Coronavirus trastoca desigualmente curso escolar

Casi 10 millones de niños y jóvenes no van al colegio, Instituto o Universidad desde el 11 de marzo, tratando de seguir online la enseñanza en su casa. Y todo apunta a que no volverán a clase hasta septiembre. Por eso, les preocupa cómo van a evaluarlos. El Ministerio propuso a las autonomías que fueran flexibles y que sólo se repita curso en casos excepcionales, porque muchos alumnos tienen problemas para seguir las enseñanzas online. Pero 4 autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León) se han negado y aplicarán la LOMCE: con más de 2 suspensos se repite curso. También el País Vasco evaluará por su cuenta. Esta disparidad de criterios va a perjudicar a muchos alumnos y agravará la tremenda desigualdad educativa que ya existe por autonomías. Además, si son incapaces de pactar una evaluación en condiciones excepcionales, ¿van a lograr pactar una Ley educativa el próximo curso? La politización de la educación perjudica a los estudiantes y al país. 

A partir de una imagen de la película El globo rojo enrique ortega

Los niños y jóvenes de infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (8.237.006) y los universitarios (1,6 millones) llevan sin ir a clase desde el 11 de marzo, siguiendo como pueden sus programas educativos a través de Internet. Este “confinamiento educativo” va a deteriorar seriamente los resultados de este curso escolar, porque la enseñanza online es muy desigual y menos efectiva que la presencial. De hecho, con el confinamiento, los alumnos perderán un 11% de lo que se aprende en un curso escolar “normal”, según el estudio “Efectos de la crisis del coronavirus en la Educación”, elaborado por Ismael Sanz y publicado por la Organización Educativa Iberoamericana (OEI).


Pero este dato es una aproximación media, ya que el “confinamiento educativo” afecta de una manera muy desigual, según las familias, las regiones y los centros. En cuanto a los alumnos, un 10% (1 millón) están “tecnológicamente desconectados”, o bien porque viven en zonas donde la conexión a Internet es muy deficiente (zonas rurales y la España “vaciada”) o porque no tienen acceso a Internet o no tienen ordenador o tienen que compartir los que hay en casa con otros hermanos y con los padres que “teletrabajan”. Y además, no es lo mismo tener unos padres que te pueden ayudar, por su medio o alto nivel educativo, o que no, sin olvidar la ventaja (o desventaja) de tener o no hermanos que también ayudan. Aunque el Ministerio de Educación ha repartido 20.000 tarjetas SIM para conectar a alumnos y varias autonomías han repartido además tablets y ordenadores, hay muchas zonas donde Correos y hasta la Guardia Civil han tenido que colaborar llevando deberes en papel a los niños confinados.


La segunda desigualdad es regional. Sólo un 52% de los centros escolares tienen una plataforma educativa adaptada a Internet, según este estudio de la Fundación COTEC, pero la situación en muy desigual por autonomías: tienen el 71% de los centros adaptados en Castilla y León, el 63% en Cataluña y País Vasco, el 51% en Madrid y sólo el 40% de los centros en Extremadura y el 35% en Aragón. Además, hay una tercera desigualdad tecnológica según el tipo de colegio: el 71,4% de los privados tienen una plataforma educativa en Internet eficaz, frente a un 55% los concertados y sólo un 48,8% los centros públicos, según la Fundación COTEC . Y la misma desigualdad se produce en el manejo de las herramientas online por los profesores (75,5% en los centros privados, 69% entre  docentes de centros concertados y sólo un 45,5% de profesores en centros públicos). En definitiva, los más perjudicados por el “confinamiento educativo” son los centros públicos, colegios e Institutos, no sólo porque tienen menos medios informáticos y menos docentes digitalmente formados sino, sobre todo, porque acogen a un mayor porcentaje de alumnos desfavorecidos, que son los que sufren más la “brecha digital”. 


