los anteriores) para frenar la factura farmacéutica es la revisión mensual de precios de algunas medicamentos (pocos) según van caducando las patentes y entran los genéricos: cada mes, Sanidad envía una comunicación a los Colegios farmacéuticos con los precios que bajan y el precio máximo que paga el SNS por esos medicamentos con receta. Y la farmacia rebaja el PVP del medicamento afectado: si el laboratorio de marca no baja su precio, estará obligada a vendernos un genérico.

Por las dos vías, los precios de los medicamentos que compramos llevan 15 años bajando, aunque apenas lo notamos porque suelen ser unos céntimos y además nosotros no pagamos el PVP del medicamento, sino el copago que nos corresponde (del 10 y 40% al 60% máximo, según seamos pensionistas o activos y nuestros ingresos). Pero los que sí notan esta rebaja, de forma negativa, son las farmacias y los laboratorios farmacéuticos, que critican este sistema de precios de referencia y las rebajas mensuales porque reducen mucho sus ingresos y apenas suponen un ahorro del gasto farmacéutico, que sigue al alza.

El primer impacto de la bajada de precios (anual y mensual) lo sufren las 22.222 farmacias españolas, sobre todo las más pequeñas (3.000 venden menos de 300.000 euros anuales) y especialmente las 707 farmacias “con viabilidad económica comprometida” , la mayoría rurales. Lo que les sucede a la mayoría de farmacias es que dispensan muchas más recetas que hace años y facturan menos. Eso pone en riesgo la viabilidad económica de muchas farmacias, claves en la atención sanitaria de los españoles, como se vio claramente durante la pandemia: ven reducir sus ingresos mientras les aumentan sus costes. Y tratan de buscar alternativas en las ventas sin receta (cremas y demás), que les suponen el 30% de los ingresos. Pero el núcleo de su actividad, las recetas (70% ventas), se resiente cada año.

Otro impacto negativo de estas bajadas de precios lo sufren los laboratorios farmacéuticos. Tras 15 años de rebajas impuestas, los medicamentos en España son los más baratos de Europa, un 15% por debajo del precio medio en la eurozona. Y tras cada bajada (anual y mensual), muchos laboratorios se ven desincentivados a vender en España, donde más de la mitad de los medicamentos (55,9%) cuestan menos de 5 euros y el 37,9% cuestan menos de 2,5 euros (sólo el 14,8% de los fármacos valen más de 20 euros), según Farmaindustria. Y esos son precios de venta al público (PVP), porque nosotros pagamos mucho menos, por los copagos (la mayoría, del 10 al 40% del PVP), con lo que la mayoría de las medicinas nos cuestan menos que un café o una cerveza...  Estos bajos precios de venta en España provocan dos problemas: hay desabastecimiento de algunos medicamentos (porque ya no les compensa fabricarlos) y otros “se desvían” a la venta en paises del centro y norte de Europa, donde se cobran más caros que en España.

El problema es serio porque estos bajos precios son una de las causas del desabastecimiento de algunos medicamentos en España, junto a otras (como los problemas de producción de principios activos en paises emergentes o en las cadenas internacionales de suministro). Y cada vez hay más medicamentos “en falta” en las farmacias. Ahora hay 766 medicamentos en falta, según la web de la Agencia del Medicamento, que quita importancia al problema señalando que afecta sólo al 4,28% de las presentaciones. Pero inquieta a los que necesitan Concerta (para su hijo con TDAH), Ozempic (para la diabetes), Kreon (para el cáncer de páncreas), Hydrea (para la leucemia) o Pylera (para el Hellycobacter Pilori), sólo 5 ejemplos de fármacos ahora “en falta” (aunque se pueden sustituir por otros).

La cuestión de fondo es que rebajar año tras año los precios de los medicamentos no parece la mejor solución para frenar el gasto farmacéutico, mientras afecta negativamente a las cuentas de las farmacias y a los laboratorios. De hecho, la factura farmacéutica se moderó en los primeros años de aplicación de los precios de referencia (2010) y con la implantación de los copagos (Rajoy en julio de 2012), pero después ha seguido creciendo, por el envejecimiento de la población, la mayor atención sanitaria, el aumento de las enfermedades crónicas y la irrupción de medicamentos innovadores. Y por otra causa de la que poco se habla: los médicos tienen cada vez menos tiempo para atender a sus pacientes y se ven presionados a recetar a tutiplén, mientras todos gastamos de más en medicamentos (muchos nos cuestan, con los copagos, menos que un café o una cerveza) y tenemos “una farmacia en casa”.

