Alcohol y menores: una Ley urgente

La semana pasada, el Gobierno aprobó una Ley para prevenir el consumo de alcohol en menores, el 4º intento en este siglo. Los datos son escalofriantes: el 56,6% de los menores han bebido en el último mes. Incluso 1 de cada 3 niños de 12 a 14 años han bebido alguna vez. El alcohol, una “droga” según la OMS, nos hace daño a todos (15.000 muertes anuales), pero mucho más a los jóvenes: daña su cerebro, que no se acaba de formar hasta los 23 años. Y más porque muchos jóvenes combinan el alcohol con tabaco, marihuana y cocaína. Hasta ahora, las autonomías controlan (poco) el consumo y los botellones (generalizados). Ahora, esta Ley estatal prohibirá el consumo a los menores, la venta y publicidad y creará programas de prevención y rehabilitación. Si la aprueba el Parlamento, será un gran avance. Pero faltan campañas globales contra el alcohol (socialmente aceptado) y duplicar sus impuestos, los más bajos de Europa. No podemos seguir siendo “la reserva alcohólica” de Occidente.

               Botellones de jóvenes en toda España

El consumo de alcohol es “una epidemia silenciosa” en todo el mundo, donde hay más de 2.000 millones de personas que lo consumen habitualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para quien el alcohol es “una droga” adictiva que causa numerosas enfermedades ( más de 200) y 2,6 millones de muertes anuales (15.000 en España). Del total de bebedores en el mundo, 400.000 personas (el 7% de la población mayor de 15 años) viven con trastornos graves de salud por consumo excesivo de alcohol. Y, según la OMS, el consumo afecta de forma más preocupante a los jóvenes de entre 20 y 39 años, que integran el grupo con más muertes por consumo excesivo de alcohol (el 13% del total).

Europa es el continente con mayor consumo de alcohol, según los datos (2019) de la OMS: el 62% de los europeos consumieron alcohol en el último año (frente al 43,8% de media en el mundo, el 60% en América, el 28% en el sudeste asiático, el 29% en Africa y el 4% en oriente Medio). Y los europeos consumimos 14,7 litros de alcohol al año por persona, por delante de América (12,5 litros). En cabeza del consumo per cápita están Rumania (17 litros por habitante), Georgia (14,3), República Checa (13,3), Letonia (13,1) y Alemania (12,2), seguidas a cierta distancia por Irlanda (11,7 litros), Polonia (11,6), Francia (11,3) y España (10,9 litros por habitante), que ocupa el lugar 16º en el ranking de consumo. Pero, en cambio, España ocupa el 2º lugar en el ranking europeo de adultos que consumen alcohol diariamente: lo hacen el 13,5%, sólo por detrás del 21,4% en Portugal y por encima de Italia (12,4%), Francia (10,4%) o Alemania (7,8%), según Eurostat.

En 2024, dos de cada tres españoles adultos (15 a 64 años) habían bebido alcohol en el último mes (un 63,5%), un porcentaje similar al de los que bebían en 1997 (64%), según el Estudio EDADES que elabora Sanidad. Y un 10,5% reconocen que beben alcohol diariamente (15,4% de los hombres y 5,7% de las mujeres). El mayor problema ya no es sólo que el consumo de alcohol sea habitual, sino que es elevado entre los jóvenes, que cada vez empiezan antes a beber alcohol: ahora se inician a los 16,4 años  (15,9 los chicos y 16,9 las chicas), cuando era a los 16,8 años en 1997. El estudio EDADES refleja que dos de cada tres jóvenes (el 63,5%) habían bebido alcohol en el último mes.

Y lo peor: un 9% de los más jóvenes (15-24 años) se ha emborrachado en el último mes (y el 7,5% de los que tienen entre 25 y 34 años), sobre todo en la mitad norte de España, Murcia y las islas. Y se han dado “un atracón” de alcohol (más de 5 bebidas en 2 horas, la mayoría cerveza y combinados de botellón) el 18% de los jóvenes de 15 a 19 años y el 24% de los jóvenes de 20 a 24 años (el 27% de los chicos de esa edad y el 20% de las chicas). Y un tercio de los jóvenes de 15 a 24 años hacen “botellón”. Cuando se les pregunta a los jóvenes por qué beben alcohol, el 52,8% contesta que “porque es divertido y anima las fiestas”, el 35,1% porque “les gusta cómo se sienten después de beber “, el 14% porque creen que “es saludable” y otro 13,6% “para no sentirse excluido y encajar mejor”.

Pero si este consumo de alcohol entre los jóvenes es preocupante, lo son más los datos de consumo entre los menores de edad, reflejados en Estudes 2023: 3 de cada 4 menores (de 14 a 18 años) han bebido alcohol en el último año, el 56,6% lo han bebido en el último mes y un 28% lo han hecho en modo “atracón” (5 bebidas en 2 horas). Y todavía peor: 1 de cada 3 niños de 12 y 13 años han bebido alguna vez alcohol, según Estudes 2023. Los médicos ya han alertado que cada vez hay más ingresos en urgencias de menores y jóvenes, por intoxicación etílica. De hecho, en Castilla y León ingresaron 110 jóvenes en urgencias por alcohol en 2022 y de ellos, 20 eran menores de 14 años. Y en Madrid, ingresaron en urgencias por alcohol 1.936 jóvenes en 2023, el 8,3% de ellos menores de edad…

