Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

Recortes Presupuesto UE: España pierde

Europa “racanea” con sus Presupuestos para 2021-2027. Ahora que Reino Unido no contribuye, los paises ricos del norte no quieren pagar más y aprovechan para recortar los Presupuestos UE, sobre todo las ayudas al campo (-14%) y a las regiones pobres (-12%), que no les afectan. Para el sur y Este de Europa es un drama, por su menor renta y la penosa situación de agricultores y ganaderos. Y España  pasará de recibir a pagar a Europa más de lo que recibe. La reciente Cumbre europea no logró pactar un acuerdo sobre quien paga y quien recibe, pero harán un “apaño” que perjudicará a la Europa pobre. Y eluden la cuestión de fondo: el Presupuesto europeo es ridículo, un 1% del PIB, frente al 22% del Presupuesto federal USA. Sólo 156.000 millones de gasto anual, la tercera parte del Presupuesto español. Si queremos una verdadera Unión europea, hay que gastar más entre todos y menos cada país. Hacen lo contrario: serán los Presupuestos UE más austeros desde 1988. 

enrique ortega

Lo que se debate ahora son las cuentas de la Unión Europea para los próximos siete años (2021-2027). Hasta 1988, la Comunidad Europea discutía y aprobaba su Presupuesto cada año, como hacen los países, pero era una fuente de conflictos y no había forma de planificar políticas a medio plazo. Ese año 1988, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, logró aprobar el primer Presupuesto plurianual 1988-92. Y a partir de ahí, se han aprobado cuatro Presupuestos más, todos por 7 años, el último el Presupuesto 2014-2020, ahora vigente, con un gasto de 1.082.000 millones de euros (algo más de un billón), lo que supone el 1,16% de la renta europea (RNB). Ahora, se trata de aprobar el 6º Presupuesto plurianual de la Unión Europea, para 2021-2027. 


Y sobre este Presupuesto 2021-2027 ha habido 3 borradores. El primero, la propuesta aprobada en mayo de 2018 por la anterior Comisión Europea: 1.134.000 millones de gasto, 52.000 millones más de gasto (ojo: en 7 años) que el anterior, aunque como la UE es más rica, supone gastar porcentualmente algo menos que en 2014-2020, el 1,11% de la renta. El segundo, la propuesta aprobada en noviembre de 2019 por la presidencia finlandesa y que es la que el presidente del Consejo Europeo llevó a la Cumbre de la semana pasada: 1.094.000 millones, un 1,074% de la riqueza, lo que suponía un recorte de 40.000 millones sobre lo propuesto por la Comisión Europea. Y tres meses después, el 12 de febrero, el Parlamento Europeo rechazó este segundo “tijeretazo” y anunció que no apoyaría ningún Presupuesto europeo que no gastara 1.324.000 millones, el 1,30% de la renta europea, 230.000 millones más de gasto que lo que ha propuesto la presidencia del Consejo Europeo.


Así las cosas, la Cumbre europea acabó sin acuerdo porque los paises ricos del norte de Europa no aceptan siquiera la propuesta más austera, el gasto del 1,074% (1,094 billones en 7 años). Su posición es que, como ahora ya no contamos con un contribuyente importante, el Reino Unido (aportó 75.000 millones en 2014-2020), ellos no están dispuestos a pagar más para cubrir la aportación británica y los nuevos gastos. La “bandera” de Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, los llamados paises “frugales”, apoyados en la sombra por Alemania, es que Europa no debe gastar más del 1% de su renta, así que todavía quieren otros 73.000 millones de recortes sobre el Presupuesto que se presentó en la Cumbre europea. Y además, quieren que se les mantenga (a los 5 paises) el “cheque”, el descuento en su aportación que, como los británicos, disfrutan desde hace décadas y por el que se han ahorrado (los 4 “frugales” y Alemania) 40.000 millones de aportación entre 2014 y 2020.


