Autonomías: el regalo electoral de Rajoy

En el último Consejo de 2014, Rajoy les hizo un regalo de Reyes anticipado a las autonomías: perdonarles los intereses de los 62.558 millones de euros que este Gobierno les ha prestado para que pagasen facturas y servicios y no quebraran. Y tampoco les cobrará intereses por la deuda que contraigan en 2015, 2016 y 2017. Con este nuevo rescate, el quinto en tres años, se ahorrarán 5.552 millones en intereses. Pero hay más: Hacienda devolverá por ellos el céntimo sanitario y les ingresará lo que recaude con el nuevo impuesto sobre depósitos bancarios. En total, un balón de oxígeno de 8.000 millones para 2015. Y gracias a este regalo, podrán rebajar impuestos (12 autonomías) y gastar más en este año electoral. Una maniobra política descarada, porque de las 5 autonomías más endeudadas (Valencia, Castilla la Mancha, Cataluña, Baleares y Murcia), 4 las dirige el PP. Pero hay un tema de fondo: las autonomías están asfixiadas porque están mal financiadas, al margen de que gasten mal. Y Rajoy ha incumplido su promesa de reformar el sistema de financiación autonómica.
 

enrique ortega

En diciembre de 2011, antes incluso de tomar posesión (el 21), Rajoy se encontró con que la Comunidad Valenciana podía ir a la quiebra: no podía devolver un crédito de 123 millones de Deutsche Bank (que vencía el día 25) ni pagar las nóminas ni la SS, a pesar de un anticipo de 480 millones que le había dado la ministra Elena Salgado días antes de irse. A Rajoy y a Montoro les tocó avalar de palabra la deuda  y adelantar 110 millones para pagos urgentes. Baleares pidió un crédito para pagar las nóminas de diciembre. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones ni las cuotas sociales de sus funcionarios. El resto estaban igual, como los Ayuntamientos: sin liquidez, endeudados y con millones de facturas sin pagar a miles de empresas y autónomos.

El Gobierno Rajoy dejó claro a las autonomías (la mayoría gobernadas por el PP) que no iba a dejarlas caer, menos cuando los mercados tenían la vista puesta en España. Y aprobó, en marzo de 2012, el primer rescate: 27.303 millones del Plan de Pago a proveedores, préstamos para que autonomías (17.704 millones) y Ayuntamientos (9.598 millones) pagaran las facturas atrasadas. Pero no era suficiente: había que ayudar a las autonomías a financiar la sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales, que se llevan el 75% de su Presupuesto. Y para ello, aprobaron en octubre de 2012 el segundo rescate, sólo para las autonomías: un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 16.638 millones en préstamos. En 2013, fue necesario un tercer rescate: un nuevo Plan de pago a proveedores (4.544 millones para autonomías y 1.965 para Ayuntamientos) y un nuevo FLA autonómico (con 22.920 millones más de préstamos). Y aunque dijeron que era la última vez, en 2014 hubo un cuarto rescate: otro Plan de pago a proveedores (7.979 millones para autonomías y sólo 32.051 euros para Ayuntamientos) y otro FLA para las autonomías (23.242 millones).

En total, suman 93.019 millones en préstamos entregados a las autonomías y otros 11.595 millones para los Ayuntamientos. Pero no todas las autonomías se han beneficiado de este dinero. Del Plan de pago a proveedores (30.219 millones para las autonomías) se han beneficiado 14 autonomías, todas salvo Galicia, Navarra y el País Vasco (no pidieron), destacando el dinero recibido por la Comunidad Valenciana (7.518 millones), Cataluña (6.464), Andalucía (4.953) y Castilla la Mancha (3.956 millones). Del Fondo de Liquidez Autonómica (62.800 millones) se han beneficiado 10 comunidades: sobre todo Cataluña (25.422 millones), Comunidad Valenciana (13.008), Andalucía (11.437), Castilla la Mancha (3.512), Canarias (2.661), Murcia (2.495) y Baleares (2.428), seguidas de lejos por  Cantabria (808 millones), Asturias (783) y Extremadura (sólo 178 millones en 2014). Las otras 7 autonomías, con Madrid a la cabeza, no han querido ni un euro del FLA, por una cuestión de “prestigio” (no parecer “rescatadas”) y para no tener que funcionar “vigiladas por Montoro”. A cambio, han tenido que pagar mucho más por endeudarse en los mercados: han pagado un sobrecoste financiero de 1.757 millones (822 millones sólo Madrid), según Hacienda, quien afirma que las autonomías “rescatadas” se han ahorrado en intereses 1.126 millones con los dos Fondos.

