Las fuerzas sociales exigen otra formación

Sindicatos y patronal están que trinan con el Gobierno por su política de formación: le han denunciado ante los Tribunales y el Defensor del Pueblo por marginarles y le critican que han caído un 23% las empresas que hacen formación, que no es útil para el empleo y que además no se gasta el 26% del dinero que pagan empresas y trabajadores con sus cuotas. Y exigen una nueva Ley para la formación, porque la de 2015 la aprobó el Gobierno Rajoy sin acuerdo de las fuerzas sociales y ha empeorado la situación. Urge tomar medidas porque España tiene un grave problema de formación (el 42,8% de adultos tienen poca) y sólo hacen cursos el 12% de los empleados y el 7,4% de los parados, muchos menos que en Europa. Por si fuera poco, la mitad del dinero de la formación recaudado desde 1993 se ha gastado en otras cosas. Un escándalo y un suicidio, porque en la formación nos jugamos el empleo del futuro.

 

                                                                                                                                                            enrique ortega    

Alta tensión entre las fuerzas sociales y el Gobierno Rajoy a cuenta de su política de formación a empleados y parados. En los últimos meses, la patronal y los sindicatos han denunciado al Gobierno a los Tribunales por no contar con ellos en la aprobación de los cursos de 2016, que han controlado sólo las oficinas de empleo (SEPE). Y también han denunciado al Gobierno ante el Defensor del Pueblo por negarles información sobre lo que han hecho con el dinero de la formación no gastado en 2016: han “sobrado” 64 millones de euros, un 26% de los fondos disponibles. Y por si fuera poco, sindicatos y patronal se quejan de que el Gobierno les ha enviado en mayo el tercer borrador de Reglamento para desarrollar la Ley de reforma de la formación, aprobada por decreto-ley hace más de 2 años, en marzo de 2015 (y convalidada como Ley 30/2015, en septiembre).

Con todo, quizás lo más llamativo es que patronal y sindicatos están preparando una declaración conjunta para denunciar los graves problemas de la política de formación en España, que en su opinión “se ha deteriorado aún más” con la última Ley, que el Gobierno aprobó en 2015 sin contar con las fuerzas sociales. Denuncian que ha caído un 23% el número de  empresas que hacen formación, de 478.600 en 2013 a 368.300 en 2016, menos del 30% de todas las empresas que cotizan, cuando en Europa hacen cursos de formación entre el 50 y el 75% de las empresas, según los paises. Y ello lo explican porque la nueva ley ha encarecido los cursos y ha dejado de cofinanciar los cursos de las empresas entre 5 y 10 trabajadores, lo que ha expulsado a muchas micropymes de la formación. Además se quejan de la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos y que, tras la reforma, se han concentrado en menos empresas, muchas vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se reparten el 305 de los fondos (casi 3 millones cada una), mientras otras 287 se llevan una dotación media de 67.000 euros. Y además, se quejan de que los cursos son demasiado generalistas, poco ligados a lo que necesitan las empresas y el 80% son online.

Con todo, su mayor crítica es que no se gasta el dinero destinado a la formación y eso demuestra el fracaso de la política que se hace. Año tras año, las empresas no piden parte del dinero destinado a ayudarles a la formación (ellas tienen que aportar entre el 10% y el 40% del coste de los cursos, según su tamaño) y el problema es que ese dinero se pierde, porque el Gobierno y las autonomías lo gastan en otras políticas de empleo (bonificación de cuotas, trabajos de parados, prácticas en empresas, ayudas a emprendedores…) o se lo ahorran, para reducir su déficit. Y además, se niegan a informar a empresas y sindicatos qué hacen con estos remanentes, a pesar de que el dinero de la formación sale de las cuotas que pagan las empresas (0.6% de la masa salarial) y los trabajadores (0,1%). Y año tras año, quedan remanentes de estas cuotas sin gastar, entre el 20 y el 26%. La patronal CEOE estima que no se han gastado 1.000 millones de los fondos de formación sólo desde 2012.

