La inflación nos agobia

La inflación subió un +3,2% anual en abril, el 2º mes que supera el 3%, por la guerra en Oriente Medio, aunque la subida es mucho menor a la que provocó la invasión de Ucrania (hasta +10,8% en julio 2022). El problema es que llueve sobre mojado: en los últimos 5 años, la inflación acumulada sube un +22,9%, siendo mucho mayor la subida de alimentos (+36,4%), alquileres (+42,8%), hoteles y restaurantes (+30,6%) o transporte (+22,3%). Y sobre todo, los precios han subido más que los salarios (+14,93% en los últimos 5 años), con lo que la mayoría de familias han perdido poder adquisitivo, más que en Europa. Por eso, aunque la economía y el empleo crecen más en España, muchos ciudadanos “no notan” esta mejoría y más de la mitad cree que la economía está “mal o muy mal”. Para corregir este pesimismo, sólo queda una salida: subir más los salarios, tras varios años en que las empresas han mejorado mucho sus ventas y beneficios. Urge repartir mejor el crecimiento.

                       Los alimentos han subido +36,4% en los últimos 5 años

España sigue creciendo (+0,6% el primer trimestre 2026, un +2,7% anual) y 2026 será el 5º año consecutivo en que creceremos más que el resto de Europa (+2,1%, según el FMI. Sin embargo, los españoles no tienen la sensación de que “la economía va bien”: el 52,8% opina que la economía española va “mal” (38%) o “muy mal” (14,8%), según el último Barómetro del CIS (abril 2026). Un porcentaje de “pesimistas” que es mayor al de antes de la pandemia (en junio de 2019, sólo un 39,8% veían la economía entonces mal o muy mal), aunque es mejor que la sensación negativa que tenían tras la invasión de Ucrania (el 72,6% de los encuestados veían la economía “mal” o muy mal” en abril de 2022). Curiosamente, cuando a esas mismas personas se les pregunta cómo es su situación económica particular, son muy optimistas: el 64,7% la calificaban de “buena” (60,7%) y muy buena (4%), el doble de los que pensaban así antes de la pandemia (junio 2019): 32,5% dijeron que “buena” y 1,3% “muy buena”.

La posible explicación a esta aparente contradicción (“España va mal, pero yo voy bien”) puede estar en la caída de la confianza del consumidor tras varias crisis (pandemia, invasión de Ucrania, guerra en Oriente Medio) y, sobre todo, en la preocupación por la inflación y la vivienda, los dos problemas que más destacan los encuestados por los Barómetros del CIS.

La inflación no debería preocupar tanto, porque bajó dos décimas en abril (al 3,2%), gracias a la rebaja de impuestos a los carburantes y a la electricidad (que cuesta la mitad que en Europa, por el mayor peso de las renovables). Y ese 3,2% de inflación está muy lejos de los precios disparados tras la crisis anterior, la que siguió a la invasión de Ucrania (24 febrero 2022): llegó a subir por encima del 10% entre junio y agosto de 2022 (con un máximo del 10,8% de inflación en julio 2022) y no bajó del 4% hasta mayo de 2023. El problema no es la inflación actual, sino que llueve sobre mojado y los consumidores han sufrido subidas constantes de precios en los últimos 5 años que se han comido sus ingresos y ahorros. Veámoslo.

La inflación “acumulada” hasta abril de 2026 (desde abril de 2021) ha sido del +22,9%, según el INE, aunque hay muchas partidas de gasto que han subido mucho más (o bastante): alimentos (+36,4%), restaurantes y hoteles (+30,6%), bebidas y tabaco (+25,2%), transporte (+22,3%), seguros y servicios financieros (+20,6%), cuidados personales (+19%), gastos de vivienda, luz, agua y calefacción (+17%) y muebles (+14,9%). Y los alquileres han subido mucho más: +42,8% entre abril de 2021 y abril de 2026, según Idealista. Y si nos vamos más atrás, hasta abril de 2008, los precios han acumulado en los últimos 18 años (hasta abril 2026) una subida del +41%. Y han subido mucho más los alimentos (+59%), los seguros y servicios financieros (+71,9%), los restaurantes y hoteles (+53,1%), la enseñanza (+47,5%), los gastos de la vivienda (+45,3%) y el transporte (+42%). Y los alquileres subieron  un +76,5%...

