El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

Autonomías: menos peso del gasto social

Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado, pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500 millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”. Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación. No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos mejor en lo que hace falta.

                             Enrique Ortega

La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a  más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).

Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de recaudación: 271.935 millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14% en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías unas cantidades récord: 147.412 millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán  estos casi 7 años de Gobiernos de Sánchez (2018-2024) unos 300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7 años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018). 

Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo de gasto” y una “senda de déficit”, dos cimientos previos a  todos los Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre, pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª votación, dado que Junts sigue con su veto (con  PP y Vox ).

Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no debían ser tan polémicos. Por un lado, el “techo de gasto” es un tope que se pone a todo el gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para 2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en 2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar 6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.

El otro documento que también se veta es “la senda de déficit” . En este caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más)  para que las autonomías tengan más margen de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de -0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del +0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en 2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).

Esto es lo que significa, a lo claro, la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en 2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones). Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.

Pero hay más. Si no hay  Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320 millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real). En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).

Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320 millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743 millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta (son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta el próximo verano, no desde el 1 de enero.

Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben. Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la senda de déficit, aunque les cueste dinero.

En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%.  A lo claro, eso significaría que las autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría” un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).

La primera contradicción de las autonomías, al pedir más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez, las gobernadas por el PP (y Vox) reducen su recaudación porque rebajan impuestos, desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente, hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703 millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238), Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199), Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).

En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de 2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros, según la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453 millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para 2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas fiscales: otros -180 millones Madrid, una autonomía que ha renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a 1.635 de media y 2.129 en Asturias) y en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el País Vasco).

Pero la contradicción más flagrante de las autonomías es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos, en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que pagan por su deuda  (era el 5,3% del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos” (desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas o la Formula 1…).

Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía (3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.

En el caso del gasto en Dependencia, los datos son más escandalosos, según otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja” son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia (-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000 dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).

Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema, para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero también es evidente que hay que acabar con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en sanidad y educación (Madrid) o servicios sociales (Canarias). Debería haber unos mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan. Debates que casi nadie plantea.

Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.