Este dato es un escándalo y un suicidio en un país que necesita formar a sus trabajadores como el comer, porque la formación de los adultos españoles es muy baja comparada con Europa: el 42,8% de los españoles de 15 a 64 años sólo tiene la ESO o menos, frente al 26,6% de europeos con poca formación, según el último dato de Eurostat (2016). Y en la franja media de estudios, con bachillerato o FP, tenemos sólo a un 24,6% de los españoles adultos, frente a un 46,3% de europeos. Eso sí, en el nivel universitario tenemos más porcentaje de adultos que Europa: un 32,6% frente al 27,1%. Y si esto sucede entre todos los adultos, preocupa más que esa brecha de formación se mantiene también entre los jóvenes (25-34 años): tenemos un 34,7% de jóvenes que tienen sólo la ESO o menos, frente a sólo un 16,5% de jóvenes poco formados en Europa. Y con formación media, 24,4% de jóvenes frente a 45,4%.

Unos datos tremendos, como para desperdiciar la cuarta parte de los fondos para formación. Y más cuando España, además de tener adultos poco formados, gasta menos en formación y hace menos cursos que el resto de Europa. Así, sólo un 11,9% de los españoles que trabajan hicieron algún curso de formación en 2015, frente a una media del 14,7% en Europa (UE-28), el 12,5% en Alemania, el 20,9% en Reino Unido, el 23% en Francia, el 31,5% de Suecia o el 37,4% de los trabajadores en Dinamarca, según datos de la Comisión Europea y el Banco de España. Y si miramos a los parados, sólo el 7,4% de los desempleados hicieron algún curso de formación en 2015, frente al 9,6% en Francia, el 23,7% en Alemania y el 25% de parados que se forman en Italia, países con la mitad o menos de parados que España.

La poca formación y el desprecio por hacer cursos de empresas, trabajadores y parados es uno de los talones de Aquiles de la economía española y la recuperación, según el último informe del Banco de España 2016. Y eso porque el empleo del futuro sólo será para los más formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con formación media, el 35% para los que tengan niveles altos y sólo quedará un 15% del empleo para los europeos que tengan baja formación (el 42,8% de los españoles adultos), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles aquí dentro de una década (entre 8,8 y 10 millones), sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación, un 39,35 para los que tengan estudios medios y más de la mitad restante (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Por todo ello, parece claro que nos jugamos el empleo futuro en mejorar la formación de los españoles, sobre todo los más jóvenes. Y por eso, los sindicatos y la patronal, casi siempre a la greña, se han puesto de acuerdo en exigir reformas urgentes al Gobierno. La primera y fundamental, que lo que las empresas y trabajadores coticen por formación se gaste en formación. Porque según estima la patronal CEOE, de los 35.215 millones de euros ingresados por la cuota de formación profesional desde 1993 a 2016, sólo 20.682 millones se han gastado realmente en formación. El resto, el 41,3% de lo recaudado se ha gastado en otras cosas o se lo han “ahorrado” los distintos Gobiernos. Y además de gastar lo recaudado, el Gobierno debe aportar más a la formación, porque Rajoy ha recortado a la séptima parte la aportación estatal: de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015 (la tercera fuente de ingresos, los fondos europeos, se mantienen estables, en 100 millones anuales).

Aparte de gastar más en la formación, se trata de gastarlo mejor y con más transparencia. Las fuerzas sociales se quejan de que los procesos de petición y gestión de las ayudas para la formación son muy burocráticos (duran más de 9 meses), con demasiado ocultismo y poca transparencia, máxime ahora que han echado a sindicatos y patronal del organismo de supervisión. Y se quejan también de la falta de coordinación entre la Administración central y las autonomías. Por otro lado, piden una mayor participación de las empresas privadas, sobre todo de las pymes, en la selección y oferta de los cursos, porque critican que la mayoría de cursos están obsoletos y existe una oferta formativa  desequilibrada: deja sin cursos  a aquellas ramas formativas que no resultan rentables a las academias privadas, por lo que los sindicatos piden más participación en la formación de los centros educativos públicos. Y además, que se incluya la formación como un elemento clave en la negociación de los convenios, para que los sindicatos peleen por la formación junto a los salarios, el horario y las condiciones de trabajo.