Toda esta situación, excepcional y muy desigual, es la que ha llevado al Ministerio de Educación a proponer a las autonomías (que gestionan la educación) un método también excepcional para evaluar a los alumnos este curso: que los alumnos pasen de curso, salvo casos excepcionales, y si tienen carencias las recuperen el curso próximo. Y en todo caso, que sean los centros y sus equipos docentes los que tengan autonomía para evaluar, en base a las notas anteriores al confinamiento y el trabajo online realizado estas semanas. Tras la reunión con las autonomías, el miércoles 15 de abril, parecía que había acuerdo. Pero cuatro autonomías gobernadas por el PP se descolgaron: Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia mostraron su desacuerdo a lo que calificaban de “aprobado general”, lo mismo que el País Vasco, las 5 autonomías que seguirán sus propios criterios de evaluación, según se refleja en la orden publicada por Sanidad (por el estado de alarma) este viernes 24 de abril. Incluso Cataluña seguirá la recomendación del Ministerio de Educación.


Habrá que ver cuáles son estos criterios, pero el consejero de Educación de Madrid ya ha dicho que harán lo que dice la LOMCE (la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013): sólo sacarán el título de Bachiller y pasarán a la Selectividad los estudiantes de 2º que tengan todo aprobado, sólo pasarán de 1º a 2º de Bachillerato los que tengan un máximo de 2 suspensos y en ESO y Primaria sólo se pasará de curso con 2 suspensas (o excepcionalmente con 3, si no son Lengua o Matemáticas). Y en las instrucciones enviadas a los Centros madrileños este martes, recalcan que el tercer trimestre no podrá servir para recuperar los dos anteriores en caso de estar suspensos. Vamos, como si no pasara nada y los alumnos no llevarán semanas confinados en casa. Su argumento es que “defienden la exigencia y premian el esfuerzo”, aunque en realidad es más por una cuestión ideológica: los conservadores siempre han defendido la “meritocracia” y la promoción de los mejores, la estrategia de “la repetición como castigo”, que, según muchos expertos, no ayuda a los repetidores y hunde más a los que tienen problemas, promoviendo el abandono escolar.


En la Universidad, la evaluación tendrá menos controversia, básicamente porque el Ministerio de Universidades deja autonomía a los Campus para que decidan cómo serán las pruebas de evaluación, seguramente online, ya que el ministro no cree que se puedan reabrirse las aulas este curso. Las notas finales tendrán que ver con las notas de los dos primeros trimestres más el trabajo online de estas semanas, donde ya se han realizado preguntas tipo test, exámenes orales, videoconferencias y trabajos. Eso sí, 36.000 universitarios (el 3%) tienen problemas tecnológicos para seguir las clases o examinarse online, según los rectores.  Ahora, todas las Universidades ultiman plataformas para hacer exámenes online en mayo y junio, asegurando la identidad de los alumnos y que en las respuestas no se copian ni hay ayuda externa. El riesgo que temen algunas es que los sistemas informáticos se saturen. Y en el caso de las pruebas de Selectividad (EBAU), se han fijado nuevas fechas para exámenes presenciales, del 22 de junio al 10 de julio, que muy probablemente no se podrán realizar. Eso obligaría a un “Plan B”: o exámenes online o dejar la EBAU para septiembre.


Precisamente, la otra gran preocupación de los 10 millones de estudiantes y sus familias es cuándo van a volver a clase, si regresarán unos días en mayo y junio o no. Todo indica que los estudiantes no volverán a las aulas hasta septiembre, que es la propuesta que han hecho al Gobierno 8 asesores de la Asociación Española de Pediatría. Y eso porque, aunque se pueda salir a la calle a finales de mayo o junio, “los colegios no están preparados para reanudar las clases con garantías sanitarias”: separación entre alumnos, no contacto, mascarillas, flexibilización de horarios… Algo que chocaría con lo que están haciendo algunos paises europeos menos afectados por el coronavirus: en Dinamarca han vuelto a clase el 15 de abril, en Alemania vuelven a clase el 4 de mayo, en Francia y Holanda el 11 de mayo. Pero en Italia no hay tampoco fecha de vuelta a clase y en Wuhan no han vuelto todavía.  


