Pensiones: más agujero y urgente reforma

La pandemia ha destrozado las cuentas de la Seguridad Social: se han desplomado los ingresos por cotizaciones y se han disparado las ayudas. El déficit de la SS ha crecido un 38% y las pensiones tendrán este año un “agujero” de -22.871 millones. Y si no se hace nada, tendremos ese déficit los próximos tres años, por las secuelas del coronavirus. Si ya antes había que reformar las pensiones, porque las cuentas no salían, ahora urge esa reforma. El Gobierno la ha propuesto en dos fases. Primero, quitar a las pensiones 22.871 millones de gastos “impropios” (prestaciones que no debería pagar) y cargarlos a los Presupuestos. Y luego, ya sin déficit, buscar más ingresos y menos gastos, retrasando la edad real de jubilación (que está en 64,6 años). Pero no es suficiente. Hay que pactar una reforma a fondo, que aumente ingresos y atempere el gasto, porque habrá  15 millones de pensionistas en 2050. Y porque el sistema debe asegurar también las pensiones de nuestros hijos. 

 

El coronavirus no sólo se ha cebado sobre los mayores sino que ha destrozado aún más las cuentas de las pensiones. Desde marzo, los ingresos de la Seguridad Social se han desplomado, al haber ahora menos españoles cotizando (había 755.000 afiliados menos a finales de agosto que a principios de marzo) y al haberse perdonado cotizaciones a las empresas en ERTEs (hasta 3,4 millones en marzo y abril) y a los autónomos (1,2 millones). Y en paralelo, la SS ha tenido más gastos, tanto en desempleo (556.767 parados más) como con esos trabajadores en ERTEs y autónomos cobrando parte de su sueldo y todas las ayudas vinculadas al COVID 19. El resultado es que este año 2020, la Seguridad Social espera un déficit de -22.191 millones de euros (2% del PIB), frente a los -16.052 millones de déficit (1,3% del PIB) con que se cerró 2019. Y el agujero sería mucho mayor de no ser por los 14.500 millones que el Estado ha aportado a la SS para cubrir parte de las ayudas de la pandemia.

El problema es que llueve sobre mojado, que este déficit extraordinario se suma a 10 años de déficit creciente de la Seguridad Social (ver gráfico déficit SS): -2.433 millones en 2010, -1.063 en 2011, más de -10.000 millones en 2012,2013 y 2014, -13.038 millones en 2015 y sobre -17.000 millones de déficit en 2016, 2017 y 2018, para acabar con -16.052 millones en 2019. En total, un “agujero” acumulado de -116.642 millones de euros en los últimos 10 años, que se ha “tapado” con deuda, aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero). Y ahora, con la pandemia y la recesión que acarrea, el Gobierno prevé que el déficit suba hasta  -30.000 millones en 2021 (2,5% del PIB) y se mantenga en -20.000 millones en 2022 y 2023. Un agujero insostenible para las cuentas públicas y que pone en grave riesgo el sistema de pensiones.

Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte presionan a España para que reforme cuanto antes las pensiones. En septiembre, los diputados integrados en el Pacto de Toledo han iniciado sus debates para perfilar una nueva reforma (tras la de 2011 de ZP y la de 2013 de Rajoy), que deberían haber aprobado hace años. Y allí, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó el pasado 9 de septiembre (ver aquí su intervención íntegra), las bases de una reforma, en dos fases. Reforma que el Gobierno quiere pactar con los demás partidos y con las fuerzas sociales, para aprobarla a lo largo de 2021.

La primera fase de la reforma sería descargar a la Seguridad Social de una serie de gastos “impropios”, partidas que pagan las cotizaciones sociales pero que debería pagar el Estado vía Presupuestos (con impuestos). La lista es larga y costosa (ver documento): subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas de autónomos y reducciones de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado hijos (2.953 millones), pago complemento de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), costes extras cálculo pensiones (788) y gastos de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Social (3.911 millones), que se paga con cotizaciones en vez de financiarlo el Presupuesto (como los demás Ministerios). En total, 22.871 millones de euros, el equivalente al déficit de la SS previsto para este año.

La propuesta  del ministro Escrivá es cargar estos gastos al Presupuesto del Estado y descargar así a la SS y a las pensiones de estos costes “impropios”. Es un “apaño contable”, cambiar quien paga las partidas, porque pagarlas hay que pagarlas. Eso sí, liberaría a la SS de su déficit y las cotizaciones podrían ir a pagar sólo las pensiones. La idea es empezar a hacerlo ya en el próximo Presupuesto 2021: que una parte de esos 22.871 millones se financien con impuestos y dejen de lastrar a las pensiones. El problema  es de dónde sacar ingresos públicos para asumir parte de esta factura, dado que la pandemia va a multiplicar los gastos del Presupuesto de próximo año y no se podrán subir mucho los impuestos.