El alcohol es un grave problema de salud pública en Occidente, según la OMS, para quien el  consumo excesivo de alcohol está detrás de más de 200 enfermedades y de muchos accidentes y traumatismos. Consideran probado que el consumo excesivo causa o agrava muchas enfermedades hepáticas, otras infecciosas (tuberculosis y VIH), enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer (hígado, mama, esófago, colorrectal, cabeza y cuello), trastornos de salud mental y comportamiento (depresión, ansiedad, trastornos alimentarios), así como accidentes de tráfico (en un tercio de muertes hay alcohol por medio) y problemas laborales, sociales y económicos. En España, se tratan unos 25.000 pacientes al año por alcoholismo, pero algún experto asegura que el problema es mucho más grave y que “hay 1 millón de españoles que abusan del alcohol”.

Pero si el alcohol es “una droga” social, que provoca enfermedades y muertes entre los que lo consumen en exceso, es aún más peligroso para los menores y los jóvenes. La razón, según los médicos, es que la formación del sistema nervioso central tarda tiempo en los humanos y el cerebro de un joven no se termina de formar hasta los 21 o 23 años:  el alcohol en edades tempranas afecta a su “córtex cervical” y deteriora sus neuronas y su capacidad cognitiva, dañando sus capacidades (son “más torpes”). Además, les afecta también más al corazón, generando “cardiopatías” en edades tempranas. Y este daño mental y físico se agrava si los jóvenes consumen también drogas junto al alcohol, en especial marihuana, cocaína o éxtasis. De hecho, el consumo del alcohol “desinhibe” y “normaliza” el uso de otras drogas (y también tabaco), dañando más la salud de los jóvenes. Una cuestión preocupante porque un tercio de los jóvenes reconocen “policonsumo” de 2 o 3 sustancias (alcohol, marihuana y cocaína) en el último mes.

Cada cierto tiempo, el elevado consumo de alcohol entre los jóvenes salta a la actualidad y el Gobierno de turno se plantea “tomar medidas”. En este siglo, ha habido 3 intentos “fallidos”. El primero, en 2002, con el Gobierno Aznar, cuando su ministro Rajoy (Interior) presentó un proyecto de Ley para frenar el consumo de alcohol entre los jóvenes, Se aprobó, pero la normativa concreta, vigilancia y control quedó en manos de las autonomías (17 estrategias diferentes y poco eficaces). La segunda, en 2007, cuando el Gobierno Zapatero retiró una Ley para reducir el consumo de alcohol “para evitar que fuera un instrumento de confrontación electoral”. Y la tercera, en 2018, cuando la moción de censura y la caída del Gobierno Rajoy impidieron aprobar una Ley ya pactada contra el botellón y el consumo de alcohol entre los jóvenes. Ahora, el Gobierno Sánchez hace el 4º intento, con la aprobación (Consejo de ministros 13 marzo) de la Ley de prevención del consumo de alcohol en menores.

Esta Ley, presentada tras 7 meses de consultas y alegaciones, tiene tres puntos básicos. Uno, que prohíbe el consumo de alcohol a menores de 18 años, algo que ahora sólo está regulado en la mitad de autonomías (es ilegal su venta, pero no su consumo). Significa que ahora habrá (si se aprueba la Ley en el Parlamento) una prohibición estatal al consumo, con fuertes multas a los infractores y que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer controles para hacer cumplir esta prohibición. El 2º cambio es que no se podrá vender alcohol (ni a adultos) en centros educativos (salvo Universidades) o de ocio que tengan como público mayoritario a menores de edad. Y el 3º, que se restringe aún más la publicidad del alcohol: prohibida en la vía pública y en locales (terrazas, mesas, toldos…) próximos (150 metros) a colegios y lugares donde haya menores, así como la publicidad y el patrocino de las bebidas “00 alcohol” (Tanqueray 00 ha sido patrocinador del Atlético de Madrid…), salvo la cerveza y el vino 00.

Otra novedad de la Ley es que incluye programas de prevención y rehabilitación para los menores que consumen alcohol (y sus familias), incluyendo un protocolo para los hospitales que detecten intoxicación etílica en menores (tendrán que informar de ello y podría incluirse en la historia clínica del menor), algo que ahora no se hace. Y también contempla la Ley programas de concienciación sobre los peligros del alcohol para incluirlos en el sistema educativo, desde el colegio hasta la Universidad. Pero hay una pega: la Ley no contempla recursos ni inversiones para poner en marcha estas medidas, que se tendrán que aplicar “sin aumentar el gasto sanitario y educativo”, para no enfrentarse a las autonomías…

Los médicos y expertos ven un gran avance en esta Ley, si finalmente se consigue aprobar en el Parlamento, algo que el Gobierno Sánchez espera, porque está basada en un informe aprobado por unanimidad de todos los partidos en abril de 2018, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, informe que era la base de la Ley de 2018 que cayó por la moción de censura (pero ojo: la polarización podría bloquear ahora la Ley). Pero critican que se ha quedado corta en varios puntos. Por un lado, mantiene lo del “consumo responsable”, que es una falacia (se mantiene por exigencia de las normas europeas), y no se obliga a incluir mensajes de advertencia claros sobre los daños a la salud en las botellas (como se hace con el tabaco). Además, no queda claro cómo se controlará la publicidad en Internet y los influencers (algunos de ellos reiteran las “ventajas” del alcohol). Y, sobre todo, no se suben los impuestos al alcohol, la medida básica propuesta por la OMS.

