Ha llovido algo
este mes, pero insuficiente para
resolver la grave sequía que padecemos: los pantanos están al 37,7% de capacidad, el nivel más bajo desde 1994.Y
no estamos ante un problema coyuntural: por culpa del Cambio Climático, cada
vez lloverá menos y hará más calor, con lo que las sequías serán más frecuentes y más agudas. Urge
tomar medidas, no sólo para garantizar el suministro de agua la próxima primavera
y verano sino dentro de 20 años, cuando
España tenga un angustioso problema de agua. Las soluciones pasan por ahorrar agua (sobre todo en la
agricultura, que consume el 82%), recuperar acuíferos, desaladoras y
aguas residuales, reducir fugas
en los suministros (se pierden 1 de cada 5 litros) y mejorar la calidad del agua, que provoca un consumo de 120 litros
al año de agua embotellada. Y
además, hacer fuertes inversiones
hidráulicas y subir las tarifas del agua,
las octavas más bajas de toda Europa. Sin garantizar el agua, no hay futuro.
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| enrique ortega |
Estamos sufriendo la primera gran sequía del siglo XXI, tan grave como la que sufrió España a
finales del siglo XX (1.991-1995). Ya
entre 2014 y 2016 llovió un 6% menos que la media. Pero la falta de lluvias se ha
agravado en 2017: entre enero y
octubre llovió un 24,33% menos que
la media de esos meses entre 1.981 y 2000, según la AEMET. Y mientras 2017 será el
año más seco del siglo, será
también el más caluroso, con un
aumento de la temperatura media de 1,4 grados sobre la media 1981-2010. Pero
además de sufrir los efectos del Cambio
Climático (menos lluvias y más calor), la
sequía se agrava en España por factores propios: erosión y desertificación de los suelos, sobre explotación
de acuíferos, contaminación de las aguas, escasa depuración de aguas residuales
y poca utilización de las desalinizadoras, junto a un consumo excesivo y
creciente de agua, sobre todo por los regadíos, las industrias, las
urbanizaciones en la costa y el turismo récord.
El agua disponible
es ahora un 20% inferior a los caudales de hace 30 años, según Ecologistas en Acción, y el resultado se ve en los
pantanos, que están al 37,72% de
su capacidad (18 diciembre), según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el nivel más bajo de los últimos 23 años
(desde 1994). Las lluvias de diciembre apenas han subido los niveles unas
centésimas y hay tres cuencas
hidrográficas bajo mínimos: Segura
(embalses al 13,85% de capacidad), Júcar
(25,02%) y Duero (30,22%), a las que
siguen la Mediterránea andaluza (30,66%), Guadalquivir (31,67%), Tajo (37,35%) y Guadalete (39,01%).
Con este nivel de agua embalsada, si no llueve bastante este
invierno, podría haber problemas para garantizar el suministro de agua la próxima primavera y el verano, sobre todo en Levante (Comunidad Valenciana y Murcia),
Andalucía y sur de Aragón. Pero además, la grave
sequía que sufrimos ya nos está
pasando otras facturas. La
primera, encarecer el recibo de la luz
un 11,7% este año (hasta noviembre), debido a que se produce más electricidad
con carbón, gas y fuel, que son más caros (y más contaminantes). Además, la falta de agua y el calor excesivo han hundido muchas cosechas y agostado los pastos para el ganado, con lo que se han
encarecido los alimentos: son lo que más sube en el IPC (+2,2% frente al 1,6% de subida anual hasta noviembre),
especialmente aceites (+9%), frutas (+8%), legumbres y hortalizas (+7,5%), cordero (+4%) y cerdo (+2,7%).
El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto
Ley para paliar
los daños de la sequía
en el campo, con medidas específicas
para las cuencas del Segura, Júcar y Duero, donde los agricultores tendrán
exenciones en las tasas de riego, ayudas para compensar pérdidas, moratoria en
el pago de cuotas a la Seguridad Social y crédito preferencial hasta 1.000
millones de euros. Las medidas se debaten ahora en el Senado y no se aprobarán
hasta febrero, pero toda la
oposición (PSOE, Podemos y
Ciudadanos) ha pedido que se incluyan también a los agricultores
de otras zonas afectadas, como el Guadiana, cabecera del Tajo, la Rioja y
Teruel. Y muchos expertos critican este decreto-Ley de sequía (como los de años anteriores)
porque suponen una “socialización de
costes”: las ayudas no van a los agricultores más vulnerables sino a todos
y benefician más a los grandes usuarios
del agua, los regantes con más recursos, del Tajo-Segura y Taibilla
(Cartagena).
