España es uno de los pocos paises europeos donde apenas ha habido conflictos laborales
por la inflación, frente a las protestas
en Francia, Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido. Pero ahora,
coincidiendo con el 1º de Mayo, los
sindicatos lanzan un ultimátum: o la patronal negocia las
subidas de salarios o habrá movilizaciones.
Se quejan de que los trabajadores pierden poder adquisitivo mientras las empresas aumentan márgenes y beneficios.
En el fondo del enfrentamiento está la ruptura
de años de concertación social,
con unos sindicatos “razonables” pero más
débiles (sólo 1 de cada 7 trabajadores está sindicalizado) y una patronal más fuerte y más politizada,
con militantes del PP en puestos clave. Ahora, tras los desacuerdos en la reforma de pensiones y el salario mínimo, la
pelea está en retomar o no la negociación colectiva. Y en
avanzar en “democratizar” las empresas. Porque el 40% de los trabajadores (y el 54% de los jóvenes) están descontentos con su empleo y querrían dejarlo. Algo pasa. |
| Enrique Ortega |
En todo el mundo, los sindicatos han perdido fuerza en
las últimas décadas. La mayor caída en la afiliación se ha dado en Europa, donde los sindicatos pasaron de tener un 40% de trabajadores
afiliados en el 2000 al 25% en 2016,
según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Norteamérica, la afiliación, que era mucho más baja, cayó del 14 al
12%, en Asia del 20 al 13% y en Africa, del 28 al 21%. En España, la caída de la sindicación ha
seguido la senda de los paises occidentales, aunque mantenemos una afiliación
sindical menor. Según
los últimos datos publicados por la OCDE, la tasa de afiliación en
Occidente cayó del 20,9% en el año 2000 al 15,8% en 2020.En España, cayó del 17,5% (2000) al 12, 5% (2020), una tasa de afiliación sindical muy inferior a la de
Italia (32,5%), Reino Unido (23,5%) y Alemania (16,3%) pero superior a la de
Francia (10,8%) y Estados Unidos (10,3%), muy lejos todos de la tasa de
afiliación sindical de Dinamarca (67%) y Suecia (65,2%).
En España, la
reforma laboral de Rajoy (2012) fue la puntilla a los sindicatos, que habían
aumentado su sindicación a un máximo del 18,2% en 2011. Por un lado, se
fomentaban los convenios de empresa, donde hay menos presencia sindical, frente
a los de sector. Y por otro, se flexibilizaba la contratación, lo que
precarizaba el empleo y desalentaba a los trabajadores más vulnerables a
sindicarse. Y en paralelo, las empresas han ido reduciendo el número de
convenios a negociar, lo que ha
debilitado aún más a los sindicatos: si en 2013 se firmaron 2.502 convenios
colectivos (que afectaron a 5,2 millones de trabajadores), en 2019 fueron 1.725 convenios (3 millones de trabajadores),
928 convenios en 2020 (1,6 millones de trabajadores) y 1.024 convenios firmados en 2022 (cubriendo sólo a 2.762.887
trabajadores, de 20,4 millones), según
las estadísticas de Trabajo.
Esta reforma laboral
y las sucesivas crisis han
debilitado a los sindicatos en España (y en toda Europa): Comisiones Obreras (CCOO) dice tener algo
más de 1 millón de afiliados, UGT otros 983.521 afiliados, CSIF
(funcionarios) unos 200.000 y USO otros 125.000, lo que da un total de
afiliados (contando el resto de sindicatos) que ronda los 2,5 millones de trabajadores, frente a un total de
17.371.000 asalariados. O sea, que están
afiliados a un sindicato 1 de cada 7
trabajadores, una minoría. Y muchos están concentrados en grandes
empresas (de la industria y la construcción) y en la Administración pública,
generalmente mayores de 40 años. CCOO
es el sindicato con más delegados desde los años 90: en
2019 ganó las elecciones sindicales por 7ª vez, con 97.086 delegados
(35,43%), seguido de UGT (87.663 delegados, el 31,99%) y, a muchísima
distancia, están USO (11.557 delegados, el 4,21%), CSIF (10.605 delegados, el
3,87%) y la CGT (5.557 delegados, el 2% del total).