Y la realidad es que España tiene los impuestos al alcohol más bajos de Europa, lo que es un gran aliciente para el consumo. En el caso de bebidas con 40% alcohol, el impuesto medio en la UE-28 era (en 2021) de 5,13 euros por botella (700 ml), el doble que en España (2,69 euros por botella), el 6º país por la cola en impuestos al alcohol (sólo menos que Chipre, Hungría, Croacia, Rumanía y Bulgaria), la quinta o sexta parte del impuesto que paga el alcohol en Finlandia (14,10 euros por botella), Suecia (13,80), Irlanda (11,92), Reino Unido (9,05). Y muy por debajo también del impuesto en Bélgica (8,38 euros por botella), Grecia (6,86), Francia (5,05), Paises Bajos (4,72), Portugal (3,88),  Alemania (3,65) e Italia (2,90). En el caso de la cerveza , la media europea son 0,14 euros de impuestos (por botella 330 ml) y en España son 0,03 euros (como Alemania), lejos de los o,63 euros de Finlandia y los 0,13 de Francia. Y también en el vino, España cobra el mínimo impuesto europeo permitido.

Los expertos que asesoraron a Hacienda para elaborar una reforma fiscal (pendiente) ya apostaron por subir el impuesto al alcohol, la cerveza y el vino, no sólo para frenar el consumo sino para aumentar la recaudación: España recaudaría 1.000 millones de euros más al año si gravara el alcohol con la media de impuestos que tiene en Europa. Un dinero que permitiría gastar más en prevención y tratamientos, porque apenas hay unidades de tratamiento del alcoholismo en los hospitales públicos. Y esta “adicción” apenas se trata en los Centros de Salud, porque faltan protocolos y porque la mayoría de pacientes afectados no reconocen que beben demasiado, porque supone “un estigma social”.

En resumen, que tenemos un problema de salud pública, el consumo excesivo de alcohol, algo que está “normalizado” socialmente y que provoca o agrava numerosas enfermedades y muertes. Pero el problema más grave lo tenemos con los jóvenes, que beben cada vez antes y de forma acelerada, con miles de botellones en toda España y cada vez más accidentes o visitas a urgencias. Urge aprobar cuanto antes la Ley para que haya una misma regulación en toda España, pero hay que ser firme en aplicarla y dotar de recursos a las autonomías para que hagan políticas de prevención y rehabilitación, sin dejarse presionar por la industria de las bebidas, los hosteleros y los publicitarios. Y tenemos que subir los impuestos al alcohol, para que España no siga siendo el destino turístico preferido de los bebedores europeos. También necesitamos campañas públicas para que los jóvenes y el resto entendamos que se puede disfrutar sin emborracharse.  

Autonomías: las 3 Españas siguen ahí

La propuesta de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías es el último acto del enfrentamiento constante entre el Gobierno Sánchez y las autonomías gestionadas por el PP, que llevan años pidiendo más recursos, mientras bajan impuestos y se deterioran los servicios públicos. Pero nadie habla del tema de fondo: España crece, pero no sirve para corregir las desigualdades entre regiones: ahí siguen las 3 Españas, la rica (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), la pobre (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha y Murcia) y la intermedia (el resto). Unas diferencias regionales que se mantienen desde hace 50 años. Urge acordar un nuevo sistema de financiación autonómica y apostar por una política económica dirigida a “repartir” mejor el crecimiento español, porque ahora se concentra (el 72%) en 6 autonomías, las más ricas. Eso exigiría un gran Pacto autonómico, para reducir la brecha entre las 3 Españas y conseguir que nuestro nivel de vida y los servicios públicos no dependan de dónde vivimos.

                            Enrique Ortega

España crece cuatro veces más que la media europea, pero este fuerte crecimiento se concentra en 6 regiones, que son el motor de la economía y el empleo: Madrid (aportó el 19,6% del PIB de 2023), Cataluña (aportó el 18,8%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%) País Vasco (5,9%) y Galicia (5,2%), según los últimos datos del INE. Estas 6 autonomías aportaron juntas el 72,1% del PIB total de España (1.498.324 millones en 2023), con lo que las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla sólo aportan el 27,9% del PIB español. Una concentración de la producción que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, estas 6 autonomías aportaban el 71% del PIB español, casi como ahora. Y un dato más, que revela con claridad la desigualdad en el crecimiento: la aportación de la Comunidad de Madrid al PIB español (19,6% del total) equivale a la de otras 7 regiones juntas, Castilla y León (aporta el 4,7%), Castilla la Mancha (3,6%), Canarias (3,6), Aragón (3,1%), Murcia (2,7%) y Asturias(1,9%). Tremendo.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (293.069 millones en 2023, el 19,6%), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (281.845 millones producidos en 2023, en 18,8%). Tradicionalmente, la región que mas producía era Cataluña, pero en 2012 la superó Madrid y se mantiene por delante desde entonces. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), unos menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.593.136 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.305.260 millones producidos), Francia (2.822.455 millones) e Italia (2.128.001 millones de euros de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 15 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 30.968 euros por habitante (2023), frente a 38.130 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 14 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alta, Finlandia, Chipre y Eslovenia. Producimos menos que ellos por habitante.

