CNMC: Tribunales anulan multas a empresas

Les voy a contar una historia, increíble pero cierta. La presidenta de la Comisión de la Competencia (CNMC) compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció ante los diputados (quienes la nombraron) que la Audiencia Nacional (AN) “torpedeaba” sus sanciones a grandes empresas, anulando “todas y cada una de las multas”: de los 1.253 millones en sanciones a grandes empresas desde 2010, sólo ha recaudado 290,4. La gota que colmó su paciencia fueron varias sentencias de la AN, a finales de 2022, anulando las multas impuestas (203,6 millones) a 6 grandes constructoras por repartirse obras públicas y subir sus costes durante… ¡25 años¡ Es sólo un ejemplo de las decenas de multas impuestas a empresas eléctricas, petroleras, automovilísticas, bancos, telecos, navieras, tabaqueras, residuos, lácteos, material ferroviario o papeleras, por manipular mercados y precios, en perjuicio de los consumidores. Multas anuladas o pospuestas por la Audiencia Nacional y el Supremo, “tolerantes” ante los delitos de guante blanco. Urgen cambios, porque nos están robando (presuntamente).

Enrique Ortega

Para muchos economistas, uno de los grandes males de la economía actual es la falta de competencia: grandes empresas controlan los mercados de muchos bienes y servicios y por su situación de cuasi monopolio fijan las reglas de juego, imponiendo altos precios que perjudican a los consumidores y elevan la inflación. Además, esta falta de competencia impide sobrevivir a nuevas empresas (que son compradas o anuladas), lo que reduce la oferta, la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo. Lo explica muy bien el economista francés Jean Tirole, en su libro “La economía del bien común”, donde define “el poder del mercado” como “la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad”. Una lacra para los consumidores.

Por eso, todos los paises tienen organismos públicos que vigilan  la competencia, para evitar que grandes empresas impongan sus reglas y precios. Es lo que ha llevado a Google o a Facebook a declarar ante el Congreso de EEUU. Y en Europa, la comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, es uno de los cargos más importantes, con la categoría de Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de varias multas por actividades contrarias a la competencia a gigantes como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon. En  España, la vigilancia de la competencia ha ido pasando por varios organismos de la Administración, sin demasiado ímpetu, hasta que se creo, el 7 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo independiente, cuya presidencia propone el Ministerio de Economía pero que ha de ser elegida por el Congreso, para un mandato de 6 años (como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La CNMC es el organismo “vigilante” de mercados tan importantes como la energía (ha abierto múltiples expedientes a las eléctricas, por manipular precios), las telecomunicaciones, el sector audiovisual (ha multado a las TV, privadas y RTVE, por abuso publicitario), el transporte ferroviario o las tarifas aeroportuarias, además de asegurar que se cumplen las reglas de la competencia en todos los sectores de la economía. En estos años y con pocos medios, ha abierto más de 30 expedientes sancionadores a distintas empresas y sectores, por ponerse de acuerdo en fijar reglas y precios en numerosas actividades, lo que se conoce como un “cártel”: empresas que en lugar de competir, se reparten el mercado y fijan precios (más altos que con competencia), en perjuicio der los consumidores. Veamos algunos.

La multa más abultada impuesta por la CNMC se decidió el 7 de julio de 2022, al cerrarse un expediente contra 6 grandes constructoras españolas (Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), a las que se acusaba de haberse repartido miles de licitaciones públicas (como hospitales, carreteras, aeropuertos) durante 25 años (entre 1992 y 2017). La investigación de la CNMC descubrió que el grupo de constructoras se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas y decidir qué concursos iban a compartir (en todo o parte) y las ofertas que iban a presentar concertadamente, para ganarlas. Y también compartían información comercial sensible, como su intención de presentarse o no a licitaciones y la formación de ofertas conjuntas (UTEs). Y para evitar sospechas, las constructoras encargaban estos trabajos y ofertas a empresas externas. En conjunto, la CNMC estima que este “cártel” continuado de las principales constructoras ha provocado un extracoste de muchas obras públicas, en perjuicio del Presupuesto y los contribuyentes. Y les multó con 203,6 millones de euros.

