Se despide mucho más (la mitad, gratis)

España crea mucho empleo, pero las empresas también despiden más que nunca: casi 2 millones de trabajadores perdieron su empleo en 2023 por despidos disciplinarios, causas económicas o por incumplir el periodo de prueba. Son el doble que antes de la reforma laboral de 2021. Y estos despidos siguen creciendo en 2024 (639.286 hasta abril). Parece que las empresas utilizan estas vías para renovar sus plantillas, para despedir a empleados fijos, ahora que no pueden hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen porque les sale barato: el 53% de estos despidos no se indemnizan. Los sindicatos denunciaron este abuso a Europa hace dos años, y el Comité de Derechos Sociales acaba de dictaminar contra España, argumentando que las indemnizaciones por despido no se ajustan a la Carta Social Europea. Ahora, el Gobierno tendrá que cambiarlas, mientras los sindicatos piden una indemnización mínima de 6 meses, para evitar el abuso de despidos en los nuevos contratos. Será la 2ª reforma laboral, más difícil de aprobar con la patronal en contra.

                     Enrique Ortega

Cada día se hacen en España miles de contratos (1.339.653 en todo mayo), varios por cada puesto de trabajo al año, y también miles de despidos, en un mercado laboral muy dinámico, que no para. Y eso se traduce en miles de altas y bajas a la Seguridad Social cada mes. En todo 2023 se registraron 22.549.541 altas laborales y otras 21.692.022 bajas. Y en mayo de 2024, el último mes con datos, se registraron en la Seguridad Social 2.032.520 altas laborales y 1.905.774 bajas, con un récord histórico de 21.219.318 afiliados.

Este enorme dinamismo del mercado laboral español y la fuerte creación de empleo neto (altas menos bajas) oculta un dato llamativo: las bajas a la Seguridad Social se han disparado en los dos últimos años, tras la reforma laboral de 2021 (en vigor desde el 30 de marzo de 2022). Los datos de la Seguridad Social lo evidencian: en 2023, casi 2 millones de trabajadores (1.967.406)  perdieron su empleo, la mitad por despidos (991.265 bajas) y la otra mitad por no superar el periodo de prueba (976.141 bajas). Es una cifra récord en la historia de la SS y supone un aumento del +15,38% sobre las bajas de 2022 (1.705.032) y, sobre todo, duplicar las bajas de 2021, antes de aplicarse la reforma laboral (1.094734 bajas). Y la tendencia sigue en 2024: de enero a abril se han registrado 639.286 bajas, un 9,36% más que en el primer cuatrimestre de 2023, algo más de la mitad por despidos (341.874) y el resto por no superar el periodo de prueba (297.412).

Los  sindicatos y muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para realizar “despidos encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho, los datos de la SS revelan que el 53% de las bajas por despido hechas en 2023 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el pago de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de prueba (976.141) no tuvieron ningún coste para las empresas. En 2024, la tendencia sigue igual: el 54,6% de todo los despidos fueron disciplinarios, sin indemnización de entrada, lo mismo que las 297.412 bajas por no superar el periodo de prueba.

Hasta la reforma laboral, las empresas utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y “rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y luego les daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma laboral de 2021, se han disparado los contratos indefinidos (el 44% de los hechos de enero a mayo 2024) y ahora las empresas buscan las vías para poder despedir también a estos trabajadores “fijos”. Y lo consiguen: el 92,4% de todas las bajas por despido de 2023 (916.199) se hicieron a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 72% de los despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores con contrato indefinido. Y lo mismo en 2024.

En definitiva, que la rotación en las plantillas ha cambiado de los trabajadores temporales (sigue) a los trabajadores “indefinidos”. Los sindicatos denuncian que las empresas utilizan “tres puertas” para quitarse empleados, 3 tipos de bajas para cambiar trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Y argumentan que las estadísticas demuestran que su uso se ha disparado en 2022, 2023 y 2024, tras la reforma laboral de 2021.

La “primera puerta” que usan ahora muchas empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito en el contrato y las concretan los distintos convenios, aunque a falta de criterio suelen ser de 6 meses para los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 991.265 en 2023 (+10,9%), un récord histórico. Y en los cuatro primeros meses de 2024 son ya 297.412 bajas por no superar el periodo de prueba, +9,26% que en el primer cuatrimestre de 2024.

Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, puede utilizar esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que es más difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si ha estado poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio, por una baja indemnización (33 días por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).

La “segunda puerta” que las empresas utilizan para realizar “despidos encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos disciplinarios se han hecho siempre, pero otra vez las estadísticas alertan del salto tras la reforma laboral: han pasado de 188.933 bajas en 2021 (ojo: en contratos indefinidos) a 367.705 en 2022 y 499.803 en 2023 (se han multiplicado por 2,6 en los últimos dos años). Y siguen creciendo en 2024 (186.893 hasta abril).

Este despido disciplinario sale también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24 meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le compensa reclamar. Y en muchos casos, a la empresa sí le compensa pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más barato).

La “tercera puerta” que algunas empresas utilizan para hacer despidos “encubiertos” son las bajas individuales por motivos objetivos, por “causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el gobierno Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas, abriendo la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). El sistema ha evitado millones de despidos (había 3.617.205 trabajadores en ERTE en abril de 2020 y sólo 10.000 en abril de 2024), Pero ahora, muchas empresas utilizan el argumento de las causas económicas para dar de baja a trabajadores. Otra vez lo revelan las estadísticas: se ha pasado de 159.362 bajas por despido colectivo en 2021 a 394.926 bajas en 2023 (más del doble). Y este año, de enero a abril, 14.721 bajas por “causas objetivas” (+12,15%), a pesar de que la mayoría de empresas venden y ganan más.