Esta subida acumulada de los precios no afecta a todos por igual: daña más a las familias con menos ingresos, porque gastan más porcentualmente en alimentación, energía, transporte y alquileres, los productos y servicios que más se han encarecido, con lo que han tenido que modificar y recortar sus gastos (ahorrando en carnes, pescados y verduras frescas, por ejemplo), con más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la subida de precio de los carburantes les afecta más y funciona como “un termómetro emocional” de la inflación, alimentando la creencia de que la economía va “mal” o “muy mal”. Y encima, la subida de la inflación y la incertidumbre geopolítica han frenado en seco la bajada del Euribor, con lo que se les encarece la hipoteca que tienen pendiente (o una que pensaran pedir): el Euribor cerró abril en el 2,747%, el precio más elevado del último año y medio, con lo que la próxima revisión de una hipoteca media (163.378 euros a 25 años, al Euribor+1%) les supondrá pagar 839 euros al mes, 52 euros más que hace un año (+624 euros al año).

El problema es que esta inflación acumulada en los últimos años se ha “comido” los ingresos de la mayoría de las familias, porque los sueldos han crecido mucho menos y han perdido poder adquisitivo, teniendo que echar mano de los ahorros o endeudándose. En los últimos 5 años (2021-2025), los salarios en convenio crecieron un +14,93%, con lo que las familias perdieron un -8,8% de poder adquisitivo. Y si nos vamos más atrás, al inicio de 2018, los salarios han subido un +47% hasta finales de 2025, mientras la inflación acumulada subía un 41,8%. Así que los españoles han tenido una subida real de sus ingresos en los últimos 18 años del +5,2% (ganan 2.531 euros de media, 812 euros más que en 2008). Con razón vemos que el sueldo no da… Y si miramos lo que pasa este año 2026, seguimos perdiendo poder adquisitivo: los precios han subido un 3,2% anual hasta abril y en estos 4 meses, la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,94% (balance: -0,26%) . 

Como pasa con los precios, la pérdida de poder adquisitivo es desigual, según las familias y sus ingresos. Tomando los datos de 2025 (un año en que se ganó poder adquisitivo:+0,5%), hubo 2 millones de trabajadores en empresas privadas que perdieron poder adquisitivo (porque su salario subió menos que la media), +3,5%), 4,4 millones que lo ganaron y otros 3,7 millones que lo mantuvieron. Y los 3,1 millones de empleados públicos lo mantuvieron (sin ganar ni perder). Y con ello, en 2025, España fue el país europeo donde menos aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores (+0,5%), menos que Francia (+0,8%) o Dinamarca (+0,6%), Italia (+1,1%), Alemania (+1,4%), Irlanda (+1,8%), Paises Bajos (2,3%), Portugal (+3,8%), Finlandia (+4,1%), Suecia (+6,6%).

Este menor aumento del poder adquisitivo en España tiene 2 causas. Una, que España tiene más inflación que la media europea y que los grandes paises: en abril, la inflación anual de España (el dato “homologado”) fue del +3,5% anual, frente al 3% de media en la zona euro, el 2,9% de Alemania e Italia y el 2,5% en Francia, según Eurostat. Y la otra, que los sueldos en España han subido menos, algo que pasa desde hace décadas : entre 2000 y 2024, los salarios reales (descontando la inflación) han subido un +5,1% en España, frente a una media del +19,4% que subieron en la OCDE (38 paises occidentales), una subida real  del +19,7% en Francia, un +17% en Alemania, un +2,3% en Italia o un 7,3% en Portugal.

Esta mayor pérdida del poder adquisitivo en España alimenta el pesimismo de los que ven la economía “mal” o “muy mal”, máxime cuando estalla otra guerra que dispara la energía y cuando siguen subiendo los alquileres. Y esto se refleja en el índice de Confianza del Consumidor, que publica el CIS, que ha bajado tras la guerra en Irán (del 79,6 en marzo de 2025 al 66,9 en marzo de 2026), aunque se sitúa por encima de antes de la pandemia (63,3 en marzo 2020). Un indicador que refleja que el 29,4% de las familias llegan justo a fin de mes y otro 14,9% lo tienen difícil y han de recurrir a los ahorros o a endeudarse. Eso sí, las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno Sánchez por la pandemia y la invasión de Ucrania, más las reformas fiscales, han permitido que las familias más vulnerables (el 20% con menos ingresos) hayan mejorado su poder adquisitivo entre 2017 y 2023, según un reciente estudio del Instituto de Estadios Fiscales, que demuestra que se ha reducido esos años la desigualdad, aunque todavía es elevada: el 10% más rico ingresa 23,1 veces que el 10% más pobre.