La 2ª mayor multa impuesta por la CNMC, 171 millones de euros, fue decidida en julio de 2015, contra 21 empresas de automoción (que acaparaban el 91% de las ventas), por compartir información (desde 2006 a 2013) para aplicar estrategias agresivas o descuentos a compradores de coches. De las multas se libraron Seat y Volkswagen, por actuar como “delatores” (a lo claro: por “chivarse” y dar información a cambio de no ser multados). La 3ª mayor multa, 127,8 millones, se impuso en 2016 a los fabricantes de pañales para adultos, que pactaron (de 1996 a 2014) los precios a los que vendían a la sanidad pública. La 4ª mayor multa, 120 millones, se impuso en diciembre de 2012 (antes de crearse la CNMC) a Telefónica, Vodafone y Orange por pactar un precio elevado por los SMS. La 5ª mayor multa, 119,1 millones, se impuso en marzo de 2019 a 15 empresas de material ferroviario (filiales de las constructoras ACS, Sacyr y OHLA, más Siemens, Alsthom, Indra, Elecnor, Isolux o Abengoa), por repartirse durante 14 años contratos ferroviarios de Adif (Renfe).

La lista de expedientes sigue con multas inferiores a los 100 millones. En enero de 2015, la CNMC multa con 98,2 millones a 39 empresas y 3 asociaciones del sector de gestión de basuras (residuos, recogida de basuras y saneamiento), que pactaban y se repartieron la recogida de basuras, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas en Ayuntamientos de toda España, entre 2000 y 2013.Entre las multadas, las filiales de las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, reiteradas "sospechosas" de la CNMC: en agosto de 2021, ACS, FCC, Acciona, Ferrovial , OHL y Sacyr  recibieron otra multa de 61 millones  (la 3ª), por pactar contratos de mantenimiento de carreteras del Estado (entre 2014 y 2018) . En febrero de 2018, los cuatro grandes bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBBA y Sabadell) fueron multados con 91 millones de euros por pactar unas condiciones más favorables de ciertos derivados financieros con los que financiaron a constructores de parques eólicos. En julio de 2019, la CNMC sancionó con 80,6 millones a 8 empresas lácteas (Nestlé entre ellas) y 2 asociaciones sectoriales por prácticas anticompetitivas de fijación de precios en perjuicio de los ganaderos. En noviembre de 2019, se impone una multa de 77,1 millones a Mediaset (Tele 5) y Atresmedia (Antena 3), por repartirse el mercado de la publicidad televisiva.

Sigamos con la lista de las mayores multas. En marzo de 2017, la CNMC multa con 75,6 millones a Renfe y Deutsche Bank por “entorpecer” la liberalización del transporte ferroviario, lo que provocó la mayor sanción impuesta nunca a una sola empresa (65 millones a Renfe). En marzo de 2018, se fija una multa de 68 millones a 9 empresas de mensajería (entre ellas, Correos), por repartirse los grandes clientes empresariales. En junio de 2015, se multa con 57,7 millones  a 18 empresas de fabricación de papel y cartón ondulado y a su asociación sectorial por repartirse el mercado y fijar precios entre 2002 y 2013. En octubre de 2019, se multa con 54,2 millones a 19 empresas de montajes y mantenimientos industriales (Duro Felguera, ACSA y Atrian) por repartirse 746 contratos industriales y encarecer los servicios prestados a empresas energéticas y petroquímicas. En noviembre de 2017, la CNMC impuso una multa de 44,8 millones a 5 cárteles integrados por 11 empresas y una Asociación empresarial que se repartían la fabricación y distribución de cables eléctricos.

