Negro futuro para los servicios sociales

La crisis ha disparado las visitas de españoles a los servicios sociales, para pedir todo tipo de ayudas, desde comida y alojamiento a subsidios, teleasistencia, residencias de ancianos o asesoramiento para trabajar. Y la puerta de entrada a estos servicios sociales son los Ayuntamientos, que atienden a 7 millones de personas cada año. Ahora, el Gobierno ha enviado al Parlamento una Ley de reforma local que quita a los Ayuntamientos los servicios sociales para que los presten las autonomías. El problema es los Gobiernos regionales no tienen recursos y se teme que al final nadie preste estos servicios sociales, cada vez más necesarios porque la crisis ha hecho que 12 millones de españoles vivan como pobres. Además, Rajoy ha prometido a Bruselas que autonomías y Ayuntamientos recortarán 11.500 millones más sus gastos en 2014 y 2015, con lo que tendrán que hacer un recorte extra en gastos sociales. Un drama para millones de personas que lo están pasando muy mal.

                                          Vídeo Cruz Roja 2012: "Ahora más que nunca frente a la crisis" 

España gasta en servicios sociales unos 13,300 millones al año (2012), un 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. El Estado central apenas aporta y menos desde que gobierna Rajoy, que ha bajado a la tercera parte el presupuesto del Estado para gastos sociales: de 86,6 millones que aportaba en 2011 a sólo 27,5 en 2013. Las autonomías aportan el grueso del gasto en servicios sociales, 12.645 millones en 2012, aunque también llevan dos años de recortes. Y los Ayuntamientos dedican casi 600 millones a servicios sociales, aunque son los que gestionan el Plan concertado municipal de servicios sociales, con 1.330 millones (2011). En conjunto, los presupuestos para servicios sociales han caído un 33,1% entre 2011 y 2014, según un reciente informe encargado por el Consejo General de Trabajo Social (CGTS).

Los servicios sociales son competencia exclusiva de las autonomías, que hacen casi todo el gasto, aunque lo han reducido en 478 millones con la crisis (entre 2009 y 2012). Lo primero que choca es la gran diferencia de servicios sociales entre autonomías. Tres ejemplos. Uno, la renta mínima de inserción (RMI), el subsidio que pagan las autonomías a algunas familias sin ingresos: en el País Vasco cobran 658 euros al mes 1 de cada 13,5 habitantes mientras en Extremadura cobran sólo 399 euros 1 de cada 337 habitantes. Otro, las residencias de ancianos: en Castilla y León hay 7,42 plazas por 100 mayores y en Murcia 2,37. Tres: el País Vasco ofrece 71 plazas de albergues para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes mientras Extremadura tiene 20.

Esta disparidad de servicios sociales se debe a la disparidad de gasto entre autonomías: mientras el País Vasco gasta 796 euros por habitante, en Baleares gastan diez veces menos (76,4€). Si se mide en relación a su riqueza, las autonomías que más gastan son el País Vasco (2,57% de su PIB), Extremadura(2,20%),Castilla la Mancha(1,99%), Andalucía(1,60%), La Rioja(1,59%) y Navarra(1,44%).Y las que menos Baleares (0,31%), Canarias(0,65%), Madrid(0,75%) y Comunidad Valenciana(0,76%). Pero al final, unas gestionan mejor que otras y sólo tres sacan buena nota en el ranking que hacen los gerentes de servicios sociales: Navarra (nivel alto, con 7,15+ puntos), País Vasco(7,35) y La Rioja (6,85). Seis más aprueban: Castilla y León (6,65 puntos), Cantabria(6,60), Cataluña (6,35), Asturias(6,35), Castilla la Mancha(6,25) y Aragón (5,85). Y las ocho restantes suspenden, lo que hace que para toda España, la nota que dan a los servicios sociales sea suspenso: 4,92 puntos.