Si el Presupuesto se recorta aún más, sobre el de 2014-2020, habrá que repartir menos fondos entre más necesidades, ya que en los próximos 7 años se necesitan destinar muchos recursos a la lucha contra el Cambio Climático, la revolución digital y le Defensa y Seguridad, sobre todo. Por eso, la propuesta de la Comisión y del Consejo trataba de repartir los menores recursos, en perjuicio de los dos principales bloques de gasto de la UE desde siempre: los gastos agrícolas y los fondos para la cohesión, para reducir las desigualdades entre las regiones europeas, dos partidas que apenas reciben los paises ricos del Norte y que por eso apoyan recortarlas. La propuesta del Consejo (ver cuadros) es destinar 335.703 millones de euros en los próximos 7 años a los fondos agrícolas y pesqueros (FEOGA, FEADER y FEMP), un 14% menos que en 2014-2020 (390.155 millones). Y con ello, el campo europeo se llevaría el 30,68% del Presupuesto UE, frente a 37,8% que se llevaba en 2014-2020, el 42,3% en 2007-2013 y el 66% que se llevaba en los años 80. El otro “tijeretazo” se lo llevan los fondos de cohesión, los fondos regionales (FEDER, Fondo Social europeo y Fondo Cohesión), a los que se quieren destinar 237.752 millones en los próximos 7 años, un 12,8% menos que en 2014-2020 (272.647 millones).


A cambio de estos recortes, argumentan la Comisión y el Consejo, Europa aumentará el gasto en necesidades “de futuro”, como la lucha contra el Cambio Climático (12.568 millones, 3,6 veces lo gastado en el Presupuesto actual), investigación, innovación y economía digital (87.369 millones, 1,6 veces lo actual), migración y gestión de fronteras (21.890 millones, el doble que ahora), acción exterior (101.905 millones, un 5,8% más) y Seguridad y Defensa (14.290 millones, 7,2 veces más que en el Presupuesto actual).


Frente a los 4 paises “frugales” (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) más Alemania y la Comisión, defensores de los recortes al campo y a las regiones pobres, hay un frente de 16 paises, “los amigos de la cohesión”, capitaneados por España, Portugal, Polonia y Hungría, a los que siguen Grecia, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta. Y a los que apoyan, en la distancia, Francia e Italia, paises ricos pero que son perceptores de ayudas agrícolas y regionales. Este bloque de la Europa del Sur y Este advierte que el campo es clave para Europa y que no se pueden recortar unas ayudas que suponen la cuarta parte de la renta de agricultores y ganaderos. Y que hay una tremenda desigualdad entre regiones europeas que combatir. Así que defienden no recortar el Presupuesto y mantener o incluso aumentar estas ayudas.


Al final, la cuestión de fondo es quien paga y quien recibe. Y aquí, la postura de los 5 paises ricos del norte de Europa es doblemente injusta. Primero, porque se quejan de que pagan más por habitante al Presupuesto UE (es verdad, porque sobre todo Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia tienen poca población y mucha riqueza), pero no dicen que en base a su riqueza (no a su población) aportan menos que los paises europeos pobres: un  0,70% de su renta (RNB) en 2014-2020 frente al 0,85% de su renta que aportaron los paises más pobres, según datos de la Comisión Europea. Y eso porque los 5 paises (4 frugales más Alemania) consiguieron, con Reino Unido, que les devuelvan un cheque con parte de su aportación (40.000 millones en estos últimos 7 años), un privilegio que ahora se resisten a perder.


Pero, en segundo lugar, tampoco hablan de dos hechos. Uno, que estos 5 paises están entre los 8 más ricos de Europa, con un PIB por habitante que supera en un 25% la media UE (Austria tiene un 127% de la renta media UE, frente al 91% España, el 71% Polonia, el 68% Grecia o el 50% Bulgaria). Y es lógico (o debería serlo) que si son más ricos aporten  más. Además, el otro hecho que esconden es que ellos, la Europa rica del norte, son los que más se benefician del mercado único europeo, inundando de productos a los paises del Sur y Este de Europa: pagan más sí (y ni eso, en porcentaje), pero se benefician más. La propia Comisión Europea aporta este gráfico para señalar qué paises se han beneficiado más del mercado único europeo: Alemania (118.000 millones), Francia (62.000), Reino Unido (55.000), Holanda (52.000), Italia (40.000), Bélgica (35.000), España (28.000 millones), Polonia (25.000), Austria (20.500), Suecia (19.000) y Dinamarca (16.000 millones)…


Mientras los paises ricos  de Europa justifican (con medias verdades) su “racanería”, la Europa del Sur y Este trata de pelear por sus ayudas, aunque sabe que se va a dejar muchas en el camino. Los que tienen más que perder son los paises “receptores netos”, que reciben del Presupuesto UE más de lo que aportan. En el periodo 2014-2020 han sido Polonia (+10.650 millones netos de media anual), Hungría (+4.640 millones anuales), Rumanía (4.640 millones), Grecia (+4.490 millones), Chequia (+3.500 millones), Portugal (+3.000 millones), España (+2.050 millones de media anual), Bulgaria y Eslovenía (+2.000 millones cada uno). Y han sido “paganos netos”, pagaron más que recibieron, Alemania (-13.500 millones anuales), Francia (-6.870 millones), Italia (-3.970 millones), Holanda (-2.500 millones), Suecia (-1.470 millones), Bélgica (-1.150 millones), Austria (-1.120 millones) y Dinamarca (-750 millones), según las balanzas publicadas en noviembre por la Comisión Europea.


