Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?

Los dependientes, en vilo por los Presupuestos

El próximo miércoles 13 de febrero se vota en el Congreso si los Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez siguen adelante o no. Si alguien estará pendiente serán las familias de 1,3 millones de ancianos y jóvenes dependientes, porque se juegan recibir 830 millones más este año y que 80.000 dependientes reciban la ayuda que esperan hace meses. Con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita ayuda, porque cumple 12 años con recortes y falta de recursos. Y las autonomías, que pagan dos tercios de la Dependencia, no dan abasto y buscan “trucos” para atender a más dependientes, como ayudar más a los menos dependientes (más “baratos”) y extender los servicios “low cost” (teleasistencia y cheques por servicios) para atender “a más con menos”. Urge cumplir el Pacto por la dependencia, que todos los partidos (menos PP y PNV) firmaron hace 2 años, y acabar con las listas de espera, porque 100 ancianos mueren cada día sin recibir la ayuda reconocida. Es lo mínimo que les debemos a nuestros ancianos y discapacitados.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia ha cumplido 12 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original agravado después por el Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró 3 días antes de las elecciones de 2011) y empezó a aplicarla recortes sólo 9 días después de llegar a las Moncloa: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

En junio de 2015, con la llegada al poder de la izquierda en muchas regiones, los nuevos Gobiernos autonómicos intentaron paliar estos recortes. Y parece que el balance de la Dependencia ha mejorado. Los dependientes con ayudas han pasado en tres años de 796.109 (diciembre 2015) a 1.054.275 beneficiarios con prestaciones (diciembre de 2018). Y las “listas de espera”, los dependientes con derecho reconocido pero que no reciben todavía ninguna ayuda, se han reducido de 384.326 (diciembre 2015) a 250.037 (diciembre 2018), según los datos oficiales del IMSERSO. Pero esta “mejoría” de la Dependencia se ha conseguido a base de tres “trucos” que han utilizado las autonomías para conseguir atender a más dependientes con menos dinero, al haberse reducido drásticamente la aportación de la Administración Central a la Dependencia: 5.000 millones menos entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El primer “truco” ha sido retrasar en lo posible los expedientes, para responder las solicitudes más tarde y “ganar tiempo”: de hecho, a finales de 2018, había 128.568 solicitudes de ayuda de dependientes pendientes de estudiar y calificar. En otros casos, se ha revisado la calificación del dependiente (gran dependiente, severo o moderado), para intentar rebajar su grado y que sea “más barato”. En ambas situaciones, hay muchas familias que intentado reclamar, pero el Gobierno Rajoy les dejó un regalo a las autonomías: incumplió la disposición final séptima de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción social, y no permitió que las reclamaciones en cuestiones de Dependencia las vean los Juzgados de lo social, con lo que se ven en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, más lenta y costosa. Y muchas familias tardan 2 y 3 años en conseguir una sentencia, a veces tardía: el dependiente ha muerto.

El segundo “truco” es más descarado: se busca atender a más dependientes “moderados” (grado I, que tienen derecho a una ayuda “más barata”) y menos dependientes grandes (grado III) y severos (grado II), cuya asistencia es más cara. Las cifras son clarificadoras. Entre 2015 y 2018, las “listas de espera” (dependientes con derecho reconocido pero que no reciben ayudas) se han reducido en 134.245 dependientes (de 384.282 esperando en 2015 a 250.037 a finales de 2018), según el IMSERSO. Y de estos 134.245 dependientes menos en espera, 126.000 son  dependientes moderados grado I (el 93,85%) y sólo 8.087 son dependientes moderados y grandes (grados II y III), según datos del propio IMSERSO. O sea, que si las listas de espera de la Dependencia se han reducido un 35% en los últimos tres años, la lista de los dependientes más graves (más “caros” de atender) se ha reducido un 7,6% y la de los dependientes moderados (más “baratos”) se ha reducido un 45,38%.

Y vayamos al “tercer truco”: atender a unos y a otros con servicios más baratos, low cost, para sacarle más partido al dinero escaso y que “cunda” más, que esos servicios “low cost” permitan atender a más dependientes. En este caso, lo que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias por cuidar a sus dependientes en casa (una prestación  entre 153 y 443 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 eran el 45,53% de todas las ayudas que se daban en España, en diciembre de 2018 eran sólo el 30,81% de todas las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (el servicio más caro), que han pasado del 14,87% de todas las ayudas en 2015 al 12,61% en 2018. En cambio, ha subido el peso de las ayudas “más baratas”, de los servicios low cost: la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,86% en 2018, aunque en Galicia este servicio supone el 33% de todas las prestaciones y en Andalucía el 27%), la teleasistencia (la ayuda más barata: cuesta 38 euros al mes y la tienen el 17% de los dependientes, aunque en Andalucía la tienen el 31,5% y en Madrid la reciben el 25% de dependientes) y, sobre todo “la prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias para que ellas financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que supone una forma de “privatizar la dependencia”, supone el 10% de todas las prestaciones en España, pero hay autonomías donde tiene mucho peso (45,43% de todas las ayudas en Extremadura, 26,34% en Castilla y León o 17,27% en Canarias).

