1º mayo: el trabajo no es (ni será) lo que era

Viene otro 1º de mayo y aprovecharemos el “Día del trabajador” para coger puente y olvidarnos del trabajo, cada vez más difícil, precario e incierto. El que lo tenga, porque 1 de cada 7 españoles siguen en paro. España crece y las empresas ganan dinero, pero el poco empleo que se crea es temporal (90%), por semanas y mal pagado. Y más de un tercio, a tiempo parcial. España es el país con empleo más precario de Europa, un cáncer para la economía: los trabajadores precarios gastan menos, cotizan menos, pagan menos impuestos, no pueden tener familia ni piso y acaban “pasando” de la política o en las redes populistas y extremistas. Y encima, más de la mitad de los empleos actuales están en peligro por la tecnología y los robots, según la OCDE, que pide a los gobiernos una nueva estrategia para conseguir un empleo de calidad y más seguro. Urge que el próximo Gobierno Sánchez pacte una reforma laboral eficaz para conseguir empleos más dignos. Felices 1º de mayo... futuros.

enrique ortega

España lleva 5 años creciendo y las empresas aumentando sus beneficios, pero el empleo que se crea es precario y mal pagado. En 2018, el 89,75% de los empleos creados fueron temporales, casi igual que en plena crisis (92% empleos fueron temporales entre 2011 y 2015), según los datos de Trabajo. Y más de un tercio (el 35,8%) a tiempo parcial, por horas o días. Con ello, sólo el 6,5% de los empleos creados en 2018 (566.200) fueron “de calidad”, como deberían ser: empleos indefinidos y a tiempo completo, una “rareza” hoy día.

Como esta precariedad ha sido la tónica de la última década, vemos que una cuarta parte de los asalariados (4.419.500, el 26,86% del total) trabajan en España con un contrato temporal, según la EPA, el mayor porcentaje de temporales en Europa, por delante de Polonia (26,1%): son casi la mitad en la UE-28 (14,3%) y estamos peor que Francia (16,8% de temporales), Italia (15,5%), Alemania (12,9%) o Reino Unido (5,6%), según Eurostat. Y además de ser el país con más contratos temporales (sobre todo entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores no cualificados), somos el país con más contratos de menor duración: en España, el 60% de los contratos temporales son por menos de 6 meses (la cuarta parte, por menos de una semana), frente a sólo el 15% en Alemania, según la OIT. Y resulta además que un 85% de estos contratos temporales son “involuntarios” (se cogen porque no se encuentra un empleo indefinido), frente a un 75% en Italia, 30% en Holanda o 15% en Alemania.

Otro signo de precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas o días, que tienen ya un 14,8% de los trabajadores españoles, todavía menos que en Europa (19,4% de los contratos son a tiempo parcial en la UE-28), Francia (18,2%), Italia (18,5%), Reino Unido (24,9%) y Alemania (26,9%), según Eurostat. Pero la diferencia es que en esos paises hay gente que “busca” trabajos por horas o días, mientras en España es la única opción que tiene mucha gente para trabajar, sobre todo jóvenes y mujeres: aquí el 61,1% del trabajo a tiempo parcial es “involuntario” frente al 26,4% en la UE-28.

Lo más preocupante de esta alta precariedad es que no ha venido con la crisis sino que es estructural en España, viene de tres décadas atrás. Los “contratos temporales no causales” nacen en 1984, con el primer Gobierno de Felipe González, que los crea para fomentar la contratación con indemnizaciones más bajas que los indefinidos. En 1987 son ya el 23% de los contratos y en 1995 ya alcanzan el récord del 40%. Y en 2007, antes de la crisis, tenían un contrato temporal el 32% de los trabajadores, más que ahora. Con la recesión, las empresas empiezan a despedir por los temporales, con lo que su peso baja, al 29,98% en 2011 y al mínimo del 23% en 2012. Y ya en 2013 suben ligeramente (23,52%), hasta el 24% en 2014 y el 26,86% de 2018, todavía menor que en 2007 (32%). Esto significa que, con recesión o con recuperación, los empresarios apuestan por los contratos temporales y tienen “miedo” a hacer contratos fijos, aunque ahora sea más fácil y barato despedir, tras la polémica reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012.

Podría pensarse que las empresas utilizan los contratos temporales para “probar” a sus trabajadores, en el camino a hacerlos luego fijos. Pero la realidad es que sólo el 8% de los contratos temporales se hicieron fijos en 2017, casi la mitad que en Europa (el 24% de los temporales se hacen fijos en la UE-28). Y esto tampoco ha cambiado con la recuperación, porque siempre han sido pocos los trabajadores  temporales que pasaban a fijos: si eran un 18/20% en los años de bonanza, bajaron al 15/16% en los años de crisis y ahora se mantienen en el 14,6%, según el Banco de España. Lo que hacían y hacen las empresas es contratar a mucha gente para un mismo puesto, una gran rotación: en 2018 se hicieron 5,2 contratos temporales por cada empleo, cuando en 2007 se hacían 3,4 contratos. A lo claro: se reparten los trabajos entre más gente y por eso hay más gente trabajando (en precario).