La consecuencia es que el gasto en farmacias no ha parado de crecer, después de bajar entre 2009 (máximo de 12.506 millones) hasta 2013 (9.183 millones): subió a 10.792 millones en 2019 y a 12.720 millones en 2023 (otro máximo). Y en 2024, el gasto fue de 12.217 millones hasta noviembre, con lo que alcanzará otro récord histórico: 13.300 millones y 1.200 millones de recetas ( ojo, son 3,3 millones de recetas diarias). Y a este gasto en farmacias hay que sumar el gasto farmacéutico en hospitales, que se ha disparado, pasando de 6.579 millones en 2015 a 7.489 en 2019 y 9.603 millones en 2023. Y a la vista de los datos hasta octubre, 2024 se cerrará con 10.720 millones de gasto farmacéutico en hospitales. En total, 24.020 millones de gasto farmacéutico en 2024.

Una cifra que “asusta”, porque supone el 20% del gasto sanitario en España. Sin embargo, algunos expertos creen que estamos en un gasto farmacéutico “asumible”, porque supone un porcentaje del PIB (1,55%) inferior al de 2009 (1,70%) y 2021 (1,72%), como en 2003 (1,56%). Y porque nuestro gasto farmacéutico por habitante (284,4 euros en 2022) es más bajo que el de la eurozona (425,9 euros/habitante) y que el de paises como Alemania (643,4 euros/habitante), Francia (491,1), Italia (326,5) o Finlandia (319), según Farmaindustria. Y además, el 80% de los medicamentos (unidades) que se venden en las farmacias están a precio de genérico. Y donde compiten, los genéricos tienen ya una cuota del 66%.

Con todo, preocupa el elevado gasto farmacéutico, porque irá a más a medida que aparezcan nuevos medicamentos innovadores contra más enfermedades, a un alto coste. Por eso, ya desde la época de Montoro (ministro de Hacienda con Rajoy), los distintos Gobiernos han pactado con la industria farmacéutica (Farmaindustria) para intentar controlar la subida de la factura farmacéutica, por distintas vías (desde los precios de referencia a las revisiones anuales y la negociación del precio de nuevos fármacos). Y tras la pandemia, donde quedó clara la dependencia exterior de Europa y España en suministros farmacéuticos, Bruselas se ha obsesionado con asegurar un mayor autoabastecimiento farmacéutico para Europa, reforzando la industria farmacéutica europea.

En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó, en noviembre de 2021, la Estrategia Farmacéutica Europea, que contempla ayudas públicas a la investigación para conseguir nuevos fármacos “europeos” a precios asequibles, potenciando las compras públicas (como se hizo con las vacunas) y tratando de fortalecer a los laboratorios europeos. En ese camino, el Gobierno español aprobó, ya en noviembre de 2021, un Plan, el PERTE de Salud de Vanguardia, para movilizar y financiar la fabricación de medicamentos y terapias innovadoras, destinando 982 millones de Fondos europeos en 2022 y 2023.

Este Plan ha dado sus frutos, consolidando a España como el 2º país del mundo (tras EEUU) con más ensayos clínicos de nuevos fármacos. Y en diciembre de 2022, los directivos de las 14 principales multinacionales farmacéuticas y grandes laboratorios españoles acudieron a la Moncloa para ofrecer al presidente Sánchez su colaboración para convertir a España en un “polo europeo” de producción de nuevos medicamentos, al igual que somos el 2º mayor fabricante europeo de automóviles: se comprometieron a invertir 8.000 millones de euros entre 2023 y 2025 para impulsar la investigación y producción de nuevos fármacos en España, donde las farmacéuticas tienen 174 plantas y emplean a 54.965 trabajadores, con una facturación de 23.000 millones de euros. A cambio, el Gobierno se comprometió a elaborar con ellos un Plan Estratégico a medio plazo, para asegurar el futuro del sector, garantizar el autoabastecimiento y colaborar en la sostenibilidad del gasto farmacéutico.

Recientemente, en diciembre de 2024, el Gobierno ha aprobado la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, con la colaboración del sector. Se trata de una “hoja de ruta” para garantizar el acceso a medicamentos de calidad, fomentar la innovación y asegurar la estabilidad presupuestaria con un gasto farmacéutico “asumible”, buscando que España sea uno de los paises líderes de la industria farmacéutica europea. Dentro de esta estrategia a medio plazo se incluyen medidas para evaluar la eficacia y el coste de los medicamentos y un nuevo sistema de fijación de precios, concretado también en diciembre, con la aprobación de un Decreto-ley para una nueva regulación de los precios de los medicamentos, que busca reforzar los genéricos y biosimilares,  además de mejorar los criterios de inclusión de nuevos medicamentos, con más participación de médicos y pacientes.