Y junto a estas peticiones de sindicatos y patronal, una petición más: buscar la transparencia y evitar el fraude y la corrupción en la gestión de los cursos de formación, como se ha detectado en demasiados casos en Madrid y Andalucía. De hecho, el Ministerio de Empleo acaba de reclamar a 41.000 empresas (entre ellas Inditex, Ikea, Repsol, Mercadona, el Barça...)  que devuelvan descuentos de cotizaciones cobrados indebidamente por cursos a empleados. Formación sí, pero no como un negocio paralelo de sindicatos y patronal o empresas para complementar su maltrecha financiación. Eso exige controles, pero sin que se eternicen los procesos con lentas y complejas solicitudes que hunden la formación, como ha pasado desde 2015. Y sobre todo, no quedarse sólo en controles de legalidad, sino multiplicar los controles de eficacia. Porque si no pasará lo que pasa ahora: que se hacen cursos inútiles y faltan trabajadores cualificados en lo que necesitan las empresas. De hecho, en el mercado laboral español faltarán 1,9 millones de profesionales altamente cualificados en 2020, según un estudio de Randstad: científicos, ingenieros, tecnólogos y matemáticos que tendrían que estar formándose ahora.

En definitiva, que patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo en pelear por otra formación en España y han propuesto sus reformas al resto de partidos políticos, que están de acuerdo con ellos, salvo el PP. Es el momento de proponer un gran Pacto por la formación de los empleados y los parados, con más recursos y una gestión más eficiente y transparente, para mejorar el nivel de unos adultos y parados poco formados. Es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, como insisten la Comisión Europea, la OCDE y el Banco de España. Porque en la formación nos jugamos el empleo del futuro.

Jubilarse antes, una necesidad para muchos

En 2016 se batió  el récord de españoles jubilados antes de tiempo: 136.941, el 44,6% del total. Y en 2017 sigue esta tendencia, iniciada en 2013, con un 44,1% de prejubilaciones, a los 64,2 años de media, aunque la edad legal sea este año de 65 años  y 5 meses. Los españoles se jubilan antes porque ahora les llega el turno a los prejubilados de los EREs y porque hay muchos mayores de 55 años que, a falta de trabajo y de cobrar el paro, no ven otra salida que jubilarse antes. Son 3 millones de mayores de 55 años “ni-ni-nis”: ni trabajan, ni cobran el paro ni se pueden jubilar. Y en cuanto llegan a los 63 años (y algunos a los 61) se jubilan, aunque pierdan un porcentaje de pensión. No hay que penalizarles con más recortes,  sino darles una salida, aprobar un Plan de choque para ayudarles a encontrar trabajo o asegurarles un subsidio digno hasta los 65 años. No condenarles al limbo de los “ni-ni-nis”.



                                                                                     enrique ortega

Las prejubilaciones cayeron en España con la crisis, entre 2007 y 2011, porque muchos mayores desecharon la idea de jubilarse antes por la necesidad de seguir aportando ingresos en hogares donde habían caído sueldos y empleos. Pero a partir de 2012, las jubilaciones antes de tiempo volvieron a crecer, año tras año, hasta alcanzar en 2016 un récord histórico: 136.941 prejubilaciones, el 44,6% del total, según los datos de la Seguridad Social. Y este año 2017, hasta abril, ha seguido la tendencia. 48.182 jubilaciones antes de los 65 años, un 44,1% del total, con una media de edad de 64,2 años (63,7 años los hombres y 64,5 años las mujeres). Este aumento de las prejubilaciones choca con la primera reforma de las pensiones, aprobada por Zapatero en 2011, que elevó progresivamente la edad de jubilación a 67 años para 2027 (este año 2017 está en 65 años y 5 meses). Y con la segunda reforma aprobada por Rajoy en 2013, que endureció los criterios para jubilarse anticipadamente, aumentando el porcentaje que se pierde por jubilarse antes (hasta el 8% anual).

Pero los datos están ahí y demuestran que, a pesar de las dos reformas, aumenta el porcentaje de los que se jubilan antes de tiempo. Por dos razones. Una, porque ahora están jubilándose los prejubilados de la crisis, los trabajadores de los EREs de la banca y las grandes empresas que tenían pactado jubilarse a los 61 o 63 años. Y, sobre todo, porque hay muchos mayores de 55 años que, a la vista de que no tienen trabajo ni cobran el paro, optan por jubilarse antes, aunque pierdan con ello un porcentaje de su pensión. En España hay casi 3 millones de personas mayores de 55 años que son “ni-ni-nis”: no tienen trabajo, no cobran el paro y no pueden jubilarse. La mayoría de ellos son mayores que “han tirado la toalla” de buscar trabajo y están inactivos (son 2.352.000 entre 55 y 64 años) y otros 560.100 son parados (y el 75% de ellos llevan más de un año sin trabajo).

