Recesión en la industria

La economía española, como todas las europeas, crece menos ahora, pero crece. Con una importante excepción: la industria decrece, lleva dos trimestres seguidos cayendo. Está en recesión y pierde empleo, lo que no pasaba desde 2012. Y tiran del crecimiento la construcción y los servicios, sobre todo el turismo (que también ha pinchado). Esta crisis de la industria es preocupante porque es un sector clave para competir, crecer y crear empleo estable y de calidad. Por eso, urge volcarse en reindustrializar España e impedir que se vayan más multinacionales, por la caída del automóvil, las exportaciones y el comercio mundial. Hace más de 2 años, sindicatos y patronal firmaron un Pacto por la industria, pidiendo medidas que no tomó el Gobierno Rajoy y el de Sánchez sólo aprobó un parche laboral en diciembre. No se puede esperar más para ayudar a la industria a salir de la recesión que sufre en solitario. Porque ahí está nuestro futuro. No podemos ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas, aspirar a ser la California de Europa.

enrique ortega

España fue un país bastante industrializado en los años 60 y 70 del siglo XX, como resultado del desarrollismo franquista, que utilizó el Instituto Nacional de Industria (INI, 1941) para crear una potente industria estatal, asentada en la siderurgia, naval, energía, refino, carbón, química, aluminio y automoción (SEAT, creada en 1950, y Pegaso). Con ello, la industria suponía más de un tercio de la economía en 1970 (aportó el 38% del PIB) y todavía en 1980 España era la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). Y en los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Y el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1997 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. Y a partir de ahí, apenas ha mejorado. Aportó el 16,32% en 2017 y ha bajado al 16,06% en 2018, según el INE. Y ahora ocupamos el puesto nº 17 en el ranking mundial de los paises más industrializados.

Con todo, la industria se había recuperado de la crisis, creciendo a partir de 2013, año tras año y tirando de la recuperación, junto a la construcción y los servicios (básicamente, el turismo). Hasta 2018, en que la industria vuelve a entrar en crisis: decrece en el primer trimestre (-0,4%) y aunque crece en el segundo (+0,3%), vuelve a decrecer en el tercer trimestre (-0,2%) y en el cuarto (-0,9%), una caída que no se veía desde finales de 2012, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Y como son 2 trimestres seguidos cayendo, se puede decir que la industria española “está en recesión”. Y por si hubiera dudas, otro indicador, el índice de producción industrial, cayó en noviembre (-3,2%) y se desplomó en diciembre de 2018 (-6,2%), el peor dato desde finales de 2012, en plena recesión.

Y hay un tercer indicador de que la industria española está en crisis: en 2018, fue el único sector económico que perdió empleo neto, 3.000 empleos perdidos, según la EPA, en un año donde la economía española creó 566.200 empleos netos, la mayor creación de empleo desde 2006. Entre 2014 y 2017, antes de “pinchar”, la industria española había creado  367.500 nuevos empleos, 15 de cada 100 empleos creados en la recuperación (+2.429.400). Pero en 2018, la industria volvió a perder empleo (como entre 2008 y 2013), cuando todavía le queda recuperar 570.800 empleos para igualar los puestos de trabajo que tenía en 2008. Entra en recesión sin recuperar el empleo de antes de la crisis.

¿Por qué la industria vuelve a estar en crisis? Las dos causas son más exteriores que internas. Por un lado, la guerra comercial (subida de aranceles y proteccionismo) de Trump con China y la Unión Europea  ha frenado el comercio mundial y las exportaciones, afectando muy negativamente a la industria española, muy volcada en vender fuera (automóviles, alimentación, textil). Y la otra razón, más importante aún, es que la economía mundial crece menos y sobre todo “se ha desinflado” Europa, con un bajo crecimiento en la zona euro (del 2,4% de 2017 se pasa al 1,9% en 2018 y a un 1,3% previsto para 2019) y el “pinchazo de Alemania (del 2,2% que creció en 2017 pasa al 1,5% en 2018 y el 1,1% para 2019) e Italia (del 1,6% que creció en 2017 pasará a crecer sólo el 0,2% en 2019), mientras baja también el crecimiento de Francia (del 2,2 al 1,3%) y Reino Unido (del 1,8 al 1,3% en 2019). Y no olvidemos que dos tercios de las exportaciones españolas van a Europa y que el 80% de esas ventas exteriores las hace la industria.