España se juega mucho con los próximos Presupuestos UE, ya que recibimos un 19% de las ayudas agrícolas y el campo español  podría perder 925 millones anuales (-6.475 millones en 7 años), según los cálculos de la COAG. Y también Fondos estructurales, dado que España ya está fuera de las ayudas del Fondo de cohesión (las perdió en 2014, al superar el 90% de la renta UE) y ahora perderá Fondos regionales y del Fondo social europeo, donde recibe un 9% del Presupuesto europeo total, con lo que podría perder otros 400 millones anuales. Lo que parece evidente es que España será ya “contribuyente neta” (pagará más de lo que recibe) en el periodo 2021-2027, por primera vez desde que ingresamos en Europa en 1986. Eso según las cuentas de Bruselas, porque según lo contablemente recibido (puede haber pagos pendientes), España ya ha salido financieramente perdiendo en la balanza con la UE en 2014-2020: aportó 71.875 millones y recibió 68.338 millones. Saldo neto: -3.537 millones, según publica el libro amarillo de los Presupuestos del Estado 2019.


Tras el fracaso de la Cumbre Europea del 20 y 21 de febrero, después de 30 horas de negociaciones, los 27 tratarán de alcanzar algún acuerdo sobre el Presupuesto 2021-2027 antes del verano, porque urge tenerlo aprobado con tiempo para que eche a andar el 1 de enero. Como en otras ocasiones, habrá otras Cumbres y de madrugada se llegará a algún “acuerdo creativo” que intente “salvar la cara” a todos al volver a sus paises. Pero está claro que los paises del Sur y del Este saldrán perdiendo, recibirán porcentualmente menos, porque ya se sabe que “el que paga manda”. Será “otro parche”, como casi todo en la construcción de Europa. Porque el tema de fondo, del que casi nadie habla, es que Europa tiene un Presupuesto ridículo y así no hay forma de construir una Europa más unida y más fuerte.


Basten dos datos sencillos para valorar lo ínfimo del Presupuesto europeo. El primero, que supone gastar el 1% del PIB europeo, cuando el Presupuesto federal USA supone el 22% del PIB norteamericano, o sea que es una herramienta de política económica mucho más potente. Y los propios paises europeos gastan de media, en sus Presupuestos anuales, un 45,6% de su PIB (media UE 2018), variando entre el 44% de Alemania, el 56% de Francia y el 41,3% de España. El segundo dato, es aún más impactante: la UE está “racaneando” por gastar 156.285 millones cada año durante los próximos 7 años, la tercera parte del gasto del Presupuesto español (472.660 millones en 2019). Y cada europeo ha aportado 240 euros al año (en 2014-2020) para sostener la Unión Europea, 20 euros al mes. Así va Europa…


El debate está centrado en lo inmediato, como siempre, en si gastar 12.000 millones más (Consejo) o 185.000 millones más (anterior Comisión) en los próximos 7 años, que es una “miseria”: como mucho 26.428 millones más cada año, a repartir entre 27: 1.000 millones más por país al año). Una minucia. La cuestión de fondo que debería centrar el debate es que Europa debía contar a medio plazo con un mayor Presupuesto, del 10 al 20% de su PIB (1,5 billones anuales), para afrontar sus retos de futuro y consolidarse como una Europa federal. Eso podría hacerse implantando una reforma fiscal europea, que asegurara más ingresos europeos (hoy son tres: un porcentaje sobre el IVA de cada país, sobre su renta y sobre los impuestos en aduanas a las importaciones), con impuestos verdes, sobre tecnológicas y operativa financiera. Y en paralelo, recaudando y gastando más Europa (para dedicarlo a un seguro de paro europeo, por ejemplo) y menos los paises.