Todavía hay una “cuarta puerta” para los despidos encubiertos, según los sindicatos. Están  contabilizadas en la SS como “bajas no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre” donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay poca información. Son muchas bajas: 1.724.757 bajas en todo 2023, aunque la cifra es similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en 2024 salta la alarma: 595.214 de enero a abril, un +14,6% que en 2023.

Al final, entre estas 3 o 4 puertas, se pierden más de 2 millones de empleos cada año, aunque el paro total baja en España (hay 315.141 parados registrados menos que en mayo de 2021)  porque sigue habiendo oferta de nuevas empleos y crece la ocupación general, a costa de una mayor rotación de trabajadores. Los sindicatos denuncian este aumento de los despidos “encubiertos”, que los sufren ahora otros trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría antes  (72% del total en 2021) lo sean aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7% ahora). En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más trabajadores “indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a los despidos, sobre todo los nuevos contratos.

Los sindicatos creen que este aumento de despidos “por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez, aprobada en 2021, no quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la patronal. Y porque España está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos. Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado con antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un trabajador al que le despiden con uno o dos años de contrato.

Para evitar este abuso de los despidos de indefinidos tras la reforma laboral, UGT presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación jurídica, UGT reiteró que la indemnización por despido en España “no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados” y que hay vías de despido (las tres puertas señaladas) que “son demasiado baratas para las empresas” y por eso han disparado su uso. Un ejemplo se dio en Barcelona, donde una trabajadora despedida (sin causa justa) a los 5 meses de contratarla recibió una indemnización de 942 euros, que un juez subió a 4.435 en una sentencia de 2023. Por ello, los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta Social europea.

En octubre de 2022, el Comité del Consejo de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recogió la tesis sindical y declaró en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Después, en octubre, Sumar incluyó en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, este compromiso: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extensión de la relación laboral”.

Gobierno y sindicatos estaban a la espera de la decisión del Consejo de Europa. Y hace poco, el 20 de marzo, su Comité de Derechos Sociales emitió el esperado dictamen, que al día de hoy no se conoce. Pero todo apunta a que el Comité habrá sentenciado igual que en el caso de otros paises y de la recomendación hecha a España en 2023: el despido en España no se ajusta a la Carta Social Europea”, debido a que fija un límite máximo que “obvia las circunstancias del trabajador despedido”. Vamos, que da la razón a los sindicatos de que los 33 días por año son una miseria para los que han trabajado poco tiempo.

Ahora, se espera que el Gobierno publique la sentencia del Consejo de Europa (este verano) y apruebe cambios legales en las indemnizaciones. Pero mientras, ya hay una primera sentencia, del TSJ del País Vasco, que ha aplicado la decisión del Consejo de Europa, obligando a una empresa a pagar una indemnización adicional (de 30.000 euros) a un trabajador despedido antes del año prometido. Y se espera que otros jueces les seguirán. Mientras, los sindicatos proponen al Gobierno que apruebe una indemnización mínima de 6 meses de salario para los despidos improcedentes, mientras otros expertos defienden un nuevo sistema de indemnizaciones que tenga en cuenta las circunstancias del trabajador despedido. Y todos creen que si se encarezcan estos despidos de trabajadores con poca antigüedad, las empresas abusarán menos de ellos.

Ahora, el dictamen del Consejo de Europa fuerza al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios, condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este otoño, pero esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de 2021, porque las indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social. Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en el Parlamento, con la oposición muy agresiva y poco negociadora. Así que si hay cambios laborales, habrá que imponerlos y así no suelen funcionar bien.

COVID 19: rebrotes, muertos, turismo y Europa

Entramos en la semana 12ª de confinamiento, suavizado para el 70% de españoles en fase 2, mientras Madrid, Barcelona, Lérida y la mayoría de Castilla y León siguen en fase 1. Los contagios aumentan poco (pero aumentan), aunque se han cambiado los datos y puede haber 10.000 fallecidos más por coronavirus. Y mientras aparecen rebrotes (Lérida, Murcia, Ceuta, Córdoba, Badajoz, Gijón), hoteleros y autonomías turísticas presionan para que lleguen extranjeros el 15 de junio, 2 semanas antes de lo previsto. Y empiezan los despidos industriales (Nissan y Alcoa), que aumentarán en julio, cuando no esté prohibido despedir. La Comisión Europea ha presentado un Plan de reconstrucción tacaño (750.000 millones frente a 1,5 billones que pedían España e Italia), insuficiente (140.000 millones para España, que ya hemos gastado), tardío (el grueso del dinero llegará entre 2022 y 2024) y con condiciones (reformas y ajustes). Así que debemos reconstruir el país casi solos, con deuda y recaudando más como sea. Y sobre todo, unidos, algo imposible hoy. Nos jugamos el futuro.

