El ingreso mínimo vital, al ralentí

La pandemia ha dejado millones de contagiados y 75.000 muertos, pero también la mayor crisis económica de nuestra historia reciente y una pérdida de empleos e ingresos para muchas familias, aumentando la pobreza y las “colas del hambre”. Esta “epidemia social” es más preocupante en España porque ya éramos, antes de la pandemia, el 5º país con más pobreza de Europa. Y los 9,7 millones de españoles con bajos ingresos en 2019 podrían ser ahora 1,2  millones más, 10,9 millones. Frente a esta “pandemia social”, el Gobierno aprobó en mayo el ingreso mínimo vital (IMV), para asegurar la subsistencia de 850.000 familias. Pero no ha funcionado, por un exceso de requisitos y burocracia: hoy sólo cubre a 200.000 familias, mientras más de 3 millones son atendidas por Cáritas o Cruz Roja y abandonadas por el Estado. Urge reformar el ingreso mínimo vital y que llegue de verdad a los que lo necesiten. Y darles no sólo dinero sino formación, empleo, vivienda y un futuro. Asegurar que no se queden atrás.

Enrique Ortega

En  España, la pandemia nos pilló con demasiada pobreza, fruto todavía de la dura crisis de 2008 y su secuela de recortes y desigualdades. Concretamente, en 2019, España era el 5º país europeo con más pobreza, con un 20,7% de españoles (9.695.989 personas) que ingresaban menos del 60% de la media del país (menos de 9.009 euros los solteros y menos de 18.919 euros las familias con 2 hijos), mientras en Europa eran “pobres” el 16,5% de la población (65.6 millones de europeos), según Eurostat. Y sólo tenían más “pobres” que España cuatro paises del Este: Rumanía (23,8%), Letonia (22,9%), Bulgaria (22,6%) y Estonia (21,7%). Y lo peor era que de esos “españoles pobres”, casi la mitad, el 9,2% (4.300.000 personas) estaban en situación de “pobreza extrema”, ingresando menos del 40% de la media del país (ganaban menos de 6.006 euros al año los solteros y menos de 12.600 euros las familias con dos hijos). Y lo más sangrante: éramos el tercer país con más pobreza infantil de Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con 2,1 millones de niños “pobres”.

En este panorama de elevada pobreza, la pandemia ha sido un tsunami que ha destrozado las cuentas de muchas familias, atacando más a las personas que ya eran vulnerables (se han contagiado más y han perdido más empleos) y creando serios problemas de subsistencia a familias que tenían una economía saneada y han perdido ingresos, trabajos o negocios. Así que la pobreza se ha agravado doblemente, en los pobres de antes y con otros nuevos. A falta de publicarse los datos de 2020, Oxfam Intermón aumenta la cifra de pobres en 1,2 millones más (de 9,7 a 10,9 millones en 2020). Y apunta a que la mayoría son personas “en pobreza extrema” (ingresan menos de 16 euros al día los solteros y menos de 35 euros diarios las familias), que han aumentado en 800.000 (a 5,1 millones).

A falta de cifras oficiales, “la nueva pobreza” se aprecia en las “colas del hambre” que se ven en las grandes ciudades y el aluvión de personas que piden ayuda a las ONGs. Por un lado, el Banco de Alimentos está aportando comida a 1.630.000 personas, 600.000 más que hace un año. La Cruz Roja atiende ya a 3.600.000 personas y ha tenido que multiplicar por 5 sus entregas de comida y bienes básicos a familias españolas (80%) e inmigrantes (20%), que están en su mayoría en paro (el 52%) y sin ingresos (el 22% de los hogares que atienden). Y Cáritas atiende ya a más de 3 millones de personas, de las que 500.000 nunca habían ido antes a pedir ayuda y que necesitan comida y dinero urgente para recibos y alquileres, porque no tienen ingresos: más de 825.000 personas atendidas por Cáritas están en situación de pobreza extrema y 258.000 no tienen ningún ingreso.