Son “tres trucos” que han permitido a las autonomías gestionar los recortes a la Dependencia y tratar de “dar más con menos”. Porque el culpable principal es la Administración central, que año tras año (sobre todo entre 2012 y 2015) ha aportado menos fondos a la Dependencia: si en 2009, la Administración central del Estado aportaba el 39,2% de toda la financiación, en 2012 aportó el 21,4%, en 2015 el 18,1% y en 2017 sólo el 16%, menos de la mitad. Y eso ha obligado a las autonomías a aportar mucho más (del 46,2% en 2009 al 61,3% en 2012 y el 63,5% de 2017) y a que las familias de los dependientes aporten también más, en forma de “copagos” crecientes: de costear el 14,7% de la Dependencia en 2009 han pasado a financiar el 17,2% en 2012 y el 20,5% en 2017, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En definitiva, que el Estado central, en este caso el Gobierno Rajoy, se ha ido retirando de financiar la dependencia. Y así, de los 7.458 millones de gasto público dedicado a ayudar a los dependientes en 2017, el 16,3% lo puso el Presupuesto del Estado y el 83,7% las autonomías, cada vez más faltas de recursos. Y además, se produce la desigualdad de que unas autonomías aportan más a la Dependencia (el País Vasco aporta el 88,2%, Navarra el 87,9%, Valencia el 87,6%, Extremadura el 87%, Baleares el 86,6% y Cataluña el 86,1%) y el resto, muchas gobernadas por el PP, aportan menos (75,3% Galicia, 77,2% Murcia, 79,3% Castilla y León o 79,8% Cantabria), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La consecuencia de esta “retirada del Estado central” del pago de la Dependencia es que todavía hay 250.037 dependientes (98.236 de ellos grandes y severos dependientes) que tienen reconocido legalmente el derecho a recibir una ayuda pero que no la reciben, porque las autonomías no tienen recursos para prestársela. Y están “en lista de espera”, en lo que se llama “el limbo de la Dependencia”. El problema además, es desigualmente grave, según las autonomías. Si en toda España, están en lista de espera el 19,17% de los dependientes con derecho reconocido (esos 250.037 en diciembre 2018), hay 5 autonomías donde son más de la cuarta parte: Cataluña (el 32,64% dependientes en espera), Canarias (29,27%), La Rioja (27,46%), Andalucía (26,14%) y Cantabria (22,98%). Y hay otras 5 regiones donde los dependientes en lista de espera son muy pocos: Castilla y León (el 1,55%), Ceuta (5,58%), Melilla (6,86%), Navarra (9,68%) y Castilla la Mancha (10,97%).

La peor consecuencia de estas abultadas listas de espera no es que las familias de los dependientes tengan que atenderles sin ayuda, sino que muchos dependientes mueren antes de que les llegue la ayuda, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años (y dos tercios son mujeres), según el IMSERSO. De hecho, en 2017, 38.000 dependientes con derecho reconocido murieron antes de que les llegara la ayuda, más de 100 diarios, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y estiman que en 2019 morirán otros 30.000 ancianos dependientes antes de que les llegue la ayuda.

Los datos son lo suficientemente graves como para tomar medidas. Y la principal es que la Administración central aumente su financiación a la Dependencia, que aporte el 50% del gasto público (y las autonomías el otro 50%), como señala la Ley de Dependencia. Eso supondría que el Estado tendría que pagar a las autonomías, por cada dependiente, el doble de lo que se propone pagar este año 2019: 264,99 euros por dependientes grado I, 117,36 por dependientes grado II y 66,04 euros por dependientes grado I (moderados), según datos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, habría que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las autonomías pudieran cumplir con financiar el otro 50%, con más de lo que pagan ahora. Porque si no, puede pasar como en 2017: que el Presupuesto del Estado aportó 100 millones más para la Dependencia, pero como las autonomías no pudieron poner su parte, se “perdieron” 44 de esos 100 millones.