enrique ortega

 Ayer se cumplieron 5 meses desde que China comunicara el primer contagio por coronavirus, el 31 de diciembre de 2019. Pero la pandemia sigue imparable y batiendo récords: 134.700 contagios nuevos el sábado 30 de mayo, según la Universidad Jhons Hopkins. Son ya 6.170.556 contagiados en 118 paises, un tercio en Europa (2.106.381), aunque el epicentro de la pandemia sigue en América, especialmente en Estados Unidos (1.790.191 contagiados, +18.123 diarios) y Brasil (514.849 contagiados, +33.274 diarios), seguidos por Rusia (405.843 contagiados, +9.268 diarios), Reino Unido (276.156, +2.445 diarios), España (239.429 contagiados, +96 diarios), Italia (232.997 contagiados, +416 diarios), India (190.622 contagiados, +8,380 diarios), Francia (189.009 contagiados, +1.828 diarios) y Alemania (183.410, +286 diarios). El coronavirus ha causado ya 372.099 muertos en el mundo, casi un tercio en EEUU (103.853 fallecidos), seguido por Reino Unido (38.751), Italia (33.415), Brasil (29.314), Francia (28.805), España (27.127 muertos), México (9.930), Bélgica (9.467) y Alemania (8.546 muertos).


En España, tras 11 semanas de confinamiento, los nuevos contagios se estabilizaron ligeramente al alza la semana pasada (+132, +194, +231, +182, +187 y +271  diarios, bajando ayer domingo a +96), mientras todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media española, que sube muy ligeramente (de 14,36 a 14,77 contagios por 100.000 habitantes los últimos 14 días), según Sanidad: Cataluña (39,74, Castilla y León (24,63) y Madrid (24,36), las tres en fase 1, más Ceuta (Ojo: 33,03), Castilla la Mancha (21,60), Navarra (20,02) y Aragón (17,21), estas cuatro en fase 2. Pero resulta muy difícil el seguimiento de los datos, porque Sanidad volvió a cambiar las estadísticas, el lunes 25 de mayo, rompiendo las series, y las autonomías siguen reportando “a su aire”. Un ejemplo: el miércoles y jueves sólo se contabilizó 1 muerto diario por coronavirus entre todas y el viernes y domingo 2 muertos cada día, un dato que ahora se da por semanas (+39 muertos en la última semana).


Precisamente, la estadística de muertos por coronavirus ofrece muchas dudas. Primero, Sanidad hizo un reajuste el lunes 25 y rebajó los muertos en casi 2.000 (de 28.752 el 24 de mayo a 26.834 el 25), aunque el martes volvió a reajustarlo (a 27.117 muertos). Y segundo, con la vuelta a la normalidad de los Registros Civiles, afloraron 12.000 muertos no registrados y con ellos, entre el 1 de maro y el 12 de mayo se han registrado 43.295 muertos más que el año pasado, según el sistema MOMA del Instituto de Salud Carlos III. Una parte importante, 27.302 eran los muertos “oficiales” por coronavirus (a los que se hizo la prueba), pero hay otros 15.993 muertos “extras” (más que el año pasado), la mayoría en Madrid (+6.695), Cataluña (5.495), Castilla y León (2.681) y Castilla la Mancha (+2.493), los cuatro “epicentros” de la pandemia. Sólo con que dos tercios de estos muertos “extras” hayan sido también por el COVID19, tendremos 10.000 muertos más por coronavirus de los oficiales (que son hoy 27.127).


Al margen de la disparidad estadística, Sanidad ha decidido los nuevos avances en la desescalada desde hoy, que esta vez suponen menos cambios (ver mapa) porque mantiene la exigencia de estar 2 semanas en cada fase. Así, un 30% de España (22 millones de personas) siguen en fase 1, concretamente la mayoría de Castilla la Mancha, Barcelona, Lérida (por un rebrote) y Madrid, que no ha conseguido anticipar la apertura de los Centros Comerciales ni abrir hoy los colegios para algunos alumnos. Siguen en fase 2 las autonomías que ya lo estaban más la Comunidad Valenciana, Granada, Málaga, Ciudad Real, Albacete y Toledo (70% del país, 25 millones de habitantes). Y se mantienen en fase 3 sólo Formentera, Hierro, La Gomera y la Graciosa (45.000 personas), no aceptándose que pasaran todas las islas  Baleares y Canarias.


Mientras, los centros de atención primaria intentan detectar los nuevos contagios y hacer pruebas PCR a los que tienen síntomas, aunque faltan medios para hacer test : se han hecho 314.737 test PCR la última semana, según Sanidad, sumándose ya 2.536.234 test hechos (53,8 por 1000 habitantes), muchos en La Rioja (110,5/1.000) o Asturias (90,5), en Barcelona (80,5) o Madrid (61,4) y bastantes menos en Andalucía (21,7) o Murcia (25,4). Y también falta personal para rastrear los nuevos contagios (sobre todo en Madrid y Barcelona). Una novedad es la “carrera” entre algunos Ayuntamientos de Madrid, gobernados por el PP, para hacer test a todos sus habitantes. La ha comenzado Torrejón de Ardoz, que inició el viernes un test a sus 135.000 habitantes, un negocio para Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el Hospital público de Torrejón (desde Esperanza Aguirre) y que ha desplazado a 100 sanitarios desde la Comunidad Valenciana (donde gestiona varios hospitales), por lo que la han abierto un expediente. Otro Ayuntamiento madrileño que quiere pagar pruebas a sus vecinos es Pozuelo, el municipio más rico de España, también gestionado por el PP, en una “carrera” desaconsejada por la OMS y Sanidad, que recomiendan hacer test “solo a los que tengan síntomas” de coronavirus.


