Récord de bajas laborales

La patronal siempre se queja del absentismo laboral de muchos trabajadores. Pero en mayo, sindicatos y empresarios lanzaron una alerta conjunta, inédita en España: “manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las bajas laborales”. Causa: batieron un récord en 2022, 768.094 bajas (43 por cada 1.000 asalariados, frente a 34 en 2019). El aumento se debe a que trabajan más personas y, sobre todo, al atasco en la sanidad pública, que ha retrasado las revisiones, tratamientos y altas. Y también a que las plantillas han envejecido y sufren más traumatismos y depresiones. Sindicatos y patronal no creen que haya “abusos”, sino que se diagnostican y tratan los problemas de salud tarde y mal. Y piden que las Mutuas colaboren con los médicos para agilizar y reducir las bajas, costosas para todos. Otra vía es mejorar la seguridad en el trabajo y la salud mental de los trabajadores, cada vez más deteriorada. También ayudaría mejorar el clima laboral, porque el 54% de los trabajadores están “desmotivados” en su trabajo.

Enrique Ortega

Sindicatos y patronal firmaron el 10 de mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un pacto social para encarrilar las subidas salariales y las relaciones laborales entre 2023 y 2025. La novedad es que, en este Acuerdo se incluye, por primera vez en España, una referencia a las bajas laborales, una cuestión que preocupa desde siempre a la patronal, que lleva años quejándose de un aumento del absentismo laboral. En el Capítulo VII del Acuerdo, sindicatos y patronal dicen textualmente: “manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes”. La alerta se lanza por los últimos datos oficiales sobre bajas laborales (por problemas de salud comunes, no las “bajas profesionales”) publicadas por la Seguridad Social: 768.094 bajas de asalariados en 2022, frente a 583.118 bajas en 2019, antes de la pandemia, y 283.292 en 2012 (el mínimo de bajas, en lo peor de la crisis). Y con ello, se bate un récord histórico: son ahora 43,26 bajas por  cada millar de trabajadores por cuenta ajena, frente a 34,1 por cada 1.000 en 2019 y 19,14 en 2012 (incluso en 2007 eran sólo 32,14 por cada 1.000 asalariados).

El peso de las bajas laborales es muy desigual por autonomías. Están por encima de la media española (43,26 bajas por cada 1.000 asalariados) Galicia (57,28 bajas con 59,53 en Lugo), Canarias (56,93, con 59,15 en Las Palmas), País Vasco (55,72 bajas, con 61,46 en Vizcaya), así como León (58,13 bajas por 1.000 asalariados) y Palencia (53,50 bajas). Y tienen un menor problema de bajas laborales Madrid (34,94 bajas por cada 1.000 asalariados),  La Rioja (35,98 bajas), Baleares (36,75 bajas) y Andalucía (38,15 bajas).

Lo positivo es que la duración de estas bajas laborales por contingencias comunes se ha reducido en 2022, hasta los 37,68 días de media, tras batir récords en 2021 (47,86 días) y 2020 (49,44 días), por la pandemia y los atascos en la sanidad pública. Esta duración media de las bajas (37,68 días) es similar a 2019 (38,59 días) y 2012 (37,12 días) y menor a los años anteriores a la crisis financiera (43,83 días de media en 2007). Con todo, hay una gran diferencia por autonomías: la baja media dura más en Extremadura (67,18 días), Galicia (66,10) y Asturias (56,53), tres regiones más envejecidas, y es mucho menor en Cataluña (27,14 días), La Rioja (32,26), Madrid (33,17), Euskadi (36,22) y Castilla la Mancha (38,89), seguidas por Canarias (42,52), Cantabria (44,89) y Andalucía (44,48 días).

Los expertos consideran que hay varias causas que explican este aumento de las bajas laborales. La primera, que hay más gente trabajando, más asalariados, lo que puede explicar el aumento total de bajas (de 583.118 en 2019 a 768.094 en 2022, un +31,7%, muy superior al +2,5% que ha aumentado el empleo), pero no explica el aumento de su prevalencia, de su peso por cada 1.000 asalariados (que ha subido de 34,1 a 43,26). Este aumento habría que buscarlo en otras causas. La primera, el envejecimiento de las plantillas (el 34,4% de los trabajadores tienen más de 50 años, mientras sólo eran el 25,2% del total en 2012), que explicaría el aumento de bajas por problemas en el aparato locomotor (golpes, roturas, esguinces…), que son las que más han crecido. Y la otra, el aumento de la precariedad laboral y los problemas mentales agudizados por la pandemia, que explican el aumento de las bajas por depresión y salud mental.