Ya sé que suena utópico, pero habría que decir a los que “se les llena la boca con más Europa”, que los espacios políticos y sociales comunes se construyen con espacios económicos y presupuestarios comunes, no con gastos testimoniales e insuficientes. Hay que ingresar más y aportar más desde los paises para gastar más desde Europa (a cambio de gastar menos los paises, claro). Es lo que hace EEUU y lo que deberíamos hacer si queremos construir los Estados unidos de Europa. Pero no parece que los múltiples “nacionalismos” europeos lo quieran. Así nos va.

El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Cae la renta agraria: ¿Comeremos móviles?

En 2014 volvió a caer la renta agraria, los ingresos de agricultores y ganaderos, algo que sucede desde 2007, más en España que en Europa. Y eso porque bajaron algunas producciones, pero sobre todo por la caída de los precios que reciben, las importaciones de alimentos, el cierre del mercado ruso y la presión de industrias y supermercados, que pagan menos a los que producen los alimentos aunque luego se encarezcan por el camino. La consecuencia es que se produce menos, se pierde empleo y el campo se despuebla. Lo mismo pasa con la pesca, donde la flota se ha reducido a la mitad en los últimos 18 años. Si no se apoya a los agricultores y ganaderos, cada vez habrá menos comida de origen español y menos jóvenes se quedarán en el campo, en perjuicio también del medio ambiente. Hay que apostar por el campo, porque los ordenadores, los móviles o los coches no se comen.
 

enrique ortega

A los que trabajan en el campo no les salen las cuentas. Sus ingresos, la renta agraria, les viene cayendo desde 2007 y en 2014 cayó un 7,1%, según el Ministerio de Agricultura. Con ello, la renta agraria cerró el año en 22.110 millones de euros, un valor cercano al del año 2.000. Una caída de la renta por  activo del -4,5%, el triple que en Europa (-1,7%), según Eurostat. De hecho, España es el 9º país de la UE con una mayor caída de la renta agraria en 2014. Además de caer la renta, el empleo agrícola se ha estancado (sólo hubo 224 nuevos afiliados a la SS agraria en 2014), se han recortado producciones y en consecuencia, sigue cayendo el precio de la tierra de cultivo (a 9.633 euros por hectárea), un -14% desde 2007.

El año 2014 podría haber sido peor de no haberse reducido algunos costes para agricultores y ganaderos (se les han abaratado los piensos, los fertilizantes y la luz, aunque les subieron las semillas) y de no haber subido el peso de las subvenciones (6.365 millones), el 28,8% de sus ingresos. Pero les falló lo fundamental: los ingresos por lo que producen. Por un lado, porque algunas cosechas y producciones cayeron (-26,2% vino, -18,7% cereales, -4,1% plantas forrajeras, -3,6% frutas, -10,9% huevos, -4,7% ovino y caprino y -3,5% bovino). Y, sobre todo, porque bajaron el 80% de los precios que perciben. Algo que se debe a tres factores: mayores producciones, competencia de alimentos importados y, sobre todo, el efecto del veto ruso, que ha forzado a la baja los precios de algunas frutas y carnes.

Además, los agricultores achacan los bajos precios que reciben a la presión de las industrias y de los grandes distribuidores. La industria agroalimentaria es la segunda industria española (factura 90.000 millones) y exporta la cuarta parte de lo que produce, compitiendo en Europa y en todo el mundo con sus productos. Y por eso presiona a la baja lo que paga a agricultores y ganaderos españoles, optando en ocasiones por importar alimentos o fabricar incluso en el extranjero (conservas de pimientos y espárragos, por ejemplo). En cuanto a los grandes distribuidores, copan el 72% del mercado (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo concentran el 57% de las ventas) y presionan a las industrias y a los productores para conseguir productos cada vez más baratos en origen, aunque luego multiplican por tres y hasta por cinco su precio final al consumidor, como revela el Observatorio IPOD. Y en ocasiones, venden alimentos a pérdidas (leche, pollo, aceite, vino, sandía, conejo…), tirando precios, como parte de su guerra comercial para ganar clientes y cuota de mercado.

El resultado es que agricultores y ganaderos ven recortarse los precios que reciben aunque a nosotros nos cuesten más en el supermercado. Y se ven indefensos ante la industria y los distribuidores, porque los productores son muchos y pequeños: en España hay 4.000 cooperativas agrarias que facturan unos 19.000 millones de euros, entre todas como las cuatro mayores cooperativas de Holanda. Y de los 900.000 agricultores, sólo 400.000 son profesionales, muchos con una explotación poco modernizada, sin financiación. Y así, muchos abandonan: las producciones han caído a la mitad en dos décadas. Y no hay relevo generacional: 1 de cada 3 agricultores tiene más de 65 años.

