La inversión despierta (lentamente)

La economía sigue creciendo, un +0,6% en el primer trimestre, el doble que Europa. La novedad es que la inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva dos trimestres creciendo más que el consumo y las exportaciones, tras varios años languideciendo. Pero todavía está débil y se invierte casi lo mismo que en 2019 si descontamos la inflación. La inversión pública se ha recuperado, pero la inversión privada (el 90% del total) es todavía menor a la de antes de la pandemia. Las empresas han mejorado sus ventas y beneficios, pero los destinan a devolver deuda, pagar dividendos y comprar acciones propias y ajenas, no a invertir más. Un problema que afecta a la inversión en toda Europa y tiene que ver con la incertidumbre política, la fiscalidad y la regulación o la falta de financiación (el ahorro se escapa a otros paises), a pesar de los Fondos europeos. Hay que reanimar la inversión privada, en España y en Europa, porque es el cimiento del crecimiento y empleo futuros.

                             Enrique Ortega

España ha crecido más que el conjunto de Europa en 2021 (+6,7% frente a +6,3%), 2022 (+6,2% frente a +3,5%), 2023 (+2,7% frente a +0,4%) y 2024 (+3,2% frente a +0,9%), empujada por el consumo público (ayudas y gasto estatal tras la pandemia), el consumo privado y el turismo (apoyados por la inmigración) y las exportaciones. En el primer trimestre de 2025, la economía española  siguió creciendo, un +0,6%, el doble que en Europa, pero con un cambio, según el INE: lo que más creció (+1,1%) fue la inversión, como en el 4º trimestre de 2024 (+3,5%), más que el consumo público y privado y que las exportaciones, los otros tres motores del crecimiento. Por eso, los expertos destacan que la inversión “despierta” en España, tras bajadas y mínimos crecimientos tras la pandemia.

De hecho, la inversión total alcanzó los 306.748 millones de euros en 2024, un 20,6% más que en 2019, antes de la pandemia (254.566 millones de euros, según el INE). La inversión total creció en 2021, 2022, 2023 y 2024, pero si descontamos la inflación de estos años, el crecimiento real de la inversión en España ha sido sólo del +0,6% entre 2019 y 2024, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y además, la inversión ha perdido peso en la economía, como motor del crecimiento, mientras lo ganaban el consumo público, el privado y las exportaciones. Así, de aportar el 20,3% del PIB en 2019 ha pasado a aportar el 19,5% en 2024 (mientras en la zona euro, la inversión aporta el 21,5% del PIB).

En definitiva, que la inversión se ha estancado en términos reales y aporta menos al crecimiento que antes de la pandemia. Pero el dato encubre una diferencia. Una parte de la inversión, la inversión pública (34.868 millones en 2024), ha crecido un +40% entre 2019 y 2024, por el mayor gasto realizado por el Estado, autonomías y Ayuntamientos, en Sanidad, ayudas y servicios públicos. Y la otra parte, la inversión privada (271.879 millones en 2024,  el 90% de toda la inversión) ha caído un -3,5% entre 2019 y 2024, en términos reales (descontando la inflación), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así que si la inversión ha ayudado poco al crecimiento de estos años, menos ha ayudado la inversión privada, que es 8.200 millones inferior a la de 2019.

Además de caer la inversión privada en España, en términos reales, tiene una serie de problemas de fondo. Primero, que la mayoría de las nuevas inversiones (el 75% del nuevo capital) se han destinado a reponer la depreciación de la inversión, con lo que sólo un 25% de lo invertido aumenta la inversión neta y el “stock” de capital apenas crece (+1,4% en 2024). El 2º problema es la composición de la inversión: en España tiene un gran peso la inversión inmobiliaria (polígonos industriales, locales, oficinas, suelo…) y poco peso la inversión en tecnología e innovación, con más peso en otros paises europeos. Y el tercer problema es la poca utilización del capital disponible: la inversión en infraestructuras, construcción, equipos y otros activos sólo se utiliza en un 81,8%. Y así, por ejemplo, no se aprovecha el 23,1% de la capacidad instalada en la industria, frente al 19,5% de no utilización en la UE-27 o el 16,6% en Alemania, lo que limita la capacidad de crecimiento del país.

Además, tenemos otro problema de fondo con la inversión pública en infraestructuras: pese a los avances de los últimos años, la inversión en infraestructuras no ha conseguido recuperar los recortes impuestos por Bruselas entre 2010 y 2015. Así, la inversión española en infraestructuras estaba en 2024 un 17,6% por debajo de la de 1995 y un -63% por debajo a la de 2009, en términos reales, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie, que llama la atención sobre dos inversiones claves. Una, la inversión en infraestructuras hidráulicas, que es un -42% inferior en 2024 a la de 1995, lo que “explica” la falta de preparación del país ante una Dana como la de Valencia… Y la otra, la inversión en infraestructuras ferroviarias, que ha caído un -35% entre 2019 y 2024, lo que explica los numerosos problemas que sufre la red ferroviaria española, por la que circulan un 72% más trenes que en 2019.

En definitiva, que la inversión lleva años estancada, sobre todo por la caída en la inversión privada tras la pandemia: la inversión “productiva” (excluyendo la inversión en vivienda) ha caído un -1,6% sobre 2019, según este informe del Banco de España, que refleja  cómo las empresas que más invierten son las grandes (más de 250 trabajadores) y las medianas, sobre todo en los sectores de la energía, la industria, los servicios turísticos y los bienes de equipo. El informe incluye una Encuesta a 6.500 empresas sobre los obstáculos que detectan para invertir: el principal (para el 40%) es “la incertidumbre” sobre la política económica, seguido de la subcontratación (35%) y la excesiva  regulación (el 32%).

Sorprende que la inversión empresarial privada no despegue a pesar de los Fondos europeos “Next Generation”: España es el país que más subvenciones ha recibido y ya se habían adjudicado 44.163 millones a finales de 2024, de los 80.000  millones que nos corresponden. El 21,1% de las empresas encuestadas por el Banco de España han solicitado estos Fondos UE y casi la mitad reconoce que no harían las inversiones que tienen previstas si no esperaran contar con esos Fondos europeos, sin los cuales habrían invertido menos.

¿Por qué no invierten más las empresas españolas? Sorprende que la inversión privada no despegue cuando las empresas han aumentado sus ventas y beneficios en los últimos años, recuperándose de los problemas de la pandemia y la alta inflación. Así, en 2024, el beneficio neto de las empresas no financieras que operan en España aumentó un +12,1%, casi el doble que en 2023, según la Central de Balances del Banco de España. Lo que pasa es que muchas empresas han utilizado esta mayor “solidez financiera” para otros fines, no para invertir: para aumentar los dividendos que pagan a sus accionistas, para la recompra de acciones propias (fortalecer su capital) y ajenas (inversión en Bolsa, deuda y valores y depósitos en el extranjero) y para reducir su endeudamiento, para devolver préstamos (las empresas españolas han reducido su deuda más que las empresas del resto de Europa).