Si no se vuelve a clase en mayo o junio, la clave será reforzar mucho más el próximo curso escolar 2020-21, que podría empezar también con "clases online", según ha anticipado hoy el ministro de Universidades, Manuel Castell. Quizás haya que empezarlo antes y seguro que habrá que incluir materias no dadas en este curso y ayudar a los alumnos que se hayan quedado atrás por el confinamiento educativo. Eso exigirá una programación más personalizada y sobre todo, contar con más profesores de refuerzo. Para ello, el Ministerio de Educación prevé retomar el próximo curso escolar el Programa PROA, un Plan de refuerzo escolar en Primaria y Secundaria, que estuvo en vigor de 2005 a 2012, cofinanciado por el Gobierno central y las autonomías (500 millones) y que los recortes de Rajoy se llevaron por delante. Y también será importante cambiar el sistema de becas, para aumentar su número y cuantía, beneficiando ya el próximo curso a esos millones de familias que sufren la emergencia económica del coronavirus. Además, el ministro Castell ha prometido acordar con las autonomías la bajada de las tasas universitarias el próximo curso.   


Mientras se decide si reabren o no los colegios y cómo será el próximo curso, el hecho ahora es que la división política entre las autonomías provoca un efecto muy desigual del vigente “confinamiento escolar” para los alumnos no universitarios: en casi media España (las 5 autonomías “díscolas” suman el 46,3% del alumnado no universitario) tendrán una evaluación “más exigente” y en algo más de media España les harán una evaluación “más flexible”.  Confiemos en que la "sensatez educativa" de centros y profesores eviten en lo posible esa discriminación regional. Porque si no, esas divergencias "políticas" a la hora de evaluar, además de perjudicar a millones de alumnos (sobre todo a los que han tenido más problemas para seguir el curso online), van a agravar la brecha educativa en España, las diferencias educativas entre autonomías, que ya eran muy importantes antes del coronavirus. 


Haya o no más repetidores por el coronavirus, lo esencial es que España ya es hoy un país líder en alumnos repetidores, según el último Informe PISA 2018: un 28,7% de los alumnos de 15 años han repetido curso, frente al 13% que repiten en la UE-28 y un 11,4% en la OCDE, siendo el tercer país de Europa con más repetidores, tras Luxemburgo (32,2%) y Bélgica (30,8%) y muy lejos del 3,3% de repetidores en Finlandia. Y eso se debe a que en otros paises la enseñanza es diferente, menos memorística y da menos peso a los exámenes y más a la evaluación continua de los alumnos. Pero, además, hay grandes diferencias de repetidores porautonomías. Hay 13 regiones con más repetidores que la media, encabezadas por Ceuta (49,1% alumnos 15 años han repetido curso), Melilla (45,6%), Canarias (35,6%), Extremadura (34,7%), Murcia (34,6%), Castilla la Mancha y La Rioja (34,1%), Andalucía (33,3%), Comunidad Valenciana (32,2), Baleares (31,7%), Aragón (30,4%), Madrid (29,9%) y Castilla y León (29,5%). Y otras 6 autonomías con menos repetidores: Cataluña (15,1%), País Vasco (20%), Navarra (23,9%), Asturias (26,7%), Cantabria (26,9%) y Galicia (27,5%). 


Ahora, con la diferente evaluación este curso, las diferencias regionales en repetidores aumentarán. Sobre todo porque el Informe PISA revela que hay una relación directa entre pobreza y alumnos repetidores: en España, los alumnos pobres repiten curso 4 veces más que las familias con más recursos, siendo el 2º país europeo (tras Eslovaquia) donde más incide la pobreza en los repetidores. Y otro factor que incide en los resultados académicos, en las pruebas de ciencias, matemáticas y lectura que analiza el informe PISA es el índice socioeconómico y cultural de los alumnos: en España, más del 12% del rendimiento en matemáticas, por ejemplo, se debe al nivel económico de las familias, mientras en toda la OCDE sólo afecta al 3% del rendimiento y en Europa al 4%. Ahora, dado que el coronavirus ha deteriorado mucho el nivel de vida y empleo de los más vulnerables, es de esperar que también afecte más negativamente al nivel educativo de sus hijos.