Los sindicatos españoles, aparte de ser más débiles, tienen problemas
económicos, les cuesta sobrevivir con las cuotas de los afiliados
(13,70 euros al mes de media pagan en UGT). En 2013, el gobierno Rajoy congeló
las subvenciones a los sindicatos, hasta 2020 en 8,88 millones anuales. En 2021,
el nuevo Gobierno subió la subvención a 13 millones (a repartir entre 162
sindicatos, aunque los 10 grandes se llevan el 94%). Y en 2022, la
subvención estatal subió otra vez, a 17 millones, los mismos concedidos para
2023, según
un reparto que se hace por representatividad :CCOO se lleva 5,28 millones,
UGT 2,7 millones, USO 611.000 euros, CSIF 570.000, el vasco ELA-STV 480.000 y
la CGT 308.000). Pero además de esta subvención anual, los sindicatos reciben otras subvenciones públicas que son “menos
transparentes”: por cursos de formación, por asistir a reuniones de
organismos públicos donde participan, Fondos UE para digitalización, etc.
Los sindicatos se enfrentan a tres problemas para crecer y sobrevivir. Uno, que el 99% de las
empresas españolas son pymes y les resulta más difícil conseguir afiliados y
negociar convenios y condiciones laborales: en la gran mayoría no
existen ni delegados de personal ni Comités de empresa. El 2º problema es
que un 76% de la economía y el empleo en España están en los servicios, en el turismo, la hostelería, el comercio y las
plataformas de Internet, con los trabajadores muy dispersos y empleos más
precarios, poco proclives a sindicalizarse. Y el tercer problema, el más serio,
es que los
jóvenes se afilian mucho menos que sus padres: lo ven poco útil e
incluso “peligroso” para mantener su precario empleo. Y, además, no está
valorado socialmente. De ahí que tanto UGT como CCOO lleven años haciendo
campaña entre los trabajadores más jóvenes y de plataformas (“riders, por
ejemplo).
Enfrente, los sindicatos españoles tienen una patronal, la CEOE, cada vez más fuerte.
Según sus datos, la integran
“voluntariamente” 2 millones de empresas
y autónomos, de los 3,3 millones afiliados a la Seguridad Social.
Participan a través de las organizaciones provinciales o sectoriales en las que
se integran, que son las que les cobran las cuotas y transfieren una parte a la
CEOE central. Se estima que la cuota de una patronal autonómica ronda los 3.000 euros al
año. Con estas cuotas de las organizaciones, más las aportaciones de grandes empresas,
la patronal se financia y presta servicios. En 2022, su
Presupuesto público refleja unos ingresos de 14.649 millones y unos gastos
de 14.548 millones La patronal no recibe
subvenciones presupuestarias como los sindicatos, pero la realidad es que también ingresan
dinero público por impartir cursos de formación, asistencia a
reuniones de órganos consultivos y Fondos UE para digitalización.
En los últimos años, la patronal CEOE, presidida por Antonio
Garamendi (elegido en 2018 y reelegido en noviembre de 2022) se ha
lanzado a una agresiva campaña de
captación de nuevos socios, con el doble objetivo de ganar fortaleza
(económica y empresarial) y reforzar su labor de “lobby” (grupo de presión)
ante el Gobierno, el Parlamento español, la Comisión Europea y el Parlamento
Europeo. Ha pasado de integrar a 373 organizaciones en 2018 (174 empresas y 199
organizaciones) a 510 en marzo de 2023
(263 empresas y 247 organizaciones),
aumentando su representatividad y sus
actividades.
Este fortalecimiento
institucional de la patronal CEOE coincide con una mayor politización de su directiva, con fuertes críticas al
Gobierno Sánchez y un cambio
de actitud ante la concertación social: apoyaron la reforma laboral en 2021 pero estuvieron
en contra de las últimas subidas del Salario
Mínimo y de la reforma de las
pensiones, que el Gobierno ha aprobado en 2023 sólo con el apoyo sindical.
