España, un país de morosos

Es el deporte nacional: no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos, empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados como morosos. Somos el tercer país de Europa con más morosidad. El sector público tarda 162 días en pagar y las empresas 98 días. Todos incumplen la Ley contra la Morosidad (2010), que desde este 1 de enero obliga a pagar en 60 días (y en 30 las Administraciones públicas). Los impagos son un virus que contagia a empresas y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a cerrar. Ahora, los impagos han llegado a  muchos trabajadores: sus empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal. Y trabajan sin cobrar para no perder su empleo. La esperanza está en una Directiva europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir con la Ley. Pero no bastará. Hace falta un Plan de choque contra la morosidad. Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.

enrique ortega

En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados y la morosidad sigue ahí, con plazos de pago escandalosos: 162 días en las Administraciones  públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE), según la Plataforma contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.

España es el tercer país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33 y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación, perdiendo 42.600 millones. Esta morosidad es un virus que contagia a la economía sana y la tumba: se calcula que un tercio de las 600.000 pymes y 200.000 autónomos que han cerrado ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.

Siempre se habla del sector público como el mayor moroso: en 2011 debían unos 50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron 27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen cayendo los ingresos, han vuelto a las andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda. Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos. Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector educativo, la Dependencia (ancianos y discapacitados), proveedores sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias, empresas de limpieza y servicios, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El sector público debe, pero también le deben. Sólo las autonomías tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de 2012. Y Hacienda, unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7 millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando en los Tribunales. Y la Seguridad Social, aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones. Para frenar los impagos, en julio subió los recargos al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan, por fraude o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos, para intentar cobrar cuotas.

Pero el grueso de la morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las empresas (56%) han sufrido un impago significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito y Caución. Y una de cada diez soporta impagos que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte, por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85 días, cláusulas abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares (24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el 22% de las comunidades de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600 millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.

Al final, muchos trabajadores están sufriendo en sus carnes los impagos: sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer nada, salvo trabajar sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido  pagar su hipoteca (siendo desahuciados) o sus deudas y han acabado en el registro de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho abuso de empresas (sobre todo de móviles) que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen ilegalmente a los morosos.  

El  16 de marzo entrará en vigor una Directiva europea que obliga a pagar en 60 días (30 en el sector público), estableciendo un  recargo del 8,75%. Muchos creen que eso obligará a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la Administración. El ministro Montoro asegura que para este verano, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de 6.000 a 900.000 euros), establecer la figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515 días de media  para resolver disputas comerciales.

Con todo, hace falta un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración. Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y particulares en apuros que no podrán pagar. Y muchos morosos serán fallidos. Seguro.

Auditor que no ve, crisis que te cae encima

El detonante de la crisis de Bankia (y del rescate a la banca) fue una auditoría que revelaba un agujero no aceptado por Rato. Pero ese mismo auditor había dado antes por bueno que Bankia tenía 305 millones de beneficios cuando ahora se sabe que tenía 3.318 de pérdidas. Otros auditores bendijeron antes las cuentas de siete Cajas y bancos intervenidos, sin que tampoco el Banco de España detectara nada. En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado tres datos de déficit público en seis meses y han sido incapaces de detectar ni la corrupción de Gürtel o los ERES ni las facturas sin pagar desde 2002. Ha fallado estrepitosamente el control de las cuentas, públicas y privadas, y eso nos sale muy caro. El Gobierno quiere privatizar parte del control de las cuentas públicas, empezando por Ayuntamientos y empresas públicas.

enrique ortega

Rato entregó a principios de mayo las cuentas de Bankia-BFA sin auditar, por una discrepancia con su auditor (Deloitte), que quería aflorar un agujero de 3.500 millones, lo que provocó la nacionalización. Pero ese mismo auditor no tuvo problemas en bendecir, en julio de 2011, la salida a Bolsa de Bankia como una operación “redonda” para los 347.000 inversores que han perdido ya tres cuartas partes de su dinero. Y otros auditores acaban de decirnos que los 305 millones de beneficios de Bankia en 2011 son en realidad unas pérdidas de 3.318 millones. Y que su saneamiento nos costará 19.000 millones más.