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2023 publicados por el INE en diciembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (30.968 euros en 2023) la integran Madrid (42.198 euros por habitante, el 136,3% de la media), País Vasco (39.547 euros, el 127,7%), Navarra (37.088 euros, el 119,8% de la media), Cataluña (35.125 euros, el 114,1%), Aragón (34.658 euros, el 111,9%), Baleares (34.381 euros, el 111%) y la Rioja (32.828 euros, el 106% de la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (29.698 euros, el 95,9%), Galicia (28.644 euros, el 92,5%), Cantabria (28.461 euros, el 91,9%), Asturias (28.130 euros, el 90,8%) y la Comunidad Valenciana (26.453 euros, el 85,4%). Y el resto componen la España pobre: Murcia (25.887 euros, el 83,6% de la media), Castilla la Mancha (25.758 euros, el 83,2%), Canarias (24.345 euros, el 78,6%) y sobre todo, Extremadura (23.604 euros, el 76,2%), Andalucía (23.218 euros, el 75% de la media), Ceuta (22.751 euros, el 70,5%) y Melilla (produce 20.479 euros por habitante, el 66,1% de la media).

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 48,5%) y Andalucía el 55%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2023 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en el crecimiento de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Pero tras la mayor o menor productividad por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y además, España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más ha crecido la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia, la energía  y la elevada inflación.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 140.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta…

Mientras parece imposible pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno Sánchez pone encima de la mesa “el caramelo” de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías y traspasarla al Estado, con lo que las evitarían pagar unos 7.000 millones anuales en intereses. Es “un parche”, forzado por ERC, pero supondría “un alivio” para las autonomías, aunque debería aprobarse con 2 condiciones: que se utilice el “alivio” para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales (no para ahorrarse pagos, como han hecho con el IMV y la Dependencia) y que no bajen impuestos (las autonomías del PP se quejan de falta de recursos, pero han perdido 2.856 millones sólo en 2024 por bajadas de impuestos, que benefician a los más ricos).

En cualquier caso, urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población y su edad, la "España vaciada" y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y en paralelo, pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías menos productivas y más pobres, para reducir la brecha de productividad en una o dos décadas. Hay que “repartir geográficamente” el crecimiento. Porque no es de recibo que los españoles tengamos distinta renta y distintos servicios públicos según donde vivamos. Hay que recortar la histórica “brecha” entre las 3 Españas. Este debería ser el gran debate y no el de perdonar la deuda.

EPA 2024: empleo y paro récords, pero...

El empleo cerró 2024 con la creación de 468.100 nuevos empleos, la 3ª mayor subida, tras  2021 (+840.600 empleos) y 2023 (+783.000). Y lo más llamativo: el paro bajó al 10,61%, la menor tasa desde junio de 2008. Además, el empleo es de calidad: el 84,5% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido. Pero no podemos olvidar dos datos que pesan como una losa: España es el país con más paro de Europa y la OCDE y tenemos una baja tasa de empleo, por lo que necesitamos que trabajen otro millón largo de españoles más. No podemos “dormirnos en los laureles”. Hay que seguir modernizando la economía e invirtiendo para que trabaje más gente y baje más el paro. Habría que aprobar dos medidas: un Plan de choque para los parados mayores, mujeres, jóvenes y 6 regiones con alto paro y una reforma a fondo de las oficinas de empleo, gestionadas por las autonomías, que no funcionan. Pero ambas medidas exigen algo hoy imposible: acuerdos políticos, económicos y sociales.

                            Enrique Ortega

Otro año más, las Navidades no han sido buenas para el empleo, que sólo creció en +34.800 personas en el 4º trimestre, un pequeño aumento, aunque mejor que en las Navidades de 2023 (-19.000 empleos) y 2022 (-81.900 empleos). Pero como el resto del año fue bueno para el empleo, sobre todo la primavera (+434.700 empleos en el 2º trimestre), 2024 se ha cerrado con 468.100 personas más trabajando en España, según la EPA publicada el martes. Es el tercer mejor año para el empleo desde la pandemia, tras los anteriores récords de 2021 (+840.600 ocupados) y 2023 (+783.000 ocupados). Con este nuevo aumento, ya trabajan en España 21.857.900 personas, otro récord histórico, que supera con creces el mejor dato de nuestra historia, las 20.646.000 personas que trabajaban en junio de 2008. Y desde antes de la pandemia (2019), España ha creado 1.891.000 nuevos empleos.

En 2024, el aumento del empleo (+468.100 ocupados) se ha dado más entre los hombres (+260.700) que entre las mujeres (+207.400), concentrándose sobre todo en los mayores de 50 años (+328.100 empleos, el 70% del total) y entre los más jóvenes (+104.300 empleos entre los menores de 24 años), cayendo sólo la ocupación entre 40 y 45 años. Un dato relevante es el mayor aumento del empleo entre los extranjeros (+189.900 empleos, +5,72%) y con doble nacionalidad (+218.800 empleos, +21,95%)  que entre los españoles (+59.400 empleos, +1,30%), según el INE. Eso significa que sólo 1 de cada 8 empleos creados en 2024 han ido a españoles (el 12,6%), mientras el 87,4% del nuevo empleo fue para extranjeros y trabajadores con doble nacionalidad. Y que el 15,17% de los ocupados en España (1 de cada 6,6 trabajadores) son extranjeros.

