¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.

Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.

Por qué necesitamos más gasto público

Es probable que el Gobierno Sánchez no consiga aprobar un Presupuesto para 2019. Su pretensión es gastar más, tras años de recortes. Lo permite la Comisión Europea, que nos da 6.000 millones de margen. Y hace falta: ZP y Rajoy recortaron 30.000 millones y todavía gastamos menos en sanidad, educación, gasto social y desempleo que en 2009. Falta de todo, desde un Plan de empleo a obras para evitar riadas. Y España tiene menos gasto público que Europa, 60.000 millones menos cada año. Urge un Plan de choque para lo más urgente, desde empleo o pensiones a sanidad, educación, tecnología o depuración de aguas. Y para pagarlo, hay que recaudar más: se puede, porque recaudamos 88.000 millones menos que Europa cada año. Gobierne quien gobierne, tendrá que gastar más y subir impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales, ricos e inversores). Si no los suben o los bajan, como pretenden PP y Ciudadanos, seguiremos con unos servicios públicos de 2ª división. Que lo sepan los votantes.

enrique ortega

España siempre ha tenido menos gasto público que la mayoría de Europa: primero en el franquismo, luego con la democracia (aunque aumentó, por la presión social), después con la crisis (por los recortes) y ahora, a pesar de la recuperación. No gastamos menos que Europa porque seamos más pobres (somos el país nº 14 en renta por habitante), sino que también gastamos “comparativamente” menos, en relación a nuestra riqueza (PIB), que es como se mide: España gasta el 41% del PIB, frente al 45,8% de media que gasta la UE-28 y el 47,1% los países euro, según los datos de Eurostat. Y lo malo, insisto, es que este menor gasto público no es de ahora, tras la crisis, sino que viene de siempre: gastábamos menos en 1997-2001 (40% del PIB frente a 47% en Europa), en los años de “vacas gordas”, 2002-2006 (38,4% frente a 45,7%), al principio de la crisis, entre 2007 y 2011 (43,5% frente a 47,9%, más que nunca, por el gasto inútil de ZP contra la crisis), mucho menos con los recortes de Rajoy (37% frente a 49% en 2012) y ahora con la recuperación.

La razón de que España tenga, históricamente, menos gasto público que Europa habría que buscarla en que España también recauda menos que la mayoría de Europa, según Eurostat, con lo que las arcas públicas no dan para gastar más y cuando lo hacen es a costa de tener más déficit público, algo también connatural a España (salvo entre 2005 y 2007, que hubo superávit), que todavía hoy tiene el mayor déficit público de toda Europa (3,1% del PIB este 2018). Así que tenemos menos gasto público porque en España se pagan menos impuestos en global (la mayoría pagamos bastante pero muchos no y hay mucho fraude fiscal).

La consecuencia de que el gasto público en España sea más bajo es que hay menos dinero para gastar cada año. Traducido en euros, la diferencia entre el gasto público en la UE-28 (45,8% del PIB) y en España (41%) fue de 56.000 millones en 2017. Y con los otros 18 paises euro (gastan el 47,1% del PIB), gastamos 71.145 millones menos sólo en 2017, según Eurostat. Y luego, esa diferencia es mayor o menor con los países europeos con los que nos debíamos comparar: Francia (gasta el 56,5% del PIB: 258.279 millones más al año), Alemania (gasta el 43,9% del PIB: 33.823 millones más que España), Reino Unido (gasta el 41,1%, 11.663 millones más que España) e Italia (gasta el 48,9% del PIB, 92.139 millones más). Incluso Portugal (45,9% del PIB) gasta 57.149 millones más al año que España.

Gastamos menos que Europa, está claro. ¿En qué? En casi todo, sobre todo en gasto social: España gastó un 16,8% del PIB en 2016 (último dato publicado este año por Eurostat), frente al 19% del PIB en la UE-28 y el 20% en la zona euro. Son 26.800 millones menos de gasto al año, sobre todo en pensiones (gastamos el 9,2% del PIB frente al 10,2% en la UE o el 13,5% en Francia o Italia), en las familias y la infancia (un 0,7% del PIB frente al 1,7% europeo, el 2,4% de Francia  o el 1,7% de Alemania, a pesar de que somos el país más envejecido y el que tiene la menor tasa de natalidad) y en el paro: gastamos el 1,8% del PIB frente al 1,3% en la UE-28 y el 1,6% en la zona euro, pero tenemos más del doble de paro que Europa. Y gastamos menos que Alemania en el paro (gastan el 1,9 de su PIB), a pesar de que tienen el 3,4% de desempleo y nosotros el 15,1%, según Eurostat.