Hace dos años, en junio 2010, nacía Bankia con la fusión de Caja Madrid, 5 cajas pequeñas y Bancaja, auditada también por Deloitte, que dio el visto bueno a sus cuentas 2010. Pero ahora, otra auditoría encargada por  Rato en febrero (a través del responsable de Auditoría de BFA, el exministro del Interior Ángel Acebes), ha revelado que Bancaja estaba en quiebra técnica, con un patrimonio de -4.465 millones. Y Deloitte también auditaba (“sin problemas”) al Banco de Valencia, controlado por Bancaja, intervenido por el Banco de España en noviembre 2011.  

No son casos aislados. La auditora KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de los últimos veinte años de la CAM, intervenida en julio 2011 por el Banco de España (“la CAM es lo peor de lo peor”, dijo el Gobernador, pero cuando ya le había caído encima). Ni tampoco los auditores de Catalunya Caixa (Deloitte), Unnim (Price Waterhouse) o NovaCaixa Galicia (sólo una salvedad de Deloitte en las cuentas de 2011, no antes), intervenidas por el Banco de España en junio 2011. Sólo en Caja Castilla la Mancha (CCM), intervenida en marzo 2009, y Cajasur (mayo 2010), los auditores (Ernst Young para CCM y Deloitte) pusieron salvedades (tarde) en sus auditorías, que llevaron al Banco de España a intervenir y cambiar sus gestores.

Salvo en estos dos casos (y tarde), el Banco de España no fue capaz de anticipar y evitar las  crisis bancarias que han supuesto el rescate de la banca española y costarán 60.000 millones en ayudas públicas. Los inspectores se defienden diciendo que ellos no deciden los planes de inspección y piden más independencia. Pero el prestigio del Banco de España está por los suelos y más después de que el Gobierno haya contratado 7 auditoras privadas (dos “ sospechosas”, Goldman Sachs y Oliver Wyman, y otras cuatro, Deloitte, Ernst  Young, KPMG y PWC, que llevan años auditando a bancos y cajas, incluidos los intervenidos…) para analizar las cuentas de la banca, junto al BCE, el FMI y la autoridad bancaria europea (EBA).

En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado el visto bueno a tres cifras distintas de déficit público en  menos de seis meses: 6% en noviembre, 8,5 % en febrero, 8,9% en mayo. Y si Europa ya no se fiaba, por lo que mandó dos misiones de inspectores de Eurostat en marzo, ha vuelto a mandarlos en mayo para revisar otra vez nuestras cuentas públicas. Cuentas que legalmente fiscalizan los interventores, funcionarios que trabajan en el  Estado, las autonomías y Ayuntamientos. Y también el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas que tienen 13 de las 17 autonomías.

Pero estos interventores tampoco han visto los problemas, desde el desvío de los déficits a las facturas impagadas desde 2002 o los casos de corrupción, como los de la Comunidad Valenciana (en especial, el caso Gürtel), Baleares (caso Matas) o Andalucía (EREs), donde la propia Guardia Civil han censurado a la Intervención General por “ignorar su deber”. La ley les obliga a fiscalizar pagos, pero o no ven o firman presionados por los políticos de turno.

La falta de credibilidad de los auditores está también detrás de la actual crisis mundial: no detectaron el problema de las hipotecas basura y las agencias de rating que ahora nos descalifican (Moodys, Standard &Poors y Finch) les otorgaron la máxima calificación hasta unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y en 2001, la crisis de Enron, tras falsear sus cuentas, ya supuso la desaparición de Arthur Andersen, la primera auditora del mundo.

Sin embargo, con la crisis, las auditoras son de los pocos negocios boyantes. Parece que “la transparencia vende”: en 2011, un 25% de las auditorías hechas en España fueron voluntarias. Las auditoras facturan 896 millones, pero un 76% lo mueven las cuatro grandes (Deloitte, Ernst Young, PwC y KPMG) que llevan muchos años auditando a los mismos: la mayoría de  los grandes bancos y empresas del IBEX llevan con el mismo auditor desde 1.990. Algo que quiere cambiar la Comisión Europea, con dos importantes cambios que tienen revolucionado al sector: las empresas tendrán que cambiar de auditor cada 12 años y no les podrán dar otros servicios (consultoría, legal, etc., que suponen ahora el 55% de la facturación de las auditoras).