Estos españoles mayores de 55 años saben que tienen muy difícil encontrar trabajo y comprueban cada día que las empresas no los quieren: el 61% no han sido llamados a ninguna entrevista de trabajo en el último año, aunque el 56% de ellos presenta currículos cada semana, según un estudio de la Fundación Adecco. Su mayor hándicap es la edad, pero también su baja formación: el 70% de los parados mayores de 55 años sólo tiene la ESO o incluso menos y muchos proceden de la construcción y sectores reconvertidos que ahora no tienen futuro (como ellos). Y por todo ello, el 70% de estos parados mayores de 55 años cree que “ya no volverá nunca a trabajar”, según una encuesta de la Fundación Adecco.

Su situación es especialmente preocupante porque la mayoría de estos parados mayores de 55 años no cobra el paro, a pesar de que el 40% sigue teniendo hijos a su cargo y el 35% está pagando todavía una hipoteca, según la Fundación Adecco. Los mayores de 55 años a los que se les acaba el paro tienen derecho a un subsidio de 426 euros al mes hasta que les llega la edad de jubilación (y la Seguridad Social cotiza el mínimo por ellos ese tiempo), pero muchos no lo cobran porque no cumplen los tres requisitos imprescindibles: haber cotizado 6 años al desempleo, haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y, sobre todo, que en su familia (contando su esposa o esposo y los hijos menores de 26 años) no haya ingresos superiores a los 530,78 euros mensuales (media de todos los que ingresen algo), un requisito que introdujo el Gobierno Rajoy en 2013 y dejó a muchos mayores fuera del subsidio.

Si los mayores de 55 años son “ni-ni-nis”, no trabajan ni cobran el paro, ¿Qué pueden hacer? ¿Esperar en el limbo  de la pobreza hasta que cumplan los 65 años? Muchos echan cuentas y buscan la vía para jubilarse antes, a los 63 años o incluso a los 61 años. Para jubilarse anticipadamente a los 63 años, el trabajador ha tenido que cotizar al menos 35 años. Y si le han despedido por causas económicas o administrativas y ha estado al menos 6 meses de paro, puede solicitar jubilarse a los 61 años. En ambos casos, la contrapartida es que pierde un porcentaje de la pensión que tendría si esperara a los 65 años y 5 meses. El recorte varía entre el 6,5 y el 8% anual. Pero aun así, le puede compensar  tener una pensión más baja si no cobra nada de paro. Y sobre todo si es autónomo y encima tiene que cotizar a la Seguridad Social para no perder el derecho a pensión: jubilado no cotiza y cobra.

Por todo esto suben las prejubilaciones, porque hay 3 millones de españoles mayores de 55 años que no ven otra salida que jubilarse lo antes que puedan. Aunque esa decisión cargue más las cuentas de la Seguridad Social, que sigue con un abultado déficit (-18.500 millones en 2016). La tendencia del Gobierno Rajoy, de la patronal y de muchos expertos es penalizar más estas prejubilaciones, con más requisitos y más recortes de la pensión resultante, para disuadir a los mayores a jubilarse antes de tiempo. Incluso hay muchas voces, como las del expresidente Aznar, el Banco de España y distintos expertos, que han defendido  ir i más allá y subir la edad de jubilación por encima de los 67 años, quizás hasta los 70.

Penalizar más las prejubilaciones y volver a subir la edad de jubilación por encima de los 67 años serían unas medidas injustas y rechazables por varias razones. Primera, porque con la subida a 67 años, España tiene ya una edad de jubilación que es de las más elevadas de Europa, sólo por detrás de los 68 años de Irlanda, reino Unido y la república Checa, según los datos de la OCDE. Incluso hay paises como Francia donde se jubilan a los 62, otros como Finlandia a los 63 y varios a los 65 años, como Austria, Bélgica o Grecia. Segundo, porque penalizar las prejubilaciones y subir más la edad de jubilación dificultaría aún más el empleo de los jóvenes, en un país donde su tasa de paro es el 40,5%, más del doble que el paro juvenil en Europa (19,5%). Y sobre todo, porque hay más de 1 millón de parados mayores de 50 años (1.042.700), que tienen muy difícil encontrar trabajo, más de la mitad sin ingresos y a los que se condenaría a estar más años “en el limbo”  esperando a jubilarse.

