Las jubilaciones anticipadas, en mínimos

En España, era normal hasta hace poco jubilarse antes de tiempo: hace 20 años, se jubilaban anticipadamente casi la mitad de los jubilados y el 40% en 2019. Pero los distintos Gobiernos, tanto Zapatero (2011) como Rajoy (2013) y Sánchez (en 2021) tomaron medidas para frenar estas jubilaciones anticipadas, que aumentan el déficit de la Seguridad Social. Y este año, han bajado ya al 34,5%, el porcentaje más bajo del siglo. Y aún se van a frenar más, tras aprobarse incentivos para que los trabajadores se jubilen más tarde de la edad legal (hoy 66 años y 4 meses, 67 años en 2027). Pero siguen pendientes 2 problemas. Uno, qué hacemos con los 819.500 parados mayores de 50 años, que hoy esperan 15 años para jubilarse cobrando 480 euros de paro, una forma de “subvencionar” su no jubilación anticipada. Y la otra, aprobar una nueva jubilación parcial de los trabajadores mayores (retirarse horas o días), para rejuvenecer plantillas y dejar paso a los jóvenes. Dos reformas  pendientes.

                 Enrique Ortega

En la mayor parte de este siglo XXI, casi la mitad de los trabajadores se han jubilado antes de tiempo. El récord se dio en 2004, cuando se jubilaron anticipadamente el 49,6% de los jubilados. Y después se mantuvo un alto porcentaje, hasta el 40,5% en 2011. España se lo podía permitir, porque la Seguridad Social tenía superávit (+2.444 millones en 2010). Pero en 2011, aumentaron las jubilaciones y los nuevos jubilados se retiraban con pensiones más altas, tras haber cotizado por salarios mayores. Y con ello, la SS entró “en números rojos”, con un déficit creciente desde 2011 (-487 millones, el 0,06% del PIB) al déficit  récord de 2016 (-18.536 millones, el 1,7% del PIB), para bajar después (-11.096 millones en 2021, el 0,9% del PIB) y hasta hoy (-7.160 millones, el 0,5% del PIB en 2022 y casi el mismo déficit previsto para este año 2023). Son 13 años de déficit de la SS.

Con este “agujero”, todos los Gobiernos han tratado de recortar la factura de las jubilaciones. Primero fue el Gobierno Zapatero quien aprobó, en julio de 2011, una primera reforma de las pensiones, apoyada por los sindicatos, la patronal, el PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía recortes para que España evitara el rescate europeo. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto en pensiones con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años para 2027), elevar el periodo cotizado exigible para recibir el 100% de la pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años (de 35 a 38 años y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 a 25 años en 2022).

La segunda reforma de las pensiones la aprobó el Gobierno Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario (sin apoyos sociales ni de la oposición), con Bruselas también vigilante en plena época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que subieron un +0,25% entre 2014 y 2017. Y la introducción de un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050), aunque Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV, y retrasar su entrada en vigor (de 2019 a 2023). Pero no tocó las jubilaciones anticipadas, que volvieron a subir (del  38,3% en 2013 al 43,3% en 2018 y al 40% en 2019 (como en 2002).

La tercera reforma de las pensiones la promovió el Gobierno Sánchez, en octubre de 2020, al conseguir que una mayoría política (apoyo de todos los partidos, salvo VOX y la abstención de ERC y Bildu)  y social ( apoyo sindicatos y patronal) aprobara en el Pacto de Toledo (Congreso) 22 medidas de reforma, que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS los gastos impropios (y financiarlos con los Presupuestos), una subida extra de las cotizaciones del +0,6% (para recuperar “la hucha de las pensiones, vacía) y acercar la edad de jubilación real a la oficial. Para desarrollar esta última medida, el Gobierno Sánchez aprobó, a finales de 2021, penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar a los que se jubilen más tarde.

Esta 2ª fase de la reforma de pensiones de  2020 entró en vigor el 1 de enero de 2022 y supuso  un gran cambio en las jubilaciones anticipadas, con 2 medidas, “el palo” y “la zanahoria”. El “palo” es que se desincentivan las jubilaciones anticipadas, al establecer recortes en su pensión a los que se jubilen antes de la edad legal (64 años y 6 meses, en 2023, si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, y 65 años si ha cotizado más, una edad que subirá cada año hasta los 67 años en 2027). Si alguien cumple los requisitos de cotización y edad, podrá jubilarse hasta 2 años antes (a los 63 años si ha cotizado más de 37 años y 9 meses y a los 64 años y 4 meses si ha cotizado menos), pero perderá una parte importante de su pensión de jubilación, según lo que haya cotizado y según los meses antes que ser retire (ver aquí tablas de deducción): perderá un -21% de jubilación si se retira 2 años antes, un -5,5% si lo hace 1 año antes, un -4% si se jubila 6 meses antes, -3,5% en caso de faltarle 3 meses y un -3,2% si le falta un mes (y entre el -19 o -13% máximo y un -3,11 y -2,81 % mínimo si ha cotizado entre 38 y 41 años y 6 meses o más de 44 años y 6 meses).