En paralelo, Sanidad aprobará en las próximas semanas una nueva Ley del Medicamento (la actual es de 2006), que permitirá recetar a enfermeras y fisioterapeutas, facilitará la sustitución de medicamentos por los farmacéuticos, dará más poder a la Agencia del Medicamento para prevenir desabastecimientos y, sobre todo, cambiará el actual sistema de copagos (impuestos por Rajoy en 2012). Por lo que se ha filtrado, el cambio está en que se cambian los 3 tramos de ingresos actuales por 6 tramos; pagarán lo mismo los activos que ganen menos de 18.000 euros (40% copago) y hasta 35.000 euros (50%), pero pagarán más los que ganan de 35.000 a 65.000 (55%, ahora 50%) y de 60.000 a 100.000 (60%, ahora 50%), así como los que ganan más de 100.000 (65% copago, ahora 60%). Y en cuanto a los pensionistas, seguirán pagando un copago del 10% si la pensión está por debajo de 60.000 euros, subiendo al 60% los que reciben de 60.000 a 100.000 euros de pensión (ahora pagan el 10%) y el 65% los que reciben más de 100.000 (ahora su copago es el 60%), subiéndoles también el límite mensual si reciben entre 60.000 y 100.000 euros de pensión.

En resumen, que los medicamentos nos cuestan algo menos desde el 1 de diciembre, pero lo importante es conseguir que tengan un precio “suficiente” para que las pequeñas farmacias no tengan que cerrar y a los laboratorios les compense fabricarlos. Y para asegurar el abastecimiento y que las farmacéuticas investiguen y ofrezcan nuevos fármacos. Europa y España han aprobado Estrategias a medio plazo, que garanticen fármacos, ingresos, investigación y precios asumibles, para los países y pacientes. Y además, se van a modificar los copagos, para que trabajadores y pensionistas paguen en función de sus ingresos reales, para reducir el despilfarro de medicamentos. Nos jugamos la salud y el bolsillo.

FITUR 2025: a por 100 millones de turistas

Hasta el domingo, se celebra en Madrid FITUR, la 2ª Feria de turismo más importante del mundo. Y el sector está eufórico: 2024 ha sido otro año récord, de turistas (94 millones) e ingresos (126.000 millones de euros), tras el récord de 2023. Además, el turismo creció no sólo en verano, sino mucho más fuera de temporada (récord en el 1º y 2º trimestre), atrayendo a más turistas de EEUU, Latinoamérica y Asia, que no sólo buscan sol y playa sino cultura, ocio, gastronomía y negocios. Y el turismo ha aportado la cuarta parte de nuestro crecimiento en 2024, Ahora, se espera superar los 100 millones de turistas en 2025, una cifra preocupante, por la saturación de turistas en muchas zonas, que ha provocado manifestaciones y exceso de pisos turísticos. Es hora de parar, tras los récords, y trazar una “hoja de ruta” para el futuro: qué turismo queremos y podemos asumir sin costes medioambientales y sociales. Ojo a morir de éxito.

                        FITUR 2025

En vísperas de FITUR (22-26 enero), el Gobierno anticipó el balance del turismo em 2024, cuyos datos oficiales publicará el INE el 3 de febrero: 94 millones de turistas, un +10,72% que en 2023 (85,1 millones), otro año récord histórico y 10,5 millones de visitantes extranjeros más que antes de la pandemia (83,5 millones en 2019). A falta de los datos de diciembre, el aumento de turistas se dio en 2024, sobre todo,  entre los turistas de EEUU (+11,95%), Latinoamérica (+12,01%) y el resto del mundo (+19,38%), aunque también crecieron los turistas europeos (+3,5%, sobre todo los italianos (+12,57%), irlandeses (+11,78%), franceses (+11,47%) y neerlandeses (+10,65%), aunque el grueso de visitantes han sido, como siempre, los británicos (17,5 millones hasta noviembre), franceses (12,2 millones), alemanes (11,3 millones) e italianos (5,06 millones), según el INE.

Este aluvión de turistas extranjeros han ido en 2024 a las 6 autonomías que viven del turismo: Cataluña (18,88 millones de turistas hasta noviembre, +9,93%), Baleares (15,12 millones, +6,10%), Canarias (13,77 millones, +9,56%), Andalucía (12,91 millones, +11,69%), Comunidad Valenciana (11,2 millones, +15,46%, el mayor aumento) y Madrid (8,22 millones, +13,54%), repartiéndose los 8,35 millones de turistas restantes entre  las otras 11 autonomías.

Además, en 2024, el turismo en España ha conseguido otro récord histórico: el gasto de estos turistas extranjeros ha subido a 126.000 millones de euros, un +16% que en 2013, que también fue récord (con 108.789 millones ingresados). Son 35.000 millones más de ingresos por turismo que antes de la pandemia (91.912 millones en 2019. El gasto medio por turista fue de 1.342 euros en 2024 (245 euros más por estancia que antes de la pandemia), debido a que crecen más los turistas que más gastan, los no europeos: 310 euros diarios gasta un turista que viene de Asia (Japón, China o Corea) y 244 un turista norteamericano, frente a 144 euros diarios que gasta un italiano, 139 un francés, 135 un británico, 127 un alemán, 106 un neerlandés o 71 euros diarios que gasta un turista portugués, según el INE.

