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jueves, 27 de junio de 2013

Crédito: ni hay (caro) ni se pide


El grifo del crédito lleva cerrado tres años, pero ahora Rajoy ha descubierto el problema y le achaca todos los males de España. Y echa la culpa a los bancos y al BCE. Pero no dice la verdad: no hay crédito porque han hecho una reforma financiera que obliga a Cajas y bancos a capitalizarse más (con dinero público) y prestar menos. Las empresas tampoco piden crédito, porque no hay ventas, no hay actividad, por culpa de su política de austeridad. Y el poco crédito que piden, para el día a día, es el doble de caro en España que en el norte de Europa. Y eso, porque Merkel, Bruselas y el BCE no quieren aprobar los eurobonos, para compartir la deuda europea, y los inversores prestan más caro al sur. Abrir el grifo del crédito pasa por cambiar de política, en Europa y en España. Algo que tampoco hará la Cumbre europea de esta semana.
enrique ortega

La caída del crédito con la crisis es la mayor en España en los últimos 50 años. Desde mediados de 2009 hasta finales de 2012, la concesión de créditos cayó un 9,2%: se dejaron de prestar 172.000 millones de euros. Y este año, hasta abril, la caída del crédito se ha agravado: -15%, según el Banco de España. Un 57% de las pymes dicen que los bancos españoles están reduciendo su financiación (frente a un 37% de pymes europeas), según el BCE. Y la patronal CEPYME denuncia que los bancos saneados sólo atienden un 30% de las solicitudes de crédito de las pymes y un 20% las Cajas nacionalizadas (con dinero público).

Menos crédito y encima más caro. Según una encuesta del BCE, tres de cada cuatro pymes españolas dicen que los tipos de interés de sus préstamos han aumentado en el primer trimestre, la mitad que el banco les ha exigido más garantías y una de cada tres que el banco les ha reducido el crédito para circulante (día a día). Además de pagar más, las pymes españolas están pagando el doble por los créditos que las del norte de Europa, según el BCE: pagan un 5,36% por los créditos de menos de un millón de euros (a 5 años), un 84% más que las pymes alemanas (4%) y un 35% más que la media de pymes de la zona euro. Y a su vez, las pymes españolas pagan por sus pequeños créditos el doble que las grandes empresas españolas, que están pagando un 2,62% para créditos de más de un millón de euros, también un 46% más de lo que pagan por financiarse las grandes empresas alemanas.

Menos crédito y más caro lleva en muchos casos a que no se pide. De hecho, en el primer trimestre de 2013, el crédito oficial (ICO) sólo ha prestado un 6% de los 22.000 millones que tiene para todo el año, con la mitad de peticiones que en 2012. Y según una encuesta de ATA, 7 de cada 10 autónomos no ha pedido un crédito en 2013 y sólo el 33,9% ha pedido un préstamo al ICO en los últimos 5 años. No se piden créditos y los que se piden no se dan: sólo a 2 de cada 10 autónomos les dieron lo que pidieron. Por eso, la banca está dedicando su liquidez (la que le da el BCE a bajo precio) a comprar deuda pública (más rentable).Y el ICO ha dedicado los 20.000 millones que le prestó el BCE a financiar al Estado y las autonomías.

Rajoy acaba de culpar a los bancos  de no dar créditos. No dice es que mucha culpa la tiene su reforma financiera, que ha secado más el crédito, como ya advertimos. Y eso, porque a las Cajas nacionalizadas (un tercio del sistema financiero) se les ha obligado a reducir riesgos y créditos. Y al resto de bancos, se les han impuesto unas exigencias de capital que les drenan recursos y les dificulta prestar (a más créditos, más capital), como reconoce el presidente de La Caixa . Unos y otros están digiriendo fusiones, despidos y cierres de oficinas, con lo que su prioridad no es prestar. Además, el paro y la recesión están aumentando la morosidad (ya en el 11%) y miran con lupa cualquier solicitud, exigiendo más garantías. Y los bancos españoles todavía tienen problemas para financiarse, más caro que los de Europa del norte. Y así suben los créditos.

Con todo, el mayor problema del crédito es que apenas se pide (se devuelve), porque no hay actividad, no hay ventas, no se invierte: el país está en recesión. El negocio de los bancos es prestar y si no lo hacen es porque no ven peticiones solventes y tienen miedo del riesgo, sobre todo si no se ve un final a la crisis. Precisamente, los bancos están preocupados por los créditos que han refinanciado, por ver si los recuperan o tendrán que hacer más provisiones, como se temen muchos expertos. No sería de extrañar que el Banco de España y el BCE obligaran en septiembre a un segundo ajuste bancario, por unos 10.000 millones más. Y con esa perspectiva, bancos y Cajas no piensan en abrir la mano del crédito. Ni siquiera para renovar las pólizas de circulante, para financiar el día a día, un crédito del que depende la subsistencia de millones de empresas, sobre todo de las pymes (mantienen el 74,5% del empleo).

Es urgente clarificar definitivamente  el saneamiento de bancos y Cajas y poner en marcha un Plan de choque para financiar el circulante y los proyectos más urgentes de las pymes, a tipos asumibles, con ayuda del ICO y las Cajas nacionalizadas, junto a un paquete de avales y garantías públicas. Pero no es suficiente. Para resolver el problema del crédito hay que cambiar de política, en España y en Europa. La clave es reanimar la economía europea (año y medio en recesión) y española, suavizando los recortes y animando la actividad con mayores salarios y consumo (sobre todo en la Europa del norte) y con bajadas de impuestos a la mayoría (y subidas a grandes empresas y a los 145.000 más ricos), mantenimiento de salarios y más inversiones públicas (para formación, educación, tecnología, industria y exportaciones) en España y la Europa del sur.