A pesar de todos estos préstamos públicos, las autonomías siguen sin levantar cabeza: los ingresos (propios y cedidos por el Estado) les siguen cayendo, por la crisis, y los gastos siguen ahí, sin poder reducirlos mucho, a pesar de los drásticos recortes de estos tres años. En 2014 habrá 7 que incumplirán el déficit y en 2015, habrá que darles más ayudas. Pero antes de hacerlo, el Gobierno Rajoy quiere aliviarles un poco de la pesada losa de la deuda, cuya carga se ha duplicado: si pagaban 4.500 millones en intereses en 2012, en 2014 habrán pagado 9.000 millones. Y eso porque la deuda de las autonomías casi se ha duplicado con Rajoy: de 137.049 millones en 2011 a 232.004 millones en 2014 (septiembre). Sólo los préstamos recibidos en estos 3 años suponen el 40% de toda esa deuda.

Para aligerar el peso de la deuda, Rajoy ya hizo un primer regalo a las autonomías en 2014, (31 de julio), por partida doble. Por un lado, les rebajó los intereses al 1%, lo que supuso un ahorro de 409 millones en intereses para 2014 y otros 1.625 millones en 2015, según Hacienda. Por otro, les retrasó un año la devolución del principal de los créditos: el FLA de 2012, el primero a devolver, se hará en 2016 en lugar de en 2015. Y lo mismo los demás, en 4 años. Eso supone a las autonomías otro ahorro de 2.000 millones en intereses en 2015.

Ahora, Rajoy hace el segundo regalo: la deuda autonómica pagará un 0% de interés. Un regalo que se ofrece en  tres paquetes. Uno, para las 10 autonomías con préstamos del FLA (Fondo de liquidez autonómica): no pagarán intereses durante 2015, 2016 y 2017 por los 62.800 millones recibidos del Gobierno central y por los nuevos créditos que necesiten (hay 28.100 millones disponibles para los próximos 3 años). Dos, a las 7 autonomías que no pidieron créditos del FLA (Madrid, Galicia, Castilla y León, la Rioja, Aragón, Navarra y  País Vasco), se les ofrece no cobrarles tampoco intereses si piden créditos al Gobierno (en vez de a la banca)  en 2015, 2016 y 2017 (tienen 12.880 millones nuevos disponibles). Y tres, se crea un nuevo Fondo Social (FLA social), de hasta 1.280 millones, otra línea de crédito que pueden pedir las autonomías para pagar las deudas que tienen con los Ayuntamientos (es un regalo electoral para los municipios).

El efecto inmediato de este regalo de Navidad es que las autonomías tendrán un ahorro adicional de casi 2.000 millones en intereses para 2015. Un ahorro que beneficiará más a las autonomías más endeudadas, por lo que han protestado las que no pidieron los préstamos del FLA y se endeudaron con los bancos, sobre todo Madrid, que se queja de que Rajoy favorece a las autonomías “despilfarradoras”. La mayoría son  autonomías del PP. De hecho, las 6 autonomías que han recibido más prestamos del Gobierno central (entre el Plan de pago a proveedores y FLA) son Cataluña (31.886 millones), Comunidad Valenciana (20.526 millones), Andalucía (16.390 millones), Murcia (4.284 millones) y Baleares (3.617 millones), cuatro de ellas gobernadas por el Partido Popular. Y de las 5 autonomías más endeudadas en 2014, Comunidad Valenciana (35,8% PIB), Cataluña (31,8%), Castilla la Mancha (33,7%), Baleares (28,3%) y Murcia (24,6%), cuatro son gestionadas por el PP.

Al final, entre el regalo de julio y el de diciembre, las autonomías se ahorrarán 5.552 millones en sus gastos financieros de 2015, según Hacienda. Pero hay más regalos: Montoro se compromete a que Hacienda pague toda la devolución del céntimo sanitario (que recaudan las autonomías) a transportistas y particulares (exigida por Bruselas), lo que les evitará pagar unos 2.000 millones de euros. Y además, se ha comprometido a ingresarles lo que recaude con el nuevo impuesto sobre depósitos bancarios, que les supondrá un ingreso extra de 375 millones en 2015. En total, entre todos los regalos (menos intereses,menos pagos y más ingresos) , las autonomías tendrán un ahorro de casi 8.000 millones de euros. Una cifra  que es la cuarta parte de lo que ingresan al año por IRPF (Renta).