El auge de las prejubilaciones debería llevar al Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales no a recortarlas sino a reflexionar que son un síntoma de un problema muy serio: que hay un enorme colectivo de españoles sin salida, los 3 millones de mayores “ni-ni-nis”. Y que debería hacerse un Plan de choque específico para darles una alternativa. Por un lado, ayudarles a que encuentren un trabajo, para lo que el Gobierno debería volcarse en su formación y las oficinas de empleo (SEPE) en orientar su búsqueda de empleo, con la aprobación también de ayudas e incentivos fiscales a las empresas que contraten mayores. Por otro, en el caso de que no consigan empleo, deberían asegurarles un subsidio hasta la jubilación, revisando los requisitos actuales y haciendo que la mayoría pueda recibirlo. Y sobre todo los que tienen familia a su cargo, con medidas para ayudarles a pagar su hipoteca. Y en tercer lugar, planes específicos para que los mayores en peor situación se jubilen anticipadamente: no es lo mismo poner pegas a alguien que trabaja y quiere jubilarse a los 63 años que dificultárselo a un mayor “ni-ni-ni” que lleva años parado y sin ingresos.

Tenemos un serio problema con las pensiones, que no salen las cuentas porque los ingresos han caído y los gastos van a crecer mucho más por el envejecimiento de la población. Pero no podemos intentar corregirlo echando la culpa a las prejubilaciones, sobre todo a las de los mayores de 55 años sin trabajo y sin paro que buscan una salida jubilándose antes. Penalizarlos sería un ahorro mínimo y muy injusto. Lo que deberíamos hacer es darles una alternativa, ayudándoles a encontrar trabajo o a sobrevivir con un desempleo digno o una pensión anticipada. Porque no podemos cerrarles el único camino que encuentran tras muchos años “en el limbo”. Estos españoles mayores de 55 años sí que son “una generación perdida”, tras décadas de esfuerzos. Hay que buscarles una salida, no culparles ni penalizarles.

Más horas extras gratis sin control

 

Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más de la mitad de estas horas extras no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a más, después de que dos sentencias del Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello, los inspectores de Trabajo se quejan de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa. Urge tomar medidas para limitar las horas extras, porque quitan 156.300 empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de la Seguridad Social y las futuras pensiones.
 


                                                                                                                  enrique ortega

España ha sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la jornada laboral “haciendo horas”: el trabajador las veía como una forma de “redondear su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas gordas”, a un récord de 10,2 millones de horas extras a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la economía se ha ido recuperando, han vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre de 2017, según el INE (EPA).

Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se hacían gratis el 37,8% de las horas extras y el 48,8% en 2011, a partir de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones)  y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año, hasta primer trimestre de 2017, en que un 51,4% de las horas extras (3.018.700) se hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener su empleo.

Este abultado número de horas extras explica en gran medida que la jornada laboral en España sea una de las más largas del mundo, según la OCDE (datos 2015): trabajamos  una media de 1.691 horas anuales (263 horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766 horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en cómputo semanal, trabajamos 38 horas semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4), Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.

¿Quién hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son una minoría de trabajadores, sólo el 4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de 1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca. Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más precarios sino los que laboralmente están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos casos, no se recuperan ni tampoco se cobran. Son “lentejas”. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016) obligando a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de la Audiencia Nacional, la inspección de Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las empresas este registro diario de jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.

Pero la banca recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro diario de jornada.

Ahora, ¿qué va a pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y que detectar el fraude, el exceso de horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

Los inspectores de Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho, las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”. De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las horas que sí les pagan).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos empleados, con lo que las horas extras evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los trabajadores afectados. UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que tendrían derecho: entre  2010 y  2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.

Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en un  país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el vacío legal existente. Y urge aprobar un Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).

En definitiva, se está creando empleo (muy precario), pero se podría crear más empleo si los trabajadores ocupados  hicieran menos horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar” los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen, reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que falta nos hacen.

Obesidad: una epidemia imparable y costosa

La última alerta sobre la obesidad no la han dado los médicos de la OMS sino los economistas de la OCDE: más de la mitad de los adultos del mundo y 1 de cada 6 niños sufren sobrepeso. Y 1 de cada 5 son obesos. Es una grave epidemia que crece imparable y que causa 2,8 millones de muertes al año. España es el segundo país con más sobrepeso y tenemos un grave problema de obesidad infantil, que afecta al 20% de los niños y al 16% de las niñas. Los médicos dicen que no hay una sensibilidad social frente al sobrepeso y la obesidad, que son el origen de muchas enfermedades graves. Y piden que declaremos “la guerra a la obesidad”, con un Plan de medidas para mejorar la alimentación, hacer más ejercicio y atajar la enfermedad con fármacos y operaciones. Urge una Campaña nacional para bajar peso, porque la obesidad mata y encima nos cuesta el 10% del gasto sanitario. Comamos mejor.