Sea por incertidumbre o por buscar otro destino a sus beneficios, el caso es que España y Europa tienen un problema: la baja inversión empresarial, que es un cimiento clave para asentar el crecimiento y el empleo del futuro. Está claro que la crisis geopolítica actual y la amenaza de los aranceles no ayudan a que las empresas programen nuevas inversiones, sobre todo en sectores de futuro (descarbonización, digitalización, tecnología e innovación). Pero sin esa inversión empresarial (recordemos: es el 90% de toda la inversión), será difícil mantener un crecimiento suficiente, en España y en Europa.

Relanzar la inversión, para reanimar el crecimiento y el empleo, es uno de los grandes objetivos de Europa en esta nueva Legislatura. No se trata sólo de invertir más y reducir la brecha con EEUU y China, sino de invertir mejor, con más eficacia y competitividad. Porque los datos revelan que por cada euro público invertido en Europa en I+D+i, las empresas privadas europeas invierten otro euro, mientras en EEUU invierten 2 euros por cada euro público. Y en China y Corea, se multiplica por más de 3, según un estudio de la OCDE. Así que la clave no es sólo invertir más, sino invertir mejor, lo que exige un mejor funcionamiento institucional y más conexión entre inversión pública y privada.

En España, este doble reto es aún más importante, porque nuestra productividad no es sólo inferior a la de USA y China, sino a la de la mayoría de Europa. Y esa menor productividad tiene que ver solo con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), nuestra menor tecnología, el mayor peso de las pymes respecto a las grandes empresas, la menor formación de los empleados o el menor peso de la exportación y la tecnología, sino también con la baja inversión (privada y pública) entre 2008 y 2024. Esta menor productividad de España se traduce en un menor crecimiento del PIB por habitante: creció sólo un +4% entre 2008 y 2023, frente al +14% en la UE-27 y el +22% en EEUU. Por eso, los salarios han crecido menos y “nos hemos empobrecido en los últimos 15 años”.

Existe una correlación clara entre lo que invierte un país y lo que crece, sobre todo por habitante (España ha crecido mucho, pero también su población). En España, la inversión por habitante cayó de 8.500 dólares en 2008 a 7.000 en 2023, mientras en Europa subía de 8.000 a 8.500 dólares y en EEUU aumentaba de 10.000 a 14.000 dólares por persona en 15 años. Estos datos sobre la evolución de la inversión  explican en buena medida que la producción por habitante aumente poco y España tenga un PIB por persona (27.714 euros en 2024) que es el 92% de la media europea. Y  que 13 paises europeos nos superen en PIB por habitante en 2024: Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia, Malta, Finlandia, Francia, Italia y Chipre, según Eurostat.

En definitiva, si España quiere mejorar su productividad y su nivel de vida, tendrá que aumentar la inversión, además de modernizar su economía y afrontar los retos tecnológicos, digitales y medioambientales. Y también Europa, cuya productividad (33.530 euros por habitante en la UE-27 en 2024) es muy inferior a la de EEUU (79.305 euros por habitante). Los expertos creen que la inversión no tira en Europa (España incluida) por varias razones: falta de financiación, falta de rentabilidad de los nuevos proyectos, falta de empresarios innovadores, falta de “know-how” (saber hacer), personal técnico y mano de obra especializada, falta de infraestructuras innovadoras e investigadores y falta de un entorno institucional adecuado (legislación, fiscalidad, marco laboral…).

La presidenta de la Comisión Europea encargó al expresidente del BCE, Mario Draghi, un informe para mejorar la productividad y la competitividad de Europa, que presentó el 9 de septiembre. Draghi parte de señalar el grave problema que tiene Europa: el retraso económico respecto a EEUU, aunque socialmente sea un continente más avanzado. La cifra es impactante: la UE produjo (PIB) por valor de 17,5 billones de dólares en 2024, un 40% menos de la producción de EEUU (29,1 billones de dólares). Pero lo más grave es que esta brecha productiva entre Europa y EEUU se ha agravado en las dos últimas décadas. Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo inestable.

Pero estas propuestas y medidas tienen un coste: Europa necesita invertir 800.000 millones de euros al año, lo que supone cuadruplicar el Plan Marshall (de la postguerra europea) y superar con creces el Plan de Recuperación aprobado tras la pandemia (contemplaba invertir 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026, unos 125.000 millones al año). Draghi señaló 3  vías para conseguir estos ingentes recursos: la financiación privada, de las Bolsas (creando un único mercado de capitales), la banca (avanzando en la unión bancaria y las fusiones transfronterizas) y los ahorradores (Europa ahorra mucho más que EEUU, pero 300.000 millones de ahorro europeo se desvían a financiar a EEUU), los préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la financiación pública (el Presupuesto UE es ridículo comparado con el de EEUU: un 1% del PIB de los 27) y la emisión de deuda europea, bonos que emitirían conjuntamente los 27 (como se hizo con el Plan de Recuperación), para financiar proyectos industriales, tecnológicos y medioambientales.

España debe apuntarse a este “tren inversor”, aprovechando al máximo los Fondos europeos pendientes de adjudicar y relanzando la inversión interna, tanto la pública como la privada, con incentivos, fiscalidad y normativa a favor de los proyectos innovadores y competitivos. Hay que “mimar” la inversión, canalizar el ahorro, los beneficios empresariales y los impuestos a proyectos que modernicen la economía y nos hagan un país más competitivo, con más innovación, tecnología, digitalización y descarbonización. Todo para relanzar la inversión, que es la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.

Aumentan los "mini empleos"

El  empleo en España ha superado otro récord histórico en abril, con 21.588.639 afiliados a la Seguridad Social. Pero no todos son empleos “decentes”: 1 de cada 7 ocupados, más de 3 millones de trabajadores, tienen un empleo a tiempo parcial, con menos jornada y mucho menos sueldo. Y lo más preocupante: casi la mitad de estos trabajadores tienen  “mini empleos” porque no encuentran un trabajo a jornada completa, aunque el resto los tienen para cuidar a hijos o familiares y estudiar. Al final, el 6,5% de todos los ocupados (1,41 millones de trabajadores) están “subempleados”, el mayor porcentaje en Europa. Y las tres cuartas partes son mujeres. El contrato a tiempo parcial lo usan muchas empresas para contratar más barato y luego subir la jornada real, obligando a hacer horas (pagadas o no), lo que ha llevado a una campaña de la inspección de Trabajo en 2024. Urge aprobar un Plan de choque, para incentivar que los “mini empleos” no justificados se conviertan en empleos a tiempo completo.