Supongamos que se puede hacer y que en varios años se descarga a la SS de ese lastre de “gastos impropios”, de esos 22.871 millones. Eso permitiría afrontar el futuro sin déficit. Pero si no se hacen reformas, el “agujero” surgiría y aumentaría enseguida, porque el problema de fondo de las pensiones es que el gasto crece más deprisa que los ingresos: cada vez hay más pensionistas, con pensiones más altas y que hay que revalorizar cada año, mientras el empleo y los cotizantes crecen menos y además el nuevo empleo es muy precario, con bajos sueldos y cotizaciones. Y encima tenemos un país muy envejecido, con alta esperanza de vida, por lo que las casi 10 millones de pensiones de hoy serán 15 millones en 2050. Y la población apenas crece y lo mismo el empleo, con lo que los cotizantes crecerán menos que los pensionistas: si hoy hay 3 españoles trabajando para pagar 1 pensión, en 2050 habrá 2 trabajando. Y ese es el problema de fondo, que exige una reforma en profundidad de las pensiones, no solo ajustes contables para cambiar los costes de sitio.

Para afrontar este futuro, el ministro Escrivá plantea una segunda fase de reforma de las pensiones, consistente en aumentar ingresos y reducir costes. Por un lado, plantea que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales, ya que el 85% cotiza ahora por sus bases mínimas. Y no se descarta subir algunas cotizaciones, sobre todo las de los sueldos más altos (hoy “topadas”). Eso sí, también se contemplan más gastos, porque el Gobierno defiende una revalorización de las pensiones con el IPC, abandonando el sistema que aprobó la reforma de Rajoy (las pensiones se revalorizarían según las cuentas de la SS: como hay déficit, no más del 0,25% en los últimos años de su Gobierno). Y además, el Gobierno quiere que este compromiso, revalorizar las pensiones con la inflación, se incluya en la Ley de Seguridad Social, para que todos los Gobiernos la tengan que aplicar.

La gran “baza” de la reforma que propone Escrivá es aumentar la edad real de jubilación, que los españoles se jubilen más tarde: teóricamente, la edad legal será de 67 años en 2027 y este año 2020 es ya de 65 años y 8 meses, pero la edad real de jubilación es de 64,6 años en 2020 (de enero a julio), según la última estadística de la Seguridad Social, porque muchos españoles  (el 37,6% este año) se jubilan anticipadamente. El ministro Escrivá señala que subir 1 año la edad real de jubilación (de 64,6 a 65,6) supondría un ahorro anual de 15.000 millones de euros para el sistema de pensiones, porque aumenta el ingreso por cotizaciones y reduce el coste de las pensiones. Para lograrlo, propone aprobar dos medidas complementarias. Una, incentivar que los españoles se jubilen más tarde, algo que hoy no hacen porque tampoco les compensa mucho. De hecho, la bonificación que se concede en España por retrasar la jubilación es de sólo un 2%, frente al 10,4% en Reino Unido, el 6% en Alemania o el 5% en Francia. Y la otra medida sería penalizar más las jubilaciones anticipadas, corrigiendo lo que pasa ahora: que la penalización a los sueldos altos es del 2% y a los sueldos medios y bajos del 6,5% al 8%, lo que resulta regresivo. Por eso, el Gobierno está pensando sobre todo en penalizar las jubilaciones anticipadas más altas.

Esta propuesta, aumentar la edad real de jubilación, ha sido ya criticada en el seno del propio Gobierno, por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), que cree que sería una forma de “quitar empleo a los jóvenes”. Algo que no es cierto (como tampoco que las mujeres o inmigrantes “quiten el trabajo” a los hombres), porque el mercado de trabajo no es un juego de suma cero sino que un aumento del empleo de los mayores provocaría un mayor consumo y crecimiento y más empleo para todos, como han demostrado varios estudios hechos recientemente en EEUU, Reino Unido y en 22 paises del mundo. Lo que necesita España no es “repartir” el trabajo escaso sino aumentar el empleo, porque aquí trabajan menos personas que en Europa: trabajan un 68% de los españoles (20-64 años), frente al 73,1% de media en la UE-27, el 82,1% en Suecia, el 80,6% en Alemania o el 80,1% en Holanda, por ejemplo, según Eurostat. Eso significa que hay 1.500.000 españoles menos trabajando de los que deberían si tuviéramos la tasa de empleo europea. Por eso, porque trabajamos menos gente (y trabajamos peor, con menos productividad) somos más pobres que la media europea. Aquí tendría que trabajar más gente (mayores y jóvenes), no menos.

