Reforma Cajas: tardía, corta, cara y escandalosa

Penúltimo acto de la reforma de las Cajas de Ahorros, un culebrón que lleva año y medio entre fusiones, inyecciones de capital, salidas a Bolsa y nacionalizaciones, con un alto coste, que en parte pagamos los contribuyentes. Y los mismos directivos que hundieron a las Cajas, prestando sin control al ladrillo y a Gobiernos autonómicos, se han embolsado 120 millones en indemnizaciones y pensiones de lujo, sin que ninguno haya acabado en el juzgado. Lo peor es que la reforma se ha hecho tan tarde y tan mal que las Cajas que quedan están sin fuelle: no prestan, no hacen Obra social y encima nos suben comisiones. Y se teme que el próximo Gobierno tenga que hacer otro saneamiento, con más dinero público.

enrique ortega

Hace más de dos años, cuando EEUU y Europa recapitalizaron sus bancos, el Gobierno Zapatero no hizo nada, porque teníamos “los bancos y Cajas más saneados del mundo”. Pero en junio de 2010, con la crisis europea, se intenta el primer parche, aprobando una Ley de Cajas para que se fusionen contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17, en un intento de que las buenas salven a las malas. En enero de 2011, el Gobierno cambia las normas y les exige más capital (10%), más que en cualquier país del mundo. En marzo, el Banco de España saca la lista de 9 Cajas (de las 15) que necesitaban sanearse y buscar capital en seis meses. Y por fin, el 30 de septiembre, nacionaliza tres Cajas que no han conseguido inversores privados  (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim), después de intervenir en julio la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en quiebra técnica.

No es casualidad que las tres Cajas nacionalizadas sean una gallega y dos catalanas. La Xunta y la Generalitat se han empeñado estos meses en no perder el control de las Cajas, su “juguete”, impidiendo fusiones que llevaran el control a otra autonomía (como las castellanas Caja Duero-Caja España, absorbidas por la andaluza UniCaja). Y el Banco de España se lo ha permitido. Resultado: ha habido que nacionalizarlas e inyectarlas 4.751 millones de euros, más  otros 2.800 millones para la CAM. Pero no es el único coste: anteriormente, el FROB (Fondo de Regulación Ordenada Bancaria) había inyectado 17.844 millones en 9 Cajas (CCM, Caja Sur, CAM, Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, BMN, Unnim y Banca Cívica), la mitad en capital (a ver cuánto se recupera) y la mitad en créditos (a ver cuántos se cobran). En total, 25.395 millones, un  dinero en parte nuestro, porque el Presupuesto aportó 6.750 millones al FROB.

Y queda colocar la CAM a finales de octubre, lo que nos va a costar al menos otros 17.750 millones más para encontrar un novio (BBVA, Santander, Sabadell…) que se quede con esta Caja y su agujero de créditos inmobiliarios irrecuperables. Y van ya 43.145 millones. Eso sin sumar lo que han costado al contribuyente las prejubilaciones de las Cajas: 12.000 empleados que salen a los 55 años y se prejubilan a los 63, otra factura de 1.100 millones a costa del INEM y la Seguridad  Social.

Lo peor es que después de haber enterrado casi 45.000 millones en intentar sanear las Cajas, una parte ha ido al bolsillo de los directivos que las hundieron : se estima que 70 ex directivos se han llevado en indemnizaciones y pensiones 120 millones de euros, la mayor parte en NovaCaixaGalicia (47 millones, 16,5 la jubilación del anterior director general) y en la CAM, donde la ex directora general, despedida, se ha llevado 370.000 € de pensión vitalicia, después de manipular las cuentas para engañar al Banco de España. Pero hay más: estos directivos se  concedieron créditos a sí mismos y a sus consejeros (76,2 millones NovaCaixaGalicia y 161 millones la CAM), así como a inmobiliarias y constructores afines (en la CAM, un promotor inmobiliario estaba al frente de la comisión de control que concedió 16.000 millones a promotores, incluido él mismo, la mitad irrecuperables), sin olvidar financiar a los Gobiernos autonómicos (dos días antes de ser intervenida, la CAM compró 200 millones de pagarés de la Generalitat), Ayuntamientos, sindicatos e instituciones… Todos ordeñaron la vaca.