                                                                                                enrique ortega

Comer mal y en exceso es la epidemia mundial del siglo XXI: ya hay 1.900 millones de personas con sobrepeso y 600 millones de obesos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). O sea, que hay el triple de humanos que comen mal frente a  los que pasan hambre (793 millones, según la FAO). Cualquiera de nosotros podemos saber si estamos incluidos en estas fatídicas estadísticas: basta con que calculemos nuestro índice de masa corporal (IMC). Una sencilla fórmula (ver calculadora) que consiste en dividir el peso (en kilos) por el cuadrado de la altura (en metros). Por ejemplo 78 kilos/ (1,72m)2 = 26,4. Si este índice está por encima de 25 tenemos sobrepeso y si supera los 30, somos obesos.

La OCDE, el organismo que agrupa a los 35 paises más desarrollados, ha dado en mayo la última alerta sobre el sobrepeso y la obesidad, con datos que incluso empeoran los de la OMS: más de la mitad de los adultos y 1 de cada 6 niños sufren sobrepeso en los paises desarrollados, según su informe “Obesity Update 2017”. El ranking del sobrepeso en adultos lo encabeza México (70,4% población 15-74 años tiene sobrepeso), seguido de EEUU (67,4% población), Hungría y Reino Unido (58,7%). España, con un 46,7% de los adultos con sobrepeso, es el 2º país de Europa en exceso de peso (tras Reino Unido), por delante de Francia (40,8%) e Italia (40,7%), según la OCDE. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Sanidad (2015) elevan estas cifras y hablan de un 53,7% de adultos (más de 18 años) con sobrepeso y un 27,8% de niños y jóvenes (2 a 17 años). Tremendo.

Y las cifras de obesos, el siguiente estadio, son también muy impactantes, según el informe de la OCDE: un 19,5% de los adultos del mundo son obesos, el doble que en 1980. Aquí el ranking mundial lo encabeza EEUU, con un 38,2% de adultos obesos, seguido de México (32,4%), Reino Unido (26,9%), Canadá (25,8%) y Alemania (23,6%). España ocupa el lugar 22 en este ranking de obesidad, con un 16,7% de adultos obesos, por delante de Francia (15,3%) y Portugal (16,6%) y por debajo de Italia (9,8% de obesos), paises nórdicos (del 12 al 14,9%) y Japón (el país con menos obesos, un 3,7% de los adultos). España está por debajo de la media de obesidad de la OCDE (19,5%), pero el problema es que la obesidad se ha casi duplicado en nuestro país, pasando del 9,1% en 1993 al 16,7% actual.

Lo que más preocupa, a la OMS y a la OCDE, es el crecimiento del sobrepeso y la obesidad en los niños, que serán los obesos de mañana: 1 de cada 6 niños tiene sobrepeso en el mundo (son 2 millones), un 15,5% en los paises de la OCDE. Y más en España: un 16,5% de los niños de 15 años tienen sobrepeso, con lo que somos el 8º país de la OCDE con más niños gordos, por delante de Alemania (16%), Portugal e Italia (15,5%), Reino Unido (14%) o Francia (12%). Y aún estamos peor en niños obesos: lo son el 18,1% de los niños españoles (20,4% los niños y 15,8% las niñas), según el estudio Aladino 2015-2016 (niños 6-9 años), frente al 16,6% en la OCDE. Claro que en EEUU, casi un 31% de los niños sufren sobrepeso.

Pero lo preocupante no es solo el sobrepeso y la obesidad en los paises desarrollados, sino que están creciendo con mucha fuerza en los paises en desarrollo, en las zonas pobres del mundo, según revelan la FAO y la OMS. Un ejemplo es Latinoamérica, la región del mundo que más ha reducido el hambre en las últimas décadas (del 14,7 al 5,5% de su población): ahora, 3 de cada 5 latinoamericanos (el 58%) tienen sobrepeso (360 millones de personas), según un informe de la FAO. Y hay paises como Haití, donde una parte de la población pasa hambre y otra parte tiene sobrepeso, porque compran alimentos ultra procesados, de baja calidad y con un exceso de grasas, pero más baratos que las frutas, verduras, carnes y pescados que necesitarían para alimentarse de forma más equilibrada.