También gastamos menos en el Estado del Bienestar. Sobre todo en educación: España gasta en enseñanza el 4% del PIB (2016), frente al 4,7% en la UE-28, el 5,4% en Francia, el 4,7% en Reino Unido o el 4,2% en Alemania: somos el 6º país europeo con menos gasto público en educación, a pesar de que nuestro paro juvenil duplica el europeo(34,4% frente al 17,2%). También en sanidad: España gasta el 6% del PIB, frente al 7,1% de Europa y la zona euro, el 8,1% de Francia, el 7,6% de Reino Unido o el 7,2% de Alemania. Y también tenemos menos gasto público que Europa en alojamientos y equipamientos colectivos (0,5% frente al 0,6% en la UE-28), asuntos económicos (3,9% frente al 4%) y defensa (1% frente a 1,2%). Solo gastamos más que la media europea en orden y seguridad (1,9% del PIB frente a 1,7%), entretenimiento y cultura (1,1% frente al 1%), protección del entorno (0,8% frente a 0,7%) y servicios generales (“burocracia: 6,1% frente al 6%), según Eurostat.

El problema de España no es sólo que gastemos menos en bienes y servicios públicos sino que 5 años de recuperación no han servido todavía para recuperarse de los recortes sufridos en el gasto público: se redujo en 30.284 millones entre 2009 y 2014, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), 8.000 millones responsabilidad de  Zapatero (2010 y 2011) y 22.000 millones recortados por Rajoy. Pues bien, en 2018, todavía no se han recuperado 12.000 millones de esos recortes, de ellos 8.255 millones en las autonomías, según un reciente trabajo de los Directores de Servicios Sociales. Sobre todo, el gasto social no recuperado todavía sobre 2009 es en sanidad (6.500 millones), en educación (4.000 millones) y en Dependencia (1.500 millones). Y eso sin contar el gasto en desempleo, que ha sufrido otro recorte drástico: de 32.366 millones gastados en desempleo en 2009 a 17.397 en 2017, aunque el paro sólo cayó en 559.800 personas.

Otro problema del gasto público en España, además de que sea bajo y no se haya recuperado de los recortes, es que está mal repartido. Y en consecuencia, la sanidad, la educación, la Dependencia, las ayudas sociales y hasta el desempleo dependen de donde uno viva, con grandes diferencias entre autonomías. Porque unas gastan más que otras. Y así, hay 6 autonomías que han recuperado en 2017 su gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) de 2009 (Baleares, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana) mientras las 11 autonomías restantes (donde viven la mayoría de españoles) gastan hoy en sanidad, educación y gastos sociales menos que en 2009. Y lo peor, que en unas autonomías tiene más peso el gasto social (en Asturias, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Madrid se lleva más del 65% del Presupuesto) y en otras tiene menos (en Navarra, Baleares, Cataluña y la Rioja, estos gastos apenas superan la mitad del Presupuesto). Así que hay “varias Españas” en gasto social.

A la vista  de estos datos, parece claro que España debería aprovechar la recuperación (“mientras dure”) para aumentar el gasto social, para gastar más en lo que hace falta, sobre todo en empleo, pensiones, educación, sanidad, Dependencia, gastos sociales y ayuda a la familia y a la infancia, sin olvidar otras necesidades perentorias como atender a la pobreza (un 27,9% de la población: somos el 7º país europeo con más pobreza), mejorar el medio ambiente, apoyar a la Ciencia, la digitalización y la reindustrialización o recuperar las inversiones públicas (en mínimos), desde cauces y obras hidráulicas (para evitar inundaciones recurrentes) a infraestructuras básicas (es una vergüenza que Bruselas nos multe por no depurar las aguas residuales en muchos municipios o por no invertir en la calidad del aire).

Aumentar el gasto público es una necesidad evidente no una “postura política” o ideológica de la izquierda, como acusa la derecha: España gasta mucho menos que Europa y hay que recuperar el gasto social y el Estado del Bienestar, en beneficio de la mayoría de españoles, que exigen unos servicios públicos decentes, hoy sin recursos ni medios. Por eso, los políticos deberían ser capaces de pactar un Plan de choque para recomponer el gasto público tras los recortes. Un Plan que apunté en otro blog y que debería centrarse en el empleo (2.000 millones para financiar un Plan de empleo, mejorar las ayudas a los parados y reducir la precariedad laboral), las pensiones (conseguir 3.000 millones de recursos extras), la pobreza (1.000 millones), la sanidad, educación y Dependencia (2.500 millones), la familia y la infancia (500 millones), la promoción del alquiler (1.000 millones) y financiación extra de la Ciencia (1.000 millones). Todo por lo bajo. Y salen 11.000 millones.