Para intentar paliar este tsunami de pobreza por la pandemia, el Gobierno aprobó el 29 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de que 850.000 familias vulnerables recibieran una ayuda económica (entre 462 y 1015 euros, según el tipo de familia), a cobrar con efectos retroactivos desde el 1 de junio, además de ayudarles a encontrar empleo (debían registrarse en las oficinas del paro). Hoy, el último balance del ministro de Seguridad Social habla de que se ha concedido la ayuda a 200.000 familias, la cuarta parte del objetivo. Y lo peor es que se han presentado 1,2 millones de solicitudes, la mayoría denegadas sin explicación. De hecho, el dato que aportaba hace unos días Cáritas es muy revelador del fracaso del IMV: el 96,4% de las personas atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado. Y lo mismo denuncian otras ONGs: la mayoría de las familias vulnerables que han pedido el ingreso no lo han recibido y a muchas se les ha denegado, incluso sin explicarles el por qué.

El ingreso mínimo vital (IMV) nació con un decreto-Ley aprobado por el Gobierno (29 de mayo) y que ahora tiene que ser convalidado en el Congreso. Pero en estos meses, se han aprobado tres decretos más, para tratar de corregir el IMV, dos en septiembre de 2020 y el último el 2 de febrero de 2021, cuando se aprobó un decreto ley para que puedan recibir el ingreso mínimo algunos colectivos antes excluidos: aumentan las personas acogidas dentro de una unidad familiar (se permite núcleos familiares más extensos), personas sin domicilio (que viven en albergues o en la calle) y usuarios de residencias. A la vez, abre la puerta a que los servicios sociales y ONGs puedan certificar el domicilio y la residencia en España hace un año, lo que resulta positivo pero crea un problema adicional, porque los servicios sociales municipales están colapsados y las ONGs no tienen medios.

A pesar de estos cambios, los expertos en servicios sociales y ONGs critican que el Gobierno, sigue sin resolver los problemas de exceso de requisitos y burocracia con los que nació el ingreso mínimo vital. El principal, que se pide a los solicitantes que justifiquen su caída de ingresos en 2019, cuando “los nuevos pobres” perdieron sus ingresos en 2020 y eso no se aprecia en su última declaración de renta (de 2019). Además se quejan del exceso de requisitos y de la dificultad que existe en muchos casos para demostrar el empadronamiento y el domicilio (muchos tienen contratos de alquiler no registrados o viven en viviendas ocupadas), el número de miembros de la familia, su presencia en España desde hace un año… Y se deja fuera del IMV a los jóvenes de 18 a 23 años, a los refugiados, asilados y protegidos por razones humanitarias y a los extranjeros que llevan menos de 1 año en España. Y no se reconoce la prestación a familias con más de 3 menores (sólo hasta el tercer hijo).

Otra queja de fondo, de los expertos en servicios sociales y ONG, es la falta de transparencia de todo el proceso de solicitud y concesión del IMV. No es posible hacer un seguimiento telemático de las solicitudes. Y en muchos casos, no se explican las razones por las que se deniegan el 60% de las solicitudes, ya que en muchos casos terminan en “inadmisión”, lo que impide conocer los motivos por los que se rechaza. Y tampoco hay estadísticas periódicas sobre solicitudes, concesiones e importes de la ayuda (se están dado desde 14 euros a 50 y  100 euros junto a los 462 prometidos), de las que el Gobierno informa a cuentagotas. Además, algunas ONGs denuncian que el periodo de retroactividad del ingreso (desde el 1 de junio) ha finalizado y muchas familias siguen esperando la ayuda sin tener ningún ingreso.

Es hora de cambiar radicalmente los requisitos para que el IMV llegue a los que de verdad lo necesitan. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS)  acaban de enviar al Gobierno unas propuestas de mejora muy concretas, que piden se incluyan en la Ley del IMV que está a debate en el Congreso. La primera y fundamental, que se cree una pasarela desde las rentas mínimas autonómicas, para que los 297.183 beneficiarios de estas ayudas autonómicas pasen a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, sin más papeleo adicional y con comprobaciones posteriores. La segunda propuesta, que las familias afectadas por la pandemia y cuyos ingresos han caído drásticamente en 2020 puedan hacer “una declaración responsable” de esta caída de ingresos y con ella recibir el IMV, a expensas de regularizarlo y confirmarlo cuando declaren a Hacienda esta primavera. Y el tercer cambio, que se tenga en cuenta la situación familiar al hacer la solicitud y no un año antes, dejando que sean los servicios sociales los que informen sólo en los casos de discordancia.