Esta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de hogares contrasta con la mejora de ventas, márgenes y beneficios de las empresas, sobre todo a partir de 2023. Los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales demuestran que los márgenes empresariales (el excedente bruto de explotación) están en máximos, tanto en cifras absolutas como en los aumentos: crecieron un +10,7% entre 2018 y 2019 y han aumentado un +12,9% en 2024-25. Y si descontamos la inflación, los márgenes empresariales (beneficio bruto) han crecido un +30% entre 2019 y 2025, frente al 13% que han crecido los salarios reales. A lo claro: que en el reparto del pastel del crecimiento (PIB), las empresas han aumentado su trozo casi el doble que los trabajadores. Y los sectores donde ha crecido más el margen real (descontando la inflación) estos últimos años (entre 2018-19 y 2024-25) han sido la energía (+5% de margen sobre ventas), la hostelería y turismo (+4,6%), el comercio mayorista de alimentos (+1,9% de margen real) y la construcción (+1,4%), sectores donde los salarios han perdido peso real.

El bajo crecimiento de los salarios, frente a una alta inflación acumulada, preocupa al Gobierno, porque impide que la mayoría de las familias se beneficien más del alto crecimiento y la importante creación de empleo (+3.326.100 ocupados entre 2020 y 2026). Y proponen qué hacer: “Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”,  declaró el presidente Sánchez en febrero pasado, al firmar el nuevo salario mínimo. Y cara al 1 de mayo, los sindicatos han reiterado a la patronal que se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras el V Acuerdo firmado para 2023-2025. Su propuesta es que los salarios suban un 4% cada año, más un 1,5% adicional si se dispara la inflación. Y subidas extras de hasta el 3% para los trabajadores que cobran menos de la media de su sector. De momento, han pasado 5 meses y la patronal no tiene prisa en negociar las futuras subidas, que defienden menores.

Al final, la mayoría de las familias están “agobiadas” por la inflación, no tanto por la subida de cada mes sino por la acumulada en los últimos años. Aquí poco se puede hacer, salvo vigilar los excesivos márgenes de algunos sectores, aunque mucha inflación es importada, por el aumento de costes de la energía y las materias primas. Donde sí se puede actuar es en los salarios, que deberían subir más por dos razones. Una, porque ahora pueden hacerlo la mayoría de las empresas, que llevan años subiendo ventas y márgenes (no sólo costes, como dicen). Y la otra, porque los sueldos en España siguen siendo de los más bajos de Europa, según Eurostat: 19,5 euros la hora en 2025, frente a 26,2 euros/hora de media en la UE, 34,5 euros en Alemania, 30 euros en Francia y 23 en Italia.

España y sus empresas no pueden seguir compitiendo como la China de Europa, a base de salarios muy bajos que compensen la menor competitividad de los productos y servicios. La economía española está modernizándose y ya hay más empresas con innovación y tecnología, que exportan y mejoran sus márgenes y beneficios, que pueden mejorar los sueldos de sus trabajadores, sobre todo de los que menos ganan (el 40% de los asalariados ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos, según el INE). Y esta mejoría salarial (nada descabellado: piden subir los sueldos un 4%) es necesaria para que más familias se beneficien de la buena marcha de la economía y puedan llegar a fin de mes. Y también para que se mantenga y aumente el consumo, motor clave para crecer y crear empleo, pero clave también para que las empresas vendan y ganen más. Es hora de repartir mejor el aumento del pastel entre empresas y trabajadores. Hay que subir más los salarios para repartir mejor el crecimiento.

Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo por el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

Demasiadas muertes por trabajar

Cada día mueren 2 personas en el trabajo o yendo y viniendo de trabajar. Fueron 735 muertes por accidente laboral en 2025, 61 menos que en 2024, aunque aumentaron los muertos en la construcción (+29 fallecidos). Y España es el 6º país europeo con más muertes laborales en relación con los que trabajan. Los sindicatos denuncian que son “demasiadas muertes” y que muchas podrían evitarse si las empresas invirtieran más en prevención. Además, se quejan de que hay muchas enfermedades profesionales que no se reconocen, como algunos cánceres. En febrero de 2026, Gobierno y sindicatos han pactado una reforma de la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995, para reforzar la prevención y afrontar nuevos riesgos de salud mental, trabajo digital y cambio climático. Pero la patronal se descolgó del acuerdo, porque no quiere más normas sino regularlo en los convenios. Ahora falta aprobar los Decretos y la nueva Ley, algo que no será fácil por los enfrentamientos en el Congreso. Pero hay que tomar medidas para frenar estas “muertes silenciosas”. No puede ser que el trabajo mate.

                           Enrique Ortega

Este lunes, un hombre de 56 años murió al caer desde el tejado de una empresa en la que estaba trabajando en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 735 fallecidos en 2025, en el trabajo (584 muertes) o yendo y viniendo de trabajar (otros 151 muertos “in itinere”), según los datos recién publicados por Trabajo. Una cifra que reduce en 61 los 776 muertos en accidentes laborales en 2024 y que es algo menor a los 721 muertos en accidente laboral en 2019, antes de la pandemia, aunque ahora hay 2,5 millones de personas más trabajando. Aún así, son muchos más que los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (hubo 841 muertos en 2007), y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo (más de 4 diarias) que se contabilizaron en España en el año 2000.

Empecemos por los datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron en 2025: hubo 1.163.047 accidentes declarados, un 1,5% menos que en 2024 (1.181.202). Pero algo menos de la mitad (542.661, -1,8%) fueron “accidentes sin baja”, generalmente leves, porque muchos de estos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen en los últimos años). Algo más de la otra mitad fueron “accidentes con baja”, 620.386 en 2025, casi los mismos que en 2024 (628.300), aunque muy lejos de los accidentes con baja que había en España en plena “burbuja inmobiliaria” (1.022.067 en 2007), aunque es una cifra de accidentes con baja similar a la que había antes de la pandemia (650.602 en 2019). Pero hay que recordar que ahora trabajan en España 2,5 millones de personas más…

El grueso de los accidentes de trabajo con baja se produjo en el trabajo (529.838 accidentes,-19% que en 2024) y el resto fueron accidentes “in itinere” (90.548,+2,9% que en 2024), accidentes producidos al ir y venir de trabajar, que son los accidentes que más crecen en los últimos años, por accidentes de tráfico. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (70,2%), pero curiosamente son las mujeres quienes tienen más accidentes laborales “in itinere” (el 54% del total), quizás porque se desplazan más para conciliar el trabajo con llevar a los hijos al colegio o hacer las compras. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados (95,4%) y el resto autónomos (4,6%).

Las actividades más peligrosas en 2025, con más accidentes laborales en el trabajo con baja, fueron la industria (96.068, el 18,3% del total), la construcción (78.845 bajas, el 15,06%), el comercio y la reparación de vehículos (69.968 accidentes, el 13,20%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (57.030, el 10,76%), la hostelería (50.837, el 9,59%), el transporte y almacenamiento (41.168, el 7,76%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (40.864 accidentes, el 7,71%). Pero si tenemos en cuenta los que trabajan en cada sector, la “siniestralidad relativa” (accidentes por cada 100.000 trabajadores), las actividades más peligrosas son en realidad  la construcción (5.510 accidentes en el trabajo por cada 100.000 trabajadores), la minería (5.413), el suministro de agua y saneamiento (5.136), la industria (4.364), el campo (3.759), el transporte y almacenamiento (3.555), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.473) y la hostelería (2.731), los 8 sectores con más accidentes que la media (2.547 por 100.000 trabajadores). Y las autonomías más “peligrosas” para trabajar son, curiosamente, Baleares (3.791 accidentes/100.000 trabajadores), Navarra (3.655), Castilla la Mancha (3.227), La Rioja (3.155) y Aragón (2.912), por encima de la “siniestralidad” de Andalucía (2.720), Comunidad Valenciana (2.509),Cataluña (2.356) o Madrid (1927 accidentes/100.000 trabajadores).