Con esta norma, habrá más competencia y Bruselas quiere dar cancha a las medianas y pequeñas auditoras. Por eso, las auditoras presionan al Gobierno para que obligue a más empresas a auditarse (no sólo a las que cotizan). Y además, quieren entrar a saco en el sector público. El Gobierno ya les permite, en la Ley de Estabilidad,  participar en las futuras auditorías de los Ayuntamientos. Y también podrían entrar en las auditorías de las 20.630 entidades públicas, un jugoso pastel ya que sólo el 8% se auditan.

En definitiva, que en lugar de controlar y sancionar a los auditores, inspectores e interventores que no ven, el Gobierno busca corregirlo dando el  trabajo ( y la minuta) a las empresas privadas (que tampoco han visto), privatizando la fiscalización de las cuentas públicas. Para eso no hay recortes. Es nuestro dinero y debería controlarse con medios públicos. Eso sí, eficaces e independientes. Y si no vigilan y nos cae la crisis, que lo paguen.

Se pagan facturas públicas bajo vigilancia

Este mes de mayo, autonomías y Ayuntamientos empezarán a pagar casi 6 millones de facturas que deben desde hace años a medio millón de empresas. Será una inyección de liquidez a la economía de 27.000 millones de euros, aunque irá más a tapar agujeros que a invertir y crear empleo. A cambio del crédito para pagarlas, que tendrán que devolver en 10 años, autonomías y Ayuntamientos han de poner en marcha este mes drásticos planes de ajuste, con más recortes, sobre todo en sanidad, educación y personal interino. Y si no lo hacen, en noviembre, el Gobierno podría intervenirles, como Bruselas a Grecia. Andalucía (por defender otra política y no sólo recortes), Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo vigilancia del Gobierno, como 2.000 Ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste.

enrique ortega

El mayor bloque de facturas impagadas lo han presentado las autonomías, todas salvo Galicia, País Vasco y Navarra (que tienen pocas): 3.918.986 facturas, de unas 360.000 empresas, por un importe total de 17.255 millones de euros. La cuarta parte del importe son de la Comunidad Valenciana (4.205 millones en 578.000 facturas), aunque en número lidera el ranking Andalucía (772.758 facturas, por 2.763 millones). Les siguen Castilla la Mancha (2.510 millones), Cataluña (1.984), Madrid (1.279), Murcia (1.173) y Castilla y León (1.066 millones).

Los Ayuntamientos tenían muchas más facturas, pero sólo han presentado 1.931.976 (algunas en pesetas, anteriores a 2001), de 180.000 empresas (dos tercios pymes y autónomos), por 9.584 millones (se esperaban 17.000 millones), de 4.900 Ayuntamientos (hay 8.114). Por importes, Madrid lidera el ranking (1.017 millones), seguido de Jerez (400), Jaén (300), Valencia (190), Zaragoza (160), León (161) y Huelva (150), no estando Barcelona.

En ambos casos, las facturas se van a pagar gracias a un crédito que conceden a autonomías y Ayuntamientos la mayoría de bancos, cajas y el ICO (crédito oficial), a 10 años (aunque el Tesoro adelantará el pago a las entidades a los 5 años), al 5 % de interés. Las facturas se empezarán a pagar a finales de mayo, sin abono de intereses de demora. En las autonómicas tendrán prioridad las de empresas que hagan descuentos (quitas), las que se hayan exigido ante los tribunales y las más antiguas. En las municipales, pueden hacerse quitas, pero la prioridad la tienen las facturas más antiguas, las de pymes y autónomos y las reclamadas en los tribunales.

En total, 26.389 millones que se pagarán de aquí al verano a medio millón de empresas. Será la primera inyección de liquidez tras dos años de recortes. Pero una parte del dinero irá a tapar agujeros: pagar deudas bancarias, a Hacienda (IVA y Sociedades) y a la Seguridad Social y proveedores. Y poco irá a inversión y empleo, ya que no hay apenas ventas. Además, se teme que haya un importante volumen de facturas sin aflorar: otros 35.000 millones, sobre todo en Ayuntamientos.