A ver quién se atreve a decir que estos gastos urgentes (y otros más en energía, medio ambiente, infraestructuras, digitalización o modernización de la economía) “no están justificados” o son “una ocurrencia de la izquierda” que “sólo sabe gastar más”. Son gastos no sólo necesarios sino justos, para compensar a una mayoría de la población que “no notan la recuperación”. Y además, servirían para reanimar el consumo y la inversión, el crecimiento y el empleo, que ahora peligran por el enfriamiento europeo y los nubarrones económicos en el horizonte, desde la subida del petróleo a los tipos pasando por el proteccionismo comercial. Y además, si se reanima la economía y aumenta el consumo y el crecimiento, una parte de este gasto extra se podría recuperar con más recaudación.

Pero claro, este mayor gasto exige mayores ingresos. Y aquí volvemos a chocar con la ideología, con la crítica a la izquierda porque “sólo sabe subir impuestos”. Pero no es una cuestión de ideología sino de números: España recauda menos que el resto de Europa, ahora y antes, ya desde el franquismo y con la democracia: en 1997-2001 (España ingresaba el 38,1% del PIB frente al 45,5% en Europa), antes de la crisis (en 2007 recaudamos el 38,8% frente al 45,8% en la UE-28), durante el ajuste, en 2012-2013 (37,5% frente al 45,4% europeo) y con la recuperación, en 2017 : España recauda el 37,9% del PIB (menos que antes), frente al 44,9% de la UE-28 y el 46,2% de los paises euro, según Eurostat. A lo claro: recaudamos 81.642 millones menos que Europa y 96.804 millones menos que los paises euro, sólo en 2017. Y 186.611 millones menos que Francia (recauda el 53,9% del PIB), 85.141 millones menos que Alemania (45,2% del PIB), 13.995 menos que Reino Unido (39,1% PIB) y 101.469 millones menos que Italia (46,6% PIB). Incluso 58.315 millones menos que Portugal (42,9%).

España recauda e ingresa menos que Europa porque tenemos más fraude fiscal y porque hay colectivos que pagan menos impuestos de lo que deben, no la mayoría de españoles (las familias aportan el 83% de los ingresos, según Hacienda). Son las grandes empresas y la banca, que pagan realmente un 6,14% en el impuesto de sociedades, porque tienen muchas exenciones y desgravaciones “legales”. Las multinacionales, que hacen “trampas legales” en paraísos fiscales. Los impuestos al alcohol, tabaco y carburantes, más bajos que en Europa. El IVA, que con tantas excepciones, tiene también un tipo real más bajo. Y un IRPF donde se paga menos que en Europa, sobre todo los que ganan más y los que tienen ingresos por intereses y dividendos. Y los más ricos, que evaden con las SICAV o con sociedades interpuestas.

Habría que pactar de una vez una reforma fiscal que ajustara estos impuestos, para recaudar “como europeos”, unos 40.000 millones al año, que nos permitirían gastar más y recortar el déficit público. Y a corto plazo, para 2019, hacer un Plan de choque fiscal que suba al 15% el tipo efectivo de sociedades (+2.000 millones), quite el IVA reducido y superreducido a algunos productos (+1.500 millones) aumente el IRPF a los que más ganan (+600 millones), suba los impuestos al gasoil y la gasolina (+1.500 millones), implante la tasa Tobin sobre transacciones financieras (+1.000 millones) y cree un impuesto a las tecnológicas (+500 millones), junto a un Plan de lucha contra el fraude (+1.500 millones). En total, 8.600 millones extras que, junto al mayor déficit que nos permite Bruselas (+6.000 millones) permitiría atender en 2019 hasta 14.600 millones de gastos extras necesarios. Sin tocar los impuestos al 95% de españoles.

Todo este esquema, más gastos y para ello más ingresos, no es ideológico, aunque a la derecha tradicional le levante “sarpullidos”. Es simplemente una estrategia para ingresar y gastar “como europeos”, para mejorar los servicios públicos y atender a las necesidades de la mayoría. Pero PP y Ciudadanos se enrocan en no gastar más, aunque ahora nos deje Bruselas, porque no quieren subir impuestos sino bajarlos. Lo que no dicen es que bajar impuestos (que beneficia siempre más a los que más tienen) supone no mejorar el empleo, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología, las infraestructuras básicas y la modernización de la economía. Alejarnos aún más del Estado del Bienestar europeo.

Lo más probable es que este esquema, más gasto y más recaudación, no consiga la mayoría en el Parlamento y el Gobierno Sánchez no logre aprobar los Presupuestos 2019 y tenga que anticipar elecciones. Pero después, el próximo Gobierno tendrá que volver a plantearse qué hace: o gastar más y subir algunos impuestos o no subirlos e incluso bajarlos, con lo que los españoles de a pie no veremos mejorar el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología o la modernización de la economía. Porque no se puede tener servicios alemanes con impuestos marroquíes o fraude fiscal italiano. Este es el gran debate ahora y lo será después de las elecciones. Piénselo al votar.