El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

Los seguros, cada vez más caros

Casi todos hemos visto cómo subía el último recibo de los seguros, sobre todo del coche pero también el seguro médico y el del hogar. Los seguros han subido un +8.8% el último año y un +34,3% desde la pandemia. Estas fuertes subidas explican, junto al aumento del negocio (las primas de seguros han crecido un +13,6% este año) y el ajuste de costes, que las aseguradoras estén ganando más dinero que nunca: sus beneficios crecen un +17,6% hasta junio, tras ganar 6.356 millones en 2024 (+16,5%). Los motores del negocio asegurador son los seguros médicos (los que más crecen y que tienen ya más de 14 millones de españoles) y los seguros de coches (con un récord de 34,5 millones de vehículos asegurados), aunque el mayor potencial está en los seguros del hogar (21,6 millones de viviendas aseguradas), cada vez con más servicios. Se espera que los seguros vuelvan a subir entre un 8 y un 10% en 2026, en medio de una engañosa guerra de tarifas. Conviene revisar nuestros seguros y coberturas.

                            Enrique Ortega

Las aseguradoras se recuperan con creces del bache que sufrieron con la pandemia y la subida de la inflación y los costes de 2022 y 2023. Así, en los 9 primeros meses de 2025 (enero-septiembre), las primas de seguros (facturación) fueron 64.422 millones de euros, +13,6% que en los nueve primeros meses de 2024, según los datos de la patronal UNESPA. Y aunque en 2024 cayó algo la facturación de los seguros (-1,56%), fue por la menor contratación de seguros de ahorro, por la bajada de tipos, porque el resto de seguros creció el año pasado, con un volumen de primas de 75.161 millones de euros, un +17,15% más de negocio que en 2019 (64.155 millones).

Lo que “tira” de los seguros este año (y en 2024) es el seguro de salud, cuyas primas (9.953 millones de enero a septiembre de 2025) son las que más crecen (+11,39%, casi el doble que en 2024), tras haberse superado los 14 millones de españoles (14,29 millones) que tienen un seguro médico privado, según ICEA. Y también el seguro de automóviles, cuyas primas (10.674 millones en estos 9 primeros meses de 2025) crecieron un +8,58%. También fue muy bien el seguro de multirriesgo hogar, con primas contratadas por 7.868 millones de euros entre enero y septiembre, un +6,64% de aumento sobre las primas del primer semestre de 2024, según UNESPA. Con todo, los seguros más contratados este año son los seguros de vida, los que invierten los ahorros de los asegurados, cuyas primas han sido de 27.235 millones este año, las que más han crecido hasta septiembre (+22,4%), aprovechando la bajada de tipos oficiales (que siguen en el 2%). El resto de los seguros aumenta menos su contratación (+4,77% hasta septiembre), salvo el de decesos (entierro), que sigue creciendo.

Con este aumento de la facturación en 2025  y el mayor control de costes (por la menor inflación este año), las aseguradoras han mejorado otra vez sus beneficios este año: han tenido un beneficio neto de 3.599 millones entre enero y junio de 2025, un +17,66% que en el primer semestre de 2024, según datos de ICEA, lo que supone aumentar más los beneficios que en todo 2024 (ganaron 6.356 millones, +16,5% que en 2023). Otra vez, el primer responsable de esta histórica mejora de beneficios es el seguro de salud, cuyos beneficios netos (361 millones) aumentaron un 161% sobre el primer semestre de 2024. El seguro de automóviles reportó 350 millones de beneficio neto (+144%) y el de multirriesgo hogar aportó 491 millones (+7%), aunque el seguro más rentable fue el de vida (1.747 millones de beneficio neto, +7%) y otro ramos de no vida (que aportaron los 1.076 millones de beneficios restantes, +29% sobre el primer semestre de 2024).

En conjunto, si las aseguradoras mantienen estos beneficios el resto del año, podrían cerrar 2025 con un beneficio neto de 7.475 millones de euros, que supondría una subida del +58,7% sobre los beneficios que tuvieron antes de la pandemia (4.710 millones en 2019), muy por encima de la subida en estos años de la inflación ( +23,3%) y los sueldos (+18,88%). Una cifra histórica de beneficios, aunque queda lejos de los 34.000 millones que esperan ganar los 6 grandes bancos españoles en 2025 (han ganado 17.086 millones hasta junio).