Y la dirección de la CEOE defiende posturas
socioeconómicas más a favor del PP y de Feijóo (tras un cierto
distanciamiento con Casado). De hecho, Garamendi se ha
rodeado de múltiples dirigentes del PP, que ocupan cargos
importantes en la patronal CEOE: en plena pandemia fichó a Fátima Báñez (ex ministra de empleo de Rajoy) como presidenta de la
Fundación CEOE, Iñigo Fernández de Mesa
(ex Secretario de empleo con Rajoy) fue fichado en 2019 como presidente del
Centro de Estudios de la CEOE, Pilar
González de Frutos (ex directora general de Seguros con Rajoy) es
vicepresidenta de la patronal, Gregorio
Izquierdo (ex director general del INE con Rajoy) es Director del
Departamento de Economía de la CEOE, y Rosa
Santos (ex senadora del PP) es Directora de Relaciones Laborales de CEOE. El
último “fichaje” de Garamendi, a principios de 2023: José Luis Ayllón (ex jefe de gabinete de Rajoy) como Director del
Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE, la
cabeza del lobby…
Este mayor poder
institucional de la CEOE y su creciente “derechización” han provocado
que España pierda un gran activo, la
concertación social entre sindicatos y patronal, que se mantuvo en las
crisis de 2008 y durante la pandemia. En
mayo de 2022, la patronal CEOE
se levantó de la mesa donde negociaba con los sindicatos las subidas
salariales de los próximos años. Su argumento fue que los sindicatos querían “saltarse una línea roja”, al pretender
incluir en los futuros convenios una cláusula de
revisión salarial ante posibles desviaciones de la inflación. La
postura de los sindicatos era que la patronal había aprovechado la reforma
laboral de Rajoy y las crisis para privar a los trabajadores de esta cláusula
de defensa del poder adquisitivo, que antes
era habitual: en 2008 la tenían el
70% de los trabajadores con convenio y en
2022 la tenían sólo el 21% (1,9
millones de trabajadores). Ahora, sólo 11 de cada 100 asalariados tienen
cláusula de revisión salarial.
El Gobierno Sánchez pidió en varias ocasiones a la patronal,
a lo largo de 2022, que se sentara de nuevo a negociar “un
pacto de rentas”, para acordar un reparto equitativo de salarios y
márgenes empresariales. Y los sindicatos pidieron lo mismo, infructuosamente, lo
que se ha traducido en muchos convenios estancados y trabajadores
que no revisan su sueldo desde 2021. Este desacuerdo contrasta con años
de concertación social entre sindicatos y patronal, que han sido “un ejemplo
en Europa: el primer acuerdo salarial se
firmó en 2010 (para 2010-2012) y
después se han firmado tres acuerdos
salariales más, el
último el IV AENC en julio de 2018
(para 2018.2020). Pero en 2021 no se pudo (por la pandemia) y en 2022, la CEOE
rompió la negociación.
Ahora, coincidiendo con el 1º de mayo, los
sindicatos han perdido la paciencia
y dan un ultimátum
a la CEOE: o se sientan a
negociar antes del verano las futuras subidas salariales o convocarán movilizaciones. Los
sindicatos proponen unas subidas salariales que parecen
bastante “razonables”: +5% de subida
en 2022 (frente al 8,4% que subió la
inflación), +4,5% en 2023 (frente al
4,3% de inflación que prevé el FMI) y +4,75%
en 2024 (frente al 3,2% de inflación prevista). En total, una subida de +14,25% en tres años, incluso por
debajo de la inflación real y prevista (+15,8%).
Eso sí, en todos los casos defienden clausulas
de revisión que compensen subidas extras de la inflación (en todo o en
parte). Y están dispuestos a reajustar
las subidas según los resultados de las empresas.