Los Ayuntamientos lo hacen mucho mejor, aunque gestionan bastante menos dinero, los 1.330 millones del Plan concertado de servicios sociales (al que aportaban, en 2011, 86,6 millones del Estado, 710,5 de las autonomías y 532,3 de los Ayuntamientos). En este Plan trabajan 50.000 funcionarios municipales, que atienden a 7 millones de personas cada año. El catálogo de servicios sociales que prestan los  Ayuntamientos es amplísimo: información y orientación de ayudas, asesoramiento para el empleo, ayuda a domicilio y teleasistencia, comida y alojamiento (ayudas al alquiler, albergues y viviendas tuteladas), ayudas de emergencia, gestión de becas, ayudas y renta mínima de inserción (RMI), gestión de la Dependencia, apoyo a la familia, a las mujeres (maltrato),a la infancia y a inmigrantes, atención a discapacitados, gestión justicia gratuita, atención psicosocial…  Y lo más importante: los Ayuntamientos son la puerta de entrada para que los ciudadanos soliciten y accedan a las ayudas que luego conceden las autonomías y el Estado. Por eso son claves.

Pero ahora, el Gobierno Rajoy quiere que dejen de prestar estos servicios sociales. En la Ley de reforma de la Administración Local, que se debate en el Parlamento para que entre en vigor en 2014, se contempla que los Ayuntamientos dejen de prestar los servicios que se consideran “impropios” y que se llevan la cuarta parte de sus presupuestos: servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. El argumento del Gobierno es evitar duplicidades con las autonomías y el Estado (que también prestan estos servicios) pero la verdad es que se hace por recortar gastos: la previsión enviada a Bruselas es que, suprimiendo servicios públicos, los Ayuntamientos recorten 4.000 millones entre 2013 y 2015.

Con la reforma local, la prestación de servicios sociales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pasará a las autonomías (en los pequeños, la gestión pasa a las Diputaciones, que ni siquiera asegurarán el servicio, sólo los básicos). Y los Ayuntamientos quedarán para una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. O sea, para detectar necesidades y atender lo más urgente. El resto a cientos de kilómetros, en la autonomía. Y además, la Ley les va a exigir que establezcan medidas para “racionalizar el servicio”. O sea que, como los recortes y Hacienda mandan, las autonomías tratarán de “ahorrar” también en servicios sociales los próximos años.

La Ley, rechazada por muchos alcaldes y  toda la oposición (salvo PNV), provocará varios problemas. Por un lado, muchas autonomías no tienen recursos como para financiar los servicios sociales que ahora prestan los Ayuntamientos. Castilla y León ya se ha quejado de que le costaría 200 millones. Por eso, el temor es que el traspaso acabe en un drástico recorte de servicios. Por otra parte, están en riesgo los empleos de los empleados municipales de servicios sociales (50.000) y de las ONGs y empresas que prestan servicios (temen que se pierdan 70.000 empleos). Pero además, puede provocarse una mayor duplicidad de tareas: los Ayuntamientos tendrán que seguir atendiendo situaciones urgentes y evaluando problemas (necesitarán medios) y las autonomías necesitarán medios y recursos para atender servicios que antes no prestaban. Un caos.

Con todo, el mayor problema es de fondo: los servicios sociales necesitan prestarse con  proximidad, para detectar mejor las necesidades y hacer un seguimiento constante. Y eso sólo pueden hacerlo los Ayuntamientos, no las autonomías. De hecho, Castilla y León o Asturias gastan menos que Extremadura en servicios sociales (1,28% PIB y 1,59% frente a 2,20%) y sin embargo obtienen mucha mejor nota en el ranking (6,65 y 6,60 frente a 4,60) porque tienen la gestión muy descentralizada en los Ayuntamientos. Más cerca, mejor servicio.