De entrada, conseguir estos mayores recursos debería ser posible, porque ya en diciembre de 2016 se firmó un Pacto de Estado por la Dependencia, apoyado por todos los partidos salvo el PP y el PNV. Y en diciembre de 2017, los mismos partidos lo renovaron, llegando el PSOE a presentar una proposición no de Ley, en abril de 2018, para conseguir más fondos y suprimir las listas de espera, proposición apoyada en el Congreso por 205 votos a favor, 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Pero como si nada: las listas de espera siguen ahí y 100  dependientes se mueren cada día sin ayuda. Al final, en octubre, el Pacto entre PSOE y Podemos contempló más dinero para la Dependencia, que se ha incluido en los Presupuestos para 2019: es la partida que más crece, un 59,3%, 830 millones más para mejorar las ayudas a los dependientes (515 millones) y pagar la Seguridad Social de sus familiares cuidadores (315 millones). En total, se estima que ello permitiría reducir la lista de espera en 80.000 dependientes (un tercio) y crear 18.500 empleos directos.

Claro que para eso, los Presupuestos 2019 tienen que aprobarse, algo difícil. Pero, con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita apuntalarse, consolidarse. Y eso exige conseguir dos objetivos: terminar con las listas de espera (250.037) y poder hacer frente al futuro, donde el número de ancianos dependientes se va a duplicar para 2050 (según el CSIC), por el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida, lo que exige una financiación mayor y estable, al margen de los Gobiernos de turno. En total, harían falta unos 2.700 millones más al año, según los Directores y Gerentes de Servicios sociales, no los 830 que se proponen ahora. Y con ellos, España gastaría en Dependencia 9.800 millones al año (recuperando un tercio en empleo, cotizaciones e impuestos), una cantidad “pequeña” comparada con los 130.000 millones que gastamos en pensiones, los 73.000 en Sanidad, los 50.000 en educación o los 18.000 en desempleo, los otros pilares del Estado de Bienestar.

Cada vez hay más familias con personas dependientes y muchos sin medios para atenderlas (ver algunas historias). Es escandaloso que cada día se mueran 100 ancianos sin recibir la ayuda que se les ha reconocido. Y que haya tantas mujeres sin poder trabajar por tener que atender a padres, maridos o hijos dependientes. Es urgente arreglarlo y más si casi todos los partidos lo apoyan. Dejen de hacer promesas y tomen medidas. Nuestros ancianos, jóvenes y niños dependientes no deben esperar más una ayuda decente. Se lo debemos.

2018: empleo "récord", para mayores y precario

El año 2018 cerró con la mayor creación de empleo desde 2006: 566.200 nuevos empleos, 76.000 más que en 2017 aunque España creció menos. Pero 9 de cada 10 nuevos empleos fueron para mayores de 40 años, sobre todo en servicios, construcción y el sector público, cayendo en la industria. Y son empleos muy precarios: sólo el 6,5% fueron empleos fijos a jornada completa, mientras la cuarta parte de los empleos temporales duran una semana o menos. El paro bajó algo menos (-462.400 parados en 2018), porque hay más gente buscando trabajo. Y todavía 5 regiones tienen un 20% de paro o más, mientras el 44% de todos los parados no cobran nada (y hay 7 autonomías donde más de la mitad no cobran). En 2019 se espera crear mucho menos empleo (+ 330.000) y hasta 2021 no se recuperará la ocupación de 2007. Por eso, urge aprobar los Presupuestos 2019 y reanimar la economía y los salarios, para evitar que se enfríen más el crecimiento y el empleo en un año difícil. 

enrique ortega

El año 2018 terminó mejor de lo esperado, con una creación de 36.600 empleos en el cuarto trimestre, cuando se habían perdido empleos a finales de 2017 (-50.900) y 2016 (-19.400). La mejoría vino por el empleo creado en el sector público entre octubre y diciembre, ya que el empleo privado cayó ese trimestre, sobre todo en la industria y en los servicios, según la EPA del 4º trimestre 2018. Con esta mejoría, el año 2018 cerró con 566.200 nuevos empleos, 76.000 empleos más que en 2017, a pesar de que la economía creció mucho menos el año pasado (2,5% frente al 3,1% en 2017). Es la mayor creación de empleo desde el inicio de la recuperación (+433.000 empleos creados en 2014, +525.100 en 2015, +413.900 en 2016 y +490.300 empleos en 2017) y el récord histórico de empleo desde 2006 (+687.600 empleos).