La mejora del empleo en 2024 se ha debido casi toda al sector privado (+453.500 empleos) y apenas creció el empleo público (+14.600 ocupados). Y el motor del empleo volvieron a ser los servicios (+424.600 empleos), sobre todo por el turismo, la hostelería, el comercio, creciendo también en la industria (+55.300) y la construcción (+44.800), aunque cayó en el campo (-56.600 ocupados en agricultura). Por autonomías, el mayor aumento porcentual del empleo se ha dado en Asturias(+8,58%: +33.900 empleos), Baleares (+5,80%: +32.700 empleos)  y Navarra (+5,32%: +16.100 empleos), aunque en cantidad total, quienes crearon más empleo fueron Madrid (+139.500), Andalucía (+86.100) y Cataluña (+55.200). Y choca la caída del empleo en el País Vasco (-43.200) y Murcia (-6.600) y Extremadura (-900).

El aumento del empleo (+468.100) ha sido mayor que la bajada del paro, que se ha reducido en -265.300 personas en todo 2024, debido a que han vuelto a subir “los activos”, las personas que se han “animado” a buscar trabajo (han crecido en +202.800), alcanzando otro récord histórico (24.453.300 “activos”). Con todo, este año 2024 ha habido muchas menos personas que se han “animado” a buscar trabajo, sólo +202.800 frente a +682.400 en 2023 (la tercera parte). Eso puede deberse a una menor entrada de extranjeros y a que hay menos mujeres y jóvenes que buscan ahora trabajo. La consecuencia es que tenemos una cifra de parados de las más bajas de nuestra historia: 2.595.500 parados a finales de 2024. Y una tasa de paro del 10,61%, que ha bajado del 11% por primera vez desde junio de 2008 (entonces era del 10,36%), aunque todavía no hemos alcanzado “el suelo” de junio de 2007 (cuando la tasa de paro era del 7,93%).

El paro en 2024 ha bajado más entre las mujeres (-167.100) que entre los hombres (-98.200), aunque hay más paradas (1.362.600 frente a 1.232,900 parados) y tienen una mayor tasa de paro (11,83% frente al 9,53% los hombres). Y el paro ha bajado especialmente entre los que tienen de 25 a 54 años (-194.300 parados, el 73% de la bajada total), bajando mucho menos entre los menores de 24 años (-26.600 parados). Con ello, ha mejorado algo el paro entre los menores de 25 años (del 28,36 al 24,90%), aunque sigue siendo altísimo y casi duplica al paro juvenil en Europa (15,3% en la UE-27), cuadruplicando el alemán (6,4%).

El paro ha bajado sobre todo en los servicios (-100.000 parados) y entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-109.100 parados) y los que lo buscan por 1ª vez (-56.200 parados), estancándose la cifra de parados en industria, construcción y agricultura. Y resalta la bajada del paro en Asturias (-27,32%), Navarra (-26,99%), Canarias (-26.67%) y Baleares (-24,75%), quizás por el turismo, mientras destaca la subida del paro en 2024 en el País Vasco (+24,88%). Murcia (+18,32%) y Cantabria (+14,69%), según la EPA.

La histórica bajada del paro al 10,61% de los activos no puede hacernos olvidar que hay 6 regiones con una tasa de paro muy superior: Melilla (25,80%), Ceuta (21,79%), Andalucía (15,76%), Extremadura (15,26%), Comunidad Valenciana (12,33%) y Canarias (11,91%), mientras hay otras 8 autonomías que tienen una tasa de paro “casi europea”(5,9% es la tasa paro UE-27): Navarra (6,60%), Aragón (7,62%), Cataluña (7,87%), Asturias (8,09%, cuando tenía el 11,81% en 2023), País Vasco (8,11%, aunque tenía el 6,33% de paro en 2023), Baleares (8,20%), Castilla y León y Cantabria (8,23%), además de Madrid (8,58% de paro en 2024). Tampoco podemos olvidar que hay 833.500 hogares (el 4,3% del total) con todos sus miembros en paro (la cifra más baja desde 2008).

Pero hay otros datos del paro que son muy positivos. Uno, que ha subido el número de parados que reciben un subsidio, tras la reciente reforma del desempleo: son 1.802.483 parados, el 70,38% de los parados registrados (eran el 61,53% en 2019)  los que se benefician de alguna ayuda, según Trabajo (881.656 cobran un subsidio contributivo que ya está en 1.007 euros mensuales y el resto reciben un subsidio asistencial de 463 euros).  Y otro, que siguen bajando los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin encontrar trabajo: eran 999.700 parados a finales de 2024, el 38,51% de todos los parados, la mayoría de ellos parados mayores de 45 años y mujeres (558.300).