Este Plan para ayudar a autonomías y Ayuntamientos a pagar facturas tiene su contrapartida: han tenido que presentar a Hacienda unos duros Planes de ajuste, para asegurar que podrán devolver estos créditos (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver, 4.205 millones más 1.200 en intereses, una cuota anual de 540 millones los próximos 10 años) : previsión de ingresos y gastos, subida de tarifas, gastos de personal… De momento, el Gobierno ha rechazado los planes de Andalucía y Cataluña (porque contemplaban ingresos del Estado que no tendrán) y hay 2.000 Ayuntamientos que no han presentado Planes de ajuste con las facturas.

Las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo son las autonomías: para que España cumpla con el déficit impuesto por Bruselas han de recortar 15.545 millones este año (para bajar su déficit al 1,5% del PIB), mientras los Ayuntamientos sólo han de recortar 1.064 millones. Y el recorte más duro habrán de hacerlo las cuatro autonomías con más déficit: Cataluña (-4.335 millones), Andalucía (-2.460 millones), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034 millones), aunque el esfuerzo será también duro en relación a sus cuentas para Murcia (-765 millones), Baleares (-658), Extremadura (-544) y Cantabria (-342).

En unos días, el Gobierno dirá a autonomías y Ayuntamientos si aprueba sus nuevos Presupuestos 2012, que han de contemplar nuevos recortes en sanidad y educación (al amparo de lo aprobado por el Gobierno) y reducción de personal interino y contratado (se temen 300.000 despidos). Y si no les convencen, les podrá aplicar la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, con este calendario: en mayo, apercibimiento y obligación de establecer un depósito en el Banco de España del 0,2 % del PIB regional (391 millones para Cataluña, 286 para Andalucía o 203 para Valencia). En tres meses más, si no han corregido sus cuentas, pago de intereses por esa cuenta (multa) y  posible retención de transferencias del Estado. Y a los 6 meses, en noviembre 2012, Hacienda podría intervenir a la autonomía indisciplinada, mandarle a sus técnicos, como Bruselas con Grecia.

Y lo mismo con los Ayuntamientos, a los que se exige, además de un Plan de ajuste, el envío trimestral de sus cuentas (un tercio no han presentado todavía sus cuentas de 2010 y una cuarta parte siguen sin presentar los balances de hace cuatro años), que Hacienda va a revisar con la ayuda de auditores privados. El Gobierno estima uno de cada cuatro Ayuntamientos tendrá que ser intervenido y retenidos sus fondos, destituyendo incluso a alcaldes por mala gestión. Y que habrá que fusionar o cerrar unos 4.000, porque son económicamente inviables.

Al final, hay que poner orden en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno utilice la Ley de Estabilidad para atacar e intervenir a Andalucía (por buscar otra política económica, no sólo recortes) o a Cataluña (por defender su autonomía de gestión) y no la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, sus dos comunidades en peor situación. No repitamos el error de Bruselas con Grecia: controlar autonomías y Ayuntamientos si, acogotarles  y hundirles con recortes imposibles, no. Porque sólo conseguirán hundirles más. Y hundir más al país.

IVA facturas impagadas:otro palo a los autónomos

Son más de tres millones de españoles que se buscan la vida por sí mismos, con todos los inconvenientes de ser trabajadores y empresarios a la vez. El drama de los autónomos es que no venden, los bancos y Cajas les niegan la financiación y  sufren los impagos de empresas y la Administración. Y encima, tienen que pagar a Hacienda el 18% de IVA de las facturas que les deben, algo que no ha querido arreglar el Congreso, que acaba de votar en contra de una propuesta del PP para que no paguen el IVA de las facturas impagadas. Otro palo más para un colectivo con graves problemas, donde hay un 20% de pobres  y en el que se han dado de baja 375.000 autónomos en los últimos tres años.

