La industria pide paso

Este mes, el día 21, los sindicatos se manifiestan no para pedir más salarios sino para pedir más industrias. Saben que el futuro del empleo pasa por promover nuevas industrias, que crean un empleo más estable y mejor pagado, más inmune a las crisis que el de los servicios, como se ha visto con el coronavirus. Por eso, la prioridad de los Fondos europeos es relanzar la industria, junto a la economía verde y la digitalización. En España, ya se han aprobado 8 Planes estratégicos (PERTEs), para apostar por el coche eléctrico, la industria agroalimentaria, naval y aeroespacial, la economía circular, energías renovables y microchips, con una inversión estratosférica (66.000 millones), que espera crear 500.000 nuevos empleos industriales en 4 años. Parece que esta vez se apuesta por la industria y no sólo por batir récords de turistas, bares y comercios. Ahora falta una Ley de la Industria (es de 1992) y concretar el Pacto de Estado por la industria, que firmaron (¡en 2016 ¡) sindicatos y patronal. A ello.

Enrique Ortega

La pandemia sumió al mundo en una grave crisis económica, que ha afectado sobre todo a los servicios, en especial al turismo y al consumo. Curiosamente, la industria salió mejor parada, a pesar de los cierres durante algunos meses de las factorías y la interrupción de suministros en el comercio mundial. Los datos indican que mientras la economía se desplomaba en el primer año de la pandemia (-10,8% cayó el PIB en España), la industria ganó peso en la economía en 2020 y también en 2021: pasó de aportar el 14,5% del crecimiento (PIB) en 2019 al 14,7% en 2020 y el 15,3% en 2021. Y los datos del INE revelan que la industria ha seguido mejorando su peso en el primer trimestre del 2022, al aportar ya el 16% del crecimiento total de la economía. Y ello gracias a un menor peso de los servicios y la construcción, más dañados por la pandemia.

Pero esta ligera mejoría de la industria, por la mayor caída de los servicios, no puede ocultar que la industria en España está “de capa caída” comparada con hace 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB) y todavía en 1980 éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). En los años 90, el gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. El resultado fue que el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1987 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar sólo el 14,5% en 2018 y 2019. Y sólo ha mejorado su aportación después (hasta el 16% actual), por la caída de los servicios con el coronavirus.

Con ello, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite sobre todo en precio, por nuestros menores salarios en relación a la mayoría de Europa. Y la industria tiene un menor peso en España que en Europa: ese 15,3% que aporta a la economía (2021) contrasta con un 19% de media en Europa, el 23,6% de Alemania y el 17,4% de Italia,  aunque supera a Francia (13% aporta la industria) y queda muy por debajo de los paises de Europa del Este (con más del 20% de peso de la industria), según Eurostat. Y queda lejos del objetivo europeo para 2020: que la industria aportara el 20% del PIB.

Lo más preocupante no es sólo que la industria española no recupere el peso del pasado sino que se ha perdido mucho empleo industrial, trabajadores que se han cambiado a la construcción o a los servicios: se ha pasado de 3.244.300 empleos en el verano de 2008 a 2.697.100 ocupados en el primer trimestre de 2022, según la EPA. Son -547.200 empleos industriales perdidos entre la crisis financiera (-480.600) y la pandemia (-66.600). Esta caída del empleo industrial preocupa doblemente a los sindicatos: porque son empleos perdidos y porque los empleos industriales son “de más calidad” (mejores contratos, bien pagados).

Ahora, en 2022, se esperaba que la industria siguiera mejorando, tras haberse superado lo peor de la pandemia. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y estalló  una nueva crisis que ha trastocado otra vez la economía y también a la industria, que sufre una “tormenta perfecta”: se les han disparado los precios de la energía (gas, luz y carburantes) y las materias primas, mientras se mantienen los problemas de suministros en el mercado internacional. De hecho, la industria está siendo el sector más afectado por la alta inflación (+8,7% en mayo), sobre todo las industrias más dependientes de la electricidad (cuyo precio se ha duplicado en 2022), como la siderurgia, el aluminio o el cemento, o del gas natural (cuyo precio se ha multiplicado por 10), como la industria química o la cerámica.