 Dicho esto, hay datos preocupantes en la EPA de 2018. El fundamental, que el empleo se está creando de una forma muy desigual. Primero, por sexos: 55,4% de los empleos creados en 2018 fueron para hombres y 44,6% para mujeres. Segundo, por edades: el 90% de los nuevos empleos fueron para mayores de 40 años, sobre todo para personas entre 40 y 55 años (+291.100 empleos) y mayores de 55 años (+221.900 empleos), algo en principio sorprendente, mientras los menores de 40 años sólo consiguieron 53.000 empleos ( en el cuarto trimestre de 2018, los jóvenes perdieron empleo). Tercero, el empleo se creó en 2018 sólo en los servicios (+428.100 empleos, el 75% del total), y la construcción (+136.100), mientras perdía empleo la industria (-3.000 empleos) y se mantenía en el campo (+4.900), destacando el empleo creado en el sector público (+136.300, el mejor dato anual desde 2004). Y dos tercios del nuevo empleo se lo llevaron 5 autonomías: Andalucía (+118.600), Madrid (+108.600), Cataluña (+75.000), Canarias (+41.600) y Baleares (+35.700).

Pero lo más preocupante es la mala calidad del nuevo empleo creado en 2018, como en los años anteriores: el 89,75% de los contratos firmados fueron temporales, según los datos del Ministerio de Trabajo, una cifra muy elevada aunque ligeramente mejor que el porcentaje de temporales de 2011 a 2015 (92%) y de 2016 y 2017 (91%), gracias sobre todo al Plan de actuación de la inspección de Trabajo desde agosto. Lo peor es que una cuarta parte de esos contratos temporales (el 26,68%) se hicieron por una semana o menos. Y además, siguen creciendo los contratos a tiempo parcial, por horas o por días, que supusieron el 35,8% de los contratos firmados en 2018. Los dos datos confirman un hecho que acompaña a la recuperación del empleo desde 2014: el empleo que se crea se reparte mucho, hay una enorme rotación: en 2018 se firmaron 22,29 millones de contratos (otro récord), lo que indica que se hicieron 40 contratos para cada empleo creado (recordemos: 566.200 ocupados más). Al final, un dato del Ministerio de Trabajo resume lo que pasa: sólo 6,5 de cada 100 empleos creados en 2018 fue "de calidad", fijo y a jornada completa.

Esta fuerte creación de empleo de 2018, mal repartido y precario, ha permitido cerrar el año con 462.400 parados menos, según la EPA, una cifra  inferior a la rebaja del desempleo en los últimos años (-471.000 parados en 2017, -541.700 en 2016, -678.200 en 2015 y -477.900 en 2014), debido a que aumentó el número de españoles que se han animado a buscar trabajo (+103.800 activos en 2018, sobre todo mujeres y jóvenes). Con este dato, la tasa de paro baja al 14,45%, casi la mitad del peor año de la crisis (2013: 26,03% de paro) y la tasa más baja desde 2008 (13,91%) aunque seguimos teniendo más del doble de paro que Europa: 6,6% en la UE-28 y 7,9% en la zona euro, en diciembre de 2018, según Eurostat . Y la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) todavía está en el 33,54% en España, frente al 14,9% en Europa.

El paro en España también es desigual, como el empleo, y se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.730.200, con una tasa del 16,26%,frente al 12,87% de los hombres), los jóvenes ( 32,24% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (21% de paro) y los mayores de 50 años (el 13,15% de paro, el triple que en 2017), donde ya hay 879.500 españoles mayores sin trabajo (y sin muchas posibilidades de conseguirlo), según la última EPA de 2018. Por autonomías, todavía hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, que ronda o supera el 20%: Extremadura (21,10% de paro), Andalucía (21,26%), Canarias (19,99%), Ceuta (24,02%) y Melilla (23,85%), con un paro aún mayor en Cádiz (27,35%), Badajoz (24,10%), Huelva (22,79%), Córdoba (22,47%) y Granada (22,44%) .Y otras 3 autonomías que tienen un nivel de paro “europeo” y rondan el 10%, como el País Vasco (9,58%), Navarra (9,99%) y La Rioja (10,30% de paro), junto a Soria (4,35% de paro), Álava (7,39%), Guipúzcoa (7,56%), Lugo (9,16%), Teruel (9,23%), Segovia (9,28%) y Huesca (9,94% de paro). Además, hay más de 1 millón de hogares españoles (1.053.400) con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar: 462.900 llevan parados entre 1 y 2 años y otros 1.089.200 parados llevan más de 2 años en paro, según la EPA del cuarto trimestre de 2018. En total, 1.552.100 parados “de larga duración”, el 47% de todos los parados. Una bolsa enorme de “parados crónicos” (668.000 llevan parados más de 4 años, según los datos de UGT), que tienen muy difícil volver a trabajar, básicamente por su elevada edad (un 70% superan los 50 años y dos tercios son mujeres) y su baja formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO e incluso menos. Y además, estar más de un año fuera del mercado laboral reduce un tercio sus posibilidades de contratación.