“El uso generalizado de los contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España”, alertó en febrero de 2019 la Comisión Europea, en su último informe sobre España. Y es que la precariedad laboral no sólo es algo injusto para los que la sufren sino que además es un cáncer para la economía y toda la sociedad: los trabajadores precarios ganan menos (un 23% son “pobres”) , gastan menos (menos consumo y menos crecimiento), cotizan menos (más déficit pensiones), pagan menos impuestos (peor Estado del Bienestar), no pueden emanciparse y formar una familia (baja natalidad) y tienen un menor arraigo social y político, lo que favorece su “pasotismo” o su extremismo, dificultando la cohesión social y política como advierte Bruselas.

Como se ve, el trabajo fijo y estable es una entelequia del pasado lejano y a la precariedad laboral actual se suma la preocupación por el futuro, porque la tecnología, la digitalización y los robots van a revolucionar el trabajo en las próximas décadas, como revela el reciente estudio de la OCDE “Cómo es la vida en la era digital”. El dato es muy impresionante: un 52% de los actuales empleos en España están en riesgo por la tecnología y la automatización (un 30,2% sufrirán cambios importantes y un 21,7% podrían desaparecer), frente al 45,6% en la OCDE (donde el 14% de empleos podrían desaparecer y un 30,2% cambiar). España (ver informe OCDE 2019 sobre futuro del empleo) es el 9º país más afectado de la OCDE (36 paises desarrollados), sólo por detrás de Eslovaquia, Lituania, Turquía, Grecia, Japón, Alemania, Chile y Eslovenia (con el 60-70% de sus empleos en riesgo). Y estamos lejos de Noruega o Nueva Zelanda (sólo tienen un 30% de empleos en riesgo), Reino Unido (35%), Francia e Italia (50% de empleos en riesgo).

El dato llama a la reflexión y a tomar medidas, como propone la OCDE, básicamente en el terreno de la educación y la formación, para adaptar a los jóvenes actuales a esos empleos futuros que imponen la digitalización y robotización de todas las economías. La OCDE plantea a los Gobiernos, en su reciente informe “Buenos empleos para todos en un mundo cambiante” una estrategia laboral que ayude a trabajadores y empresas a adaptarse a ese mundo laboral futuro, impulsando más empleo, de calidad e “inclusivo”, que no deje atrás parados sin futuro. La propuesta de la OCDE es que si antes se hizo hincapié en la flexibilidad laboral (década 1990) y en el fomento del empleo (década 2000), ahora hay que hacer hincapié en un empleo de calidad, combinando “eficiencia” y “equidad”. Y pone como ejemplo de esta estrategia a cuatro paises nórdicos: Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

El problema de España es que su punto de partida para lograr ese triple objetivo (más cantidad de empleo, de calidad e “inclusivo”) es peor que el de otros paises, según el análisis que nos hace la OCDE. En cantidad de empleo, el dato de España es bajo: trabajan el 65,5% de los mayores de 20 años, sólo mejor que Turquía (55,3%) y lejos de la media OCDE (72,1%) y del mejor país, Islandia (trabajan el 87,2%). En tasa de paro, también somos el 2º peor (14,3%), tras Grecia (18,5%) y muy lejos de la media OCDE (5,2% de paro). Y en población laboralmente “subutilizada” (inactivos, parados o con trabajos por horas), España es también el segundo peor país de la OCDE, con un 39,3% de adultos “subutilizados”, sólo por detrás del Grecia (44,8%), lejos del 27,2% de la OCDE y del 12,6% de Islandia.

En calidad del empleo, ya hemos visto que somos líderes en precariedad y estamos peor que  la mayoría de la OCDE en calidad de ingresos (salarios/hora), seguridad laboral y tensión laboral. Y en “inclusividad”, somos el 2º país con más trabajadores con bajos ingresos (tras Grecia) y uno de los paises OCDE  con menos empleo de los grupos sociales más débiles (madres con hijos, jóvenes poco formados, mayores de 55 años y discapacitados).