Un gran alivio, un balón de oxígeno que ya tiene destino al ser un año electoral: servirá para bajar impuestos y para gastar más, aunque Bruselas querría que destinaran ese ahorro a rebajar su déficit (será del 1,2% en 2014 en vez del 1% y deberían bajarlo al 0,7% en 2015, lo que supondría recortar 5.000 millones). Pero las autonomías no están por recortar gastos en vísperas de elecciones, sino de subirlos: van a aumentar un 2,5% el presupuesto de sanidad y educación, algunos gastos (extra funcionarios) e inversiones (en carreteras, obras y servicios, incluidos 15 nuevos hospitales previstos para antes de mayo). Y hay 12 autonomías que ya han prometido bajar impuestos, reducir su parte del IRPF como Montoro: son Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias (todas con elecciones y 9 del PP), más Navarra.

Así que vía libre para gastar más e ingresar menos, a la espera de que Juncker y la Comisión Europea (con mayoría conservadora) miren para otro lado. Todo sea por intentar ganar las elecciones de mayo. Y con este parche electoralista, Rajoy gana tiempo y pospone afrontar el problema de fondo: la insuficiente financiación de las autonomías. La realidad ha dejado claro que sus ingresos son insuficientes para los servicios que prestan y que además están mal repartidos: la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Andalucía reciben menos recursos por habitante que la media, según un estudio independiente de Fedea. Rajoy prometió cambiar el sistema de financiación, pero será otra promesa incumplida y solventada con rescates y regalos. Pero el problema sigue ahí: quien recauda y quien gasta en España. Hace falta dar más medios a las autonomías (y a los Ayuntamientos) y menos al Estado central. O cambiar las competencias. Es un tema de reparto del poder. Complicado.

Carburantes en máximos: se buscan culpables

Los carburantes, el gasóleo y la gasolina, están en precios máximos, tras un agosto de fuertes subidas y el aumento del IVA en septiembre. El Gobierno está preocupado porque los carburantes han desbaratado el IPC y ha lanzado una cruzada contra las petroleras, acusándolas de tener altos márgenes. Pero es una ofensiva demagógica, ya que el margen es de céntimo y medio por litro, mientras los impuestos suponen casi la mitad del precio de los carburantes y volverán a subir en enero. Eso sí, a las petroleras hay que culparlas de poca competencia y de que retrasan las bajadas de precios. Pero el problema de fondo es que España consume e importa el doble de gasóleo que Europa y somos muy dependientes de un carburante que va a seguir subiendo. Hay que hacer otra política energética.

enrique ortega

Con las vacaciones subieron los carburantes, entre un 12% y un 16% este verano. Y la subida del IVA en septiembre, del 18 al 21%, fue la puntilla: +3,50 céntimos cada litro de gasóleo y +3,60 céntimos las gasolinas. Con ello, septiembre empezó con máximos históricos en los carburantes: más de 1,522 € litro la gasolina y 1,444 el gasóleo, que siguen altos esta semana (1,518 la gasolina y 1,441 el gasóleo). Precios que suponen pagar 10 euros más por llenar el depósito que hace un año.

Las alarmas han saltado en el Gobierno, tras conocer que los carburantes fueron culpables de más de la mitad de la subida del IPC de agosto (0,33 del +0,6 %), que subió la inflación anual al 2,7% (lo que obligará, si no se corrige, a gastar unos 4.000 millones en revisar pensiones). Y se han lanzado a una cruzada para bajar precios (unos días después de subir el IVA), echando la culpa a los márgenes de las petroleras, a las que han pedido que contengan precios y les amenazan con tomar medidas: facilitar la apertura de más gasolineras y ponerles más impuestos.

Lo de los márgenes elevados suena popular, pero no es verdad: las petroleras ganan un céntimo y medio por litro, el chocolate del loro en estas subidas. Los culpables hay que buscarlos en otros sitios, tras analizar los tres principales componentes (ver gráfico) del coste de los carburantes: los precios de la energía, los impuestos y los costes y márgenes.