En paralelo a este aumento récord del turismo extranjero (+10,72%), el turismo nacional ha crecido menos dentro de España (las pernoctaciones en hoteles han aumentado +0,3% y su gasto ha crecido un +3,7%) pero se han disparado los viajes al extranjero (+16%), aumentando mucho los viajes en tren (AVE) y avión dentro de España. En conjunto, los turistas extranjeros y nacionales han permitido que el sector turístico alcance otro año de facturación récord: 207.763 millones de euros, con lo que el sector (PIB turístico) ha crecido un +6,5%, el doble que la economía (3,1%), como viene pasando desde 2021. Y los beneficios del sector turístico han crecido un +8,2%, sobre todo los hoteles urbanos, el ocio y los campos de golf.

Y con ello, el turismo ha vuelto a crear mucho empleo: +72.310 nuevos empleos en 2024, el 96,7% contratos indefinidos, con predominio de los contratos a tiempo completo (el 79%), según la patronal Exceltur. Y si en 2019, 1 de cada 3 contratos turísticos eran temporales, en 2024 lo eran sólo 1 de cada 5. Con ello,  ya hay 2.688.608 personas trabajando en el turismo, casi 1 de cada 7 ocupados (el 12,7%). Y hay que resaltar que 1 de cada 4 empleos creados en España desde 2020 ha sido en el turismo (+493.000 empleos).

El turismo en España no sólo es una fuente de ingresos, actividad y empleo sino que se consolida como el gran motor del crecimiento económico, junto al consumo público y privado y las exportaciones: en 2024, más de la cuarta parte de lo que creció la economía española (el 26,1%) fue por el turismo, según Exceltur, quien estimó en el 70,8% la aportación del turismo al crecimiento de la economía en 2023 y el 68% en 2022. De hecho, el turismo se consolida como la primera industria española, la que más aporta a la actividad económica (el 13,1% del PIB en 2024).

Con todo, el nuevo récord de turistas, ingresos y empleo no es lo único destacado de 2024. El balance del Gobierno destaca 4 datos cualitativos que son muy esperanzadores. El primero y más importante, la “desestacionalización” del turismo que vino a España en 2024: tuvimos un verano récord (31,37 millones de turistas, +7,8%), como es habitual, pero la llegada de turistas creció más en el primer trimestre  (16,1 millones, +17,7%, gracias a que la Semana Santa fue en marzo) y en el 2º trimestre (26,4 millones de turistas,+11,6%). Eso indica que España no es sólo un destino de verano, de sol y playa, sino que los extranjeros hacen “escapadas” a España a lo largo de todo el año, lo que mantiene abiertos hoteles y locales turísticos, los ingresos y el empleo. Un cambio clave.

El 2º cambio del turismo en 2024, ligado al anterior, es “la diversificación” del turismo, que ya no busca únicamente sol y playa sino que viaja a España buscando cultura, ocio, gastronomía, deporte y negocios o sanidad. Y eso lleva al tercer cambio, la “desconcentración” del turismo, que ya no se dirige sólo a la costa y a las islas sino que busca también la España verde del norte (más con las altas temperaturas del verano) o la España interior. Así, los datos de “pernoctaciones” (estancias en hoteles) revelan que el mayor aumento de ocupación hotelera se ha dado, en 2024, en Asturias (+7,1%), Castilla la Mancha (+5,4%), Extremadura (+5,3%), Castilla y León (+4,9%) y Aragón (+4,5%), por encima de Canarias (+3,8%), Baleares (+3,1%), Cataluña (+2,2%), Madrid (+1,3%)  y Andalucía (+1,2%), según datos del INE (pernoctaciones enero-noviembre 2024).

Y el 4º cambio del turismo en 2024 ha sido “la consolidación de nuevos mercados”, el mayor crecimiento de los turistas que vienen de fuera de Europa, sobre todo de EEUU, Asia y Latinoamérica, con 2.192.000 turistas más de estas procedencias en 2024 que en 2019. Un cambio importante (aunque todavía el 84% de los turistas que vienen son europeos), porque gastan más dinero en España y además ocupan hoteles y nos visitan sobre todo fuera de temporada, buscando otro turismo distinto del modelo de “sol y playa”. Y que buscan calidad, seguridad y una oferta diversificada, frente a otros destinos mediterráneos.

El punto negro del balance, para los turistas extranjeros y nacionales, son los altos precios turísticos, que se han disparado tras la pandemia. En 2024, los hoteles moderaron sus subidas (+3,9%), pero fueron muy altas en 2023 (+7,8%), 2022 (+11,8%) y, sobre todo en 2021 (+31,9%), aunque bajaron en 2020 (-18,3%), según el INE. Con ello, las tarifas hoteleras han subido en España +37,1% desde antes de la pandemia, una barbaridad, con lo que el ingreso medio por habitación es de 147,7 euros en Barcelona, 126,2 en San Sebastián, 119,11 en Málaga 117,3 en Madrid, 116,8 en Palma o 102,8 en Sevilla, según Exceltur. Y también han subido mucho en 2024 los vuelos nacionales (+11,3%), los internacionales (+9%) y el precio del transporte marítimo y los cruceros (+13,2%), según el INE.