La reforma de los Ayuntamientos puede ser la puntilla a los servicios sociales, que se enfrentan además a nuevos recortes de gastos (11.500 millones), impuestos por Rajoy a autonomías y Ayuntamientos para 2014 y 2015, Y todo ello, recortes y reforma, precisamente cuando más falta hace la asistencia social (la demanda ha crecido un 72% en 2012), ya que la crisis ha provocado que España tenga 12 millones de personas en el umbral de la pobreza, familias que viven con menos de 14.700 euros al año (matrimonio con dos hijos). Y lo peor: hay 3 millones de españoles en situación de pobreza severa: malviven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas.

La crisis ha provocado un destrozo social que están sufriendo los más débiles. Un grave problema social que hay que paliar desde las instituciones públicas, con un Plan contra la pobreza (exigido por Bruselas y que no llega) y con un reforzamiento de los servicios sociales, para paliar los casos más graves. Hacen falta más recursos, no recortes. Y no desmantelar los servicios sociales de los Ayuntamientos, los que mejor funcionan. Por solidaridad (o caridad, si prefieren), den marcha atrás.

La crisis frena la innovación

Todo el mundo apuesta por la innovación, por invertir en I+D+i para cambiar el modelo económico español. Pero llevamos ya tres años de caída de la inversión en innovación, por el recorte de los presupuestos públicos y de las empresas, sobre todo las pymes. Eso nos retrasa más aún de Europa, donde gastan casi el doble en I+D. Pero el problema no es sólo de dinero. También hay que gastar bien (uno de cada cuatro euros del Presupuesto no se gasta), hay que mejorar las ayudas fiscales, hay que buscar financiación y, sobre todo, hay que mejorar la formación y la educación, apostando por los jóvenes emprendedores. Hacer como país un gran Pacto por la innovación, para que nos saque de la crisis.

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Los datos del INE lo acaban de confirmar: el gasto en I+D en España volvió a caer un 1,7 % en 2010, más que en 2009 (-0,8%), el primer año en que bajaba el gasto total en I+D  (14.582 millones €) después de 15 años de crecimientos consecutivos. Lo peor es que 2010 ha sido el primer año en que bajó el gasto público en I+D (-0,9%), aunque se suavizó la caída en el gasto empresarial (-2,4% frente a -6,3%). Ahora, todo apunta a que en 2011 volverá a caer la inversión en I+D, ya que el Presupuesto se ha recortado este año un 7% y las empresas no parece que estén para gastar en innovación.

Con ello, España se coloca aún más a la cola de Europa en innovación : gastamos el 1,38 % de la riqueza (PIB) en innovación (I+D), frente al 2,34% de la OCDE y el 1,89% de la Unión Europea, que es mucho más en el caso de Alemania (2,68%) o Francia (2,11%).Con ello, España se ha colocado en el puesto 18 de 27 en el ranking europeo de innovación, sólo por delante de Grecia, Malta y 7 países de la Europa del Este. Y mientras aquí hacemos recortes, Alemania, que gasta más del doble que España (1025 dólares por habitante frente a 446), ha aumentado su inversión pública en innovación un 7% este año.

En España, la mayoría del gasto en I+D lo financia el sector público (55%), mientras que en otros países desarrollados son las empresas las que gastan 2 de cada 3 euros en innovación. Aquí, de las 13.650 empresas que invierten en I+D, según el informe COTEC 2011, hay 1.150 grandes empresas que han recortado poco su inversión (-9%) y mantienen su plantilla de investigadores, pero son las 6.500 pymes (10-50 empleados) las que más han reducido su inversión en I+D (-17%), por la caída de ventas y la dificultad de encontrar financiación.

Sin embargo, faltan más proyectos que dinero. Así, 1 de cada 4 euros del Presupuesto del Ministerio de Innovación en 2010 no se gastó, porque empresas y autonomías pidieron sólo un 60% de los créditos públicos disponibles (3.218 millones). O sea que 1.287 millones de préstamos para I+D no se gastaron. Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la investigación, según un estudio de Alma Consulting. Falta información y simplificar trámites. Y tampoco funcionan los incentivos fiscales a la I+D: no los utilizan ni el 75% de las empresas innovadoras, porque Hacienda las está echando atrás y corren el riesgo de una inspección.

