Carburantes: otro verano con precios récord

Nueva Operación Salida esta semana y nueva subida prevista de los carburantes, que llevan subiendo desde finales de junio. Se repetirá así la historia del verano 2012, cuando los carburantes batieron en agosto su récord histórico: 1,52 euros el litro de gasolina. Y todo porque el sector petrolero sigue sin competencia, dominado por un triopolio (Repsol, Cepsa y BP) que controla el 73% del mercado y el 80% de las gasolineras. El Gobierno les ha abierto  en mayo otro expediente por falta de competencia, que se suma al de marzo por el “efecto lunes”: bajan precios para quedar bien en las estadísticas que mandan a Bruselas y los suben el martes. La reforma aprobada por el Gobierno en febrero para abrir el mercado y forzar la competencia tardará en surtir efectos (limitados). Mientras, hacen falta multas ejemplares para que no abusen de su poder a costa de nuestros bolsillos.

enrique ortega

Se repite la historia del año pasado con los carburantes: en junio, estuvieron bajando todo el mes, hasta que subieron la última semana, para aprovechar la primera Operación Salida de las vacaciones, con lo que dispararon el IPC. Y en julio han seguido al alza (+2,1% la gasolina y +2,4% el gasóleo), con precios más altos que hace un año (+9,27% gasolina y +7,15% el gasóleo), a la espera de una segunda fase de la Operación Salida del verano, donde Tráfico espera 80 millones de desplazamientos, dos millones más que el verano pasado. Y así, podemos esperar que, a finales de agosto, coincidiendo con la vuelta de vacaciones, volvamos a ver precios récords, como en agosto de 2012, cuando la gasolina alcanzó los 1,522 euros por litro y el gasóleo 1,450 euros.

A más demanda, las petroleras aprovechan para subir los precios, que también suben en los mercados internacionales de carburantes. Y eso, básicamente, porque no hay competencia. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió, a finales de mayo, una investigación a las petroleras (incluso con registros sorpresa en sus oficinas, que se han repetido a finales de julio) por “posibles prácticas restrictivas de la competencia”, para intentar demostrar posibles acuerdos para fijar precios. Además, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) les abrió en marzo otro expediente por el “efecto lunes”: acordar bajar precios el lunes, día que se envían a Bruselas, para subirlos el martes, una práctica comprobada desde el verano pasado (ahora es el "efecto viernes", día que Repsol baja los carburantes y muchos le siguen). Y como tercer frente, la CNE investiga a las gasolineras de Aragón, País Vasco y Rioja (las tres únicas autonomías sin “céntimo sanitario”) porque están aprovechando su menor fiscalidad para subir precios.

El problema de fondo es que en el sector petrolero español, liberalizado hace 15 años, hay poca competencia y está dominado por tres empresas : Repsol, Cepsa (controlada por IPIC, la empresa estatal de Abu Dabi) y la británica BP. Un triopolio que controla toda la cadena del  negocio, desde la compra internacional de crudo y carburantes, el refino (las 9 refinerías que hay en España son suyas, mientras en otros países hay entre 5 y 10 operadores refinando), el almacenaje, transporte y distribución (tienen el 29,15% de CLH, la antigua CAMPSA y controlan la logística) y, sobre todo, la venta en gasolineras: controlan el 73% de la venta de carburantes (45% Repsol, 16% Cepsa y 12% BP), aunque en la mayoría de provincias (Madrid incluida) superan el 80% del mercado con gasolineras propias o abanderadas. Un poder que contrasta con el de las grandes petroleras en Francia (50% mercado) o Italia (31%).

Y gracias a este poder, el triopolio es capaz de adelantar o retrasar compras de carburantes, establecer cuellos de botella en la logística que perjudiquen a la competencia y forzar a las gasolineras a pactar precios (a cambio de mejores comisiones), como denuncia un detallado informe de la CNC, que ya les impuso en 2009 una multa de 7,9 millones por pactar precios.

El resultado de este enorme control del mercado por las tres hermanas es que sus márgenes son más elevados que en Europa. El precio de los carburantes se compone de tres partes: coste del petróleo o carburantes en el mercado internacional (para España, en Rotterdam y Génova), los impuestos y el margen bruto, que incluye los costes del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización (venta en gasolineras). Y resulta que el coste de los carburantes sin impuestos es más alto en España que en la media de Europa: +4,4 céntimos por litro la gasolina y +2,7 céntimos el gasóleo. Y eso se debe a que las petroleras en España tienen más margen, bien porque tienen más costes (menos eficiencia) o más beneficios o las dos cosas.