Mientras ven muy difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras meses y años en el paro, se les ha acabado el subsidio. De hecho, a finales de 2018, sólo cobraban el paro el 55,83% de los españoles que se declaran en paro según la EPA: 1.844.843 parados con subsidio, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.053.869 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de sólo 430 euros al mes, mientras los 790.974 restantes cobran un subsidio contributivo, por el que cobran 824,80 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y el trabajo que hayan tenido). Esto significa que un 44,17% de los parados EPA, 1.459.457 parados, no cobran ningún subsidio. Y sobreviven en la pobreza, gracias a ayudas de la familia y amigos y a “chapuzas” en la economía sumergida. La situación es peor en las 7 regiones donde son mayoría los parados que no cobran: Melilla (66,5% parados EPA no cobran), Madrid (59,3%), Canarias (55%), País Vasco (52,5%), Navarra (51,7%), Aragón (51%) y Murcia (50,2% parados EPA no cobran).

Volviendo al empleo, ahora se espera que se debilite en 2019, dado que España va a crecer menos este año: 2,2% frente al 2,6% en 2018, según el Gobierno, y podría ser incluso menos si Europa sigue débil (Alemania va a crecer el 1%) y hay turbulencias en la economía internacional (proteccionismo comercial, petróleo caro, subidas de tipos y crisis en paises emergentes). La estimación del presidente Sánchez, en la Cumbre de Davos, fue que se crearán 330.000 empleos en 2019, menos que en estos 5 años de recuperación (372.500 empleos de media anual: 1.862.200 empleos en total). Y se espera crear otros 350.000 empleos en 2020, año en que también bajará el crecimiento. De ser así, España tendrá que esperar a 2021 o 2022 para recuperar el empleo perdido antes de la crisis, los 20,51 millones de puestos de trabajo de 2007 (ahora hay 19,56 millones: faltan todavía 1 millón de empleos). Serán "14 años perdidos".

Con menos empleo todavía que antes de la crisis y más del doble de paro que Europa, no se pueden echar campanas al vuelo por el récord de empleos de 2018. Y más cuando tenemos el empleo más precario de Europa, con 1 de cada 4 asalariados con contratos temporales (el 26,86% en diciembre de 2018, según la EPA) y con 1 de cada 7 empleos a tiempo parcial (el 14,8% de los empleados), empleos por días o por horas que son “obligados” para dos tercios de estos trabajadores, más “subempleos” que en la mayoría de Europa.

Urge algún acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleos “decentes”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto. Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos (han convocado movilizaciones el 8 de febrero) al Gobierno Sánchez, que lo tiene difícil (con 84 diputados), si el PP o al menos Ciudadanos no apuestan por apoyar una estrategia para conseguir más empleos “decentes”.

En paralelo a esta nueva reforma laboral, urge aprobar un Plan de empleo, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que van a contratar las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno en diciembre. Y tercero,   hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, además de promover empleos decentes y la contratación, hay que mejorar la situación de los parados, porque es escandaloso que el 44,7%, casi 1,5 millones de parados no cobren ningún subsidio. Habrá que revisar el seguro de desempleo, para asegurar que cubra a más parados, en coordinación con las prestaciones sociales (renta mínima) que gestionan y pagan las autonomías. Y sin olvidar que estamos en Europa y que, de cara a la futura Comisión Europea, somos los más interesados en que se apruebe un “seguro de paro europeo”.

Para todo esto hacen falta recursos (un Plan de empleo creíble, que gaste en formación, asesoramiento e incentivos a la contratación, exige no menos de 5.000 millones extras anuales y mejorar el seguro de paro exigiría 2.000 millones más) y medios, básicamente más personal para los servicios públicos de empleo: cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. En definitiva, España tiene que gastar más en “políticas activas de empleo”, porque no es de recibo que teniendo más del doble de paro que Europa, gastemos la mitad: 5.710 millones en 2018, el 0,5% del PIB frente al 1% que gasta la UE-28.

Al final, el buen dato de empleo de 2018 no debería utilizarse como “un espejismo” para ocultar el grave problema de empleo y paro que tiene España y que lo convierte en la primera preocupación de los españoles, según todos los Barómetros del CIS. Eso debería obligar a un gran Pacto por el empleo, para conseguir crear más empleos de calidad y reducir la cifra de parados y su penosa situación. Una medida importante sería aprobar los Presupuestos 2019, porque suponen algo más de gasto social e inversión, más sueldos y pensiones, lo que puede ayudar a crecer más y crear más empleo en 2019, un año difícil. Lo seguro es que si no se aprueban y hay elecciones, perderemos medio año y lo pagará el empleo. Haya o no elecciones, el empleo debería ser la prioridad de todos.