Expertos, sindicatos y patronal coinciden en otra causa, que está por debajo de todas las demás: los atascos en la sanidad pública, agravados con la pandemia. La cuestión de fondo es que los problemas de salud ahora se diagnostican tarde (han aumentado las esperas para ir al médico de familia y, sobre todo, al especialista: 95 días de media) y eso retrasa los tratamientos y la recuperación, alargando las bajas.

Los sindicatos creen que muchas bajas traumatológicas (el 2º motivo de las bajas estos años, tras el coronavirus) se podrían reducir con un diagnóstico más rápido y sobre todo, con una rehabilitación más inmediata e intensa, algo que resulta difícil de conseguir en la sanidad pública, donde los servicios de rehabilitación están colapsados y tienen largas listas de espera. Otras bajas que se han disparado en 2021 y 2022 son las bajas por depresión, ansiedad, insatisfacción o sobrecarga de trabajo, que han crecido un 31% entre los menores de 35 años. Actualmente, estas bajas por salud mental son las segundas más frecuentes (el 17%), tras las bajas por razones musculo esqueléticas. De hecho, España es el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos (el 11% de españoles los toman a diario…). Los sindicatos se quejan de que las empresas no tienen protocolos para detectar y mejorar los problemas de salud mental y que la sanidad pública tampoco ayuda, sólo con recetas y bajas.

Este fuerte aumento de las bajas laborales tiene un alto coste para el país. Empezando por los trabajadores que están de baja: los 3 primeros días no cobran nada y después cobran el 60% de la base reguladora (para un tercio de asalariados, en torno a los 1.000 euros) los días 4º al 20º, para subir al 75% de esa base a partir del día 21. El coste es también para las empresas, que pagan la baja y la cotización del 4º día al 15º, pagándolo después la Seguridad Social o la Mutua. Y el mayor coste es para la Seguridad Social, que paga la mayor parte del coste de estas bajas laborales, más sus cotizaciones sociales. Cuando la baja supera los 365 días, se produce una de estas 3 situaciones: el trabajador es dado de alta, se le prorroga la baja 180 días más si se piensa que puede curarse o se empieza el trámite para reconocerle una incapacidad permanente (que también paga la SS).

En un país con las plantillas tan cortas, donde faltan trabajadores en muchos sectores y empresas, que haya un porcentaje de baja complica la gestión de las empresas y tiene altos costes para todos. Por eso, sindicatos y patronal han propuesto solucionar el problema de las bajas, reconociendo que es un problema de mala gestión más que de “fraude” de los trabajadores, según los sindicatos: “No se puede meter en el mismo saco las ausencias injustificadas (absentismo) y las debidas a problemas médicos”, señalan, aunque reconocen que hay faltas al trabajo sobre todo “por razones familiares y de falta de conciliación laboral”, así como por razones de “insatisfacción laboral”.

Sindicatos y patronal creen que se puede reducir el número de bajas laborales y, sobre todo, gestionarlas mejor para que duren menos tiempo. Por un lado, insisten en la necesidad de mejorar la seguridad en el trabajo, la prevención y cuidar más la salud mental de los trabajadores, para reducir problemas médicos y bajas. Y cuando ya aparecen, creen que la sanidad pública (gestionada por las autonomías) debe tener ayuda de las Mutuas de Trabajo: “instamos a las administraciones a desarrollar Convenios con las Mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad laboral por contingencias comunes de origen traumatológico”, señalan en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

En concreto, lo que sindicatos y patronal proponen es que los médicos de cabecera sigan dando las bajas, pero que se envíe a los trabajadores con bajas traumatológicas a las Mutuas, que son entidades públicas (aunque participen las empresas privadas) y tienen personal especializado para atender los traumatismos y realizar rehabilitación, para hacer un seguimiento de las bajas y proponer el alta cuando esté motivada, alta que siempre tendrá que decidir y firmar el médico de cabecera.