La consecuencia es que la industria también “ha pinchado”, como el resto de la economía (+0,3% de crecimiento este primer trimestre, frente al +5,1% que crecimos en 2021), cayendo en el primer trimestre (-1,4%), como la agricultura (-2,2%), mientras se mantenían la construcción (+0,3%) y los servicios (+0,4%). El mayor problema en la coyuntura industrial lo tienen la fabricación de vehículos, la metalurgia y los plásticos (que caen en el primer trimestre), mientras aguantan mejor la industria de la madera y corcho, las refinerías, el textil, los productos electrónicos y farmacéuticos, según el Índice de producción industrial. Y otro indicador, el de clima industrial, ha caído en abril a niveles negativos, por primera vez desde junio de 2021. Lo que preocupa ahora a 3 de cada 4 empresas industriales es la inflación, la escasez de materiales y  la falta de demanda.

Antes de que estallara la guerra de Ucrania, la mayoría de los paises europeos ya habían aprendido una lección con la pandemia: que es demasiado peligroso depender de los servicios y que la industria es menos vulnerable a las crisis. Los datos lo dejan muy claro: los paises que mejor han aguantado el impacto de la pandemia han sido los paises con más peso de la industria: en 2020, China (la fábrica del mundo) creció un +2,3%, lo mismo que Taiwán (+3,1%), mientras Corea del Sur sólo caía un -1%. Y en Europa, Alemania caía un -4,9%, mientras paises con menos peso de la industria y más dependientes de los servicios sufrían una mayor crisis: Francia (-8,2%), Italia (-8,9%) y España (-10,8%).

Esta mayor o menor caída de las economías según el menor o mayor peso de la industria no es casualidad. Porque la industria ha demostrado, en todas las crisis (en la de 2008-2010 y ahora en la pandemia), que es menos vulnerable y que mantiene mejor la actividad y el empleo que los servicios. Ello se debe a que la industria es más innovadora (el 47% de las empresas innovadoras son industriales), compite mejor fuera (en España, el 83% de todas las exportaciones las hacen empresas industriales), tienen una mano de obra más formada y crean empleos más estables y mejor pagados (cobran un 20% más que en los servicios). Por todo ello, tener más industria supone disponer de “una red de seguridad” frente a las crisis. Eso sí, en el caso de Europa y España, la pandemia ha revelado la excesiva dependencia de China y Asia, así como de las cadenas internacionales de suministro (puertos, barcos, camiones), lo que exige ahora buscar una mayor autonomía industrial.

Por todo ello, la Comisión Europea lleva varios años impulsando una nueva política industrial europea, asentada en potenciar los sectores estratégicos, para lograr grandes compañías que puedan competir con EEUU, China y Asia, asegurando los suministros y la independencia europea en futuras crisis, tras las enseñanzas de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Por eso, la política industrial es uno de los objetivos claves del Plan de Recuperación europeo (“Next Generation EU”), junto a la reconversión energética y la digitalización.

En el caso de España, durante muchas décadas se ha vivido con la idea de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Así que los distintos Gobiernos se han dedicado a facilitar la inversión de las multinacionales (automóvil, farmacéuticas), pero sin entrar en una “planificación de la industria”, escaldados por la historia de las reconversiones de empresas públicas. Hasta que en junio de 2018, el nuevo presidente Sánchez, crea otra vez el  Ministerio de  Industria (antes, con Rajoy, estaba dentro del Ministerio de Economía) y posteriormente, en febrero de 2019, se aprueba las Directrices de la Nueva Política Industrial para 2030. Es el primer esbozo de una apuesta por la industria a medio plazo, que tarda en concretarse por los cambios políticos, aunque se traduce después en mayores recursos para la industria en los Presupuestos de 2020 y 2021.

Pero el gran salto, la verdadera apuesta por la industria se da con el Plan de recuperación, enviado a Bruselas el 30 de abril de 2021. Ahí se decide destinar el 17,1% de todos los recursos del Plan (70.000 millones de subvenciones europeas) a la política industrial en los próximos cuatro años. El objetivo es modernizar la industria española para que sea “más verde digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE). La apuesta es apoyar a los sectores industriales claves (“tractores), como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, apostando además por sectores nuevos, que quiere impulsar Europa, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (residuos) y los microprocesadores.

Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se ha traducido en la aprobación (entre julio de 2021 y mayo de 2022)  de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a medio plazo donde se pone dinero público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En total, una inversión industrial histórica, de 66.000 millones de euros, que pretende crear 500.000 nuevos empleos.