Tranquilos, que la lista sigue y aparecen otras grandes empresas. En 2019, la CNMC multa con 42,3 millones a las tabaqueras Altadis (Fortuna) y  Philip Morris (Marlboro), junto a Logista,  por repartirse el mercado: intercambiaban datos sobre las ventas diarias en estancos, detalladas por provincias y marcas. En febrero de 2015 se multa con 32,4 millones a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades, además de un pacto de “no agresión” entre Repsol y Cepsa (desde 2011 a 2013). Y tanto Repsol como Cepsa tienen otras multas más (casi 10 millones), por prácticas “anticompetitivas” desde 2009. En septiembre de 2016, la CNMC multa con  29 millones a 23 empresas cementeras y hormigoneras, por pactar precios (desde 1999 a 2014). En marzo de 2019, se multa con 25,3 millones a dos eléctricas, Endesa y Naturgy por ofrecer precios elevados en el mercado eléctrico. Ya en noviembre de2015, la CNMC había sancionado a Iberdrola con otros 25 millones “por manipular el mercado eléctrico”. En total, ha impuesto a las eléctricas 54 millones en multas desde 2014 a 2019. Y para cerrar las grandes multas, en marzo de 2022 se impusieron 24 millones a 3 empresas siderúrgicas por manipular los precios de la chatarra…

A esta exhaustiva lista de sanciones se podrían sumar las multas (menores) impuestas en la última década a otras empresas: de transporte de fondos, de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, empresas radiofónicas, de vinos de Jerez, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Y unos días antes de esta Semana Santa, la CNMC inspeccionó varias oficinas de Viajes el Corte Inglés, buscando pruebas de un presunto “cártel” de agencias de viaje para repartirse el mercado de viajes (nacionales e internacionales) de la Administración del Estado.

Todas estas multas son el final de largas investigaciones de la CNMC, de expedientes que generalmente se abren por alguna denuncia de un competidor (al margen del cártel que se reparte el mercado) o de alguna empresa que quiere evitar la multa, colaborando (evita más o menos según colabore antes o durante el expediente). Y a partir de ahí, lo difícil es demostrar estos acuerdos contra la competencia, conseguir pruebas y documentos, para lo que la CNMC llega hasta registrar las oficinas de las empresas implicadas. Pero eso a veces lleva a la nulidad del procedimiento, como acaba de resolver el Supremo (fallo del 28 de febrero 2023) en el caso de la inspección (en 2017) en la sede de Altadis. Lo mismo pasó en 2014, con una sentencia que anuló el registro a UNESA y 5 eléctricas o con la inspección a la sede de Transmediterránea (el Supremo anuló las dos multas en 2015). En otros casos (multa a las telecos), el Supremo anuló las multas (enero 2019) por “fallos en la investigación”.

Pero esta es la 2ª fase de los problemas con que se encuentra la CNMC al luchar contra los acuerdos de repartos de mercados y precios: las sentencias del Supremo (que tardan años), tribunal al que recurren las empresas investigadas una vez que hay una decisión en primera instancia, en la Audiencia Nacional (AN). Y aquí está el primer problema de la CNMC: la AN suspende de forma cautelar las multas impuestas a las empresas por acordar mercados y precios. Lo lleva haciendo años, pero la gota que ha colmado el vaso de la CNMC han sido las sentencias (dictadas entre septiembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023) que suspenden las multas impuestas en julio de 2022 (203,6 millones) a las 6 grandes constructoras españolas a las que la CNMC acusa de pactar precios durante 25 años.

Con estos fallos recientes de la Audiencia Nacional, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció la situación ante los parlamentarios (que la eligieron en junio de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos): acusó a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas”. Y además, impide con ello que se cumpla el mandato legal de que estas empresas multadas no puedan contratar con la Administración. La presidenta de la CNMC, abogada, señaló que la Audiencia Nacional suspende las multas porque considera que entre el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa sancionada, “siempre prima lo segundo”, el daño económico a la empresa sancionada.