Y seguimos sin saber nada de los protocolos sanitarios aplicados en las residencias de ancianos, epicentro de contagios y muertes por coronavirus, porque Sanidad no publica los datos. Pero el último balance hecho por la Cadena SER revela que 19.200 ancianos han muerto en residencias “por coronavirus o síntomas compatibles” desde el 8 de marzo, el doble de los ancianos muertos oficialmente por COVID 19 (9.600). El mayor número de muertos en residencias corresponde a Madrid (5.972), donde varios ancianos murieron hace días sin prueba PCR, Cataluña (3.928), donde se han detectado síntomas de COVID 19 al 80% de los 64.000 ancianos que viven en residencias, Castilla y León (2.560) y Castilla la Mancha (2.405). Un tema especialmente preocupante y más cuando Sanidad permite ya las visitas a residencias, aunque con condiciones.


En definitiva, que sigue la desescalada, con más de 10 rebrotes locales, pero también sin información sobre los efectos de la mayor movilidad en los contagios y con una capacidad limitada de los centros de salud, donde empiezan a volver los enfermos de siempre (muchos, mayores vulnerables). Y siguen las presiones del comercio y el turismo para ir más rápido. El presidente Sánchez ya se comprometió a permitir el 1 de julio el turismo extranjero, mientras negocia “pasillos turísticos seguros” con Francia, Alemania, Italia y Portugal. Pero los hoteleros (y los tour operadores alemanes) quieren anticiparlo, sobre todo en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. De hecho, el gobierno balear y la patronal hotelera proponen recibir turistas extranjeros a partir del 15 de junio, un enorme riesgo por mucho que multipliquen las precauciones. Y más en julio, a pesar de que el BOE y los Ayuntamientos prometan controlar el aforo a las playas (algo imposible: ver Playa de la Concha el viernes).


Todo el mundo parece volcado en el verano, mientras el día a día nos revela el alcance de la emergencia económica, “atenuada” porque hay 5,7 millones de personas cobrando algo entre ERTES (3,4 millones), autónomos con cese temporal (1,3 millones) y nuevos parados (1 millón). El problema vendrá cuando se acaben los ERTES (aunque se prorroguen unos meses) y cuando las empresas puedan volver a despedir, a partir del 1 de julio. Es lo que ya han anunciado Nissan (que cierra en diciembre sus tres centros de Barcelona: 3.000 empleos director y 20.000 indirectos) y Alcoa (500 despidos directos más 700 indirectos en Lugo). Y vendrá “un rosario” más de despidos, en el automóvil, aerolíneas, industrias, hoteles y comercios. En muchos casos, porque hay grandes multinacionales que reajustarán su estrategia mundial, cerrando plantas en España. Otra desventaja que tenemos: el poco peso de la industria puramente española, mientras Francia ayuda a sus multinacionales (10.000 millones para salvar Renault o Air France), como Alemania (9.000 millones para salvar Lufthansa, 2.000 millones para Adidas y 1.800 millones para TUI).


Precisamente, esto nos lleva a una cuestión europea “escondida” estos meses: las ayudas de los Estados a sus empresas. A fecha 10 de mayo, se habían aprobado 1.950.000 millones de ayudas públicas a empresas, según la Comisión Europea. Y el 51% de todas esas ayudas de Estado las ha concedido Alemania (994.500 millones), seguida de Francia (el 17%: 331.500 millones), Italia (15,5%), Reino Unido (4%: 78.000 millones), Bélgica (3%: 58.500 millones) y Polonia (2,5%: 48.700 millones), colocando la Comisión a España en 7º lugar, con el 1,4% del total , porque solo contabilizó los primeros 20.000 millones de créditos del paquete aprobado de 100.000 millones. En realidad, España ha gastado ya 138.900 millones en ayudas a empresas, trabajadores y familias, lo que sería un 7% del total comunitario, pero muy lejos de Alemania, Francia o Italia.


Al final, la cuestión es que Alemania sobre todo, y también Francia e Italia, han aprovechado su potencial económico (y en el caso alemán, su superávit público) para volcarse en ayudar a sus empresas, lo que muchos expertos europeos critican, por “competencia desleal”, por utilizar la pandemia para fortalecer sus empresas y su economía más que el resto de paises. Con lo que si hoy ya son más competitivos y más ricos (Alemania tiene el 123% de la renta europea, 9.400 euros anuales más por habitante que España, según Eurostat), lo serán más tras la pandemia. Es una cierta “selección natural”, la supervivencia de los paises más fuertes, que lo serán aún más tras la reconstrucción.


Lo escandaloso es que mientras la Comisión Europea “hace la vista gorda” a que Alemania concentre el 51% de todas las ayudas de Estado europeas, “racanee” a la hora de aprobar un Fondo de Reconstrucción para Europa. Lo han vendido como “un gran avance para Europa”, 750.000 millones para las nuevas generaciones (“Next Generation EU"), pero el Fondo resulta claramente insuficiente: España e Italia pedían 1,5 billones y el Parlamento Europeo pidió 2 billones. Supone sólo el 0,7% del PIB de la UE-27 y además se repartirá en 4 años (2021-2024). Además, sólo 500.000 millones son a fondo perdido (España e Italia querían que fuera todo) y 250.000 son créditos, a devolver en 30 años. Y, sobre todo, cobrarlo se va a retrasar (el grueso se repartirá entre 2022 y 2024) y estará condicionado a un Plan de reformas, que habrá que presentar para abril de 2021 y sobre el que podrán opinar (y vetar) los demás paises, especialmente la Europa del norte partidaria de los "ajustes".