Este fuerte aumento de beneficios de las aseguradoras se debe sobre todo al aumento del negocio (crecimiento de los seguros médicos, de automóviles y hogar), propiciado por la mayor actividad comercial de los bancos, que llevan un par de años volcados en vender seguros en sus oficinas, para ingresar más comisiones. Y también ha sido clave el control de costes de las aseguradoras, sobre todo en el seguro de automóviles y de salud, negociando duramente con talleres, hospitales y médicos para reducir pagos. Pero la razón fundamental de los mayores beneficios es la subida de tarifas, en 2025, 2024 y 2023, tras menores subidas en los recibos de 2020 y 2021 (por la pandemia) y 2022 (por la inflación).

Los datos son claros: las primas de seguros han subido este año un +8,8% anual, hasta agosto, según el INE, tras subir +9,1% en 2024 y +6,9% en 2023 (fuertes subidas tras el 2% de media que subieron en 2022, el 3,3% en 2021, el 1,5% en 2020 y el 2,7% en 2019). Eso significa que los seguros han subido un +34,3% desde antes de la pandemia, más que la inflación media (+23,3%) y que los sueldos (+18,88%). En cuanto a la subida este año (+8,8% anual), es mucho mayor en los seguros médicos (han subido una media del +10,4% hasta agosto), cuya factura ha subido un +49,9% desde 2019, según el INE, casi el doble de lo que han subido estos años los seguros de coches (+28,2%).

Los seguros de salud no paran de crecer (hasta septiembre han recaudado sólo 721 millones menos que el automóvil, que es un seguro obligatorio) y de subir año tras año, empujados por una demanda creciente de usuarios, hartos de las listas de espera de la sanidad pública para el especialista (105 días de media) y para operarse (126 días). De hecho, en junio de 2025 se estimaba que había 14,29 millones de españoles que pagaban un seguro médico privado (1 de cada 4 hogares), casi 4 millones más de los que pagaban un seguro privado antes de la pandemia (10,5 millones), siendo mayor el porcentaje de los que pagan este seguro médico en Madrid y Barcelona (un tercio de la población). De estos 14,29 millones de asegurados, 8,89 millones pagan una póliza individual y 5,4 millones son colectivos, ya sean funcionarios o pólizas de empresas.

Los seguros médicos crecen sin parar pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que los costes de la atención sanitaria no paran de crecer y la población está más envejecida (se piden más pruebas y más caras), con lo que la negociación entre aseguradoras, hospitales y médicos es cada vez más dura, en perjuicio de los asegurados, que pagan cuotas más altas: cada vez hay más especialistas y hospitales “que no trabajan con aseguradoras” o sólo con las más grandes, lo que favorece la concentración: actualmente, el 73,81% de las pólizas se concentran en las 5 grandes aseguradoras de salud, Adeslas-Mutua (30,75% de cuota), Sanitas (16,26%), Asisa (13,81%), DKV (7%) y Mapfre (6,62%). El otro problema grave es que la sanidad privada empieza a saturarse, porque aumenta el deterioro de la sanidad pública, y ya hay listas de espera (meses) en algunas especialidades y una masificación en algunos hospitales y servicios (dermatología, trauma, oftalmología…).

Toda esta situación acaba provocando subidas en las pólizas de salud, año tras año, y un deterioro de la atención de médicos y hospitales privados. Ahora, se espera que estos seguros médicos vuelvan a subir un 10% de media en 2026, especialmente las pólizas de los mayores de 60 años. El precio medio de una póliza familiar es muy variable, entre 120 y 500 euros al mes, según la cobertura y las edades de los asegurados. En paralelo, hay una “guerra comercial” de las aseguradoras por crecer, sobre todo entre los jóvenes, con “ofertas low cost”, que ofrecen pólizas de 10 a 30 euros mensuales, con pocas coberturas y aprovechando el menor coste de la atención online. La estrategia es clara: los que tienen ya un seguro médico pagarán más cada año y los que piensan en contratar uno o cambiarse se encuentran con ofertas atractivas (que subirán después).