La presidenta de la CNMC pidió ayuda a los diputados, aportando los datos que reflejan la impotencia de su trabajo frente a las grandes empresas investigadas y sancionadas: entre el año 2000 y el 2012, la CNMC ha impuesto más de 1.153 millones de euros en sanciones a empresas que incumplieron la legislación sobre competencia, pero sólo ha podido recaudar 290,4 millones de euros. Las grandes empresas afectadas cuentan con el apoyo de potentes bufetes de abogados, que recurren primero ante la Audiencia Nacional, que suspende las multas, les deja seguir contratando con la Administración y luego tarda años en decidir sobre el fondo del expediente (todavía no ha decidido sobre el expediente a los grandes bancos, de 2018), rechazando la mayoría. Y todavía les queda a las empresas recurrir al Supremo, que son más años de retraso y muchas sentencias favorables, por defectos de forma en la tramitación. Y frente a estas poderosas empresas y sus bufetes, la CNMC cuenta con pocos medios: 272 funcionarios y 370 empleados más, para vigilar los sectores prioritarios y la competencia en toda la economía (ahora vigilan los precios de los alimentos).

El tema es serio y preocupante, porque en la lista de empresas “pilladas” en manipulación de mercados y precios está lo más granado del empresariado español. Y porque este “modus operandi”, anticompetitivo e ilegal, nos cuesta mucho dinero a los consumidores y a muchas empresas, que pagan precios más altos de los debidos. Para intentar resolverlo, el PSOE ha presentado varias enmiendas (aprovechando la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, algo que nada tiene que ver) para cambiar aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia y dar más “armas  legales” al trabajo de la CNMC. Por un lado, proponen subir las multas a las empresas que se repartan mercados, con un máximo de 50 millones, pero aplicando además un porcentaje sobre sus ventas mundiales (que puede llegar al 10%, cuando ahora el máximo es el 6,4% de las ventas nacionales).Y se ampliarán también las multas a los directivos implicados (de 60.000 a 400.000 euros). Eso sí, se mejora el trato a las empresas que colaboren con la CNMC aportando pruebas. Además, se propone ampliar el plazo del procedimiento, de los 18 meses actuales a 24 meses.

Todos estos cambios se debaten ahora en el Congreso, en Comisión, y podrían ser aprobados para otoño, lo que facilitaría la tarea de la CNMC. Pero queda reforzar los medios de la CNMC, para que cometan menos fallos en la gestión de los expedientes. Y sobre todo, urge un cambio sustancial en los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: no pueden seguir “tolerando” estos comportamientos con unas sentencias favorables a los más poderosos, en perjuicio de los ciudadanos. De acuerdo, hay que probar los delitos, hay que vigilar las garantías jurídicas del proceso, pero estos “delitos de guante blanco” no pueden quedar tan impunes como ahora. Nos están robando (presuntamente).

El segundo rescate de las autopistas de peaje

El viernes pasado, mientras media España huía de vacaciones, el Gobierno aprobaba el rescate de 9 autopistas de peaje privadas en liquidación, que ahora serán públicas. El Estado cargará con su deuda y las reflotará con ayudas varias, con la idea de privatizarlas a finales de 2018, cuando estén saneadas con dinero público. Y eso tras haberles inyectado ya, Zapatero y Rajoy, más de 5.200 millones de ayudas públicas entre 2010 y 2021, para evitar su quiebra actual. El Gobierno Rajoy dice que este nuevo rescate “no costará dinero a los contribuyentes”, pero la factura estará entre 3.400 y 5.000 millones de euros y la mayoría no se recuperará. El escándalo no es sólo que estemos ante un nuevo rescate de errores privados (Cajas, déficit eléctrico, moratoria nuclear, almacén gas Castor…) sino que la historia se repite: en 1984, Felipe González tuvo que nacionalizar 6 autopistas en apuros y en 2003, cuando ya ganaban dinero, Aznar las privatizó (perdiendo dinero). Doble escándalo.



                                                                            Enrique Ortega

La historia de este segundo rescate de las autopistas se inicia a principios de este siglo, con tres protagonistas claves: el presidente Aznar, el ministro de Fomento Álvarez Cascos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, empeñada en tener tantas autopistas cerca de la capital “como los catalanes y como París”. Para eso, embarcaron a las principales constructoras y bancos en un macro-proyecto de 10 autopistas de segunda generación, que se construyeron entre 1999 y 2003, en pleno boom económico (ver mapa): las 4 radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas y la Madrid-Toledo (AP 41), junto a Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y Alicante-Cartagena (la única que queda ahora fuera del plan de rescate aprobado el viernes).

