Si la crisis y los recortes del Gobierno Rajoy han
deteriorado muy seriamente la educación, la sanidad y las pensiones, a la
Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la han herido de muerte:
se ha recortado un tercio su financiación, se ha frenado la entrada de
dependientes, se han reducido las ayudas y se ha disparado el copago y la
privatización de servicios. Y lo peor: cada día hay 106 ancianos y
discapacitados menos que reciben ayudas públicas, porque muchos mueren antes de
que les lleguen. La Dependencia está en retroceso en 13 autonomías y los nuevos
recortes previstos para 2014 y 2015 pueden acabar de dinamitarla. No se puede
dejar a las familias, cada vez con menos recursos, que atiendan solas a sus
ancianos y discapacitados. Son los eslabones más débiles de nuestra sociedad y
ayudarles debería ser prioritario. Además, no cuesta mucho. Se puede y se debe.
Enrique Ortega
Desde julio de 2012, son doce los meses en que ha caído el número de ancianos y discapacitados
que cobran ayudas por dependientes,
algo que no había pasado nunca desde que entró en vigor la Ley
de Dependencia, en enero de 2007. A finales de septiembre, eran 736.240
los dependientes que recibían alguna ayuda pública, 28.720 menos que a principios de año. Hay 106 dependientes menos con ayudas cada
día. Ello se debe a tres causas:
las autonomías están retrasando la
concesión de ayudas para reducir gastos (pueden tardar hasta dos años y
medio sin tener que pagar retrasos), se endurecen
los criterios (incluso revisando niveles ya concedidos) y, sobre todo,
porque muchos dependientes se mueren
antes de que les lleguen: el 53% de
los solicitantes tienen más de 80 años. Sólo en la Comunidad Valenciana han
muerto 30.000 ancianos antes de que les llegaran las ayudas.
Actualmente, hay 198.041 dependientes
con derecho reconocido a una ayuda y
que están a la espera de recibirla,
muchos más de dos años ya.
Una forma dramática de
ahorrar. La más habitual son los recortes puros y duros a los presupuestos de la
Dependencia: entre 2012 y 2014, los
recortes previstos suman 2.278 millones, un tercio del gasto de 2011, según
los datos del Gobierno. Para 2014,
el Presupuesto
del Estado en Dependencia se reduce realmente
un 0,1% (si descontamos el pago de deudas pendientes), aunque es mucho más
porque se ha vuelto a eliminar la partida del nivel acordado (283 millones) que
el Gobierno eliminó en 2012.Y habrá nuevos
recortes de las autonomías, como en 2015, ya que el Gobierno les obliga a recortar
otros 4.000 millones de gastos
totales en los próximos dos años.
Además, las autonomías buscan ahorrar en Dependencia retrasando pagos: muchas deben meses de ayudas a
las familias y a las residencias,
ONG, empresas y entidades sociales, asfixiadas por estas deudas. Y les han bajado “por decreto” los precios
de los servicios que prestan (a costa de su deterioro).
Menos beneficiarios,
menos presupuesto y deudas crecientes, un panorama de la
Dependencia que se traduce al final en menos ayudas y más pagos para los
dependientes y sus familias, que llevan casi
dos años sufriendo los recortes. Recortes que empezaron en diciembre de
2011, a la semana de llegar Rajoy al Gobierno, cuando
tomó la primera medida: dejar fuera
de las ayudas, hasta julio de 2015 (al menos) a los dependientes moderados
(412.000 solicitudes). En marzo recortó 283 millones a la Dependencia y en
julio 2012 aprobó un decreto
con profundos cambios para facilitar
a las autonomías un drástico recorte del gasto en Dependencia: dejar de
pagar la cotización a la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores no
profesionales de los dependientes, bajarles un 15% (y más : -70% Valencia) la paga
mensual (55 euros sobre los 400 que cobraban), reducir los servicios (ayuda a
domicilio), simplificar los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas), poder
retrasar dos años más las ayudas (hasta 2,5 años) y subir el copago a las
familias.