Centrándonos en la gravedad de los accidentes laborales, en 2025 se produjeron en el trabajo 3.701 accidentes graves, de los que 584 fueron mortales (62 muertes menos que en 2024). De estas muertes en el trabajo, la mayoría fueron hombres (546 muertes, 62 menos que en 2024) y 38 fueron mujeres (igual que en 2024). Por edades, los trabajadores mayores son quienes tienen más muertes en el trabajo: entre 55 y 59 años (121 muertes en 2025), de 60 a 64 (105) y de 50 a 54 años (102 muertes). La 1ª causa de estas muertes en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales y otras “causas naturales” (251 muertes, 15 menos que en 2024), que los sindicatos atribuyen en muchos casos al “estrés laboral”. Le siguen los golpes y caídas (97 muertes, 3 más que en 2024), los aplastamientos (82 muertes, 17 menos) y los accidentes de trafico (73 muertes, 23 menos). En el caso de las muertes “in itinere” (151 fallecidos, 1 más que en 2024), la mayoría fueron por accidentes de tráfico (138) y afectaron más a hombres (122 muertes,+2 que en 2024) que a mujeres (29,-1).

Centrándonos en las muertes en el trabajo (584 en 2025), las actividades más letales fueron los servicios (262 muertos, -64 que en 2024), la construcción (164 muertos, 29 más, por lo que “alertan” los sindicatos), la industria (110 muertes laborales, -6) y el campo (48 muertos, -21). Pero si tenemos en cuenta la “siniestralidad relativa”, el sector con más muertes en el trabajo es la construcción (11,32 muertes por 100.000 trabajadores), a mucha distancia del campo (6,68 por 100.000), la industria (4,52) y los servicios (1,61 muertos por 100.000 trabajadores, muy por debajo de la media: 2,81 muertes/100.000). Y por autonomías, las más letales para trabajar son Andalucía (95 muertes en el trabajo), Cataluña (91 muertes, su peor dato desde 2009), Comunidad Valenciana (66), Madrid (55) y Castilla la Mancha (41 muertes). Pero si lo comparamos con los trabajadores de cada región, la “siniestralidad relativa” cambia:  las más “letales” son Castilla la Mancha (5,32 muertos en el trabajo por 100.000 trabajadores), Asturias (5,24), Murcia (4,32), Galicia (4,23) y Castilla y León (3,98), frente a 2,95 muertes/100.000 trabajadores en Andalucía, 2,41 en Cataluña y 1,52 en Madrid.

Los accidentes y las muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja (2.153.161 en 2023) y 2.972 muertes en el trabajo (2023), según los últimos datos de Eurostat. España es el 2º país europeo con más accidentes en el trabajo en relación a los que trabajan (2.707 accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2023), sólo superado por Portugal (2.995 accidentes) y muy por encima de la tasa europea (1.500 accidentes por 100.000 trabajadores), cerca de Francia (2.644) y lejos de Alemania (1.620/100.000), Italia (1.182), Bélgica (1.513) o Dinamarca (1.578). Y en cuanto a las muertes en el trabajo, la tasa de España (2,28 muertes/100.000 trabajadores) supera a la media europea (2,28/100.000), a Paises Bajos (0,6), Alemania (0,91) o Bélgica (1,67), pero es menor que la mortalidad laboral en Francia (4,42 muertes/100.000) o Italia (2,62).

El trabajo no solo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y están creciendo: en 2024 (último dato oficial) se contabilizaron 26.803 partes de enfermedades profesionales,+4,6% que en 2023 y menos que antes de la pandemia (27.392 en 2019). De este total, la mayoría son partes sin baja (15.269), alcanzando los 11.534 con baja. Más de la mitad (54%) los dan las mujeres y por tramos de edad, la mayoría (19,84%) los dan las mujeres de 50 a 54 años y los hombres de 45 a 49 años (otro 19,7% de los partes).Por autonomías, las que concentran más partes por enfermedades profesionales en relación a sus trabajadores  son Murcia (362 por 100.000 trabajadores), Navarra (336), La Rioja (260), País Vasco y Comunidad Valenciana (162/100.000 trabajadores). Y las actividades con más bajas por enfermedad profesional son la minería (368 por 100.000 trabajadores, sobre todo en Extremadura y Galicia), la industria (301/100.000 trabajadores, sobre todo en Murcia, Navarra, la Rioja y País Vasco), la construcción (118), las actividades sanitarias (107) y administrativas (107) y la hostelería (106,99 partes/100.000 trabajadores).