Ahora, España tiene un Plan para relanzar la industria y abundante dinero público (español y europeo), que necesita contar ahora con inversiones privadas y proyectos viables, que hay que ejecutar bien y a tiempo (si no, perderemos las ayudas europeas). Pero en paralelo a la ejecución de los nuevos proyectos, la industria española (toda) tendrá que reconvertirse y resolver sus problemas de fondo, sus debilidades: escaso peso de la tecnología, pequeño tamaño industrias, escasa financiación, baja formación trabajadores, altos costes de la energía y el hándicap de la geografía. Y además, hay que reducir la tremenda disparidad regional: sólo hay 3 regiones españolas con un peso importante de la industria (más del 20% de su PIB regional: Navarra, la Rioja y el País Vasco), mientras la mayoría tiene un peso bajo (en torno al 10%) y hay 5 regiones con un peso mínimo de las industria (del 2 al 7% de su PIB), concretamente Baleares, Canarias, Madrid, Extremadura y Andalucía.

La primera debilidad de la industria española es el escaso peso de la industria “tecnológicamente avanzada” (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en menor productividad y competitividad, según este estudio de CCOO. La segunda debilidad  es el tamaño, demasiado pequeño porque hay un exceso de pymes en la industria: sólo el 15% de las industrias españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y la cifra media de negocio de las industrias españolas es de 3,42 millones de euros, frente a 4,17 millones de media que facturan las industrias europeas. Este menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor accedo al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, por partida doble: España como país gasta menos en Ciencia (1,41% del PIB frente a 2,32 la UE -27) y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas. La cuarta debilidad es el mayor coste de la energía en España, lo que debilita su competitividad. La quinta, que las empresas (todas) tienen más dificultades para financiarse (la banca española “ha huido” de la industria). Y luego hay una 6ª debilidad, geográfica: nuestras industrias están en una punta de Europa y tienen que recorrer 2.300 kilómetros para llegar a los mercados de Centroeuropa.

Con todos estos “hándicaps”, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero es clave para consolidar una economía más estable en las crisis. Por eso, sindicatos y patronal ya firmaron el 26 de noviembre de 2016 un Pacto de Estado por la industria, algo poco usual, acordando un decálogo de medidas que pidieron entonces al Gobierno Rajoy: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento tamaño empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora en la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Pasaron los años, cambió el Gobierno y las medidas no se aprobaban. El 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en la Comisión de Industria del Congreso, donde todos los grupos lo apoyaron, pero sin más. Y hasta septiembre de 2021 no se creó el Comité Ejecutivo del Foro de Alto Nivel de la industria española, integrado por 30 organizaciones, entre ellas el Gobierno, sindicatos y patronal, que tienen pendiente aprobar formalmente el Pacto otra vez (ojo: ¡ 6 años después ¡), para enviarlo al Parlamento y que se traduzca en medidas concretas. Entre ellas, una nueva Ley de Industria, que sustituta a la vigente, que es de 1.992. El Gobierno lanzó a consulta pública un borrador de esta Ley en abril y quiere aprobarla este año 2022.

Como se ve, hay muchos motivos para que los sindicatos se manifiesten este mes para pedir de una vez medidas concretas para relanzar la industria española, porque no basta con los Fondos Europeos y los PERTEs. Hay que aprobar medidas para afrontar las debilidades estructurales de la industria y reforzarla para afrontar los retos de este siglo, básicamente la digitalización, el cambio climático y la revolución tecnológica. Hay que apostar a tope por la industria, porque es apostar por un empleo estable y de calidad. No podemos seguir siendo un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.

Pincha la industria y vienen despidos

Las ventas de coches se han desplomado de enero a junio, un 12%, tras caer un tercio las ventas de diesel. Y se anuncian recortes temporales de plantillas en el automóvil. Es la puntilla para la industria, que ha perdido peso en 2018, siendo el consumo y la construcción los que mantienen la recuperación. La industria se ve muy afectada por la crisis del comercio mundial y el bajo crecimiento europeo, que frenan las exportaciones. De momento, ya se han perdido 27.672 empleos industriales en el primer trimestre de 2019 y los sindicatos temen que continúen los despidos y los ERES, que pagamos todos. Por eso, urge poner en marcha un Plan industrial, que pactaron hace casi 3 años sindicatos y patronal, sin haberse tomado medidas, salvo un parche laboral y otro para abaratar la luz industrial. Necesitamos apostar por la industria para consolidar la recuperación y el empleo. No podemos ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas. El futuro está en la industria.