La actual crisis industrial se centra sobre todo en tres subsectores: la industria agroalimentaria (ha perdido 28.000 trabajadores en 2018, el 6% de su plantilla), el textil y calzado (perdió 18.400 empleos en 2018, el 14,5% de su empleo) y, sobre todo, la industria del automóvil (despidió a 9.500 trabajadores, el 12% de las plantillas), sin olvidar a las miles de empresas auxiliares que giran en torno a ellas. Y lo preocupante es que la crisis del automóvil no ha hecho más que empezar: Ford ha anunciado recortes de plantilla en Europa y Nissan Barcelona está operando por debajo del 40% de capacidad, fruto de la incertidumbre en un sector que ve los días contados a los vehículos diesel y gasolina (dejarán de fabricarse para 2040). Y esa tremenda reconversión, del motor de combustión al coche eléctrico, supone cambiar de fabricar un coche de 1.400 piezas (5 o 6 trabajadores por coche) a fabricar un coche de sólo 200 piezas (que fabrican 1 ó 2 trabajadores).

España tiene, además, un doble problema propio ante esta reconversión: el 43% de los coches que se fabrican aquí son diesel (y suponen el 57% de todos los empleos) y encima sólo Renault y Ford fabrican motores aquí, con lo que nuestras fábricas ensamblan motores hechos en otros paises (y cajas de cambio y muchos componentes). Y las direcciones de las multinacionales, en Wolfsburgo (Alemania), París o Detroit, pueden decidir montarlos en otro sitio, sobre todo si la mano de obra formada y barata importa menos en la fabricación de los coches eléctricos. Además, las tecnologías de los futuros coches eléctricos (incluso la fabricación de baterías)  se está jugando en China, Corea y Japón, no en Europa (y menos en España, donde sólo Seat Cataluña investiga en su centro de I+D+i).

Junto a los problemas del automóvil, la industria agroalimentaria y el textil y calzado (que sufren la dura competencia de los paises emergentes), en 2018 hemos asistido a “la fuga de grandes multinacionales”, que se han ido o han amenazado con irse: Alcoa (aluminio, con dos plantas en Galicia y Asturias), Vestas (primero cerró en Tarragona y luego anunció el cierre en León, buscando el Gobierno un comprador), Gamesa (cierre planta de Miranda de Ebro) o Cemex (anuncio 200 despidos en Almería y Baleares). Son multinacionales que pueden cambiar de país sin demasiados problemas y que buscan reducir costes energéticos (aquí la luz y la energía son más caras que en Europa); eso sí, en muchos casos después de recibir jugosas ayudas públicas: Alcoa ha recibido más de 1.000 millones de ayudas pagadas con nuestro recibo de la luz y Vestas ha recibido ayudas autonómicas y locales. Esto debería servir para diseñar las futuras ayudas públicas a multinacionales.

Además de estos problemas, la industria afronta dos serios retos de futuro. Uno, la necesidad de digitalizar su actividad , lo que se llama “industria 2.0”. Una nueva “revolución industrial”, que exigirá a todas las industrias una profunda reconversión, desde la organización de la producción a la formación del personal. Y el otro reto, es la robotización. En el mundo hay 1,63 millones de robots, según la IFR, 35.000 en España y un millón de ellos en Asia (y la tercera parte en China). Y para 2030 habrá más de 3 millones de robots, sobre todo en la industria del automóvil, la paquetería y las grandes empresas logísticas, lo que permitirá aumentar las fábricas en los paises ricos (al no necesitar tanta mano de obra humana barata). España, con trabajadores poco formados, tiene un mayor riesgo con los robots, porque el 43% de los empleos actuales tienen un alto riesgo de ser sustituidos por robots  y un 24% de empleos tienen un riesgo medio, según el servicio de estudios de la Caixa.

Pero la industria española tiene además una serie de “debilidades estructurales” que oscurecen su futuro, según un estudio de CCOO. La primera debilidad, el escaso peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en una menor productividad y competitividad. La segunda debilidad, el tamaño, el elevado peso de las pymes: sólo el 15% de las empresas industriales españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y este menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor acceso al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico por partida doble: España como país gasta menos en Ciencia (el 1,23% del PIB frente al 2,02% de media en la UE-28) y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas (un 0,64% del PIB frente al 1,07%). La cuarta debilidad es la falta de financiación a la industria, ahora que los grandes inversores se dedican a la especulación financiera e inmobiliaria y la banca lleva décadas “huida” de la industria. Y la quinta debilidad es la geografía: nuestras industrias están a 2.300 kilómetros de los mercados del centro de Europa, aunque tienen la ventaja de estar bien situadas como “puente” frente a América y África.

Todavía hay que mencionar otras dos debilidades más, muy importantes. Una, que las industrias instaladas en España pagan más cara la energía y sobre todo la electricidad: el coste del kw/h industrial (sin impuestos) era de 0,1008 euros en España (1º semestre 2018), según Eurostat, un 26,5% más caro que en Europa (0,0797 euros), un 35,8% más caro que en Francia (0,0737€), un 30,7% más caro que en Alemania (0,0771 €), un 13% más caro que en Italia (0,0892 €) y un 3,9% más caro que en Reino Unido (0,0970 €, paises con los que tenemos que competir. Y la otra debilidad, que la industria española cuenta con una mano de obra peor formada: el 41,7% de los adultos españoles tienen formación baja (la ESO o ni siquiera) frente al 22% en la OCDE y el 20% en Europa (15% en Alemania), y otro 22,6% tienen formación media (Bachillerato o FP), frente al 44% en la OCDE y el 46% en Europa, según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2017”.