Ahora, el sector espera que España supere los 100 millones de turistas en 2025. Si este año los visitantes crecieran otro 10% (como en 2024), se cerraría 2025 con 102,5 millones de turistas, casi el doble que en 2012 (57,46 millones). Y sobre su gasto, la previsión es que podríamos ingresar 146.160 millones de euros por turismo en 2025, el doble que en 2016 (77.416 millones).  Con estas perspectivas, el sector espera crecer este año un +6% (+6,5% en 2024) , otro vez más que la economía (+2,5%) . Y que el turismo sea otro año más el motor de la economía española, aportando la quinta parte del crecimiento (el 20,6%) en 2025.

A favor de este nuevo récord esperado para 2025 está que la economía europea crecerá algo más, que los conflictos en oriente Medio perjudican a otros destinos competidores y que España sigue siendo un destino turístico muy competitivo, máxime si este año aumentan menos los precios turísticos y la inflación general. Pero los expertos destacan dos cuestiones preocupantes. Una, el exceso de turismo en algunas zonas de costa e islas, que ya ha despertado protestas y manifestaciones en Canarias, Baleares, Barcelona, Málaga o Valencia. Un problema, la “turismofobia”, alimentado por las quejas de los vecinos ante el exceso de turistas, la subida consiguiente de precios, los atascos en los servicios (sanidad, seguridad, infraestructuras) y la negativa influencia de los pisos turísticos, que han disparado los alquileres en las capitales más turísticas. De hecho, ya hay 396.883 viviendas turísticas en España, según el INE (agosto 2024). Y en 10 grandes ciudades españolas hay más plazas en pisos turísticos que en hoteles (Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Córdoba, Las Palmas, Santander, Gijón y Murcia), según denuncia Exceltur.

El otro problema es que llegar a 100 millones de turistas es insostenible para el medio ambiente, desde el consumo de agua o electricidad a las emisiones de CO2 que se generan (la mayoría de los turistas extranjeros llegan en avión y se mueven en coche), más los desechos y basuras. A nivel mundial, el turismo genera un 8,8% de las emisiones mundiales y han crecido un 3,5% anual entre 2009 y 2019, el doble que las del resto de sectores, según un estudio de Nature Communications. Y España ocupa el puesto número 19 en el ranking de emisiones por turista, sobre todo por los vuelos internacionales.

Ahora, cuando España puede saltar de los 100 millones de turistas, la pregunta es obligada: ¿es sostenible esta cifra? Es evidente que hay destinos turísticos saturados y no sólo las costas e islas en verano, también muchas ciudades cualquier fin de semana (Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga, Palma, San Sebastián, Toledo, Santiago, Alicante…). Viajar se ha convertido en una “necesidad” tras la pandemia y el turismo (interior y extranjero) colapsa aeropuertos, trenes, carreteras, hoteles, restaurantes, bares y zonas turísticas. Hay que poner orden en este crecimiento, si no queremos “morir de éxito”.

La oportunidad para hacerlo es la “Estrategia de Turismo Sostenible 2030”, que debería aprobarse en el primer trimestre de 2025, dentro del Consejo Español del Turismo. Ahí debería acordarse una “hoja de ruta” para el turismo en lo que queda de década, planteando objetivos, inversiones y medidas. Se trata por un lado de adaptar la oferta, para seguir reconvirtiendo (con los Fondos europeos 3.400 millones ya adjudicados) los destinos de sol y playa (en colaboración con los municipios turísticos afectados) y promoviendo los destinos alternativos de turismo de interior, cultural, gastronómico y de ocio, junto al turismo de negocios en las grandes ciudades. Y por otro, reorientar la política de promoción, para dirigirla a destinos más lejanos, a turistas que gastan más y vienen todo el año.

No se trata de batir el récord de turistas cada año, como si no hubiera tope ni existieran problemas medioambientales y de saturación de infraestructuras. Hay que buscar un turismo de más calidad, no más turistas, que sea compatible con la vida de los pueblos y ciudades donde llegan. Es un difícil equilibrio que exige planificación, inversiones y medidas, pero sobre todo acuerdos entre Administraciones. Hace falta un gran Pacto por el futuro del turismo, para que sea sostenible a medio plazo. Tras tantos récords y ante los 100 millones de visitantes, es hora de parar, sentarse y repensar el futuro del turismo. Si no, corremos el riesgo de “matar la gallina de los huevos de oro”.