enrique ortega

La industria española está “de capa caída”, tras varias décadas donde ha perdido peso, en favor de los servicios (turismo, hostelería, comercio) y la construcción. Conviene recordar que la industria suponía un tercio de la economía en 1970 (aportó el 38% del PIB) y todavía en 1980 España era la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). Y en los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera, Iberia), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Y el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1997 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. Luego se recuperó ligeramente, estabilizándose en el 16% del PIB en 2014 y 2015, para subir al 16,2% en 2016 y al 16,3% del PIB en 2017. Y en 2018, ha caído de nuevo al 16,06% del PIB, el mayor retroceso en la aportación de la industria al crecimiento desde 2009.

Con ello, España se aleja del objetivo propuesto por la Comisión Europea a todos los paises UE para 2020: que la industria aporte el 20% del PIB. En 2018, el peso de la industria europea (UE-28) era el 17,5%, según Eurostat, y había ya 9 paises cuya industria superaba el 20% del PIB: Irlanda (32,9%), República Checa (27,4%), Rumanía (23,7%), Eslovaquia y Eslovenía (23,5%), Alemania (23,2%), Polonia (22,9%), Hungría (21,8%) y Bulgaria (20,1% del PIB). España (16,06% del PIB) ocupa el puesto 16º en el ranking industrial de la UE, por detrás de los 9 paises anteriores más Lituania (19,7%), Finlandia (18,4%), Estonia (18,1%), Italia (17,1%), Suecia (16,9%) y Croacia (16,7%). Y sólo tiene menos peso la industria en Portugal (15,9%), Reino Unido (12,6%) y Francia (12,2%).

La industria española no sólo redujo su aportación al crecimiento en 2018 sino que entró en recesión, al caer un -0,3% en el tercer trimestre de 2018 y un -1% en el cuarto, algo que no se veía desde finales de 2012, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Y en consecuencia, el empleo en la industria se redujo en 3.000 trabajadores en 2018, siendo el único sector con pérdida de empleo en un año en que se crearon +566.200 puestos de trabajo (+428.100 en los servicios, +136.300 en la construcción y +4.900 en la agricultura). Y el paro en la industria alcanzó los 179.900 desempleados en marzo de 2019, según la última EPA, 9.900 parados más que antes de la crisis (había 169.000 parados industriales en marzo de 2008).

Menos mal que en el primer trimestre de 2019, la industria española volvió a crecer, un 1,1%, según el INE, aunque el empleo industrial se estancó (mientras caía en los servicios) y creció sólo en 200 trabajadores. Otros indicadores, como la cifra de negocios o el índice de producción industrial mejoran muy ligeramente, pero las perspectivas no son esperanzadoras: el índice PMI, que anticipa la actividad industrial futura bajó en febrero y más en junio, tras cinco años de recuperación (desde 2013). Y sobre todo, está cayendo el empleo industrial: la gran empresa ha destruido 27.672 empleos en el primer trimestre de 2019, según un reciente informe de Randstad y Cepyme. Y sigue habiendo empresas que presentan EREs para reducir su plantilla de forma definitiva o temporal (ERTE).

El “pinchazo” de la industria española se debe a dos causas externas más que internas. Por un lado, la “guerra comercial” (proteccionismo y subida de aranceles) de Trump con China y la Unión Europea, ha frenado el comercio mundial y las exportaciones, afectando muy negativamente a la industria española, muy volcada en vender fuera (automóviles, alimentación, textil y calzado). Y la otra razón, más importante aún, es que la economía mundial crece menos y, sobre todo, que Europa“ se ha desinflado”, con un bajo crecimiento en la zona euro (del 2,4% de 2017 se pasó al 1,9% en 2018 y al 1,2% en 2019), según las previsiones de mayo de la Comisión Europea. Y un “pinchazo” de Alemania (del 2,2% que creció en 2017 pasa al 1,4% en 2018 y al 0,5% en 2019) e Italia (del 1,7% que creció en 2017 y el 0,9% de 2018 pasará a crecer un 0,1% este 2019), mientras baja también el crecimiento de Francia (del 2,2 y 1,6 al 1,3% en 2019) y Reino Unido (del 1,8% y 1,4% al 1,3% en 2019). Y no olvidemos que dos tercios de las exportaciones españolas van a Europa y que el 80% de esas ventas exteriores las hace la industria.

