Más emisiones de CO2 en España (y en la UE)

Rajoy apoyó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, firmado en 2016, pero en 2017, España fue el 4º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2, un 7,4%. Lo peor es que todo el mundo las aumentó (menos: un 1,4%) y también otros 19 países europeos, tras tres años de contenerlas o bajarlas.”Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, advirtió el presidente Macron en diciembre. Y esto sucede cuando el CO2 en la atmósfera ha vuelto a batir otro récord histórico y el clima está descontrolado. Europa ha bajado algo la guardia y este 2018 aprobará (dividida) su estrategia futura, mientras EEUU ha tirado la toalla con Trump y China avanza despacio. España debe aprobar este año una Ley de Cambio Climático que será polémica, por el cierre de las centrales de carbón y nucleares (que el Gobierno quiere retrasar) y porque hace falta subir impuestos (carburantes y empresas) y gastar más para lograr una economía más limpia. No podemos seguir contaminando así. 

enrique ortega

Los humanos seguimos contaminando el Planeta. En octubre de 2017, la Agencia Meteorológica Mundial (OMM) lanzó su última alerta: la concentración de CO2 en la atmósfera (el gas responsable del 80% del efecto invernadero) alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando otra vez la barrera de los 400 ppm, que se superó por primera vez en 2015. Un nivel de CO2 que multiplica por 1,43 los niveles preindustriales (anteriores a 1.750). Y aunque no hay datos recientes, todo apunta a que han crecido también otras emisiones provocadas básicamente  por el hombre (61%) de metano (12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero), oxido nitroso N02 (5% emisiones) y gases fluorados (3% de los GEI). Unas emisiones que provocan un “efecto paraguas” (invernadero) y aumentan la temperatura del Planeta así como los fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, etc.).

Lo preocupante es que la cantidad de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de que las emisiones mundiales de CO2 se han estancado en los últimos tres años, en 2014 (+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,6%), porque también juegan otros factores climáticos (como el Niño). Por eso, los expertos temen que se hayan disparado los niveles de CO2 en la atmósfera, dado que en 2017 las emisiones subieron a nivel mundial un 1,4%, según la Agencia Internacional de la Energía,  tras tres años de estancamiento. Las emisiones repuntaron en 2017 porque se disparó el consumo de energía (creció un 2,1%, el doble que en 2016)  y aumentó mucho el consumo de petróleo (por sus bajos precios en 2017 y el tirón del transporte), del gas y sobre todo del carbón (para generar electricidad, más en Asia). Precisamente, las economías asiáticas fueron culpables de dos tercios del aumento de emisiones de CO2, más por India (emisiones subieron 2%) y el sudeste asiático que por China (aumentó sus emisiones un 1,7%). Y subieron las emisiones en Europa (+1,5%), aunque bajaron en EEUU (-0,5%, por mayor consumo de gas), Japón y Reino Unido.

Lo más llamativo es que las emisiones de CO2 hayan subido durante 2017 en Europa, un 1,8% de media, según los últimos datos de Eurostat, tras haberse reducido los años anteriores. Y no es un hecho aislado, sino que suben en 20 países europeos, encabezados por Malta (+12,8%), Estonia (11,3%), Bulgaria (+8,3%) y España (+7,4%), la mayor subida de las emisiones de CO2 de la última década, tras haber caído las emisiones de 2009 a 2016 (por la crisis), con la única excepción de 2015 (subieron un 3,5%). Sólo se redujeron las emisiones de CO2 en 7 países europeos: Finlandia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), Reino Unido (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bélgica (-2,4%), Letonia (-0,7%) y Alemania (-0,2%).

El aumento de las emisiones de CO2 en España está muy vinculado a la generación de electricidad y a un mayor consumo de energía en la industria y los transportes. La falta de lluvias en 2017 provocó un menor aporte de la energía hidroeléctrica (7% de la generación eléctrica frente al 14% en 2016, según REE) y de la energía eólica y solar, con lo que las renovables han perdido mucho peso para generar la luz: del 40,8% en 2016 al 33,3% en 2017. Y ese hueco lo han rellenado el carbón (que aportó el 17% de la luz, frente al 13,9% en 2016) y las centrales de gas (del 10,2 al 13,9% en 2017), que también emiten CO2 aunque menos que el carbón. El verdadero problema de las emisiones está en las 15 centrales térmicas de carbón, que generaron ellas solas 46 millones de toneladas de CO2, el 19% de todas las emisiones que se hacen en España, encabezadas por la central de Aboño en Asturias, de EDP (8,2 millones Tm CO2), As Pontes en A Coruña, de Endesa (8,1 millones Tm) y Litoral en Almería, también de Endesa (7 millones Tm CO2). Baste decir que de las 10 instalaciones que más CO2 emitieron en 2017 (responsables de dos tercios de las emisiones industriales totales), 8 eran centrales térmicas de carbón.