Las causas que provocan estos partes de enfermedades profesionales son los agentes físicos (81,2% del total, la mayoría por posturas forzadas y movimientos repetitivos), los agentes biológicos (el 6,4%, sobre todo infecciones), las enfermedades de la piel (5,6%), la inhalación de sustancias (3,8%), los agentes químicos (3,27% del total) y sólo 104 bajas por enfermedad (el 0,37%) fueron por cáncer (107 en 2022). Precisamente, los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (104 casos en 2024, 54 por amianto) y que la mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador afectado acaba en los Tribunales. UGT considera que 1 de cada 3 casos de cáncer en España podrían estar relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos con más riesgo, según detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos.

Los sindicatos valoran positivamente la reducción de muertes en el trabajo en 2025, aunque les preocupa la alta peligrosidad de la construcción y el aumento de las muertes “in itinere”. Pero reiteran que esas 735 muertes laborales son “excesivas” y muchas podrían evitarse si las empresas (y los trabajadores) cumplieran la normativa de riesgos laborales y si las pymes dedicaran más medios y personal a prevenir los riesgos laborales (que muchas empresas “subcontratan” fuera). Y denuncian que, tras el COVID y las crisis posteriores, muchas empresas “han bajado la guardia” y gastan menos en la prevención, a pesar de que por cada euro invertido en seguridad recuperan 2 euros. Además, los sindicatos se quejan de la falta de control, porque la inspección de Trabajo carece de medios para vigilar la seguridad en el trabajo (tienen 1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 de media en la UE). Y denuncian también la falta de medios judiciales para acabar con la impunidad penal en los accidentes laborales: en 2023 hubo sólo 406 sentencias por siniestralidad laboral, 235 condenatorias, algunas sobre accidentes de hace 20 años (17 de 2001 a 2010).

En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó un Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, para atajar los accidentes y muertes laborales en Europa. Ahí se fijaba la obligación de crear una Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal) sobre seguridad laboral dentro del diálogo social, Mesa que se creó en España el 12 de febrero de 2024, con año y medio de retraso. Tras diversas reuniones sobre medidas a tomar, dos años después (el 10 de febrero de 2026) se ha alcanzado un Pacto entre el Gobierno, UGT y CCOO (la patronal CEOE no lo ha firmado) para mejorar y modernizar la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de 1995. El objetivo es reforzar la normativa de seguridad laboral, mejorar la detección de las enfermedades profesionales y reforzar la protección de los trabajadores ante los riesgos de salud mental (la 2ª causa de bajas laborales) y los problemas de salud laboral que provocan la digitalización y el cambio climático.

Ahora, en un próximo Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará esta reforma de la normativa de seguridad laboral pactada con los sindicatos, mientras la patronal reitera que no ha firmado el acuerdo porque debería tratarse en la negociación de los convenios. Como el Gobierno sabe los problemas que tendrá esta reforma de la Ley en el Congreso (Junts, el PP y Vox votarán en contra, como apoyo a la patronal), la estrategia será aprobar también una serie de Decretos (que no haya que convalidar) para reformar los actuales Reglamentos de prevención de riesgos laborales en materia de riesgos psicosociales, digitales y climáticos, más cambios para lograr un mayor control del cumplimiento de la normativa vigente.

Al final, se intenta adaptar una Ley del siglo XX a los trabajos y riesgos laborales del siglo XXI, aunque la clave es que la normativa se cumpla, no sólo por las empresas (las pymes tienen menos medios) sino también por sus trabajadores (falta una mayor “cultura de la seguridad”), apostando por la vigilancia y las sanciones en caso contrario, porque se juegan vidas e incapacidades. Habría que alcanzar acuerdos, como país y empresa a empresa, para conseguir un objetivo a medio plazo: “muertes cero” en el trabajo. Es una tarea de todos: no podemos consentir que el trabajo mate.