Estos dos problemas exteriores se han traducido en un frenazo de las exportaciones españolas que ha lastrado a la industria. Así, nuestras exportaciones han crecido sólo un 0,9% entre enero y abril de 2019, según los datos de Comercio, tras haber aumentado un 2,9% en 2018, muy lejos del 7,7% que crecieron las exportaciones en 2017. Y lo que han “pinchado” han sido las exportaciones de automóviles (-6,9% en 2019), ropa (-3,2%) y calzado (-2,5%), más algunos alimentos, como bebidas (-2,4%), azúcar (-0,2%) y aceites (-0,1%), y las ventas de electrónica de consumo (-18,9%) y hierro y acero (-6,4%).

El mayor problema de la industria está en el sector del automóvil, la tercera mayor industria española, tras el turismo y la alimentación, que aporta el 5% del PIB y da trabajo a 2.708.500 españoles (el 14,01% del empleo total). Y la industria del automóvil lleva meses cayendo en picado, por una fuerte caída de ventas en España y en Europa, fruto del menor crecimiento pero sobre todo de las dudas sobre el futuro de los coches diesel y gasolina, ante el temor de que se restringa y prohíba su uso en Europa por sus altas  emisiones contaminantes.

En España, las ventas de coches volvieron a caer en junio de 2019 (-8,3%), acumulando un descenso de ventas del -5,7% en el primer semestre. Pero esas son las ventas totales. Si sólo vemos las ventas de coches a particulares (sin contar flotas de alquiler y empresas), la caída de ventas es del -12,3% entre enero y junio. Y son ya 10 meses seguidos de caída de ventas a particulares, con un descenso del 5,7% en la caída de ventas de turismos en el primer semestre (se han vendido 692.472), caída que se ha dado en toda España salvo en Murcia (+6,2% venta turismos en 2019), Ceuta y Melilla (+5%) y Madrid (+0,2%). Y la cifra real de caída de ventas es mayor, porque los concesionarios están auto matriculando vehículos (30.000 sólo a finales de junio), para intentar “mantener” el mercado.

La causa principal de esta caída de ventas es la desconfianza de los españoles ante el futuro del diesel, cuyas ventas han caído un 33% este año y sólo representan el 27% de todas las ventas, frente al 33% en 2018, el 56,8% en 2016, el 66% en 2014 y el 71% de las ventas en 2007. Un desplome del diesel que beneficia a los coches de gasolina (61,7% de las ventas este año, frente al 32,3% en 2014 y el 25% en 2007), que emiten entre un 20 y un  25% más CO2 que los nuevos coches diesel, aunque producen menos partículas de NOx. Y están subiendo las ventas de “coches alternativos”, aunque todavía son muy bajas: suponen el 10,5% de las ventas en 2019 (vendidos 73.021 turismos alternativos), la mayoría híbridos no enchufables (50.324 turismos), seguidos de turismos a gas (13.739), eléctricos (5.459 vendidos de enero a junio, el 0,79% del total) e híbridos enchufables (3.499 turismos).

A la caída de ventas en España se suma la caída de exportaciones de coches fabricados aquí. Entre enero y mayo se han exportado 1.024.704 coches fabricados en España, un 5,7% menos que el año pasado, según Anfac, que destaca la caída de ventas de coches a Reino Unido (-3,1%, por el Brexit), Italia, Holanda y Portugal.

Con este doble problema, menos ventas en España y en el extranjero, la industria española del automóvil ha fabricado 1.275.891 vehículos entre enero y mayo de 2019, un 5,6% menos que el año pasado. Y son ya 7 meses consecutivos de caída de la producción de coches en las 17 fábricas españolas, que dependen de 7 multinacionales. Con ello, España ha perdido el 8º puesto en la fabricación mundial de automóviles, superada por Brasil, tras China (29 millones de coches fabricados en 2018), EEUU (11 millones), Japón (9,6 millones), Alemania (5,6), India, Corea del Sur y México.

De momento, esta caída continuada de ventas, exportación y fabricación de coches, ha traído consigo el anuncio de expedientes de regulación de empleo, de momento temporalmente. Uno, en la fábrica Ford de Almusafes (supresión turno de noche y un ERE temporal de 2 semanas) y otro en la factoría Nissan de Ávila (un ERTE para 100 trabajadores a partir de septiembre). Pero los sindicatos se temen un tsunami de expedientes y despidos en la mayoría de las fábricas de coches si persiste la caída de ventas. Y una parte de ese ajuste lo pagaremos todos, vía presupuestos para el desempleo, porque los trabajadores que entren en un expediente de regulación cobran el paro (el 70% de su salario) y sus empresas se ahorran su sueldo durante los días o meses que no trabajen.