Eso sí,  la industria española tiene dos ventajas claras. La primera, una mayor flexibilidad en la contratación (el 26,86% de los asalariados tienen un contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa), siendo también líder europeo en contratos temporales de menos de 6 meses (el 60%), según acaba de denunciar la OIT. Y la segunda, unos costes salariales más bajos: el coste por hora trabajada (sin SS ni otros costes) era en España  de 15,9 euros, un 29,1% menos que en la zona euro (22,42 euros hora) y un 22% menos que en la UE-28 (20,36 euros/hora). Y está muy lejos de los 34,10 euros/hora que se pagan en Alemania (+40%), los 36 euros de Francia (+34,6%), los 21,33 euros de Reino Unido (+25,5%) o los 20,38 euros de Italia (+22%), según Eurostat (2017).

Visto el panorama de fondo de la industria, volvamos a su crisis, que es doblemente preocupante. Primero, porque la industria ha dejado de ser un motor de la recuperación y del empleo, como ha sido entre 2014 y 2017, dejando ese papel a la construcción (que cualquier día puede “pinchar” o crear otra “burbuja) y a los servicios, sobre todo el turismo y el comercio, que muestran signos de “agotamiento”: el turismo apenas creció en 2018 y el comercio crece menos, como se vio en el Black Friday y Navidad. Pero, sobre todo, porque la industria es clave para crear riqueza y empleo: los paises más ricos y competitivos  (y los que más exportan) son los más industrializados y el empleo en la industria es más estable (cae menos con las crisis) y está mejor pagado. Así que deberíamos “mimar la industria”.

Los sindicatos saben la importancia de la industria y por eso firmaron con la patronal un Pacto de Estado por la industria, el 26 de noviembre de 2016, algo poco usual. Ambas partes, trabajadores y empresas, acordaron un decálogo de medidas que pidieron al Gobierno: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento del tamaño de las empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora de la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Un Plan de acción claro, con recetas para atacar las ya mencionadas debilidades de nuestra industria. Pero hoy, dos años largos después, casi nada se ha hecho. El Gobierno Rajoy tenía preparado un “Marco estratégico de la España industrial 2030”, para aprobarlo a finales de mayo de 2018, pero salió antes por la moción de censura, sólo con dos Planes sectoriales aprobados para la industria papelera y la automoción. Y el Gobierno Sánchez, además de crear un Ministerio de Industria que no había, sólo aprobó en diciembre un “parche” laboral para la industria, un real decreto que permite sólo a las empresas manufactureras (en especial, al automóvil) seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social: se permite que un trabajador mayor reduzca su jornada si a cambio entra a trabajar uno joven al que forma antes de jubilarse. Lo normal es que el trabajador mayor coja una jubilación parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión. El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, pueden concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes, como si fuera una jubilación anticipada, sin ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven que le “releva”. Y muchas industrias utilizan este sistema para cubrir con estos jóvenes vacaciones y picos de producción. Un privilegio que no tienen las empresas no industriales.

Ahora, con unas elecciones próximas, será otro medio año perdido para sacar a la industria de la crisis. Pero luego, gane quien gane, el futuro Gobierno deberá apostar de verdad por la industria, poniendo en marcha el Pacto que firmaron en 2016 sindicatos y patronales, con el objetivo de que la industria vuelva a aportar el 20% de la producción (PIB), como hace 20 años. A más industria, más competitividad, más riqueza y mejor empleo. No podemos seguir apostando por ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas, por ser la California de Europa. El futuro está en la industria.

Muchos bares y tiendas, pocas industrias

España es un país de servicios: hay muchos bares, restaurantes, tiendas, hoteles, bancos y oficinas y pocas industrias. Un 75% de la riqueza procede del sector servicios, cuando en los años 70 aportaba menos de la mitad del PIB. Y la industria, que suponía entonces un 38% de la actividad, ha quedado en el 17%. Consecuencia: 8 de cada 10 nuevos empleos se están creando en los servicios, la mitad en comercio y hostelería. Son empleos más precarios y peor pagados: un empleado de hostelería gana un 41% menos que la media y el de comercio un 13,5% menos. Para conseguir un empleo menos precario y mejor pagado es clave reindustrializar España, que ganen peso las industrias, sobre todo las grandes, que aseguran un empleo más estable y una economía más competitiva, que nos acerque al nivel de vida europeo. Urge un Pacto por la industria, con más formación, más tecnología y más inversión, pública y privada. Sin más industria no hay futuro.
 

enrique ortega

Este ha sido el gran cambio económico de España en los últimos 40 años: pasar de ser un país con gran peso de la industria (38,87% del PIB en 1972) a un país con poca industria (17,1% PIB en 2015) y volcado en los servicios (que ya aportaron  el 74,9% del PIB en 2015, casi el doble que el 46,2% que suponían en 1970. Entre medias, el campo también ha perdido peso (si en 1970 aportaba el 11% del PIB, en 2015 sólo aporta el 2,5%) y la construcción ha ido de más a menos, pasando de aportar el 8,8% del PIB en 1970 a un máximo del 11,6% en 2005 (“burbuja inmobiliaria”), para caer en picado hasta el 5,5% de 2015.

