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lunes, 11 de noviembre de 2024

Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil,un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible, nuestra gran “asignatura pendiente”.

jueves, 8 de diciembre de 2022

Parados de larga duración: sin salida

El paro volvió a bajar en noviembre y ya llevamos 7 meses (desde mayo) con menos de 3 millones de parados en España. Pero todavía tenemos más del doble de paro (12,5%) que la media europea (6%) y cuatro veces el de Alemania (3%). Lo peor es que el paro se ha hecho “crónico”: 4 de cada 10 parados (1.256.600) llevan más de un año sin encontrar trabajo y la mitad de ellos (600.000 parados) llevan más de 4 años sin poder trabajar. Su problema es que tienen poca formación y, sobre todo su edad: el 52,5% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Y las empresas no quieren contratarlos, con lo que sólo les queda estar en paro hasta la jubilación, cobrando un desempleo de 463 euros (si cumplen los requisitos). Un “agujero” que les lleva a la pobreza y la depresión. Urge aprobar un Plan de choque para ayudarlos a formarse y encontrar trabajo. Hay que darles una salida.

Enrique Ortega

El paro sigue bajando, aunque menos de lo que mejora el empleo, porque aumentan los españoles que se animan a buscar trabajo (sobre todo, mujeres y jóvenes). En noviembre, la cifra de parados registrados en las oficinas de empleo bajó a 2.881.380 desempleados, el dato más bajo en ese mes desde 2007 y 282.225 parados menos que antes de la pandemia (diciembre 2019), según Trabajo. Con ello, son ya 7 meses consecutivos (mayo el primero) en que el número de parados registrados baja de los 3 millones en España. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía tenemos una tasa de paro (12,5% de la población activa) que duplica la tasa europea (6% de paro en la UE-27) y que cuadruplica la tasa alemana (3% de paro), superando también con creces el paro de Italia (7,8%), Francia (7,1%) o Portugal (6,1%), según el último dato de Eurostat. Y de todos los parados en la Unión Europea (12.953.000), casi la cuarta parte son españoles.

Pero lo peor es que el paro en España se está haciendo “crónico, estructural: baja desde 2013 (5 millones de parados registrados en marzo), pero sigue habiendo muchos parados que no encuentran empleo, que llevan más de un año en desempleo: son los llamados “parados de larga duración, una cifra que no baja del millón de parados desde hace 14 años, desde 2009. Ese año, con el inicio de la crisis financiera, había 1.499.300 parados de larga duración (más de 1 año buscando trabajo), el 34,58% del total de parados (4.375.000). La cifra de estos parados “crónicos” aumentó en 2010, 2011 y 2012, alcanzando su récord a finales de 2013: 3.604.700 parados de larga duración, el 60,73% del total (5.935.600 parados EPA). Y a partir de ahí, el paro empezó a bajar y también los parados de larga duración, hasta quedar por debajo de los 2  millones en 2017 (1.899.600, el 50,43% de todos los parados) y un mínimo de 1.387.000 parados de larga duración (el 43,5% del total) a finales de 2019, antes de la pandemia. Luego, el paro ha seguido bajando, pero el paro de larga duración ha bajado menos y la cifra es muy alta: 1.256.600 parados en septiembre 2022 (EPA), un 42,16% de todos los parados, una pequeña bajada sobre 2019 (43,5%) pero un porcentaje mayor de paro estructural del que había en 2009 (34,58%).

El paro de larga duración significa que 4 de cada 10 parados lleva más de un año en el paro, sin encontrar trabajo. De hecho, de los 1.256.600 parados “crónicos”, 450.300 llevan sin trabajo entre 1 y 2 años y otros 851.300 llevan parados más de 2 años, según el INE. Y de ellos, unos 600.000 parados llevan sin trabajar más de 4 años, según denuncia UGT. Eso coloca a España como el país con más parados de larga duración en Europa (42,16%), sólo por detrás de Grecia y por delante de Italia y la eurozona (36%), duplicando la tasa de paro de larga duración de la OCDE (28,4%). Así que no solamente tenemos más paro que los demás paises, también tenemos más parados que están mucho tiempo sin encontrar trabajo.

Del total de parados de larga duración en España (1.256.600 en septiembre, el 42,16% del total), la mayoría son mujeres (702.500 paradas, el 44,4% de todas las mujeres desempleadas) y menos de la mitad son hombres (554.300 parados, el 38,5% de los hombres desempleados). El problema se da sobre todo entre los parados mayores de 60 años (el 65,45% de los parados con esa edad llevan más de 1 año sin trabajo) y entre los que tienen entre 50 y 59 años (el 54,9% llevan parados más de un año), bajando el porcentaje entre los parados de 25 a 49 años (el 38% llevan parados más de un año) y sobre todo entre los más jóvenes (de los parados menores de 25 años, sólo el 25,55% llevan parados más de un año). Y por autonomías, donde hay más parados de larga duración es en Canarias (el 50,5% de todos sus desempleados llevan en paro más de 1 año), Madrid (48,4% de paro de larga duración), Castilla la Mancha (42,7%), Comunidad Valenciana (42,6%), Andalucía (42,3%) y Galicia (42%), según los datos que aporta la última EPA (INE).

¿Qué lleva a un parado a estar mucho tiempo en el desempleo? Básicamente, hay dos causas. Una, su baja formación. Del total de parados (2.980.200 en septiembre, según la última EPA), el 47,5% (1.415.300 parados) sólo tienen una “baja formación” (la ESO o menos). Y entre los parados que llevan más de un año sin trabajar (paro de larga duración), los “poco formados” (ESO o menos) suben hasta el 76%  del total. La otra causa, más decisiva aún, es la edad: el 40% de todos los parados de larga duración tienen más de 50 años. Y si rebajamos la edad, resulta que más de la mitad de los parados de larga duración (659.800, el 52,5% del total) tienen más de 45 años, según la EPA (INE).