Así que sigue siendo posible jubilarse antes (hasta 2 años antes), siempre que se haya cotizado lo suficiente, pero se pierde una parte importante de la jubilación el resto de la vida. Un ejemplo: un trabajador con 40 años cotizados, si se jubila a los 65 (podría) cobrará 1.700 euros de jubilación. Pero si se jubila a los 63, cobraría 1.377 euros (-19%) cada mes. Y si vive 20 años, habrá perdido 90.440 euros de pensión… Un “palo” importante, como para jubilarse antes (los despedidos pueden jubilarse 4 años antes de la edad legal).

La “zanahoria” es que el Gobierno Sánchez aprobó, en paralelo a estos recortes, unos incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación, hasta un máximo de 10 años. Son 3 incentivos, para que el trabajador elija (ver cuadro). La 1ª opción (la que se aplica si el trabajador no elige otra), supone cobrar un 4% más de base reguladora de la pensión cada mes por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal (65 o 66 años y 6 meses, según lo cotizado). Eso supone entre 40 euros y 113 euros más al mes por cada año de retraso (según lo que uno cotice) en la jubilación futura. La 2ª opción es cobrar una cantidad fija, un “cheque”, al jubilarse con retraso, una cantidad que oscila entre los 6.000 y 12.000 euros por año de retraso (según lo que se cotice). Y la tercera opción, la mixta, es una combinación de ambas: 2% de aumento mensual y una cantidad fija.

De momento, “la zanahoria” está empezando a funcionar y en 2022, un 5,4% de los nuevos jubilados optaron por retrasar su edad de jubilación, según el ministro Escrivá, quien explicó que estos jubilaciones recibirán un incentivo medio de 30.000 euros, aunque algunos llegarán a cobrar un incentivo de hasta 120.000 euros. El Gobierno Sánchez ha comunicado a Bruselas que espera que 500.000 jubilados retrasen su jubilación cada año, lo que supondrá un gran ahorro para la Seguridad Social, dado que por cada año que se retrase la edad real de jubilación (ahora, en septiembre de 2023, está en 65 años y se confía en dejarla en 66,6 años para 2030), la SS se ahorra 14.000 millones anuales.

Con todas estas medidas, se consiguió frenar las jubilaciones anticipadas en 2022 (el 37,3% de las jubilaciones, frente al 40% en 2019) y en 2023: suponen el 34,53% de las jubilaciones hechas de enero a septiembre, el porcentaje más bajo de este siglo. Han sido 82.637 jubilaciones anticipadas (de un total de 239.305 jubilaciones), 7 de cada 10 solicitadas por hombres, que suponen el 57% de los jubilados totales (eso se debe a que las mujeres tienen carreras de cotización más cartas y sueldos más bajos, por lo que no se pueden permitir jubilarse anticipadamente y perder parte de una pensión que es un 31,65% inferior a la de los hombres (1.080 euros frente a 1.580 euros la jubilación media en octubre). Y así, la edad real de jubilación ha subido de 64,4 años en 2019 a 65 años en 2023.

A pesar de esta mejora en las jubilaciones, quedan dos importantes temas pendientes El primero, qué hacemos con los parados mayores de 50 años, que no encuentran trabajo y a los que quedan muchos años para poder jubilarse. A finales de septiembre estaban parados 819.000 personas con más de 50 años, según la EPA, casi el 30% de todos los parados. Y de ellos, 229.400 parados tenían más de 60 años. Estos parados mayores tienen un serio problema para encontrar empleo, pero no tienen la edad para jubilarse, les faltan muchos años (hasta 15 y 17 años algunos). ¿Qué pueden hacer? Pues lo que hacen: buscar trabajo, malvivir con “chapuzas” (economía sumergida) y apuntarse al paro para cobrar algo hasta que se les acaba el desempleo. Y luego, si tienen más de 52 años, cobrar un desempleo asistencial de 480 euros al mes hasta que se jubilen. Eso si cumplen 3 requisitos: haber cotizado al desempleo durante al menos 6 años, estar registrado en las oficinas de paro (y no rechazar trabajos “adecuados” ni cursos de formación) y presentar cada año una declaración de rentas para justificar que ni ingresan más de 1.080 euros.

Hasta 2019, este paro asistencial a los mayores sólo lo recibían los mayores de 55 años. En marzo de 2019, el anterior Gobierno Sánchez rebajó  la edad para recibir este subsidio a los 52 años. Y además, mejoró lo que el Estado cotiza por ellos, ahora el 125% de la base mínima de cotización. En septiembre de 2023, 433.888 parados mayores de 52 años cobraban este “subsidio asistencial” (480 euros al mes), según los datos del SEPE, sólo algo más de la mitad de los parados mayores de 50 años (819.500). Y su futuro es siniestro: esperar entre 11 y 17 años (según los años cotizados) para poder jubilarse a la edad legal...