El gran dilema: ¿bajar o subir impuestos?

Los impuestos son un ingrediente básico de un año electoral como 2019. PP y Ciudadanos han firmado un pacto de gobierno en Andalucía que promete bajar varios impuestos. Y harán lo mismo si gobiernan España. Mientras, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Presupuesto 2019 donde incluye varias subidas de impuestos (+5.654 millones), apoyadas por Podemos. Dos frentes, dos ideas de los impuestos, un “gancho” electoral clave. Antes de opinar, conozca dos datos incontestables. Uno, España recauda menos que el resto de Europa y pagamos menos impuestos. Dos, España gasta menos que el resto de Europa y si queremos gastar más en empleo, pensiones, sanidad, educación, Ciencia o vivienda, hay que recaudar más. ¿Cómo? Se puede elegir. O que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y ricos) o todos, con impuestos que no se notan (IVA, carburantes, tasas…). Pero sepamos que si no se recauda más y se bajan impuestos, no se podrá gastar más en lo mucho que hace falta. Así de claro.

enrique ortega

                                                                                                                               
Muchos españoles creen que pagan demasiados impuestos. Pero hay un primer dato incontestable: España recauda menos que la mayoría de Europa. En 2017, España recaudó el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la mayor recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat. Eso quiere decir que si España recaudara impuestos como los demás paises europeos, ingresaríamos 81.642 millones de euros más cada año (o 88.189 millones más si recaudáramos como los 19 paises euro). Con estos ingresos extras, podríamos tapar el déficit público y gastar más dinero en lo que nos hace falta, desde el empleo a las pensiones o la sanidad, la educación y la vivienda.

El primer problema de fondo, incontestable, es que España recauda poco. Y no es un problema nuevo, sino que lo teníamos antes de la crisis. Así, en 2004, en plena burbuja inmobiliaria, España recaudaba sólo un poco más que ahora: el 38,7% del PIB (37,9% en 2017), frente al 44% de la UE-28. ¿Por qué España recauda menos en impuestos? Básicamente, “porque España tiene un sistema impositivo muy ineficiente”, señala un informe de Fedea. Al compararnos con el resto de Europa, demuestra que España recauda porcentualmente menos en todos los impuestos, desde el IRPF y el IVA a los impuestos especiales, las tasas o el impuesto de sociedades y herencias. Veámoslo en cada impuesto.

En el impuesto sobre la renta (IRPF), España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque tengamos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchos beneficios fiscales, que restan ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Además, con los tipos y exenciones, la presión fiscal de las familias españolas es inferior a la europea: un matrimonio paga por IRPF una media del 13,9% de los ingresos, frente al 14,5% de media en la UE-28, según la OCDE. Y también las cotizaciones sociales son más bajas.

En el IVA, somos también el tercer país europeo que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. Y eso después de que el IVA haya subido dos veces (en 2000 y en 2012), hasta el 21%, en línea con la media europea (del 19% que se paga de IVA en Alemania al 25% en Suecia o Dinamarca. El problema vuelve a estar en las bonificaciones: hay muchos productos y servicios que pagan el IVA reducido (10%) y superreducido (4%), con lo que el tipo efectivo del IVA en España, el que realmente se paga es del 15,2% frente al 20,1% de media en la UE-28, según el estudio de Fedea. Sólo en 2016, con esas bonificaciones de tipos a muchos artículos y servicios (como el discutible 10% de IVA que pagan hoteles y restaurantes), se dejó de recaudar 22.333 millones de euros, lo que supuso perder el 32% de la recaudación por IVA.

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación española está también a la cola de Europa: el 2,3% sobre el PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Y estos ingresos se han desinflado no sólo por la crisis (caída beneficios) sino porque los Gobiernos (ZP y Rajoy) han bajado el tipo nominal, del 35% al 25% actual,  inferior a la media de la UE (28%) y de países como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo no se aplica, porque también aquí hay muchos beneficios fiscales: 3.800 millones de euros en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, pagan un tipo efectivo del 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (16,93% sobre beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (14,9% ingresos). Y se da incluso el caso de que hay grandes empresas, como el Santander o el Corte Inglés, que han conseguido algunos años que Hacienda les devuelva…

Veamos los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco), donde España también recauda menos que el resto de Europa: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% PIB frente al 0,20%). El tabaco paga un 78,8% del precio de venta, a medias entre el 62,5% de Luxemburgo y el 87,5% de Grecia. Y donde hay una gran diferencia es en los carburantes: en el diesel, España es el 5º país UE con menos  impuestos (0,573 euros/litro frente a 0,667 en Alemania, 0,941 en Francia o 1,01 euros en Italia) y en la gasolina, el 7º país donde se pagan menos impuestos (0,683 euros/litro frente a 0,880 en Alemania, 0,890 en Reino Unido, 0,941 en Francia o 1,014 en Italia).

