Paraísos fiscales: Europa no se atreve

El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.

enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de “eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales”. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal” que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

Paraísos fiscales en medio de Europa

Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, pensamos en países exóticos o islas del Caribe. Pero también están en medio de Europa. Lo saben bien multinacionales como Google, Amazon, Apple, Starbucks, Ikea o Inditex, que tienen acuerdos secretos con los gobiernos de Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda para pagar menos impuestos. La Comisión Europea ha abierto expedientes a estos países y acaba de aprobar medidas para frenar el fraude fiscal de las multinacionales, que supone 70.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto de la UE. En España, las multinacionales también pagan menos que las pymes y eluden unos 8.500 millones en impuestos. Y mientras, EEUU se ha convertido en el paraíso fiscal del mundo. Los gobiernos europeos quieren aprobar este año una Directiva contra el fraude fiscal “legal” de las multinacionales, aunque será difícil porque exige unanimidad y nadie quiere arriesgarse a que se vayan. Pero Europa y España necesitan que las multinacionales paguen lo que deben para gastar más contra la crisis.
 

enrique ortega

Europa es un continente con una moneda única pero con 28 sistemas fiscales diferentes, con impuestos distintos en cada país, desde los impuestos personales (IRPF) a los del consumo (IVA, carburantes, alcohol, tabaco) y los impuestos que pagan las empresas (sociedades). El abanico del impuesto de sociedades en Europa es muy diferente, según un estudio de KPGM:  dentro de la zona euro, hay 5 países con un tipo de sociedades inferior al 20% (Irlanda y Chipre 12,5%, Lituania y Letonia 15%, Eslovenia 17%), otros 10 países entre el 20 y el 30% (Estonia y Finlandia 20%, Portugal 21%, Eslovaquia 22%, Holanda y Austria 25%, Grecia 26%, España 28%, Luxemburgo 29,22% y Alemania 29,65%) y los 4 restantes por encima del 30% (Italia 31,4%, Francia 33,33%, Bélgica 33,99% y Malta 35%). Y fuera del euro, también hay grandes diferencias entre el 10% que pagan las empresas en Bulgaria, el 19% en Polonia y Hungría, el 20% en Reino Unido, el 22% de Suecia o el 27% de Noruega.

Un galimatías de impuestos diferentes que hacen que las grandes empresas se dirijan a los países donde pagan menos. Pero esos son los “impuestos escaparate”, los teóricos, porque luego cada país tiene un abanico de deducciones y exenciones fiscales que hacen que finalmente los impuestos reales que se pagan son menores. Baste el ejemplo de España: el tipo de sociedades era en 2014 del 30% (ahora es el 28%), pero las grandes empresas pagaron de media un 7,3% de sus beneficios, según Hacienda, la mitad que las pymes (15%) y un tercio menos que la mayoría de los contribuyentes (20%). Y las multinacionales aún menos: Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook, eBay y Microsoft sólo pagaron en España 18,3 millones de euros de impuestos (entre todas) en 2014 (porque declaran que aquí ganaron sólo 48 millones de euros).

Pero hay multinacionales que incluso pagaban menos en Europa, gracias a que habían firmado “acuerdos secretos” (tax rulings)  con varios Gobiernos para rebajarles su factura fiscal a cambio de que se instalaran en sus países. El escándalo lo destapó en noviembre de 2014 la web Luxleaks (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), al denunciar que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado acuerdos secretos entre 2002 y 2010 con 340 multinacionales para pagar menos impuestos. Posteriormente se supo que el gobierno de Holanda (cuyo ministro de Finanzas es Dijssembloen, el presidente del Eurogrupo, tan "duro" con Grecia y ahora con el déficit de España) también había firmado acuerdos fiscales secretos en 2008 con la multinacional Starbucks. Y que el gobierno de Bélgica  firmó pactos fiscales similares en 2005 con 35 multinacionales, un sistema llamado “Only in Belgium”. Y también el gobierno de Irlanda firmó un pacto secreto con Apple (seguro que hubo con otras), para que sólo pagara el 2,5% de impuestos por sus beneficios.