¿Quién emite CO2 en España? El principal “culpable” es el sector de los transportes (27% de las emisiones totales), según el balance 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), debido sobre todo al gran peso de los camiones en el transporte y a la aviación. Le sigue la generación eléctrica (con el 18%) y la industria y los procesos industriales (23%, más un 4% del refino): las emisiones de las 1.184 industrias españolas sometidas al sistema europeo de derechos de CO2 fueron de 144,44 millones de Tm de CO2  (el 40% de las emisiones totales) y aumentaron un 10,44% en 2017, según la Comisión Europea. Las que más subieron fueron las emisiones de la industria eléctrica (+18,97%) y poco las del resto de industrias (+0,9%), destacando los aumentos de emisiones de la aviación (+13,20%), la cal (+8,2%) y la cerámica y azulejos (+7,9%), aunque las industrias que más contaminan son las eléctricas, cementeras, refinerías y siderúrgicas.

Tras el transporte (27%), las eléctricas y la industria (45% de las emisiones CO2), el tercer gran emisor en España es el sector residencial, básicamente las viviendas, el comercio y los servicios (13% de las emisiones), destacándose la importancia creciente de las emisiones ligadas al turismo, que podría emitir cuatro veces más CO2 del que se pensaba (hasta el 8% de las emisiones totales), desde el viaje en avión al transporte y las emisiones en las vacaciones, algo que debería preocupar especialmente a un país como España, que recibe 83 millones de turistas al año. Y en cuarto lugar están las emisiones de la agricultura y la ganadería (el 11% del total), dos tercios ligadas a la ganadería y a la mucha carne que comemos: producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. Y el resto de emisiones (4%) proceden de la gestión de residuos (basuras).

Este aumento de las emisiones de CO2 en 2017, en España y en el mundo, pone en peligro los objetivos del Acuerdo de París (2015), firmado por 195 países, que pretende recortar (a partir de 2020) las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, con el objetivo de que la temperatura de la Tierra suba a finales de siglo entre 1,5 y 2 grados, no los 3 o 4 grados que subiría si no se hiciera nada (lo que destrozaría en Planeta). Pero hoy, casi dos años y medio después, el mundo ha avanzado poco en medidas concretas para asegurar esos recortes. Y la retirada de EEUU ha dinamitado la recaudación del Fondo verde previsto de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a la reconversión energética de los países en desarrollo. “Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, reconoció el presidente Macron en una cumbre especial que convocó en París en diciembre pasado.

Un hecho que preocupa, además de la retirada de EEUU del Acuerdo de París, es que Europa, la abanderada mundial contra el Cambio Climático, ha rebajado sus planteamientos, debido sobre todo a  Alemania, muy presionada por su poderosa industria del automóvil (pro-diesel) y por el carbón: de las 10 industrias europeas que emiten más CO2, 7 son centrales de carbón de  Alemania (y las otras tres de Polonia y Bulgaria). Precisamente, los países del Este son otro frente que frena los recortes más drásticos de emisiones. Este año 2018, el Consejo Europeo debe aprobar los objetivos para cumplir la Cumbre de París y todo apunta a que serán menos ambiciosos de lo que muchos piden: un 20% de renovables para 2020 y un 27% para 2030 (la Comisión Europea defendía el 30% y la Eurocámara el 35%). Además se podría retrasar el cierre de las centrales de carbón, hasta 2025 o incluso 2030.