La crisis de la industria estalla en los años 80 y provoca la tremenda reconversión industrial de 1983 y 1984, y la puntilla se la da el “boom” del ladrillo, que desvía recursos y empleos de la industria y el campo a la construcción. Y la puntilla fue la actual crisis de 2008, que provocó nuevos cierres de industrias y fuga de inversiones. El resultado fue que la industria española perdió más de la mitad de su peso, pasando de representar más de un tercio de la economía (38,87% del PIB en 1972) a caer a un mínimo del 14,36% del PIB en 2009 para recuperarse luego ligeramente, hasta representar el 17,1% del PIB (entre industria, 15,5%, y energía), según la Contabilidad nacional del INE. Y España, que era la 9º potencia industrial del mundo en 1980, ha pasado ahora al puesto 15º del ranking industrial (y bajando).

En paralelo, los servicios han ganado peso en la economía española, pasando de aportar el 46,2% del PIB en 1970 al 56,5% en 1980, el 71% en 2010 y el 74,9% en 2015, un porcentaje mayor que en Europa, donde los servicios aportan un 73,5% del crecimiento (en Alemania, un país muy industrializado, suponen sólo el 69% de la riqueza). Pero en términos de empleo, la importancia de los servicios en España es aún mayor: si en 1970 sólo trabajaban en los servicios un tercio de los españoles (36,5%), en 2015 trabajan en los servicios las tres cuartas partes de los españoles (un 76,2%).

Lo más llamativo es que los servicios emplean hoy a casi los mismos españoles que antes de la crisis, mientras que los que han perdido empleo son la construcción, la industria y la agricultura. Así, hoy trabajan en España 18.029.600 personas (marzo 2016), casi 2,6 millones menos que antes de la crisis (20.620.000 trabajaban en 2008). Y en los servicios trabajan 21.200 personas más (13.739.200 frente a 13.718.000), pero los demás sectores han perdido empleo, además de peso económico: en la construcción hay 1.700.000 personas menos trabajando, en la industria 871.000 trabajadores menos y en el campo otros 92.700 menos.

Una profunda reconversión económica y laboral, que ha reforzado el liderazgo de los servicios. Y dentro de ellos, de dos sectores, el comercio y la hostelería, donde trabajan ahora la cuarta parte de los españoles: hay 2.901.700 personas trabajando en el comercio (el 16,1% del empleo total) y 1.503.900 trabajando en la hostelería (8,3%). Y no sólo eso: 8 de cada 10 nuevos empleos creados en 2014 y 2015 se crearon en los servicios, la mitad de ellos en esos dos sectores que “tiran” hoy del empleo y la economía: el comercio y la hostelería. Vivimos en un país donde cada día se abren bares, restaurantes y tiendas, no industrias.

Pero los servicios “tiran” de una manera preocupante: con un empleo muy precario y mal pagado. El 95% de los nuevos contratos hechos en 2014 y 2015 fueron temporales y un 35% a tiempo parcial, trabajos que cobran entre un tercio (-36% gana un trabajador temporal) y dos tercios menos (-63,4% menos gana un trabajador por horas) que uno fijo a tiempo completo, según el INE. Y además, los dos sectores que están creando más empleo son los peores pagados. Así, un trabajador de hostelería gana de media 13.636 euros brutos al año, según el INE (2014), un 41,4% menos que el sueldo medio en España (22.858 euros brutos). Y un trabajador del comercio gana 19.771 euros, un 13,5% menos que la media.

En definitiva, que estamos configurando un país de tiendas, bares y restaurantes, con un empleo precario y mal pagado, mientras no despega el empleo en la industria, más estable y mejor pagado y en un sector con más futuro. Y eso porque todos los estudios demuestran que la industria es un sector con más productividad, empleos más formados, mejor tecnología, más capacidad exportadora y más competitividad. No es casualidad que los paises más industrializados del mundo (EEUU, China, Japón y Alemania) sean también los más ricos. Si España aumentara el peso y la productividad de su industria, la economía, el PIB podría crecer un 2,3% más, según la consultora PwC.