Con todo, donde ciertamente hemos notado más una subida este año es en los seguros de automóviles, que son el seguro más utilizado (es obligatorio) y el que ha batido récord de asegurados: en septiembre de 2025 había 34.584.416 vehículos asegurados, según el fichero FIVA de Unespa, un 2,03% más que el trimestre  y el mayor aumento en los últimos 6 años. En este seguro, que se ha encarecido un +14% este año,  lo que más sube es el seguro a todo riesgo, que sube un +20% (en torno a 1.000 euros de cuota anual), subiendo menos el seguro a terceros (+12,5%, 516 euros de media) y más los seguros a jóvenes y el seguro que pagan los conductores en grandes ciudades (puede variar hasta 500 euros sobre una ciudad pequeña o pueblo, por el mayor riesgo de siniestralidad).

Todo apunta a que los seguros de automóviles seguirán subiendo en 2026, entre un 7 y un 12%, lo que justifican las aseguradoras por el aumento de la siniestralidad (hay más coches circulando, viajamos más y circulan más coches VTC y de reparto en las grandes ciudades) y el encarecimiento de las piezas, talleres y reparaciones (los coches modernos y eléctricos son más costosos de reparar). Así que las compañías han suavizado su “guerra de precios”, que las llevaba en muchos casos a perder dinero con algunas pólizas, y no dudan en subir precios a medida que les suben la siniestralidad y los costes. Estas subidas continuadas están provocando que cada vez más conductores se apunten al “renting”, donde por el pago de una mensualidad no hay que pagar seguros ni mantenimiento ni averías. De hecho, ya hay 947.000 coches en renting y esperan cerrar 2025 con más de 1 millón de coches en renting, una modalidad que antes utilizaban las empresas y ahora muchos particulares.

Otro seguro que también sube, aunque algo menos, es el de hogar, que sigue creciendo año tras año, especialmente por el aumento de hogares, alquileres y compraventas, así como por  los fenómenos climáticos extremos (lluvias, incendios…), aunque todavía hay muchas viviendas sin asegurar, sobre todo viviendas vacías y en zonas rurales: se estima que hay 21,6 millones de viviendas aseguradas, de las 26,6 millones de viviendas censadas (INE). La novedad de este seguro de hogar es que cada vez cubre más riesgos (se llama “multirriesgo hogar”) y ofrece más servicios (pequeñas reparaciones, ayuda de “manitas” a domicilio, asistencia jurídica…), sobre todo dos coberturas muy publicitadas: el seguro de impago de alquiler y el “seguro antiocupación” (que se ha popularizado por la publicidad de empresas de alarmas y las campañas políticas de PP y Vox, aunque sólo se ocupan el 0,06% de las viviendas, según los datos oficiales de Interior…). Los precios de estos seguros de hogar varían mucho según la cobertura y los servicios, costando entre 165 y 400 euros de media.

Cara al futuro, todo apunta a que los seguros seguirán subiendo (entre el 8 y el 10%), mucho más que el IPC, sobre todo para los clientes actuales, aunque continuará la “guerra de precios” de las aseguradoras para animar al cambio de compañía (con precios más bajos, que luego suben) y la oferta de seguros low cost, que tienen bajas coberturas y mucha “letra pequeña”. En cualquier caso, si sumamos todos los seguros que tenemos (coche, casa, salud, vida y decesos), es probable que la factura sea ya importante, con lo es el momento de revisar facturas y agrupar seguros. Y sobre todo, revisar coberturas que no necesitamos o que encarecen el seguro (por ejemplo, una franquicia baja mucho el seguro del coche). Y en otros casos (salud, hogar), quizás necesitemos ampliar las coberturas. 

Así que hay que analizar los seguros que tenemos y comparar precios y coberturas, porque las subidas van a continuar año tras año. Podemos tener una ayuda si acudimos a una Correduría de seguros, unos profesionales que pueden analizar nuestras pólizas y aconsejarnos gratuitamente si debemos cambiar o no de cobertura y de compañía: nosotros no les pagamos a ellos por su asesoramiento, son las aseguradoras las que les pagan una comisión si contratamos un seguro a través de su mediación que, insisto, es gratuita. Un servicio poco conocido (ver Web Corredores de seguros) y que puede ayudarnos a gestionar mejor nuestros seguros. Un gasto obligado, pero no a cualquier precio.

