UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

Ley de Residuos: reciclar tiene su precio

El Congreso aprobó el 14 de julio la nueva Ley de Residuos, para cumplir con las exigencias europeas. El futuro Gobierno tendrá que elaborar un Plan Nacional de Residuos para evitar que España sea el país de Europa con más basura y menos reciclaje. Ello supondrá un gran esfuerzo para las empresas y los Ayuntamientos, en plena crisis, y también para los consumidores, que tendremos que pagar más por las basuras. Y habrá que olvidarse de las bolsas de plástico para 2018.También volverá la antigua costumbre de devolver los cascos y cobrar por ellos. Al final, se trata de utilizar menos envases, más reutilizables y más fácilmente reciclables. Y acostumbrarnos todos a reciclar, desde pequeños. Basura no, gracias.

España es uno de los países que produce más basura y que menos recicla. Cada español genera al año 556 kilos de basura, más de kilo y medio diario, frente a 508 kilos de media europea. Y sólo reciclamos el 15,5%, unos 86 kilos al año por habitante, frente a 119 kilos (un 23,4%) que reciclan los europeos. La mayoría de la basura acaba en el vertedero (287 kg en España, frente a 202 en Europa) y poca se incinera (48 kg aquí y 100 kg en la UE).

Con todo, la  anterior Ley de Residuos, de 1998, supuso un gran salto, ya que se pusieron en marcha dos sociedades sin ánimo de lucro  para recoger y reciclar residuos (Ecoembes y Ecovidrio) y se ha conseguido reciclar un 66% de los envases ligeros (plásticos, latas y briks) y el 83% del cartón y papel, así como el 60% de los envases de cristal, aunque los ecologistas rebajan esos porcentajes y acaban de presentar una queja ante el comisario europeo de Medio Ambiente para que investigue las “graves irregularidades” en los datos que presenta España.

Polémicas aparte, el caso es que queda mucho por hacer en el reciclaje de basuras en general y en los envases en particular: cada día se utilizan 51 millones de envases y sólo se reciclan entre un tercio y dos tercios, según materiales y fuentes. El objetivo de la nueva Ley de Residuos, aprobada sin votos en contra, es triple: que haya menos envases, que sean menos contaminantes (menos peso y más fácilmente degradables) y que se reciclen y reutilicen más. La Ley tiene tres grandes retos. Uno, que para 2015 toda la basura se recoja en España separada (papel, plástico, vidrio, metales y biorresiduos). Dos, que para 2020 se reduzcan los residuos generados un 10%. Y tres, que también para 2020, se reutilicen y reciclen el 50% de los residuos domésticos (hoy es un 15%).

En paralelo, el proyecto estrella es la supresión de las bolsas de plástico no biodegradables: habrá que suprimir el 60% en 2013, el 70% en 2015 y el 100% para 2018. España es el mayor fabricante de bolsas de plástico de Europa (350 empresas y 50.000 empleos, que tendrán que reciclarse) y su tercer consumidor, con 238 bolsas por español al año, que en un 85% se reutilizan para tirar la basura y que tardan hasta 20 años en degradarse. La cruzada contra las bolsas de plástico ya ha empezado en las grandes superficies, que las cobran (eso ha bajado su uso 5 veces menos), pero la nueva normativa va más allá: en 2015 llevarán mensajes negativos, como el tabaco (“esta bolsa mata el medio ambiente”) y en 2016, el Gobierno les pondrá un impuesto, para desanimarnos más a usarlas.

Estos ambiciosos objetivos van a suponer un gran esfuerzo a las empresas, sobre todo de alimentación, y a los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de las basuras y que nos subirán más la recogida. Harán falta más inversiones, en plena crisis, para mejorar los envases (mucha innovación para que contaminen menos), aumentar la reutilización y el reciclado. Y sobre todo, hará falta un esfuerzo de educación al consumidor, para que colaboremos más en separar y reciclar. Para animarnos, la nueva Ley abre la vía a la recogida de envases, a volver a guardar y llevar “los casos”, como hacíamos cuando éramos pequeños. El sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) consiste en poner máquinas en tiendas y supermercados donde el consumidor deposita los cascos a cambio de cobrar 25 céntimos por envase, como ejemplo.

El sistema, que tiene mucho éxito en Alemania (se recuperan así el 98% de los envases) y otros 35 países, permite que el consumidor le dé un valor a los residuos y no los tire, reutilizándolos con menos coste que el reciclado actual. La industria y los comerciantes han iniciado una batalla contra el sistema SDDR, porque dicen que les supondrá muchos costes (600 millones de euros), entre las máquinas y la logística. Y los ecologistas responden que ahorraría costes y que el consumidor ayudaría más a reciclar. En cualquier caso, sería un buen sistema complementario a la gestión de residuos, ya que sólo se puede utilizar para los envases de plástico (PET), briks, latas y botellines de cervezas, bebidas y refrescos, un 5% de los residuos totales generados en España. Y tardará unos años en ponerse en marcha.

Con la nueva Ley y muchas inversiones, España puede convertirse en un país más limpio, que genere menos basura y la recicle más. Es un tema de dinero, de ayudas, de gestión, de colaboración entre empresas e instituciones y, sobre todo, de educación. Hoy por hoy, sólo 6 de cada 10 españoles separa las basuras en su casa y son muchos los que todavía no la llevan al contenedor, a pesar de que España es el país con más contenedores por habitante de Europa. Vivimos en la cultura del desperdicio, del usar y tirar. Y eso es también la cultura del despilfarro. No podemos seguir tirando dinero a la basura. A reciclar tocan.