De hecho, España es el país europeo donde las petroleras han aumentado más sus márgenes brutos con la crisis, entre 2007 y 2010: un 21% en el gasóleo (80% ventas) frente al 16% en Francia, 9% en Italia, 7% en Reino Unido o 5% en Alemania, según la CNC. Otro dato revelador. En 2006, el margen bruto de los carburantes era 16 pesetas litro (9,68 céntimos de euro), que se repartían a medias entre petroleras y gasolineras. En 2012, este margen bruto es de 27 pesetas (16,22 céntimos), que ahora van un tercio a la gasolinera (5,4 céntimos litro) y dos tercios a las petroleras (10,8 céntimos litro), aunque ellas dicen que la mayor parte son costes (financieros, transporte, almacenamiento y distribución) y que sólo ganan entre 1 y 1,5 céntimos por litro.

Al final, aunque el margen de las petroleras es mayor en España, los usuarios pagamos los carburantes más baratos que la mayoría de europeos (13,2 céntimos/litro más barata la gasolina y 8,3 céntimos litro más barato el gasóleo que la media UE-28) .Y eso, porque pagamos menos impuestos, aunque ya suponen la mitad del precio de la gasolina (49,89% frente al 55% en UE) y algo menos en el gasóleo (45.08% frente al 50% en UE). Y eso, por la fuerte subida de impuestos a los carburantes desde 2009, nada menos que 18 céntimos por litro, debido a la subida de los impuestos especiales (2009), dos subidas del IVA (la última, en septiembre 2012, supuso 3,5/3,6 céntimos por litro), las subidas del céntimo sanitario en once autonomías (+2.2/2,5 céntimos litro sólo en 2012) y la subida en enero 2013 de la fiscalidad a los biocarburantes (+2,4/+2,6 céntimos litro gasolina/gasóleo).

Ahora, la Comisión Europea presiona a España para que suba aún más estos impuestos y los ponga “a nivel europeo”, para lo que Rajoy tiene de plazo hasta marzo de 2014. Eso supondría una subida del 9% para la gasolina (12 céntimos litro) y 6% para el gasóleo (9 céntimos litro), lo que sería la puntilla al transporte profesional y al consumo de carburantes, que en 2012 ya bajó a niveles de 2002. Por ello, el Gobierno quiere, antes de subir impuestos, forzar a las petroleras a bajar sus márgenes, para lo que aprobó una reforma en febrero en dos frentes. Por un lado, limitar el poder de las grandes petroleras: les prohíben recomendar precios a las gasolineras, les obligan a revisar y acortar los contratos con ellas (de 5 años a 1), no podrán abrir nuevas donde tengan más del 30% de mercado y se revisará el funcionamiento de CLH y el mercado mayorista. Por otro, se facilita que otras empresas abran gasolineras en centros comerciales, polígonos industriales y cooperativas, para fomentar la competencia.

Las medidas están bien, pero tardarán años en surtir un efecto limitado, quitando al triopolio sólo entre un 5 y un 10% del mercado (como mucho). Por eso, debe irse a fondo en las investigaciones y los expedientes, con multas ejemplares que limiten los abusos de las petroleras. Y en paralelo, hay que mantener las ayudas (Plan PIVE)  para cambiar de coche (un 40% del parque tiene más de 10 años y consumen un 15% más) y fomentar el transporte por tren y barco (en España, un 83% de las mercancías van por camión, frente al 45% en la UE), para reducir el consumo y la factura de los carburantes. Porque, con mayores o menores márgenes (al final, se podrían ganar sólo unos 5 céntimos por litro, el chocolate del loro), llenar el depósito será cada vez más caro. Por el petróleo y por los impuestos, márgenes aparte.

Pelea por la alimentación, del campo al súper

Cuando vamos al súper, no sabemos la pelea que hay detrás de los alimentos que compramos, entre los agricultores y ganaderos que los producen, las industrias que los transforman y los supermercados que nos los venden. Cada uno busca su margen, en una cadena que nos pone el carro de la compra por las nubes. Pero en esa pelea, los que venden al final son los que se llevan la mejor parte, porque son muy poderosos: cinco grandes supermercados controlan el 64% del mercado de los alimentos, un 27% sólo uno, Mercadona. Y con esa fuerza, imponen sus condiciones, marcas blancas y precios. Ahora, el Gobierno ha aprobado una Ley para evitar abusos, aplaudida por el campo y las industrias. Falta ver que no acabe subiéndonos más los precios a los consumidores, después que en 2012, con la recesión, haya caído el consumo de alimentos, por primera vez en dos décadas.