Salarios 2026: hay que repartir el crecimiento

En las próximas semanas, sindicatos y patronal van a negociar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, como han hecho desde 2010. Pero este VI Acuerdo Salarial (AENC) no será fácil: los empresarios defienden subidas inferiores al 3% y los sindicatos piden un +4% anual, más un extra del 1 al 3% para los sueldos más bajos. Esta negociación es clave porque los sueldos son entre un 15% y un 25% más bajos que en Europa y han perdido poder adquisitivo tras la pandemia (-6,85%), lo que explica que muchas familias no lleguen a fin de mes y que tengamos 3 millones de trabajadores “pobres”. Es hora de acordar mayores subidas de sueldos, sobre todo los más bajos, porque las empresas llevan 5 años mejorando ventas y beneficios: en 2025, los márgenes empresariales subieron un +13% y los salarios un +3,5%. Subir más los salarios es una cuestión de justicia y de economía, para repartir el crecimiento y mantener el consumo, el crecimiento y el empleo. Nos afecta a todos.

                            Enrique Ortega

En enero ha habido un rosario de subidas (teléfono e Internet, luz, peajes, agua, basuras, alquileres, taxis, billetes de avión, tabaco, seguros…) que han complicado más llegar a fin de mes. Pero el resto de 2026 tampoco será fácil, porque los alquileres, alimentos y muchos servicios siguen subiendo, más que los sueldos. De hecho, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE: un 8,7% de los hogares llegan con “mucha dificultad”, otro 12,4% con “dificultad” y el 24,3% con “cierta dificultad”. Y el problema no es sólo la inflación (ahora más moderada, un 3% en 2025), sino en que muchas familias ingresan sueldos muy bajos, que no les permiten afrontar gastos crecientes.

En España, el salario medio mensual es de 2.385 euros brutos (2.027 netos), según el decil de salarios 2024 publicado por el INE, un sueldo más bajo para las mujeres (2.163 euros brutos) que para los hombres (2.593 euros brutos). Pero este sueldo es una media, porque hay muchos trabajadores que ganan mucho menos. Así, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos), un sueldo tan bajo que complica llegar a fin de mes. Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos), con lo que también tienen problemas para afrontar los gastos esenciales. Y sólo el 30% restante (5,6 millones de trabajadores) ganan más de 2.659 euros brutos (1.995 netos).

Unos sueldos que son mucho más bajos que la media de sueldos en el resto de Europa. Si miramos el salario por hora en 2024 (ultimo dato de Eurostat), en España se ganan 18,9 euros por hora, un 26,75% menos que la media en Europa (25,8 euros en la UE-27) y aún menos que Dinamarca (43,6 euros por hora), Bélgica (37,1 euros), Paises Bajos (34,3 euros), Alemania (33,3 euros), Austria (32,3),  Francia (29,7 euros) o Suecia (27,5 euros), aunque superamos a Italia (22,3 euros/hora), Portugal (14,7), Grecia (13,3 euros) y los paises del Este.

Además, el problema es que esta “brecha salarial” de España con Europa se ha agravado, porque los sueldos han crecido menos en los últimos 10 años: +26,2% en España (el 6º país UE donde han crecido menos) frente al +35,5% que han subido en el conjunto UE. Con ello, el salario medio bruto en 2024 de España (último dato de Eurostat) era de 33.700 euros anuales, un 15% inferior a la media europea (39.808 euros brutos) y muy por debajo del sueldo medio de Dinamarca (71.575 euros brutos), Irlanda (61.051), Bélgica (59.632),  Alemania (53.751), Francia (43.790), ocupando el puesto 11º en el ranking salarial, sólo por delante de Italia (33.523 euros brutos), Polonia (21.246) y los paises del Este.

Otro problema, que agrava estos salarios bajos, es que la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo. Los datos son claros. La subida salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.000 y el 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.  Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de los 19 millones de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y 2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los salarios han crecido ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios han subido un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).

Pero además, hay gastos básicos de las familias que han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025). Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid (+48,75%).