Y claro, nadie vigilaba ni protestaba. Y ahora todos se echan las culpas del desaguisado. El Banco de España dice que no es cosa suya vigilar los sueldos de las Cajas, aunque los ha autorizado año tras año. Las autonomías tienen la tutela de las Cajas, pero “tampoco sabían nada”, a pesar de que la Xunta o la Generalitat tenían un representante en la comisión de control donde se veían los sueldos. Los consejeros, desde instituciones a sindicatos, tampoco se enteraron. Y los auditores, cobraban y firmaban (KPMG aprobó las cuentas de la CAM).

Al final, año y medio de una reforma cerrada en falso y con posibles sorpresas. Mejor hubiera sido intervenir las Cajas malas hace dos años y sanear por decreto: nos hubiera costado menos. Sobre todo, se hubiera evitado que las Cajas, la mitad del sistema financiero, lleven año y medio al ralentí, sin prestar a empresas (eran el oxígeno de las pymes) y particulares, perdiendo negocio en beneficio de la banca. Y los clientes lo pagan, ya que les están subiendo comisiones para sobrevivir. Y han recortado  a la tercera parte su Obra Social (de 2.000 millones en 2007 a 700 este año).

Con todo, el problema es que la costosa  reforma actual será insuficiente, porque la crisis va a deteriorar su nuevo capital (tienen 100.000 millones de créditos problemáticos) y van a tener problemas para financiarse en unos mercados cerrados, lo que puede obligar a una nueva inyección de capital (Merril Lynch habla de 23.000 millones más para las nacionalizadas NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, la CAM y las presumiblemente salvadas Bankia y Caja 3 ), una segunda oleada de fusiones ( lo defiende Montoro, del PP) o ventas a bancos (quedarían menos de 10 Cajas) y nuevos recortes de plantillas y oficinas. O sea, otro saneamiento en unos meses, con más dinero público. Vaya historia.

La subasta de las Cajas de Ahorros

El Gobierno ha puesto patas arriba la mitad del sistema financiero español, las Cajas de Ahorros, con dos siglos de historia. Ha sido una carrera de despropósitos. Primero, dos años presumiendo Zapatero de tener la mejor banca del mundo. Luego, en 2010, una Ley de Cajas que provocó fusiones y un plan de ajuste tan complicado como ineficaz. En enero, amenaza de nacionalizaciones y cambio de reglas, con unas exigencias que no tiene ningún país del mundo. Y el viernes 18 de febrero, un nuevo decreto que retrasa la reforma hasta septiembre, con prórroga hasta marzo 2012, tras las elecciones. Y mientras, las Cajas no se han saneado, siguen con el cáncer del ladrillo y se les obliga ahora a convertirse en bancos, salir a Bolsa y buscar inversores o nacionalizarlas. Una reforma tardía, mal planteada y plagada de incertidumbres, que nos va a costar dinero a todos y que va a frenar aún más los créditos de las Cajas, en beneficio de la banca y de inversores extranjeros.

La crisis financiera desatada en 2007 forzó a la mayoría de los países, desde EEUU a Alemania, Reino Unido, Holanda o Francia, a sanear sus bancos, interviniendo muchos de ellos en 2008 y 2009, para salvarlos con dinero público. Pero España  era diferente: Zapatero se dedicó a presumir en las cumbres del G-20 de tener el mejor sistema financiero del mundo. Hasta que en 2010, con la crisis de Grecia y la deuda, empezaron las presiones sobre España y el Gobierno, además de poner en marcha el ajuste de mayo (pensiones, funcionarios…), aceptó reformar las Cajas, con una Ley aprobada en julio que forzaba un rosario de fusiones (de 45 Cajas a 17), cierre de 2.300 oficinas y 17.000 prejubilaciones, con ayudas públicas. El Banco de España dio de plazo a las Cajas para hasta Nochebuena poner orden y todo parecía encarrilado.