Junto a la bajada histórica de la tasa de paro (al 10,61%), el otro gran dato relevante de esta EPA 2024 es la calidad del empleo que tenemos, no solamente que la cantidad (21.857.900 ocupados) sea récord. Así, gracias a la reforma laboral (que entró en vigor en marzo de 2022), en 2024 no sólo trabaja mucha más gente sino que sigue aumentando el número de asalariados con contrato indefinido: eran 15.712.500 trabajadores, el 84,52% del total, cuando eran el 83,50% a finales de 2023 (y el 74,6% a finales de 2021). En cambio, han bajado algo los ocupados a tiempo completo (del 86,5% al 86%) y aumentan algo los trabajadores con contrato a tiempo parcial (del 13,50 al 14%), que ya han superado los 3 millones a finales de 2024 (de esos 3.059.000 empleos parciales, 2.121.000 los tienen mujeres).

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,4%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de empleos (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos de la EPA 2024 indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 10,61% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2023 trabajaban el 70,5% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,3% que trabajaban en Europa, el 74,4% en Francia o el 81,2% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,14 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,5 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 6 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra medida, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Pronto van a cumplirse 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan a menos del 3% de los parados y menos del 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 81.000 empresas y 26.227 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas por las autonomías (cada una a su aire).

En resumen, España crece y crea más empleo que el resto de Europa, pero no podemos "dormirnos" en los récords. Porque seguimos con un grave problema de fondo: trabaja menos gente y tenemos más paro que Europa. Resolverlo debería ser el gran reto y el primer objetivo de todo lo que hagamos, porque es la clave para mejorar el futuro. Pero no podemos hacerlo sin grandes acuerdos económicos, políticos y sociales. Y hoy son imposibles.

Vivienda: muchos Planes y pocos avances

La vivienda no tiene enmienda. Los alquileres subieron un +11,5% en 2024 y cuestan un 81% más que hace 10 años (los pocos que hay). Jóvenes y nuevas familias tampoco pueden comprar casa, porque ha subido +8,1% en 2024 (y +52% la última década). Y por eso, aunque bajan los tipos, sube la cuota de la hipoteca a pagar. Frente a esta grave situación, el PP presenta un Plan de 10 medidas para aplicar ahora en las 12 autonomías y 40% de Ayuntamientos que gobiernan. Y el Gobierno, ante el fracaso de su Ley de Vivienda, presenta otro Plan con 12 medidas. Muchas coinciden, pero no tienen voluntad de acuerdo. Y sin un Pacto entre Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, promotores y bancos es imposible construir y poner en alquiler las 600.000 viviendas que hacen falta. Se puede hacer, actuando sobre el suelo, los Planes urbanísticos, la financiación y las ayudas, frenando los alquileres turísticos y de temporada. Pero es imposible si cada uno va por su lado. Siéntense y pacten medidas eficaces.

                            Enrique Ortega

El año 2024 ha sido nefasto para los que buscan alquilar o comprar una vivienda. Los alquileres han subido otro 11,5% (+15,3% en Madrid y +13,9% en Barcelona), según el portal Idealista, que se suma a la subida del +69,5% acumulada entre 2014 y 2023. Con ello, los alquileres han subido +81% en la última década y se sitúan ya en un nuevo máximo: 13,5 euros/metro cuadrado, una media de 1.215 euros por un piso de 90 metros. Pero hay muchas ciudades donde el alquiler medio cuesta mucho más: Barcelona (23,4 euros/m2, 2.106 euros por una casa de 90m2), Madrid (20,7 euros/m2, 1.863 euros de alquiler), San Sebastián (18 euros/m2), Palma (17,2), Málaga y Valencia (14,9 euros/m2). De hecho, los alquileres están en máximos históricos en 31 de las 52 capitales españolas. Además, hay pocos alquileres en el mercado y los que salen duran horas, con los caseros “seleccionando” inquilinos.

Ante la falta de alquileres y su elevado precio, hay familias que buscan comprar piso, más ahora que han bajado los tipos. Pero también es muy difícil, porque el precio de compra se ha disparado: las viviendas subían un +8,1% anual en septiembre de 2024 (según el INE), el mayor aumento de los últimos años, acumulando una subida del +51,9% desde 2014. Con ello, una vivienda usada (las nuevas son más caras) costaba en diciembre 2.271 euros/m2, un nuevo máximo histórico, según el portal idealista. Eso supone pagar 204.390 euros por un piso de 90 metros cuadrados. Pero en las grandes ciudades, el precio de una casa se duplica: 4.952 euros/m2 en Madrid (445.680 euros por 90 m2), 4.700 euros/m2 en Barcelona (423.000 euros), 4.442 euros/m2 en Palma, 3.491 euros/m2 en Bilbao, 3.241 euros/m2 en Málaga, 3.035 euros/m2 en Cádiz, 2.836 euros/m2 en Valencia y 2. 827 euros/m2 en Pamplona. Y las casas en venta también “vuelan”, por la alta demanda, los inversores y especuladores, dispuestos a no a regatear y pagar más.

Y además, con estos precios de compra disparados, los jóvenes y familias se encuentran con que tienen que pagar ahora una mensualidad más alta de hipoteca para comprar, aunque hayan bajado los tipos. Así, un piso medio de 90m2, que costaba 162.900 euros de media a finales de 2001, costaba 201.906 euros en 2023 y cuesta ahora 204.390 euros. Y por eso, aunque ha bajado el Euribor, la hipoteca (por el 80% del valor) ha pasado de costar 462,94 euros en 2021 a 855 euros en  2023 y 812 en diciembre de 2024. Mínimo ahorro. Pero en las grandes ciudades, donde los pisos han subido mucho más, la cuota hipotecaria es ahora más cara que en 2023 (y que en 2021): por ejemplo, en Madrid, 1.771 euros al mes ahora frente a 1.714 euros hace un año y 821 euros en 2021.