Y la última baza de esta reforma que defiende el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que en España tienen poco peso (sólo los tienen 2 millones de trabajadores, según INVERCO) frente a otros paises (como Alemania, Austria o Reino Unido). No creen que haya que apoyar los planes de pensiones privados individuales, porque las ayudas fiscales (1.100 millones anuales) son  utilizadas en un 70% por las rentas más altas y los mayores, no por la mayoría de españoles ni los jóvenes. El objetivo es promover que estos planes de pensiones de empresa (pagados por las compañías y sus trabajadores) se pacten más en los convenios, cubran a trabajadores jóvenes (como complemento de su pensión pública) y tengan más ayudas fiscales.

Toda esta estrategia de reforma de las pensiones puede ser un buen punto de partida, pero es insuficiente a medio plazo. Porque el desajuste de fondo, entre ingresos y gastos, no se corrige sólo con aumentar un año la edad real de cotización. Hay que hacer un reajuste más drástico, con la vista puesta en 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Y para conseguirlo, los expertos recomiendan actuar en varios frentes. Por un lado, “atemperar” el gasto en pensiones, no recortarlo sino que crezca menos, con medidas como  aumentar los años de cómputo de cotizaciones (hasta llegar a toda la vida laboral) y los años exigidos para jubilarse con el 100% de la pensión. Y por otro, tratar de aumentar los ingresos, con una subida  de cotizaciones, que son ligeramente más bajas (35,4%) que en Francia (35,5), Alemania(36%) o Italia (37%), sobre todo la parte de los trabajadores (mejor que coticen más que se tengan que pagar un plan de pensiones privado, con altas comisiones y baja rentabilidad).

Y a corto plazo, el debate va a estar en cuánto se revalorizan las pensiones en 2021. Algunos, como los expertos de FEDEA plantean congelar las pensiones el año que viene, salvo las mínimas, porque eso ahorraría 2.500 millones. Pero lo más lógico sería que subieran como la inflación prevista para 2021, un 1%. Eso sí, hay que seguir gastando en subir las pensiones mínimas, porque 1 de cada 8 pensionistas (1.091.454) reciben menos de 600 euros al mes de pensión. Y corregir en unos años el hecho  de que más de la mitad de los pensionistas (4.831.416) cobren menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las últimas estadísticas de la Seguridad Social.

Este otoño y todo el año 2021, las pensiones van a ser uno de los centros del debate político y económico, porque son el mayor gasto del país (140.000 millones al año) y la recuperación tras la pandemia va a obligar a fijar prioridades. Y Europa presiona para que hagamos una reforma, argumentando que el gasto en pensiones “es inasumible”. No es verdad, porque gastamos en pagar pensiones menos que Europa: un 10,9% del PIB en 2019, frente al 12,4% de media en la UE-27 y mucho menos que Italia (16,8%), Austria (14%), Francia (13,9%) o Finlandia (13,5%), aunque más que Alemania (9,5%) o Portugal (8,1%), según datos del Ministerio de SS. El problema es el futuro, porque somos el país más envejecido de Europa y en unas décadas tendremos más jubilados y pocos trabajadores.

Por eso hay que buscar ya nuevas vías de ingresos (cotizaciones e impuestos) y nuevas vías para “atemperar el gasto”, no recortando las pensiones que están en mínimos o no superan el salario mínimo sino consiguiendo que crezcan menos las pensiones futuras, teniendo en cuenta que se van a cobrar durante más años (20 y más). Y sobre todo, si tenemos en cuenta que las nuevas pensiones españolas son “más generosas” que las de otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, la pandemia y la grave recesión que ha provocado obligan a acelerar la reforma de las pensiones, que ya era urgente antes. Y hay que hacerlo sin demagogias, con datos reales y medidas eficaces, no electoralistas. El futuro de las pensiones es un problema complejo y exige soluciones complejas, no simplificaciones populistas. Y no vale con pensar sólo en esta Legislatura, hay que reformar pensando en 2050 y después, no sólo en asegurar nuestras pensiones sino también las de nuestros hijos y nietos. Porque las decisiones que tomemos ahora, si solo pensamos en nuestras pensiones, pueden poner en peligro las suyas. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Reformar con la vista puesta en el futuro.