Además, los expertos piden que se refuercen los servicios sociales municipales, que ya estaban sobrecargados antes de la pandemia (recibían 10 millones de consultas al año) y que se ayude a las ONGs sin ánimo de lucro, que colaboran en la gestión del IMV sin medios ni contrapartidas. Además, las ONGs piden más transparencia en la gestión de las solicitudes y una mejora de la gestión telemática, para conocer el estado de los expedientes. Y se quejan de que no se incluyan, junto al IMV, ayudas a la vivienda y alquileres sociales, uno de los problemas más graves que tienen las familias vulnerables. Y que no se les forme ni se diseñe su reinserción laboral, aunque se les obligue a apuntarse al paro.

Otro problema importante es que el ingreso mínimo vital ha desactivado las rentas mínimas que daban las autonomías. El dato que acaba de dar Cáritas es muy explícito: 4 de cada 10 familias que recibían ayudas autonómicas han dejado de recibirlas, por solicitar o percibir el ingreso mínimo vital. Y es que las autonomías han reaccionado cada una a su aire ante la llegada del ingreso mínimo: unas (Madrid) han suspendido algunas rentas mínimas, otras (Castilla la Mancha) han archivado las peticiones pendientes de rentas mínimas y otras  (Baleares) han subido sus rentas mínimas. Pero en general, las autonomías han visto el cielo abierto con el ingreso mínimo vital: una oportunidad de gastar en otras cosas esos 1.686 millones de euros que hasta ahora gastaban en rentas mínimas para  familias desfavorecidas, a las que dan entre 667 euros (País Vasco) y 400 (Madrid).

Lo lógico sería que las rentas mínimas desaparecieran en el ingreso mínimo vital, pero que ese dinero no se perdiera: que las autonomías lo utilizaran para complementar el IMV, para reforzar los servicios sociales (autonómicos y sobre todo municipales), para financiar a las ONGs y, sobre todo, para financiar ayudas complementarias a las familias más vulnerables (alquileres, becas, ayudas de comedor) y para poner en marcha programas de formación y políticas de empleo para la reinserción laboral de las familias más pobres. No ahorrarse el gasto en rentas mínimas sino hacer más y mejor gasto social autonómico.

El ingreso mínimo vital tiene recursos (3.100 millones para 2021), aunque quizás necesite más, si la recuperación se retrasa. Pero lo que más necesita es flexibilidad y transparencia, para que las familias más afectadas por la pandemia tengan ayudas ya, sin retrasos. Hay que reducir burocracia y dejar de poner trabas a los pobres, como denuncian las ONG. Pero no basta con esta ayuda. No podemos dejar que la pobreza se enquiste, en determinados colectivos y familias (madres solas con hijos, trabajadores precarios, inmigrantes, jóvenes y mujeres). Hay que poner en marcha un Plan de choque para que vuelvan a trabajar y tener ingresos, apostando por su formación y tutelando su recolocación desde las oficinas de empleo (que hay que reformar y dotar de medios). Y en paralelo, aprobar un Plan de alquileres subvencionados  y viviendas sociales. Y programas específicos de seguimiento educativo, para que los hijos de familias pobres no abandonen el colegio y tengan acceso a becas y educación online. Y una atención específica a las familias pobres con padres e hijos dependientes y con niños.

No vale con asegurar a los pobres una pequeña ayuda para sobrevivir, que hoy no llega a la mayoría. Hay que hacer una política social eficaz, no sólo por una cuestión de justicia sino por una mera cuestión económica: una pobreza y desigualdad excesivas son” un lastre para tener un crecimiento sostenible”, como dijo el gobernador del Banco de España en el Congreso. Así que luchar contra la pobreza y la desigualdad no es “de izquierdas” sino de puro sentido común: si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consumen, ni crean riqueza, ni pagan impuestos o pensiones, ni creceremos suficiente. Y además, esta tremenda pobreza alimenta los populismos y deteriora la democracia. 