Casi la mitad del precio de los carburantes (44,6% en gasolinas y 48,5% en gasóleos) lo determina el precio de la energía, pero no el petróleo, sino la cotización de los gasóleos y las gasolinas en dos mercados, el de Marsella (70% del precio) y el de Rotterdam (30%). Este verano, el petróleo Brent subió de 90 a 114 dólares (11 cts. por litro), pero subieron más los precios internacionales del gasóleo (12 cts.) y la gasolina (13 cts.), por la mayor demanda ante las vacaciones, el embargo a Irak y la crisis de Siria, la paralización de algunas refinerías en Estados Unidos y Venezuela, las bajas existencias de carburantes en EEUU y la bajada del euro (-7% de mayo a agosto), que encarece unos carburantes que se pagan en dólares.

Pero casi la mitad del precio de los carburantes en España son impuestos ( 47,7 % en gasolinas y 42,7% en gasóleo), que no han parado de subir : +2,9 céntimos de impuestos especiales en junio 2009, aumento del céntimo sanitario que cobran 11 autonomías (+4,80 céntimos por litro y + 7,20 céntimos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y León), más dos subidas del IVA, una en julio 2010 (del 16 al 18%) y otra ahora (al 21%). En total, 18 céntimos por litro en tres años, una subida del 42% en gasóleos (y 34% gasolinas).

Y queda el tercer bloque, otros costes y margen (7,6% del precio en gasolinas y 8,6% en gasóleos). Aquí, las petroleras incluyen los costes de transporte, almacenamiento, reservas estratégicas (92 días), comercialización, gastos financieros, incorporación obligatoria de biocarburantes, margen de la gasolinera y margen de la petrolera, que estiman en un 1%, un céntimo y medio por litro. O sea, que pagamos menos de un euro (82,5 céntimos) de beneficio bruto a la petrolera cada vez que llenamos el depósito (55 litros, unos 80 euros), mientras pagamos 38 euros por el combustible, 35 euros de impuestos y 6 euros por otros costes.

Aclarado el escandallo, sí hay que achacar a las petroleras dos culpas. Una, que tienen mucho poder (entre Repsol, Cepsa y BP tienen el 64% del mercado) y hay poca competencia entre ellas: incluso, en 2009, la Comisión de la Competencia (CNC) les puso una multa de 7,9 millones por acuerdos para fijar precios. Y la otra, que en ocasiones retrasan el traslado a los conductores de las bajadas de los precios internacionales (“los precios suben como cohetes y bajan como plumas”), algo que niegan. Ahora, el Gobierno ha encargado a la CNC que haga un nuevo informe para ver si hay competencia y transparencia.

Con todo, los carburantes en España tienen un precio en la media europea. Antes de impuestos, la gasolina es la 4ª más barata de la zona euro (tras Francia, Irlanda y Austria) y el gasóleo el 7º más barato, siendo más caro en Alemania, Finlandia, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo. Y si contamos los impuestos, menores que en la mayoría de Europa, la gasolina es la 2ª más barata de la zona euro  (tras Luxemburgo) y el gasóleo, el 3º más barato en los paises euro (tras Luxemburgo y Francia).

El problema es que, aunque los carburantes estén “a precio europeo”, consumimos e importamos más, con lo que España es muy dependiente: importamos el 38% del gasóleo, frente al 10% en Europa. Y eso porque tenemos un mayor consumo de gasóleo (80% de los carburantes frente al 55% en Europa), por nuestro mayor parque de diesel (52% frente al 37%  UE), por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España frente al 45% en UE-27). O sea, somos más vulnerables a las subidas de precios, que van a continuar este otoño (por la mayor demanda del gasóleo de calefacción) y a las subidas de impuestos: en enero, los carburantes subirán entre 3,5 céntimos por litro (gasolina) y 4,5 (gasóleo), al desaparecer las exenciones fiscales a los biocombustibles.

Frente a cruzadas mediáticas contra las petroleras, el Gobierno debía cambiar la política energética: reducir el consumo y la importación de gasóleo (acelerando la reconversión de nuestras refinerías),ayudar a renovar el parque de vehículos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más que los nuevos) y fomentar de verdad el coche híbrido y eléctrico (testimonial) y la utilización del transporte público (que sube sin parar). Sólo así podremos reducir de verdad nuestra carburodependencia, que se lleva cada mes más parte del sueldo. Es urgente. 