Más ricos, más pobres y menos clase media

La OCDE ha lanzado la alerta: la clase media se reduce en todos los paises, a costa del aumento de ricos y pobres. Y España es el único país donde los que dejan de ser clase media han bajado a ser pobres. Detrás de esta pérdida de clase media, motor de la estabilidad económica y política, está su caída de ingresos, por el deterioro del empleo y los mayores gastos en educación, sanidad y vivienda. Y lo peor es que la clase media seguirá recortándose, mientras crecen los ricos y pobres, porque mucho empleo actual está en peligro por los cambios tecnológicos (en España más: el 24% de la clase media podría perder su empleo por la automatización). Las recetas de la OCDE son reformar los impuestos y ayudas públicas para compensar la desigualdad, mejorar la política de vivienda, sanidad y educación y apostar por una mejor formación de jóvenes y adultos. Si se pierde clase media, el futuro será más incierto. 

enrique ortega

Ser “clase media” ha sido el gran sueño de todos los europeos desde los años 60 y 70. Para muchas generaciones de españoles, formar parte de la clase media era su gran “aspiración vital”: tener un trabajo estable, una casa, un coche y una familia donde los hijos pudieran estudiar para estar más preparados que sus padres. Nadie quería ya ser “obrero” sino “clase media”, una “nueva clase social” que iba a acabar con la lucha de clases y que se convirtió, a finales del siglo XX y principios del XXI, en el motor de la economía y la estabilidad política en Europa y en España. Pero en esto llegó la gran Recesión de 2008 y todo se trastocó: los empleos y los ingresos dejaron de ser estables, el consumo se retrajo, la vivienda, la educación y la sanidad se encarecieron y los hijos empezaron a vivir peor que sus padres. Y muchos europeos y españoles dejaron de ser “clase media”, pasaron a ser “clase baja”.

Los recientes datos aportados por la OCDE (la organización que integra a los 36 mayores paises del mundo desarrollado) son muy ilustrativos: la clase media, que llegó a suponer el 70% de la población occidental en los años de bonanza, cayó al 64% en 1985 y ahora ha vuelto a caer al 61% de la población en 2016, según el informe “Bajo presión: la exprimida clase media”, publicado en abril. Se entiende por “clase media”, las familias que ingresan entre el 75% y el 200% de la renta media de cada país (entre 11.500 y 30.000 euros de media en la OCDE), lo que para España supone hoy ganar entre 12.911 y 34.488 euros, según Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE.

Con este baremo de ingresos, en España la clase media ha bajado al 58% de la población en 2016, un 3% menos que en Occidente, según el informe específico sobre nuestro país que adjunta la OCDE. Esto supone un retroceso sobre el dato de 2014, donde había un 61% de españoles que eran clase media, según el estudio de Luis Ayala publicado por la Fundación Alternativas. Y también un retroceso respecto al final del franquismo (en 1973, eran el 60,9%) y el inicio de la crisis (66,2% de clase media en 2010, según ese estudio).

España tiene ahora menos clase media que los principales paises europeos, donde los porcentajes más altos se dan en los paises nórdicos, paises del Este y Centroeuropa, según este ranking de la OCDE (datos 2016): Islandia (71,9% de clase media), República Checa (71,2%), Noruega (70,8%), Eslovaquia (69,5%), Holanda (69,4%), Dinamarca (69%), Hungría (68,4%), Finlandia y Francia (68,3%), Austria (67%), Polonia  (65,5%), Luxemburgo (64,7%), Suiza (64,7%), Alemania (64%), Japón (65%) e Italia (59%). Y tienen la misma clase media que España o menos Reino Unido, Canadá y Australia (58%), Rusia (53,1%) o EEUU (51%), así como China (48,2%), India (40,2%), México (44,9%) o Brasil (44,8%).

En la mayoría de los paises, ha bajado la proporción de clase media porque una parte han ido a engrosar a los más ricos (los que ingresan más del 200% de la renta media) y otra parte han pasado a ser pobres (ingresan menos del 75% de la renta media). Sin embargo, España es el país de la OCDE donde casi toda la clase media que se ha perdido (-3,7% entre 1985 y 2016) ha ido a alimentar la clase baja (+3,6%) y sólo una mínima parte (0,1%) han pasado a ser “ricos”. En Suecia (el país que más clase media ha perdido en los últimos 30 años: -7,4%), una parte cayó a la clase baja (4,1%) y casi otro tanto aumentó el porcentaje de ricos (+3,3%). En Alemania, donde la clase media ha caído un 5%, la mayoría han ido a engrosar la clase alta (+2,8%) y menos han pasado a ser clase baja (+2,2%). Y lo mismo en Estados Unidos: pierden un 4,3% de clase media, pero un 3,1% es porque pasan a clase alta y sólo un 1,2% pasan a clase baja. Y sólo tres paises OCDE han visto aumentar su clase media en los últimos 30 años: Dinamarca (+1,4%), Francia (+3,2%) e Irlanda (+3,9%), los tres porque han conseguido que familias de clase baja suban en la escala social.