Así que, con el coronavirus y la diferente evaluación por regiones, tendremos un nivel más desigual de repetidores y de abandono escolar, que no sólo es más elevado en España (somos líderes, con el 17,9% de jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado sus estudios al final de la ESO y no completan el Bachillerato o la FP, frente al 10,8% de media en la UE-28, el 8,9% de Francia, el 10,3% de Alemania, el 10,7% de reino Unido o el 8,3% de Finlandia, según Eurostat) sino que también está desigualmente repartido por autonomías: hay regiones que superan o rozan el 25% (como Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía o Murcia) y regiones donde apenas existe, como País Vasco (7% de abandono escolar temprano), Cantabria (8,9%), Navarra (11,3%) o la Rioja (12,9%).


Al final, el coronavirus y el “confinamiento educativo” van a dañar a todos los estudiantes españoles, pero todo apunta a que lo harán de forma muy desigual, afectado más a los jóvenes de familias con menos recursos que vivan en zonas rurales y estudien en centros públicos. Eso va a agravar aún más las desigualdades educativas en España, ya muy preocupantes antes de la pandemia. Se ve en el último informe PISA 2018, donde los alumnos de Ceuta sacan una nota en matemáticas (411 puntos) que indica que están 3 cursos por detrás de los de Navarra (503 puntos). Y Andalucía, más de 1 curso por detrás. En ciencias, los alumnos de Ceuta (415 puntos) están también 3 cursos por detrás de Galicia (510 puntos). Y Canarias o Andalucía, más de un curso por detrás. Y también hay grandes diferencias por autonomías en niveles de formación, en empleo y paro juvenil. 


Una parte de estas diferencias educativas por autonomías se debe a que gastan de forma desigual en la enseñanza, además de que España gaste también menos que Europa (el 4% del PIB frente al 5% de la UE-28, unos 11.200 millones menos anuales). Así, Madrid (la autonomía que más empeora en el último informe PISA) es la autonomía que menos invierte por cada escolar (3.945 euros), un 60% menos que el País Vasco, la que más invierte en Educación (6.502 euros). Pero el gasto no es todo, como revela que Galicia o Castilla y León gasten menos y tengan buenos resultados en el informe PISA. Eso exige pensar en otras razones, como el tipo de enseñanza que se da. Y muchos expertos coinciden en que hay que cambiar el modelo de enseñanza en España, buscando centrarse menos en la educación “memorística” y más en desarrollar la capacidad crítica, las habilidades y el trabajo en equipo. "Los docentes deberán cambiar su forma de enseñar en septiembre", ha advertido el director de Educación de la OCDE.


Por todo esto, urge aprobar una nueva Ley de Educación. El Gobierno aprobó el 3 de marzo un proyecto de Ley Orgánica que debía pactarse este año, aunque ahora se retrasará, al menos hasta dentro de dos cursos escolares. Pero si los partidos no son capaces de acordar siquiera cómo evaluar a los alumnos en una pandemia, no parece posible que vayan a pactar una nueva Ley educativa, la 8ª de la democracia. Y hay otra reflexión, a la vista de la actitud educativa de las autonomías en esta pandemia, cada una a su aire (como en la emergencia sanitaria): pensemos si la educación debería ser (como la sanidad) una competencia estatal, unificada en toda España, para reducir las actuales diferencias entre niños y jóvenes, cuya formación no debería depender de dónde vivan, como pasa ahora. Ahí lo dejo.

Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.