enrique ortega

Los españoles nos gastamos unos 60.000 millones de euros al año en comer y beber, unos 4.100 euros por hogar (7 de cada 100 euros del gasto familiar). Un pastel por el que se pelean cada día tres sectores: los que producen los alimentos, los que los fabrican y los que los venden. Una cadena con una fuerza muy desigual: frente a un millón de agricultores y ganaderos muy dispersos (en realidad sólo 330.000 producen efectivamente alimentos para vender) hay 30.000 industrias (la mitad pequeñas, con menos de 2 trabajadores, y sólo una decena venden más de 2.000 millones) y una docena de grandes distribuidores (híper y grandes supermercados) que les compran a ambos y controlan la venta final a los consumidores: qué se vende, con qué calidad y a qué precio. Son los que mandan.

El problema de esta cadena alimentaria es que al final se produce un embudo: los alimentos han de pasar por el control de los distribuidores, que son los que los venden. Y son pocos y con mucho poder. Cinco de ellos controlan el 64 % de la distribución (2011), según un estudio de The Battle Group: Mercadona (27%), Carrefour (12,2%), grupo Eroski (9,6%), Día (9,4%) y grupo Auchan-Alcampo (5,8%). Y ese poder les ha llevado a imponer sus condiciones de compra a agricultores, ganaderos e industrias alimentarias. Incluso fijando condiciones abusivas, según denunció la Comisión de Defensa de la Competencia (CNC): pagos y condiciones especiales por vender productos, retraso en los pagos, publicidad ilícita y gestión desigual de marcas… Y han utilizado técnicas de vender a pérdidas “productos gancho”(leche, aceite, conejo), tirando precios y hundiendo a agricultores y ganaderos.

Con todo, el gran cambio ha sido el lanzamiento de las marcas blancas de estos distribuidores, convertidos así en “juez y parte”: venden artículos de marca de productores e industrias y venden a la vez sus marcas blancas. Y ayudan a sus marcas con prácticas que se consideran abusivas y que desvela un informe de The Battle Group: les cargan menores márgenes que a las marcas de fabricantes (entre 2 y 28 veces menos), les colocan mejor en sus estanterías y les dan un mejor trato en compras y pagos. El resultado ha sido el boom de las marcas blancas, apoyado en su bajo precio y alta calidad: ya suponen el 36,7 % de la cesta de la compra (eran el 22% en 2004), según Nielsen. En alimentación, las marcas blancas acaparan ya el 43,5% del mercado, en bebidas el 20%, en droguería y limpieza el 50,8% y en perfumería e higiene el 22,4% de las ventas.

Las marcas blancas se han consolidado en nuestras compras (España es el cuarto país donde tienen más peso en Europa), pero eso ha dado una fuerza tremenda a los cinco grandes distribuidores, en especial a Mercadona, la que más crece. Y están pasando tres cosas. Una, que las marcas blancas están hundiendo a muchas industrias y marcas de fabricante, expulsando competidores. Y con ello, han podido subir los precios de sus marcas blancas,  como demuestra el estudio de The Battle Group. Y la tercera, que su política de compras (y ventas a pérdida, con “precios escaparate”) está hundiendo el campo.

Por ello, agricultores, ganaderos e industrias llevan años pidiendo medidas al Gobierno, acusando a los grandes distribuidores de oligopolio, sobre todo en algunas autonomías (Mercadona controla el 41,6% de las ventas alimentarias en la Comunidad Valenciana y el 32,4% en Andalucía, mientras Eroski controla el 46,3% de las ventas en Euskadi, donde va a entrar ahora Mercadona, con 25 nuevos supermercados). El Gobierno Zapatero sacó una Ley de la cadena alimentaria en julio de 2011, pero no pudo aprobarse por el adelanto electoral. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado una nueva versión, muy similar, que está en el Congreso y podría salir en julio, unos meses antes de que Bruselas apruebe una normativa comunitaria para dar transparencia al mercado alimentario.