Así que este Plan europeo de reconstrucción no es para echar las campanas al vuelo. Primero, porque es sólo una propuesta de la Comisión, que ahora exige la unanimidad de los paises y que no convence a los 4 paises del norte calificados de “frugales”: Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, apoyados “en la sombra” por Merkel, que presionan para que todo el Fondo sean créditos y que ese dinero sólo se conceda a cambio de planes de reforma (a lo claro: de ajustes y recortes como los que nos exigieron en 2010). Y segundo, porque la aprobación del Fondo va a ser lenta: se debatirá en la Cumbre europea del 19 de  junio y quizás en otra después, pasará luego al Parlamento europeo y tiene que aprobarse, junto al Presupuesto plurianual 2021-2027 (también ridículo: 1,1 billones en 7 años), en los 27 Parlamentos nacionales. Al final, el Fondo estaría disponible a principios de 2021 pero no se abonaría hasta que los paises consiguieran aprobar sus planes de reformas, en abril de 2021. Bruselas espera asignar el  60% del Fondo a finales de 2022 y terminar de repartirlo en 2024.


Para entonces, “todos calvos”. Y más España, que podría recibir de este Fondo europeo de reconstrucción 140.446 millones de euros (77.324 euros a fondo perdido y 63.122 euros en créditos a 30 años), la segunda mayor cantidad, tras Italia (172.745 millones), por delante de Polonia (63.838 millones), Francia (38.772), Grecia (31.997), Rumanía (31.206 millones), Alemania (28.806 millones) y Portugal (26.361 millones). Un dinero que no se puede utilizar para financiar la sanidad o las ayudas a empresas y familias (obligadas por la pandemia) sino a la reconstrucción: han de ser inversiones en turismo (161.000 millones), comercio (115.000), energías renovables (100.000), energía e industrias intensivas (88.000), digitalización (66.000), transporte y automoción (64.000) y construcción (54.000).


España, de momento, tiene que financiar la factura más inmediata, los 138.900 millones ya gastados en créditos y ayudas a empresas, autónomos, parados y familias, más exenciones de cuotas e impuestos, que no se pueden pagar con el futuro Fondo de reconstrucción europeo. Podríamos acudir a los créditos del MEDE (240.000 millones ya aprobados), pero España e Italia no quieren porque “suena a rescate” y temen la reacción de los mercados. Lo que sí pediremos serán los 15.000 millones de créditos que nos tocan del Programa SURE (100.000 millones), para pagar la factura de los ERTEs (dará para pagar el gasto de 2 meses). El resto, tendrá que salir de endeudarse en los mercados, hasta 300.000 millones este año (110.000 más de lo previsto antes del coronavirus). Y falta el grueso de la factura, el coste de la reconstrucción, muy superior a lo gastado hasta ahora y para lo que llegará tarde el dinero europeo.


Por eso, urge poner en marcha en España un Presupuesto de emergencia para la reconstrucción, listo para octubre y vigente en 2020 y 2021. Ahí habría que evaluar los gastos imprescindibles, antiguos y nuevos, y ver cómo los pagamos, con deuda y con recaudación, teniendo en cuenta que Hacienda va a ingresar este año 42.000 millones menos de lo previsto por la recesión. Y que con la economía en la UVI, resulta difícil subir impuestos, aunque habrá que buscar dinero como sea porque el endeudamiento tiene un límite. Esto es lo que deberían estar discutiendo y pactando los partidos, no mentando a los padres de nadie ni acusando de golpismo. Pero no parece que los políticos, sobre todo PP y Vox, estén por la labor de pactar la reconstrucción y cómo pagarla. Si no lo hacemos, nos lo harán desde fuera, desde Europa: o vía mercados (disparando el coste de nuestra deuda) o vía Bruselas y paises del norte, imponiéndonos más austeridad y recortes a cambio de las ayudas.


Es lo que hay, aunque muchos políticos no se enteren. Mientras, todos tenemos que ayudar con nuestro comportamiento para no retroceder contra la pandemia, exigiendo al Gobierno y las autonomías que frenen los rebrotes, aíslen los contagios y refuercen al máximo la sanidad y las residencias de ancianos. La reconstrucción económica es prioritaria, pero mucho más frenar al virus y salvar vidas (lean este clarificador artículo del Nobel Paul Krugman). La vida, no la bolsa. Porque si rebrota el virus no hay reconstrucción posible. Que lo piensen los que tienen tanta prisa en abrir negocios o Centros comerciales y en que lleguen turistas. Nos jugamos algo mucho más importante.