Así que conseguir crear más empleo, de calidad y para todos (“inclusivo”), los tres grandes objetivos que marca la OCDE para las próximas décadas, nos va a costar más que a otros paises. Y más porque la OCDE señala otra característica preocupante en España: nuestra economía tiene menor capacidad de resistencia (“resiliencia”) ante las crisis, la peor de la OCDE. Así, señala el informe, una caída del 1% del PIB aumenta la tasa de paro en los 3 años siguientes un 0,9% en España, frente al 0,4% que lo aumenta en la OCDE y el 0,1% en Luxemburgo. Esta menor “resistencia” de la economía española contra el paro tiene mucho que ver con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), la baja tecnología, el exceso de pymes (las grandes empresas aguantan mejor la crisis) y, sobre todo, 2 factores claves: la elevada precariedad (los trabajadores temporales son más fáciles de despedir) y la baja formación (el 40,9% de adultos españoles tienen sólo la ESO o menos, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22, según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE).

Así que España tiene una gran tarea por delante para conseguir mejorar el empleo y que llegue a más gente. Para conseguirlo, la gran receta de la OCDE es “invertir en un sistema de educación y formación eficaz, que dote a los trabajadores de las competencias que piden las empresas y les formen a lo largo de toda su vida laboral”. Además, el informe de la OCDE propone “mejorar la protección social”, para que todas las personas estén cubiertas por regulaciones laborales básicas y tengan derecho a prestaciones sociales, “al margen del tipo de contrato o empleo que tengan”, ampliando los subsidios no contributivos y las prestaciones sociales (incluida una posible renta básica). Una propuesta que tiene un gran sentido en España, donde casi la mitad de los parados EPA no cobran nada: sólo hay  1.844.843 parados con subsidio, el 55,83% de los españoles que se declaran en paro, según Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.053.869 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de 430 euros al mes, mientras los 790.974 restantes cobran un subsidio contributivo, 824,80 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Y el 44,17% de parados restante no cobran nada.

Al margen de estas propuestas a medio plazo, urgen medidas a corto plazo para reducir la precariedad laboral, que entorpece la recuperación. Para ello, el futuro Gobierno debería actuar en 2 frentes. Por un lado, hacer cumplir la Ley, reforzando la inspección de Trabajo para descubrir y multar a las empresas que utilizan fraudulentamente los contratos temporales (sólo en 2018, la inspección forzó la transformación de 195.000 falsos temporales en indefinidos) y los falsos contratos a tiempo parcial (contratos por horas que encubren jornadas completas sin cotizar ni pagar por ellas), elevando las multas en ambos casos (hoy son muy bajas y a las empresas les compensa arriesgarse). Y por otro, pactar con sindicatos y patronal una nueva reforma laboral, que simplifique la contratación y penalice con un aumento de cotizaciones a las empresas que abusen de los contratos precarios. Una reforma laboral que debe incluir a las nuevas plataformas digitales, donde la falta de legislación está multiplicando la precariedad y los abusos laborales sobre muchos jóvenes.

El trabajo ya no es como era y lo será menos en unas décadas, por la creciente competencia global y la tecnología. Pero no se puede dejar al mercado laboral y a las empresas a su aire, sino que hay que anticiparse a esos cambios con formación y con normas legales, para evitar la precariedad laboral y los abusos. Y como dice la OCDE, los Gobiernos deben anticiparse, de la mano de unos sindicatos que han de reconvertirse y de unas empresas que tienen que olvidarse de competir a base de precariedad, que han de ganar dinero sin explotar a sus trabajadores. Este es el gran pacto social que hay que configurar en Europa y en España, con fuertes inversiones en educación y formación y con ayudas a trabajadores y empresas para afrontar mejor el futuro. Porque si no, el trabajo en el siglo XXI será “una nueva esclavitud”  y destrozará la cohesión social y política conseguida. Trabajar sí, pero más dignamente. 

EPA 2017: más empleo, pero falta la mitad

En el último trimestre de 2017 “pinchó” el empleo: se perdieron 50.900 empleos, por el freno del consumo y la crisis en Cataluña. Y en todo 2017 se crearon 490.300 nuevos empleos, más que en 2016 y 2014 pero menos que en 2015. Lo peor es que sólo un 5% fueron empleos de calidad, porque la mayoría fueron contratos temporales (91%) y a tiempo parcial (35,6%), lo que sucede desde 2009. La causa de tanta precariedad está en que se trabajan casi las mismas  horas que en 2011 y como hay más gente empleada, el “truco” es “trocear” el trabajo: hay varias personas para cubrir cada puesto  y además se reparten las horas que hacen. Segundo problema: se han creado 1,86 millones de empleos, pero falta recuperar otros 2 millones perdidos. España es, junto a Grecia y Portugal, el único país UE con menos gente trabajando que antes de la crisis. Necesitamos un Plan de choque contra la precariedad y un Plan de empleo, con recursos y medidas. Si pactaron el 155 y quieren pactar la financiación autonómica, ¿no pueden acordar un Plan para crear más empleo de calidad? Urge hacerlo.

