Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.

Elecciones 26-M: nos jugamos mucho

Para los 4 grandes partidos, las elecciones del domingo son “la 2ª vuelta” de las últimas generales: unos buscan confirmar su victoria y otros una “remontada” que atenúe su derrota del 28-A. Para nosotros, no debería ser así, porque en estas elecciones autonómicas y municipales nos jugamos mucho, nuestro día a día: la sanidad, la educación, las políticas de empleo, la dependencia, las ayudas sociales, la Justicia, la vivienda, el tráfico o la contaminación y los servicios públicos, que dependerán mucho de quien gobierne nuestra región o ciudad. Porque España es el 2º país más descentralizado de Europa y la mitad del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos. Ahora, están en juego el Estado del Bienestar y los servicios públicos, lo que exige reformar con urgencia la financiación autonómica y reordenar los impuestos, que la derecha promete bajar, algo imposible (faltan recursos) si no queremos más recortes. Defendamos unas regiones y ciudades que funcionen y mejoren nuestra vida. Votemos.

enrique ortega

España se ha convertido en el 2º país más descentralizado de Europa y del mundo, tras Alemania y por delante de Bélgica, Austria o Estados Unidos, según el indicador de Autoridad Regional elaborado por la Universidad de Oxford. Y el gasto autonómico y local supone ya la mitad de todo el gasto público, un porcentaje sólo inferior al de Dinamarca, Suecia y Bélgica, donde tiene un mayor peso el gasto local, según Eurostat. Eso quiere decir que gran parte de los servicios públicos, desde las políticas de empleo a la sanidad, la educación, la justicia, la vivienda  o las ayudas sociales los gestionan las autonomías y Ayuntamientos, no el Gobierno central. Y por eso, es tan importante o más votar quien va a presidir nuestra autonomía o nuestra ciudad que quien va a estar en La Moncloa. Nos jugamos mucho.

Las autonomías tienen mucho que decir en el problema que más preocupa a los españoles, el paro. Primero, porque son las que gestionan las oficinas de empleo (SEPE) y por tanto, las responsables de ayudar a los parados a encontrar trabajo (sólo al 2%), con cursos de formación y asesoramiento especializado. Las diferencias en la gestión del SEPE y en los medios de que disponen son muy patentes entre autonomías, aunque la mayoría adolece de falta de medios y personal. Pero hay más: las autonomías tienen también competencias en política económica, gestionando ayudas a las empresas y a la promoción de empleo. Y tienen mucho que decir a la hora de atraer inversiones o apoyar la exportación, el turismo o la investigación. Y todo esto se acaba notando en el empleo y el paro. No es casualidad que las dos autonomías más ricas, Navarra y el País Vasco, sean las que tienen menos paro (8,19% y 9,62%) y que las tres autonomías más pobres, con menos industria, tecnología y exportación, sean las que tienen más paro: Extremadura (22,52%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Cuenta mucho la historia y la política económica que se haga en Europa y en España, pero ayuda o entorpece lo que se haga en las autonomías.

Las autonomías gestionan la mayoría de las competencias que afectan al Estado del Bienestar, a los servicios públicos. Los últimos Gobiernos autonómicos, elegidos en 2015, trataron de paliar los recortes que les dejaron Rajoy y Zapatero. Concretamente, entre 2009 y 2017, las políticas sociales de las autonomías sufrieron un recorte de -8.255 millones, un 7,07%, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y ese recorte social  fue mayor en 5 autonomías, las “campeonas del ajuste”: Cataluña (-19,96%), Castilla la Mancha (-18,76%), Canarias (-8,53%), Aragón (-7,90%) y Galicia (-7,5%). En 2017, sólo 6 autonomías habían recuperado ya el gasto social de antes de la crisis: Baleares (+7,96%), Navarra (+7,94%), País Vasco (1,87%), Cantabria (+1,20%), Asturias (+0,50%) y Comunidad Valenciana (0,22%). Y es bueno conocer  las autonomías que más gastaron por habitante en políticas sociales en 2017: Navarra (3.247 euros), País Vasco (3.196), Extremadura (2.780), Asturias (2.734) y Cantabria (2.705 euros). Y las que menos gastaron: Madrid (2.065 euros, el 34,6% menos que Extremadura), Canarias (2.131), Baleares (2.180), Andalucía (2194) y Cataluña (2.227 euros).