Mientras, los márgenes y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento del +170%, según este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

Así que los sueldos en España son muy bajos y crecen poco mientras mejoran sensiblemente las ventas, márgenes y beneficios de las empresas, que además reparten a sus accionistas dividendos récord (42.671 millones repartieron las empresas cotizadas en 2025), mucho más elevados que en Europa. Pero además de sueldos bajos, tenemos otro problema: los sueldos son muy desiguales. Ya no sólo entre hombres ( 2.593 euros brutos) y mujeres (2.163 euros), sino por edades (1.372 euros brutos de 16 a 24 años y 2.131 de 25 a 34 años, frente a 2.591 de 45 a 54 años), por formación (1.594 euros los trabajadores con poca formación y 2.982 los que tienen estudios superiores), los que trabajan a tiempo parcial (el 87% ganan menos de 1.582 euros brutos) y en sectores peor pagados (en el servicio doméstico, el campo, la hostelería, administrativos y auxiliares  ganan entre 1.138 y 1.674 euros brutos), los empleados en pymes (el 54% ganan menos de 1.582 euros) o los que trabajan en autonomías más pobres (en Canarias ganan 2.051 euros brutos, en Murcia 2.120 y en Extremadura 2.127, frente a 2.809 euros de media en País Vasco o 2.761 en Madrid).

Y otro dato de desigualdad salarial que clama el cielo, las diferencias entre el sueldo de los altos directivos y sus trabajadores: en las 40 mayores empresas españolas, sus directivos cobran 111 veces más que la nómina media de sus empleados, según un reciente informe de Oxfam Intermón, que refleja que la media de ingresos de estos directivos es de 4,4 millones anuales (una cantidad que sus trabajadores sólo ganarían en un siglo). Una desigualdad que también es mayor en España que en Europa: en la UE, el 10% de los trabajadores con más ingresos ganan 7,5 veces más que el 10% con menos ingresos, mientras en España esa proporción sube a 9,6 veces.

Con este panorama salarial (sueldos bajos y muy desiguales) se inicia la negociación salarial para 2026-2028, dentro del VI Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que se empezó a negociar en 2010. El anterior, el V AENC, pactó unas subidas salariales del +4% para 2023 y de +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión del 1%, subidas que han sido básicamente respetadas en los convenios (han subido +10,46% en estos 3 años). Ahora, con una perspectiva de menor inflación  en 2026 (se prevé una subida media del +2,4%, frente al 2,7% en 2025), la negociación se espera difícil, porque los empresarios no quieren subir los sueldos más del +3% y los sindicatos ya han pedido una subida anual del +4%, más una subida adicional del 1 al 3% para los sueldos más bajos: +1% para los que tienen un sueldo un 10% inferior a la media del país (son 10,4 millones de trabajadores), un +2% adicional para los que ganan un 20% menos que la media (8,5 millones de trabajadores) y un +3% adicional para los que tienen sueldos un 30% inferiores a la media (son 6 millones de trabajadores).

Además, los sindicatos piden el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial, para que todos los salarios suban un 1,5% adicional si el IPC en diciembre es superior a la subida pactada. Y además piden que las empresas estudien el pago de complementos salariales en convenios de zonas afectadas por una fuerte subida de alquileres o que se negocien soluciones para los sectores más afectados por la falta de alquileres asequibles, lo que afecta sobre todo a los trabajadores de la hostelería, el turismo y la construcción.

Con estas peticiones sindicales, tan distanciadas de la patronal, se espera una negociación difícil y conflictiva. La tesis de los sindicatos es que “las empresas están ganando mucho dinero y es hora de repartirlo”, según señalan UGT y CCOO. Y recuerdan, además, que es hora de compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Además, creen que es el momento, con la economía creciendo mucho, de repartir el crecimiento y aprovechar para subir más los sueldos más bajos, que condenan a muchos trabajadores a la pobreza: son casi 3 millones, el 13,7% de los empleados los que están en situación de pobreza (ganan menos del 60% de la media), según Oxfam Intermón, especialmente inmigrantes, mujeres y jóvenes, sobre todo los que trabajan en el campo, el hogar y la hostelería o con contratos a tiempo parcial.

Hay que estar atentos a esta negociación salarial para 2026, 2027 y 2028, no sólo porque afecta a millones de trabajadores (11 millones de asalariados están cubiertos por convenios, aunque otros 8 millones quedan fuera) sino también porque afecta decisivamente a la economía. Si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más “europeos”, no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Y las empresas deben entender que si quieren mejorar sus ventas y mantener sus beneficios, han de pagar más para que les compremos más.

España lleva décadas compitiendo en el mundo gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  “políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.