Con todo, lo peor es que la OCDE estima que la epidemia de sobrepeso y obesidad irá  a más en los próximos años, sobre todo en los paises más desarrollados. Y así anticipa que en 2030, el 46,62% de los estadounidenses serán obesos (hoy lo son el 38,2%), el 39,15% de los mejicanos (hoy 32,4%), el 34,95% de los británicos (hoy 26,9%) y el 29,10% de los canadienses (hoy 25,8%). Para España, la OCDE estima que el porcentaje de obesos (16,7% en 2015) suba al 18,24% en 2020 y al 21,16% en 2030, todavía por delante de Italia (13,26% obesos en 2030) y Francia (19,48%).

Dos son las causas fundamentales de esta epidemia de sobrepeso y obesidad, según la OMS: la mala alimentación y la falta de ejercicio. Por un lado, comemos mucho, con un exceso de azúcares y grasas y una falta de frutas, verduras, legumbres y cereales.  Se abusa de la “comida rápida” y la bollería, sobre todo los niños. Y hay una serie de factores psicológicos y emocionales (como el estrés o la ansiedad) que nos llevan a “comer de más”. También hay factores genéticos que explican entre un 20 y un 40% de la obesidad, según la OMS. El otro gran responsable del sobrepeso es el sedentarismo, la falta de ejercicio, el estar demasiadas horas en el sofá viendo la televisión o con el móvil y los videojuegos.

Lo curioso del sobrepeso y la obesidad es que afecta más a las mujeres que a los hombres, según la OMS, aunque está creciendo más entre los hombres. Y los estudios demuestran que las mujeres de clase baja y con menos formación tienen una posibilidad entre dos y tres mayor de ser obesas que el resto. En España, donde hay un 16,7% de obesos, las personas que sólo tienen educación primaria alcanzan un 26,7% de obesidad mientras sólo son obesos el 9,8% de los universitarios, según el último  Informe anual de Sanidad (2015).

El sobrepeso y la obesidad son la segunda causa de mortalidad en el mundo, tras el tabaco: cada año mueren 2,8 millones de personas por enfermedades causadas por el exceso de peso, según la OMS. Entre las enfermedades causadas por el sobrepeso están las cardiovasculares (cardiopatías e ictus), la diabetes (la padecen 415 millones de personas en el mundo), los trastornos del aparato locomotor (artritis y degeneración de las articulaciones), el asma y algunos tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula, riñones y colon). En los niños, la obesidad provoca dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, según los estudios de la OMS.

El mayor coste del sobrepeso y la obesidad son las enfermedades y las muertes, pero no son los únicos: es un problema que afecta negativamente a la economía, a la productividad de las empresas y aumenta los costes de la sanidad y de los ciudadanos. Por todo ello, se estima que la obesidad en el mundo tiene un coste de 2 billones de dólares, el 2,8% del PIB mundial, según un estudio de la consultora McKinsey. El mayor coste es el sanitario, que aumenta un 50% con la obesidad (y un 20% con el tabaquismo). Además, el sobrepeso aumenta el absentismo laboral y reduce la productividad de las empresas. Y a nivel de los ciudadanos, los obesos tienen más problemas para ser contratados (este prejuicio se llama “lookism”) y cuando encuentran un empleo suelen cobrar menos que los trabajadores sin sobrepeso. Incluso algunas líneas aéreas (como Samoa Air) han empezado a cobrar más a los clientes obesos, que también gastan más en carburantes. Y la sanidad británica ya les ha advertido que no tendrán prioridad al operarse, mientras las compañías de seguros médicos cobran más caras las primas a las personas obesas o con sobrepeso.