Coronavirus: más test o más confinamiento

El Gobierno ha decidido ampliar el confinamiento hasta el 9 de mayo (serán 8 semanas). Pero lo hace bastante a ciegas. Los datos de las autonomías son heterogéneos e incompletos. Y no saben cuántos españoles hay contagiados en sus casas, que podrían relanzar contagios y muertes si salen. Habría que hacer millones de test PCR (se han hecho 930.000), pero faltan  kits de extracción y laboratorios. Es ahora el “cuello de botella” sanitario, como antes los respiradores y UCIs. Y se retrasa el estudio epidemiológico a 30.000 familias, que nos dirá el alcance del virus. Estamos a ciegas y es un riesgo enorme suavizar el confinamiento, aunque haya provocado una recesión sin precedentes, con 6 millones de españoles temporalmente sin trabajo. Pero la prioridad es la vida, no la bolsa. Lo que tienen que pactar, antes que la reconstrucción, es dedicar más medios y estar más unidos (las autonomías van por libre) frente a la emergencia sanitaria, multiplicar test y estudios para saber cuál es el alcance real del coronavirus. Mientras, aguantemos en casa.

enrique ortega

Al cumplirse hoy 110 días de ser detectado, el coronavirus ha contagiado ya a 2.404.325 personas en 185 paises, causando 165.257 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El centro de la pandemia sigue en Estados Unidos (759.696 contagiados), aunque la mitad de los contagiados están en Europa, destacando España (195.944 contagiados) e Italia (175.925), pero con un fuerte ascenso en Francia (152.978), Alemania (144.348 contagiados) y Reino Unido (121.168). En muertos por coronavirus, también está en cabeza EEUU (40.611 muertos), seguido de Italia (23.660), España (20.453), Francia (19.718) y Reino Unido (16.060), quedando muy lejos Alemania (4.547 muertos). España sigue siendo el país con más muertos por millón de habitantes (435), pero tiene una tasa de letalidad (muertos/contagiados) de 10,4, inferior a Francia (17,3), Bélgica (14,7), Reino Unido (13,5), Italia (13,2) y hasta Holanda (11,4), según los datos de Sanidad publicados ayer domingo.


Tras 5 semanas de confinamiento, la curva de contagios en España sigue creciendo a menos ritmo: los nuevos contagios aumentaron la semana pasada por debajo del +3%  (+2,20% ayer domingo) frente al +7% hace dos semanas, el +15% hace tres y el +20% al inicio del estado de alarma. Los ingresos en hospitales crecen menos, el +1,7%, cuando hace dos semanas crecían el +7% y hace un mes el +34%. Lo mismo los ingresos en UCIs: crecieron un +1,5% la semana pasada frente al 6% hace dos semanas y al +40% al inicio del estado de alarma. Y los muertos crecieron un +3% la semana pasada, frente al +9% hace dos semanas y el +38% de hace un mes, aunque todavía sean “demasiados”: 410 nuevos ayer (ojo: fin de semana) frente a 950 el 1 de abril.


El alcance de la pandemia sigue siendo muy desigual por autonomías, aunque hay un problema previo que dificulta comparar: las estadísticas no son homogéneas, no se miden igual los contagios y las muertes, por lo que Sanidad publicó el viernes una Orden tratando de clarificar el alcance real de la pandemia. Con todo, sigue habiendo 7 autonomías con más contagios que la media (138,6 por 100.000 habitantes): La Rioja (351), Castilla la Mancha (324), Madrid (259), Castilla y León (286, aunque Segovia tiene 1.521 contagios por 100.000 habitantes  y Soria 1.405), Navarra (236), Cataluña (184) y País Vasco (178). Y los hospitalizados han bajado la última semana en Madrid (de 11.424 a 8.291) pero subían en el resto de España. Y también los pacientes en UCIs (de 1.332 a 1123 en Madrid), que han subido en Castilla la Mancha (de 316 a 518), la Comunidad Valenciana (de 567 a 643) y Andalucía (de 619 a 687). Al final, las autonomías con más letalidad (muertos/contagiados) son Aragón (18,81), Madrid (13,18), Extremadura (12,24), Castilla la Mancha (11,80), Comunidad Valenciana (10,71) y Cataluña (9,68), según los datos de Sanidad de ayer.


Un dato que sigue preocupando son las residencias de ancianos, donde se han producido 11.600 muertes (4.953 en Madrid), la mayoría por coronavirus, aunque se desconoce el alcance real de los contagios y muertes (un mes después del inicio del estado de alarma). Y todo indica que las autonomías siguen luchando “por su cuenta” contra el coronavirus, sin traspasarse enfermos ni equipos y algunas (Cataluña, Andalucía, País Vasco) sin colaborar demasiado con Sanidad, ni en los datos y estrategias ni en las compras de material.


Ahora, la clave en la emergencia sanitaria es reducir el ritmo de contagios (aunque coyunturalmente, podrían subir si se hacen más test, según ha advertido el ministro Illa) y los ingresos en hospitales y Ucis. Para lograrlo, hay que seguir manteniendo el número reproductivo básico por debajo de 1: que haya menos de un contagiado secundario por cada contagiado primario. Al inicio de la pandemia en España (principios de marzo), cada enfermo contagiaba a 4. El 14 de marzo, al inicio del estado de alarma, bajó a 3. Y a principios de abril, bajó de 1. Ayer repuntó hasta 0,95, aunque había 5 autonomías con más de 1: Baleares (1,19), Cantabria (1,15), Ceuta (1,17), Madrid (1,1) y Asturias (1,03), según Sanidad. ¿Cómo se ha reducido el número de contagios? Básicamente, con el confinamiento (evitando los contactos entre personas) y las medidas de protección (lavado de manos, limpieza y equipos de protección). Pero hay que avanzar más, con otras dos medidas claves, que se han aplicado con éxito en Corea, Austria y Alemania: detectar los contagios ocultos (con test masivos) y rastrear sus contactos (con investigadores y programas de móviles, APPs que detecten otros infectados) para aislarlos también.