¿Qué ha pasado en España con la industria? Pues que muchas empresas han desparecido, primero con la reconversión industrial de los 80 y luego a partir de la crisis de 2008, cuando también cayeron muchas empresas auxiliares de la construcción. Si en 1993 había en España 145.665 empresas industriales, en 2011 había 129.332 y hoy aún quedan menos. Se han cerrado unas 20.000 empresas industriales, muchas de ellas grandes, sobre todo en Cataluña, Andalucía y Canarias, las tres autonomías que más han sufrido la crisis industrial. Y ahora, la industria española se concentra sobre todo en Cataluña (23,1% de toda la industria española), Andalucía (11,4% del total), Comunidad Valenciana (10,6%) y País Vasco (9,6%), según el INE, aunque el mayor peso de la industria sobre su economía se da en Navarra, País Vasco y Rioja, precisamente las tres autonomías con menos paro de España.

La caída de la industria no es sólo un problema de España sino que preocupa en toda Europa, donde la industria ha perdido fuelle en las dos últimas décadas frente a Estados Unidos y Asia. En concreto, Alemania es el 4º país más industrializado del mundo (su industria aporta el 25,5% del PIB), por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Y el 6º es Italia (25,2% de aportación de la industria al PIB), todavía por detrás (industrialmente) de Rusia y Brasil. Y en los puestos 8º y 9º del ranking industrial mundial están Reino Unido (21,6% de aportación industria al PIB) y Francia (18,5%), seguidos de cerca por la India. Por todo ello, la Comisión Europea quiere poner en marcha un Plan para reindustrializar el continente, para que la industria represente un 20% del PIB en toda la UE (en 2013 era el 19,1% en la UE-28 y el 19,3% en los 19 paises del euro, según Eurostat).

España, con una menor aportación de la industria (17,1% del PIB: 15,5%la industria y el resto la energía), tiene que hacer un esfuerzo mayor de reindustrialización que los grandes paises europeos. Y cuenta con dos hándicaps propios, donde también España “is different”. Uno, el menor tamaño de las empresas: aquí hay muchas más microempresas (94% del total frente a 92% en la UE) y pymes (5,2% frente al 6,6%) que en Europa y menos empresas medianas (0,7% frente a 1,1%) y grandes (0,1% frente a 0,3%), según datos de Eurostat. Y el tamaño importa y mucho para que una empresa industrial pueda innovar, competir y exportar.

El otro hándicap de España es que los inversores españoles han “huido” de la industria, sobre todo la banca, las cajas y las grandes fortunas (invierten, como Amancio Ortega, en inmobiliarias o SICAV). El resultado ha sido un mayor control de las multinacionales extranjeras de la industria radicada en España: las industrias extranjeras han crecido un 29% con las crisis (de 1.717 en 2008 a 2.216 en 2012) y casi un 40% del negocio industrial en España (el 37,2%) está en manos de filiales de multinacionales extranjeras, que mantienen el 20% de todo el empleo industrial. Y esa importancia es aún mayor en la industria del automóvil (las multinacionales generan el 63% del empleo), la química y los laboratorios farmacéuticos (55% del empleo lo dan las multinacionales), la industria de equipos eléctricos o electrónicos e incluso la industria metalúrgica, con fuerte presencia de capital europeo y USA. Esta presencia extranjera en la industria tiene efectos positivos (renovación tecnológica, alta productividad, empleo) pero supone un grave problema: nos hace muy dependientes como país. Estamos en manos de multinacionales radicadas fuera y con una estrategia mundial, que un día pueden decidir cerrar una planta industrial en España y llevarla a Marruecos o México.

Además de estos dos problemas “propios”, la industria española debe afrontar otra serie de retos. El primero y fundamental, invertir más en tecnología e innovación, tanto como país (España invierte en I+D+i un 1,23% del PIB, frente al 2,03% de la UE-28 o el 2,84% de Alemania) como las empresas (dedican un 0,84% de su gasto frente al 1,5% en Europa). El segundo, la menor productividad de las empresas españolas (-17% sobre la UE-28 y -43% sobre los paises líderes),derivada del menor tamaño, la oferta, el capital humano, la innovación y la tecnología, la organización del trabajo, los costes energéticos y financieros… Y el tercero, la peor formación de los españoles: un 45% de los adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 paises más desarrollados), y muy lejos de Suecia (12% de adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%), según los últimos datos de la OCDE (Panorama de la educación 2014).