El escándalo Luxleaks obligó a la Comisión Europea a actuar contra unos pactos fiscales sobre los que habían hecho la “vista gorda”. En octubre de 2015, La Comisión ordenó a Luxemburgo recuperar 25 millones evadidos por Fiat, mientras mantiene abierta la investigación sobre Amazon y McDonald’s. Y a Holanda le exige recuperar los 30 millones evadidos por Starbucks. En enero de 2016, la Comisión ha abierto otro expediente a Bélgica para que recupere los 700 millones que evadieron 35 multinacionales desde 2005, pagando la mitad de lo que debían. Y mantiene otro expediente a Irlanda, por las escandalosas ventajas fiscales concedidas a Apple, que ha ahorrado 8.000 millones en impuestos.

Al hilo de estas actuaciones de la Comisión Europea, “se ha abierto la veda” contra las multinacionales en Europa. El  gobierno italiano ha reclamado, en enero de 2016, a Google el pago de 227 millones de euros por impuestos eludidos entre 2009 y 2013 (creen que los beneficios fueron 10 veces los declarados). Ya en diciembre de 2015, Apple accedió a pagar 318 millones extras al fisco italiano, tras reconocer que no había pagado impuestos durante 6 años. Mientras, en Reino Unido, la filial de Google accedió a pagar en enero 130 millones de libras en impuestos adicionales sobre los beneficios de los últimos 10 años, lo que ha levantado una gran polémica, porque esa sanción supone hacerle pagar a Google el 3% de sus beneficios en Reino Unido. Y el diario Finantial Times ha denunciado que las 7 grandes multinacionales (Apple, Google, Microsoft, Amazon, eBay, Yahoo y Facebook) pagaron sólo un 0,5% de su facturación en 2012, con lo que habrían evadido 400 millones de libras.

A raíz de todos estos escándalos, parece que la Comisión Europea se ha decidido a actuar contra la elusión fiscal (fraude “legal”) de las multinacionales, una provocación para los  ciudadanos europeos que pagan  impuestos y sufren duramente la crisis. Y además, puede ser una importante fuente de ingresos, en un momento en que Bruselas necesita invertir y gastar más para intentar revitalizar la economía europea. De hecho, la estimación del comisario europeo Moscovici es que las multinacionales evaden 70.000 millones de euros al año en Europa, una cifra tan elevada que equivale a la mitad del Presupuestod e la UE (145.000 millones en 2015). Sólo en España, si las multinacionales tributaran aquí como las pymes, Hacienda recaudaría 8.250 millones de euros más al año, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Con ese dinero, las pensiones enjugarían las dos terceras partes de su déficit, por ejemplo. O pagaríamos un subsidio anual a 1.600.000 parados que no cobran.

La Comisión Europea ha aprobado el 28 de enero pasado un Plan para atajar las principales vías que utilizan las multinacionales para evadir impuestos “legalmente” (elusión fiscal). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello las compras y ventas entre filiales (para desviar las plusvalías a los países con menores impuestos). Una variante más “sofisticada” es lo que se llama “el sándwich holandés” y “el doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere este dinero a una filial de Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial de Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos, y que transfiere los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). De hecho, en 2015, Google transfirió 11.000 millones de beneficios en Europa a las Bahamas, a través de su filial en Holanda (que no tiene empleados). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de sus beneficios en Europa, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de elusión fiscal son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de marca. Es lo que hace Starbucks: cada vez que nos tomamos un café, una parte del dinero va a una empresa de Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea también gestiona su marca a través de dos filiales en Holanda y Luxemburgo, pagando impuestos en Liechtenstein (otro paraíso fiscal europeo), con lo que se ha ahorrado 1.000 millones en impuestos entre 2009 y 2014, según un informe de los Verdes en el Parlamento Europeo . Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo que gestiona el 5% de la facturación en España, gracias a lo que se ha ahorrado pagar aquí 68,5 millones en cinco años. El caso más llamativo es Inditex: a través de dos filiales en Holanda y Suiza factura al resto de países por gestión de marca y consultoría (2.000 millones entre 2009 y 2013), con lo que la multinacional española se ha ahorrado así 325 millones en impuestos, según Intermón Oxfam.