Dentro de este gasto social autonómico, la principal partida es la sanidad: de los 68.483 millones que España gastó en Sanidad en 2017, según el Ministerio, el 92,71% (63.494 millones) lo gastaron las autonomías (y un 0,9% los Ayuntamientos). En esta partida sanitaria, el recorte entre 2009 y 2017 fue de 5.993 millones, un -9,3%, que vuelve a ser mayor en Cataluña (-27,51% de recorte sanitario), Castilla la Mancha (-14,35%), Aragón (-12,67%) y Extremadura (-9,79%). De hecho, sólo hay 5 autonomías que gastan ahora (2017) en Sanidad más que antes de la crisis: Baleares (+12,30%), Navarra (+7,45%), Cantabria (+3,3%), Asturias (+1,60%) y País Vasco (+1,02%).

Las diferencias en el gasto sanitario por autonomías (2017) son muy llamativas. En cabeza están el País Vasco (1.648 euros/habitante), Navarra (1.616), Asturias (1.614), Aragón (1.434) y Extremadura (1.428 euros), mientras a la cola del gasto sanitario están Andalucía (1.255 euros, un 50% menos que en Euskadi), Madrid (1.133), Cataluña (1.178), Murcia (1.197) y Comunidad Valenciana (1.230), las cinco con un gasto inferior a la media española (1.255 euros). Esto se traduce en menos camas de hospital, menos médicos o enfermeras y menos medios, que el ciudadano sufre en una peor atención y en mayores o menores listas de espera (48 días para operarse en el País Vasco y 132 en Cataluña, por ejemplo). Al final, se ha configurado un mapa de “4 Españas sanitarias”, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Una sanidad “buena” en el País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón (80) y Castilla y León (83 puntos). Una sanidad “regular” en Asturias (78), Castilla la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72 puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos), Valencia (63) y Canarias (53). Recuérdenlo al votar.

El segundo capítulo de gasto social de las autonomías es la educación: si España gastó 49.458 millones en 2017, según el Ministerio, el 83,6% lo aportaron las autonomías (41.333 millones en 2017). Aquí, el recorte del gasto educativo entre 2009 y 2017 fue de 2.800 millones, un -6,9%, aunque fue mayor en Castilla la Mancha (-19,35%), Asturias (-12,03%), Cataluña (-12%), Canarias (-11,61%) y Castilla y León (-10,45%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y sólo hay 3 autonomías que gasten en educación (2017) más que antes de la crisis: Baleares (+2,19%), la Rioja (1,20) y Extremadura (+014%).

Las diferencias en el gasto educativo por autonomías son también muy llamativas. Las que más gastan en educación por habitante (2017) son el País Vasco (1.245 euros), Navarra (1.004 euros), Extremadura (943 euros), Cantabria (906) y Comunidad Valenciana (887 euros), mientras están a la cola del gasto educativo Madrid (682 euros, un 82,5% menos que Euskadi), Canarias (770), Asturias (721), Baleares (766) y Cataluña (769 euros), las cinco por debajo del gasto medio español en educación (818 euros). El gasto no es todo, pero explica en buena parte las enormes diferencias educativas entre regiones, desde el porcentaje de repetidores (41,5% en Aragón o 39,2% en Murcia frente al 23,8% en Euskadi) al fracaso escolar (23,5% en Andalucía y 7% en el País Vasco) o el bajo nivel educativo (46,3% de jóvenes poco formados en Castilla la Mancha frente a 19,3% en el País Vasco).