Por eso, un objetivo de la recuperación, de los Fondos europeos, debe ser reducir la pobreza y la desigualdad, crear más empleo y mejorar el nivel de vida de 10 millones de españoles vulnerables. Salir de la recesión sin que muchos se queden atrás. Un reto de todos, por la justicia, la economía y la democracia.

La Navidad del coronavirus

 

Estas son las Navidades más raras de nuestra vida. La pandemia no sólo trastocará estas fiestas sino que recortará el gasto navideño, entre un -20% y un -50% según los expertos, lo que afectará muy negativamente al comercio, la hostelería, el ocio, los viajes y el turismo, reduciendo mucho el empleo temporal que se crea por estas fiestas. Pero de lo que se habla menos es de esos 2,5 millones de españoles que están pidiendo ayuda a Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs, muchos más que antes de la pandemia. Para ellos, el problema de estas Navidades no es cuántos reunirse o qué comprar sino cómo sobrevivir, cómo comer cada día, pagar el alquiler y los recibos, como ingresar algo. La pandemia ha agravado la pobreza y hay 1 millón más de familias vulnerables, unos 10 millones de personas, que podrían aumentar en 2021, si se reducen las ayudas y se destruye más empleo. Ayudémosles estas Navidades y después, con aportaciones y solidaridad. ¡Feliz no Navidad!  

La Navidad es la gran fiesta anual del consumo, mucho más que una fiesta religiosa (por cierto, copiada por los cristianos de  los romanos, que celebraban en diciembre las fiestas por el nacimiento del sol de invierno y se aprovecharon para celebrar el nacimiento de Jesús). De hecho, en las Navidades de 2019, los españoles gastamos 10.300 millones en poco más de un mes, según  la estimación de la consultora Deloitte, lo que da una media de 554 euros gastados por hogar. Se trata de unas fiestas claves para muchos negocios. Así, para los comercios representa el 60% de la facturación de todo el año. Y en este año, la Navidad es aún más decisiva  porque sus ventas han caído antes un 50% por la pandemia. El otro sector para el que la Navidad resulta clave es la hostelería, porque bares y restaurantes ingresan el 25% de su facturación en Navidad (3.200 millones en 2019, según Deloitte). También son fechas claves para los locales de ocio nocturno (facturaron 1.400 millones en 2019) y para los negocios de ocio, cultura y espectáculos. Y queda un cuarto sector que suele ingresar mucho estas fiestas, las agencias de viajes, compañías aéreas y hoteles (más estaciones de esquí), que facturaron 1.200 millones en la Navidad de 2019.

Esta Navidad 2020, con la pandemia, va a ser muy austera y el gasto navideño podría reducirse entre el -20 y el -50%, según las estimaciones de los distintos sectores. Una Encuesta de la OCU, realizada en noviembre (antes de la 2ª ola de contagios), reflejaba que un 60% de españoles pensaban gastar menos esta Navidad. Y otra Encuesta de la patronal de gran consumo AEOC revelaba que un 87% de los españoles tenían pensado gastarse menos en regalos, un 78% menos en viajes (antes de conocerse las restricciones) e incluso un 61% afirmaba que se iba a gastar menos en juguetes. Y además, la mayoría señalaba que iba a gastar menos en cenas y reuniones de amigos y familiares, debido a la práctica supresión de las “comidas navideñas de empresa” y a los menores encuentros de amigos y familiares. Al final, la encuesta de la OCU estima un gasto navideño de 526 euros por español, un 20% menos que en las Navidades de 2019. Y con grandes diferencias, ya que un tercio gastará menos de 250 euros.

Detrás de este menor gasto navideño están las limitaciones a la movilidad y, sobre todo, la mayor incertidumbre sobre el futuro, que nos hace ser más precavidos al gastar ante lo que pueda pasar en los próximos meses. Pero en el caso de muchos españoles, la causa de este menor consumo navideño es que no pueden gastar, porque se han quedado sin trabajo, están en ERTE o tienen miedo de perder su empleo. Los datos son muy explícitos. Por un lado, hay 697.000 personas que perdieron su empleo entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, según la última EPA. Y hay 687.707 parados más en las listas del desempleo en noviembre que en diciembre de 2019. En total, 3.851.312 personas sin trabajo, de las que sólo 2,5 millones cobran algo (1,4 millones cobran 885 euros al mes y otros 1,1 millones sólo 430 euros mensuales) y otros 1,3 millones de parados no cobran nada. Y hay 746.900 trabajadores en ERTE, cobrando el 75% de su sueldo.