La tercera vía de elusión fiscal son los préstamos entre filiales de una misma multinacional: como los intereses suelen ser deducibles, los concentran en las filiales de los países con más impuestos y buscan que la filial que presta lo haga en países donde el cobro de intereses esté exento o tribute poco. Además, las multinacionales tienen legiones de abogados especialistas en aprovechar las incongruencias fiscales entre países, para obtener las mayores ventajas en unos y otros (y a veces en varios a la vez). Otra vía de elusión fiscal  es la tributación de dividendos: ciertos ingresos (dividendos o ganancias de capital) que entran en Europa desde otro país y que están exentas de tributar aunque no hayan pagado en el país de origen.

Al final, son sistemas de evasión de impuestos conocidos y “legales”, que se van sofisticando según los países cierran vías de escape. El Plan de la Comisión es actuar contra estas estrategias fiscales, permitiendo que un país (España) grave los beneficios desviados hacia otro (Irlanda), gravando las transferencias por royalties, suprimiendo la exención a los dividendos y neutralizando las maniobras fiscales más habituales. Pero, sobre todo, la futura Directiva quiere obligar a las multinacionales a presentar anualmente un informe de actividades país por país (lo que facturan, ganan y pagan en cada país), informe que conocerían las oficinas fiscales de los 28 países UE . Y además, Europa creará una lista negra de “paraísos fiscales” con los países que no colaboren en la lucha contra el fraude fiscal.

El proyecto de la Comisión es un gran avance, aunque se quede “corto”, según Intermón Oxfam (porque sólo afecta a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y los informes fiscales no serán públicos). Pero ahora hace falta que apruebe esta Directiva el Consejo Europeo, los gobiernos de los 28, esta primavera. Y hace falta unanimidad. Algo difícil de conseguir, sobre todo porque hay países que van a resistirse a dejar de ser paraísos fiscales, sobre todo Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Hoy día, en Holanda, los holdings (grupos empresariales) no tributan y no pagan impuestos por los dividendos y ganancias que reparten sus filiales. Y Luxemburgo se ha especializado en atraer capitales, con una bajísima tributación. La mejor prueba de lo que hacen es que un 40% de toda la inversión extranjera que ha llegado a España entre 2008 y 2015 procede de empresas instaladas en Holanda y Luxemburgo, muchas de ellas de origen norteamericano, alemán, francés o británico.

Mientras Europa trata de poner coto a las multinacionales, la OCDE aprobó en noviembre  de 2015 un Plan de 15 medidas (Proyecto BEPS) para intentar frenar el fraude fiscal a nivel mundial, obligando a una mayor transparencia de empresas y países. A finales de enero pasado, 31 países (España entre ellos) han firmado en París estos acuerdos, que obligan a las empresas de más de 750 millones de euros y a los bancos a informar sobre sus operaciones e impuestos. Y todos los países tendrán que informar anualmente a los demás de las cuentas, valores e inmuebles de los extranjeros en su país, una obligación que entrará en vigor en 2017 (con los datos de 2016).

Pero, de momento, Estados Unidos no ha firmado estos acuerdos de la OCDE, por el veto del Congreso USA y la presión de los lobbys financieros. EEUU aprobó en 2010 una Ley (la FATCA) para obligar a todos los bancos a informar de las cuentas y posesiones de ciudadanos norteamericanos en el extranjero (para evitar el fraude de sus empresas y ciudadanos) pero no tiene interés en evitar el fraude de los extranjeros que invierten en EEUU. Es más, desde que se supo que el Congreso USA no firmaba el acuerdo de la OCDE, los grandes bancos de inversión se han dedicado a captar inversiones extranjeras que buscan la opacidad, para ofrecerles instalarse en EEUU, sobre todo en Nevada, Wyoming o Dakota del Sur, los estados con menor fiscalidad. Y con ello, Estados Unidos se ha convertido en el paraíso fiscal más apetecible, atrayendo capitales que estaban en Suiza, las Bahamas o las islas Vírgenes. Además, el secretario del Tesoro USA a enviado una carta a la Comisión Europea quejándose de las medidas fiscales anunciadas por la UE y añadiendo que hay una "actuación desproporcionada" contra las multinacionales norteamericanas. En realidad, temen que si pagan más en Europa, paguen menos en EEUU. 

