Quedan 100 días para adjudicar Fondos UE

A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano (“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el 7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos Europeos han sido y son claves para modernizar la economía, crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro.

                          Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas. El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.

El 6º pago de Fondos europeos lo ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256 millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294 millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en trámite.

El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166 millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al 31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de euros, el 71% de los Fondos disponibles, según el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas (70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido 17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías renovables, transición energética y movilidad sostenible.

Como se ve, aún quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados, como España.

Por eso, la propia Comisión Europea aprobó en junio de 2025 una Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición, el Gobierno aprobó el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total), reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato), lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.

Tras la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley (difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas, que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854 millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa (como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el presidente Sánchez planteó en la última Cumbre informal de Chipre (24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas, una prórroga que sería bien vista por otros paises.

Si es complejo adjudicar en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta más complicado aprobar en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje” de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega (24.166 millones). Entre estas reformas prometidas a Bruselas y que están paradas están la subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no tengan que convalidarse en el Congreso.

Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca, máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad nacional”, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854 millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos perder el 10% (unos 10.000 millones).

El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que no se gaste: este martes aprobó la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación, unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización, descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con Fondos UE.

En definitiva, España tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española, disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear 3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.

Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan de recuperación va lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más (hay más de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas, un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100 días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías, Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones. Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.

2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

Sin más reformas no hay más Fondos europeos

El 20 de diciembre, el Gobierno español envió una carta a Bruselas para pedir el 5º pago de los Fondos europeos adjudicados. Un día antes, el Gobierno Sánchez peleó a fondo en el Congreso para aprobar varias Leyes que exige la Comisión Europea para hacernos ese pago. Una de las medidas exigidas, la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos/litro), no se ha podido pactar y se pospone  hasta marzo. Pero si no se implanta el 1 de abril, Bruselas nos quitará parte de los Fondos se esta 5ª entrega. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado 181 reformas y han llegado ya 48.000 millones de subvenciones europeas, a los que sumar los 8.000 millones pedidos ahora. Faltan 3 entregas más, en 2025 y 2026, por 24.000 millones (y otros 84.000 millones en créditos). Pero todo este dinero europeo no llegará si España no aprueba otras 500 reformas, algunas de ellas Leyes que han de pactarse en el Parlamento. Y con la oposición a la contra y el Gobierno débil (chantajeado por sus socios), no parece nada fácil asegurar los futuros Fondos europeos. Por favor, pacten y no perdamos dinero.

                          Enrique Ortega

Recordemos la pequeña historia de los Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega… 

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplido 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional. Con este 4º pago condicionado (de los 8 previstos), España había recibido (en julio de 2024) un total de 48.000 millones de subvenciones europeas (a fondo perdido), el 60% del total adjudicado (al final, 79.954 millones de euros, en vez de los 70.000 inicialmente previstos, por ajustes en el PIB y nuevos Fondos). Con ello, España es el país europeo al que la Comisión ha entregado más Fondos europeos y también el país que ha cumplido más hitos (181).

Ahora, en plenas Navidades, España pide a Bruselas el pago de la 5ª entrega de Fondos europeos, otros 8.000 millones de euros, que llegarán en 2025. Y además, pide también la 1ª entrega del paquete de créditos (a bajo interés), 16.000 millones de euros, que nos corresponden como parte del paquete de 84.000 millones en créditos del Plan de Recuperación adjudicados a España por el Consejo Europeo, en octubre de 2023. La entrega de este primer paquete de créditos (el 20% del total) es también a cambio de nuevas reformas (30 hitos), a las que se comprometió España al solicitarlos en diciembre de 2022. De estos 84.000 millones en créditos, 24.000 los gestionará el Banco Europeo de Inversiones (el BEI, presidido por Nadia Calviño) y 40.000 el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que los canalizará a empresas, particulares e instituciones para proyectos “verdes”, innovación, tecnología, vivienda y digitalización.