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España es el país con más morosidad de Europa en el pago de las facturas y eso lo sufren especialmente los autónomos. Dos de cada tres autónomos denuncian que la morosidad les ha trastocado su negocio, según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo (ATA). Y cuatro de cada diez tardan al menos 6 meses en cobrar las facturas, mientras otros tres tardan entre 6 meses y un año y los tres restantes más de 365 días. Los que peor pagan son las administraciones públicas (sobre todo, autonomías y Ayuntamientos), a 158 días de media, incumpliendo en un 95% la Ley de Morosidad aprobada en 2010 (les fijaba un máximo de 50 días para pagar en 2011). En cuanto a las empresas privadas, pagan en España a un plazo medio de 101 días, frente a 57 días en la Unión Europea.

Por si no tuvieran bastante con no cobrar, los autónomos tienen que pagar a Hacienda cada trimestre el IVA de las facturas que emiten, las cobren o no. Así, el autónomo, obligado a ser recaudador, está adelantando al fisco unos 1.500 millones de euros por el IVA de las facturas impagadas. Por eso, llevan años pidiendo que sólo paguen el IVA de las facturas cobradas, una petición que el PP trasladó al Congreso y que fue rechazada por el Gobierno y la mayoría de los grupos, para no bajar la recaudación. Otra petición, también rechazada por el Parlamento, era no pagar tributos y cotizaciones a las entidades públicas para compensar las facturas impagadas a autónomos y pymes (unos 34.000 millones de euros en total).

Al final, los impagos son responsables de la caída de dos de cada tres autónomos, según ATA. Otro grave problema es la falta de financiación: el 54,2% de los autónomos señala que bancos y Cajas le denegaron un crédito en el primer trimestre de 2011 y a otro 23% le dieron menos de lo que pidió. El resultado, según la encuesta, es que dos de cada tres autónomos desisten ya de pedir financiación. Y lo peor de todo es que, además, no venden: un 74 % de los autónomos han disminuido su actividad en 2011, casi la mitad de ellos con caída de ventas de más del 20%, que se suman a la caída del negocio en los dos años anteriores.

Morosidad, falta de crédito y caída de ventas, tres problemas que llevan a los autónomos a no crear empleo (el 81% no ha contratado a nadie en 2010 y el 88,7% no piensa hacerlo en 2011) y a cerrar. El primer trimestre de 2011 ya han dejado su actividad 56.500 autónomos y en los últimos tres años de crisis ya han caído 375.000 autónomos, según ATA. Y sólo una mínima parte cobrará el desempleo, ya que de los 3.162.336 autónomos registrados, sólo 640.000 se han decidido a cotizar por desempleo, para cobrar dos meses por año cotizado.

Otro problema es su envejecimiento: 7 de cada 10 autónomos tienen más de 40 años y los jóvenes no se animan a trabajar por su cuenta. Lo peor es que el 95% de los autónomos cotizan por bases mínimas, con lo que sus pensiones son un 41 % inferior a las de un trabajador asalariado, según UPTA. Para corregirlo, las asociaciones de autónomos han iniciado una campaña para convencer a los autónomos de que coticen por bases más altas. Y el Gobierno les ha cambiado la norma, con lo que ahora sólo tienen hasta los 42 años (antes, hasta los 50) para elegir la base de cotización de los últimos 25 años que computan para la pensión. Con ello, muchos autónomos que ahora cotizaban lo mínimo (223 euros al mes) van a tener que cotizar 730 euros más al mes (hasta 953 €) para poder tener una pensión decente.

En resumen, un panorama desolador en un año, 2011, donde la mayoría de autónomos espera que su negocio irá igual (32%) o peor (50%). Ello agravará los ceses de autónomos y su nivel de vida, ya muy deteriorado por la crisis. Tal es así que un 20% de los autónomos españoles son pobres, según la EFILWC (una agencia de la UE), porque perciben rentas por debajo del 60% de la media de los trabajadores. En este grupo están sobre todo los autónomos jóvenes con hijos que trabajan en el campo, la pesca, la limpieza o la hostelería.

Al final, los autónomos son una pieza clave para crear empleo y riqueza, una buena fórmula de autoempleo para jóvenes, mujeres y desempleados. Pero necesitan ayudas para lanzarse a emprender un negocio, no un palo al mes como se les da. Hay que mimarles.