Este es el panorama general, pero los jóvenes lo están sufriendo más en todos los paises, según el informe de la OCDE. Así, la generación “baby boomers” (nacidos entre 1942 y 1964) llegaba a ser clase media (a los 20 años) en un 68% en la OCDE y un 60% en España. Sus hijos, la “generación X” (nacidos entre 1965 y 1982) sólo consiguieron ser clase media en un 64% en la OCDE y un 58% en España. Y sus nietos, “los millenials” (nacidos entre 1983 y 2002), sólo llegan a ser clase media (al cumplir los 20 años) en un 60% en la OCDE y un 50% en España (por debajo del 58% de toda la población que es clase media). Eso significa que los jóvenes de hoy tienen un 10% menos de posibilidades de ser clase media que sus abuelos.

¿Por qué ha caído la clase media? Básicamente, porque ingresan menos con la crisis y tienen más gastos, según la OCDE. Lo que está pasando es que la clase media se beneficia menos que los ricos de la recuperación e incluso que los pobres (por el contrapeso de ayudas e impuestos). Así, en los últimos 30 años, los ingresos totales de la clase media han crecido un 33% menos que los ingresos del 10% más rico, según la OCDE. Y eso porque sus ingresos anuales han pasado de crecer el 1% (entre 1985 y 1995) al 1,3% (entre 1995 y 2006) y sólo un 0,3% anual entre 2007 y 2016, básicamente porque se han deteriorado sus empleos y sus sueldos con la crisis. Con ello, se ha acrecentado la desigualdad y ahora, el 10% más rico acumula ahora casi el 50% de toda la riqueza de los paises OCDE, frente a sólo el 3% el 40% más pobre y el 47% de la riqueza que se lleva la clase media.

Además de tener menos ingresos, la clase media ha deteriorado su economía porque ahora tiene más gastos, según detalla el informe de la OCDE. Y más gastos en 3 partidas que son claves para la clase media: la vivienda, la educación y la sanidad. El repunte de los precios de la vivienda ha hecho que si en 1995, el gasto en vivienda se llevaba la cuarta parte del gasto total de las clases medias (24% en España y 25% en la OCDE), en 2015 se lleva ya casi un tercio del gasto total (33% en España y 32% en la OCDE). Eso se traduce en un mayor esfuerzo para comprar un piso: si en 1995 suponía 7,4 años de ingresos, en 2015 suponía ya 10,2 años de media, según la OCDE. Lo mismo pasa con la educación: las familias de clase media han disparado su gasto en los estudios y másteres de sus hijos. Y también se gastan más en sanidad privada, como complemento del deterioro de la sanidad pública.

El resultado de este doble efecto (menos ingresos y más gastos) es que muchas familias de clase media tienen problemas para llegar a fin de mes, aunque la mayoría tengan 2 sueldos: en 24 de los 36 paises de la OCDE, 1 de cada 2 hogares de clase media tienen dificultades económicas (y son 2 de cada 3 en el sur de Europa). Y un 40% de los hogares de clase media no pueden hacer frente a “imprevistos”, lo que les obliga a endeudarse cada año más. Y todo esto lleva a que muchas familias de clase media se hayan “despeñado” a la clase baja entre 2007 y 2015: 1 de cada 7 hogares de clase media (14%) en la OCDE y el 20% en España, según el informe de la OCDE.

Ante este panorama, la clase media que todavía se sigue considerando como tal (aunque muchos, por sus ingresos, no lo sean) contempla el futuro con mucho pesimismo, sobre todo por sus hijos: un 60% de los padres occidentales temen que sus hijos vivan peor que ellos (y un 70% en Francia, Italia y Grecia), según una Encuesta de la OCDE hecha en 2018. Y es que la crisis, la globalización y el reto tecnológico han acrecentado la desigualdad y bloquean “el ascensor social”, la posibilidad de que los hijos vivan mejor que sus padres. Así, ahora hay menos “movilidad social” y el 60% de la población más pobre está atascada en su escalón social y  no puede mejorar, según la OCDE. Y los niños occidentales nacidos en familias con bajos ingresos tardarán 4,5 generaciones en pasar a ser clase media, mientras en España serían 4 generaciones, 2 en Dinamarca, 3 generaciones en Finlandia o Suecia y 6 generaciones en Alemania o Francia, según el estudio  “¿A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility”, de la OCDE (2018).