Hasta ahora, en España, el confinamiento ha frenado el ritmo de contagios. Pero no podemos estar confinados eternamente. El problema es que no pueden abrir la mano y “desescalar” la cuarentena sin saber el alcance real de la pandemia. Porque los 196.000 contagiados contabilizados son sólo la punta del “iceberg”: no sabemos lo que hay debajo. Podría haber 7 millones de españoles contagiados o más, según el Imperial College. Así que necesitamos hacer test masivos y fiables. Hay 2 tipos de test para detectar enfermedad activa (antígenos). Unos, los test rápidos, más baratos y sencillos, que tienen un problema: detectan los contagiados, pero si dan negativo no son concluyentes y se necesita hacer el otro test, los PCR. Y estos test más precisos, los PCR, tienen 4 componentes: un hisopo (o palito) para coger la muestra, un kit de extracción, otro kit de identificación y un laboratorio que los analice. Y tenemos varios “cuellos de botella”. Faltan hasta “palitos”, según reconoció el miércoles el doctor Simón. Hay empresas españolas que fabrican los test de identificación del virus, pero previamente se necesita un kit de extracción del ARN (el coronavirus no tiene ADN), que necesita una materia prima, un reactivo, para “leer” ese ARN. Y esos reactivos son escasos y sólo los produce EEUU (que ya no vende), Alemania (se ha volcado en sus ciudadanos) y China (todos a comprarle). Y por si fuera poco, hay escasez de laboratorios homologados para las pruebas PCR, que exigen varias horas.


El resultado de estos “cuellos de botella”  con los test PCR es que sólo se han hecho 930.230 hasta el jueves, según el ministro de Sanidad. Y 2 millones de test rápidos (que son como una “ruleta rusa”, según los expertos). O sea, menos de 3 millones de españoles testados y 44 millones sin saber si son asintomáticos o contagiados. Y así, con este desconocimiento, el Gobierno tiene que decidir si seguimos confinados o se arriesga, por la presión de las familias encerradas y de la recesión económica, a abrir la mano. Urge volcar todos los medios en hacer test antes de levantar el confinamiento. Buscar producir aquí test de extracción (en Navarra y Euskadi investigan caminos alternativos) y multiplicar los laboratorios (se van a añadir los de las Universidades, 13 de momento que pueden ser hasta 50), con la ayuda de 4 robots que empezaron a trabajar el jueves y que analizan 10.000 PCR diarias. 


Y además, acelerar ese estudio de seroprevalencia a 30.000 familias (63.000 personas), anunciado el 7 de abril y que se ha retrasado por perfilar la muestra y por definir el  personal para hacer los test en las casas : no se quería retirar sanitarios de los hospitales y se pensó  que lo hicieran los militares, pero finalmente lo harán los médicos de familia, a partir del lunes 27 de abril. El estudio, en 2 oleadas, dará una muestra muy fiable (las encuestas electorales son menos de 5.000 y suelen acertar) para saber de una vez el alcance del coronavirus. Y cuando sepamos más, con millones de test y el estudio epidemiológico, no antes de 3 semanas (ojo, el estudio completo de seroprevalencia llevará 2 meses), los expertos y el Gobierno podrán decidir, con datos más  relevantes, si levantar el confinamiento y cómo. Y para entonces, necesitamos tener esa herramienta informática, una APP para móviles, que detecte los posibles contactos de los contagiados, para aislarlos y que no suba de 1 la tasa de contagios secundarios como pasó antes de la cuarentena.


Todo esto es lo prioritario, conocer de verdad el alcance del virus, realizando los test rápidos y los PCR (ambos para detectar la enfermedad activa) y los test serológicos (el tercer tipo de test, que sirve para detectar si se tienen anticuerpos y por lo tanto se ha pasado la enfermedad) , que se quieren también multiplicar para detectar los "inmunizados". Hay que acabar con los “embudos” en los 3 tipos de test, como antes se hizo con los hospitales,las camas de UCI y los respiradores. Y en eso hay que volcar recursos, medios y expertos, involucrando a las empresas españolas. Es la gran prioridad de una emergencia sanitaria que sigue ahí, agazapada, a la que no hemos vencido. Y mientras, sería una irresponsabilidad bajar la guardia y suavizar el confinamiento. A ciegas.


Y hay que hacerlo sabiendo que prolongar el confinamiento agravará la recesión, ya de por sí sobrecogedora. De momento, 4 millones de trabajadores se han acogido a un ERTE y están temporalmente sin trabajo, muchos todavía sin poder cobrar el paro y teniendo que sobrevivir hasta que lo reciban el 10 de mayo. Y 1.016.670 autónomos ya han pedido el cese temporal de actividad (el viernes, 919.000 cobraron la prestación, un mínimo de 661 euros mensuales). Y hay 950.000 trabajadores más que han sido ya despedidos (el 70% tenían empleo temporal), según la estimación del ministro Escrivá. Si sumamos, son 6 millones de personas afectados ya por la emergencia económica del coronavirus. Y que no saben cuántos meses van a estar así. Sin olvidar las empresas y trabajadores que siguen a medio gas (se mantiene un 42% de la actividad empresarial, según Randstad), que temen contagiarse y perder su trabajo o su negocio si el confinamiento dura mucho más.