enrique ortega

2017 fue el cuarto año de crecimiento consecutivo en España (+3,1%), pero el empleo “pinchó” en el cuarto trimestre, por un cierto freno en el consumo y la crisis política en Cataluña: se perdieron 50.900 empleos entre enero y octubre, más que en el otoño de 2016 (-19.400 empleos), según la EPA conocida hoy. Con ello, en todo 2017 se crearon +490.300 empleos, más que en 2016 (+413.900) y 2014 (+433.900) pero menos que en 2015 (+525.100), lo que da un total de 1.863.200 empleos creados en estos 4 años, según los datos históricos del INE (no los "más de 2 millones" de que hablan algunos medios). El empleo 2017 se ha creado sobre todo en los servicios (+ 289.700), por el turismo, la hostelería y el comercio, pero también en la industria (+132.200), la construcción (+64.300) y la agricultura (+4.000). Y se ha creado empleo neto en todas las autonomías, salvo Castilla y León (-7.100) y Asturias (-5.400) sobre todo en Andalucía (+126.400), Cataluña (+113.600, más que los 100.800 empleos de 2016) y Madrid (+66.200).

Tras la mejora de empleo de 2017, hay que resaltar el grave problema de que es un empleo muy precario: sólo el 5% de los contratos firmados en 2017 (una barbaridad: 21,5 millones, 44 contratos por cada empleo creado) fueron “normales”, fijos y a jornada completa. El resto fueron precarios : contratos temporales (el 91,02%), la cuarta parte (el 26%) por menos de una semana y un tercio por menos (37,8%) de un mes, y a tiempo parcial (el 35,6% de los contratos), por horas o días, según datos de Empleo. Y esta precariedad en los contratos no se ha dado sólo en 2017, sino que se arrastra desde 2009: ese año ya, un 91% de los contratos firmados fueron temporales, como en 2010, y luego entre 2011 y 2015 subieron hasta el 92% de todos los contratos, para bajar al actual 91% de temporalidad en 2016 y 2017.

Se ha creado empleo en 2017 y eso ha permitido bajar el paro estimado hasta los 3.766.700 parados, según la EPA publicada hoy, una reducción anual de 471.000 personas, la menor caída del paro en los últimos cuatro años. Con esta reducción, la tasa de paro sube al 16,55%, la menor desde 2008, aunque tenemos todavía más del doble de paro que Europa: la tasa de la UE-28 es del 7,3% (noviembre) y la de la zona euro el 8,7%, según Eurostat. Y sólo nos supera Grecia (20,5% de paro), estando muy por debajo el paro de Italia (11%), Portugal (8,2%), Reino Unido (4,2%) y sobre todo Alemania (3,6%). Y lo peor es el paro juvenil (menores de 25 años), que aunque ha bajado, es del 37,4%, más del doble que en Europa (16,2%) y la zona euro) y cinco veces el alemán (6,6%).

El paro español se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.946.000, con una tasa del 18,35%, frente al 15,07% los hombres), los jóvenes (35% de paro entre menores de 29 años), los emigrantes (22% de paro)  y los mayores de 50 años (el 15% de paro, el triple que en 2007), donde hay ya 957.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo). Y el paro se concentra también en 5 autonomías, que siguen con una tasa de paro “insoportable”, superior al 20%: Ceuta (26,3%), Extremadura (25.12%), Melilla (24,62%), Andalucía (24,43%) y Canarias (22,04%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España más rica, Navarra (9,63% paro), País Vasco (10,57%) y la Rioja (11,51%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+16.700) los hogares donde no trabaja nadie y son ya 1.210.500 hogares donde todos sus miembros están en paro. Y así llevan muchos años.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar, son los llamados “parados de larga duración”: en diciembre de 2017, eran 1.899.000 personas, el 50,5% de todos los parados, según la EPA publicada hoy (en la UE-28 son el 43%). Y de ellos, 1,36 millones llevan parados ya más de 2 años y un millón lleva más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) y porque están fuera del “mercado”, sino porque tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Con todo, la inmediata consecuencia de que los parados se mantengan meses y años en el desempleo es que acaban agotando el subsidio, si llegaron a tenerlo. Y así, lo grave no es sólo que haya 3.766.000 españoles en paro, sino que la mitad no cobran nada: en noviembre de 2017, según datos de Empleo, sólo cobraban algún subsidio 1.901.054 parados, el 50,5% de los parados estimados por la EPA (cuando llegó Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, cobraban subsidio el 55,5% de los parados). Y encima, sólo el 39,3% (748.333) cobraban un subsidio contributivo de 818 euros al mes, mientras los dos tercios restantes (1153.321 parados) cobraban un subsidio contributivo de 426 euros al mes. Esto es por los recortes que hizo Rajoy en 2012 a las prestaciones de desempleo, para rebajar el déficit público a costa de “ahorrar con los parados” (si en 2012 se gastaban 31.680 millones en los parados, en 2017 han sido casi la mitad, 18.318 millones).