El problema es que se diseñaron pensando en un tráfico irreal, que se desplomó con la crisis, máxime cuando hay autovías gratuitas que circulan en paralelo. Y además se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, gracias a la ley del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Pero no importaba: el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ferrovial y Globalvía) y en financiarlas (los bancos participantes, Santander, Bankia, La Caixa y Sabadell más algunos extranjeros cobraban de 10 a 20 millones al año en intereses), sin poner apenas capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios solo pusieron el 12% de inversión y el 88% restante eran créditos (424,5 millones).

Una vez construidas las autopistas de peaje, si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema era del Estado. Sí, porque Aznar pactó con las concesionarias incluir en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si había problemas y las concesionarias no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

Con la crisis, el tráfico y los ingresos de estas autopistas cayeron en picado y amenazan entrar en quiebra. Para evitarlo, el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos a devolver al final de la concesión (65 años) más un adelanto de dinero (80 millones anuales) para cubrir la caída del tráfico. Al llegar Rajoy, mantiene las ayudas en 2012 y las amplía hasta 2021 (ZP las estableció hasta 2018). Y para 2013, duplica el adelanto de dinero (de 80 a 150 millones anuales). En conjunto, estas autopistas que ahora se rescatan ya tenían garantizadas ayudas públicas por 5.200 millones de euros hasta 2021. Y eso sin contar las ayudas indirectas que supone subvencionar el 50% del peaje a los camiones que vayan por autopista (el Gobierno destinó 10 millones del Presupuesto en 2015 y otros 32,7 millones en 2017). Y además, Zapatero y Rajoy se comprometieron a subirles los peajes por encima del IPC entre 2011 y 2015, otra ayuda más a costa de nuestro bolsillo. Y eso sin contar con los 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1999 y 2011, como compensación por haber subido menos las tarifas para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999).

Pero ni con estas importantes ayudas públicas han podido salir a flote estas autopistas de peaje. Y las concesionarias se encontraron con que no podían pagar la deuda ni conseguían refinanciarla. Y así, en 2013, suspendieron pagos una tras otra, mientras constructoras y bancos le recordaban al Gobierno que el problema era suyo, que la cláusula-regalo de Aznar obligaba al Estado a hacerse cargo de la deuda. Han sido tres años largos (2014-2016) en que el Gobierno, los bancos acreedores y las constructoras han tratado de renegociar una salida, sin conseguir un acuerdo. Y ahora, en julio, cuando los Tribunales han liquidado las primeras autopistas, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a tomar una decisión y rescatarlas.

El ministro de Fomento dice que no es una decisión política sino una obligación de los Tribunales. Es verdad. Pero se olvida decir que si las autopistas no quiebran y se cierran sino que se cargan ahora sobre el bolsillo de todos los españoles  es por una decisión política que tomó su partido a principios de siglo. También dice que “no tendrá coste” para los españoles, porque la idea es nacionalizarlas de nuevo a finales de 2018 y recuperar el coste del rescate, que subirá el déficit público de 2018, sobre todo. Pero está claro que coste habrá para los contribuyentes, como pasará con el rescate bancario.

Por un lado, el Estado tendrá que hacer frente a la deuda bancaria, unos 3.400 millones de euros. Además, tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones aún pendientes por expropiaciones a algunos propietarios de terrenos, demandas que suman otros 1.200 millones. Y cargar con los costes de mantenimiento, conservación y personal de las 9 autopistas rescatadas (748 kilómetros, el 22% de toda la red de autopistas) y traspasadas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA), unos 65 millones más al año. Además, seguro que aprobarán una subida extra de los peajes para ayudar a subir sus ingresos y sanearlas, además de la subvención a los camiones (otros 40 millones en 2018). Redondeando, el rescate nos costará unos 5.000 millones, según la patronal SEOPAN. Y luego, una vez que estas autopistas estén saneadas, sin deuda y con más ingresos, pues a buscar una sola empresa que compre las 9 autopistas (barato). Incluso no se descarta que puedan volver a una de las concesionarias que las tenían hasta ahora. Negocio redondo.