Así que el futuro de la clase media y sus hijos parece muy problemático. Y sobre todo por la enorme incertidumbre que se cierne sobre el futuro del empleo. Si ya en los últimos 20 años, la clase media ha visto cómo subía la exigencia sobre su trabajo (si en 1995, un 33% de sus empleos eran altamente cualificados, en 2015 lo eran el 48%), ahora, el gran riesgo es que una parte de sus empleos desaparezcan con la tecnología y la automatización, que van a penalizar más a la clase media. Así, un 18% de los empleos (1 de cada 6 empleos)  de los actuales trabajadores de clase media están en peligro en la OCDE, frente al 11% de los empleos de clase alta y el 22% de los empleos de los más pobres. Y en el caso de España, el riesgo es mayor, según la OCDE: pueden desaparecer el 24% de los empleos de la clase media (1 de cada 4 empleos), frente al 15% en riesgo de los trabajadores ricos y el 29% de los trabajadores de clase baja. Con ello, España es el tercer país con más riesgo de empleo futuro para la clase media, tras Eslovenia y Eslovaquia. Las mayores pérdidas de empleos se darán en operarios, administrativos, comerciales y servicios, según la OCDE.

Así que el futuro se vislumbra preocupante para la clase media, “un barco que navega en aguas turbulentas”, según dice el informe de la OCDE. Y esto supone un gran riesgo económico y político para el mundo, porque la clase media ha sido y es un elemento clave para el crecimiento económico (consumo, ahorro, inversión, capital humano) y la estabilidad política. Ahora, alerta la OCDE, su deterioro provoca sentimientos de “vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad”, que promueven “nuevas formas de nacionalismo, aislamiento, proteccionismo y populismos”, que desafían a las instituciones y a la democracia (Trump, Bolsonaro, Brexit…) y debilitan la recuperación (menos clase media son menos ingresos fiscales y cotizaciones, con un deterioro del Estado del Bienestar y las pensiones).

La OCDE advierte a los Gobiernos que el deterioro de la clase media les obliga a  afrontar 3 retos, para que estas familias dejen de pensar que el sistema es injusto (porque ellos contribuyen más que los demás y reciben menos), que su modo de vida (vivienda, educación, sanidad, estatus) es insostenible y no teman por su futuro, ante la incertidumbre del empleo. Para conseguirlo, la OCDE plantea medidas en tres frentes: mejorar los impuestos y las ayudas sociales (para que sean más progresivos y compensen más a la clase media), ofrecer un mejor acceso a la vivienda (con más oferta de viviendas públicas y ayudas al alquiler y a la compra, bonificando intereses y dando garantías), a la sanidad y a la educación y luchar contra la vulnerabilidad del empleo, con más formación, más protección social  y una combinación de flexibilidad y seguridad en el trabajo. Y añaden que “los Gobiernos tienen muchas herramientas para atajar los problemas de la clase media”.

En España, hay que trasladar estas recetas al próximo Gobierno, que debería promover y pactar un Plan de apoyo a la clase media, asentado en 4 medidas. Una, reforma fiscal, para reducir la desigualdad y gravar más a los que más tienen. Dos, ampliar y reformar las ayudas sociales, que son pequeñas y poco eficaces, según nos ha dicho la OCDE. Tres, mejorar el Estado del Bienestar (sanidad, educación y dependencia) y el acceso a la vivienda de la clase media, sobre todo de los jóvenes. Y cuatro, una reconversión a fondo de la enseñanza y la formación de jóvenes y adultos, para adaptarse a los empleos futuros.

En definitiva, perdemos clase media porque cada año hay más ricos que tienen más y más pobres que sobreviven a duras penas. Y esto crea “un mal clima social” que provoca el desinterés por la política y los extremismos y populismos, atacando las bases de la democracia y la construcción europea. Por eso, la advertencia de la OCDE: ojo a seguir perdiendo clase media, es un gran riesgo para la economía y la estabilidad política. Tomen medidas.

Déficit pensiones: ¿por qué mienten tanto?

Hoy, en el Telediario de las 3 (masoquista que es uno…) han dado una información con la comparecencia de la ministra de Empleo en el Congreso, anunciando a bombo y platillo que “en 2017 se revirtió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones”… Me ha sorprendido, porque se esperaba un déficit similar al de 2017.El caso es que luego he buscado el dato y me he quedado impresionado: el déficit de la Seguridad Social en 2017 alcanzó (cifra oficial) un récord histórico de 18.800 millones de euros, 263 millones más que los 18.537 millones de déficit de 2016… ¿Cómo puede decir la ministra que se revierte la tendencia? Porque utiliza el porcentaje del déficit sobre el PIB y como la economía ha crecido en 2017 (un 3,1%), ese déficit MAYOR supone un porcentaje menor: si en 2016 el agujero era del 1,67% del PIB, en 2017 ha sido el 1,61% del PIB… Y porque los ingresos crecieron un 5,3%, más que los gastos (+3%). Como para “echar las campanas al vuelo”. Así que ya saben, el agujero de la Seguridad Social ha subido 263 millones en 2017 y se ha multiplicado por 36 desde que llegó Rajoy (era de  -487 millones en 2011), pero tranquilos: “estamos revertiendo la tendencia”. ¿Por qué manipulan y mienten tanto?