Ahora, en 2018, los expertos apuestan porque España crezca menos (el 2,4%, según el FMI, frente al 3,1% de 2017), lo que se traducirá en una menor creación de empleo: unos 440.000 nuevos ocupados, frente a los 490.300 de 2017. Y aún podrían ser menos si se agravan las incertidumbres exteriores (subida del petróleo, el euro y los tipos de interés) y se enquista la crisis en Cataluña. Y este menor empleo es más preocupante porque España aún tiene que recuperar una buena parte del empleo perdido en la crisis. Así, entre 2014 y 2017 se han creado 1.863.300 empleos nuevos, pero hace falta crear otros 2 millones de empleos para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007 (el máximo se dio en septiembre 2007, con 20.753.400 españoles trabajando y a finales de 2017 sólo había 18.998.400, según estos datos históricos del INE). En eso también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde todavía trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat.

Así que tenemos dos grandes retos por delante: que crezca más el empleo y que el empleo sea de más calidad, menos precario. Porque tras 9 años de enorme peso de los contratos temporales (el 91/92% del total), España se ha convertido en el país de Europa con más temporalidad: el 27,5% de los trabajadores tienen ya un contrato temporal, superando al hasta ahora “líder” (Polonia tiene un 26%) y muy por delante de Francia (17,4% temporalidad), Italia (16,3%), UE-28 (14,4%) y Alemania (12,9%), según Eurostat (septiembre 2017). Y los contratos cada vez duran menos (51,67 días de media). Además, han crecido mucho los contratos a tiempo parcial, por horas: los tienen el 14,5% de asalariados (2017), menos que en muchos países, pero con una particularidad: en Holanda, Reino Unido y otros países, mucha gente trabaja media jornada porque quiere, mientras en España, el 60% lo hace “obligado”, porque no encuentra otra cosa (los “forzosos en Europa son el 27,5%, según la OIT).

Hay que ir al origen de la precariedad, que se ceba sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. Y el origen está en que hay poco trabajo y el que hay “se trocea”, se reparte, con la ayuda de la reforma laboral que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012. Vean el dato: en España, por la crisis, se trabajan hoy casi las mismas horas que en 2011, según la EPA: 604 millones en el 4º trimestre de 2017 frente a 597,4 millones a finales de 2011, a pesar de que hay 845.400 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Eso significa que el mismo empleo (horas) se reparte entre más personas, de dos maneras. Una, con más de una persona por empleo (la media de 2017 fueron 44 contratos por empleo creado), gracias a los contratos por meses o semanas (se firman cada mes 500.000 contratos por 1 semana). Y la otra, con contratos por horas, que reparten un empleo entre dos o más personas. Por eso hay tanta precariedad: para repartir el poco empleo disponible (y ahorrar costes).

Y no es verdad que las empresas hagan contratos temporales para “probar” a los nuevos empleados y luego hacerlos fijos. Sólo un 36% de los contratos temporales que se firman cada mes (1,5 millones) son nuevas contrataciones. Y los trabajadores temporales esperan una media de 94 meses (7,8 años) para ser fijos (antes de la crisis esperaban 57 meses). Los  tercios restantes, el 64% de los contratos temporales son “renovaciones, se hacen a trabajadores que ya están trabajando, según los datos de las oficinas de empleo (SEPE). Una “rotación” que para muchos dura años, como un mal menor frente al paro. Y además, cuando finalmente llega el ansiado contrato “fijo”, tampoco da mucha estabilidad: el 60% de los contratos fijos que se firman no sobreviven más de 2 años, según un estudio de la profesora Inmaculada Cebrián. Así que tenemos más empleo, pero de poca calidad.

La precariedad laboral, enquistada en España al menos desde 2009, es un grave problema, no sólo para quien la sufre sino para todos. Primero, porque los contratos precarios están muy mal pagados y tiran a la baja de todos los salarios, más bajos que antes de la crisis y en un nivel “mileurista” (el salario más frecuente son 16.498 euros brutos, 966 euros netos en 14 pagas, según el INE) y muy por debajo de los europeos (un 15,4% menos, según Adecco) Esta precariedad y bajos salarios aumenta la incertidumbre de los españoles, reduciendo el consumo de las familias y la natalidad, sus impuestos y sus cotizaciones, lo que se traduce en un elevado déficit de las pensiones y en que bajen los activos que tienen que pagarlas. Y todo ello para que encima España no sea un país competitivo, a pesar de ser líder en precariedad y bajos salarios: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial GCI.