Pero a principios de enero, los dos grandes bancos intentaron captar dinero en los mercados (con cédulas hipotecarias) y no lo consiguieron. Saltaron las alarmas y los grandes banqueros presionaron a Moncloa: el problema son las Cajas, hay que hacer algo. Y una semana antes de la visita de Merkel a Madrid, el Gobierno volvió a sacar pecho : la ministra Salgado anunció una vuelta de tuerca en la reforma de las Cajas, obligándolas a tener para septiembre un capital básico del 10%, una exigencia que no cumple casi ningún banco del mundo y tampoco Santander o BBVA. Con ello, les forzaba a convertirse en bancos y buscar capital, saliendo a Bolsa o metiendo inversores. Y si no, les amenazaba con la nacionalización.

El cambio de las reglas de juego a mitad del partido pone a las Cajas contra las cuerdas. La patronal de Cajas (CECA), los gobiernos autonómicos y los partidos presionan al Gobierno, que necesita apoyos para sacar adelante el decreto en el Congreso. Las Cajas controladas por gobiernos del PP (el grupo Caja Madrid-Bancaja y 5 cajas pequeñas, las 2 gallegas fusionadas y las 2 de Castilla y León fusionadas), más los dos grupos de Cajas catalanas (Catalunya Caixa y Unnim) son las que están peor de capital y temen la nacionalización o verse obligadas a  malvenderse. Al final, el Gobierno suaviza la reforma: exige “sólo” el 8% de capital (Basilea III  exigirá el 7% para 2019) si las Cajas salen a Bolsa o venden el 20% de capital, deja incluir en capital ayudas, provisiones y  otros conceptos dudosos (a ver qué dice Bruselas) y retrasa el examen hasta el 30 de septiembre, con posible prórroga hasta marzo, tras las elecciones. De entrada, 8 de las 17 Cajas no cumplen, aunque lo dirá el Banco de España el 10 de marzo.

Al final, el órdago se ha quedado en un envite y la reforma se retrasa hasta septiembre o hasta 2012. Lo normal habría sido hacer lo que otros países: decir qué Cajas están mal, intervenirlas, meter dinero público para sanearlas y cambiar los gestores para que vuelvan a tener beneficios, como ya ha pasado en Estados Unidos y Holanda. Pero aquí, no sabemos las pérdidas (las Cajas tienen 100.000 millones de créditos de alto riesgo), no sabemos las necesidades de capital (el Gobierno habla de 20.000 millones y los expertos de 40.000 a 80.000) y se les obliga, con esa incertidumbre, a buscar capital, inversores, con lo que las fuerzan a malvenderse, bajo amenaza de nacionalización. Y mientras, siguen los mismos gestores, sólo vigilados por el FROB y el Banco de España, con la amenaza mediática de no cobrar bonus millonarios si lo hacen mal (pero se han librado de expedientes y sanciones).

Queda por delante un año de ajustes e incertidumbres, que van a paralizar el día a día de las Cajas. Y con mayores exigencias de capital, van a mirar aún más con lupa conceder créditos y les va a ser más difícil captar ahorro. De hecho, en 2010, las Cajas han perdido 60 millones de euros al día en depósitos, que han ganado los bancos. Y por supuesto, se va a reducir la Obra Social, así como probablemente más oficinas y personal. Al final, una parte de las Cajas quedará en manos de los bancos y de inversores extranjeros. El Sabadell ya ha dicho que quiere quedarse con un millón de clientes de las Cajas en tres años, con lo que toda la banca podría ganar unos 10 millones de clientes de Cajas. Y habrá menos competencia.

Al final, Zapatero ha hecho con las Cajas como con la crisis: dos años diciendo que no había problemas para luego hacer un ajuste tardío, desproporcionado, chapucero y con prisas, que, además, no va a dar confianza a los mercados. Y que nos va a costar mucho más.