Pero la innovación no es sólo cosa de dinero, como señala el último Informe COTEC: hace falta promover una cultura de la innovación, de arriba abajo, y sobre todo con la educación, que debe estar más dirigida a las empresas y la formación para el empleo. Y aplicar la innovación al día a día, sobre todo en las pymes y autónomos: no es de recibo que el 52% de los autónomos no tenga un ordenador y de los que lo tienen, dos tercios no tengan Web y una cuarta parte no tenga acceso a Internet. Hace falta que el Estado y las autonomías tiren de las empresas para que innoven, con una política de compras públicas y de atracción de emprendedores. No en vano, las tres autonomías que más gastan en I+D (Navarra, País Vasco y Madrid) son las más dinámicas y están entre las que más crecen y tienen menos paro.

Además, es muy importante “sembrar la innovación” entre los jóvenes, ya que España tiene un lastre de partida, con menor capacidad innovadora de nuestros jóvenes respecto a la mayoría de Europa, según un estudio de la Fundación COTEC, que propone cultivar más la inteligencia en la educación (más matemáticas y más esfuerzo) y en el ocio (más lectura y arte y menos tele), fomentar la emancipación (estudiar, trabajar y vivir fuera de casa),desarrollar su espíritu cívico y facilitarles los viajes y los idiomas, como bases para que en España haya más emprendedores, más empresarios innovadores en unas décadas.

Entre tanto, hace falta un Pacto por la innovación, para salvarla de los recortes del Estado, las autonomías y las empresas. Ya tenemos una ley de la Ciencia que ha sido aprobada por consenso y ahora hace falta un gran acuerdo (Estado, autonomías, empresas, bancos y Cajas, Universidades e investigadores) para conseguir sus objetivos: aumentar en 6.000 millones anuales la inversión privada en I+D, duplicar la inversión pública, subir al tren de la innovación a 40.000 nuevas empresas y generar medio millón de empleos tecnológicos. Hacen falta hechos y no palabras, como las apelaciones a innovar de Rubalcaba y Rajoy. No podemos esperar a que tire la economía para invertir en I+D. Porque si no se innova y se cambia el modelo productivo, la economía no tira. Es la pescadilla que se muerde la cola. En este caso, nuestro futuro.

Paro: aún no hemos tocado fondo

España lleva 45 meses seguidos destruyendo empleo. Da igual que por 89.800 no hayamos llegado a los 5 millones de parados. Tenemos un drama de paro que no tiene ningún otro país civilizado: más del doble que Europa y el triple que Alemania. Casi la mitad de los jóvenes sin empleo. Más de 2 millones de parados sin trabajo desde hace más de un año, 1.386.000 familias donde nadie trabaja y casi dos millones de parados sin cobrar nada. Y la mayoría de expertos creen que este año se va a seguir destruyendo empleo, aunque no lo crea el Gobierno, que intenta paliar la situación con un Plan contra el empleo sumergido. Contra el paro no hay atajos, sólo crecer más. Hay que tomar ya medidas pactadas entre todos. No podemos esperar otro año más, hasta después de las elecciones de 2012.

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El peor dato de la última EPA es que la economía sigue destruyendo empleo (256.500 en el primer trimestre), más que el año pasado ((5.000 más, quizás por el cambio en la Semana Santa).Ya son 15 trimestres consecutivos, desde que a mitad de 2007 se empezó a perder empleo: 2.358.900 puestos de trabajo perdidos ya en esta crisis. Y cuatro datos malos: el empleo cae en toda España (salvo Canarias), en todos los sectores (incluso en la construcción, donde no acaba la sangría) y más entre los fijos, después de haberse cebado entre los contratos temporales. Y el 90% del empleo se ha perdido entre menores de 35 años.