En realidad, lo que se hace es “subvencionar” a estos mayores para que no se jubilen anticipadamente, ya que no pueden. Ahora que el Gobierno Sánchez ha prometido a Bruselas una reforma de los subsidios de paro (somos el 2º país que más gasta en desempleo, tras Francia, y no conseguimos que los parados encuentren trabajo), sería un buen momento para estudiar qué se hace con los parados mayores de 52 años. Habría que pensar en jubilar anticipadamente a una parte de ellos, por ejemplo a los parados mayores de 60 años (229.400), que tienen casi imposible trabajar. La medida tendría un coste adicional, para asegurarles una pensión “decente”, pero su situación actual es insostenible. Y para el resto de parados mayores, fomentar su reciclaje y las ayudas para recolocarlos.

La otra reforma laboral pendiente es la de la jubilación parcial, la que puede solicitar un trabajador (a partir de los 60 años) para cambiar su contrato por uno a tiempo parcial (con una reducción de jornada del 25 al 50%, e incluso del 75% si al que le releva le hacen un contrato indefinido a tiempo completo ), ligado o no a la contratación de un joven (contrato de relevo), con lo que la empresa le paga un sueldo (menor) y la Seguridad Social una pensión complementaria. Esta jubilación parcial ha perdido “fuelle” en España, pues subió de  23.804 jubilaciones parciales en 2014 a 35.363 en 2018 (el 10,77% de todas las jubilaciones), para bajar después a 25.131 jubilaciones parciales en 2022 (el 7,66% del total) y 18.519 este año 2023 hasta septiembre (7,7%).

Sindicatos y patronal están de acuerdo en promover la jubilación parcial (lo incluyeron en el 5º Acuerdo para la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023), dado el creciente envejecimiento de las plantillas (4,4 millones de trabajadores actuales tienen más de 55 años, 1 de cada 5 ocupados, y casi 2 millones de ellos tienen más de 60 años) y el abultado paro juvenil (856.400 jóvenes menores de 30 años están sin trabajo, el 30% de todos los parados). Habría que buscar una vía para que los más mayores fueran dejando su puesto (y enseñando) a los más jóvenes, sin perder ingresos. El Gobierno Sánchez se comprometió con sindicatos y patronal a reformar la jubilación parcial antes del 30 de junio de 2023, pero luego se convocaron elecciones y no se pudo hacer. El tema polémico es que, con el sistema actual, las empresas cotizan lo mismo por el trabajador mayor que reduce su jornada y se jubila parcialmente, lo que desincentiva que empresas (y el sector público, que apenas lo utiliza) lo hagan.

En resumen, que los españoles ya no se jubilan anticipadamente como antes, porque las distintas reformas de las pensiones se lo han puesto más difícil, lo que es bueno para las cuentas de la Seguridad Social. Pero los que pueden seguir trabajado después de los 65 (o de los 67), ahora tienen incentivos para hacerlo y mejorar así las cuentas de las pensiones. Eso sí, tenemos 2 problemas que afrontar: qué hacemos con los parados mayores que todavía no pueden jubilarse y cómo ayudamos a las empresas para que rejuvenezcan sus plantillas, en ayuda de los jóvenes. Dos retos claves para el próximo Gobierno Sánchez.

Pensiones: más agujero y urgente reforma

La pandemia ha destrozado las cuentas de la Seguridad Social: se han desplomado los ingresos por cotizaciones y se han disparado las ayudas. El déficit de la SS ha crecido un 38% y las pensiones tendrán este año un “agujero” de -22.871 millones. Y si no se hace nada, tendremos ese déficit los próximos tres años, por las secuelas del coronavirus. Si ya antes había que reformar las pensiones, porque las cuentas no salían, ahora urge esa reforma. El Gobierno la ha propuesto en dos fases. Primero, quitar a las pensiones 22.871 millones de gastos “impropios” (prestaciones que no debería pagar) y cargarlos a los Presupuestos. Y luego, ya sin déficit, buscar más ingresos y menos gastos, retrasando la edad real de jubilación (que está en 64,6 años). Pero no es suficiente. Hay que pactar una reforma a fondo, que aumente ingresos y atempere el gasto, porque habrá  15 millones de pensionistas en 2050. Y porque el sistema debe asegurar también las pensiones de nuestros hijos. 

 

El coronavirus no sólo se ha cebado sobre los mayores sino que ha destrozado aún más las cuentas de las pensiones. Desde marzo, los ingresos de la Seguridad Social se han desplomado, al haber ahora menos españoles cotizando (había 755.000 afiliados menos a finales de agosto que a principios de marzo) y al haberse perdonado cotizaciones a las empresas en ERTEs (hasta 3,4 millones en marzo y abril) y a los autónomos (1,2 millones). Y en paralelo, la SS ha tenido más gastos, tanto en desempleo (556.767 parados más) como con esos trabajadores en ERTEs y autónomos cobrando parte de su sueldo y todas las ayudas vinculadas al COVID 19. El resultado es que este año 2020, la Seguridad Social espera un déficit de -22.191 millones de euros (2% del PIB), frente a los -16.052 millones de déficit (1,3% del PIB) con que se cerró 2019. Y el agujero sería mucho mayor de no ser por los 14.500 millones que el Estado ha aportado a la SS para cubrir parte de las ayudas de la pandemia.