Los sindicatos creen que son subidas “justas”, dado que los trabajadores llevan dos
años perdiendo poder adquisitivo: en 2021, la inflación media subió un
+3,08%, mientras los sueldos en convenio subieron un +1,5%. Y en 2022, la inflación media subió un 8,4%, frente al +2,78% que han
subido los convenios firmados. Así que
los trabajadores han perdido un -7,2% de poder adquisitivo entre 2021 y 2022.
Mientras, las empresas están aumentando su cifra de negocio (+41,3% en 2022) y sus beneficios (crecieron un +91,3%), según
los datos del Banco de España, que atestigua que la rentabilidad de los activos empresariales creció un 5,5% en 2022 y otro 4% en 2021.
El resultado es que, con
esta nueva crisis, provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, las empresas
han mejorado su trozo de pastel en el
reparto de la renta, en
perjuicio de los trabajadores: los excedentes
empresariales se llevaron en 2022 el 43,20%
del PIB (frente al 40,91% en 2021 y
el 41,08% en 2020) y los salarios se
llevaron el 46,87% (frente al 48,48%
en 2021 y el 49,79% en 2020), llevándose
el resto los impuestos (9,93%), según
la Contabilidad Nacional del INE. Eso indica claramente, según los
sindicatos, que las empresas han mejorado sus resultados a costa de los sueldos de
los trabajadores. Y quieren
corregirlo.
La patronal no ha
respondido al ultimátum de los sindicatos ni dice si quiere volver a negociar.
Lo que sí ha reiterado es que no acepta las cláusulas de revisión y que no
quiere subir mucho los salarios
con la excusa de que “eso alimentaría la
inflación”. Pero eso contrasta con numerosos
estudios (incluido
el BCE), que culpan de la inflación
actual a la subida de los márgenes empresariales y no a los salarios, que
están estancados. Además, los economistas
del FMI señalaron en enero que
“se
pueden subir los salarios sin que eso alimente la inflación”, lo que
desmonta un viejo mito económico.
Estos economistas
han estudiado 79 periodos históricos, en 38 paises (incluida España) para
analizar la relación salarios/precios en un contexto de inflación de costes como
el actual. Y concluyen que la subida de
salarios “no provocó una espiral de inflación”.
Ahora, se trata de recomponer la concertación social y
pactar unas subidas de salarios razonables, que son necesarias por justicia y por economía. Por justicia, porque los sueldos españoles son mucho más bajos que en Europa: 17,5 euros la hora, un 31% menos que en la zona euro (25,5 euros), un 42% más bajos que en Alemania (30,3
euros), un 37% menos que en Francia y un 17,5% menos que en Italia (21,2
euros), según
Eurostat. Y por economía, porque hace falta subir los sueldos (sobre
todo los más bajos: el 30%
gana menos de 1.366 euros brutos al mes) para reanimar el consumo de las familias (lleva cayendo 6 meses, según el INE) y ayudar al débil crecimiento previsto
para 2023 (+1,5%).
Así que la patronal debe negociar y
repartir parte de sus beneficios.
Además, las
empresas españolas deberían reformar la organización laboral,
mejorando la “democratización del
trabajo”, otra
de las prioridades de los sindicatos para el 2º semestre europeo que
dirigirá España. Se trata de conseguir unas empresas más sostenibles y donde se
tenga más en cuenta la voz y la participación de los trabajadores,
según los principios de una Directiva
europea de Diligencia debida, aprobada por Bruselas el 23 de
febrero de 2022 y que los sindicatos quieren que
ratifique una Cumbre Europea este 2023. Se trata de cambiar
el sistema de “gestión personalista”, del “ordeno y mando” empresarial por más trabajo en equipo y
escuchando a los trabajadores. Algo cada vez más necesario, dado que un 40% de los trabajadores españoles (y el 54% de los jóvenes) manifiestan un descontento generalizado en
su puesto de trabajo y estarían
dispuestos a irse, por estrés, ansiedad, frustración o desmotivación, según
la Encuesta realizada por Alan. Algo pasa en los trabajos: es hora de cambiar las viejas estructuras,
mejorando condiciones y trato, no sólo el sueldo. Debería ser una reflexión
para todos este 1º de mayo.