España juega con dos desventajas ante la crisis mundial del automóvil. Una, el gran peso que tiene el coche diesel en las 17 fábricas españolas: producen 1,4 millones de vehículos diesel y 1 millón de motores, que dan empleo a 40.000 trabajadores. Y la otra, España fabrica pocos coches eléctricos, que es donde está el futuro: sólo se fabrican 4 modelos de furgonetas eléctricas en Vigo (Citroën Berlingo y Peugeot Partner), Vitoria (Mercedes Vito) y Barcelona (Nissan e-NV200) y un mini vehículo en Valladolid (el Renault Wizy), además de un híbrido en Valencia (el Ford Mondeo Hybrid). Y además hay una tercera: las fábricas españolas de coches dependen de 7 multinacionales, radicadas en Alemania, Francia, Japón, EEUU o Corea del sur, que van a decidir dónde y qué fabrican pensando en una estrategia industrial multinacional, de costes y ventas, no en el empleo en España.

Para hacer frente a esta crisis del automóvil, el Gobierno Sánchez, las empresas y los sindicatos constituyeron en marzo una Mesa de trabajo, donde van a hacer un seguimiento y proponer medidas para frenar la crisis del automóvil, sobre la base de un Plan estratégico 2019-2025 de apoyo integral al sector, aprobado por el Gobierno el 4 de marzo. Un Plan que tiene 5 ejes: creación de una mesa por la movilidad sostenible, revisión de la fiscalidad del automóvil y los carburantes, impulso de las inversiones tecnológicas en vehículos sostenibles, ayudas a la compra de vehículos de bajas emisiones y refuerzo de la formación de los jóvenes (FP y Universidad) para afrontar los retos futuros del automóvil. En paralelo, la patronal ANFAC ha propuesto un Plan con 50 medidas, entre las que destaca destinar 600 millones en tres años a ayudas para incentivar la compra de coches nuevos. Y además, en diciembre pasado, el Gobierno Sánchez aprobó “otra medida de alivio” para el sector del automóvil: permitirles jubilar anticipadamente a trabajadores mayores o que trabajen menos horas a cambio de cubrir su puesto con trabajadores jóvenes, en vacaciones o picos de producción, un privilegio que no tienen el resto de las empresas en España.

Algo es algo, pero lo que necesita el automóvil es un Plan a 20 años, donde se combine el medio ambiente, la innovación y el empleo, pactándolo con multinacionales y sindicatos. Y todo ello, dentro de un Plan industrial a medio plazo, que identifique los sectores con futuro en los que debería volcarse España. Ya hace casi 3 años, el 26 de noviembre de 2016, la patronal y los sindicatos españoles firmaron un Pacto de Estado por la Industria, algo poco usual. Trabajadores y empresas, acordaron un decálogo de medidas que pidieron al Gobierno: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento del tamaño de las empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora de la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Hoy, casi 3 años después, poco se ha hecho para poner en marcha este Pacto industrial, salvo las medidas de apoyo al automóvil y las ayudas a las grandes industrias consumidoras de electricidad (91millones aprobados en marzo 2019), que de momento han permitido la venta de Alcoa a un fondo de inversión suizo (suena a compra especulativa). Y mientras, la industria pierde peso y empleo. Algo preocupante porque la industria es el sector con el empleo más estable, más formado y mejor pagado, lo que afianza la recuperación. Por eso, una de las prioridades del futuro Gobierno debería ser pactar un Plan de apoyo a la industria, con financiación, ayudas tecnológicas, fiscales y laborales, junto a una apuesta por la formación profesional para hacer frente a la digitalización y la robotización. Y apostando por la reconversión energética de la industria, que además de ayudar a salvar el Planeta puede crear entre 250.000 y 364.000 empleos anuales en energías renovables, ahorro y eficiencia energética, según el Plan nacional de Energía y Clima enviado a Bruselas en febrero. 

Hay que relanzar la industria, porque es la garantía de un crecimiento y empleo estables, de una mejora de la productividad que aumente nuestro nivel de vida. No podemos seguir apostando por ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas, por ser la California de Europa. El futuro está en la industria.