Al final, el mundo no tiene fronteras para el dinero, que busca dónde pagar menos. Por eso es importante que los acuerdos internacionales contra el fraude fiscal se cumplan, sin excepciones que den lugar a nuevos paraísos fiscales. Y Europa debe dar ejemplo, aprobando este año una normativa realista, que cierre las vías de fraude legal a las multinacionales. España no puede hacerlo sola, aunque nos haga mucha falta ese dinero: hace falta tener esa Directiva europea, para que las multinacionales no se vayan a otro país. Pero también hace falta voluntad política y más medios: Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional , pero sólo cuenta con 50 personas, que poco pueden hacer frente a la ingeniería fiscal y los poderosos bufetes que asesoran a multinacionales, bancos y grandes empresas. Pero hay una cosa clara: si España quiere crecer más, crear más empleo y mantener el Estado del Bienestar, necesita ingresar más. Y al menos 8.250 millones extras se pueden recaudar de las empresas multinacionales. A ello.

Empresas,bancos y fortunas en paraísos fiscales

Los casos de corrupción, desde Bárcenas a la Gürtel o la familia Pujol,  y la lista Falciani han puesto de moda  los paraísos fiscales, sobre todo Suiza y Andorra. Pero no son sólo ellos: hay cientos de millonarios, empresas y bancos españoles que tienen cuentas y compañías fantasmas en paraísos fiscales de Europa y América. Concretamente, 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX tienen 810 filiales en paraísos fiscales, sobre todo en USA, Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Suiza. Y 136.000 grandes fortunas han declarado cuentas en el extranjero. Unos y otros evaden así más de 12.000 millones de euros, lo que costaría erradicar la pobreza. La OCDE y el G-20 han aprobado medidas para que en 2017 se intercambie información sobre  las cuentas en paraísos fiscales y las multinacionales informen de lo que hacen en cada país. Mientras, en España, la inspección tiene pocos medios para vigilar a bancos, grandes empresas y multinacionales, que sólo pagan “legalmente” un 5,3% de impuestos.
 

enrique ortega

Cada año, las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales “eluden” el pago en España (legalmente) de 40.000 millones de euros en impuestos, según la asociación de inspectores Gestha y de Fedea. Y al menos un tercio de estos impuestos perdidos (más de 12.000 millones) se deben a sus operaciones en paraísos fiscales, que les permiten ocultar ingresos o beneficios y rebajar impuestos. Un informe de Fedea de 2013 cifraba en 144.000 millones de euros lo que los españoles ocultan en paraísos fiscales, más de la mitad sólo en Suiza (80.000 millones, según un libro de Gabriel Zucman).

Incluso podría ser mucho más. A raíz de la amnistía fiscal de Montoro en 2012, se dio la posibilidad a los contribuyentes con cuentas en el extranjero a que  las regularizaran, sin pagar nada, entre enero y abril de 2013. Al final, fueron 134.310 contribuyentes los que presentaron el Modelo 720 con datos de cuentas, valores e inmuebles en el extranjero por valor de 88.665 millones. En 2014, la cifra bajó a 53.170 declarantes, de los que 32.000 eran nuevos y afloraron otros 20.615 millones en el extranjero. Luego, son 109.200 millones los declarados fuera (10% del PIB) y no parece descabellado pensar que hay una cifra aún mayor sin declarar, con lo que el dinero fuera sólo de particulares superaría los 200.000 millones. Baste ver que había 2.694 españoles (nombres muy conocidos, con 1.700 millones de euros opacos) entre los 106.000 clientes de 206 países incluidos en la lista Falciani, sólo en la filial suiza del HSBC.

Y luego están los bancos y grandes empresas, con numerosas filiales en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales: 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX (todas menos Indra) tienen 810 filiales en paraísos fiscales (2013), según un reciente estudio de Intermon Oxfam a partir de las memorias de estas entidades. El Banco Santander es el líder en paraísos fiscales (182 filiales), seguido de Iberdrola (66 filiales), Abengoa (63), BBVA (52) y Repsol (49). Y sus destinos preferidos son Delaware (en USA, con 352 filiales españolas), Holanda (122 filiales), Luxemburgo (62), Irlanda (56) y Suiza (25). La inversión española en paraísos fiscales representa el 24% de toda la inversión española en el exterior y el 56% de la inversión extranjera en España proviene de paraísos fiscales (el 12,4% es inversión  española encubierta: sale y vuelve a entrar, tras pasar por un paraíso fiscal).