La Comisión Europea señaló en su informe 2017 que uno de los mayores problemas de España es la precariedad laboral y la “dualidad” del mercado de trabajo (españoles con “buenos” y “malos” contratos). Y la delegación del FMI que visitó España, en octubre 2017, ya indicó al Gobierno que “debía tomar medidas para mejorar la calidad del empleo”. Pero Rajoy como si nada. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, en el punto 2.4 del Acuerdo tripartito que firmó con patronal y sindicatos: “tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos”. Palabras inútiles, papel mojado tres años después.

Urge aprobar un Plan de choque contra la precariedad laboral, pactado con sindicatos, patronal y partidos políticos. Se trataría de actuar con el palo y la zanahoria. El “palo” sería hacer cumplir la ley y permitir contratos temporales para trabajos realmente temporales, no para ocupaciones temporales (para eso están los “fijos discontinuos”). Hay que lanzar la inspección de trabajo a las empresas, con planes piloto por zonas y sectores (la hostelería en Mallorca, por ejemplo), que den un “escarmiento” a los que abusan. Claro que para eso hace falta dotar de más medios a la inspección de trabajo (tiene 1.797 inspectores y subinspectores, los mismos que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE) y que se dediquen más a inspeccionar contratos (sólo el 4% de las inspecciones hechas en 2016 fueron a combatir el fraude en la contratación temporal). Y la “zanahoria” serían ayudas a las empresas que contraten trabajadores fijos, penalizando las cotizaciones de las que hagan más contratos temporales.

Con este Plan de choque, podría conseguirse mejorar la calidad del empleo en unos años. Pero quedaría otro problema pendiente: hay que crear más empleo, porque falta recuperar 2 millones de empleos perdidos y a este ritmo (400.000 al año) se tardaría 5 años. Y eso sin pensar en los jóvenes que se incorporen a buscar trabajo. España tiene más del doble de paro que Europa y tiene que crear mucho más empleo para salvar la brecha. ¿Cómo? Pues acordando entre todos un Plan de empleo con  4 patas: más ayudas a los parados (que cobren subsidio al menos 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de remanente para formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y coloquen de forma eficaz a los parados) y aprobar planes específicos para la colocación de jóvenes (no están cobrando las ayudas europeas de la Garantía Juvenil), mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro.

En resumen, hemos batido récord de empleos (el Gobierno y sus medios “echarán hoy las campanas al vuelo”) pero son empleos muy precarios y mal pagados, que están repartiendo el poco trabajo que hay entre más gente, “troceando” el empleo. Y aún nos queda recuperar casi la mitad del empleo perdido desde 2007, cosa que ya han hecho en Europa. Y todavía hay millones de parados desesperados, como reflejan las colas kilométricas para dejar un currículo para 100 vacantes en el futuro hotel de la Torre de Madrid. Así que en vez de dormirse en el “triunfalismo”, Gobierno y oposición, junto a sindicatos y patronal, deberían pactar de una vez dos Planes, uno para reducir la precariedad y otro para relanzar el empleo, con la ayuda de un Presupuesto 2018 que debería reanimar la economía, para contrarrestar la incertidumbre del petróleo, el euro y los tipos, más Cataluña. Si PP y PSOE fueron capaces de pactar el 155 para Cataluña y ahora hablan de pactar la financiación autonómica o la política del agua, ¿por qué no pactar el empleo? Urge hacerlo.

Trabajo precario: alerta UE y pocos inspectores

La Comisión Europea alertó en  mayo sobre la precariedad laboral en España. Antes lo hicieron la OCDE y el FMI, preocupados por la dualidad del mercado de trabajo: un 27,5% de trabajadores tienen contrato temporal (el 2º país de Europa con más temporales) y un 15,1% contratos a tiempo parcial, el 60% de ellos forzados porque no encuentran otros. Esta precariedad, que sufren más las mujeres y los jóvenes, lleva a sueldos muy bajos y a la pobreza, además de hundir las cotizaciones (y las pensiones) y la recaudación, empeorar la formación y la productividad de España (la 34ª del mundo). Bruselas, la OCDE y el FMI han pedido al Gobierno que fomente los contratos fijos y a jornada completa, pero Rajoy no hace nada, aunque se comprometió a ello en 2014, en el Acuerdo con sindicatos y patronal. Urge mejorar la calidad del empleo, con incentivos y persiguiendo el fraude laboral, algo difícil porque España tiene la mitad de inspectores de trabajo que Europa. ¡ Trabajo decente ya !