                                       Fátima Báñez en el Congreso

Las trampas de Montoro para bajar el déficit

Gobierno y autonomías llevan todo el mes “cocinando” las cuentas de 2013, retrasando facturas y acelerando cobros. Todo por bajar el sacrosanto déficit público. Para conseguirlo, Montoro ha vuelto a hacer trampas (como en 2012), por partida doble: cerrando la caja para reconocer facturas el 4 de noviembre y retrasando pagos a laboratorios o no asumiendo la deuda eléctrica, decisión que nos tocará pagar a los consumidores (300 millones/año en los próximos 15 años). Y todo para que España supere el objetivo de déficit en 2013, como pasó los dos años anteriores. Además, Bruselas no se cree las cuentas de los próximos años y pide a España un ajuste extra de 35.000 millones entre 2014 y 2016. Más recortes y más impuestos que harán peligrar la recuperación. Basta ya de obsesionarse con un déficit que no se cumple, ni con trampas. Hay que centrarse en crecer y crear empleo. Es lo que urge.
 

enrique ortega

La prioridad de los fundamentalistas de Bruselas (desde 2010) y del Gobierno Rajoy es recortar el déficit público, aún a costa de meter a Europa en una segunda recesión, con más paro. Y para lograrlo, Montoro no ha dudado este año en hacer las trampas que haga falta. Primero, echando mano del BOE para aprobar una Orden Ministerial que fijó el 4 de noviembre como fecha tope para enviar facturas para aprobar a la Intervención General del Estado. Hasta que llegó Montoro, Hacienda cerraba la admisión de facturas a mediados de diciembre, pero el nuevo ministro adelantó la fecha a octubre en 2012, con lo que traspasó 2.806 millones de gasto a 2013. Ahora ha vuelto a hacerlo, cerrando la Caja en noviembre, aunque desde octubre ya ha dado instrucciones de ralentizar pagos no esenciales.

Pero las trampas de Montoro no acaban ahí. Como las cuentas públicas se han desmadrado este año por la crisis (-9.700 millones menos de ingresos entre recaudación y cotizaciones  y +23.271 millones más de gastos, en pensiones, desempleo, pago a proveedores, Plan empleo Canarias y Plan PIVE IV), Montoro ha tenido que frenar gastos de última hora, con dos medidas excepcionales: aplazar a 2014 el pago de 7.000 millones de deuda sanitaria (laboratorios y empresas sanitarias) y no pagar la deuda eléctrica (3.600 millones del déficit de tarifa de 2013), como el ministro de Industria había prometido. Una medida, para reducir el déficit, que pagaremos los consumidores en el recibo de la luz los próximos 15 años: 300 millones al año para pagar la deuda y los intereses que no asume Montoro. Empezando en enero 2014: un 2% de lo que suba la luz será para pagar la nueva deuda eléctrica.

Las trampas de Montoro para maquillar el déficit no son nuevas. Ya las hizo, por partida doble, en 2012. Por un lado, inflando hasta en tres ocasiones el déficit 2011 heredado de Zapatero: primero lo fijó en el 8,51% del PIB (febrero 2012), luego subió a 8,9% (mayo) y finalmente lo dejó en 9,66% (septiembre), imputando a ese ejercicio gastos de 2012, lo que estuvo a punto de costarle una multa de Bruselas, según Reuters. Por otro, en las cuentas de 2012, retrasó las devoluciones a los contribuyentes (IRPF, IVA, Sociedades) para pagarlas en 2013 (2.435 millones), con lo que presentó en febrero un déficit  del 6,74% que Bruselas no le aceptó y subió en marzo al 6,98%. Y luego se sacó de la manga un superávit “no previsto” de los Ayuntamientos, para rebajarlo en septiembre al 6,84%.


Eurostat, la agencia estadística comunitaria, mosqueada con los maquillajes del Gobierno, envió a sus inspectores a Madrid, dos veces en 2012 y otra en septiembre de 2013, para acabar certificando la cuarta y definitiva cifra del déficit 2012: 6,9% del PIB y 10,6% con ayudas a la banca, el mayor déficit público de toda Europa (3,9% de media UE-28 y 9% el otro país con más déficit, Grecia).