En paralelo, Europa tiene que hacer una profunda reforma de su política monetaria, exigiendo al BCE que ponga su prioridad en reducir el paro y la recesión, como hacen la Reserva Federal USA, Japón, China o Brasil, que se han dedicado a comprar bonos y deuda para dar liquidez suficiente y facilitar el crédito. Pero, sobre todo, hay que avanzar hacia los eurobonos, hay que mutualizar y compartir la deuda, porque si no, nos encontramos con que los países y las empresas del sur pagamos el doble por financiarnos.

Más liquidez y más crédito para todos los europeos por igual. Y sobre todo, reanimar la economía para que las empresas y particulares pidan crédito, inviertan y consuman, porque si no, no se crea empleo. No parece que Merkel y los fundamentalistas de Bruselas estén por cambiar su política, más allá de medidas escaparate, como el Plan de empleo juvenil, que es un parche: 6.000 millones en 7 años para afrontar el drama de 5,63 millones de parados europeos menores de 25 años (1 millón en España).Son 142 euros por parado joven al año. ¿Y los 21 millones de parados restantes, 5,2 millones en España? Se habla de movilizar 16.000 millones de inversiones del Fondo de Cohesión y hasta 60.000 millones (9.000 al año) de créditos para pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Está bien, menos es nada, pero esto no es el Plan Marshall que necesita Europa para salir de la recesión.   

No se puede esperar mucho más de la Cumbre de esta semana, porque la Europa del norte no quiere gastar en estimular la economía europea cuando Merkel y Alemania están a las puertas de unas elecciones (en septiembre). Pero así, Europa retrasa su salida de la crisis, en perjuicio de los países del sur, donde la mayoría sufre con dureza los ajustes, sin ver una salida. Y por eso, las empresas, apenas piden créditos. Están, como la economía: sin pulso.

miércoles, 25 de enero de 2012

Un parche de liquidez para las autonomías

Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado  las alarmas y se ha aprobado una inyección de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son culpables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

enrique ortega
Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de  la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).
Además de “descubrir” el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de  las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco : Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).  

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535  millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.
El Gobierno aprueba este viernes una Ley de estabilidad presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una “ocurrencia” de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y “sustos”: el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.
Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren.

domingo, 21 de noviembre de 2010

La aventura de crear una pequeña empresa

La creación de nuevas empresas ha caído en septiembre un 2,5%, tras ocho meses subiendo, como válvula de escape a muchos parados y jóvenes que tratan de buscarse la vida montando un negocio. Precisamente, tengo un amigo en paro que acaba de crear  una empresa, con otro socio. Y está siendo  toda una aventura.
ENRIQUE ORTEGA
Lo primero es ir al Registro Mercantil, a ver si el nombre está libre y registrarlo: 15,95 euros. A los dos días te lo dan y ya puedes registrar la empresa. Un sistema  cómodo es hacerlo a través de un punto de atención de CIRCE, el programa del  Ministerio de Industria para el registro electrónico de empresas. Mi amigo y su socio pidieron cita  y les acompañé, con una serie de documentos (registro, DNI, Seguridad Social, objeto  social…). Una funcionaria les rellenó un programa en el ordenador y salieron con una cita dos días después en un notario. Antes, tenían que abrir una cuenta e ingresar el capital mínimo exigido para una SL: 3.000 euros.
Los nuevos empresarios llegaron al notario y ¡sorpresa ¡ : no sabían nada de la escritura. Les explicaron que “era un sistema nuevo y que no les habían avisado”. Esperaron y al final firmaron. Dos días después tenían el CIF y en dos semanas la escritura (Notario: 446,62 euros).

Hay que seguir. Volver a hablar con la Caja, para buscar un sistema de cobro de recibos a clientes cuando los haya: un coste al mes, más tanto por recibo devuelto. ¿ Y dinero para hacer frente a los pagos de proveedores? Les dicen que “el crédito es complicado y tarda”, pero se puede pedir uno al ICO, al crédito oficial. En la solicitud hay que poner los bienes de que se dispone y firmar hasta las mujeres. Y a esperar. Mientras, hay que buscar una gestoría, porque hay que cumplir múltiples trámites legales  y hacer frente a las primeras declaraciones a Hacienda, antes de que acabe el año. Son 120 euros al mes, por lo barato.
Y luego hay que registrar dominios, encargar un logotipo y una Web, otros 1.500 euros si se hace medio bien (por eso, en España, la mitad de las pymes no tienen Web). Y eso sin contratar personal y sin tener una oficina: mi amigo se reúne con su socio en cafeterías de  hoteles con Wifi. “Hasta ahora, sólo hemos pagado y todavía no hemos facturado un duro”, me comentan. Y aún no han conseguido aclararse con la maraña de ayudas públicas.
Y así, miles de profesionales cada día, intentando auto emplearse y salir adelante, luchando contra la burocracia y el papeleo: en España, la media para abrir un negocio es de 47 días, frente a 13 días de media en la OCDE. Y las licencias pueden retrasar una apertura hasta dos meses. Y buscando financiarse sin conseguirlo, sin saber cómo resolver el problema de pagar ya a los proveedores y no saber cuándo se va a poder cobrar a los clientes. Sin ayudas ni formación para  sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías.  Y sin un contexto social y político que les apoye, más allá de las grandes palabras a favor de las pymes.
La solución pasa por “mimar” a quien quiera abrir una empresa, facilitarle todos los trámites  de verdad en un solo lugar, quitarle costes, facilitarle un local y los servicios más urgentes. Y no cobrarle impuestos el primer año o mientras cree empleo. Así nacerían más empresas.