La Ley que se debate en el Parlamento obliga a productores, industria y distribuidores a hacer contratos por escrito en la compra de alimentos y productos, prohibiendo las ventas a pérdida y las prácticas comerciales abusivas, así como la gestión ilícita de marcas. Y establece multas de 3.000 a 1 millón de euros. Además del palo de la Ley, habrá la zanahoria de “Códigos de buenas prácticas” en los contratos alimentarios, todo ello supervisado por una Agencia de Control Alimentario y un Observatorio que vigilará conductas y precios. Una Ley aplaudida por las organizaciones agrarias y la industria alimentaria, porque traerá más control y transparencia, aunque el gran poder de las distribuidoras está ahí. Y como ahora tendrán más complicado imponerlo, puede que las nuevas normas (criticadas por la CNC) se acaben traduciendo, para los consumidores, en futuras subidas de precios de los alimentos.

Pero algo había que hacer, porque las marcas blancas y los grandes supermercados están cambiando nuestros hábitos de consumo. Con el gancho de comprar más barato, tenemos menos donde elegir y hay menos innovación en los alimentos (son las marcas de fabricantes las que lanzan el 80% de los nuevos productos, según un estudio de ESADE). Además, han desaparecido las tiendas tradicionales (28% ventas) y han caído incluso los híper (16%), que se han dejado juntos un tercio del negocio en beneficio de los grandes supermercados (47% ventas), por  el tirón de las marcas blancas.

Quizás sea ir contra corriente poner orden en el mercado alimentario, pero si no apoyamos al campo, cada vez habrá menos agricultores y ganaderos dispuestos a producir alimentos (no les compensa y cierran, como han hecho 40.000 de los 60.000 productores de leche que había hace una década). Hay que ayudarles a que se organicen y monten cooperativas fuertes, que puedan negociar con los grandes distribuidores (hoy, las 4.000 cooperativas españolas venden casi lo mismo que las cuatro grandes cooperativas de Holanda). Hay que ayudar a la industria alimentaria española, para que compita con transparencia, innove y exporte, porque es algo con lo que podemos competir fuera. Y todo ello, simplificando y haciendo transparente la distribución, porque no es de recibo que los alimentos tripliquen y cuadrupliquen su precio del campo al súper, según demuestra cada mes el Observatorio de precios.

Precisamente, los precios altos y la recesión han dado la puntilla al consumo de alimentos, que ha caído en 2012, según Nielsen, por primera vez en varias décadas. Hay que cambiar el modelo, aprovechando la nueva Ley. Sin reglas claras y precios transparentes en la alimentación, sufriremos todos, menos los grandes distribuidores. Y con la comida no se juega.

Carburantes en máximos: se buscan culpables

Los carburantes, el gasóleo y la gasolina, están en precios máximos, tras un agosto de fuertes subidas y el aumento del IVA en septiembre. El Gobierno está preocupado porque los carburantes han desbaratado el IPC y ha lanzado una cruzada contra las petroleras, acusándolas de tener altos márgenes. Pero es una ofensiva demagógica, ya que el margen es de céntimo y medio por litro, mientras los impuestos suponen casi la mitad del precio de los carburantes y volverán a subir en enero. Eso sí, a las petroleras hay que culparlas de poca competencia y de que retrasan las bajadas de precios. Pero el problema de fondo es que España consume e importa el doble de gasóleo que Europa y somos muy dependientes de un carburante que va a seguir subiendo. Hay que hacer otra política energética.

enrique ortega

Con las vacaciones subieron los carburantes, entre un 12% y un 16% este verano. Y la subida del IVA en septiembre, del 18 al 21%, fue la puntilla: +3,50 céntimos cada litro de gasóleo y +3,60 céntimos las gasolinas. Con ello, septiembre empezó con máximos históricos en los carburantes: más de 1,522 € litro la gasolina y 1,444 el gasóleo, que siguen altos esta semana (1,518 la gasolina y 1,441 el gasóleo). Precios que suponen pagar 10 euros más por llenar el depósito que hace un año.

Las alarmas han saltado en el Gobierno, tras conocer que los carburantes fueron culpables de más de la mitad de la subida del IPC de agosto (0,33 del +0,6 %), que subió la inflación anual al 2,7% (lo que obligará, si no se corrige, a gastar unos 4.000 millones en revisar pensiones). Y se han lanzado a una cruzada para bajar precios (unos días después de subir el IVA), echando la culpa a los márgenes de las petroleras, a las que han pedido que contengan precios y les amenazan con tomar medidas: facilitar la apertura de más gasolineras y ponerles más impuestos.

Lo de los márgenes elevados suena popular, pero no es verdad: las petroleras ganan un céntimo y medio por litro, el chocolate del loro en estas subidas. Los culpables hay que buscarlos en otros sitios, tras analizar los tres principales componentes (ver gráfico) del coste de los carburantes: los precios de la energía, los impuestos y los costes y márgenes.