 

Vivienda: muchos Planes y pocos avances

La vivienda no tiene enmienda. Los alquileres subieron un +11,5% en 2024 y cuestan un 81% más que hace 10 años (los pocos que hay). Jóvenes y nuevas familias tampoco pueden comprar casa, porque ha subido +8,1% en 2024 (y +52% la última década). Y por eso, aunque bajan los tipos, sube la cuota de la hipoteca a pagar. Frente a esta grave situación, el PP presenta un Plan de 10 medidas para aplicar ahora en las 12 autonomías y 40% de Ayuntamientos que gobiernan. Y el Gobierno, ante el fracaso de su Ley de Vivienda, presenta otro Plan con 12 medidas. Muchas coinciden, pero no tienen voluntad de acuerdo. Y sin un Pacto entre Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, promotores y bancos es imposible construir y poner en alquiler las 600.000 viviendas que hacen falta. Se puede hacer, actuando sobre el suelo, los Planes urbanísticos, la financiación y las ayudas, frenando los alquileres turísticos y de temporada. Pero es imposible si cada uno va por su lado. Siéntense y pacten medidas eficaces.

                            Enrique Ortega

El año 2024 ha sido nefasto para los que buscan alquilar o comprar una vivienda. Los alquileres han subido otro 11,5% (+15,3% en Madrid y +13,9% en Barcelona), según el portal Idealista, que se suma a la subida del +69,5% acumulada entre 2014 y 2023. Con ello, los alquileres han subido +81% en la última década y se sitúan ya en un nuevo máximo: 13,5 euros/metro cuadrado, una media de 1.215 euros por un piso de 90 metros. Pero hay muchas ciudades donde el alquiler medio cuesta mucho más: Barcelona (23,4 euros/m2, 2.106 euros por una casa de 90m2), Madrid (20,7 euros/m2, 1.863 euros de alquiler), San Sebastián (18 euros/m2), Palma (17,2), Málaga y Valencia (14,9 euros/m2). De hecho, los alquileres están en máximos históricos en 31 de las 52 capitales españolas. Además, hay pocos alquileres en el mercado y los que salen duran horas, con los caseros “seleccionando” inquilinos.

Ante la falta de alquileres y su elevado precio, hay familias que buscan comprar piso, más ahora que han bajado los tipos. Pero también es muy difícil, porque el precio de compra se ha disparado: las viviendas subían un +8,1% anual en septiembre de 2024 (según el INE), el mayor aumento de los últimos años, acumulando una subida del +51,9% desde 2014. Con ello, una vivienda usada (las nuevas son más caras) costaba en diciembre 2.271 euros/m2, un nuevo máximo histórico, según el portal idealista. Eso supone pagar 204.390 euros por un piso de 90 metros cuadrados. Pero en las grandes ciudades, el precio de una casa se duplica: 4.952 euros/m2 en Madrid (445.680 euros por 90 m2), 4.700 euros/m2 en Barcelona (423.000 euros), 4.442 euros/m2 en Palma, 3.491 euros/m2 en Bilbao, 3.241 euros/m2 en Málaga, 3.035 euros/m2 en Cádiz, 2.836 euros/m2 en Valencia y 2. 827 euros/m2 en Pamplona. Y las casas en venta también “vuelan”, por la alta demanda, los inversores y especuladores, dispuestos a no a regatear y pagar más.

Y además, con estos precios de compra disparados, los jóvenes y familias se encuentran con que tienen que pagar ahora una mensualidad más alta de hipoteca para comprar, aunque hayan bajado los tipos. Así, un piso medio de 90m2, que costaba 162.900 euros de media a finales de 2001, costaba 201.906 euros en 2023 y cuesta ahora 204.390 euros. Y por eso, aunque ha bajado el Euribor, la hipoteca (por el 80% del valor) ha pasado de costar 462,94 euros en 2021 a 855 euros en  2023 y 812 en diciembre de 2024. Mínimo ahorro. Pero en las grandes ciudades, donde los pisos han subido mucho más, la cuota hipotecaria es ahora más cara que en 2023 (y que en 2021): por ejemplo, en Madrid, 1.771 euros al mes ahora frente a 1.714 euros hace un año y 821 euros en 2021.

En definitiva, que alquilar o comprar casa es prohibitivo y casi el 40% de los que lo consiguen tienen que destinar más del 40% de sus ingresos al gasto en vivienda, según el Banco de España, muy por encima de los que tienen esta alta factura en Europa (27% de las familias en la UE-27, 17,5% en Francia o Alemania y el 28% en Italia). Por todo esto, hay que afrontar este grave problema de la vivienda, que ya es la primera preocupación de los españoles, según el último Barómetro del CIS. Un problema que no sólo angustia a muchas familias y jóvenes (el 60% de los jóvenes hasta 35 años viven con sus padres) sino que es también un grave problema económico, porque frena la expansión de empresas y negocios.