El problema es que llueve sobre mojado, que este déficit extraordinario se suma a 10 años de déficit creciente de la Seguridad Social (ver gráfico déficit SS): -2.433 millones en 2010, -1.063 en 2011, más de -10.000 millones en 2012,2013 y 2014, -13.038 millones en 2015 y sobre -17.000 millones de déficit en 2016, 2017 y 2018, para acabar con -16.052 millones en 2019. En total, un “agujero” acumulado de -116.642 millones de euros en los últimos 10 años, que se ha “tapado” con deuda, aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero). Y ahora, con la pandemia y la recesión que acarrea, el Gobierno prevé que el déficit suba hasta  -30.000 millones en 2021 (2,5% del PIB) y se mantenga en -20.000 millones en 2022 y 2023. Un agujero insostenible para las cuentas públicas y que pone en grave riesgo el sistema de pensiones.

Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte presionan a España para que reforme cuanto antes las pensiones. En septiembre, los diputados integrados en el Pacto de Toledo han iniciado sus debates para perfilar una nueva reforma (tras la de 2011 de ZP y la de 2013 de Rajoy), que deberían haber aprobado hace años. Y allí, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó el pasado 9 de septiembre (ver aquí su intervención íntegra), las bases de una reforma, en dos fases. Reforma que el Gobierno quiere pactar con los demás partidos y con las fuerzas sociales, para aprobarla a lo largo de 2021.

La primera fase de la reforma sería descargar a la Seguridad Social de una serie de gastos “impropios”, partidas que pagan las cotizaciones sociales pero que debería pagar el Estado vía Presupuestos (con impuestos). La lista es larga y costosa (ver documento): subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas de autónomos y reducciones de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado hijos (2.953 millones), pago complemento de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), costes extras cálculo pensiones (788) y gastos de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Social (3.911 millones), que se paga con cotizaciones en vez de financiarlo el Presupuesto (como los demás Ministerios). En total, 22.871 millones de euros, el equivalente al déficit de la SS previsto para este año.

La propuesta  del ministro Escrivá es cargar estos gastos al Presupuesto del Estado y descargar así a la SS y a las pensiones de estos costes “impropios”. Es un “apaño contable”, cambiar quien paga las partidas, porque pagarlas hay que pagarlas. Eso sí, liberaría a la SS de su déficit y las cotizaciones podrían ir a pagar sólo las pensiones. La idea es empezar a hacerlo ya en el próximo Presupuesto 2021: que una parte de esos 22.871 millones se financien con impuestos y dejen de lastrar a las pensiones. El problema  es de dónde sacar ingresos públicos para asumir parte de esta factura, dado que la pandemia va a multiplicar los gastos del Presupuesto de próximo año y no se podrán subir mucho los impuestos.

Supongamos que se puede hacer y que en varios años se descarga a la SS de ese lastre de “gastos impropios”, de esos 22.871 millones. Eso permitiría afrontar el futuro sin déficit. Pero si no se hacen reformas, el “agujero” surgiría y aumentaría enseguida, porque el problema de fondo de las pensiones es que el gasto crece más deprisa que los ingresos: cada vez hay más pensionistas, con pensiones más altas y que hay que revalorizar cada año, mientras el empleo y los cotizantes crecen menos y además el nuevo empleo es muy precario, con bajos sueldos y cotizaciones. Y encima tenemos un país muy envejecido, con alta esperanza de vida, por lo que las casi 10 millones de pensiones de hoy serán 15 millones en 2050. Y la población apenas crece y lo mismo el empleo, con lo que los cotizantes crecerán menos que los pensionistas: si hoy hay 3 españoles trabajando para pagar 1 pensión, en 2050 habrá 2 trabajando. Y ese es el problema de fondo, que exige una reforma en profundidad de las pensiones, no solo ajustes contables para cambiar los costes de sitio.

Para afrontar este futuro, el ministro Escrivá plantea una segunda fase de reforma de las pensiones, consistente en aumentar ingresos y reducir costes. Por un lado, plantea que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales, ya que el 85% cotiza ahora por sus bases mínimas. Y no se descarta subir algunas cotizaciones, sobre todo las de los sueldos más altos (hoy “topadas”). Eso sí, también se contemplan más gastos, porque el Gobierno defiende una revalorización de las pensiones con el IPC, abandonando el sistema que aprobó la reforma de Rajoy (las pensiones se revalorizarían según las cuentas de la SS: como hay déficit, no más del 0,25% en los últimos años de su Gobierno). Y además, el Gobierno quiere que este compromiso, revalorizar las pensiones con la inflación, se incluya en la Ley de Seguridad Social, para que todos los Gobiernos la tengan que aplicar.