                               Enrique Ortega

El empleo sigue batiendo récords en España, a pesar de la negativa coyuntura internacional y europea. A finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, según la EPA, algunos menos que a finales de 2024 (21.857.900), por una ligera caída en el primer trimestre. Pero en abril, con el empuje de la Semana Santa, el empleo ha vuelto a aumentar, como lo refleja el récord de afiliados a la Seguridad Social: 21.588.639 cotizantes. Pero estos datos tan positivos esconden un dato preocupante: crecen también los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: a finales de marzo eran ya 3.075.900 los ocupados que trabajaban menos horas o días de lo habitual, un 14,13% del total de ocupados (1 de cada 7), según la última EPA. Una cifra que aumenta desde 2007 (2.380.900 ocupados a tiempo parcial, el 11,75% del total) y desde 2019 (2.944.800 ocupados parcialmente, el 14,74%).

España no es de los paises europeos con más ocupados a tiempo parcial, un tipo de contrato que se usa más en el centro y norte de Europa. Así, en 2024, la UE-27 tenía una media del  17,8% de contratos a tiempo parcial, siendo muy superior el porcentaje en Paises Bajos (42,2%), Austria (39,5%), Alemania (29,8%), Dinamarca o Bélgica (24,1%), paises donde muchos jóvenes y mayores utilizan este contrato a tiempo parcial para poder estudiar o hacer otras tareas (son los “mini jobs”). España ocupa el lugar 13º en este ranking de Eurostat, con un 13,4% de empleo a tiempo parcial (2024), inferior a Irlanda (19,6%), Francia o Italia (16,8%) y superior al de Portugal (7,3%), Grecia (6,3%) y los paises del Este y del Mediterráneo.

El problema de España  es que casi la mitad de este empleo a tiempo parcial es “indeseado”: los trabajadores españoles trabajan menos horas (o días) no porque quieran, sino porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. La última estadística de Eurostat es muy contundente: el 46,6% de los que trabajan a tiempo parcial en España es “porque no han encontrado otro trabajo” (48,3% de los hombres y 46% de las mujeres), mientras esto sólo les pasa al 18,2% de los ocupados a tiempo parcial en Europa (UE-27). Somos el tercer país con más trabajo parcial indeseado (46,6%), sólo por detrás de Rumanía (el 57%) e Italia(51,3%), muy lejos de lo que sucede en Alemania (sólo el 5% del trabajo parcial es “indeseado”), Paises Bajos (2,2%), Francia (22,6%) o Portugal (36,3%).

El 2º motivo más utilizado para tener un empleo a tiempo parcial es “poder cuidar niños o adultos con discapacidad”: lo utilizan el 21,4% de los que trabajan a tiempo parcial en Europa (UE-27) y el 13,9% de los que tienen este contrato en España (el 4,2% de los hombres y el 17,4% de las mujeres), subiendo al 32,3% en Paises Bajos, el 25,3% en Francia, el 11,9% en Italia y el 8,1% en Portugal, según Eurostat. El tercer motivo para trabajar parcialmente es poder estudiar y formarse: lo justifican el 14,4% de los trabajadores parciales en Europa (25,4% hombres y 10,7% mujeres), el 29,4% en Paises Bajos y el 13,3% en Alemania, siendo menor el porcentaje en España (12,7%: 21,9% hombres y 9,4% mujeres), Francia (8,1%) e Italia (4,2%). El resto de razones para tener un trabajo a tiempo parcial son la enfermedad o discapacidad (6,2% en la UE-27 y 2% en España, otras razones familiares (5% en la UE-27 y 2,2% en España) y otras razones personales (12,1% en la UE-27 y 4,4% en España).

Las estadísticas europeas consideran “subempleados” a los que trabajan menos horas de la jornada habitual porque no encuentran un empleo a tiempo completo. En España, son ese 46,6% de los que trabajan a tiempo parcial, 1.136.610 trabajadores “subempleados” en 2024, el 5,2% del total de ocupados Y este porcentaje nos coloca, según Eurostat, como el país con más subempleados de Europa, por delante de Finlandia y Paises Bajos (5,1% de subempleados en 2024), Irlanda (4,6%), Dinamarca (4,3%), Francia (4,2%), Suecia (4,1%) y Portugal (2,8%), paises todos que tienen más “subempleo” que la media europea (2,6% del empleo total) y que Italia (2,1%), Grecia (2%) y Alemania (1,2% de subempleo).

Centrándonos en España, el subempleo (trabajo a tiempo parcial no deseado) se concentra mucho más en las mujeres (afecta al 8,1% de las trabajadoras y al 2,7% de los hombres). Mirando los datos globales, de todo el empleo a tiempo parcial (3.075.900 ocupados en marzo de 2025, según la EPA) revelan que las tres cuartas partes son mujeres (2.265.200 trabajan a tiempo parcial) y el resto son hombres (810.700), debido a que las mujeres escogen más estos “mini empleos” para poder cuidar de hijos y mayores y porque tienen más problemas para encontrar un trabajo a tiempo completo. Y además, si el empleo parcial ha aumentado en 131.000 ocupados desde 2019, el empleo parcial de las mujeres ha crecido el doble (+82.300 desde la pandemia) que el de los hombres (+48.700 ocupados parciales).

La última EPA (marzo 2025) refleja claramente los motivos por los que 3.075.900 ocupados trabajan a tiempo parcial en España: 1.418.600 (el 46,11%) porque no han encontrado otro trabajo a jornada completa (son los “subempleados: 1052.200 mujeres y 366.400 hombres), 403.500 trabajan parcialmente para estudiar o formarse (el 13,11%), 399.700(el 12,99%) para cuidar niños y adultos, 214.000 (6,95%) para atender otras obligaciones familiares o personales y 64.500 por enfermedad o incapacidad, siendo sólo 269.100 (8,74%) los que no quieren un trabajo a jornada completa, alegando el resto “otros motivos” para trabajar parcialmente.

El trabajo parcial se concentra en los servicios (2.825.000 ocupados (el 91,8% del total de empleos a tiempo parcial y el 17,01% del empleo total en este sector), sobre todo en hostelería, turismo, comercio y servicios varios, siendo muy escaso el trabajo parcial en la construcción (62.100 empleos parciales, el 4,2% del total), en la industria (137.300, el 4,7% del empleo industrial) y en la agricultura (51.500 empleos parciales, el 6,75% del empleo total en el campo). Y por categorías, el trabajo a tiempo parcial se concentra en las “ocupaciones elementales”, las que exigen menos formación (suponen el 30,09% del empleo).