En las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

Vayamos al segundo dato incontestable: España gasta menos que la mayoría de países europeos. Muchos españoles creen que la Administración gasta mucho y despilfarra, pero el gasto público en España es de los más bajos de Europa: gastamos un 41% del PIB en 2017 frente al 45,8% en la UE-28 y al 47% del PIB que gastan los países euro. Y mucho menos del 56,5% del PIB que gasta Francia, el país con más gasto público, el 48,9% de Italia, el 43,9% de Alemania o el 41,1% de Reino Unido, según Eurostat . Eso quiere decir que España gasta 53.583 millones menos cada año que la media europea (y 66.979 menos que los paises euro), siendo el 10º país de los 28 con menos gasto público.

Y a pesar de que gastamos menos, tenemos más déficit público: fuimos el país europeo con más déficit público entre 2014 y 2017 (3,1% del PIB frente al 0,8% en la UE-28 y el 1% en la zona euro) y el 2º país europeo que tendrá más déficit en 2018 (2,7% del PIB frente al 0,6% en la UE-28 y en la zona euro), tras Chipre (2,8% de déficit). Tenemos más déficit no porque el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos y la Seguridad Social gasten más que en otros paises (gastan menos) sino porque recaudan menos por todos los impuestos. No lo digo yo sino los datos estadísticos de Eurostat, año tras año. Es un hecho.

A partir de estos dos datos incontestables (gastamos menos y recaudamos menos), hay que replantearse qué debe hacer España en el futuro. Y aquí hay varias respuestas, según la opción económica y política de cada partido y cada ciudadano. Pero hay un cierto consenso en los problemas que tenemos, al menos entre los españoles de a pié: empleo, pensiones, sanidad, educación, dependencia, vivienda, pobreza y desigualdad, abandono de la Ciencia, energía y cambio climático, reindustrialización y modernización de la economía. Y para afrontar todos estos retos, además de cambios en las políticas, hace falta dinero, gastar más en recuperarse de los recortes y afrontar el futuro.

Un objetivo razonable podría ser gastar como Europa en unos años. Vayamos apuntando y sumando: recursos para un Plan de empleo que ayude a los parados que no cobran (el 48%) y les saque del desempleo con formación y ayudas a las empresas (5.000 millones), trasvase de impuestos a las pensiones (30.000 millones mínimos, a medio plazo), gastar en sanidad el 7% del PIB que gasta Europa (12.000 millones anuales más), gastar en educación el 5% del PIB que gastan los europeos (6.700 millones más al año), apoyar como ellos la familia y la infancia (12.000 millones más de gasto), un Plan contra la pobreza (2.000 millones al año), reducir las listas de espera de la Dependencia y afrontar que los dependientes se van a duplicar para 2050 (exigiría gastar 2.700 millones más al año), un Plan para promover 100.000 viviendas públicas en alquiler al año (10.000 millones de gasto), gastar en Ciencia como Europa (10.000 millones más cada año) y múltiples medidas para modernizar, digitalizar y reindustrializar la economía (10.000 millones de gasto extra, mínimo). Si sumamos, sale que necesitamos gastar 100.000 millones más, 25.000 millones extras al año en cuatro años. Y recortar el déficit en otros 5.000 millones cada año.

Eso obligaría a recaudar 30.000 millones más al año. Se podría hacer si recordamos que España recauda 81.642 millones menos que Europa cada año. Pero claro, “alguien” tiene que pagar más impuestos: no se puede recaudar más bajando impuestos .La historia de los economistas que defienden que bajando impuestos se crece más y se acaba recaudando más no fue verdad ni con Reagan ni con Bush ni con Aznar: es un “cuento de la lechera” que regala bajadas de impuestos a los más ricos a costa de subir el déficit a medio plazo.

Si la mayoría de españoles quieren que el Gobierno resuelva los graves problemas de empleo, pensiones, Estado del bienestar, vivienda, Ciencia o competitividad, la solución pasa por gastar más. Y para ello, hay que recaudar más, haciendo que paguen más impuestos no la mayoría de la población (asalariados y pensionistas), que ya los pagan (el 83% de la recaudación la aportan las familias), sino los que pagan poco : grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Y no por ideología, sino porque los datos revelan otra vez que pagan menos que el resto, que son la vía más justa para recaudar más.