2017-2018, un curso escolar de transición

A lo largo de esta semana, más de 8 millones de niños y adolescentes, que van a guarderías, colegios e institutos, comienzan un nuevo curso escolar. Será un año educativo de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la polémica Ley aprobada en solitario por el PP) pero tampoco habrá cambios de fondo, porque los intentos de pactar una nueva Ley van despacio y si hay Pacto educativo será a principios de 2018, para aplicarse el curso próximo. Eso sí, este año habrá más Presupuesto (de las autonomías) y más profesores, aunque todavía menos que antes de los recortes. Y las nuevas plazas no se cubrirán hasta 2018, con unas becas y ayudas estancadas, que obligan a un mayor gasto escolar de las familias: una media de 1.212 euros por niño. Urge un Pacto educativo, para conseguir más recursos y medios. Y una mejor educación, que reduzca el abandono escolar y prepare a los jóvenes para el futuro.   


enrique ortega

Otro curso más, aumentarán este año los niños y jóvenes que van a las guarderías, colegios e institutos: se esperan unos 8.125.000 alumnos, unos 50.000 más que hace dos años. Bajarán algo los niños que van a guarderías (1.705.000), por la caída de la natalidad y la crisis (que fuerza a dejarlos con los abuelos o con la madre en paro). Se estabilizarán los alumnos de primaria (2.925.500) y educación especial (35.000). Y subirán sobre todo los adolescentes de la ESO, casi 2 millones (1.932.000). También crecerán algo los alumnos de Bachillerato (720.000), aunque lo que más crece son los alumnos de Formación Profesional (FP), que en los últimos años ya superan a los que estudian Bachillerato (795.000).

La mayoría de los niños y jóvenes que inician este curso las enseñanzas no universitarias son chicos (51,7%) y dos tercios van a centros públicos (67,8%), que han ido perdiendo peso desde que gobierna Rajoy (recibían al 68,1% de alumnos en 2011-2012), mientras una cuarta parte van a centros concertados (25,8%) y el 6,4% de los alumnos a centros privados. Los centros públicos acaparan la mayoría de alumnos en Bachillerato (76,2%) y FP (76,4%), mientras los concertados acaparan ya el 31% de la ESO y el 29% de primaria, así como el 16% de las guarderías, que en un 34% son privadas. Llama la atención el distinto peso de la educación pública y concertada por autonomías: el mayor peso de la enseñanza pública se da en Melilla (83% alumnos), Castilla la Mancha (81,8%), Extremadura (80,4%), Ceuta (79,2%), canarias (77,1%), Andalucía (74,9%) y Galicia (72,7%), la España más pobre. Y donde tiene más peso la enseñanza concertada (y la privada) es en el País Vasco (48,1% de alumnos en la concertada, frente a 51% en la pública y 0,8% en la privada), Madrid, (30% alumnos en concertada, 55% pública y 15% privada), Baleares (29% concertada, 65% pública, 6% privada), Navarra (35% concertada, 64% pública, 1% privada) y Cataluña (28% concertada, 66% pública, 6% privada), la España más rica.

Este curso, las autonomías han aumentado algo sus plantillas de profesores, aunque no lo suficiente para compensar los recortes impuestos entre 2012 y 2014 por el Gobierno Rajoy: se perdieron 33.237 puestos docentes y se han recuperado 25.513 hasta el curso pasado, el 77%. Eso ha obligado a atender a más alumnos (111.320 alumnos más desde 2011) con menos profesores, sobre todo en la enseñanza pública, lo que ha obligado a aumentar el número de alumnos por clase (entre 3 y 5 alumnos más en la ESO), en perjuicio de la calidad de la enseñanza. Ahora, el Gobierno Rajoy y los sindicatos han pactado aumentar las plantillas de profesores en 150.000 plazas en los próximos 5 años (30.000 por año), aunque muchos no serán nuevos docentes sino interinos que estabilizaran su empleo. Pero la mayoría de las oposiciones no se realizarán hasta 2018, con lo que se notará poco este curso.