Y por regiones, la mayor tasa de empleo parcial (14,1% de media en España) se da en el País Vasco (19,2% de todo el empleo, 190.900 ocupados), Comunidad Valenciana (16,4% del empleo, 386.400 ocupados), Castilla y León (15,2%, 156,900 ocupados), Madrid (14,4% del empleo, 509.900 ocupados parciales) y Extremadura (14,3%, 58.600 ocupados). Y tienen un porcentaje de trabajo parcial inferior a la media Ceuta (9,6% del empleo, 2.800 ocupados parciales), Baleares (10,1%, 55.800 ocupados), Canarias (10,6%, 108.300 ocupados), Melilla (11,7%, 3.400 ocupados), Cataluña (13,2% , 510.100 ocupados), Aragón (13,6%, 84.300 empleos) y Andalucía (13,8% del empleo, 484.100 ocupados parciales).

Lógicamente, estos empleos a tiempo parcial (3.075.900 en marzo) tienen sueldos bastante más bajos que los de los trabajadores a jornada completa. Según la última estadística completa de salarios del INE, de 2022, el salario bruto medio de los trabajadores a tiempo parcial era de 12.986,50 euros anuales, el 41,8% del sueldo de los trabajadores a jornada completa (ganaban 30.998,32 euros brutos anuales). Y en el caso de las mujeres, también ganan menos las que trabajan a tiempo parcial que los hombres con jornada recortada: 12.551 euros brutos anuales frente a 13.956 euros (una “brecha salarial” del -11,2%). Si tomamos otra estadística más reciente, el Decil de salarios de la EPA 2023, el salario medio bruto mensual de los que trabajan a tiempo parcial es de 915,68 euros, un 36,57% inferior al de los trabajadores a tiempo completo (2.503,81 euros mensuales).

Al final, el problema de estos trabajadores a tiempo parcial en España es que casi la mitad no han elegido ese tipo de trabajo, algo que sí sucede en la mayoría de Europa: trabajan menos horas porque las empresas no los contratan para trabajar una jornada completa. Y encima, en muchos casos, se ven obligados a trabajar más horas de las pactadas en el contrato, prolongando la jornada o haciendo horas extras no reconocidas (muchas no pagadas y otras pagadas “en negro”, sin  cotizar por ellas). Y este tipo de contratos a tiempo parcial están creciendo porque, tras la reforma laboral de 2022, muchas empresas los utilizan para cubrir con contratos parciales empleos que deberían ser a jornada completa.

Por todo este “fraude”, la inspección de Trabajo lanzó en noviembre de 2024 un Plan para detectar el fraude en la contratación a tiempo parcial, enviando 124.000 cartas a otras tantas empresas para pedirles información sobre 240.000 contratos, para que les informaran de las jornadas reales que hacen estos trabajadores. El problema es que en muchas empresas (sobre todo pymes) no hay un control eficaz de los horarios, aunque es obligatorio desde mayo de 2019. Ahora, el proyecto de Ley para recortar el horario laboral a 37,5 horas, aprobado por el Gobierno el 6 de mayo, exigirá a las empresas que ese control de horarios sea digital y accesible a la inspección de trabajo, lo que debería reducir el fraude.

Esta Ley que pretende recortar la jornada laboral legal (si el Gobierno logra aprobarla en el Congreso, algo difícil por la oposición del PP, Vox y Junts) incluye también otro cambio que afectará a los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: en su Disposición transitoria 2ª señala que “las personas que trabajan a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la normas”. Pero también dice que “tendrán derecho a un incremento proporcional a su salario a partir de la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales…”

¿Cómo afectará el recorte de jornada a los trabajos a tiempo parcial? En principio, estos trabajadores tendrán que decidir si recortan su horario o lo mantienen, en cuyo caso, la empresa le tendrá que pagar más si se aprueba la Ley. . Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26% el sueldo). Por eso, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que el recorte de jornada “hará que crezcan los salarios de los trabajadores a tiempo parcial”.

No basta con este “parche” para mejorar la situación de los que trabajan a tiempo parcial. El problema de fondo es que un 6,5% de los que trabajan están “subempleados”: son 1.418.600 trabajadores (marzo 2025) que están mejor que si estuvieran en paro, pero que cobran poco más de un tercio que el resto de trabajadores y muchos son “pobres”, no pueden cubrir sus necesidades básicas porque ganan menos de 1.000 euros al mes. Un colectivo del que apenas se habla, integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes, que sirven para mejorar las cifras de empleo y reducir el paro, pero que son “subempleados”.

Para atajar este problema, hay dos caminos. Por un lado, atacar y reducir el fraude de las empresas que los contratan a tiempo parcial para cubrir un puesto que requeriría jornada completa. Eso pasa por implantar el control digital de horarios (algo que tardará, hasta que se aprueba la Ley que recorta la jornada laboral) y por un aumento de las actuaciones de la inspección de Trabajo (escasa de inspectores y medios). Por otro lado, el Gobierno debería  pactar, con empresas y sindicatos, un Plan de choque contra el trabajo temporal “indeseado”, incentivando a las empresas (con cotizaciones y ayudas fiscales) a convertir contratos parciales en contratos a jornada completa. Porque no deberíamos consentir que una parte de los que trabajan malvivan por trabajar menos horas de las que quieren.

 

El desarrollo humano se estanca

Los españoles y el resto de europeos estamos ahora preocupados por nuestra seguridad y por una nueva crisis si se mantienen los aranceles de Trump. Una visión “eurocentrista” de los problemas del mundo, que no escucha la última alerta de la ONU: el desarrollo humano se ha estancado en 2024 y de seguir así, los paises en desarrollo seguirán con problemas en los próximos 25 años. Además, este estancamiento económico global ha aumentado las diferencias entre paises ricos y pobres, otro detonante de tensiones geopolíticas. Y en paralelo, también desoímos otra alerta reciente de la OMS: el atraso económico y la pobreza acortan la vida en los paises más pobres y dentro de los paises, donde los más vulnerables viven menos años. En un momento donde Trump y el nacionalismo ultra atacan la cooperación internacional, es más urgente que nunca mantenerla y avanzar en el comercio y las inversiones internacionales, en reducir las diferencias entre paises ricos y pobres. Porque un mundo menos desigual nos beneficia a todos.

En 1990, la ONU introdujo un índice para medir el desarrollo de los paises: el índice de desarrollo humano (IDH), que mide 3 indicadores claves para reflejar la situación económica y social de un país: la esperanza de vida de la población, el nivel de estudios y educación y el nivel de vida (PIB per cápita descontando la inflación). Sobre estos 3 indicadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica cada año el índice de desarrollo humano del mundo y el índice de los 193 paises analizados. Y el PNUD acaba de publicar el IDH de 2024, una “alerta” para el mundo: se ha estancado en 0,76 puntos en 2024, el mismo índice que en 2023 y casi el mismo que en 2019, antes de la pandemia (0,75).