Esta 5ª solicitud de subvenciones (y la 1ª de créditos) a Europa se hizo sólo un día después de que el Gobierno Sánchez lograra aprobar en el Congreso, al 19 de diciembre, varios proyectos de Ley que exige Bruselas para hacernos el nuevo pago de Fondos Europeos. Por un lado, el Gobierno consiguió aprobar “in extremis” una Ley con medidas fiscales “descafeinada”, porque  el veto conjunto de Junts y PNV habían sacado el impuesto a las energéticas (por presiones de Repsol e Iberdrola). Y por otro, una negociación de última hora con Podemos permitió aprobar dos Leyes sobre la Eficiencia de la Justicia y el Derecho de Defensa, también exigidas por Bruselas.

Eso sí, el Gobierno no pudo aprobar en el Congreso la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos por litro con el IVA, lo que encarecerá 6 euros el llenar un depósito), para equiparar su impuesto (0,3790 euros por litro) al de la gasolina (0,4726 euros por litro), por presión de Podemos, que justificó su veto en que la subida perjudica a los más vulnerables, aunque es una exigencia medioambiental de la UE (el gasóleo emite más CO2 y partículas que la gasolina) y clave para recaudar más (ingresaría 1.500 millones al año). Por eso,  el Gobierno quiere aprobar esta subida en el primer trimestre de 2025, para intentar convalidarla después y que entre en vigor el 1 de abril de 2025. De momento, Bruselas ha pactado con el Gobierno una prórroga, para aprobarla antes de finales de marzo. Pero si no logra los apoyos para convalidarla en el Congreso, España perderá parte de los 8.000 millones del 5º pago solicitado ahora.

Con la solicitud de esta 5ª entrega de ayudas, el Gobierno suma 84 hitos más a los 181 cumplidos antes (hasta julio, cuando recibimos el 4º pago). Pero quedan muchas reformas, hitos e inversiones que aprobar, concretamente el 50% de todos los hitos comprometidos por España al presentar el Plan de recuperación en 2021 y la adenda para solicitar los créditos adicionales de 2022. En total, faltan por cumplir otros 265 hitos. Este va a ser el gran problema de España (no sólo de su Gobierno) en 2025 y 2026: necesitamos aprobar nuevas reformas e inversiones (pactadas con la Comisión Europea) para seguir recibiendo subvenciones y créditos. Y el Gobierno Sánchez  está en una situación de peligrosa minoría, teniendo que pelear en el Congreso cada Ley que aprueba y cada convalidación de Decretos-Leyes. Así que cuando el PP hace “pinza” con Junts (o Podemos veta) para tumbar una Ley comprometida con Bruselas, no sólo es “una derrota política de Sánchez”, sino que ponen en peligro los Fondos europeos que tanta falta nos hacen.

En los dos últimos meses, un batallón de funcionarios del Estado, autonomías, Ayuntamientos y Universidades (800, según Economía) han trabajado en miles de reuniones para aportar más de 325.000 documentos a otro “batallón” de funcionarios de la UE, con los que están permanentemente en contacto (online) para presentar las reformas e hitos aprobados y justificar las inversiones adjudicadas. Puede que algún día aparezca un problema, pero pocos procesos se vigilan tanto y por tantas personas como la solicitud, recepción y adjudicación de los Fondos Europeos. Y en estas reuniones es donde España negocia retrasar una reforma unos meses (como la del gasóleo) o posponerla a 2025 o 2026 a cambio de anticipar otra. Técnicos que deben estar al tanto de las peleas políticas en el Congreso, porque de ellas dependen que el Plan de Recuperación avance.

De momento, España es un “alumno ejemplar” en Europa en el cumplimiento del Plan de Recuperación (y el país más “vigilado”, por ser el primero donde se prueban los controles europeos). Cuando recibamos el 5º pago ahora solicitado,  habrán llegado 56.000 millones de subvenciones europeas, el 70% del total. Y España afianzará así su liderazgo, siendo el país que más Fondos UE ha recibido y el que ha cumplido con más hitos y reformas. Y también es uno de los paises que más porcentaje de esos Fondos  UE ha adjudicado: 44.163 millones, un 92% del dinero recibido en las 4 primeras entregas (48.000 millones) y un 55,30% del dinero total asignado en subvenciones a España (79.854 millones), según el último balance hecho por el ministro de Economía el 12 de diciembre.

De esos 44.163 millones europeos ya adjudicados, un 40,1% han ido a microempresas y pymes, un 25,7% a grandes empresas, un 15,9% a uniones temporales de empresas (UTEs), un 14,4% a Fundaciones y otras instituciones y un 3,9% a hogares, según el Balance oficial. Y más de la mitad de las adjudicaciones han ido a las autonomías (26.595 millones), que tienen que gestionar su reparto. Las que han recibido hasta ahora más Fondos europeos son Andalucía (4.168 millones), Cataluña (3.974) y Madrid (2.948 millones).