El tercer gran capítulo de gasto autonómico es el gasto social, desde la dependencia a la renta básica o las ayudas familiares. Si en España se destinan 17.723 millones al gasto social (2017), el 61,7% de ese gasto lo hacen las autonomías (10.935 millones), el 25,2% los Ayuntamientos (4.466 millones) y sólo el 13,2% restante lo hace el Estado central. Y también aquí ha habido recortes, aunque las autonomías ya han recuperado el gasto social de 2009 (gastan 550 millones más), salvo 4 que todavía gastan menos: Castilla la Mancha (-31,70%), Galicia (-13,88%), Andalucía (-5,88%) y Cataluña (-1,19%). Los que hacen un mayor gasto social por  habitante son Navarra (626,2 euros), Extremadura (408,3), Asturias (398,6) y La Rioja (397 euros), estando a la cola de gasto social Baleares (117 euros, la quinta parte que Navarra), Canarias (154), Comunidad Valenciana (204) y Murcia (230). Las autonomías que hacen más y mejor gasto social son el País Vasco (7,20 puntos sobre 10), Castilla y León (7,45) y Navarra (7,15) y es "irrelevante" en Madrid (3,20 puntos), Comunidad Valenciana (3,30), Murcia (3,35) y Canarias (3,75 puntos), según el ranking regional de gasto social 2018 elaborado por los Directores de Servicios Sociales.

El gasto en Dependencia, la atención a ancianos y jóvenes discapacitados, es el mayor gasto social de las autonomías, que financian ya el 83,7% del gasto público en Dependencia (7.458 millones en 2017), frente al 16,3% que pone el Estado central (la Ley establece que fuera 50%/50%). Los drásticos recortes de Rajoy a la Dependencia (-5.000 millones) han sido compensados por las autonomías con un retraso en el reconocimiento de las ayudas, un desvío a los servicios más baratos (low cost) y unas listas de espera injustificables: hay 250.037 dependientes con derecho reconocido que no reciben ayudas (diciembre 2018), un 19% del total. Y aquí también hay diferencias: hay 5 autonomías donde las listas de espera superan el 25% de los dependientes (Cataluña, Canarias, la Rioja, Andalucía y Cantabria). Y otras 5 autonomías donde apenas hay dependientes esperando la ayuda (Castilla y León, Ceuta, Melilla, Navarra y Castilla la Mancha). En el pago de rentas mínimas, a familias sin ingresos, la cifra de ayuda es baja (314.562 beneficiarios) y hay grandes diferencias entre los 300 euros mensuales que se pagan en Murcia o los 385 en la Comunidad Valenciana y los 672 euros que pagan en el País Vasco o los 600 euros de Navarra.

Otro gasto autonómico importante es la Justicia, transferida y gestionada por 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares. Esto ha llevado a una “Justicia a varias velocidades”, según los recursos de cada autonomía para juzgados, personal y medios informáticos (con 9 sistemas distintos). Incluso alguna autonomía, como Madrid, se ha planteado devolver las competencias de Justicia, en medio de un colapso general, con enormes atascos y retrasos, sobre todo en la jurisdicción social y mercantil.

Otra competencia transferida a las autonomías desde hace décadas es la vivienda. El Gobierno central aprueba un Plan estatal de Vivienda (vigente el 2018-2021), pero quien gestiona las ayudas a la compra y alquiler son las autonomías. Pero hacen poco más que de oficinas. La mayoría no hacen política de vivienda, porque les faltan recursos. Un ejemplo: en 7 autonomías no se promovió ni una vivienda pública (VPO) en 2018, según Fomento, y sólo 2.418 en Madrid, 633 en Cataluña o 859 en Euskadi. Y tampoco lo hacen los Ayuntamientos (sí muchas grandes ciudades europeas), más preocupados por controlar los precios de los alquileres que en promover viviendas municipales para alquileres sociales.

Los Ayuntamientos podrían ser claves en la política de vivienda si contaran con más recursos (suelo tienen) y gastaran menos en encierros o fiestas populares y más en promover viviendas municipales, como Viena o Berlín. En manos de la gestión municipal están importantes servicios públicos, desde los transportes al agua y la recogida de basuras o el control de la contaminación, cada vez más preocupante (hay 15 millones de españoles respirando un aire que la Unión Europea considera “insalubre”, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Avilés, Málaga y la Costa del Sol). Sin olvidar importantes servicios municipales como guarderías (escasísimas), polideportivos, bibliotecas y centros de mayores, que han sufrido con dureza los recortes y subidas de tasas que pagamos todos.