El objetivo de la ONU era que este índice de desarrollo humano (IDH) llegara a 0,81 puntos en 2030, pero los expertos del PNUD alertan que va a ser difícil conseguirlo y que si seguimos la tendencia de estos últimos años, el IDH podría estancarse en esos 0,76 puntos actuales en 2030, algo que nunca ha pasado en las últimas décadas. Y eso porque los paises ricos crecen poco y se ha estancado el crecimiento de los paises en desarrollo, una situación agravada en los últimos meses por las crisis geopolíticas y las tensiones en el comercio mundial, por la amenaza de aranceles de Trump. Y además, se está frenando la bajada de tipos (en USA y Europa), lo que agrava los problemas de deuda de muchos paises.

El otro problema sobre el que alerta la ONU es el aumento de la desigualdad entre los paises, una brecha que se había reducido y que ha crecido tras la pandemia. Esta desigualdad se refleja en los distintos índice de desarrollo humano (IDH) que publica el PNUD (ver listado). Hay un primer grupo de 74 paises de “muy alto nivel de desarrollo”, con un IDH de 0,914 puntos, encabezado por Islandia (0,972 puntos), Noruega (0,970). Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959 puntos). EEUU ocupa el lugar 17 (0,938 puntos del IDH), Francia el 26º, España el lugar 28º (0,918 puntos) e Italia el 29º (0,915 puntos).

El segundo grupo de paises, por su “desarrollo humano” (esperanza de vida, educación y nivel de vida) lo integran otros 50 paises con un “alto nivel de desarrollo” (media IDH 0,777 puntos), donde están China (0,797 de IDH), Brasil (0,786) y muchos paises de Latinoamérica, Asia y Oriente medio. El tercer grupo lo integran 43 paises con un “nivel medio de desarrollo” (0,656 de IDH), entre ellos India (0,685) y varios paises de Asia y África. Y el cuarto grupo lo integran los 26 paises con “bajo nivel de desarrollo” (0,515 puntos de IDH), los paises más pobres y con peor desarrollo humano del mundo. De los 10 últimos, 9 son paises de África: Sudán del sur (0,388 de IDH, la mitad que la media mundial), Somalia (0,404), República Centroafricana (0,414), Chad (0,416), Níger (0,419), Mali (0,419), Burundi (0,439), Burkina Fasso (0,459), Sierra Leona (0,467) y Yemen (0,470 puntos IDH).

El informe del PNUD (ONU) alerta que esta desigualdad en el desarrollo entre paises se ha agravado en 2024, el 4º año consecutivo en que crece la brecha entre paises ricos y pobres, tras haberse reducido en las dos décadas anteriores. Y alertan que esta mayor desigualdad mundial es un riesgo porque alienta el aumento de conflictos y de ruptura económica. Además, el informe muestra su preocupación por el futuro, ya que si se mantienen estas tendencias (estancamiento del IDH y aumento de la desigualdad entre paises), será difícil conseguir los Objetivos del Desarrollo previstos para 2030, entre ellos, acabar con el hambre en el mundo: actualmente pasan hambre 733 millones de personas y la ONU solo puede atender, con el programa de alimentos (WFP) a 123 millones de personas. ”Si sigue el estancamiento actual, los objetivos previstos para 2030 pueden demorarse décadas, haciendo del Planeta un lugar menos seguro, más dividido y más vulnerable a las perturbaciones económicas y ecológicas”, alerta Achim Steiner, administrador del PNUD (ONU).

En paralelo a este informe de la ONU se ha publicado la semana pasada otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco ha tenido eco en los medios. Su conclusión es tremenda: la pobreza acorta la vida. El estudio revela que la falta de oportunidades laborales, de educación y vivienda son más determinantes para provocar problemas de salud que los factores genéticos y sanitarios. Y que el nivel de desarrollo supone que las personas vivan más o menos. Un ejemplo: en paises de altos ingresos (como Suecia o Japón), la esperanza de vida es 33 años superior a la de paises pobres (como Chad o República Centroafricana. Y reitera la OMS: “millones de personas sufren más riesgo de enfermedad y muerte por las condiciones socioeconómicas en que han nacido o por el grupo social al que pertenecen. La desigualdad sanitaria no es un accidente, es consecuencia de la forma en que la sociedad distribuye recursos y oportunidades”.

Este informe de la OMS no sólo refleja una desigualdad en la sanidad y esperanza de vida entre paises, según su nivel de desarrollo, sino también dentro de cada país, según las zonas y grupos sociales. Así, revela que en el mismo Japón, los hombres de las regiones más atrasadas viven 2 años y medio menos que los de las zonas ricas. En Canadá, los inuit viven de media 12,5 años menos que el resto de la población. Y en Australia, la población aborigen vive 10 años menos que la media de la población. También en España, los datos del INE reflejan que la esperanza de vida en los municipios más ricos (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo) es 6 años mayor que en los municipios más pobres y con más paro (Ceuta, la Linea de la Concepción, Melilla, Algeciras o Linares).

La OMS también alerta que el mayor o menor desarrollo afecta también a la mortalidad infantil: los niños nacidos en paises pobres tienen hasta 13 veces más de posibilidades de fallecer antes de cumplir los 5 años que los de las naciones más ricas. Y señala que si consiguiéramos reducir las desigualdades entre los paises (con inversiones en servicios sanitarios, sociales, educación, servicios públicos e  infraestructuras), se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños del mundo cada año…

Volviendo al estancamiento del desarrollo humano (IDH), la ONU (PNUD) propone medidas para impulsar el crecimiento mundial, con más cooperación internacional por la vía de inversiones y comercio, al contrario de lo que propone Trump y la extrema derecha mundial. También es clave la inversión en educación y sanidad. Y en su informe, proponen aprovechar la Inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo de los paises más pobres, lo que exige solventar las actuales brechas de estos paises en su acceso a la electricidad, a Internet y a las aplicaciones de la IA. En definitiva, creen que la IA puede corregir parte de la actual desigualdad mundial, pero si se aplica mal, sin contar con los paises en desarrollo, puede agravar esa desigualdad, planteando un futuro a 2 velocidades…

El problema de fondo es que la economía mundial se ha estancado tras la pandemia, tras décadas de crecimiento, según revela otro informe, esta vez del Banco Mundial. Y no sólo crecen menos los paises ricos, sino que “ha pinchado” el crecimiento de los paises en desarrollo: crecieron una media del +5,9% entre 2000 y 2010, un +5,1% entre 2010 y 2020 y sólo el +3,5% entre 2020 y 2024, según el Banco Mundial. Y además, estos paises en desarrollo han crecido un 0,5% menos que las economías ricas desde 2014, lo que ha ampliado la brecha de desarrollo entre paises ricos y pobres.