                                                                                   enrique ortega

España lleva tres años creando empleo, pero un empleo muy precario. Así, de los 1.372.900 empleos creados entre 2014 y 2016, sólo el 5% son “contratos de calidad”, empleos fijos y a jornada completa. Y la casi totalidad de los nuevos empleos son empleos muy precarios. Un 92% son contratos temporales, cada vez por menos tiempo: la duración media de los contratos está en 51 días de media (81 antes de la crisis), aunque una cuarta parte de los contratos (el 26%) duran ya menos de 1 semana. Y más de un tercio (36%) de los nuevos contratos son a tiempo parcial, por horas. Ello es fruto sobre todo de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, que ha facilitado el auge de los contratos precarios.

Con ello, España se sitúa a la cabeza de la precariedad laboral en Europa, como acaba de resaltar el informe de la Comisión Europea (22 mayo 2017). En 2016, el 26,1% de los trabajadores españoles tenía un contrato temporal, lo que nos convertía en el 2º país europeo con más temporalidad, tras Polonia (27,5%), según Eurostat, casi el doble de temporalidad que la media europea (14,2%) y muy por encima de la de Alemania (13,2%), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%). Y lo peor es que este aumento de los contratos temporales es algo forzoso, no buscado por los trabajadores: un 90% de los españoles con contrato temporal preferirían tener un contrato fijo (el porcentaje más alto en Europa, tras Chipre, según la OIT), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en la Unión Europea.

Pero quizás el dato más preocupante, según resalta la Comisión Europea en su informe (y antes la OCDE), es que España es uno de los paises de Europa donde un menor número de contratos temporales se transforman en fijos: sólo un 10%, frente al 22% de media en la UE-28 y el 10,5% en Francia, el 59% en Gran Bretaña, el 30% en Alemania o el 20% en Italia, según Eurostat. O sea, no es que las empresas ofrezcan primero un contrato temporal para luego hacer fijo al trabajador, sino que el 90% de los contratos temporales se mantienen así o se cancelan, lo que hace que estos trabajadores sean especialmente vulnerables.

El otro tipo de contrato precario, los contratos a tiempo parcial, suponen ya el 15,1% de todos los contratos en España (2016), todavía por debajo de la media europea (19,5%) y de muchos paises donde hay tradición de trabajos a media jornada o por horas, como Holanda (49,7% de los contratos), Alemania (26,7%), Austria (27,8%), Reino Unido (25,2%), Suecia (23,9%), Francia (18,3%) o Italia (18,5%), según Eurostat. Pero hay dos datos españoles preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial (part time) durante la crisis. Y segundo y fundamental, que el 60% de los que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

La precariedad en los contratos la sufren especialmente dos colectivos en España: las mujeres y los jóvenes. En los contratos temporales, las mujeres tienen un porcentaje ligeramente mayor que los hombres (26,5% frente a 25,8%), pero son muchas más con  contrato a tiempo parcial : trabajan por horas un 31,9% de las mujeres españolas (35,9% en la UE-28) frente a un 8,8% de los hombres (9,3% en la UE-28), según Eurostat (2016). Y donde realmente se ceba la precariedad laboral es en los jóvenes españoles, los más temporales de Europa: el 56,5% de los menores de 29 años tiene un contrato temporal (el 32,4% en Europa) y sube al 72,9% entre los jóvenes de 15 a 24 años (43,8% con contrato temporal en la UE-28), según los datos de Eurostat (2016). Y también tenemos muchos más jóvenes que Europa con contrato a tiempo parcial, por horas: un 27,5% de los menores de 29 años (23,7% en la UE-28) y un 38,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años (32,4% en la UE-28, según Eurostat (2016).

Pero la precariedad laboral no sólo se manifiesta en el tipo de contrato. También es un signo de precariedad que haya muchos españoles trabajando en empleos muy por debajo de su formación, los trabajadores “sobrecualificados”: en España hay 9,5 millones, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación” ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes: dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación, por ejemplo universitarios trabajando de teleoperadores, camareros o cajeras de supermercado. Este problema se concentra en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco, Cantabria, Levante e islas.

Un tercer indicador de precariedad es el aumento de las horas extras “forzadas”, que han aumentado tras la reforma laboral de 2012, al dar más poder al empresario para fijar horarios y jornada, con lo que muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a la plantilla a hacer horas extras, a veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.000 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones de horas extras a la semana. Y según los últimos datos disponibles (2015), más de la mitad de esas horas no se pagaban. Otra muestra de precariedad laboral que además tiene una grave consecuencia: esas horas extras impiden crear 150.000 nuevos empleos cada año.