Ahora, será el futuro Gobierno el que tendrá que atender esta petición de sindicatos y patronal, que las Mutuas de Trabajo participen en la gestión de las bajas laborales, aunque la última palabra la tienen las autonomías, que son las que gestionan la sanidad pública y en definitiva las bajas, con un resultado desigual según las regiones. Y también han de colaborar los médicos, sobre todo los de cabecera, que hoy se quejan de que destinan una gran parte de su tiempo a gestionar las bajas y su seguimiento.

Plantear el problema del exceso de bajas laborales no supone acusar a los trabajadores de “escaquearse”, de aprovecharse de las bajas para no ir a trabajar, como denuncian algunos empresarios. Es básicamente un problema de pérdida de tiempo y de recursos, por gestionar mal las bajas. Pero sí deberíamos afrontar otro problema colateral: “la insatisfacción con el trabajo, un problema que se da en todo el mundo. En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento es el sueldo, algo normal en un país donde el salario medio bruto son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo al dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un reciente informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiar la gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta… Empresarios: mejoren el ambiente laboral, habrá menos bajas y ganarán más.

Cambian las bajas laborales: más control

A partir de este 1 de diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán  cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude. El absentismo laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la mayoría de europeos y la mayoría hacen horas extras, la mitad sin cobrarlas. Hay que controlar el absentismo, sí, pero sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar  la salud laboral, porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
 

enrique ortega

En España se pierden al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de euros, algo más de la mitad a la Seguridad Social (4.878,37 millones en 2014), que paga las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del 1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen más control y una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.

Rajoy recogió el guante de la batalla patronal contra el absentismo y empezó cambiando la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10 días en dos meses, incluso con baja médica. Hasta entonces, ese despido era improcedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo, aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí. En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000 millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales. Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en la gestión de las bajas laborales, a la vez que se privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap, Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor este 1 de diciembre.

El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61 días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo. Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar con  lo habitual según las dolencias. Y además, el médico tendrá que hacer informes periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la baja.

El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las bajas: desde el primer día, podrán pedir al empleado de baja que acuda a una revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la Mutua podrán pedir al INSS el cambio en la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja, aunque luego tiene 10 días para justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo pierde definitivamente).

El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes, unos 500 millones al año según el Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los médicos de las Mutuas, para “poner en duda” su trabajo. Dos, que se les obliga a hacer mucho más papeleo: tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se les exige ahora un informe complementario cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.

Además, los médicos del SNS se quejan de que las Mutuas (y las empresas) están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales), que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas privadas.

Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de 2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6 años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014), frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un 35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en 2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y  los trabajadores se lo piensan mucho, con tanto paro, antes de no ir a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.

Parece claro que el absentismo laboral es algo muy negativo, para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en paralelo, no se habla de otros datos que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania (trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco, el 85% de los trabajadores españoles hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según un informe de Regus. Y cada semana se hacen en España  10 millones de horas extras “ilegales” (que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la patronal: más de la mitad de las horas extras hechas en 2014 no se pagaron, se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.

A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia, para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando), que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral, la innovación y la tecnología.

Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas laborales han agravado el estrés laboral, provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas perdidas. Tener trabajadores sanos (y satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que defrauda. La mayoría quiere trabajar y cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.

Bajas laborales: ojo a ponerse enfermo

Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral es la posibilidad de despedir a un trabajador si falta al trabajo, aún con baja médica, diez días en dos meses. Hasta ahora, ese despido no era procedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo, con lo que los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores. Los sindicatos dicen que el absentismo es más bajo que en Europa y que el cambio va a ser utilizado para “limpiar plantillas”. Además, se va a permitir a las Mutuas, controladas por las empresas, que den altas y bajas, en vez de los médicos. Y eso cuando  crecen los españoles que van enfermos a trabajar, por miedo a perder su empleo. Y el 85% de trabajadores hacen más horas de las que deben.