La gran “baza” de la reforma que propone Escrivá es aumentar la edad real de jubilación, que los españoles se jubilen más tarde: teóricamente, la edad legal será de 67 años en 2027 y este año 2020 es ya de 65 años y 8 meses, pero la edad real de jubilación es de 64,6 años en 2020 (de enero a julio), según la última estadística de la Seguridad Social, porque muchos españoles  (el 37,6% este año) se jubilan anticipadamente. El ministro Escrivá señala que subir 1 año la edad real de jubilación (de 64,6 a 65,6) supondría un ahorro anual de 15.000 millones de euros para el sistema de pensiones, porque aumenta el ingreso por cotizaciones y reduce el coste de las pensiones. Para lograrlo, propone aprobar dos medidas complementarias. Una, incentivar que los españoles se jubilen más tarde, algo que hoy no hacen porque tampoco les compensa mucho. De hecho, la bonificación que se concede en España por retrasar la jubilación es de sólo un 2%, frente al 10,4% en Reino Unido, el 6% en Alemania o el 5% en Francia. Y la otra medida sería penalizar más las jubilaciones anticipadas, corrigiendo lo que pasa ahora: que la penalización a los sueldos altos es del 2% y a los sueldos medios y bajos del 6,5% al 8%, lo que resulta regresivo. Por eso, el Gobierno está pensando sobre todo en penalizar las jubilaciones anticipadas más altas.

Esta propuesta, aumentar la edad real de jubilación, ha sido ya criticada en el seno del propio Gobierno, por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), que cree que sería una forma de “quitar empleo a los jóvenes”. Algo que no es cierto (como tampoco que las mujeres o inmigrantes “quiten el trabajo” a los hombres), porque el mercado de trabajo no es un juego de suma cero sino que un aumento del empleo de los mayores provocaría un mayor consumo y crecimiento y más empleo para todos, como han demostrado varios estudios hechos recientemente en EEUU, Reino Unido y en 22 paises del mundo. Lo que necesita España no es “repartir” el trabajo escaso sino aumentar el empleo, porque aquí trabajan menos personas que en Europa: trabajan un 68% de los españoles (20-64 años), frente al 73,1% de media en la UE-27, el 82,1% en Suecia, el 80,6% en Alemania o el 80,1% en Holanda, por ejemplo, según Eurostat. Eso significa que hay 1.500.000 españoles menos trabajando de los que deberían si tuviéramos la tasa de empleo europea. Por eso, porque trabajamos menos gente (y trabajamos peor, con menos productividad) somos más pobres que la media europea. Aquí tendría que trabajar más gente (mayores y jóvenes), no menos.

Y la última baza de esta reforma que defiende el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que en España tienen poco peso (sólo los tienen 2 millones de trabajadores, según INVERCO) frente a otros paises (como Alemania, Austria o Reino Unido). No creen que haya que apoyar los planes de pensiones privados individuales, porque las ayudas fiscales (1.100 millones anuales) son  utilizadas en un 70% por las rentas más altas y los mayores, no por la mayoría de españoles ni los jóvenes. El objetivo es promover que estos planes de pensiones de empresa (pagados por las compañías y sus trabajadores) se pacten más en los convenios, cubran a trabajadores jóvenes (como complemento de su pensión pública) y tengan más ayudas fiscales.

Toda esta estrategia de reforma de las pensiones puede ser un buen punto de partida, pero es insuficiente a medio plazo. Porque el desajuste de fondo, entre ingresos y gastos, no se corrige sólo con aumentar un año la edad real de cotización. Hay que hacer un reajuste más drástico, con la vista puesta en 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Y para conseguirlo, los expertos recomiendan actuar en varios frentes. Por un lado, “atemperar” el gasto en pensiones, no recortarlo sino que crezca menos, con medidas como  aumentar los años de cómputo de cotizaciones (hasta llegar a toda la vida laboral) y los años exigidos para jubilarse con el 100% de la pensión. Y por otro, tratar de aumentar los ingresos, con una subida  de cotizaciones, que son ligeramente más bajas (35,4%) que en Francia (35,5), Alemania(36%) o Italia (37%), sobre todo la parte de los trabajadores (mejor que coticen más que se tengan que pagar un plan de pensiones privado, con altas comisiones y baja rentabilidad).

Y a corto plazo, el debate va a estar en cuánto se revalorizan las pensiones en 2021. Algunos, como los expertos de FEDEA plantean congelar las pensiones el año que viene, salvo las mínimas, porque eso ahorraría 2.500 millones. Pero lo más lógico sería que subieran como la inflación prevista para 2021, un 1%. Eso sí, hay que seguir gastando en subir las pensiones mínimas, porque 1 de cada 8 pensionistas (1.091.454) reciben menos de 600 euros al mes de pensión. Y corregir en unos años el hecho  de que más de la mitad de los pensionistas (4.831.416) cobren menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las últimas estadísticas de la Seguridad Social.

Este otoño y todo el año 2021, las pensiones van a ser uno de los centros del debate político y económico, porque son el mayor gasto del país (140.000 millones al año) y la recuperación tras la pandemia va a obligar a fijar prioridades. Y Europa presiona para que hagamos una reforma, argumentando que el gasto en pensiones “es inasumible”. No es verdad, porque gastamos en pagar pensiones menos que Europa: un 10,9% del PIB en 2019, frente al 12,4% de media en la UE-27 y mucho menos que Italia (16,8%), Austria (14%), Francia (13,9%) o Finlandia (13,5%), aunque más que Alemania (9,5%) o Portugal (8,1%), según datos del Ministerio de SS. El problema es el futuro, porque somos el país más envejecido de Europa y en unas décadas tendremos más jubilados y pocos trabajadores.