Y, sobre todo, los expertos critican que el Gobierno Rajoy actúe con medidas de urgencia sólo para el campo y no aproveche la grave sequía para planificar la política del agua a medio
plazo, mientras España carece de un Plan Hidrológico Nacional (el último, de 2001, fue
parcialmente anulado en 2005). Y eso que la
OCDE ha alertado al Gobierno, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más
“tensión hídrica”, porque consumimos
un alto porcentaje de agua sobre los
recursos disponibles: un 34%
frente al 10% de media en los 35
países OCDE, sólo superados por Italia e Israel (46%) y muy alejados de Francia
(15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10
cuencas hidrográficas con más sequía
en Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas
superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la
Comisión Europea nos abrió varios expedientes por no depurar bien en 800
localidades donde viven 6 millones de españoles) y un escaso uso de las
desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan un 17% en el
Mediterráneo).
Si el agua es un
problema serio hoy en España, lo va a ser más en los próximos años, porque
vamos a sufrir más que el resto de Europa los efectos del Cambio Climático, según los expertos. Así, el estrés hídrico se va a
duplicar, del 34% actual al 65% en 2040, según la previsión del World Resources Institute (WRI). Y eso provocará mayores riesgos para el suministro de agua, sobre todo en Levante y Andalucía, afectando
seriamente a la agricultura, la industria, el turismo y el consumo de las
familias. Ya antes, para 2021, habrá
en España un 20% menos de agua que
en 1990 y el consumo crecerá otro 10%,
con lo que el déficit de agua actual
crecerá un 30% dentro de sólo cuatro años, según las estimaciones de Ecologistas en Acción. Como para preocuparse en serio y tomar medidas.
¿Qué se puede hacer? Hay que actuar en varios frentes a la vez. El primero, reducir el consumo de agua, ahorrar. Y eso pasa, sobre todo, por
reducir el consumo de los regadíos, que
gastan el 82,1% del agua total. Para
lograrlo, hay que reducir las hectáreas
actuales de regadío y no aprobar más: Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales a 3/3,2
millones, mientras los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno en 2016
autorizaron 750.000 hectáreas más. Y en paralelo, forzar a los agricultores a
que tengan regadíos más eficientes,
que gasten menos agua, ayudándoles con créditos baratos y subidas de tarifas
del agua de riego (para que la gasten mejor). También deben reducir su consumo
de agua el turismo y las urbanizaciones
de costa (8% consumo de agua), sobre todo en la zona mediterránea: un
turista consume entre 3 y 4 veces más agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y lo mismo las
grandes industrias (2,25% del consumo total de agua), que deben ahorrar y
pagar más por el agua.
Y quedan los particulares, las familias, que no consumen mucha agua (4,8% del total), pero
cuyo ahorro es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades de Levante y
el sur. La medida más eficaz sería subir las tarifas del agua, porque son
las octavas más baratas de Europa: 2,18
euros por m3, un 35,3% menos que la tarifa media europea, 3,37 euros por m3. Y muy lejos del coste del agua en Dinamarca
(7,32 euros/m3), Alemania (5,20 euros/m3), Reino Unido (4,36 euros/m3) o
Francia (3,60 euros/m3), aunque por encima del coste en Portugal (2,15 euros),
Polonia (2,05) o Italia (1,10 euros/m3), según datos de International Water Association. Los expertos creen que el agua para
usos domésticos debería subir en
España entre un 20% y un 30% (entre 0,48 y 0,65 euros/m3), para fomentar el ahorro y
permitir invertir más en las redes de abastecimiento y saneamiento, viejas y
bastante deterioradas. Y piensan que esa subida
es asumible, porque pagar el agua
no supera el 2% del gasto de una familia mientras la luz o el gas pueden
llegar al 8%.
Otra vía de ahorro de agua sería reducir las fugas y pérdidas en el abastecimiento de agua, que son escandalosamente elevadas: 972
hectómetros cúbicos, el equivalente al caudal del río Ebro y un 19% del agua que se consume en España. Corregirlo pasa por invertir
más en las infraestructuras de abastecimiento, viejas y bastante abandonadas.
De los 224.000 kilómetros de la red de
distribución de agua, el 41% tiene más de 30 años y sólo se renueva el 0,9%
cada año. Y de la red de alcantarillado,
165.000 kilómetros, el 40% tiene más de 30 años y sólo se renueva el O,6% cada
año, según iAgua.
El segundo frente a
actuación, tras el ahorro, es conseguir más agua, por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras
y recuperación de aguas residuales.