En total, 4,6 millones de españoles con serios problemas de empleo y bajos ingresos (o nulos) como para gastar esta Navidad. Y el resto, preocupados por su futuro y mirándose el bolsillo. Y además, sin “hucha” para aguantar mucho. Porque, ante la pandemia, la tasa de ahorro de los españoles ha subido (ahorran el 22,5% de su renta disponible), pero este ahorro es muy desigual y la mayoría de españoles tienen poco ahorrado: 1 de cada 3 familias llegó a esta pandemia con menos de 2.200 euros ahorrados, según un estudio de la Fundación IE y la Mutualidad de la Abogacía. Y entre los hogares con menos ingresos, el 10% llegó con menos de 200 euros de ahorro, el 20% con menos de 800 y otro 30% con menos de 2.200. Así que España es uno de los paises más vulnerables ante cualquier crisis, porque el ahorro más habitual de una familia ronda los 9.000 euros frente a 10.300 en la zona euro, 11.000 en Francia o 17.000 en Alemania, aunque es más bajo en Italia (7.000 euros) y en Portugal (4.600 euros).

Sin ahorros y con los ingresos y el empleo en el aire, hasta que acabe la pandemia, se entiende que el consumo de haya desplomado y el gasto en estas Navidades sea mucho más bajo, aunque veamos demasiada gente (para evitar contagios) en las tiendas. Pero además de esta situación, que afecta a la mayoría de españoles, hay una minoría muy vulnerable, que son los que peor lo están pasando en esta crisis y en esta Navidad: los que han perdido su empleo o sus ingresos o los que están en ERTE o con empleos que ganan menos. La pandemia puede haber aumentado en 1,1 millones el número de pobres en España, según estima Oxfam Intermón. Con ello, habría ya 10.942.331 españoles en situación de pobreza, un 23,07% de la población (había 9.695.989 españoles en esa situación a finales de 2019, según las estadísticas europeas). Se trata de personas que ingresan menos del 60% de la renta media española, menos de 370 euros al mes los solteros y menos de 776 euros las familias con 2 hijos.

Muchos de estos “nuevos pobres”, que no lo eran en la Navidad de 2019, son jóvenes, mujeres y mayores que trabajaban en el comercio, el turismo y la hostelería, la construcción y algunas industrias, los sectores más castigados por la pandemia. Y además, los que ya eran pobres las Navidades de 2019 son ahora más pobres, porque la pandemia se ha cebado más en las familias que ya eran vulnerables, en los que tenían un empleo precario y viven hacinados en barrios pobres, que han sufrido más contagios. Por todo ello, han aumentado los españoles con problemas esta Navidad: la Cruz Roja atiende a 2.700.000 personas y Cáritas a 1.500.000, en ambos casos, casi un millón más que las Navidades de 2019.

Este enorme grupo de “españoles más vulnerables” tienen serios problemas para subsistir cada día y el primero es comer: el Banco de Alimentos va a entregar este mes de diciembre 1.800.000 comidas, cuando el año pasado eran 1 millón. Y la otra prioridad es resguardarse, tener un techo: Cáritas atiende ya a 40.000 personas sin hogar, un 25% más que antes de la pandemia. Y un 40% de las personas que atiende Cáritas (1.500.000) tienen graves problemas para afrontar los gastos de su vivienda, desde pagar el alquilar a afrontar los recibos (luz, agua, gas, Internet y teléfono), según la encuesta que han realizado entre las personas a las que ayudan (un 16% de ellas no tienen ningún ingreso). Y resaltan que un 9% de estas familias se han visto obligadas a cambiar de residencia, a dejar su casa. Además, el 50% de los atendidos por Cáritas tienen problemas de “pobreza energética”, dificultades para calentar su casa y pagar la luz y el gas. Y muchas de estas familias vulnerables tienen niños: en España hay 2,1 millones de niños pobres, según Save the Children, un 27,4% de los menores de 18 años, que podrían llegar a finales de este año 2020 al 33% de menores pobres (2,5 millones), por la pandemia.