Parece claro que hay que apostar por reindustrializar España, para que no seamos un país de tiendas, bares y turistas. Sindicatos y patronal ya pactaron en 2014 con el Gobierno Rajoy un acuerdo para impulsar la industria, pero aquellos buenos deseos no se han concretado todavía en medidas efectivas. Urge un Pacto por la industria asentado en varios frentes: aumentar el tamaño de las empresas (promoviendo fusiones), aumentar el gasto en tecnología e innovación, mejorar la formación (con un mayor peso de la Formación Profesional), mejorar la financiación y las ayudas fiscales a la industria, favorecer la internacionalización y la exportación de las empresas, mejorar las infraestructuras y la logística (desde los corredores ferroviarios a la banda ancha de Internet) y, sobre todo, volcarse en la digitalización de la industria. En paralelo, hay que consolidar los sectores industriales que funcionan (desde el juguete a la alimentación, el calzado o la automoción) y apostar por nuevos sectores industriales donde España puede encontrar “su hueco”: agroalimentación, aeroespacial, TIC y contenidos digitales, nuevas energías, agua y medio ambiente, nuevos materiales, diseño, biotecnología, industria de la salud…

No podemos conformarnos con ser “la California de Europa”, un país que vive del turismo, el comercio y los servicios. Hay que cambiar el modelo productivo y asentarlo más en la industria, porque eso nos garantizará un mayor crecimiento y un empleo más estable y mejor pagado. Hay que volcarse, todos, en reindustrializar España a 10 o 20 años vista. Se puede y se debe. El futuro está en la industria, no en las tiendas y los bares.

Paraísos fiscales en medio de Europa

Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, pensamos en países exóticos o islas del Caribe. Pero también están en medio de Europa. Lo saben bien multinacionales como Google, Amazon, Apple, Starbucks, Ikea o Inditex, que tienen acuerdos secretos con los gobiernos de Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda para pagar menos impuestos. La Comisión Europea ha abierto expedientes a estos países y acaba de aprobar medidas para frenar el fraude fiscal de las multinacionales, que supone 70.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto de la UE. En España, las multinacionales también pagan menos que las pymes y eluden unos 8.500 millones en impuestos. Y mientras, EEUU se ha convertido en el paraíso fiscal del mundo. Los gobiernos europeos quieren aprobar este año una Directiva contra el fraude fiscal “legal” de las multinacionales, aunque será difícil porque exige unanimidad y nadie quiere arriesgarse a que se vayan. Pero Europa y España necesitan que las multinacionales paguen lo que deben para gastar más contra la crisis.
 

enrique ortega

Europa es un continente con una moneda única pero con 28 sistemas fiscales diferentes, con impuestos distintos en cada país, desde los impuestos personales (IRPF) a los del consumo (IVA, carburantes, alcohol, tabaco) y los impuestos que pagan las empresas (sociedades). El abanico del impuesto de sociedades en Europa es muy diferente, según un estudio de KPGM:  dentro de la zona euro, hay 5 países con un tipo de sociedades inferior al 20% (Irlanda y Chipre 12,5%, Lituania y Letonia 15%, Eslovenia 17%), otros 10 países entre el 20 y el 30% (Estonia y Finlandia 20%, Portugal 21%, Eslovaquia 22%, Holanda y Austria 25%, Grecia 26%, España 28%, Luxemburgo 29,22% y Alemania 29,65%) y los 4 restantes por encima del 30% (Italia 31,4%, Francia 33,33%, Bélgica 33,99% y Malta 35%). Y fuera del euro, también hay grandes diferencias entre el 10% que pagan las empresas en Bulgaria, el 19% en Polonia y Hungría, el 20% en Reino Unido, el 22% de Suecia o el 27% de Noruega.

Un galimatías de impuestos diferentes que hacen que las grandes empresas se dirijan a los países donde pagan menos. Pero esos son los “impuestos escaparate”, los teóricos, porque luego cada país tiene un abanico de deducciones y exenciones fiscales que hacen que finalmente los impuestos reales que se pagan son menores. Baste el ejemplo de España: el tipo de sociedades era en 2014 del 30% (ahora es el 28%), pero las grandes empresas pagaron de media un 7,3% de sus beneficios, según Hacienda, la mitad que las pymes (15%) y un tercio menos que la mayoría de los contribuyentes (20%). Y las multinacionales aún menos: Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook, eBay y Microsoft sólo pagaron en España 18,3 millones de euros de impuestos (entre todas) en 2014 (porque declaran que aquí ganaron sólo 48 millones de euros).

Pero hay multinacionales que incluso pagaban menos en Europa, gracias a que habían firmado “acuerdos secretos” (tax rulings)  con varios Gobiernos para rebajarles su factura fiscal a cambio de que se instalaran en sus países. El escándalo lo destapó en noviembre de 2014 la web Luxleaks (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), al denunciar que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado acuerdos secretos entre 2002 y 2010 con 340 multinacionales para pagar menos impuestos. Posteriormente se supo que el gobierno de Holanda (cuyo ministro de Finanzas es Dijssembloen, el presidente del Eurogrupo, tan "duro" con Grecia y ahora con el déficit de España) también había firmado acuerdos fiscales secretos en 2008 con la multinacional Starbucks. Y que el gobierno de Bélgica  firmó pactos fiscales similares en 2005 con 35 multinacionales, un sistema llamado “Only in Belgium”. Y también el gobierno de Irlanda firmó un pacto secreto con Apple (seguro que hubo con otras), para que sólo pagara el 2,5% de impuestos por sus beneficios.