Al inicio de 2025, parece que los políticos “han tomado nota” de la preocupación masiva por la vivienda. El 12 de enero, el PP contraprogramó una Cumbre autonómica en Asturias para adelantarse al Gobierno y presentar un programa político, con un anexo de 10 medidas para la vivienda, tras años de inútil gestión autonómica y municipal y cuando gobiernan en 12 autonomías y en el 40% de Ayuntamientos (31 capitales). Las medidas se centran en agilizar la gestión del suelo (después de vetar en mayo de 2024  la reforma urgente de la Ley del Suelo propuesta por el Gobierno y solicitada por muchos Ayuntamientos) y en bajadas de impuestos para compradores y caseros, facilitando el acceso a hipotecas, fomentando la rehabilitación y reforzando la lucha contra la ocupación ilegal (los “okupas”, su obsesión y la de Vox).

Al día siguiente, 13 de enero, el presidente Sánchez anunció  un Plan con 12 medidas para mejorar la situación de la vivienda, a la vista que su Ley de Vivienda (en vigor desde mayo 2024), no ha sido eficaz y los topes al alquiler (impuestos en su día por Podemos y Sumar) han sido contraproducentes: muchos propietarios han dejado de alquilar, desviando sus pisos al alquiler de temporada o al alquiler turístico o han vendido su vivienda. El hecho, corroborado por el sector inmobiliario, es que la Ley y los controles de precios (y el tope de subida) han provocado una caída del 33% en la oferta de alquileres entre 2019 y 2024, según los datos de Idealista. Pero hay capitales donde la oferta de alquileres ha caído mucho más: en Barcelona (-75%: han “desaparecido del mercado” 3 de cada 4 viviendas en alquiler), Oviedo (-55%), San Sebastián (-55%), Las Palmas (-51%), Madrid (-46%), Palma (-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo, (-42%) y Burgos (-40%). Y ha caído también en Málaga y Valencia (-33%), en Sevilla y Alicante (-32%).

El Gobierno sigue defendiendo su Ley y los topes a los alquileres en las zonas “tensionadas”, argumentando que el único sitio donde se han aplicado (Barcelona y su área metropolitana), los alquileres han bajado entre un 3% y un 5%. Pero muchos expertos lo atribuyen a la caída de contratos y reiteran que el intervencionismo de la Ley ha sido contraproducente. Y piden medidas para aumentar la oferta de viviendas, la verdadera causa que explica los precios disparados de alquileres y compraventas: hay unas 300.000 personas que buscan piso cada año (jóvenes, inmigrantes y nuevas familias) y en 2024 sólo se construyeron 90.000.

El nuevo Plan del Gobierno para la vivienda busca ahora aumentar la oferta de viviendas. Por un lado, se transfieren a la empresa pública de vivienda (SEPES) 3.300 viviendas públicas, otras 13.,000 de la SAREB (que traspasará hasta 40.000) y 2 millones de metros cuadrados de suelo público (mucho de Defensa), concediéndola además la prioridad para adquirir suelo en el mercado (para evitar que caiga en manos de especuladores). Además, las viviendas públicas que se promuevan o adjudiquen mantendrán indefinidamente su titularidad pública y no se podrán vender (como hasta ahora), lo que permitirá ampliar el parque público (sólo el 2,5% del total, frente al 7% de media en Europa). Otra medida es destinar Fondos europeos a crear “una industria de la construcción”, que avance en fabricar viviendas modulares, para acelerar plazos de construcción y reducir costes.

Hay tres medidas del Plan dirigidas a aumentar la oferta de alquileres. Una, un sistema de garantías públicas para asegurar a los propietarios el cobro del alquiler (como hace el programa Bizigune en el País Vasco) y avales a los inquilinos para casos de impago. Otra, ayudas a los propietarios que rehabiliten su vivienda para alquilarla (a precio asequible). Y la tercera, una exención fiscal a los propietarios que alquilen: el 100% de lo que ingresen no pagará impuestos (siempre que se ajusten a los límites de subida aprobados y que publica el INE). Las tres medidas buscan “animar” a los caseros a alquilar, dado que hay 4 millones de viviendas vacías, aunque sólo 400.000 están en zonas “tensionadas”.

Otras medidas del Plan del Gobierno afectan a las viviendas turísticas (pagarán el 21% de IVA, como cualquier otro negocio), a los alquileres de temporada (se ha creado un registro obligatorio y un Fondo para que los Ayuntamientos aumenten las inspecciones) y a las compras de pisos por extranjeros no comunitarios (compraron 27.000 viviendas en 2023), a los que se sube un 100% los impuestos a pagar. Además, se propone a las sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI) un mejor trato fiscal si promueven viviendas con un alquiler asequible. Y, finalmente, anuncian un Plan de Vivienda 2026-2029, que ampliará las ayudas existentes para jóvenes, mayores, discapacitados y residentes en zonas tensionadas.