Son demasiados españoles, estos 2,7 millones que atienden las ONGs, como para que les olvidemos esta Navidad. Y tampoco  al resto de españoles pobres, esos 10 millones largos de personas que lo están pasando mal y que en muchos casos son “nuestros vecinos”, no sólo los que piden por la calle. Y como tenemos encima la 3ª ola de la pandemia, su futuro seguirá negro bastantes meses más, porque se va a retrasar y debilitar la recuperación. Eso debe obligar al Estado, al Gobierno central y a los autonómicos, a reforzar sus políticas sociales, en especial a dotar de más medios a los servicios sociales municipales, que atienden cada año a unos 10 millones de personas y están colapsados con la pandemia. Las autonomías tienen que gastar más y no aprovechar el ingreso mínimo vital para recortar sus rentas mínimas, como han hecho Madrid, las dos Castillas y Galicia.

Y urge que el Gobierno Sánchez modifique su cacareado ingreso mínimo vital (IMV), que tiene una excesiva burocracia y unas exigencias incumplibles por muchos necesitados (los pobres de la COVID tenían ingresos en 2019, por lo que a muchos se les deniega la ayuda)., La consecuencia es sólo ha llegado a la mitad de la mitad de los que decían: lo cobran en diciembre 160.000 hogares, frente a los 850.000 prometidos. El ministro de Seguridad Social ha prometido modificar cuanto antes los requisitos (contemplar los que se han quedado sin ingresos este año y que puedan cobrarlo las personas sin hogar) y agilizar los trámites con las autonomías, para que llegue a esos 850.000 españoles identificados hace unos meses como personas vulnerables, la mayoría abandonados ahora a su suerte y a las ONGs. 

Otra medida que ayudará a los más vulnerables será el decreto anti desahucios aprobado este 22 de diciembre, que incluye también la prohibición de cortar los suministros básicos (luz, agua o gas) a los consumidores que no puedan pagarlos, si lo certifican los servicios sociales. Las medidas antidesahucio aprobadas en marzo y el cierre de los juzgados hasta junio, desplomaron los desahucios, de 9.659 en el primer trimestre a 1.383 en el segundo, pero han repuntado a 7.096 desahucios en el tercer trimestre, según los datos del Poder Judicial. Y lo más preocupante es que dos tercios de estos desahucios son por impago de alquileres (5.190 en el tercer trimestre, cerca de los 6.892 desahucios en el 1º, antes de la pandemia), un dato que se quiere bajar ampliando los supuestos de prohibición de desahucios (con compensación a propietarios) hasta el 5 de mayo, cuando termina el actual estado de alarma.

También podemos ayudarles nosotros, con nuestra solidaridad, más en estas Navidades, pero también después. Hay múltiples vías, desde hacer una pequeña transferencia a alguna ONG (aquí aporto los links para Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos) hasta ayudar a personas de nuestro entorno, de mil maneras.

Y además, deberíamos ser conscientes esta Navidad 2020 de que hay que gastar con moderación, al menos por tres razones. Una, porque las compras compulsivas de estas fiestas ayudan al coronavirus a expandirse, han sido probablemente la causa del repunte y el inicio de la 3ª ola de contagios. La segunda, porque comprar por comprar agrava las emisiones de CO2 y acelera el cambio climático, que los científicos ya han advertido puede traernos otra futura pandemia (sin vacuna). Y la tercera, porque deberíamos cambiar nuestros hábitos e intentar ahorrar, para que la próxima crisis (siempre hay otra) nos pille más preparados, con algo de “hucha” para resistir (a los particulares y a los negocios).

Como se ve, la Navidad y nuestro comportamiento tienen mucho que ver con la economía. Y también con la evolución de la pandemia y el futuro. Piénselo estos días y no se olvide de los que lo pasan mal, de los millones de personas vulnerables, que lo son aún más en estas fiestas. Gaste con moderación y salga poco, para ayudar a salvar vidas. Ya habrá otras Navidades. Quédese en casa ¡Feliz no Navidad!