El ajuste de las Cajas, también lo pagamos todos

En plenas Navidades, la mayoría de las Cajas de Ahorros han estado cerrando fusiones para alumbrar un nuevo mapa de un sector que apenas había cambiado en el último siglo. El Banco de España les había dado un ultimátum: o ponéis orden para Nochebuena o lo ponemos nosotros. Y vaya si lo han hecho: ha habido fusiones contra reloj, para pasar de 45 Cajas a 17, se van a cerrar 2.300 oficinas y salen unos 20.000 trabajadores (1 de cada 6), la mayoría por prejubilaciones. Pero una cuarta parte del ajuste la pagaremos todos los españoles, financiando el paro durante dos años a los prejubilados de las Cajas, que salen con 55 años, lo que nos costará 1.100 millones de euros. Y además recibirán préstamos públicos del FROB para financiar el ajuste de un sector con beneficios.

Las Cajas son el eslabón más débil del sistema financiero español, por varias razones. La principal, porque soportan el 65% de la crisis del ladrillo (170.000 millones en activos inmobiliarios), con una elevada morosidad. La segunda, porque tienen una débil estructura de capital. La tercera, por su exceso de capacidad, fruto de haber aumentado en la última década oficinas (+30%) y plantillas (+32%), mientras la banca las recortaban (-6%).La cuarta, una gestión muy condicionada por los políticos locales y autonómicos (y hasta los Obispados).Y la última, que este año se han intervenido dos Cajas (CCM y Caja Sur) y los mercados temen que haya más Cajas en apuros(11 han tenido pérdidas en el tercer trimestre).

Pero las prisas ahora por ajustar las Cajas se deben a dos factores más. Uno, que necesitan con urgencia liquidez y apelar a los mercados para refinanciar en 2011 más de 40.000 millones de deuda. El otro, que la normativa europea Basilea III les obligará en 2011 a mayores exigencias de capital. Y para ello, tendrán que convencer a los inversores que son entidades saneadas y bien gestionadas.

La reforma ha consistido en un puzle de 12 fusiones entre Cajas de distintas autonomías o de la misma (caso de las Cajas de Galicia o Castilla y León), buscando siempre que una Caja sana se haga cargo de una o varias con problemas. Caja Madrid, Bancaja y 5 Cajas pequeñas han hecho la mayor fusión financiera de nuestra historia, creando la tercera entidad tras Santander y BBVA. Otras fusiones importantes son las protagonizadas por Cajastur, Catalunya Caixa, Caja Murcia y Caja Navarra. Ahora quedan 17 grupos de Cajas, tres veces más grandes, con un 15% menos de personal, y una estructura más ágil, como bancos, para poder captar accionistas y capital en la Bolsa y en los mercados. Y con una gestión más profesionalizada, aunque siguen los políticos: en el grupo Caja Madrid-Bancaja, por ejemplo, de los 22 consejeros hay 2 ex- ministros (Rato Y Virgilio Zapatero) y otros 11 cargos políticos.

El mayor coste del ajuste de las Cajas será para reducir el personal en 20.000 empleados, de los que 17.000 saldrán por prejubilaciones a los 55 años. El Ministerio de Trabajo, el que quiere que todos nos jubilemos a los 67 años, les va a autorizar un ERE para que los dos primeros años cobren el paro y lo pague el INEM (o sea,todos), así como sus cotizaciones a la Seguridad Social (además, los prejubilados pagarán menos impuestos en el cobro de su indemnización al ser un ERE). Esta fórmula de ajuste laboral, de las que no han disfrutado los bancos en sus múltiples prejubilaciones, les supondrá un ahorro de 1.100 millones que paga el Estado. Y también recibirán 12.000 millones de préstamos públicos del FROB.

Ahora, las Cajas tendrán que digerir estas complicadas fusiones y buscar capital para sanearse y reforzarse. Y en enero, se desnudarán, al tener que publicar el riesgo que tienen con el ladrillo, un dato clave para los mercados. Habrá que ver si mantienen su “trato de Cajas” frente al cliente, qué pasa con su Obra Social  y si pierden cuota frente a los bancos. Ojala no haga falta un segundo ajuste, porque también nos tocaría pagarlo.