enrique ortega

Hasta esta reforma laboral, para despedir a un trabajador por faltas justificadas, hacía falta que la plantilla tuviera un índice de absentismo superior al 2,5%. Ahora, se quita esta cautela, con lo que los trabajadores jetas no se pueden aprovechar de tener compañeros cumplidores. Si faltan al trabajo, aun con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (discontinuos, en un año), pueden ser despedidos con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Esta norma se puede aplicar ahora a los empleados públicos, donde el absentismo es mayor. Las autonomías ya han empezado a aplicar Planes, al margen de la reforma. Así, el País Vasco paga menos a los funcionarios de baja (75% entre el 4º y el 20º día, 85% entre el 21º y el 44º y el 100% sólo a partir del día 45) y también Madrid (60% entre el 4º y el 20º día y el 75% si se prolonga más de 3 meses). Ahora, además, podrán despedir a algunos.

Los sindicatos aceptan medidas contra el absentismo (las pactaron en los acuerdos sociales de 2011), pero critican que la patronal haya hecho del absentismo una bandera ideológica, queriendo cargar a los trabajadores el sambenito de vagos, con datos falsos. Porque la realidad es que el absentismo en España es más bajo que en Europa: 2,1% de jornadas perdidas por incapacidad temporal (IT) frente al 2,2 % en Europa. Y se ha reducido con la crisis: de 29,9 bajas por 1000 trabajadores (2007) se ha pasado a 24 (2010). Y de 1,7 horas perdidas por trabajador en 2007 a 0,9 en 2011. Y con ello, ha bajado el gasto en IT: de 7.533 millones (2008) a 6.295 (2011).

La patronal dice que la reforma laboral podría reducir el absentismo un 20% y quieren pagar menos en cotizaciones por contingencias comunes, para lo que han conseguido del Gobierno que sean las Mutuas las que en 6 meses den las altas y bajas laborales también en las enfermedades comunes. Sin embargo, los empresarios apenas pagan las bajas: se estima que sólo cargan con 1.000 millones y que el resto lo financia la Seguridad Social. Y  recordemos que si las empresas pagan las bajas laborales (del 4º al 15º día) es porque se acordó en 1994 a cambio de una bajada en las cotizaciones empresariales.

Las Mutuas, controladas ahora por las empresas, gestionan las altas y bajas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero no las de enfermedad común, que deciden los médicos de la SS. Sin embargo, a partir del día 16 de baja, pueden requerir al trabajador para hacerle reconocimientos e incluso pueden hacer propuestas de altas médicas, lo que los sindicatos critican como un elemento de presión sobre el trabajador. En 6 meses, el Gobierno les permitirá que controlen las bajas de menos de 15 días y den las altas, para rebajar la factura de las empresas, lo que puede multiplicar los conflictos.

Las Mutuas, 20 ahora (tras una enorme concentración) son un gigantesco entramado, que maneja más de 12.500 millones y tienen un fondo de reserva de 6.000, a costa, según muchos expertos, de cargar costes a la sanidad pública. De hecho, camuflan muchas enfermedades laborales como enfermedades normales, para no cargar con su coste: un 33% de gasto sanitario público vasco y un 20% de las bajas comunes en Cataluña son bajas por enfermedades profesionales, según distintos estudios. Los sindicatos critican este fraude, que engorda los excedentes de las Mutuas a costa del déficit de la sanidad y piden protocolos claros, unidades específicas en los hospitales y que España reconozca el catálogo de enfermedades profesionales de la OIT.

Mientras la patronal hace bandera del absentismo, los españoles van cada vez más a trabajar enfermos, por miedo a perder su empleo, según distintos estudios.  Y de las enfermedades profesionales detectadas en 2011 (18.121), más de la mitad fueron sin baja, el triple que antes de la crisis (y con baja, la mitad que en 2006).

Además, el 85% de los trabajadores pasan en el trabajo más horas de las que deben, cuando en 2010 eran el 45%, según un estudio de Randstad: dos tercios lo hacen por miedo a perder el empleo y el otro tercio por falta de personal. Y eso, recuerdan, cuando España es el cuarto país de Europa que más horas trabaja (por detrás de Austria, Portugal y Suecia), un 20% más que Alemania, por ejemplo.

El problema no es el absentismo ni trabajar más o menos horas, sino ser productivo y eso no se arregla persiguiendo las bajas laborales. La productividad tiene que ver con una buena  organización del trabajo, con la eficiencia en los procesos, con la tecnología y la innovación, con la formación, con un buen clima laboral. Y vamos por el camino contrario.