El Plan de Recuperación y la llegada y adjudicación de los Fondos europeos avanza, pero queda más de la mitad por recorrer y sólo tenemos año y medio por delante: lo que no se haya adjudicado para agosto de 2026 (subvenciones y créditos) se perderá. Así que queda la mayor parte de la tarea.  En los tres primeros años del Plan (2022, 2023 y 2024) hemos recibido 48.000 millones en subvenciones (el 60%) y queda recibir, en 2025 y primera mitad de 2026 (año y medio) los casi 32.000 millones restantes. Pero el gran reto son los créditos: los 84.000 millones llegarán en 2025 y primera mitad de 2026, poco más de año y medio para que las empresas e instituciones los soliciten y se les adjudiquen.

El Gobierno es consciente de que ahora, el gran reto de los Fondos Europeos es “canalizar los créditos”, porque no son tan fáciles de “adjudicar” como las subvenciones (a fondo perdido), dado que hay que devolverlos (aunque a un interés bajísimos y con carencias). Por eso, ya en febrero de 2024 se aprobaron las 5 nuevas líneas de crédito del ICO (40.000 millones), que ahora se están tratando de “movilizar” entre las empresas: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para promover viviendas en alquiler), línea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Tecno (4.000 millones en créditos para financiar tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Recapitulando: España ha adjudicado 44.163 millones de Fondos europeos en tres años y tiene ahora poco más de año y medio para adjudicar otros 114.500 millones (30.500 en subvenciones y 84.000 en créditos). Una tarea inmensa, que exige un enorme esfuerzo de gestión, no solo al Gobierno central sino sobre todo a autonomías, Ayuntamientos, Universidades, instituciones y empresas. Una tarea que debería ser la gran prioridad para todos, porque es un dinero con fecha de caducidad (agosto de 2026) y con el que nos jugamos modernizar la economía española y asegurar el crecimiento y el empleo futuros.

Pero hay otra tarea más difícil: que España apruebe en paralelo las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas, porque sin ellas no llegarán los 114.500 millones que faltan. Y dados los enfrentamientos políticos, que ponen en peligro cada entrega de Fondos, haría falta un gran Pacto político: el compromiso de pactar todas las reformas que nos exige Bruselas para enviarnos nuevos Fondos. No se puede perder ni un euro por las guerras políticas y los “chantajes” entre partidos. Es un tema muy serio: no puede “jugar” con las cosas de comer… Pero, por desgracia, algunos lo seguirán haciendo, poniendo en peligro un dinero y unas reformas que benefician a todos los españoles. Por favor, sean sensatos.

España crece, pero la inversión no tira

España crece cinco veces más que la zona euro, gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones. Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse” (devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos, promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar la crispación política, porque no ayuda a invertir.

                     Enrique Ortega

España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.

¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra causa ha sido la drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre 2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que las empresas españolas han aprovechado sus altos beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han reducido su deuda en 38.924 millones, según el Banco de España,  dejándola en el menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB frente al 80% en 2021).

Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6 euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.

Pero al margen de la coyuntura, la inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media. Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias, lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335 millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023 (232.034 millones), pero quedando todavía por debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte (0,8%), según el INE.

Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema como su menor peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa, donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises, salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.

Este menor peso de la inversión en España, año tras año desde 2006, es especialmente preocupante porque la inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década y media, según este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.

El gran cambio es que la inversión inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en 2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años (2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%), tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital (+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura, ganadería y pesca (-5,2%).

Eso se ha traducido en mayores inversiones estos últimos 3 años en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios, el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves, locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el ladrillo.

Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso, porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales, terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a cubrir la depreciación del capital, el capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009 (75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones), recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia, para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la inversión privada (que supone el 90% de la inversión total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.

Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión (sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo, dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el ladrillo. La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología, donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita descontando la inflación) es el 89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas porque invertimos menos en modernizar la economía.

El resultado es que España, la 4ª mayor economía de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).

Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser más productivos, los expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada. Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura, porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión, la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.