Se dispara el seguro del coche

Si ha renovado su seguro de automóvil en los últimos meses, habrá visto que la cuota se ha disparado, con una subida media del 25% anual. Y si le toca renovarlo próximamente, sepa que continuará la subida, del 15 al 20% en 2024. Las aseguradoras lo justifican en que ahora hay más movilidad y más siniestros, más vehículos y que ha subido mucho el coste de las reparaciones y de las indemnizaciones. Además, un 9% de los asegurados defraudan y lo pagamos el resto. Ahora, las aseguradoras han cambiado de estrategia y ya no se enfangan en una “guerra de precios”, como en 2021 y 2022, sino que vigilan mucho más sus cuentas y costes, tratando de “quitarse” (con mayores subidas) a los clientes que no les interesan por su mayor siniestralidad : jóvenes y moteros. Es hora de que también los clientes analicemos el seguro de coche y moto que tenemos, para no pagar coberturas de más que no usamos. Y para estar bien cubiertos.

                     Enrique Ortega

El seguro del automóvil es el seguro más contratado, dado que es obligatorio: había 33.404.417 vehículos asegurados al cierre de 2023, casi medio millón más que un año antes (+1,51%), según el fichero FIVA. Con ello, se estima que un 79% de los hogares españoles tienen una póliza de seguro de vehículos, por la que las aseguradoras ingresaron 12.108 millones de euros en 2023, un 6,63% más que en 2022, según UNESPA. Así, la recaudación por el seguro de automóvil recupera el bache de la pandemia y las compañías ingresan un 7,1% más que en 2019 (11.307 millones). Y la prima media se sitúa en 362 euros por asegurado, aunque la mayoría paguemos mucho más.

Lo más llamativo del seguro de automóviles es que ha disparado sus precios, sobre todo en 2023, no sólo para las nuevas pólizas sino para la revisión de las antiguas. La prima media del seguro del coche subió un +25% en 2023, según el portal Kelisto.com: pasó de 627 a 785 euros (+158 euros en un año), siendo marzo y agosto los meses de mayores subidas. El mayor aumento de primas se ha dado en las pólizas a todo riesgo, que subieron un +41,7%% (de 1.697 a 2.405 euros de media). Las pólizas a terceros ampliadas subieron un +15% (de 440 a 506 euros) y las pólizas a terceros subieron otro +14,4% (de 361 a 413 euros), según el sondeo de Kelisto.com.

Los datos del INE dan una subida mucho menor en el seguro del automóvil: +6,5% anual en marzo de 2024 (último IPC publicado), aunque es el doble de la subida global de los precios (+3,2% anual). Pero es una subida del seguro que casi triplica la que reportaba el INE en marzo de 2022 (+2,5% anual) y muy superior a las de los años anteriores (en 2021, tras la pandemia, el INE (IPC) señalaba que los seguros del automóvil bajaron un -1,3%, tras una mínima subida del +1,7% en 2022).

Sea la subida del +25% ( Kelisto.com) o del 6,5% (INE), lo que está claro es que el precio de los seguros sube mucho más que la inflación y que nuestros sueldos o pensiones. Las aseguradoras no dan cifras de subidas, pero las justifican con varias causas. La primera, que hay más coches circulando y que ha aumentado la movilidad de esos vehículos tras la pandemia, aumentando los desplazamientos y los siniestros. La segunda, que han aumentado mucho los costes de las reparaciones en los talleres, tanto por el encarecimiento de los recambios como por el mayor coste de la mano de obra y la energía. Y también se han encarecido los baremos de los hospitales e indemnizaciones. Y alegan un tercer factor, del que se habla poco: el aumento del fraude en los seguros de automóviles.

El dato del fraude en el seguro del automóvil es impactante: en el 9% de los partes hay un intento de fraude, según el VII Barómetro del Fraude en Seguros de Auto y Hogar, elaborado por la aseguradora Linea Directa con datos de partes de 2022 y 2023. Ese estudio revela un tremendo aumento del fraude en el seguro del automóvil, ya que ese 9% multiplica por 5 el fraude estimado en 2009. El perfil del defraudador, según el estudio es un hombre, de menos de 30 años, desempleado o con trabajo precario, aunque en los últimos dos años han aumentado los defraudadores de más de 40 años que buscan “ingresos extras”. Las estafas más corrientes, que ahora se detectan mejor gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA) son tratar de incluir daños antiguos en los partes, lesiones falsas y acuerdos entre conductores para dar partes, a veces por medio de “mafias organizadas”. Aunque el importe medio de la estafa detectada ha bajado (de 1.300 euros por siniestro en 2017 a 790 euros en 2023), las aseguradoras reconocen que este creciente fraude lo acabamos pagando el resto de los asegurados, encareciendo nuestra prima para compensarlo.