Por eso hay que buscar ya nuevas vías de ingresos (cotizaciones e impuestos) y nuevas vías para “atemperar el gasto”, no recortando las pensiones que están en mínimos o no superan el salario mínimo sino consiguiendo que crezcan menos las pensiones futuras, teniendo en cuenta que se van a cobrar durante más años (20 y más). Y sobre todo, si tenemos en cuenta que las nuevas pensiones españolas son “más generosas” que las de otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, la pandemia y la grave recesión que ha provocado obligan a acelerar la reforma de las pensiones, que ya era urgente antes. Y hay que hacerlo sin demagogias, con datos reales y medidas eficaces, no electoralistas. El futuro de las pensiones es un problema complejo y exige soluciones complejas, no simplificaciones populistas. Y no vale con pensar sólo en esta Legislatura, hay que reformar pensando en 2050 y después, no sólo en asegurar nuestras pensiones sino también las de nuestros hijos y nietos. Porque las decisiones que tomemos ahora, si solo pensamos en nuestras pensiones, pueden poner en peligro las suyas. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Reformar con la vista puesta en el futuro.

Menos nuevos jubilados y más mayores

El año 2019 termina con dos novedades en las pensiones: las nuevas jubilaciones han crecido menos que ningún año desde 2006 y los pensionistas se jubilan más tarde que nunca, a los 64 años y 5 meses. Se debe a una caída de las jubilaciones anticipadas y a que los nuevos jubilados esperan para no sufrir recortes. Con todo, la factura de las pensiones ronda los 10.000 millones mensuales y, aunque han subido los ingresos por cotizaciones, no llegan: en 2019, la Seguridad Social tendrá otro agujero de -17.109 millones, similar al de los 4 años anteriores. El déficit hace acuciante la reforma de las pensiones, pero sobre todo este dato, fruto de la caída de nacimientos al nivel de 1941: si hoy tenemos 3,26 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 serán sólo 1,24 activos por 1 mayor, según la OCDE. Eso obliga a atemperar el gasto en pensiones y buscar más ingresos. Urge pactar una reforma en 2020.

enrique ortega

En España hay muchos pensionistas, 8,88 millones (1 de cada 5 españoles), pero 2019 ha sido el año en que menos han crecido desde 2015: sólo crecieron en 76.189 hasta finales de noviembre (8.882.933 pensionistas), mucho menos que en todo 2018 (+101.037), según los datos de la Seguridad Social. Y lo mismo ha pasado con el número de pensiones: han crecido en 87.990 hasta noviembre (9.784.262 pensiones), mucho menos que en todo 2018 (+114.502). Y las pensiones de jubilación, que suponen dos tercios de todas las pensiones, han crecido sólo en 76.751 hasta noviembre (6.076.942), un aumento del 1,65%, el más bajo desde 2015 y 2009.


Las pensiones y pensionistas crecen menos porque en 2019 se han solicitado menos pensiones nuevas que en años anteriores: 476.364 nuevas pensiones hasta noviembre, un 5,22% menos que el año pasado (+586.286 nuevas pensiones en todo 2018) y la mayor caída en la solicitud de pensiones desde 2006. Esto se debe, sobre todo, a que han caído las jubilaciones (256.000 hasta noviembre frente a 328.000 en todo 2018), un -8,20%, la mayor caída desde 2006, aunque también las solicitudes de pensiones de viudedad (114.523 hasta noviembre frente a 135.000 en todo 2018), un -3,24%, y las de orfandad (-0,50%), mientras crecen pensiones por incapacidad permanente (+2,65%), según la SS.


Hay menos jubilaciones porque han caído sobre todo las jubilaciones anticipadas, que son ahora el 40% del total: si en 2018 se jubilaron 141.093 personas con menos de 65 años, en 2019 se han jubilado (hasta finales de noviembre) 102.345. Las otras jubilaciones “normales” (con 65 años y más), que suponen el 60% del total, también han caído pero menos: de 187.066 en todo 2018 a 153.692 hasta finales de noviembre de 2019, según la SS. 


La razón de que crezcan menos las pensiones, los pensionistas y los jubilados es triple. Por un lado, en diciembre de 2018 hubo una avalancha de jubilaciones anticipadas, porque muchos españoles temían que no se prorrogaran las condiciones ventajosas para jubilarse que había hasta el 1 de enero de 2019. El 28 de diciembre, tres días antes del fin de año, el Gobierno Sánchez aprobó la prórroga, pero ya muchos se habían jubilado anticipadamente. Por otro lado, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó otro decreto por el que ampliaba y mejoraba el subsidio a los parados de más de 52 años (antes 55), con lo que más de 100.000 parados mayores podían seguir trabajando hasta llegar a la edad legal de jubilación (antes, se les obligaba a jubilarse anticipadamente). Y en tercer lugar, muchos mayores esperan a jubilarse a los 65 años para no sufrir recortes en la pensión.


Además, muchas empresas no tienen prisa por jubilar a sus trabajadores, aunque desde diciembre de 2018 pueden obligarles a jubilarse al llegar a la edad legal (en 2019: 65 años para los que han cotizado 36 años y 9 meses o más y 65 años y 8 meses para el resto). Pero para aplicarlo, antes debe incluirse en convenio y muchas empresas no lo han hecho, también por la reticencia de los trabajadores, que, si están bien, prefieren seguir trabajando antes que jubilarse y perder un 12% de su sueldo (o más, por pluses e incentivos).