Lo preocupante es su futuro: “los próximos 25 años serán más difíciles para las economías en desarrollo de lo que han sido los últimos 25 años”, augura Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. Así que no sólo tenemos el problema de que se ha estancado el desarrollo humano de los más pobres (como dice la ONU) sino que seguirá estancado los próximos años. Y eso porque se han frenado las fuerzas que les hicieron crecer, sobre todo el comercio y las inversiones (y la deuda) . Y ahora, con un menor crecimiento también para los paises ricos, preocupa que los paises en desarrollo frenen sus exportaciones y reciban menos inversiones, mientras les sigue pesando la deuda (por los todavía altos tipos de interés) y se agravan las consecuencias negativas del cambio climático.

El futuro de las economías en desarrollo no sólo es importante para ellas sino también para las economías desarrolladas. Y a su vez, el crecimiento de EEUU, Europa y Japón es clave para promover el crecimiento de los paises en desarrollo. Actualmente, ambas crecen poco y se multiplican los problemas en el comercio mundial (aranceles y proteccionismo), las inversiones y la deuda. El informe del Banco Mundial señala que los paises en desarrollo necesitarán en los próximos años un nuevo modelo estratégico que acelere las reformas estructurales, fomente la inversión nacional y extranjera, fomente nuevas áreas de relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Y estos retos serán claves en América Latina, África y Asia, los paises con menos crecimiento futuro. Las dificultades serán el aumento de la incertidumbre de los inversores, las tensiones geopolíticas y comerciales y el temor a una mayor inflación, que frene la bajada de tipos y encarezca la deuda.

“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises en desarrollo”, dijo hace un año en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señaló el Banco Mundial. Porque si los 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global, una fuente de conflictos, de más muertes y menos esperanza de vida. Hay que atajarla entre todos, con más comercio, inversiones y colaboración multinacional. Miremos un poco al mundo.

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.

España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

Los mayores viven mejor

En abril, los jubilados han cobrado una pensión media de 1.503 euros mensuales, el doble de lo que cobraban en 2007 y un 32,5% más que hace 5 años. Las pensiones han subido mucho más que los salarios y la inflación, mejorando sustancialmente los ingresos de los mayores, aunque más de la mitad de los pensionistas cobran menos del salario mínimo. Las rentas de los mayores han crecido más que las del resto de españoles y más que las de los jubilados europeos, lo que les permite ahorrar y ayudar a sus hijos y nietos, apoyados además por tener la mayoría una vivienda en propiedad. Con todo, el problema sigue estando en los que tienen de 55 a 65 años, que tienen mucho paro y pocos ingresos, sobre todo los menos formados. Un estudio revela que mejorar la formación de los mayores es clave para su salud y calidad de vida. Algo clave en España, porque en 2050 habrá 16,68 millones de mayores, el 30% de la población.

                    Los mayores de 65 años serán el 30% de los españoles en 2050

El 1 de enero de 2025, vivían en España 10.183.437 personas mayores de 65 años (4,44 millones de hombres y 5,74 millones de mujeres), uno de cada cinco españoles (el 20,74%), según el último Censo del INE. Una cifra de mayores que se ha disparado desde 2008 (7.633.807 mayores, el 16,57%), por el aumento de la esperanza de vida. Y las previsiones del INE auguran que la cifra de mayores seguirá subiendo: 11.827.742 en 2030 (el 22,8% de la población) y 16.684.954 mayores en 2050 (el 30,4% de los habitantes).

Además del fuerte aumento de los mayores, otro dato relevante es que han sorteado las últimas crisis mejor que el resto de la población, gracias a la subida de sus pensiones. Y además, la renta de los mayores en España supera a la de los mayores del resto de Europa, según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: tienen una renta mediana de 19.320 euros (2023), un 6,4% más que los 18.152 euros de renta que tienen en la UE-27. Estas mayores rentas de los mayores españoles son aún mayores entre los que tienen estudios superiores: 30.864 euros de renta mediana  en España, un +18% que en Europa (26.072 euros). Y aún hay más diferencia entre los mayores con estudios medios; 23.134 euros en España, un +26% que en la UE-27 (18.364 euros). Y también hay diferencia (+5,1%), entre los mayores con estudios básicos: 16.807 euros frente a 15.980.

Dentro de España, los mayores son el colectivo que mejor ha soportado las últimas crisis, según otro estudio del Banco de España: los hogares encabezados por personas mayores de  75 años han mejorado sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros) y los hogares encabezados por personas de 65 a 75 años los han mejorado un +4,46% (de 29.100 a 30.400 euros). En cambio, los hogares encabezados por menores de 35 años han bajado su renta mediana un -8,2% (de 31.700 en 2020 a 29.100 en 2022, los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Y a partir de esa edad, han mejorado sus rentas: un +7,3% los hogares de personas de 45 a 54 años (de 34.300 a 36.800 euros) y un +0,55% (de 35.900 a 36.100euros) los hogares con el cabeza de familia de 55 a 64 años.

En definitiva, han sido los hogares jóvenes los que han perdido ingresos con la pandemia y la alta inflación, como consecuencia de que tienen peores trabajos y sueldos más bajos, además de beneficiarse menos de las ayudas aprobadas contra la inflación (que porcentualmente han ayudado más a los que más ganan). Y los mayores se han beneficiado más de estas ayudas y, sobre todo, de que las pensiones les han subido más que la inflación.

La revalorización de las pensiones ha sido del +21% entre 2019 y 2025, tras varios años en que sólo subieron un +0,25% anual (2014-2018). Una subida de las pensiones superior a la de los salarios (+18,6% han subido los salarios de convenio entre 2019 y 2025) y a la subida de la inflación (+18,7%), lo que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los mayores, básicamente de los que no tienen que pagar alquiler ni hipotecas. Y con ello, la pensión media de los 9.333.486 pensionistas (4.707.565 hombres y 4.625.885 mujeres) fue en abril de 1.309 euros mensuales, por encima del nuevo salario mínimo (1.184 euros en 2025). Y la pensión de jubilación, que cobran dos tercios de los pensionistas, superó en abril la barrera de los 1.500 euros mensuales (1.503,3 euros), lo que supone duplicar la pensión media de jubilación que se cobraba en 2007 (757 euros al mes) y un aumento del +32,5% sobre la jubilación media que se cobraba antes de la pandemia (1.135 euros).