Cae el empleo y aumenta el paro, aunque podría haber pasado de los 5 millones si no fuera porque sigue habiendo mucho parado “desanimado” : jóvenes, mayores y mujeres que no se apuntan a buscar empleo porque saben que lo tienen muy difícil. Con todo, el paro llega a los 4.910.500 personas, el 21,29% de los españoles en edad de trabajar (frente al 9,9% en Europa y el 7,1% en Alemania). Pero hay cinco provincias con más del 30% de paro: Huelva (32,9%), Málaga (32,73%), Cádiz (32,68%), Almería (32,04%) y las Palmas (31,01%). El paro ha crecido en todos los sectores y más entre las mujeres, que ahora buscan más por la crisis. Lo más grave es que están en paro casi la mitad de los jóvenes (menores 25 años): un 45,39%, más del doble que en Europa (19,8%), paro juvenil que supera el 50% en Andalucía, Canarias, Valencia, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Entre tanta estadística, hay tres datos escalofriantes. Uno, que 2.109.300 parados llevan más de un año sin trabajo. Dos, que hay 1.386.000 hogares donde todos están en paro. Y tres, que hay casi 2 millones de parados que no cobran ninguna ayuda, porque no tienen derecho al subsidio o los han agotado (el subsidio medio son 853 euros). La pregunta es: ¿Por qué no salen los parados a la calle, por qué no hay más conflictividad? Porque sobreviven gracias a que están tirando de la hucha de los ahorros, a las familias (el 54% de los jóvenes viven con sus padres) y porque muchos malviven, claro, gracias a alguna chapuza que hacen.

Ahora, el Gobierno quiere cortarles  la economía de la chapuza, con un decreto que ha aprobado el mismo día de la EPA (les falló el subconsciente), para aumentar las sanciones contra las empresas que tengan trabajadores sin dar de alta, después de un plazo hasta finales de julio, para que los regularicen. El Gobierno cree que así van a aflorar empleos sumergidos y reducir el paro: les ha dicho a los sindicatos que podrían “crearse” hasta 500.000 empleos, aunque la inspección sólo regularizó 66.972 contratos en 2010. La cuestión es saber si las empresas van a regularizar estos empleos, muchos subempleos y por horas, o van a quitarse de en medio estos trabajadores eventuales ahora peligrosos. Está claro que hay que acabar con el empleo negro, pero quizás habría que esperar a una coyuntura mejor.

Y sobre todo, no hay atajos contra el paro. ¿Cómo se crea empleo? No hay que ser economista para saberlo: las empresas necesitan vender, que haya mercado. Y en España, el consumo sigue estancado, con los salarios congelados o apenas subiendo, los precios al alza (3,8% en abril) y un miedo de muchos trabajadores a perder el empleo. Así, nadie piensa en crear empleo, sólo en reducirlo. Y más cuando el crédito es caro y escaso. Y en un contexto internacional donde los países que nos pueden comprar o visitar apenas crecen: 0,5 % Reino Unido, 0,9% Alemania, 1,8% Estados Unidos… En España, la mayoría de expertos, salvo el Gobierno, apuestan por un escaso crecimiento este año, que siga la destrucción de empleo y que aumente el paro, superando los 5 millones.

Hace falta otra política para crear empleo, estimulando el consumo, la inversión y el crédito, con apoyo del sector público, que no puede seguir de recorte en recorte sin riesgo de matar al enfermo. Hay que plantarse en Bruselas y exigir que España pueda hacer una política activa frente a un paro insostenible, tras el fracaso de la ortodoxia conservadora. Y hay que dar confianza a los ciudadanos y a las empresas, para que trabajen mejor, consuman, emprendan y contraten. No hay otro camino. El problema es quién lo hace, en un país con los políticos a la gresca y donde ningún líder da confianza. Pero no podemos esperar a 2012. Hay que hacer algo ya. Cada uno de nosotros tiene un parado en la familia que nos lo exige.