Casi la mitad del precio de los carburantes (44,6% en gasolinas y 48,5% en gasóleos) lo determina el precio de la energía, pero no el petróleo, sino la cotización de los gasóleos y las gasolinas en dos mercados, el de Marsella (70% del precio) y el de Rotterdam (30%). Este verano, el petróleo Brent subió de 90 a 114 dólares (11 cts. por litro), pero subieron más los precios internacionales del gasóleo (12 cts.) y la gasolina (13 cts.), por la mayor demanda ante las vacaciones, el embargo a Irak y la crisis de Siria, la paralización de algunas refinerías en Estados Unidos y Venezuela, las bajas existencias de carburantes en EEUU y la bajada del euro (-7% de mayo a agosto), que encarece unos carburantes que se pagan en dólares.

Pero casi la mitad del precio de los carburantes en España son impuestos ( 47,7 % en gasolinas y 42,7% en gasóleo), que no han parado de subir : +2,9 céntimos de impuestos especiales en junio 2009, aumento del céntimo sanitario que cobran 11 autonomías (+4,80 céntimos por litro y + 7,20 céntimos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y León), más dos subidas del IVA, una en julio 2010 (del 16 al 18%) y otra ahora (al 21%). En total, 18 céntimos por litro en tres años, una subida del 42% en gasóleos (y 34% gasolinas).

Y queda el tercer bloque, otros costes y margen (7,6% del precio en gasolinas y 8,6% en gasóleos). Aquí, las petroleras incluyen los costes de transporte, almacenamiento, reservas estratégicas (92 días), comercialización, gastos financieros, incorporación obligatoria de biocarburantes, margen de la gasolinera y margen de la petrolera, que estiman en un 1%, un céntimo y medio por litro. O sea, que pagamos menos de un euro (82,5 céntimos) de beneficio bruto a la petrolera cada vez que llenamos el depósito (55 litros, unos 80 euros), mientras pagamos 38 euros por el combustible, 35 euros de impuestos y 6 euros por otros costes.

Aclarado el escandallo, sí hay que achacar a las petroleras dos culpas. Una, que tienen mucho poder (entre Repsol, Cepsa y BP tienen el 64% del mercado) y hay poca competencia entre ellas: incluso, en 2009, la Comisión de la Competencia (CNC) les puso una multa de 7,9 millones por acuerdos para fijar precios. Y la otra, que en ocasiones retrasan el traslado a los conductores de las bajadas de los precios internacionales (“los precios suben como cohetes y bajan como plumas”), algo que niegan. Ahora, el Gobierno ha encargado a la CNC que haga un nuevo informe para ver si hay competencia y transparencia.

Con todo, los carburantes en España tienen un precio en la media europea. Antes de impuestos, la gasolina es la 4ª más barata de la zona euro (tras Francia, Irlanda y Austria) y el gasóleo el 7º más barato, siendo más caro en Alemania, Finlandia, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo. Y si contamos los impuestos, menores que en la mayoría de Europa, la gasolina es la 2ª más barata de la zona euro  (tras Luxemburgo) y el gasóleo, el 3º más barato en los paises euro (tras Luxemburgo y Francia).

El problema es que, aunque los carburantes estén “a precio europeo”, consumimos e importamos más, con lo que España es muy dependiente: importamos el 38% del gasóleo, frente al 10% en Europa. Y eso porque tenemos un mayor consumo de gasóleo (80% de los carburantes frente al 55% en Europa), por nuestro mayor parque de diesel (52% frente al 37%  UE), por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España frente al 45% en UE-27). O sea, somos más vulnerables a las subidas de precios, que van a continuar este otoño (por la mayor demanda del gasóleo de calefacción) y a las subidas de impuestos: en enero, los carburantes subirán entre 3,5 céntimos por litro (gasolina) y 4,5 (gasóleo), al desaparecer las exenciones fiscales a los biocombustibles.

Frente a cruzadas mediáticas contra las petroleras, el Gobierno debía cambiar la política energética: reducir el consumo y la importación de gasóleo (acelerando la reconversión de nuestras refinerías),ayudar a renovar el parque de vehículos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más que los nuevos) y fomentar de verdad el coche híbrido y eléctrico (testimonial) y la utilización del transporte público (que sube sin parar). Sólo así podremos reducir de verdad nuestra carburodependencia, que se lleva cada mes más parte del sueldo. Es urgente.