Por unas cosas o por otras, el aumento de pensiones y pensionistas es menor y se han reducido las jubilaciones anticipadas, como pretendía la reforma de pensiones aprobada por Zapatero en 2011. Eso explica también el otro cambio de 2019, que los nuevos pensionistas se jubilan más tarde, más mayores: la edad real de los jubilados en 2019 ha sido de 64 años y 5 meses, casi dos meses y medio más mayores que en 2018, la edad más elevada en que se han jubilado nunca los españoles (al menos desde 2005 en que existen registros), según la Seguridad Social.  Los datos revelan que las mujeres se jubilan más tarde (64 años y 11 meses) que los hombres (64 años y 1 mes), debido a que tardan más en cumplir los requisitos y porque sus pensiones son un tercio más bajas. Y la edad real de jubilación también varía por ramas de actividad: la más baja se da en la minería (57 años y 10 meses) y la más alta en los autónomos (65 años y 9 meses), también porque cotizan menos y su pensión final es más baja (además, los autónomos no pueden jubilarse anticipadamente).


A pesar de que haya menos pensiones nuevas, el gasto en pensiones sigue subiendo y en noviembre, la factura ha batido otro récord histórico: 9.784,26 millones de euros, un tercio más que en 2009 (pagar las pensiones costaba 6.537 millones), aunque el aumento del gasto es sólo del 1,13% anual, el más bajo de los últimos ejercicios. Y eso, porque está haciendo efecto la reforma de las pensiones de 2011, que pretendía “frenar el gasto”.

La factura de las pensiones crece porque hay más pensiones que pagar (aunque crezcan menos), con una revalorización del 1,6% (y el 3% las mínimas), y porque los nuevos pensionistas tienen derecho a pensiones más altas. Pero las nuevas pensiones de jubilación bajan desde 2015, por efecto de la reforma de pensiones de 2011: si en 2008, la pensión nueva de jubilación fue de 1.051,70 euros y subió a 1.202,07 en 2011 y a 1.392,44 en 2015, cayó en 2016 (por el aumento de jubilaciones anticipadas y el mayor cómputo de años de cotización), a 1.332 euros (-0,79%), en 2017 a 1.318 euros (-1,04%), en 2018 a 1.311,23 euros (-0,55% y más en 2019, a 1.305,62 euros en octubre (-1,82%), según los datos de la Seguridad Social. Con esta menor subida, la pensión media de jubilación que se paga (viejas y nuevas) es de 1.142,67 euros al mes, aunque hay muchas diferencias por regiones: 1.236,91 euros se pagan en el País Vasco, 1.173 en Asturias y 1.169 en Madrid, frente a 828,73 euros en Extremadura, 845,12 en Galicia, 876,90 en Murcia y 891,55 euros en Extremadura. Es el fruto de sueldos y contratos diferentes en sectores distintos.


Al final, aunque el gasto en pensiones crezca ahora menos, eso no arregla el déficit de la Seguridad Social, porque los ingresos por cotizaciones son insuficientes, aunque otra novedad de 2019 es que han crecido más que nunca desde 2008: un +8% de enero a octubre (103.203 millones ingresados por cotizaciones), gracias a que este año han subido algo más los salarios, mucho el salario mínimo (+22,3%) y también el empleo, a la vez que el Gobierno Sánchez subió algunas cotizaciones y a los autónomos.

Pero esta mejora de cotizaciones es insuficiente y el Gobierno comunicó a Bruselas en octubre que espera un déficit de la Seguridad Social de -17.109 millones en 2019, casi como el de 2018 (-17.369), 2017 (-16.775 millones) y 2016 (-17.720 millones). Y será ya el 10º año consecutivo de déficit de la SS, un “agujero” acumulado de -118.000 millones de euros desde 2010, tras 11 años de superávit continuo desde 1999 (ver gráfico). Para “tapar” estos déficits continuados, los Gobiernos han tirado de la hucha de las pensiones (de 66.815 millones en 2011 quedan ahora sólo 1.500 millones) y han hecho distintos préstamos del Tesoro a la Seguridad Social, que cerrará el año con 54.833 millones de deuda. 


La situación de las pensiones es preocupante, porque año tras año generan un abultado déficit, que hay que financiar. Pero el problema se va a agravar en las próximas décadas, a partir de 2027, cuando se jubilen las generaciones del “baby boom” (nacidas entre 1960 y 1975). La consecuencia será que los 9,88 millones de pensiones actuales se convertirán en 15 millones de pensiones para 2050. Y será todavía más difícil pagarlas que hoy, porque la población joven se reduce (el número de nacimientos en la primera mitad de 2019, 170.074 niños, ha sido el más bajo desde 1941, según el INE) y el empleo no crecerá tanto como los mayores, no superará los 20 millones de españoles trabajando para 2050 (hoy hay 19,87), según estima la Comisión Europea.