Los bancos tienen filiales en paraísos fiscales para ofrecer cuentas y asesoramiento a empresas y grandes fortunas, mientras las grandes empresas y multinacionales utilizan los paraísos fiscales para su “ingeniería fiscal”, para pagar menos impuestos “legalmente”. Los sistemas son variados. En unos casos, abusan en los precios de transferencia: venden con pérdidas a una filial que vende a otra en un paraíso fiscal (donde se quedan los  beneficios) para vender luego a otra con pérdidas y así indefinidamente. En otros casos, una empresa o banco presta a una filial y se deduce por ello (hasta 2012, el 100% de los gastos financieros; ahora el 30%): el 26% de la financiación española al exterior son préstamos de matrices a sus propias filiales. Otra fórmula es trasvasar los beneficios a filiales en paraísos fiscales, bajo la fórmula de “pagar por la marca”: Inditex tiene dos filiales en Holanda y Suiza que facturan por consultoría y marca a la matriz española. Entre 2009 y 2013 han “trasladado”  2.000 millones de dólares de beneficios a Holanda y Suiza (“legalmente”), ahorrándose 325 millones en impuestos a la Hacienda española, según Intermón Oxfam. Y lo mismo hacen Ikea o Starbucks con Holanda.

Otra fórmula es lo que se denomina “doble irlandés” y “sándwich holandés”, que es lo que hace Google (y Apple). Facturan en España, a través de una filial en Irlanda, que trasfiere este dinero a una filial de Holanda (donde no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca) que tampoco paga impuestos y transfiere los beneficios a una filial en Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo fiscal, Google sólo paga el 2,4% de todos los beneficios que genera fuera de EEUU. Y así muchas otras.

Como se ve, los “paraísos fiscales” son claves en la ingeniería fiscal de bancos, grandes empresas y multinacionales para eludir el pago de impuestos. Por eso, su importancia es creciente: al menos la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal y los activos en estos paraísos se estiman entre 20 y 32 billones de dólares, una cifra superior al PIB de EEUU y China juntos, según datos del FMI (2014), recopilados por Intermon Oxfam.

La lista de “paraísos fiscales” no es única y la OCDE, que era quien fijaba la “lista oficial”, ha sacado de ella a países que son verdaderos “paraísos” por haber firmado “acuerdos de transparencia” que no evitan la opacidad y la elusión de impuestos. Es el caso de Suiza, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Delaware, Andorra, islas del Canal, Bermudas o islas Caimán, que no están ya en la “lista negra” de la OCDE. En el caso de España, Hacienda publicó en 1991 una lista de 48 “paraísos fiscales”, donde no estaba Suiza ni Delaware. Y en 2013 publicó la lista actual, con 33 países, en la que ya no figuran como “paraísos fiscales”  Andorra, Luxemburgo, Holanda (tres países clave para la “elusión fiscal” de los españoles), Bahamas, Barbados, Bermudas, Trinidad Tobago, Jamaica, Barbados, Panamá, Mónaco, San Marino, Hong-Kong, Malta, Gibraltar ni las islas del Canal (Jersey, Guernesey, isla de Man)…

Con la crisis, los líderes mundiales vieron la necesidad de conseguir más ingresos fiscales y ya en 2009 plantearon una revisión de la fiscalidad internacional. En la Cumbre del G-20 en México (junio 2012), se encargó a la OCDE medidas contra los paraísos fiscales y la elusión de impuestos de las multinacionales. En febrero y julio de 2013 se perfiló  el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con 15 medidas para asegurar que los países informaran de las cuentas opacas y que bancos y grandes empresas sean más transparentes en su operativa multinacional. Siete de estas medidas se aprobaron en el G-20 de San Petersburgo (septiembre 2013) y el resto deben aprobarse en el G-20 en Turquía (noviembre 2015), para entrar en vigor en 2016. Es un gran avance, pero si no se cambia al final, la exigencia de transparencia internacional solo obligará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales: afectaría a multinacionales, bancos y empresas del IBEX35, pero sólo a 183 de las 24.000 grandes empresas que declaran en España, según Intermon Oxfam.