En España hay un gran potencial en las aguas subterráneas (debajo de Madrid, por ejemplo, hay un acuífero de
2.600 km2 y hasta 3.000 metros de profundidad en algunos lugares), pero están
sobreexplotadas en muchas zonas y contaminadas, lo que exigiría regenerarlas y cerrar los pozos
ilegales. En cuanto a las
desaladoras, pueden ser claves
para asegurar el abastecimiento en Levante y sur de España, pero hoy apenas se utilizan porque su agua es muy
cara, por el alto coste de la luz. Haría falta reconvertir estas desaladoras con energía solar y los nuevos avances químicos en el
tratamiento de aguas. Una tercera vía para aumentar la oferta de agua (para la
agricultura, la industria y el turismo) es la reutilización de aguas residuales, que hoy es mínima: sólo se reutiliza el 8,8% del agua depurada
(varía del 1,3% en Cataluña, 2,2% en Madrid, 11,7% en Baleares, 44,8% en
Valencia y 64,7% en Murcia), según AEAS, frente al 70% en California o Israel, por ejemplo. Y España incumple
la Directiva europea de saneamiento en un 16% del territorio.
Un tercer frente de
actuación pasa por mejorar la calidad del agua, porque está muy
contaminada en algunas cuencas (Tajo, Segura, Guadiana), por escasez de caudal
y falta de vigilancia en los vertidos. Luego, una vez tratada, el agua para consumo humano es apta
para la salud, aunque en algunas zonas no
tiene un buen sabor, por exceso
de cloro o porque son aguas duras con sabor (en zonas con terrenos calizos), lo
que está disparando el consumo de agua embotellada: somos el 5º país consumidor, por detrás
de Italia, Alemania, Portugal y Bélgica, con 120 litros de agua embotellada al año por español,
un gran negocio (más de 1.000 millones de facturación) para marcas blancas y
multinacionales. Un agua cara (1 euro por botella, el coste de 1.000 litros de
agua corriente en Madrid), cuyo consumo crece sobre todo en las
regiones donde la calidad (sabor) del agua es peor, según un estudio de 2003: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia,
Baleares y Canarias. Y se vende menos en País Vasco, Galicia, Navarra y
Madrid, donde el agua del grifo es mejor.
Un factor clave en la
gestión del agua es quien la hace. En el mundo, el 90%
del abastecimiento de agua es de gestión pública, mientras en
España está repartido casi a medias entre la gestión pública (51%) y la
privada (49%, que llega al 80% en
Cataluña, Galicia y Murcia), liderada por Aqualia, ASGBAR, Acciona, FCC y
Sacyr, según AEOPAS. Y eso porque desde 2007, con la crisis, muchos Ayuntamientos quisieron tapar agujeros con los ingresos de privatizar los servicios de agua,
mientras en Europa se hacía lo contrario (París lo remunicipalizó en 2008 y
Berlín en 2013). A partir de las elecciones municipales de mayo de 2015, con la
llegada al poder de la izquierda en
muchos Ayuntamientos, se está tratando de dar
marcha atrás y “remunicipalizar” el agua en muchas ciudades, que chocan con problemas con Hacienda y
con la oposición judicial de las concesionarias. Pero el hecho es que en muchas
ciudades, la gestión privada del agua
ha llevado a tarifas muy elevadas y a escasas inversiones en las
infraestructuras, muy deterioradas.
Al final, asegurar el
suministro futuro de agua exige tomar muchas
medidas, que tardan décadas en ser
eficaces, por lo que urge ponerlas en marcha. Y exige invertir en agua, desde mejora de regadíos a obras hidráulicas en
cuencas, redes, desaladoras o depuradoras de agua. Sólo cumplir con la Directiva europea de depuración de agua costaría más de 5.000 millones de euros en
390 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por 12.000 millones de euros. Y faltarían otros
10.000 millones para acuíferos, redes
y depuradoras. ¿De dónde puede salir
tanto dinero? Del Presupuesto y
de los usuarios, que deben pagar
tarifas más altas, desde el agricultor y las industrias a las familias. Hay que
conseguir más recursos para invertir en agua, porque España es el segundo país europeo que menos invierte en agua (el
0,11% del PIB, frente al 0,27% en la UE-28), tras Suecia, cuando somos
el país europeo con más sequía. Así nos va.
Falta que todo esto, medidas,
tarifas e inversiones, se refleje en un Plan Hidrológico Nacional, planificar una política de agua para
toda España y no cuenca a cuenca, como ha hecho estos años el Gobierno de Rajoy. Y eso pasa por conseguir un
Pacto del Agua, donde Gobierno, partidos, regiones, regantes, industrias y consumidores
pacten medidas, inversiones y tarifas a 20 años vista. Pensando
que la sequía que sufrimos ahora no es
coyuntural: ha venido para
quedarse e irá
a más en las próximas décadas,
por el Cambio Climático. Urge tomar medidas ya, sin esperar a posibles
restricciones en primavera. El agua es otra batalla pendiente de la transición
y hay que afrontarla con realismo y
dinero, sin politiqueos. Porque sin agua no hay futuro.