Desde junio de este
año, todas las autonomías han
subido drásticamente el copago de los servicios de Dependencia (sobre
todo la teleasistencia), con lo que los dependientes y sus familias han pasado de pagar el 9,9% del coste del servicio
(2009) al 19% (2013) y ahora entre el 40 y el 90% del coste,
según los ingresos del dependiente y los servicios. Con ello, el dependiente
paga mucho más y el Estado central mucho menos: si en 2009, los
Presupuestos financiaban el 39,1% de la Dependencia, en 2013 sólo aportan la
mitad, el 21,1%. Y cargan con dos tercios
de la factura las autonomías
(59,9% en 2013 frente a 39,15% en 2009).
Las autonomías, asfixiadas por la crisis y los recortes,
buscan como ahorrar en Dependencia,
para sostener otros servicios, sobre todo Sanidad y Educación (también con
duros recortes). Y siguen distintos
caminos: subir el copago, retrasar
al máximo los expedientes, rebajar baremos y algunas, privatizar el servicio:
promueven el cheque-servicio,
un dinero que dan al dependiente
(entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan la empresa con
la que contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio,
teleasistencia).Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que
ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros,
residencias y plantillas.
Esta modalidad de servicio (“prestación económica vinculada al servicio”) está en la Ley de
Dependencia pero era marginal. En el último año, el
cheque-servicio se ha disparado en cuatro autonomías del PP
(Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia), donde es ya la segunda prestación, tras la ayuda para cuidados
familiares. Este cheque-servicio, denunciado por Andalucía
y Asturias, tiene dos problemas.
Uno, que no son los dependientes los que
eligen residencia, sino las residencias quienes eligen a los dependientes
(los de más recursos). Y otro, que si la Dependencia se convierte en un negocio,
¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos
demanda y ancianos y discapacitados con menos recursos? Podría llegarse a
una Dependencia
dual: privada para los más ricos y pública y marginal para los más pobres.
Al final, entre los recortes, la pérdida de ayudas, la caída
de beneficiarios, el copago y la privatización, la Dependencia está herida
de muerte: ha retrocedido en
13 autonomías y sólo ha mejorado en tres (País Vasco, Cantabria y Castilla
y León), según el riguroso seguimiento
de directores y gerentes de servicios sociales, que dan buena nota a dos autonomías (9,6 a Castilla
y León y 8,3 al País Vasco), aprobado
escaso a seis (6,3 La Rioja, 5,8 Andalucía y Cantabria,5,4 Cataluña y 5
Castilla la Mancha y Galicia), suspendiendo
a las 10 restantes (con un 0,4 la Comunidad Valenciana, 1,3 Ceuta y
Melilla y 1,7 puntos Canarias). O sea, que según
donde vivan, así les van las ayudas a los dependientes y sus familias.
Las ayudas a la
Dependencia no son caridad sino un
derecho reconocido legalmente, aunque más reciente que otros y sin
la financiación suficiente. Pero también es más barato: podría
prestarse bien con unos 8.000 millones al año (en 2013 serán 6.255
millones), frente a los 121.500 millones de las pensiones, los 60.000
millones de la Sanidad, los 46.000 de la Educación o los 29.500 del desempleo.
Y además, el coste en Dependencia tiene
un
amplio retorno (se recupera el 45% de la inversión,
con impuestos y cotizaciones) y crea
mucho empleo (invertir 10.000 millones crearía 1 millón de empleos, según la
CEOE).
Pero no es sólo que
invertir en Dependencia sea barato y rentable: es que estamos moralmente
obligados con nuestros mayores y discapacitados, los eslabones más débiles de la sociedad.
Ahora son 3 millones, pero para 2050, con una población
envejecida, serán ya 7 millones de
dependientes, según
el CSIC. Hay que asegurar su cuidado y financiarlo de forma
estable, buscando recursos suficientes a medio plazo, con impuestos, cotizaciones y copago, en paralelo con la reforma
de las pensiones. Porque un derecho sin recursos es papel mojado. Se lo
debemos a nuestros mayores. Antes
de que se mueran.