Llegan los recortes más duros, por triplicado

Se acabaron los “paños calientes”. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, llegan los recortes más duros, por triplicado: los del Estado central, Ayuntamientos y autonomías, que serán los peores, porque van a recortar más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de las matriculas universitarias o nuevos impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000 millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos crecimiento, ingresarán menos y habrá que hacer otro recorte en otoño.

enrique ortega

Bruselas ha querido dejar claro quien manda en las cuentas españolas y ha forzado a Rajoy a hacer un recorte del déficit mayor (+5.300 millones): del 8,5% del PIB al 5,30% (en vez del 5,80%), lo que supone recortar 34.074 millones de euros en 2012. Un reto casi imposible, ya que en mayo de 2010, el ajuste ZP recortó 15.000 millones y en todo 2011, el Gobierno y las autonomías sólo recortaron otros 8.800 millones. Ahora toca ajustar cuatro veces más y sólo quedan nueve meses para hacerlo.

La mitad del recorte (17.037 millones) le toca al Estado central, en los Presupuestos que se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda), con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y  acabará recortando plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.

Pero no bastará con hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar más ingresos y podría  subir los impuestos especiales que pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y subirnos  tasas. También puede rebajar deducciones en el impuesto de sociedades, un coladero para ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.

El ajuste más duro lo harán las autonomías, no tanto por la cantidad (14.907 millones) como porque su gasto no es fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos sociales. Y además, el recorte concentra (73% del total) en cuatro autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469),  Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que Cataluña, líder en recortes, sólo rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro veces más.

Los recortes de las autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el 40% del presupuesto. Cataluña ya ha rebajado un 5% las pagas extras para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios estatales. Y habrá más recortes de plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y tendrán que suprimir la mayoría de las 2.276 empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los edificios que puedan y reducir subvenciones a empresas, familias y Ayuntamientos.

Pero los recortes no son suficientes. Las autonomías van a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura, Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Y crean otros nuevos, a la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras (Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho ya (11 autonomías), subirán el céntimo sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3 euros por dormir en hoteles. Y el último invento que han acordado todas: cobrar por renovar la tarjeta sanitaria (10 €).

El recorte de los Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos) y cerrando muchos de los 1.793 consorcios municipales. Tendrán que meter la tijera en sus gastos “impropios”, un 20% del total: protección civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura (financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento, multas y todos los servicios, empezando por los transportes municipales.

El ministro de Hacienda va a forzar estos recortes de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías), a cambio de ayudarles a pagar las facturas a proveedores en mayo (35.000 millones). Si  no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio, tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las prestaciones sociales) para ayudarles a hacer el ajuste.

Al final, el primer efecto de los recortes por triplicado va a ser el despido de unos 300.000 empleados públicos, contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas públicas. Y una caída de la actividad, la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más sufren  la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la recaudación y en otoño harán falta más recortes. Y en 2013. Nos metemos más en el pozo.

Carburantes: un precio en cada autonómía

Ahora, cuando vamos de viaje hay que llevar en la guantera un cuadro con los impuestos que cargan las autonomías a los carburantes, el céntimo sanitario, que hace que la gasolina o el gasóleo cuesten hasta cinco céntimos más en unas que en otras. Ya son once autonomías las que aplican el recargo y cuatro al máximo (7,20 céntimos): Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Castilla y León, estas tres a partir de este 1 de marzo. Un impuesto que da la puntilla a los transportistas y que distorsiona el mercado, para conseguir unos ingresos extras que son el chocolate del loro y no resuelven la financiación de la sanidad. Eso sí, con la esperada subida de los impuestos especiales y los efectos de la crisis de Irán, los carburantes costarán pronto 1,5 euros, agravando la caída del consumo.

El céntimo sanitario es un impuesto de nombre irrecordable (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH) que se inventó en diciembre de 2001 el Gobierno Aznar para ayudar a las autonomías a financiar la sanidad. Tiene una parte fija (tramo estatal), de 2,4 céntimos por litro, que se cobra en todas las autonomías (salvo Canarias) y un tramo autonómico, un recargo de 2,40 a 4,80 céntimos que fijan las autonomías. Y esto sobre el gasóleo y la gasolina, pero también se aplica sobre el consumo de gasóleo de calefacción (6 céntimos tramo estatal y 12 céntimos el autonómico) y de fuel (1 céntimo tramo estatal y 2 céntimos el recargo autonómico). Luego no sólo pagamos el céntimo sanitario al repostar carburante, sino en la calefacción y en las industrias. Sin enterarnos.