La primera consecuencia de toda esta precariedad laboral es que se traduce en salarios muy bajos, menores que los de un trabajador con contrato estable: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los que trabajan a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que en los últimos años han aumentado los “trabajadores pobres”, españoles que tienen un trabajo pero “malviven” (ganan menos del 60% de la media): tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT. Y además, el enorme paro (4.255.000 parados EPA en marzo 2017) y esta precariedad tiran a la baja de todos los salarios, con lo que el sueldo más habitual en España son 16.490 euros brutos anuales (últimos datos oficiales del INE para 2014), lo que se traduce en 950 euros netos al mes en 14 pagas. O sea, que el español medio es un “mileurista”.

Pero la precariedad laboral acarrea también otros graves problemas, además de los bajos salarios y la mayor vulnerabilidad del trabajador. Aumenta su incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% de los jóvenes españoles, 5.233.406, siguen viviendo con sus padres, frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud) y su capacidad para consumir y comprar una vivienda. Pero sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, hundiendo las cuentas de las pensiones. Y para el trabajador, reducen su posible seguro de desempleo y su pensión futura. Además, los trabajadores precarios son menos productivos, porque tienen menos incentivos para serlo y porque las empresas les forman menos (“se van a ir”). Y eso agudiza uno de los problemas estructurales de España, la menor productividad y competitividad: España ocupa el puesto 34 en el ranking mundial de competitividad, elaborado por la escuela de negocios IMD.

Por todo ello, la Comisión Europea acaba de reiterar, en su informe sobre España del 22 de mayo, que uno de nuestros mayores problemas es la precariedad laboral y la dualidad en el mercado de trabajo (2 tipos de españoles, según su contrato laboral). Lo mismo dijo en marzo la OCDE, en su informe sobre España, y la delegación del FMI que visitó España en diciembre: el Gobierno español debe tomar medidas para mejorar la calidad del empleo, incentivando los contratos fijos y luchando contra la precariedad laboral. Eso sí, tanto la OCDE como el FMI dan además una receta “neoliberal” para reducir la temporalidad: reducir las indemnizaciones a los contratos fijos (para que no compensen tanto los temporales) y dar más poder a las empresas y menos a los tribunales en los despidos. En definitiva, la OCDE y el FMI proponen dar una “vuelta de tuerca” a la reforma laboral, con más flexibilidad, cuando precisamente la reforma laboral de 2012 es la que ha agravado esta precariedad.

De momento, el Gobierno Rajoy no hace nada: ni rebaja las indemnizaciones ni toma medidas para favorecer los contratos fijos y penalizar los temporales. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, cuando firmó con los sindicatos y la patronal un Acuerdo tripartito que incluía, en su punto 2.4, tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos. Palabras Ahora, tras la última alerta de la Comisión Europea, los sindicatos y la oposición deberían presionar al Gobierno para que tomara medidas urgentes y eficaces contra la precariedad laboral. Se trataría de actuar frente a las empresas con el palo y la zanahoria: el palo de la inspección de Trabajo, para detectar y multar a las empresas que tengan trabajadores temporales o por horas cubriendo puestos que son fijos y a jornada completa, y la zanahoria, para incentivar fiscalmente y con cotizaciones más bajas a las empresas a que transformen contratos temporales en fijos y mejoren la calidad de sus empleos. Lo primero que hay que hacer es garantizar que se cumple la Ley, que no se utiliza el mucho paro existente para contratar con fraude. Y luego, ayudar a que se hagan contratos de más calidad.

Pero “para el palo”, un requisito clave es aumentar los medios de la inspección de Trabajo, porque tras los recortes está menguada: hay 1.800 funcionarios (960 inspectores y 840 subinspectores), la cifra más baja desde 2009. Y tenemos la mitad de funcionarios para inspección que Europa, según datos de la OIT: hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea. Y además, la propia Asociación de inspectores denuncia que la mitad de su trabajo está orientado a vigilar si los parados hacen fraude al cobrar el subsidio o si los trabajadores están dados o no de alta, no en vigilar si el contrato temporal o a tiempo parcial está justificado. Y cada vez hay más abusos laborales, españoles con contratos de 4 horas trabajando 10 y cobrando 8, sobre todo en hostelería, limpieza, tiendas, teleoperadores y servicios. Y no hay inspectores para detectar tanto fraude, que se ampara en que los afectados no lo denuncian (para no perder su “medio empleo”) y en que la mayoría de empresas son pymes donde no hay sindicatos que controlen.

Al final, la precariedad laboral es un cáncer para los trabajadores (incertidumbre, bajos salarios, vulnerabilidad) y para la recuperación de la economía, porque reduce el consumo y la competitividad, en definitiva el crecimiento y el empleo futuros. Así que además de injusta, la precariedad es antieconómica, un mal negocio. Y somos líderes en Europa. Algo hay que hacer, con urgencia y eficacia. Nos lo dicen desde Bruselas y lo sufrimos dentro, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. ¡Empleo decente ya ¡