En España se estima que una persona obesa consume un 20% más de recursos sanitarios y un 68% más de fármacos, por las enfermedades que acarrean (diabetes, cardiopatías, hipertensión, artrosis), según un estudio de The Economist y Ethicon. Por eso, el sobrepeso y la obesidad pueden ser culpables de un 7% del gasto sanitario español, según un estudio realizado en 2012 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (hoy AECOSAN). Un coste que podría elevarse hoy al 10% del gasto sanitario, nada menos que 6.500 millones de euros anuales. En Reino Unido se estima que el coste de la obesidad alcanza los 6.430 millones al año, un tercio más que los costes del tabaquismo (4.150 millones) y cuatro veces más que el alcoholismo (1.130 millones). Y todo apunta a que, si no se toman medidas, el sobrepeso y la obesidad pueden arruinar las cuentas de la sanidad en los próximos 20 años. Baste decir que el gasto sanitario solo por la diabetes (una pandemia mundial) crecerá un 50% de aquí al año 2040.

Ante tantas muertes, tantas enfermedades y tantos costes motivados por el sobrepeso y la obesidad, el mundo y España deben reaccionar y tomar medidas eficaces cuanto antes. La primera y fundamental, según los médicos de la Sociedad española para el  estudio de la obesidad, “cambiar la mentalidad” ante esta enfermedad, considerarla una enfermedad grave y no menor (“vale, estoy un poco gordo y debo adelgazar”). “Hay que “declarar la guerra a la obesidad”, proclaman, pidiendo que lo hagan los médicos, los ciudadanos y los políticos, para afrontar el problema con urgencia y un abanico de medidas eficaces.

Lo principal es lanzar campañas masivas a favor de una dieta equilibrada, que insista en el consumo de verduras, frutas, cereales integrales y frutos secos, reduciendo las grasas y los azúcares y la comida preparada. Es importante que el Gobierno fuerce a la industria alimentaria a informar sobre el contenido de los alimentos, fomentando el uso de semáforos donde se indiquen los productos no aconsejables. Y en paralelo, utilizar los impuestos para penalizar las comidas y bebidas ricas en grasas y azúcares, como ha pedido la OMS, al proponer recientemente que se suban los impuestos a las bebidas azucaradas (lo hacen muchos paises, como Francia, paises nórdicos, Sudáfrica, México y varios estados USA, pero Montoro no quiso incluirlo en los Presupuestos 2017).

Otra vía de actuación es controlar la publicidad de comidas y bebidas, para prohibir y desalentar los anuncios de comidas y bebidas que fomenten la obesidad, sobre todo entre los niños y jóvenes. Y multiplicar las campañas educativas sobre lo que hay que comer en colegios y Universidades, limitando y controlando las máquinas dispensadoras. Y se debería pedir la colaboración de las empresas, para que hagan campañas en los centros de trabajo y ayuden a una mejor alimentación de sus trabajadores y a que hagan más ejercicio, en beneficio de una mejor productividad y menores costes por bajas laborales y absentismo.

Y queda elaborar un Plan global contra la obesidad en la sanidad pública, empezando por elaborar protocolos de actuación en atención primaria (para los pediatras y médicos de familia), fomentar unidades especializadas en los hospitales (con nutricionistas, ausentes de la sanidad pública) y mejorar la atención a los obesos, ampliando las operaciones y la atención farmacéutica. La cirugía bariátrica es muy efectiva y su coste se recupera en 2,5 años, pero se aplica poco en España: se hacen unas 5.000 operaciones a los obesos más graves, pero deberían hacerse cuatro veces más, hasta 20.000 al año, para equipararnos con lo que se hace en Europa, según The Economist. Y en cuanto a los medicamentos contra la obesidad, sólo hay dos autorizados en España (Xenical y Saxenda o Victoza), pero necesitan visado y el inspector no los autoriza a los pacientes obesos (sólo a los que tienen diabetes u otra enfermedad), con lo que no los cubre la Seguridad Social. Un ahorro que se traduce a la larga en más costes después para la sanidad pública.

En resumen, estamos ante un grave problema sanitario y social, un sobrepeso que afecta a la mitad de la población y causa muchas enfermedades y muertes. Y un problema que tiene un alto coste sanitario y económico, que puede quebrar las cuentas futuras de la sanidad pública, máxime si 1 de cada 5 niños actuales acaba siendo obeso en el futuro. Y que deteriora la productividad de las empresas y los costes de las familias. Hay que lanzar una guerra total contra el sobrepeso, tomárselo más en serio de lo que nos lo tomamos todos, desde los ciudadanos a los políticos. Y plantear  una Campaña nacional para bajar de peso, con recursos y medidas efectivas. Tenemos que conseguir comer mejor, de una forma más equilibrada, para estar más sanos. Comamos con cabeza.