Lo más sangrante es que muchas de estas autopistas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr, Azvi, Isolux o Comsa. Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables (como saben catalanes y levantinos), en especial Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas. Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de estas inversiones, o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, nos han cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la cláusula de responsabilidad que les regaló Aznar.

Y lo peor es que la historia se repite. En marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar seis autopistas en apuros (de Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, de momento, nos costarán otros 6.300 millones más acordados por Aznar, Zapatero y Rajoy, más lo que nos cueste la empresa pública SEITTSA.

Ayudas públicas con dinero de todos para resolver los problemas creados por decisiones políticas erróneas y compromisos polémicos con empresas poderosas. Es una historia que se repite una y otra vez: déficit eléctrico (Aznar), moratoria nuclear (Felipe González), rescate bancario (Rajoy), el rescate del almacén de gas Castor (Zapatero-Rajoy) y ahora las autopistas. Dinero y más dinero público para ayudar a grandes empresas privadas (¡Viva la economía de mercado…¡), mientras 185.000 empresas españolas han tenido que cerrar con la crisis sin que nadie les haya ayudado. Y mientras los españoles hemos sufrido  los recortes de unos 30.000 millones de gasto público en educación, sanidad, desempleo, dependencia, ayudas sociales  I+D+i, cultura, Cooperación… Doble rasero. Es un escándalo.

Guerra al "cártel": basuras,leche y carburantes

La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace poco, la CNMC ha multado a 39 empresas de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades, con pactos incluso escritos. Es el “cártel” de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje industrial y recogida de papel y cartón. Negocios que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios en decenas de sectores. El problema es que las multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.

enrique ortega

La basura es un gran negocio para algunos. Los españoles producimos 464 kilos de residuos por habitante, 137 millones de toneladas de basuras y residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos 5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP). Otro, el saneamiento y la traída de aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales, desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas 700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110 empresas que facturan 700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos  y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.

Un negocio que está sobre todo en manos de las constructoras, que en los años 80 empezaron  a diversificar su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70% del negocio de la basura y el agua se lo reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es  FCC (la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales” (4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios, entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del negocio total del grupo ACS, Cespa (filial de Ferrovial), presente en 800 municipios  y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas empresas, destacando Biotran, Grupo Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y varios países de Europa y Holmen Paper (sueca).

Todas ellas y varias más han estado tres años bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los distintos mercados. Ha sido como una investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información sensible”.

El expediente revela unas prácticas que parecen de novela pero son reales y ponen los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid, Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser, por ejemplo, tenían un pacto escrito para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble: la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía un Código de conducta escrito de no agresión entre los socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).

En el sector de la recogida y reciclaje de papel y cartón, la CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector) y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se hacía en Sevilla (ambos, Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les recordaba que “cada uno debía respetar a los clientes de los otros”.

Las 198 páginas del expediente de la CNMC (ver aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban” a la hora de repartirse el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco, Isofotón es  tuyo, ¿verdad?. Es que los estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.

La CNMC concluye el expediente señalando que estos acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso, al menos en los últimos quince años, según la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para asegurar este escandaloso reparto del negocio.

El problema es que este tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados: panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a 32,4 millones de euros por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol como Cepsa y BP tienen otras multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).

Y están pendientes de resolución por la CNMC otros expedientes abiertos a más sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos, vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos protegidos”), manteniendo un buzón en la web para denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan fuera de los acuerdos).

La competencia es clave para la economía y los consumidores, porque de ella nacen mejores ofertas y precios. Pero hay una larga tradición de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado antes que competir por él. El problema es que la CNMC cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y gas, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el Parlamento, no es independiente del Gobierno: lo propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con pocas armas para asegurar la competencia: las multas son bajas (el 3% del negocio) y los recursos de los implicados se eternizan, con lo que la CNMC tiene 700 millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado, porque el Código Penal no delimita claramente estas conductas como delictivas.

Hay que luchar de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un sistema de auditorías externas de los contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir la corrupción y los extraprecios.Y endurecer las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben en la cárcel. Porque nos están robando.