El escándalo Luxleaks obligó a la Comisión Europea a actuar contra unos pactos fiscales sobre los que habían hecho la “vista gorda”. En octubre de 2015, La Comisión ordenó a Luxemburgo recuperar 25 millones evadidos por Fiat, mientras mantiene abierta la investigación sobre Amazon y McDonald’s. Y a Holanda le exige recuperar los 30 millones evadidos por Starbucks. En enero de 2016, la Comisión ha abierto otro expediente a Bélgica para que recupere los 700 millones que evadieron 35 multinacionales desde 2005, pagando la mitad de lo que debían. Y mantiene otro expediente a Irlanda, por las escandalosas ventajas fiscales concedidas a Apple, que ha ahorrado 8.000 millones en impuestos.

Al hilo de estas actuaciones de la Comisión Europea, “se ha abierto la veda” contra las multinacionales en Europa. El  gobierno italiano ha reclamado, en enero de 2016, a Google el pago de 227 millones de euros por impuestos eludidos entre 2009 y 2013 (creen que los beneficios fueron 10 veces los declarados). Ya en diciembre de 2015, Apple accedió a pagar 318 millones extras al fisco italiano, tras reconocer que no había pagado impuestos durante 6 años. Mientras, en Reino Unido, la filial de Google accedió a pagar en enero 130 millones de libras en impuestos adicionales sobre los beneficios de los últimos 10 años, lo que ha levantado una gran polémica, porque esa sanción supone hacerle pagar a Google el 3% de sus beneficios en Reino Unido. Y el diario Finantial Times ha denunciado que las 7 grandes multinacionales (Apple, Google, Microsoft, Amazon, eBay, Yahoo y Facebook) pagaron sólo un 0,5% de su facturación en 2012, con lo que habrían evadido 400 millones de libras.

A raíz de todos estos escándalos, parece que la Comisión Europea se ha decidido a actuar contra la elusión fiscal (fraude “legal”) de las multinacionales, una provocación para los  ciudadanos europeos que pagan  impuestos y sufren duramente la crisis. Y además, puede ser una importante fuente de ingresos, en un momento en que Bruselas necesita invertir y gastar más para intentar revitalizar la economía europea. De hecho, la estimación del comisario europeo Moscovici es que las multinacionales evaden 70.000 millones de euros al año en Europa, una cifra tan elevada que equivale a la mitad del Presupuestod e la UE (145.000 millones en 2015). Sólo en España, si las multinacionales tributaran aquí como las pymes, Hacienda recaudaría 8.250 millones de euros más al año, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Con ese dinero, las pensiones enjugarían las dos terceras partes de su déficit, por ejemplo. O pagaríamos un subsidio anual a 1.600.000 parados que no cobran.

La Comisión Europea ha aprobado el 28 de enero pasado un Plan para atajar las principales vías que utilizan las multinacionales para evadir impuestos “legalmente” (elusión fiscal). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello las compras y ventas entre filiales (para desviar las plusvalías a los países con menores impuestos). Una variante más “sofisticada” es lo que se llama “el sándwich holandés” y “el doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere este dinero a una filial de Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial de Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos, y que transfiere los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). De hecho, en 2015, Google transfirió 11.000 millones de beneficios en Europa a las Bahamas, a través de su filial en Holanda (que no tiene empleados). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de sus beneficios en Europa, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de elusión fiscal son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de marca. Es lo que hace Starbucks: cada vez que nos tomamos un café, una parte del dinero va a una empresa de Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea también gestiona su marca a través de dos filiales en Holanda y Luxemburgo, pagando impuestos en Liechtenstein (otro paraíso fiscal europeo), con lo que se ha ahorrado 1.000 millones en impuestos entre 2009 y 2014, según un informe de los Verdes en el Parlamento Europeo . Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo que gestiona el 5% de la facturación en España, gracias a lo que se ha ahorrado pagar aquí 68,5 millones en cinco años. El caso más llamativo es Inditex: a través de dos filiales en Holanda y Suiza factura al resto de países por gestión de marca y consultoría (2.000 millones entre 2009 y 2013), con lo que la multinacional española se ha ahorrado así 325 millones en impuestos, según Intermón Oxfam.

La tercera vía de elusión fiscal son los préstamos entre filiales de una misma multinacional: como los intereses suelen ser deducibles, los concentran en las filiales de los países con más impuestos y buscan que la filial que presta lo haga en países donde el cobro de intereses esté exento o tribute poco. Además, las multinacionales tienen legiones de abogados especialistas en aprovechar las incongruencias fiscales entre países, para obtener las mayores ventajas en unos y otros (y a veces en varios a la vez). Otra vía de elusión fiscal  es la tributación de dividendos: ciertos ingresos (dividendos o ganancias de capital) que entran en Europa desde otro país y que están exentas de tributar aunque no hayan pagado en el país de origen.