La primera autonomía que aplicó el recargo adicional, desde 2002, fue Madrid (Gallardón fue su defensor), 1,70 céntimos (en total, 4,10 de céntimo sanitario) y le siguieron Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Galicia (todas, 4,80 céntimos entre los dos tramos). En enero de 2011 se sumaron Andalucía, Murcia y Extremadura (todas, 4,80 céntimos en total). El 10 de enero de 2012, la Comunidad Valenciana subió su parte del recargo a 4,80 (7,20 céntimos de céntimo sanitario total) y lo mismo van a hacer el 1 de marzo Cantabria, Cataluña y Castilla León. En total 11 de las 17 autonomías, aunque se lo están pensando el País Vasco y Aragón.

La mitad de la recaudación (58%) del céntimo sanitario (tramo estatal) va a las autonomías y los recargos son para ellas. El ingreso estatal supone unos 1.100 millones año (8.500 millones entre 2002 y 2009) y los recargos otros 700 millones adicionales (2011). El chocolate del loro para financiar una sanidad que cuesta 52.000 millones al año. De hecho, con los 120 millones extras que va a recaudar Castilla y León con esta subida, paga 22 días de sanidad. Y los 22 millones extras de Cantabria le dan para pagar 11 días. Algo, pero poco.

A cambio, el céntimo sanitario tiene muchos efectos perversos. Primero para los transportistas, aunque algunas autonomías les devuelven la mitad o todo ( y según a quienes). Pero estiman que el céntimo sanitario les encarece costes en 5.000 euros al año por camión. Luego están los efectos negativos sobre las estaciones de servicio, por el efecto frontera, que arruina a las gasolineras que están en autonomías caras y cerca de otras más baratas (las de Comunidad Valenciana limítrofes a Murcia o las de Castilla y León o Cataluña próximas a Aragón o Galicia. Y crean problemas de distribución a Repsol, Cepsa o BP. Además, perjudica a los conductores que viven en las autonomías más caras o que viajan habitualmente por ellas.

Al final, el céntimo sanitario está desde noviembre de 2011 en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, enviado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de una de las muchas demandas en contra presentadas por los transportistas. La Comisión Europea ya emitió en mayo de 2008 un Dictamen motivado contra el céntimo sanitario, por considerar que no es conforme a la normativa comunitaria (ya hay un impuesto armonizado sobre hidrocarburos) y porque no hay constancia de que los fondos recaudados vayan de verdad a la sanidad. Ahora se espera que el Tribunal europeo falle en contra, aunque puede tardar dos años y mientras las autonomías tapan sus agujeros. Eso sí, luego tendrán que devolver lo cobrado a los conductores en los últimos cuatro años, unos 4.000 millones de euros.

Hasta entonces, el céntimo sanitario seguirá ahí (y creciendo). Y es posible que esta primavera se le sume una subida de los impuestos especiales a los carburantes, con el nuevo Presupuesto 2012 (la última subida, 2,9 euros por litro, la hizo ZP en julio de 2009). Sobre todo, porque el Gobierno Rajoy tiene margen para hacerlo ya que España tiene los carburantes más baratos de Europa, tras Eslovenia, Chipre y Luxemburgo. Y luego está lo peor: la crisis de Irán, que ya ha hecho subir el petróleo por encima de los 124 dólares barril, el precio máximo desde mayo de 2011 (y más si hay que pagarlo con un euro a la baja). Y podría subir más, a medida que Irán corte el suministro (un 14% de las importaciones de España) y Europa ponga en marcha su embargo el 1 de julio.

Todo ello apunta a que esta primavera tendremos los carburantes por encima de 1,50 euros y subiendo. Una factura dura de pagar, como país y como consumidores, pero que no se puede mezclar con el problema de financiar la sanidad. Primero, el céntimo sanitario es doblemente injusto: un conductor que viaja por una autonomía no tiene por qué pagar una sanidad que no usa. Y esos céntimos de recargo los paga igual un parado que un directivo. Y segundo, es el chocolate del loro, que no resuelve un problema, financiar la sanidad, que pasa por ajustar gastos, implantar un copago por receta farmacéutica y conseguir más ingresos estables vía impuestos directos, para que ayude más quien más tiene. No todos los conductores.