El campo es un sector muy débil y vulnerable, que subsiste gracias a las  subvenciones europeas (28,8% de sus ingresos). Unas subvenciones que se han recortado para toda Europa, con lo que España recibirá 750 millones menos al año entre 2015 y 2020:35.700 millones en pagos directos y 8.300 millones para desarrollo rural. Menos dinero, para menos sectores (no hay ayudas para el olivar, frutas y hortalizas) y a repartir entre más hectáreas (ahora se incluyen en las ayudas barbechos blancos y pastos), lo que rebajará las ayudas a las hectáreas más productivas. Y además, seguirán cobrándolas los titulares agrarios no activos (terratenientes, absentistas y hasta cotos de caza), en contra de las organizaciones agrarias, que denuncian que hay 900.000 españoles perceptores de ayudas y sólo 400.000 agricultores y ganaderos profesionales. También critican que Bruselas, con la nueva PAC, elimine los mecanismos para regular los mercados, lo que supondrá mayor volatilidad de precios. Y que la Comisión Europea, junto al recorte de fondos al campo, haya multiplicado los acuerdos con Marruecos, Latinoamérica y  Asia, para facilitar la entrada de sus alimentos en Europa.  

Otro sector que languidece es la pesca: la flota española se ha reducido a la mitad, de 18.478 pesqueros (1995) a 9.871 en 2013. La mayor caída se ha dado en la flota artesanal (7.602 barcos), que se ha reducido un 25% en los últimos 7 años, por culpa del recorte de capturas, la reducción de ayudas, el envejecimiento de la flota (en 2006 se retiraron las ayudas a renovar los barcos), la caída de ingresos (el salario medio anual de la flota artesanal ha caído a 7.796 euros, un tercio del de la flota industrial) y la falta de relevo generacional (sólo el 6,8% de pescadores tiene menos de 25 años).

El campo y la pesca pierden renta, empleo y ayudas y a nadie parece preocuparle, porque si no hay comida aquí se importa de otros países. Y a los consumidores no les preocupan los problemas de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles siempre que puedan ir al supermercado y comprar barato, aunque los tomates sean marroquíes, los ajos chinos, los garbanzos mexicanos, las lentejas turcas, las naranjas sudafricanas, los zumos californianos, los pollos brasileños, las carnes argentinas, el cordero neozelandés o el pescado vietnamita. Pero los alimentos son algo estratégico, ligado a nuestra cultura, que mantiene la vida en nuestros campos y puertos, no sólo el empleo sino también el medio ambiente: los agricultores y ganaderos son los mayores cuidadores de nuestros ecosistemas. Y si “pasamos” de ellos, nuestras zonas rurales se despoblarán y se deteriorarán (aún más).

Hay que poner freno al abandono del campo (y la pesca). Primero, el Gobierno debe mediar entre los productores y  la industria y la gran distribución, para que no abusen a la hora de pagar precios y fijar contratos, aplicando mejor la nueva Ley de la cadena alimentaria. Segundo, hay que dedicar recursos y personal a profesionalizar más las explotaciones agrícolas y ganaderas, con créditos públicos, formación e innovación, fomentando crear potentes cooperativas agrarias, al hilo de la nueva Ley de Cooperativas. Y, sobre todo, hay que gastar recursos en promover el desarrollo de las zonas rurales, que suponen el 90% del territorio y tienen sólo el 20% de la población. El campo no es sólo algo bonito para hacer turismo, tiene que ser un buen lugar para vivir, con escuelas, sanidad, vivienda, servicios y ocio, con una renta suficiente para que los jóvenes no emigren. Y España, en lugar de apoyar a las zonas rurales (como Francia), no gasta en ellas e incluso pierde los fondos europeos (FEADER) por no ejecutar un tercio de los proyectos (en 2014 perdimos 150 millones).

El campo, los agricultores y ganaderos, son los grandes olvidados de la crisis, entre los políticos, los medios y la mayoría de ciudadanos, que vivimos en las ciudades. Y eso es grave porque el campo es nuestra despensa y no se comen ni los ordenadores, ni los móviles, ni los coches. Y además, si no cuidamos el campo  descuidamos el medio ambiente y nos cargamos el futuro. Piénsenlo cuando vayan al súper. Tenemos que estar al lado de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, evitar que los jóvenes dejen estos trabajos y los pueblos se abandonen. Y que la mayoría de los alimentos sean importados (y cada vez más caros). Con la comida no se juega.