La pensión media, global y de jubilación, ha crecido mucho, pero no podemos olvidar que hay muchos pensionistas con pensiones bajas y en mínimos. Así, en abril, más de la mitad de todos los pensionistas (concretamente 4.784.170, el 51,25%) cobraban de pensión menos del salario mínimo (menos de 1.135 euros mensuales), mientras otros 4.374.099 pensionistas (el 46,8%) cobraban entre el SMI y la pensión máxima (3.267,70 euros en 2025), según los datos de la SS. Y sólo 175.217 pensionistas (el 1,8%) cobran la pensión máxima. Una desigualdad de pensiones fruto del tiempo cotizado y los sueldos cobrados, que perjudican sobre todo a las mujeres, que cobran de media un -45,97% menos de pensión media (1.071,76 euros las mujeres frente a 1.564,53 euros los hombres).

Pero no es sólo que los mayores cobren más pensiones que antes y hayan mejorado su economía. Es que además, en los últimos años de su vida laboral, los sueldos de los mayores de 45 años son superiores a los de los jóvenes, porque tienen más empleos indefinidos y también por el mayor peso de la antigüedad. Así, a igualdad de estudios, el salario de los mayores es un +11,9% superior al de los trabajadores de 25 a 54 años. Y si tienen estudios superiores, es un 25% más alto, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Además, los mayores suelen tener su vivienda en propiedad (incluso una segunda alquilada) y eso les reduce costes (de alquiler e hipoteca, muy importantes ahora), aumentando sus ingresos reales. De hecho, un 84% de los mayores de 75 años tienen vivienda en propiedad y un 83,1% de los que tienen entre 65 y 74 años, mientras que sólo tienen piso propio el 31.8% de los menores de 35 años (lo tenían el 66% de esa edad en 2002), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que refleja cómo el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 tienen piso propio frente a sólo el 45% de los nacidos después de 1985.

Otra diferencia importante es que los mayores tienen más dinero ahorrado que los jóvenes, gracias a que han trabajado muchos años, con mejores contratos y sueldos. Así, los mayores de 65 años tienen unos 37.000 euros de media en el banco, más del doble de lo que tienen los menores de 35 años (14.430 euros). Y eso tiene mucho que ver con los ingresos percibidos y la mayor o menor dificultad para llegar a fin de mes: tienen problemas el 23,2% de los españoles de 18 a 64 años y sólo el 15,9% de los que tienen más de 65 años.

Al final, los ingresos, el ahorro y las propiedades configuran la riqueza media de los hogares, que es muy diferente según la edad del cabeza de familia, como refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así la mayor riqueza media la acumulan las familias encabezadas por mayores de 75 años (454.700 euros de media), seguidos muy de cerca por las familias encabezadas por personas de 65 a 74 años (442.300 euros de riqueza). Y luego la riqueza neta va bajando con la edad: 352.900 euros entre 55 y 64 años, 257.300 entre 45 y 54 años, 191.100 euros entre 35 y 44 años y sólo 77.600 euros de riqueza los hogares encabezados por menores de 35 años. Y si lo miramos en perspectiva , los “abuelos” (más de 74 años)  han aumentado su riqueza un +19,2% desde 2017, mientras sus hijos (55-64 años) la han reducido un -1,5% y sus nietos (menos 35 años) la han aumentado un +44%...

Pero esta es la versión más positiva, la que refleja que muchos mayores viven mejor que antes de la pandemia. Pero hay otros “menos mayores” que sufren muchos problemas: los que tienen entre 55 y 65 años y no trabajan ni se pueden jubilar. En España hay 7 millones de personas en esta franja de edad y lo llamativo es que más de una tercera parte de estos “mayores” (55 a 65 años) ni trabajan ni estudian, un 38,1% son “ninis” (2.668.280 personas), un porcentaje mucho mayor que los “ninis” jóvenes (16,1% entre 25 y 34 años), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y son estos mayores (55 a 65 años) los que acaparan el 45% del paro de larga duración (más de un año), porque la mayoría de las empresas no les contratan (ni les forman cuando trabajan: prefieren formar a los más jóvenes). Y la mayoría de estos mayores “sin salida” son mujeres, muchas poco formadas.

Otra conclusión del estudio sobre los mayores de la Fundación BBVA e Ivie es que la formación es clave para que los mayores vivan sanos y mejor. Por un lado, los mayores ingresos de los mayores españoles ya conducen a que vivan más años sin discapacidad que los mayores europeos, según la Encuesta Europea de Salud: 10,5 años a partir de jubilarse en España frente a 9,7 años de media en la UE-27. Pero además, en la salud de los mayores influye mucho el nivel educativo. Así, los datos revelan que los mayores de 65 años con estudios superiores tienen menos sobrepeso y obesidad (sólo el 54,1%) que los mayores que tienen sólo estudios primarios (63,6% son obesos). Y también hacen más ejercicio (36,1% los que tienen estudios superiores y el 30,9% si tienen estudios primarios). Además, el estudio revela que a más formación, más movilidad y menos problemas para cuidarse solos (el 56% de los que tienen educación primaria y el 25,6% con estudios superiores). Y lo mismo con las enfermedades crónicas: bajan entre los mayores más formados.

Además de influir sobre la salud, la formación también afecta al bienestar emocional y a las relaciones de los mayores: el estudio revela que se sienten más “excluidos” de su entorno los mayores (de 55 años) con estudios primarios (el 8,8%) que los mayores con estudios superiores (sólo 4% se sienten excluidos). También los más formados se sienten menos solos  (21,5% frente al 32,4% los menos formados), tienen más relaciones con amigos y apuestan más por un “envejecimiento activo”: más actividad física y deportiva, más participación en actividades culturales y más tareas de voluntariado.

En definitiva, este estudio revela algo que hasta ahora no se tenía en cuenta: que el bienestar de los mayores no sólo está ligado a sus ingresos sino que su salud y bienestar mental está muy relacionado con su formación: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años) más sano envejecerá y menos problemas de salud y dependencia tendrá. “Mens sana in corpore sano”, que dijo Juvenal. Por eso, el estudio propone mejorar la formación de los mayores (a partir de los 50 años), tanto para que se reciclen y no pierdan sus trabajos (o se coloquen si están parados) como para mejorar su envejecimiento, con una jubilación más sana. Esto llevaría a aprobar un Plan integral de formación de los mayores, no sólo en habilidades digitales sino en una formación multidisciplinar, sobre todo para aquellos que en su día no pudieron completar su educación básica.

Vamos camino de una sociedad envejecida, donde casi un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050. Eso exige seguir financiando las pensiones, porque estos millones de personas no tienen otra fuente de ingresos y son claves para ayudar a hijos y nietos. Hay que rechazar los argumentos de que las pensiones “están ya demasiado altas” mientras los jóvenes no pueden independizarse. Son dos cuestiones distintas: hay que apoyar a los jóvenes, con trabajos decentes y alquileres accesibles, pero sin enfrentarlos con los mayores y sus pensiones. Y, sobre todo, hay que prepararse para atender a 16,68 millones de mayores en 2050, desde la financiación de las pensiones y la dependencia a su salud y bienestar, para lo que ayudaría formarles más, con más recursos públicos. No sólo asegurarles pensiones decentes, sino hacerles sentir vivos y útiles.