Volviendo a 2013, Montoro tiene difícil cumplir con el 6,5% de déficit prometido, a pesar de sus maniobras. Hasta finales de septiembre, el déficit público era del 4,8%, similar al 4,7% de 2012 (que acabó en 6,9%). Y en este cuarto trimestre, hay menos factores favorables que el año pasado: ha habido más gastos (entre ellos, 5.400 millones de la extra a funcionarios que no pagaron el año pasado) y menos ingresos extras, al no pesar tanto ni la subida del IVA (septiembre 2012) ni la amnistía fiscal 2012 (1.200 millones de ingresos) y subir la recaudación sólo un 0,8% hasta octubre. Y el déficit de las autonomías está en el 1%, como el año pasado, que terminó en el 1,8% (el objetivo es cerrar en el 1,3%). De hecho, Hacienda ha exigido en noviembre a Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía que dejaran de autorizar gastos, porque se habían desviado gravemente en sus cuentas (Cataluña ya ha reconocido que no cumplirá con su déficit 2013). Y la Seguridad Social cerrará también con más déficit (+0,4% desviación), aunque el Gobierno confía en que los Ayuntamientos les den un colchón con su superávit (+0,6%).

Con todo ello, el déficit público 2013 podría acabar (a pesar de las trampas) entre 0,3% y 0,4% más de lo previsto, sobre el 6,85% del PIB. Y hay expertos, como Fedea, que apuestan porque supere el 7%, peor que el de 2012. Incluso el Banco de España, el FMI y la Comisión Europea no creen que el Gobierno cumpla este año su objetivo de déficit, que ha tenido un alto coste en recesión (la economía caerá un -1,4%) y en empleo (lo han perdido 133.900 españoles hasta septiembre, más los que lo pierdan en este cuarto trimestre). Es la factura de la austeridad.

El incumplimiento del déficit no acaba en 2013. El FMI cree que España cumplirá el objetivo de déficit de 2014 (5,8% PIB), pero que lo incumplirá entre 2015 y 2017 y que no  lo dejará por debajo del 3% hasta 2018 (en lugar de en 2016, como exige Bruselas). Peor es la previsión de la Comisión Europea: no se cree que España cumplirá con el déficit los próximos tres años. Es más, el 15 de noviembre ha exigido a España que haga un ajuste extra en las cuentas públicas de 35.000 millones de euros entre 2014 (-2.500), 2015 (-20.000) y 2016 (-12.500). Más ingresos (más impuestos) y menos gastos (más recortes).

Una exigencia que choca con la pretensión del  Gobierno Rajoy de bajar impuestos en 2014, para que entren en vigor en 2015, año de elecciones locales y autonómicas. “Hay margen”, ha replicado el ministro de Guindos a Bruselas. Pero no es verdad. España tiene un problema de fondo: tenemos más déficit que Europa no porque gastemos más (el gasto en educación, sanidad o servicios sociales es menor y en pensiones hay países que gastan más, no en desempleo) sino porque ingresamos mucho menos: la recaudación supone el 37,1% de la riqueza (PIB), mientras en Europa (zona euro) supone el 46,3%. O sea que, globalmente, pagamos menos impuestos, aunque los trabajadores pagan más y las empresas y ricos menos. Por eso, reducir el déficit (incluso menos de lo que pide Bruselas) exige recaudar más. El Gobierno Rajoy está pensando en bajar el IRPF (lo que más se nota) y subirnos el IVA (quitando tipo superreducido a muchos productos), impuestos verdes, sobre depósitos y tasas.

Pero si quiere bajar el déficit lo prometido a Bruselas, sobre todo en 2015 (al -4,2%) y 2016 (al -2,8%), los años con objetivos más duros, el Gobierno Rajoy tendrá no sólo que subir impuestos sino también recortar más gastos, en personal público, educación, sanidad, servicios sociales, pensiones y seguro de paro (la última petición de algunos “expertos”). Y eso, además de ser difícil, pondrá en peligro la incipiente recuperación: los recortes de 2010 y 2011 nos llevaron a la segunda recesión y estos recortes futuros (con o sin los extras que exige ahora Bruselas ) nos dificultarán salir de ella.

Todo por el déficit público y encima no se cumple, en 2011, en 2012 y casi seguro en 2013 a pesar de las trampas de Montoro. Es el sacrosanto objetivo, que hunde la economía y el empleo, y encima no se cumple. Porque los recortes reducen el consumo y las ventas, hunden el crecimiento, cae la recaudación y no se recorta el déficit. Y hay que hacer más recortes que vuelven a hundir el crecimiento, la recaudación y el déficit. Es el círculo vicioso de la austeridad. Bruselas y Rajoy quieren que sigamos por este camino tres años más, incluso con ajustes extras. No aprenden. Y nosotros sufrimos sus errores.