Las autonomías y Ayuntamientos se presentan a estas elecciones del 25-M con sus cuentas más saneadas, tras 6 años de duros ajustes (2010-2015). En el caso de las autonomías, su déficit ha bajado drásticamente, del 1,66% del PIB en 2015 al 0,23% en 2018 (-2.810 millones). Y 5 autonomías tuvieron superávit en 2018: País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia. Este menor “agujero” presupuestario (a costa de cuantiosos préstamos de Hacienda) les ha permitido gastar algo más desde 2015, aunque a costa de aumentar su deuda: de 124.239 millones en 2010 a 263.269 millones en 2015 y 293.128 millones en 2018. Una deuda muy concentrada en 4 autonomías: Cataluña (78.732 millones, el 34% de su PIB), Comunidad Valenciana (47.084 millones, el 41,7% de su PIB), Andalucía (35.409 millones, el 21,9% de su PIB) y Madrid (33.270 millones, el 14,6% de su PIB), mientras apenas tienen deuda La Rioja (1.591 millones), Cantabria (3.171), Navarra (3.445) y Asturias (4.351 millones).

Los Ayuntamientos tienen unas cuentas mucho más saneadas, gracias a los drásticos recortes que han sufrido en los servicios sus ciudadanos. Tienen superávit presupuestario (+0,52%del PIB en 2018, más que el 0,44% de 2015) y una pequeña deuda (25.781 millones), que sólo ha aumentado estos años en Murcia, Zaragoza y Bilbao. La deuda municipal se concentra en Madrid (2.762 millones, 662 millones menos que en 2015 y muy lejos de los 7.773 millones de 2012), Zaragoza (855 millones), Valencia (439) y Málaga (408 millones). Y lo más llamativo: los Ayuntamientos españoles tienen más ahorro (27.000 millones en depósitos bancarios) que deuda, porque Montoro y su Ley de estabilidad les ha impedido gastar más e invertir, a pesar de tener liquidez.

Con este panorama, lo lógico es que los Ayuntamientos que salgan de estas elecciones gasten e inviertan más, en muchos servicios sin recursos, desde los transportes a la limpieza pasando por bibliotecas y centros de mayores. Y lo mismo las autonomías, casi sin déficit, aunque todavía con demasiada deuda. Por eso es una “irresponsabilidad” prometer bajar impuestos, autonómicos y municipales, como defienden Ciudadanos, PP y Vox. Porque en la próxima Legislatura, las autonomías tendrán que reforzar el Estado del Bienestar, recuperar el gasto en sanidad, educación y Dependencia que muchas no han recuperado todavía. Y fortalecer la Justicia, la vivienda y los servicios públicos, junto a los Ayuntamientos. Si se bajan los impuestos autonómicos, no se podrá gastar más en tanto como hace falta, salvo que se suban impuestos que no se ven (como tasas), mucho más injustos.

Precisamente, uno de los retos de las autonomías es reordenar sus impuestos propios, porque son bajos (sólo suponen el 21% de sus ingresos, el 79% restante son tributos cedidos por el Estado) e injustos, mal equilibrados, en medio de una pelea por quién baja más sucesiones o subvenciona el impuesto de patrimonio (en Madrid no se paga). Urge pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, que corrija las injusticias actuales (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla la Mancha pierden), pero también las autonomías deben tener mayor “corresponsabilidad fiscal” y saber que si quieren tener mejor servicios públicos tienen que cobrar más impuestos, no vivir de las transferencias del Estado y de la deuda. Y crear mecanismos de compensación, Fondos para corregir el hecho de que haya 3 Españas (rica, pobre e intermedia) y que los españoles tengan mejor o peor sanidad, educación o servicios sociales según donde vivan, como pasa ahora.

Como se ve, no estamos ante problemas menores y por eso nos jugamos mucho en estas elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo: el futuro del Estado del Bienestar y la mejora de los servicios públicos, muy deteriorados con los recortes. Es hora de analizar lo que han hecho los Gobiernos autonómicos y sus propuestas de futuro para mejorar nuestro día a día, desde los hospitales, colegios, residencias o ayudas públicas al transporte, la vivienda, la contaminación, la limpieza o las guarderías públicas. Y votar en consecuencia, por encima de ideologías y “segundas vueltas”. Un voto útil para mejorar nuestra vida cotidiana. Voten.