Sabíamos que la emergencia económica provocada por el coronavirus es muy grave, pero la semana pasada, el FMI ha puesto números a la peor recesión mundial desde 1929: la economía mundial caerá este año un -3,5%, Estados Unidos un -5,9%, Japón -5,2%  y la zona euro un -7,5%, con fuertes caídas del PIB en Alemania (-7%), Francia (-7,5%), Reino Unido (-6,5%) y más en Italia (-9,1%), España (-8%), Portugal (-8%) y Grecia (-10%). Sólo se salvan China (crecerá +1,2%, aunque cayó un -6.8% en el primer trimestre) y la India (+1,2%). Y subirá el paro en todo el mundo, sobre todo en Europa (10,4%), Italia (12,7%) y principalmente en España (20,8% de paro en 2020), donde el FMI vaticina que tendremos 1,5 millones de parados más a fin de año (4,8 millones).


El FMI, propone que los paises “gasten lo que haga falta", como si no hubiera mañana. De momento, lo que han hecho muchos paises es que los Bancos centrales (Reserva Federal, BCE, Banco de Japón o de Inglaterra) garanticen la liquidez, que los bancos y las empresas tengan crédito. Pero en muchos paises, como EEUU y algunos europeos, el gasto en ayudas directas a los afectados (sobre todo a parados y familias temporalmente sin ingresos) es bajo. En este sentido, España es un ejemplo: entre abril y mayo habrá 8,35 millones de españoles que recibirán ayudas públicas (aunque lleguen con retraso), entre afectados por ERTEs (4 millones), autónomos afectados por cese de actividad (serán 1,4 millones), trabajadores despedidos (950.000) y los que ya cobraban el paro (2.002.235 en marzo) y se les mantiene sin contar plazos, según detalló el ministro Escrivá en el Congreso.


El problema de todas estas ayudas es que hay que pagarlas. Y por eso, el FMI señala que la emergencia económica va a disparar el déficit público de todos los paises, sobre todo de los que ya lo tenían alto, como Italia (subirá al -8,3% del PIB) y España (subirá del -2,6 al -9,5% en 2020: +108.000 millones de euros), aunque también en EEUU (subirá al -15,4%), China (-11,2%), Japón (-7,1%), Francia (-9,2%), Alemania (-5,5%), Portugal (-7,1%) o Grecia (-9%). Este mayor “agujero” en las cuentas públicas se producirá porque cae la recaudación (se estima que España ingresará este año 40.000 millones menos de impuestos) y suben los gastos, por las ayudas a empresas, trabajadores y familias (unos 45.000 millones). De ahí sale que el déficit público español acabará 2020 en 85.000 millones de euros más de lo previsto antes de la pandemia.


La siguiente cuestión es cómo financiarlo, como “cubrir este agujero”. Teóricamente, hay dos caminos: endeudarse y subir impuestos. El segundo, con la economía en una grave recesión, será inviable hasta que no se crezca (el FMI piensa que podemos crecer un +4,3% en 2021). Así que este año, sólo queda endeudarse. Por eso, el FMI estima que la deuda de todos los paises se dispare en 2020 (del 113,3 al 131% del PIB en los paises del G-20, del 109 al 131% en EEUU) y muy especialmente la deuda de Italia (del 134,8 al 155,5% del PIB) y de España (del 98,5% del PIB al 113,4%, el mayor porcentaje de deuda desde 1901). Eso significa que todos los paises van a acudir a los mercados a financiarse, con lo que los inversores forzarán una subida de tipos de interés. 


En el caso de España (y de Italia), el problema no va a ser sólo encontrar quién nos preste (tendremos que emitir unos 100.000 millones este año en vez de los 32.500 previstos), sino que nos costará más pagar la deuda, cuyos intereses ya se llevaron 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). De momento, los "mercados” ya han aprovechado el coronavirus para subir el tipo de la deuda  a 10 años de España (del 0,460% en enero al 0,809 el viernes) y de Italia (del 1,407 en enero al 1,781% el 17 de abril). Y si la pelota de la deuda sigue creciendo, lo normal es que sigan pidiendo más interés por prestarnos y que suba la prima de riesgo (la diferencia entre el tipo de la deuda española y alemana): era del 0,59% el 1 de enero (59,8  puntos básicos) y el viernes 17 de abril era ya del 1,26% (128,4 puntos). Por eso son tan importantes los eurobonos, que niegan Alemania y la Europa del norte: permitirían a España e Italia financiar esta deuda del coronavirus de forma más barata y segura. Porque si los mercados empiezan a seleccionar a quién prestan, sólo nos quedará que el BCE nos ayude comprando deuda, como pasó en 2015, para evitar problemas y “rescates”.


Estas son las consecuencias de la emergencia económica, junto a la recesión y la pérdida de empleos y empresas: nos dejará una factura muy abultada, que habrá que pagar durante décadas. Y eso sin contar con los recursos necesarios para reconstruir el país. Todo esto es lo que tendrían que pactar y acordar el Gobierno, la oposición, los empresarios y sindicatos. Pero antes, o en paralelo, habría que pactar cómo salir de la emergencia sanitaria, a la vista de que cada autonomía va por su cuenta (¿por qué no se mandan enfermos de Segovia, líder en contagiados en España, al hospital de campaña de IFEMA, en Madrid, que se ha empezado a desmantelar por falta de enfermos?) y la mayoría de partidos utilizan la pandemia para criticar y tumbar al Gobierno. Pacten primero cómo salvar vidas, que es la gran prioridad. Y luego, cómo salvar empresas y empleos. Basta de politiqueos.