Consecuencia: el problema de las pensiones en España se va agravar en las próximas décadas, según alertó la OCDE a finales de noviembre con este dato: si hoy, en España hay 30,6 mayores de 65 años por cada 100 españoles en edad de trabajar, en 2050 habrá 77 mayores por cada 100 activos. A lo claro: si hoy tenemos 3,26 españoles en edad de trabajar por 1 mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,29 activos por cada pensionista. Y así no salen las cuentas. El tema es tan serio que España será en 2050 el 2º país del mundo con peores cuentas, sólo detrás de Japón (tendrá 1,28 activos por mayor), según el informe “Panorama de las pensiones 2017”, que analiza 40 paises. En Europa, en 2050 estarán casi tan mal como nosotros (muchos viejos y pocos trabajando) Grecia (1,36 activos por mayor), Portugal (1,37) e Italia (1,38). Y mejor, Reino Unido (2,08 activos por mayor), Francia (1,91) y Alemania (1,69), con una media europea de 1,79 activos por mayor de 65 años (UE-28), según la OCDE.


El dato es espeluznante y debería obligar a nuestros políticos a acelerar la reforma de las pensiones, aunque no parecen tener prisa. Pero indica claramente que la reforma es urgente y que no basta con retoques. Hay que actuar en varios frentes: fomentar la natalidad (conseguir al menos 100.000 nacimientos más al año en una década), aumentar el empleo (tenemos1,8 millones menos de personas trabajando que la media de empleo en Europa), mejorar salarios e ingresar más por cotizaciones (aumentando algo todas y subiendo las de los sueldos altos y las de los autónomos, que cotizan poco en España, como denuncia el informe de la OCDE) y dedicar una parte de los impuestos (recaudando más) a pagar las pensiones. Pero aún con todas esas medidas, es obligado proponer otra que no gusta a nadie: “atemperar” el gasto en pensiones, lo que obliga a contener y moderar las pensiones iniciales y a subirlas poco (salvo las mínimas), dado que ahora se van a tener que pagar durante 22 años o más (la gente vivirá hasta los 88 años y más). Y si no lo hacemos, el problema lo tendrán nuestros hijos y nietos.


El último informe de la OCDE refleja un problema del que nadie quiere hablar, pero que es un hecho: comparativamente, las pensiones en España son más altas que en la mayoría de paises. El dato de la OCDE es concluyente: las pensiones suponen aquí de media (para un trabajador con un salario medio y carrera laboral completa, no para los muchos “precarios”) el 84,3% del último salario que cobraba, frente a un 63,5% de media del último salario que suponen en Europa (UE-28) o el 58,6% de media en los 36 paises de la OCDE. Sólo en Turquía (93,8%), Italia (el 91,8% del último salario), Austria (89,9%), Portugal (89,6%) o Hungría (84,3%) la pensión es más “generosa” que en España, siendo peor en Holanda (80,2%), Francia (73,6%), Dinamarca (70,9%), Bélgica (66,2%), Suecia (53,4%), Alemania (51,9%), Grecia (51,5%), EEUU (49,4%), Japón (36,8%), Polonia (35,1%) y Reino Unido (28,4% del último sueldo).


En definitiva, que si pensamos que las pensiones españolas son bajas (muchas lo son: un tercio reciben menos de 650 euros al mes), es porque hemos cotizado por sueldos bajos, ya que el sistema es más generoso que en la mayoría de Occidente. Otro dato lo corrobora, este de la española FEDEA: los que cotizan 37 años se pagan con ello 13,2 años de la pensión media. Así que si viven más y cobran 8 años más de pensión (21-22 años, la media), son años que cobran sin haber cotizado por ellos. 


No se trata de recortar las pensiones sino de que el gasto crezca menos, para asegurar que el sistema no quiebre en el futuro. Eso implica un conjunto de medidas para “atemperar” el gasto en pensiones: aumentar la edad “real” de jubilación (de los 64 años y 5 meses actuales a 67 o 68 años, como plantea la OCDE y muchos expertos), computar más años de cotización (de los 25 años previstos para 2017 a 35 años primero y luego toda la vida laboral) y frenar más las jubilaciones anticipadas. Todo ello rebajaría algo las nuevas pensiones, pero se trataría de asegurar un mínimo y luego revalorizarlas “lo posible”, sabiendo que hay que pagarlas durante 22 años y más. Y en paralelo, conseguir más ingresos, por cotizaciones e impuestos, sobre todo para asegurar unas pensiones mínimas dignas. 


La clave es recortar el déficit actual y mejorar las cuentas a medio plazo, para que el gasto no colapse el sistema y aseguremos las pensiones de las futuras generaciones, no sólo las nuestras. Hacer las cuentas (sin demagogias) para ver cuánto se puede ingresar y cuánto pagar, con equidad y solidaridad entre generaciones. No pensar sólo en subir las pensiones actuales y “el que venga detrás que arree”. Urge pactar una reforma de las pensiones que valga al menos hasta 2050. Y, como pasa con el Cambio Climático, hay que actuar cuanto antes y con rigor, porque cuanto más se tarde en enderezar el sistema, más duros serán los ajustes. Salvemos las pensiones, no sólo las nuestras, sino las de nuestros hijos y nietos. Es una de las grandes tareas de España en 2020.