En paralelo, La Comisión Europea  aprobó en 2013 una Directiva que exige a los bancos comunitarios a que informen de sus actividades país por país (hoy sólo lo hacen los franceses), aunque la obligación no entrará en vigor hasta 2017. Y a partir de 2016, Bruselas obligará a los países europeos a hacer públicos sus acuerdos fiscales con las multinacionales (como el de Luxemburgo, el escándalo Luxleaks), pero no los limita ni prohíbe. A nivel mundial, en 2017, la mayoría de los países estarán obligados a informar de las cuentas bancarias, valores e inmuebles que tengan los ciudadanos extranjeros, tras el acuerdo firmado en Berlín, en octubre de 2014, por el G-20, la OCDE y 53 países, entre ellos Luxemburgo, Holanda, Gibraltar, islas del Canal, islas Vírgenes, islas Caimán, Bermudas, Andorra y Suiza (esta última dará información a partir de 2018). Con ello, Hacienda y las autoridades fiscales de los demás países recibirán, desde 2017, un listado anual de todas las cuentas de extranjeros abiertas a finales de 2015 y las que se abran después, con saldos e importes recibidos.

Es un gran salto adelante en la transparencia, aunque todavía queden dos años de opacidad. Pero habrá que ver si además de saber qué personas, bancos y empresas tienen cuentas y filiales fuera de España, se consigue que paguen más impuestos. Porque ahí está el problema: la mayoría del fraude fiscal, estimado en España en 60.000 millones de euros anuales, corresponde a las mayores fortunas, bancos y grandes empresas, según Gestha, que pagan menos impuestos, muchas veces “legalmente”. Basta ver los datos de Hacienda: en 2013, el tipo efectivo que pagaron al Fisco las grandes empresas fue del 5,3% sobre sus beneficios, mientras las pymes pagaron un 16% (Informe Intermon Oxfam, página 32). Y todo gracias a las exenciones y desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades, muchas veces gracias a filiales y operaciones en paraísos fiscales. Una vergüenza.

La crisis ha arrasado las arcas públicas de todo el mundo, mientras las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales ganan más y pagan menos impuestos. Por eso proliferan las peticiones de una reforma a fondo de la fiscalidad internacional, para que la globalidad no suponga eludir impuestos. Intermon Oxfam va más allá y pide una Cumbre Fiscal Mundial, en julio de 2015, que cree incluso un cuerpo de vigilancia fiscal internacional (como el FMI o la OMC, que vigila el comercio mundial). Y en España, piden a todos los partidos que pacten una Ley contra la evasión fiscal, que vigile estrechamente las cuentas e inversiones en el exterior. Además, hacen falta más medios. Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional, con sólo 50 personas, que poco pueden hacer frente a los grandes bufetes que asesoran a bancos, grandes empresas y multinacionales. Y en España sólo hay 1 inspector fiscal por cada 1928 contribuyentes, frente a 1x860 en Francia, 1x729 en Alemania o 1x900 de media en la OCDE. Y lo peor: sólo el 20% del trabajo de inspección de Hacienda está centrado en los más ricos, grandes empresas y bancos, donde está la mayoría del fraude, según los técnicos de Hacienda (Gestha). El propio presidente de los inspectores acaba de reconocer que Hacienda centra sus investigaciones en los asalariados. Así nos va.

En resumen: sabemos  que multinacionales, empresas, bancos y grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos y que por eso hay déficit público, recortes y pagamos más impuestos de lo que deberíamos. Teóricamente, unas nuevas normas internacionales les van a poner más difícil ocultar ingresos fuera y eludir impuestos desde  2017. Pero ya estarán buscando otras vías para pagar menos. Por eso, la única garantía de justicia fiscal es tener nuevas leyes y más recursos contra el fraude, vigilar mejor a los que tienen medios para defraudar más, no a la mayoría de contribuyentes. Así de fácil.