Estas 12 medidas del Plan del Gobierno son un avance, pero insuficiente. Se avanza con la empresa pública de vivienda, pero falta un presupuesto (no hay Presupuestos) y más medios. Las ayudas fiscales para “animar” a los caseros están bien, pero si están condicionadas a unos topes y subidas, no funcionarán (como no han funcionado las de la Ley de Vivienda). Y, sobre todo, son muy “suaves” las medidas para frenar los pisos turísticos (ojo, 396.883 en agosto de 2024, según el INE, representado el 25% y hasta el 35% del alquiler en zonas de muchas ciudades) y los alquileres de temporada (han crecido un +182% en los últimos 5 años y ya suponen el 14% de los alquileres), básicamente porque su competencia es autonómica y municipal, no estatal. Y en cuanto a los impuestos a la compra de extranjeros no UE, es “el chocolate del loro”, porque el grueso de estas compras (que suben los precios) son los  compradores europeos (en Baleares, Alicante, Canarias, Murcia o Cataluña).

Se echa en falta en las medidas una actuación más radical en las 4 áreas donde nos jugamos la solución del problema de la vivienda: suelo, planeamiento, financiación y promoción pública de viviendas. En España, hay suelo para construir, pero hace falta catalogarlo (no se sabe dónde y cuánto) y sobre todo prepararlo para que sea urbanizable y esté a disposición de los promotores, lo que exige más inversiones y menos burocracia. Además, hay que agilizar el planeamiento de las ciudades, porque ahora se tarda 10 años y si hay reclamaciones, el plazo se demora 15 años más (de ahí el intento de reforma de la Ley del Suelo).

En tercer lugar, hay que buscar financiación suficiente, pública (hay que “territorializar” el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y especializarlo más en la vivienda) y privada, alcanzando un acuerdo con los bancos para que vuelvan a financiar la vivienda, sobre todo la protegida (VPO), lo que exige actualizar precios (módulos) y dar facilidades (suelo y planeamiento) a los promotores privados, actuando también para reducir los costes de construcción, facilitar mano de obra formada (el sector dice que no encuentra personal) y agilizar los procesos (hoy se tardan 100 meses en una promoción y habría que bajarlo a 50 meses).

Y sobre todo, hay que impulsar la promoción pública de viviendas, porque es ridícula: sólo 5.241 viviendas protegidas hasta septiembre 2024 (y 8.847 en todo 2023), frente a 68.587 VPO terminadas en 2008. Eso exige que las autonomías y Ayuntamientos destinen muchos más recursos a promover VPO, con dinero público (y privado). Ir construyendo año tras año un parque de VPO, sobre todo para alquilar: harían falta 150.000 viviendas públicas al año para tener en 10 años (1.500.000 VPO más) un parque de VPO “europeo”. Y el mayor esfuerzo (con financiación estatal) debe venir de las autonomía y Ayuntamientos, que ya apenas promueven viviendas (sí conciertos, corridas de toros y fiestas…).

Actuando en estos 4 frentes (suelo, planes urbanísticos, financiación y promoción pública), cortando de raíz las fugas de alquileres (a uso turístico y alquileres de temporada) y facilitando a los propietarios que alquilen sin miedo (y sin imposiciones), podría empezar a resolverse el problema de la vivienda en España, que exige tiempo: habría que construir 150.000 viviendas al año y sacar al alquiler otras 150.000 para atender a la demanda esperable (y eso no resolvería el déficit actual). Pero para conseguirlo, hace falta un requisito previo: el acuerdo entre todos los que deciden en la política de vivienda (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos) y los “actores” imprescindibles para avanzar (promotores, constructores, bancos, propietarios e inquilinos). Si no hay un gran Pacto por la vivienda, no avanzaremos.

Ahora, el Gobierno tendrá que concretar y poner en marcha sus medidas. Y luego, tendrá que llevarlas al Parlamento y conseguir aprobarlas. Muchas de ellas, como la reforma de la Ley del Suelo, los alquileres de temporada o las ayudas fiscales han sido vetadas en el Congreso por el PP y Vox (algunas con ayuda de Junts y PNV). Así que es prioritario un gran Pacto de Estado por la vivienda, como ya han pedido los promotores (APCE). Ver las propuestas de cada uno e intentar consensuar medidas que promuevan más viviendas en construcción y más alquileres en el mercado, más oferta para rebajar unos precios disparados.

No parece fácil lograr un Pacto, pero sin acuerdos no avanzaremos: ni el Gobierno podrá aprobar y aplicar sus medidas ni las autonomías y Ayuntamientos gestionarán mejor. Están condenados a entenderse, a resolver un problema que es un clamor social. Si no lo hacen, los jóvenes y familias con menos recursos seguirán sin casa. Y 9 millones de inquilinos seguirán malviviendo, porque tendrán que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagarse un techo. No podemos tolerarlo.

13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.