En definitiva, que alquilar o comprar casa es prohibitivo y casi el 40% de los que lo consiguen tienen que destinar más del 40% de sus ingresos al gasto en vivienda, según el Banco de España, muy por encima de los que tienen esta alta factura en Europa (27% de las familias en la UE-27, 17,5% en Francia o Alemania y el 28% en Italia). Por todo esto, hay que afrontar este grave problema de la vivienda, que ya es la primera preocupación de los españoles, según el último Barómetro del CIS. Un problema que no sólo angustia a muchas familias y jóvenes (el 60% de los jóvenes hasta 35 años viven con sus padres) sino que es también un grave problema económico, porque frena la expansión de empresas y negocios.

Al inicio de 2025, parece que los políticos “han tomado nota” de la preocupación masiva por la vivienda. El 12 de enero, el PP contraprogramó una Cumbre autonómica en Asturias para adelantarse al Gobierno y presentar un programa político, con un anexo de 10 medidas para la vivienda, tras años de inútil gestión autonómica y municipal y cuando gobiernan en 12 autonomías y en el 40% de Ayuntamientos (31 capitales). Las medidas se centran en agilizar la gestión del suelo (después de vetar en mayo de 2024  la reforma urgente de la Ley del Suelo propuesta por el Gobierno y solicitada por muchos Ayuntamientos) y en bajadas de impuestos para compradores y caseros, facilitando el acceso a hipotecas, fomentando la rehabilitación y reforzando la lucha contra la ocupación ilegal (los “okupas”, su obsesión y la de Vox).

Al día siguiente, 13 de enero, el presidente Sánchez anunció  un Plan con 12 medidas para mejorar la situación de la vivienda, a la vista que su Ley de Vivienda (en vigor desde mayo 2024), no ha sido eficaz y los topes al alquiler (impuestos en su día por Podemos y Sumar) han sido contraproducentes: muchos propietarios han dejado de alquilar, desviando sus pisos al alquiler de temporada o al alquiler turístico o han vendido su vivienda. El hecho, corroborado por el sector inmobiliario, es que la Ley y los controles de precios (y el tope de subida) han provocado una caída del 33% en la oferta de alquileres entre 2019 y 2024, según los datos de Idealista. Pero hay capitales donde la oferta de alquileres ha caído mucho más: en Barcelona (-75%: han “desaparecido del mercado” 3 de cada 4 viviendas en alquiler), Oviedo (-55%), San Sebastián (-55%), Las Palmas (-51%), Madrid (-46%), Palma (-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo, (-42%) y Burgos (-40%). Y ha caído también en Málaga y Valencia (-33%), en Sevilla y Alicante (-32%).

El Gobierno sigue defendiendo su Ley y los topes a los alquileres en las zonas “tensionadas”, argumentando que el único sitio donde se han aplicado (Barcelona y su área metropolitana), los alquileres han bajado entre un 3% y un 5%. Pero muchos expertos lo atribuyen a la caída de contratos y reiteran que el intervencionismo de la Ley ha sido contraproducente. Y piden medidas para aumentar la oferta de viviendas, la verdadera causa que explica los precios disparados de alquileres y compraventas: hay unas 300.000 personas que buscan piso cada año (jóvenes, inmigrantes y nuevas familias) y en 2024 sólo se construyeron 90.000.

El nuevo Plan del Gobierno para la vivienda busca ahora aumentar la oferta de viviendas. Por un lado, se transfieren a la empresa pública de vivienda (SEPES) 3.300 viviendas públicas, otras 13.,000 de la SAREB (que traspasará hasta 40.000) y 2 millones de metros cuadrados de suelo público (mucho de Defensa), concediéndola además la prioridad para adquirir suelo en el mercado (para evitar que caiga en manos de especuladores). Además, las viviendas públicas que se promuevan o adjudiquen mantendrán indefinidamente su titularidad pública y no se podrán vender (como hasta ahora), lo que permitirá ampliar el parque público (sólo el 2,5% del total, frente al 7% de media en Europa). Otra medida es destinar Fondos europeos a crear “una industria de la construcción”, que avance en fabricar viviendas modulares, para acelerar plazos de construcción y reducir costes.

Hay tres medidas del Plan dirigidas a aumentar la oferta de alquileres. Una, un sistema de garantías públicas para asegurar a los propietarios el cobro del alquiler (como hace el programa Bizigune en el País Vasco) y avales a los inquilinos para casos de impago. Otra, ayudas a los propietarios que rehabiliten su vivienda para alquilarla (a precio asequible). Y la tercera, una exención fiscal a los propietarios que alquilen: el 100% de lo que ingresen no pagará impuestos (siempre que se ajusten a los límites de subida aprobados y que publica el INE). Las tres medidas buscan “animar” a los caseros a alquilar, dado que hay 4 millones de viviendas vacías, aunque sólo 400.000 están en zonas “tensionadas”.