El “gran agujero” de la recaudación es el impuesto de sociedades: sus ingresos han caído a la mitad, de los 44.823 millones que pagaban al Fisco las empresas en 2007 a los 23.143 recaudados en 2017, según la Agencia Tributaria (mientras el IRPF pasó de recaudar 81.789 millones en 2007 a 85.769 millones en 2017). Y se paga la mitad de impuestos en sociedades a pesar de que los beneficios empresariales han aumentado en 98.680 millones entre 2008 y 2017 (mientras los salarios se reducían en 10.214 millones), según el INE. Ganan más y pagan la mitad de impuestos gracias a las deducciones, exenciones y bonificaciones, que les permiten pagar pocos impuestos “legalmente” (además de desviar otros a través de paraísos fiscales). Basten unos datos recientes, de la propia Agencia Tributaria: los grandes grupos bancarios pagaron en impuestos en 2017 el 2,84% de sus beneficios, las grandes constructoras el 1,16% y las grandes empresas el 5,99%, mientras las pymes pagaban el 10,5% de sus beneficios y los contribuyentes el 15,1% de sus ingresos…

El caso de las multinacionales es aún más escandaloso: Google, Amazon, Facebook y Apple pagaron sólo 20,3 millones de impuestos en España en 2016. Airbnb, con 5,5 millones de huéspedes, pagó 72.150 euros de impuestos en España en 2017 y Uber pagó sólo 53.800 euros.  En casi todos los casos, las multinacionales facturan sus ingresos en España a través de filiales en Irlanda o Luxemburgo y el 40% de sus beneficios termina en paraísos fiscales, según un estudio de Zucman y otros economistas, que estiman que defraudan 14.000 millones al año en España, algo difícil de calcular por su tremenda opacidad y su “ingeniería fiscal”, organizada por las 4 grandes consultoras.

Los inversores y ahorradores también tienen un trato fiscal privilegiado, porque tributan sus plusvalías, dividendos e intereses al 21% o 23 % (según importes), muy por debajo de lo que tributarían unos ingresos altos en el IRPF. Y las grandes fortunas se acogen en muchos casos a crear sociedades y SICAV para pagar menos impuestos (sólo tributan cuando venden su participación en la SICAV y mientras pagan el 1% en sociedades, pueden hacer compras y se deducen gastos). Los técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman que la 5ª parte del fraude fiscal (12.000 de los 60.000 millones en total) está en las grandes fortunas.

Conseguir que paguen más impuestos estos poderosos grupos económicos (grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y grandes fortunas) permitiría recaudar esos 30.000 millones más que tanta falta hacen, sin tocar los impuestos del 99% de españoles. Eso es lo que defienden los que piden una subida de impuestos, no que paguen más los trabajadores, jubilados y mayoría de las familias. Y además, hace falta luchar contra el fraude fiscal, con más medios (Hacienda solo tiene un inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1.914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania). Y hacer reformas de fondo en el IRPF (reducir desgravaciones sin sentido), el IVA, los carburantes, las herencias y el impuesto del patrimonio. No valen más “parches fiscales”, como las subidas propuestas por el Gobierno Sánchez en el Presupuesto 2019 (+5.654 millones) : subida del impuesto de sociedades (+1.776 millones), nueva tasa Google a servicios digitales (+1.200 millones), impuesto sobre compras de valores (+850 millones), subida IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (+328 millones), subida 1% impuesto patrimonio (+339 millones) y subida 3,8 céntimos del impuesto al diesel (+670 millones). 


Urge pactar una reforma fiscal para 20 años, que aumente mucho la recaudación y la reparta de forma más justa. Ese debería ser el gran debate de 2019: cómo recaudar más para gastar más y mejorar la vida de los españoles. Pero no lo veremos y la derecha volverá a “vender” la zanahoria de la bajada de impuestos, apelando a nuestros instintos y no a los datos. Y si ganan y bajan impuestos, pasará lo que ya sabemos: que o los suben por otro lado (IVA, carburantes, tasas, IBI…) o no podrán gastar lo que hace falta en empleo, pensiones, sanidad, educación, vivienda o tecnología. Y apostarán por privatizar lo más posible y que el que tenga dinero consiga más servicios y el que no lo tenga, menos. Por eso, porque quieren recortar el Estado y sus prestaciones a los más débiles, defienden bajar impuestos. No caigan en su trampa.