Al final, la causa principal de que suban los seguros de coche es que a las aseguradoras no les salen las cuentas: se les han disparado los costes y tienen que subir las primas, porque empiezan a tener pérdidas en el seguro del automóvil. Así, el seguro del automóvil ha pasado de un margen bruto (primas menos coste siniestros) de +2.600 millones en 2010 a +1.502 millones en 2023, según datos de Unespa.  La empresa líder del sector, Mapfre, registró pérdidas en 2021 y parece que los reembolsos por partes superan a los ingresos por primas (eran el 100,9% a finales de 2022 y se estima que suponen el 103,6% de las primas a finales de 2023). También Linea Directa habría tenido pérdidas en 2023.

Así que, ante este panorama, las aseguradoras de vehículos han tomado dos caminos. Por un lado, repercutir el aumento de costes en las primas, para tratar de que les salgan las cuentas, olvidándose de la “guerra de precios” que protagonizaron entre 2020 y 2022. Ya no se trata de coger clientes a cualquier precio, sino de pensar en la cuenta de resultados. Y por eso, la mayoría siguen el otro camino: “filtran” clientes, subiendo más la prima a los clientes que no les interesa, los que no les salen rentables, por su potencial de alta siniestralidad : conductores jóvenes y moteros (donde se han concentrado los accidentes).

Y ahora, la mayoría avanza por estos dos caminos (subir tarifas y “filtrar” a los clientes más costosos), lo que pueden hacer más fácilmente porque el seguro del automóvil es un sector muy concentrado, donde las 5 grandes aseguradoras controlan dos tercios de las pólizas. El ranking de 2023 lo encabeza Mapfre, con 2.318 millones en primas (19,14% de cuota), seguida muy de cerca de Mutua Madrileña, con 2.018 millones en primas (16,67% de cuota), la aseguradora del automóvil que más crece (+11,68% en 2023). El tercer puesto lo ocupa Allianz, con 1.450 millones en primas (11,98% cuota), seguida de Generali más Liberty, con 1.097 millones facturados (9,06%) y Grupo Axa, con 1.012 millones en primas (8,35%). En 6º lugar del ranking figura Linea Directa (6,54% cuota), seguida de GCO (5,70%), Reale (5,01%), Zúrich (3,31%) y Grupo Helvetia (2,84%).

En este año 2024 han seguido las subidas del seguro de automóviles. En enero, Kelisto.com detectó una subida del +26% anual en estos seguros. Y a finales de marzo, la subida media de las nuevas pólizas era del +14%, según el comparador Avant2 Sales Manager: +19,4% para los seguros todo riesgo, +3,2% para los todo riesgo con franquicia y +14,65% para los seguros a terceros. Y los expertos creen que los que renovamos el seguro este año tendremos una subida media del +15 al +20%, que se suma a la fuerte subida de 2023. Eso sí, como la mayoría de compañías no informen con antelación de la subida de su póliza, conviene que los asegurados estén atentos a la fecha en que les sube la prima, porque si piensan en darse de baja y cambiar de seguro, han de comunicárselo a su seguro con un mes de anticipación y por escrito (carta o burofax).

Por eso, quizás sea el momento de buscar el último recibo, ver cuando se va a revisar la prima y decidir si se renueva o no y en qué condiciones. Porque la mayoría no conocemos el alcance y las coberturas del seguro de automóvil que tenemos, donde en muchos casos pagamos de más por coberturas que no usamos. Así, por ejemplo, un coche viejo o un conductor joven no deberían contratar un seguro a todo riesgo sino a terceros o, si puede pagarlo, un seguro con franquicia, que es más barato que el todo riesgo normal. Y lo mismo el resto de coberturas, como la de robo si el coche está en garaje (baja el riesgo). Y a la hora de comparar precios, exija que le concreten el precio final, porque a veces las tarifas que aparecen en los comparadores de Internet no reflejan el verdadero precio final. Además, puede ser muy recomendable concentrar los seguros, tener el coche asegurado en la misma compañía donde tiene el seguro de hogar o de vida, pudiendo negociar alguna rebaja.