Este curso 2017-2018, todas las autonomías han mejorado también sus Presupuestos de educación, tras los drásticos recortes de 2012 a 2014. Mientras, el Gobierno central apenas ha aumentado su Presupuesto en educación un 1,7% en 2017 (hasta 2.484 millones), lo que supone que la inflación se comerá con creces la pequeña subida. Al final, a pesar del esfuerzo de los nuevos Gobiernos autonómicos (mayoritariamente controlados por el PSOE y los nacionalistas), el gasto público en educación es aún menor en España que el de antes de la crisis: habrá sido de 46.000 millones de euros en 2017 frente a 49.692 en 2009. Y eso coloca a España como el 5º país europeo que menos gasta en educación: un 4,1% del PIB en 2015 (último dato comparable de Eurostat), sólo por delante de Rumanía (3,1% PIB), Irlanda (3,7%), Bulgaria e Italia (ambos gastan el 4% del PIB), y muy por detrás de la media europea (4,9%del PIB) y de paises domo Suecia (6,5% del PIB), Finlandia (6,2%), Portugal (6%), Francia (5,5%), Reino Unido (5,1%) Alemania (4,2%).

El problema ya no es sólo que gastemos menos en educación que la mayoría de Europa. Además hay enormes diferencias de gasto educativo público por autonomías, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Educación (para 2014): el País Vasco invierte 8.976 euros por alumno no universitario, el doble de lo que invierten Madrid (4.443 euros) y Andalucía (4.510 euros). La media de gasto público por alumno en centros públicos de enseñanza no universitaria fue de 5.169 euros (frente a 5.606 euros gastados en 2009), pero hay siete autonomías que gastan menos (Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias), mientras destaca el mayor gasto del País Vasco, Navarra, Cantabria (6.539 euros/alumno), Asturias (6.435) y Galicia (6.241 euros). Y lo más chocante es que Madrid, la que menos gasta en la enseñanza pública, sea la 2ª comunidad que más dinero destina a los colegios privados, tras Cataluña (1.028 millones): 943 millones en 2014, un 20% de todo su Presupuesto en educación.

Un inciso: esta desigualdad en el gasto educativo por autonomías se da también en los contenidos educativos, porque cada gobierno autonómico ajusta finalmente sus programas, con enormes diferencias en las horas reales que se imparten de las asignaturas básicas. Dos ejemplos, con datos oficiales del Ministerio de Educación. Uno, Madrid, Canarias y Castilla León dan unas 1.000 horas lectivas de matemáticas en los 6 años de Primaria, mientras los alumnos del país Vasco reciben 630 horas y los de Navarra y Baleares unas 700 horas. Otro: los alumnos de Primaria de los colegios bilingües de Madrid reciben el doble de horas de inglés (840 horas en los 6 años) que los de Andalucía, Aragón y Cataluña (420 horas). Y así en casi todas las asignaturas: más o menos horas (a partir de un mínimo obligatorio) según donde se estudie.

Volviendo al gasto, la falta de recursos y de Presupuesto se traduce en una pérdida de calidad en la educación pública no universitaria, lo que además la hace perder alumnos frente a la concertada y la privada. Y redunda también en una peor educación, porque los centros se ven obligados a incluir más alumnos por aula y a reducir las clases de refuerzo y repesca, en perjuicio de los alumnos más retrasados, lo que favorece el abandono escolar. De hecho, España es el segundo país europeo (tras Malta) con más abandono escolar temprano, con más jóvenes (18 a 24 años) que han abandonado las aulas con la ESO o incluso sin terminarla: eran un 19% en 2016, cuando la media UE era del 10,7% y Francia tiene el 8,8%.

La falta de recursos públicos también se traduce en un mayor gasto de enseñanza para las familias en los últimos años, un 30% más, según algunas estimaciones. De hecho, el gasto medio por niño será este curso 2017-2018 de 1.212 euros de media, según un estudio de la OCU (consumidores), que estima en 840 euros el coste anual de enviar a un hijo a un centro público, 1.856 euros el enviarlo a uno concertado (155 euros al mes) y 4.086 euros (340 al mes) el que estudie en un colegio privado. Otro año más, una parte importante de este gasto son los libros de texto, en los que las familias se gastaron 830 millones de euros en 2016 (sólo en enseñanzas no universitarias). Y aquí hay un galimatías de ayudas por autonomías, muy diferentes, siendo Andalucía la que más los financia. También han subido los gastos de comedor (más de 150 euros al mes) y transporte, con ayudas congeladas.