Los autónomos, parados de segunda clase

Los 3 millones de autónomos españoles tienen de plazo hasta el 6 de febrero para decidir si pagan una cotización extra por tener derecho a cobrar el desempleo, como cualquier trabajador. Un derecho que se ha vendido como “una conquista social para los autónomos”. Hasta aquí bien. El problema es cuando ves las condiciones: hay que cotizar un año para tener derecho a dos meses y cuatro años para cobrar 12 meses de paro, el máximo posible. La cotización extra es alta, para lo que recibes. Y hay que darse de baja como autónomo (cero ingresos) para cobrar el paro. Todo ello, con escasa y mala información de la Seguridad Social y las Mutuas, que son las que gestionan este nuevo paro a los autónomos. Al final, si el autónomo no se decide a solicitarlo esta semana, ya no podrá hacerlo hasta septiembre y entonces no cobraría el paro hasta enero de 2013.

Los  autónomos no tenían derecho a paro hasta que en agosto de 2010 se aprobó una Ley que les permitía cobrar  un particular desempleo si se lo pagaban. Esta cotización extra es voluntaria para la mayoría de los autónomos (sólo es obligatoria para los autónomos económicamente dependientes y los que trabajan en actividades de riesgo) y da derecho a dos prestaciones: subsidio de paro y contingencias profesionales, que quiere decir que el autónomo tiene derecho a asistencia sanitaria de la Mutua y a cobrar la baja por accidente de trabajo. Si no paga esta cotización extra, sólo cobra la baja por enfermedad común, no por accidente laboral, que tampoco está cubierto por la Mutua con la cotización normal, de contingencias comunes, que es la que pagan todos los autónomos.

¿Cuánto cuesta que un autónomo pueda cobrar la baja por accidente de trabajo y el paro si se queda sin trabajo?.  En el caso de un autónomo que cotiza por el mínimo (841,80 de base reguladora), que son la mayoría, le supondría cotizar unos 30 euros más al mes (282,42 en vez de 251,70 euros), según un simulador. No parece mucho. Pero es que tampoco da derecho a mucho: después de pagar durante un año (360 euros), se tendría derecho a sólo dos meses de paro, cobrando 664 euros al mes. Y si se paga durante 4 años (1.440 euros), se cobrarían 664 euros al mes durante un año.

Los autónomos hemos recibido una carta de nuestra Mutua en la que nos informa de lo que tendríamos que cotizar más al mes, para cobrar el desempleo y tener cobertura por accidentes laborales. Pero cuando he llamado para ver qué paro me quedaría, me han dicho “que lo pregunte en la Seguridad Social”. Y cuando haces la cola en la SS, te encuentras una ceñuda funcionaria que te dice que ella no lo sabe y que lo preguntes en la Mutua (y apostilla: “todos los días tenemos problemas con las Mutuas”). Total, que sé al céntimo lo que tengo que cotizar más, pero sólo puedo calcular en un simulador mi posible desempleo.

Dos problemas más. Uno, ¿Quién cotiza por el autónomo mientras está parado? En el caso de los trabajadores, es el INEM y en el caso de los autónomos, su Mutua. Pero, ¿por qué base: por la que estaba cotizando o por la mínima? Nadie ha sabido decírmelo. El otro problema es que para tener derecho al desempleo, el autónomo ha de darse primero de baja en Hacienda y no ingresar un duro. O sea que si le sale algo mientras está parado, incluso una pequeña chapuza, tiene que volver a darse de alta y perder el desempleo (o cobrarla en negro).

Al final, ante la escasa información y el tener que cotizar más ahora para tener derecho al paro dentro de un año, es posible que la mayoría de los autónomos no se apunten a cotizar por desempleo. Y por parados no será, ya que en 2010 se han dado de baja 58.000 autónomos y más de 300.000 desde que empezó la crisis. Lo que les toca es seguir buscando trabajo y mientras, cobren o no, seguir cotizando más y por más tiempo (ahora 38,5 años) para poder jubilarse. Pedirles también que coticen más para cobrar un paro escaso es una gollería.