España está a la espera de que se aprueben estas directrices europeas, pero trabaja en una Ley de Cambio Climático que Rajoy ha prometido para este año. De momento, se creó una Comisión de 14 expertos, nombrados por el Gobierno (4), partidos (7) y fuerzas sociales (3), que el 2 de abril presentó su informe sobre el escenario energético que debería haber en España en 2030: quedaría una sola central de carbón frente a las 15 actuales, se prorrogaría la vida de las 5 nucleares y aumentaría el peso del gas y las energías renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica (se multiplicaría por 10). Con este escenario, las renovables aportarían en 2030 el 62% de la electricidad (ha sido el 33,3% en 2017) y el 29,7% de toda la energía consumida (el 27% va a ser el objetivo de Europa). Y además, los expertos proponen un impuesto específico al CO2 y gases contaminantes (en sustitución de los actuales impuestos a los hidrocarburos y la electricidad) y subir los impuestos al diesel (+28%) y a la gasolina (+10%), así como el IVA de los carburantes (+1/1,3%). Con más renovables y más ingresos fiscales, los expertos creen que se podría aligerar la factura de la luz y bajarla un 6,8%.

A partir del informe, el Gobierno tiene que aprobar y mandar al Parlamento un proyecto de Ley de Cambio Climático, aunque también podría esperar a ver qué aprueba Europa. El problema luego es consensuar las medidas a aprobar, porque las posturas están muy distanciadas. Los temas más polémicos son dos: las centrales de carbón y las nucleares. El Gobierno Rajoy quiere retrasar el cierre de las 15 centrales de carbón, mientras PSOE y Podemos quieren cerrarlas para 2025. Y sobre las 5 nucleares, el PSOE plantea que se cierren en 2028, cuando la última cumpla 40 años de vida, mientras el Gobierno Rajoy plantea prorrogar su funcionamiento 10 años más, argumentando el ministro Nadal que si no “la luz subiría un 25%”. Una falacia, porque algunos estudios señalan que el efecto del cierre sería de una subida de la luz de 8 a 11 euros anuales por hogar (un 2/3%). Y muchos reiteran que aunque las nucleares no emiten CO2, tienen riesgos y serios problemas con sus residuos.

La clave de futuro son las energías renovales, por las que habría que apostar al máximo para reducir las emisiones de CO2, máxime cuando su avanzada tecnología ya permite que sean muy eficientes, con unos costes de generación casi nulos. Pero para ello hace falta un sistema de subastas más transparente, con ayudas e inversiones no con recortes como ha hecho el Gobierno Rajoy desde 2012. Y también apoyar la autogeneración, suprimiendo el llamado “impuesto al sol”, como defiende el Comité de expertos.

Hay que reducir las emisiones de CO2 y la clave está en la producción de electricidad, las industrias y el transporte. En el sector eléctrico, la clave es recortar el uso del carbón, el fuel y el gas, reducir el peso de las nucleares y compensarlo con más renovables, más autoconsumo, más ahorro y más importaciones (el 5% de la luz y podría ser el 10%). En las industrias, implantar una estrategia de palo (cobrar más por cada Tm emitida: se pagan 13 euros y debería ser más de 20, como en Reino Unido) y zanahoria (ayudas a la reconversión eléctrica), centrada en las 10 empresas que son responsables del 25% de emisiones de CO2 de España, según el Observatorio de la Sostenibilidad: Endesa, Gas Natural, Repsol, EDP, Arcelor Mittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex.

Y en el transporte, el sector más contaminante, urge subir los impuestos a los carburantes (sobre todo al diésel, que paga un 23% menos de impuesto que la gasolina), encarecer la matriculación de los vehículos contaminantes (el 80% de los coches diésel acaban no pagando este impuesto) y un Plan para reducir el peso de los camiones (reciben incluso 306 millones  de subvención por el gasóleo que consumen) en favor del ferrocarril y el transporte marítimo. Sin olvidar otros Planes específicos para reducir las emisiones del turismo, las viviendas (con ayudas al cambio de calefacciones y aislamiento de edificios) y en la alimentación, para reducir el consumo de carne y productos lácteos, que generan importantes emisiones de la ganadería industrial.

Todo ello exige decisión política, hacer pagar los costes a quien contamina y, sobre todo, inversiones cuantiosas, para reconvertir una economía “enganchada al petróleo y al carbón” en una economía más limpia. Eso exige invertir unos 10.000 millones de euros al año de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte. Una buena parte de este dinero tendrá que salir de los impuestos medioambientales y en algunos casos, de los consumidores, que tendremos que pagar más (al principio) por una energía más limpia. Pero si no se toman medidas, los costes del Cambio Climático serían mucho mayores. Y no olvidemos que, según todos los expertos, el Cambio Climático afecta más a España que al resto de Europa.