Y hay que hablar de las becas, donde el Gobierno Rajoy repite este curso el modelo del ministro Wert que sigue vigente desde el curso 2013-2014: poco más dinero a repartir entre más alumnos, con menos importe por beca. Este curso 2017-2018 hay un Presupuesto de becas de 1.420 millones de euros, tanto para los alumnos no universitarios que empiezan ahora como para los universitarios que empiezan después. Son sólo 3,8 millones de euros más que el curso pasado, un mísero 0,26% de aumento que se comerá con creces la inflación. Y además, no se suben los mínimos de ingresos (tope de 11.143 euros anuales para 3 de familia), con lo que muchas familias de clase media baja se quedarán sin beca para sus hijos.

Junto a estos temas de falta de recursos, profesores y becas, el curso 2017-2018 será un curso de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la ley de Educación que aprobó en solitario el PP en diciembre de 2013 y se estrenó en el curso 2014-205) ni tampoco habrá cambios de fondo, porque no se ha alcanzado el cacareado Pacto educativo. Eso sí, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a dar marcha atrás en las reválidas y por tanto este curso, las reválidas de 6º de Primaria y 4º de la ESO se harán sólo en las autonomías y centros que lo decidan y no tendrán valor académico. Y no habrá prueba de Selectividad a los que terminen el Bachillerato, para entrar en la Universidad, prueba que será sustituida por sistemas propios de selección y acceso que aprobará cada Universidad.

Toda la comunidad educativa espera que los políticos alcancen de una vez un Pacto para aprobar una nueva Ley educativa, que sería la octava de la democracia. Pero el Pacto va lento. El 14 de febrero se constituyó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para alcanzar un Pacto Educativo, con el objetivo de elaborar en 6 meses un informe y enviarlo al Gobierno para que elabore una nueva Ley básica de Educación. El plazo ya se ha cumplido y todo apunta a que no estará listo hasta el último trimestre del año, debido a que las posturas están muy encontradas. Y luego, el Gobierno debe pulir la ley para conseguir que el apoyo sea mayoritario. Por eso, no se espera un proyecto hasta principios de 2018, que ya no se aplicaría hasta el curso que viene. Y eso si hay Pacto, algo difícil  a la vista de las posturas tan enfrentadas, con grandes diferencias entre el mayor o menor apoyo a la enseñanza concertada y privada, que defienden el PP, Ciudadanos y nacionalistas frente a la izquierda.

Al margen del debate ideológico, la base de cualquier Pacto educativo debería ser asegurar una financiación suficiente y estable para la educación, al margen de la coyuntura y de quien Gobierne. Y eso pasa por asegurar un porcentaje de gasto similar al europeo, un 5% del PIB para educación. Eso supondría gastar 9.000 millones más en educación al año. Y en paralelo, crear un fondo interno de homogeneización, para compensar y corregir las enormes diferencias de gasto por autonomías. Además, hay que fortalecer las plantillas y los centros, con más recursos públicos para refuerzos, desdobles, educación infantil y Formación Profesional. Y a la vez, revisar contenidos y planes de estudio, para buscar una educación menos de memoria y más práctica, más ligada a que los alumnos consigan competencias que les van a hacer falta en su futuro laboral, sin relegar las humanidades y enseñanzas artísticas. Y todo ello, con una mayor participación de los centros, profesores, expertos y familias. Y con una mayor coordinación regional y una menor politización de la educación.

España es el 2º país de Europa con más abandono escolar y más paro. Y mucho tiene que ver la educación, el que un 45% de los españoles adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo con la ESO o ni siquiera) frente al 21% en Europa y un 22% tienen formación media (Bachillerato y PF básica), frente al 48% en Europa, según datos de la OCDE. Si queremos cambiar esto y que en el futuro haya más empleo, hay que apostar a tope por la educación, con dinero, medios, profesores, planes de estudio y voluntad política, al margen de quien gobierne. Y eso exige un gran acuerdo, no sólo en el Parlamento, sino con las autonomías, centros, profesores y familias. Pacten ya otra enseñanza.