El Gobierno Rajoy
tiene prisa en aprobar los Presupuestos
2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la
crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los
apoye, con dos estrategias. Una, decirles a
las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras
que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a
los funcionarios
ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE
ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios,
a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos.
Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.
Este 2018 es el
segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre
de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto
de 2016 y negociar después las
cuentas públicas 2017 con el PNV y los
nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que
alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.
El Gobierno Rajoy
pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y
además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica
y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado
en una doble estrategia de presión frente a las
autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al
PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).
La primera presión,
ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las
autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018,
por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos
2018 contando con estos mayores ingresos, no
podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas.
Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora
les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía
(les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones),
Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León
(279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero
retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de
su presupuesto), Galicia y Castilla la
Mancha (4,7%).
Las autonomías
afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta
retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y
proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos,
en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que
Montoro no quiera abrir la negociación
del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma
estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.
La otra vía de presión
de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera
que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas
públicas. Eso supone que los 2,5
millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de
la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según
la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes
que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además,
mientras no haya Presupuestos no se podrán
convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se
comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos
a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.
La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos
económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año
2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los
Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana
de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”,
la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su
déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán
aumentar los necesarios gastos sociales
(sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones
públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.
A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el
Gobierno tendrá que repetir la
historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176
votos que necesita: pactar con el PNV
(5 votos) y los nacionalistas canarios
(2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP,
Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos
pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años
más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta
velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo”
de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de
nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas,
ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un
Plan de empleo para Canarias.
Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos
(ya ha habido una reunión “secreta”) y
canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está
despejado por un acuerdo ya alcanzado
y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó
los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la
antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas
contrapartidas.
Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura,
porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y
convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos
gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco
(algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el
fracaso en Cataluña.
Mientras Rajoy se
piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha
comprometido con Europa a seguir
recortando el déficit, del 3,1% del
PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018
(innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone
recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros
9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en
consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco
en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.
El problema de 2018 es que el nuevo
ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en
lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya
varios meses: el petróleo, el euro y los
tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo
que es mucho más peligroso agravarlo con
más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería
hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto
y más inversión, para compensar los “vientos
en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia
o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos
30.000 millones más a la economía, no
restarle otros 9.000 millones.
Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado
que tenemos un grave problema de ingresos,
como ha reiterado la Comisión Europea: España
recaudará en 2018 un 38% de su PIB,
mientras la media de la UE-27
recaudará el 44,6%. Eso se traduce
en que España recauda 72.000 millones de
euros menos al año que la media
europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos)
y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las
multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de
Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el
2,9% previsto para Francia) no está en
que gastemos más (al contrario, gastamos
menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.
En definitiva, que si
recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos
déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en
empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que
pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en
2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado,
algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la
contraria: subir impuestos, no a la
mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y
ricos, que apenas pagan. Y por
eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.
Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca
reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le
apoyen con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos”
a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan
otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón
desde dentro”, con más recaudación. No
más austeridad.