Estamos ante uno de los grandes problemas de este siglo y más en España, uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Así que tenemos que “ponernos las pilas”, con decisiones razonables y no políticas, forzando la resistencia de los contaminadores. Nos jugamos mucho: el futuro de nuestros hijos y nietos, incluso el futuro del Planeta.  

   

La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.

La luz vuelve a subir (calladamente)

Si miran el último recibo de la luz, verán que ha vuelto a subir, a la chita callando: un 6,75% en septiembre, cuando pagamos el precio más alto de los últimos cinco años. Y también subió el resto del verano: un 11,5% en el tercer trimestre, tras bajar en la primera mitad de 2014. Ahora se espera que baje algo en el cuarto trimestre, pero podría subir en 2015. El nuevo sistema de tarifas es muy volátil y el precio depende mucho del viento y la lluvia (luz más barata) y de cómo produzcan luz las eléctricas. Además, en el recibo seguimos pagando de más por un montón de extracostes que el Gobierno no quita: ayudas al transporte, comercialización, parón nuclear, a renovables y  eléctricas tradicionales, a las islas, a grandes empresas consumidoras y al pago de la deuda eléctrica. Hace falta una auditoría de costes, para que de una vez paguemos la luz por lo que de verdad cuesta. Basta de sablazos.
 

enrique ortega

Los precios de la luz en el mercado eléctrico suben desde mayo, porque ha habido menos viento y lluvia, lo que ha reducido la producción de las renovables (luz más barata). Además, hay sospechas de que las propias eléctricas manipulan al alza los precios (el anterior Gobierno ya abrió en 2011 un expediente a Iberdrola, Gas Natural y EON, que acaba de cerrar el Gobierno actual “por falta de pruebas”), enchufando centrales más caras (fuel y gas). Y los recortes del Gobierno a las renovables han subido el coste de producir luz con energía eólica y solar, encareciendo el recibo. Además, el impuesto del 7% a la producción de electricidad que impuso el Gobierno a las eléctricas (2013) para ayudar a tapar el agujero eléctrico (déficit de tarifa), nos lo han acabado cargando en el precio. Por todo ello, el precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool  eléctrico) ha subido el 30 de septiembre a 66,98 euros Mwh, por encima del precio de diciembre 2013 (63,64 euros) que hizo intervenir al Gobierno y cambiar el sistema de subasta. Y el precio más alto desde 2008.

En definitiva, el Gobierno Rajoy cambió el sistema de subasta trimestral por un sistema que toma el precio diario del mercado eléctrico mayorista, para evitar sobresaltos como el de diciembre, y ese precio sigue subiendo. Y  además, fluctúa mucho, por la meteorología y las propias eléctricas: en febrero era de 17,12 euros Mwh, en mayo 42,41 y en septiembre 66,98 euros Mwh. Con ello, el precio de producir  la electricidad ha subido un 31% en el tercer trimestre. Y como ese coste de producir la luz supone un 37,48% del recibo (otro 21,38% son impuestos y el 41,14% restante costes regulados por el Gobierno), al final nos ha supuesto una subida del recibo de la luz de un 11,5% este verano (+6,75% sólo en septiembre). En el primer semestre, como producir la luz costó menos del precio que había fijado el Gobierno (48,48 euros Mwh), las eléctricas nos tuvieron que devolver dinero (463 millones, entre junio y agosto), una media de 32 euros por familia.

Ahora, la previsión del mercado eléctrico es que los precios bajen sobre los máximos de septiembre y alcancen en el cuarto trimestre unos 50 euros Mwh, lo que se traduciría en una bajada del recibo para este otoño del 1,5%. Y en todo el año 2014, con la bajada del primer semestre y la subida del tercero, el balance podría ser de una bajada de la luz del 4%, según el Gobierno y las eléctricas. Pero eso sería la tarifa, no lo que de verdad pagan los usuarios, porque la mayoría pagarán más por la luz que en 2013. Primero, porque este año cambió el recibo (en febrero) y subió la parte fija de la factura, lo que se paga por la potencia instalada (ahora supone un 60% del recibo, cuando antes era el 35%). Eso significa que todos pagamos más por tener un contrato de la luz, consumamos o no, suba o baje la luz. Y además, los 2,5 millones de familias que tienen el bono social están pagando más, al margen de que suba o baje la luz: ahora pagan una cuota fija y se les reducen los descuentos. Por si fuera poco, 200.000 familias se han quedado sin esta ayuda, sin el bono social, desde que gobierna Rajoy, según datos oficiales.