Otras medidas del Plan del Gobierno afectan a las viviendas turísticas (pagarán el 21% de IVA, como cualquier otro negocio), a los alquileres de temporada (se ha creado un registro obligatorio y un Fondo para que los Ayuntamientos aumenten las inspecciones) y a las compras de pisos por extranjeros no comunitarios (compraron 27.000 viviendas en 2023), a los que se sube un 100% los impuestos a pagar. Además, se propone a las sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI) un mejor trato fiscal si promueven viviendas con un alquiler asequible. Y, finalmente, anuncian un Plan de Vivienda 2026-2029, que ampliará las ayudas existentes para jóvenes, mayores, discapacitados y residentes en zonas tensionadas.

Estas 12 medidas del Plan del Gobierno son un avance, pero insuficiente. Se avanza con la empresa pública de vivienda, pero falta un presupuesto (no hay Presupuestos) y más medios. Las ayudas fiscales para “animar” a los caseros están bien, pero si están condicionadas a unos topes y subidas, no funcionarán (como no han funcionado las de la Ley de Vivienda). Y, sobre todo, son muy “suaves” las medidas para frenar los pisos turísticos (ojo, 396.883 en agosto de 2024, según el INE, representado el 25% y hasta el 35% del alquiler en zonas de muchas ciudades) y los alquileres de temporada (han crecido un +182% en los últimos 5 años y ya suponen el 14% de los alquileres), básicamente porque su competencia es autonómica y municipal, no estatal. Y en cuanto a los impuestos a la compra de extranjeros no UE, es “el chocolate del loro”, porque el grueso de estas compras (que suben los precios) son los  compradores europeos (en Baleares, Alicante, Canarias, Murcia o Cataluña).

Se echa en falta en las medidas una actuación más radical en las 4 áreas donde nos jugamos la solución del problema de la vivienda: suelo, planeamiento, financiación y promoción pública de viviendas. En España, hay suelo para construir, pero hace falta catalogarlo (no se sabe dónde y cuánto) y sobre todo prepararlo para que sea urbanizable y esté a disposición de los promotores, lo que exige más inversiones y menos burocracia. Además, hay que agilizar el planeamiento de las ciudades, porque ahora se tarda 10 años y si hay reclamaciones, el plazo se demora 15 años más (de ahí el intento de reforma de la Ley del Suelo).

En tercer lugar, hay que buscar financiación suficiente, pública (hay que “territorializar” el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y especializarlo más en la vivienda) y privada, alcanzando un acuerdo con los bancos para que vuelvan a financiar la vivienda, sobre todo la protegida (VPO), lo que exige actualizar precios (módulos) y dar facilidades (suelo y planeamiento) a los promotores privados, actuando también para reducir los costes de construcción, facilitar mano de obra formada (el sector dice que no encuentra personal) y agilizar los procesos (hoy se tardan 100 meses en una promoción y habría que bajarlo a 50 meses).

Y sobre todo, hay que impulsar la promoción pública de viviendas, porque es ridícula: sólo 5.241 viviendas protegidas hasta septiembre 2024 (y 8.847 en todo 2023), frente a 68.587 VPO terminadas en 2008. Eso exige que las autonomías y Ayuntamientos destinen muchos más recursos a promover VPO, con dinero público (y privado). Ir construyendo año tras año un parque de VPO, sobre todo para alquilar: harían falta 150.000 viviendas públicas al año para tener en 10 años (1.500.000 VPO más) un parque de VPO “europeo”. Y el mayor esfuerzo (con financiación estatal) debe venir de las autonomía y Ayuntamientos, que ya apenas promueven viviendas (sí conciertos, corridas de toros y fiestas…).

Actuando en estos 4 frentes (suelo, planes urbanísticos, financiación y promoción pública), cortando de raíz las fugas de alquileres (a uso turístico y alquileres de temporada) y facilitando a los propietarios que alquilen sin miedo (y sin imposiciones), podría empezar a resolverse el problema de la vivienda en España, que exige tiempo: habría que construir 150.000 viviendas al año y sacar al alquiler otras 150.000 para atender a la demanda esperable (y eso no resolvería el déficit actual). Pero para conseguirlo, hace falta un requisito previo: el acuerdo entre todos los que deciden en la política de vivienda (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos) y los “actores” imprescindibles para avanzar (promotores, constructores, bancos, propietarios e inquilinos). Si no hay un gran Pacto por la vivienda, no avanzaremos.

Ahora, el Gobierno tendrá que concretar y poner en marcha sus medidas. Y luego, tendrá que llevarlas al Parlamento y conseguir aprobarlas. Muchas de ellas, como la reforma de la Ley del Suelo, los alquileres de temporada o las ayudas fiscales han sido vetadas en el Congreso por el PP y Vox (algunas con ayuda de Junts y PNV). Así que es prioritario un gran Pacto de Estado por la vivienda, como ya han pedido los promotores (APCE). Ver las propuestas de cada uno e intentar consensuar medidas que promuevan más viviendas en construcción y más alquileres en el mercado, más oferta para rebajar unos precios disparados.

No parece fácil lograr un Pacto, pero sin acuerdos no avanzaremos: ni el Gobierno podrá aprobar y aplicar sus medidas ni las autonomías y Ayuntamientos gestionarán mejor. Están condenados a entenderse, a resolver un problema que es un clamor social. Si no lo hacen, los jóvenes y familias con menos recursos seguirán sin casa. Y 9 millones de inquilinos seguirán malviviendo, porque tendrán que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagarse un techo. No podemos tolerarlo.

13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.