1º de mayo: el empleo que viene

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual, con una pérdida de 92.500 empleos, al retrasarse la Semana Santa a abril. Pero se espera que suba este 2º trimestre y en verano, porque las empresas siguen contratando y hay 2 millones más de personas trabajando que hace 5 años. Pero hoy, 1º de mayo, podríamos reflexionar sobre el empleo del futuro, que va a cambiar drásticamente por la tecnología y la inteligencia artificial (IA). De hecho, el Foro Económico Mundial estima que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán “mejorar sus habilidades” para tener un empleo en 2030. A lo claro: los trabajadores tienen que reciclarse y formarse si quieren seguir trabajando en unos años. Un reto que obliga a Gobiernos y empresas a gastarse más dinero en formación y reciclaje profesional, para afrontar la digitalización, la descarbonización, la robótica y la IA, un reto del que apenas hablan los sindicatos hoy. Hay que prepararse para esta “revolución silenciosa”, la del empleo futuro.

                            Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa ha caído en abril y no en marzo (como en 2024), lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -92.500 empleos, aunque son menos que en el primer trimestre de 2024 (-139.700), según la EPA publicada este lunes. Con todo, a finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, así que trabajan 2,08 millones de personas más que hace 5 años, antes de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído sólo entre los hombres (-94.100 ocupados), mientras aumentó algo entre las mujeres (+1.600). Y lo han perdido los trabajadores españoles (-144.500 empleos), porque los extranjeros han ganado empleos (+52.000).  La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector público (-92.200 empleos, por el aumento de jubilaciones) , mientras apenas caía el empleo privado (-300). Y se ha perdido empleo entre los trabajadores maduros (-119.800 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-60.800 empleos perdieron los de 16 a 24 años). Todos los sectores han perdido empleo, salvo el campo (+25.000), especialmente los servicios (-112.300). Y por autonomías,  han perdido más empleo Baleares (-42.400), Comunidad Valenciana (-20.400) y Andalucía (-12.300), mientras lo ganaron Madrid (+14.800) y País Vasco (+11.300 empleos).

La caída del empleo al inicio de 2025 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +193.700 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +101.200, todo un récord en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+118.100), mientras hay menos hombres buscando (-16.900). Con ello, España alcanza un récord histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 24.554.500. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo.

Con este aumento del paro, son ya 2.789.200 las personas que están en paro, un 11,36% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, una cifra elevada pero son 523.800 parados menos de los que había en España hace 5 años, antes de la pandemia  (3.213.00 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro ha subido en este primer trimestre más entre las mujeres (+116.500 paradas) que entre los hombres (+77.200), más entre los españoles (+147.900) que entre los extranjeros (+45.800) y más entre los trabajadores maduros (+141.300 entre 25 y 44 años), cayendo entre los más jóvenes (-12.000 parados). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+124.900, la mitad por el turismo y la hostelería) y también más en Cataluña (+47.200), Baleares (+42.800), Madrid (+23.900) y Canarias (+21.800), bajando sólo en Murcia (-4.400), País Vasco (-4.300) y Cantabria (-1.100).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo preocupantes. Por un lado, todavía hay 882.900 hogares donde todos sus miembros están en paro, aunque son 95.000 menos que hace un año. Por otro, baja  el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.722.042 parados, el 66,77% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 69,44 % hace un año. Y además, la mayoría (813.181) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 908.861 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.014,90 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (1.065.400 parados), con lo que el 38,10% son “parados de larga duración” y tienen mucho más difícil recolocarse.

Lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 10,61% en que estaba a finales de 2024 al 11,36%, aunque es mucho más baja de la tasa de paro que teníamos hace 5 años (14,4%). Una tasa muy alejada de Europa, donde es menos de la mitad (5,7% en la UE-27 y 6,1% en la zona euro), siendo la tercera parte en Alemania (3,1%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 26,5%, frente al 14,5% en Europa y el 6,3% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 8 autonomías con alta tasa de paro: Melilla (26,6%), Ceuta (26,1%), Extremadura (16,6%), Andalucía (16,4%), Baleares (14,78%), Canarias (13,27%), Castilla la Mancha (13,27%) y Murcia (12,83%). Y otra, las 8 autonomías que tienen una tasa de paro casi “europea”: Navarra (7,49% de paro), País Vasco (7,71%), Cantabria (7,86%), Aragón (8,29%), Castilla y León (8,70%), Galicia (8,80%) y Cataluña (8,91%), según la EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,07% de los contratos firmados son indefinidos, algo menos que hace un año (44,5% el primer trimestre de 2024) pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 15,7 millones de asalariados con contrato indefinido, el 84,88% del total, frente al 74,61% de fijos a finales de 2021). Lo que no mejora son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+134.400 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados, sobre todo por las mujeres (el 73,6% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 11,36% en España frente al 5,7% en la UE-27 y el 4,8% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,4 millones de españoles menos de los que trabajarían si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 8 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 83.444 empresas y 29.305 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas de forma muy desigual por las autonomías.

Además, este 1º de mayo habría que pensar también en el empleo a medio plazo, porque el mercado laboral va a cambiar radicalmente en los próximos años. En el mundo, 59 de cada 100 trabajadores necesitarán “cualificarse” para no perder sus empleos actuales, por la tecnología, la robotización y la inteligencia artificial (IA), según el último informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Y en el caso de España, este informe señala que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán mejorar sus habilidades para tener empleo en 2030. Los expertos laborales y las empresas reiteran la urgencia de formación y reciclaje de los trabajadores, para mejorar su cualificación y afrontar la demanda de nuevos empleos: muchos empleos actuales desaparecerán (administrativos, secretarias, asistentes administrativos, cajeros de banco…) y se crearán otros (analistas de datos, expertos en IA, desarrolladores de software, técnicos ambientales, expertos en ciberseguridad…).

En definitiva, que no basta con que la economía española cree más empleo, para conseguir una tasa de paro “europea”, sino que hay que formar a los jóvenes en los futuros empleos que van a demandarse en los próximos años y reciclar a los empleados actuales para que no pierdan su empleo en el futuro. Esto exige una mayor inversión en formación y “capital humano”, con importantes cambios en el diseño de la educación, desde la escuela a la Universidad, y con mayor gasto en formación de las empresas y el Estado. Hay que prepararse desde ya al empleo que viene, con acuerdos entre Gobierno, empresas y sindicatos para configurar la oferta de empleo que exige el futuro. Un reto del que apenas se habla este 1º de mayo, mucho más de fondo que la jornada laboral o los salarios.