Para 2015, lo normal es que suba la luz en el mercado eléctrico a partir de la primavera (menos lluvia y viento) y además el Gobierno tiene que actualizar en enero los precios regulados (41,14% del recibo). Siendo un año electoral, se espera que el Gobierno no suba “su parte” del recibo, pero hay dos costes extras que acabaremos pagando de una forma u otra. Uno, el “regalo” que le van a hacer a las grandes empresas vascas (y no vascas, las que consumen más de 30 kWh), que van a pagar la mitad en los peajes de acceso al suministro eléctrico, como contrapartida al apoyo del PNV a la Ley del Sector Eléctrico aprobada en 2013. El otro, que las eléctricas dejan de pagar el coste del bono social (221 millones anuales), tras haber ganado un recurso en el Supremo, con lo que ahora lo pagaremos todos en el recibo. Como hay elecciones, el Gobierno buscará un sistema para que el pago de estos nuevos extracostes no se note. Una vía es que suba el término de energía en los costes regulados, por un aumento del coste del transporte y la distribución en horas punta, algo que se hace con el nuevo sistema, sin que el consumidor se entere.

Al final, el recibo de la luz sigue siendo un desmadre, que sube y baja sin enterarnos, dado que ahora no hay una subasta trimestral que se publicita sino que los precios cambian cada día (y cada hora, según una estimación de REE, hasta que en 2018 tengamos todos contadores inteligentes). Con ello, el Gobierno Rajoy se libra de los titulares de antes: “La luz sube un x% desde mañana”. Cada mes es una sorpresa y cada usuario un mundo, según su potencia, consumo o ayudas (bono social). Y el mercado eléctrico sigue estando descontrolado: las empresas imponen su mix de producción y sus precios, como un verdadero oligopolio, sin transparencia.

De hecho, pagamos la luz más cara porque el mercado no funciona bien (las eléctricas cobran más de lo que deben por los kilovatios que producen sus centrales hidráulicas y nucleares, un sobreprecio que les garantizó Aznar en 1997) y porque además pagamos en el recibo  muchos otros costes extras, que debían suprimirse o cargarse al Presupuesto: subvenciones al transporte y a la distribución, compensaciones a las grandes industrias consumidoras de electricidad, el parón nuclear, las primas a las renovables (y a las energías tradicionales), las ayudas a la producción de luz en las islas, el bono social y el pago de la deuda eléctrica (23.000 millones que “debemos” a las eléctricas, una hipoteca a 15 años que nos supone una media de 3 euros extras en cada recibo). Y también porque estamos pagando el doble de  centrales de las que necesitamos, ya que la potencia instalada duplica con creces el consumo (hay una “burbuja eléctrica”). Y así pagamos en el recibo por mantener abiertas centrales de gas que apenas funcionan.

Un desmadre al que el Gobierno Rajoy no quiere poner coto (ni antes Zapatero), porque sería recortar ingresos a las poderosas empresas eléctricas, las más rentables de Europa, que incluso aumentaron un 32,6% sus beneficios en 2013 (ganaron 4.187 millones), gracias a un regalo fiscal (devolución en sociedades por actualización de balances). Y mientras, los usuarios seguimos pagando de más en el recibo, sea con el sistema que sea. Y también las empresas: se ahorran en salarios pero pagan un 20% más que las europeas por la electricidad, en perjuicio de su competitividad y el empleo.

Al final, sólo hay una solución: hacer una auditoría de costes transparente, para que paguemos por la luz lo que efectivamente cuesta, quitando ayudas y subvenciones injustificadas (a las centrales nucleares y termoeléctricas, al transporte y la distribución, a los grandes consumidores) y pasando otras al Presupuesto (islas, bono social, renovables). Y cerrando las centrales que no hagan falta, además de fomentar las renovables (eólica, solar e hidroeléctrica), una energía que a la larga es más barata (y sostenible). Si no, seguiremos pagando de más, aunque unos meses suba la luz y otros baje. Un abuso.