Al final, son sistemas de evasión de impuestos conocidos y “legales”, que se van sofisticando según los países cierran vías de escape. El Plan de la Comisión es actuar contra estas estrategias fiscales, permitiendo que un país (España) grave los beneficios desviados hacia otro (Irlanda), gravando las transferencias por royalties, suprimiendo la exención a los dividendos y neutralizando las maniobras fiscales más habituales. Pero, sobre todo, la futura Directiva quiere obligar a las multinacionales a presentar anualmente un informe de actividades país por país (lo que facturan, ganan y pagan en cada país), informe que conocerían las oficinas fiscales de los 28 países UE . Y además, Europa creará una lista negra de “paraísos fiscales” con los países que no colaboren en la lucha contra el fraude fiscal.

El proyecto de la Comisión es un gran avance, aunque se quede “corto”, según Intermón Oxfam (porque sólo afecta a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y los informes fiscales no serán públicos). Pero ahora hace falta que apruebe esta Directiva el Consejo Europeo, los gobiernos de los 28, esta primavera. Y hace falta unanimidad. Algo difícil de conseguir, sobre todo porque hay países que van a resistirse a dejar de ser paraísos fiscales, sobre todo Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Hoy día, en Holanda, los holdings (grupos empresariales) no tributan y no pagan impuestos por los dividendos y ganancias que reparten sus filiales. Y Luxemburgo se ha especializado en atraer capitales, con una bajísima tributación. La mejor prueba de lo que hacen es que un 40% de toda la inversión extranjera que ha llegado a España entre 2008 y 2015 procede de empresas instaladas en Holanda y Luxemburgo, muchas de ellas de origen norteamericano, alemán, francés o británico.

Mientras Europa trata de poner coto a las multinacionales, la OCDE aprobó en noviembre  de 2015 un Plan de 15 medidas (Proyecto BEPS) para intentar frenar el fraude fiscal a nivel mundial, obligando a una mayor transparencia de empresas y países. A finales de enero pasado, 31 países (España entre ellos) han firmado en París estos acuerdos, que obligan a las empresas de más de 750 millones de euros y a los bancos a informar sobre sus operaciones e impuestos. Y todos los países tendrán que informar anualmente a los demás de las cuentas, valores e inmuebles de los extranjeros en su país, una obligación que entrará en vigor en 2017 (con los datos de 2016).

Pero, de momento, Estados Unidos no ha firmado estos acuerdos de la OCDE, por el veto del Congreso USA y la presión de los lobbys financieros. EEUU aprobó en 2010 una Ley (la FATCA) para obligar a todos los bancos a informar de las cuentas y posesiones de ciudadanos norteamericanos en el extranjero (para evitar el fraude de sus empresas y ciudadanos) pero no tiene interés en evitar el fraude de los extranjeros que invierten en EEUU. Es más, desde que se supo que el Congreso USA no firmaba el acuerdo de la OCDE, los grandes bancos de inversión se han dedicado a captar inversiones extranjeras que buscan la opacidad, para ofrecerles instalarse en EEUU, sobre todo en Nevada, Wyoming o Dakota del Sur, los estados con menor fiscalidad. Y con ello, Estados Unidos se ha convertido en el paraíso fiscal más apetecible, atrayendo capitales que estaban en Suiza, las Bahamas o las islas Vírgenes. Además, el secretario del Tesoro USA a enviado una carta a la Comisión Europea quejándose de las medidas fiscales anunciadas por la UE y añadiendo que hay una "actuación desproporcionada" contra las multinacionales norteamericanas. En realidad, temen que si pagan más en Europa, paguen menos en EEUU. 

Al final, el mundo no tiene fronteras para el dinero, que busca dónde pagar menos. Por eso es importante que los acuerdos internacionales contra el fraude fiscal se cumplan, sin excepciones que den lugar a nuevos paraísos fiscales. Y Europa debe dar ejemplo, aprobando este año una normativa realista, que cierre las vías de fraude legal a las multinacionales. España no puede hacerlo sola, aunque nos haga mucha falta ese dinero: hace falta tener esa Directiva europea, para que las multinacionales no se vayan a otro país. Pero también hace falta voluntad política y más medios: Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional , pero sólo cuenta con 50 personas, que poco pueden hacer frente a la ingeniería fiscal y los poderosos bufetes que asesoran a multinacionales, bancos y grandes empresas. Pero hay una cosa clara: si España quiere crecer más, crear más empleo y mantener el Estado del Bienestar, necesita ingresar más. Y al menos 8.250 millones extras se pueden recaudar de las empresas multinacionales. A ello.