Entre tanto, las aseguradoras se han lanzado a vender seguros básicos del automóvil por Internet, donde vender 4,5 veces más de pólizas que por otros canales, sabiendo que es una vía de entrada de clientes que luego tendrá que filtrar con su historial de siniestralidad. Y también buscan más clientes a través de las telecos y de los bancos, que buscan con ello diversificar su negocio y conseguir comisiones. En cualquier caso, en 2024, las aseguradoras van a ser muy prudentes, buscando más la rentabilidad que crecer en clientes, intentando en paralelo que se vayan los asegurados que “les cuestan dinero”. Así que es la hora de los buenos conductores, de los que tienen un bajo historial de partes y multas, que deberían conseguir seguros a mejores precios.

Con todo, sepamos que el seguro del automóvil es y seguirá siendo caro, aunque tendremos que asumirlo,  porque aunque nos cambiemos y consigamos un mejor precio inicial, el truco está en las revisiones posteriores, donde acabaremos pagando más. Así que valoremos no sólo el precio, sino sobre todo la atención y el servicio, porque tener el coche o la moto asegurada es y será un servicio caro, además de obligatorio. Pero necesitamos el coche, así que se trata de un gasto imprescindible, como la vivienda, la comida o Internet. Lo importante es conocer bien el seguro que tenemos y el resto de seguros del mercado, sus ventajas e inconvenientes, sus coberturas, el servicio y “la letra pequeña”. A partir de ahí, elegir y pagar lo necesario. Con el coche no se juega.

El negocio funerario crece y se concentra

La muerte es un negocio muy seguro: cada día hay 1.268 defunciones en España. Y va a más: en 2062 habrá 1.831 defunciones diarias (+44%). Esta demanda, asegurada y creciente, ha generado más de 1.000 empresas que ofrecen servicios funerarios y que han creado una "burbuja" de tanatorios y crematorios muy superior a los que hacen falta. Y se acelera la concentración del negocio, con unas pocas grandes empresas (de aseguradoras) comprando a funerarias pequeñas por toda España. La "gasolina" de este negocio de la muerte son los seguros de decesos, que tienen contratados ya 22 millones de españoles. Y los que no tienen seguro, pagan cada vez más por los entierros, sobre todo por los servicios complementarios, que cada día se contratan más, mientras las funerarias se quejan del IVA del 21%, el tercer tipo más alto en Europa. El negocio funerario tiene poca competencia y transparencia, carece de una Ley estatal y se rige por una norma de 1974. Hay que controlarlo más. 

                        Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.

Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros), las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de vida media en 2061) y el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136 muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo 2052-53. Y que lleguemos a una cifra máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000 muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894 muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.

Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio de la muerte", la prestación de servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos encontramos con una "burbuja funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos. 

Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los datos de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios: había 537 hornos disponibles en 2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero resulta que sólo se incineran en España el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos cremaciones.

Esta "burbuja" de instalaciones, que encarece el coste final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la explotación del servicio. Actualmente hay 1.076 empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47) o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo 360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.

Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre 10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado, mientras todavía hay unas 850 empresas locales muy pequeñas, que facturan menos de 1 millón de euros al año, según la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5 grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019 (1.565) aunque todavía no llega al récord de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).

La empresa líder del sector funerario en España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000 servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente, que compró en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La segunda mayor funeraria es Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos 55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La tercera es Servisa, de la aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160 tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con una facturación anual de 30 millones.

El problema de esta creciente concentración y gran poder de "las 5 grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que impiden, de hecho, que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos grandes, Albia y Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.

La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de la creciente mortalidad, son los seguros de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron 1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal Unespa. Este seguro de decesos es el 2º seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957, según Unespa), 1,8 millones de asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el 47% de los españoles, aunque su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias (59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%), Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres (66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias con menos ingresos y los mayores de 60 años.

Este seguro de decesos es el 4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022, sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud (10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas crisis, duplicando sus primas en los últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy concentrado y 5 aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores aglutinan el 82,4% de estos seguros.

El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet hablan de cuotas desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables, porque se acaba pagando el triple de lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.

Los seguros de decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio (291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).

La patronal funeraria estima que un 58% del coste se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios (certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso piden bajarlo al 10%, lo que reduciría el coste de un sepelio en 350 euros.

Cara al futuro, las empresas funerarias están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan a contratar servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música, psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con la oferta de ataúdes de cartón y reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el primer cementerio público para mascotas de España.

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.