Es lo que se llama “edadismo”, la discriminación laboral a los mayores, que se resume en este dato: de los más de 10 millones de españoles con más de 55 años, sólo 4 millones trabajan (el resto están “inactivos”, la mayoría, o parados). El problema es que las empresas no quieren contratar a mayores, antes a mayores de 55 años y ahora ya a mayores de 45 años. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco, ya en 2019: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Varios son los prejuicios habituales de las empresas para no contratar “mayores”: que son más caros, poco flexibles y que se han quedado obsoletos, sobre todo digitalmente, obviando que los “seniors” aportan a una empresa experiencia, seriedad y compromiso.

La realidad es que los mayores tienen más dificultad para salir de las listas del paro, como demuestran las estadísticas del desempleo. Si el paro ha bajado en -282.225 desempleados desde finales de 2019 (antes de la pandemia), el paro de los mayores de 45 años sólo se ha reducido en -24.897 desempleados, el 8,6% de la mejoría total, según los datos de Trabajo. Y lo peor: si en 2019, los parados con más de 45 años (1.636.424) eran el 51,73% del total, ahora, en noviembre de 2022 (1.611.527), son el 55,92% de todos los parados. El peso de los mayores ha aumentado en las listas del paro.

Estos parados de larga duración, la mitad mayores de 45 años, tienen más difícil colocarse cada mes que pasa: con menos de 1 año en paro, se colocan el 37%, estando entre 2 y 3 años ya sólo se recoloca el 11% y a partir de los 4 años en el paro (recordemos que hay 600.000 parados en esta situación), su posibilidad de trabajar baja al 5%. Esto explica la grave situación del parado de larga duración: acaba no teniendo salida, condenado al desempleo crónico  hasta que se jubile. Los parados que tienen menos de 52 años, cobran el subsidio de desempleo  hasta que se les acaba, lo que explica que el 40,4% de los parados no cobren ningún subsidio, según la última EPA de septiembre. Y los parados con más de 52 años pueden “engancharse” al subsidio hasta que se jubilen, pero no todos, sólo los que cumplen los requisitos exigidos: 6 años cotizando, estar inscrito en las oficinas del SEPE y no tener más de 750 euros mensuales de ingresos. Al final, para cobrar 463 euros mensuales (480 en 2023) hasta que se jubilen, un subsidio que reciben hoy la mayoría de los 650.782 parados de más de 55 años que cobran el desempleo, según el SEPE.

Con este mínimo subsidio asistencial  o con el subsidio contributivo (903 euros al mes en octubre), los parados de larga duración están condenados a la pobreza. De hecho, los parados ya son el colectivo con más pobreza en España: un 41,5% estaban en situación de pobreza y exclusión social en 2021, el doble que el conjunto de la población (20,4% son pobres), según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). La otra consecuencia del elevado paro de larga duración son los problemas de salud mental: hace años ya que los estudios médicos alertan de un aumento de la depresión entre los parados “crónicos”, advirtiendo que su situación genera “problemas de aislamiento, estrés económico, autocondena y sensación de inutilidad”, con graves consecuencias mentales y riesgo de suicidio.

¿Qué se puede hacer? La Comisión Europea y otros organismos internacionales llevan años pidiendo a España que gaste más y mejor en políticas activas de empleo, desde incentivos a la contratación a la mejora de la formación de los parados, en especial los parados de larga duración. Tal es así que Bruselas ha incluido las políticas activas de empleo como una de las reformas que exige a España para recibir los Fondos del Plan de Recuperación. El Gobierno Sánchez ha tomado nota, actuando por dos vías: aumentando los recursos públicos para las políticas activas de empleo (6.423 millones en 2022, frente a 5.700 en 2018) y aprobando, en junio de 2022, una Ley de Empleo, cuyas enmiendas se debaten ahora en el Congreso y que debe aprobarse este año para cumplir con la UE.

Esta Ley de Empleo pretende modernizar las políticas activas de empleo, con una reforma del sistema de incentivos a la contratación y a la formación, en colaboración con autonomías y ayuntamientos. Pero la Ley ha sido muy duramente criticada, primero por el Consejo Económico y Social (CES) y luego por los sindicatos y la patronal, que la consideran “insuficiente”, porque no asegura la financiación de los programas ni su control, no reformando a fondo las políticas de empleo ni las oficinas de empleo (faltas de personal y medios), que en 6 meses pasarán a ser la base de una nueva Agencia Española del Empleo. La crítica básica es que la Ley promete una atención personalizada a los parados (en un mes) y ayuda para insertarlos en el mercado laboral, pero sin concretar medios y financiación.

Los sindicatos reiteran la necesidad de que las oficinas de empleo sean útiles, dado que el 94% de los parados de larga duración “jamás han recibido una oferta de empleo del SEPE”, según UGT. Y la patronal quiere que estas oficinas colaboren más con las ETTs y agencias de colocación privadas, porque “es más barato gastarse en recolocar a los parados que pagarles 1 año de desempleo”. Y se quejan de que las ayudas públicas a los parados (desde el subsidio de paro a las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital) “desincentiven la búsqueda de empleo” y piden que cobrarlas esté ligado a no poder rechazar más de 2 empleos.

Al final, entre las noticias de que mejora el empleo y baja el paro (que son verdad) se pierde el hecho de que muchos parados no notan esta mejoría y siguen sin trabajo años después de haberlo perdido. Una situación de “paro crónico” que afecta especialmente a los mayores de 45 años, que encuentran pocos trabajos y se ven obligados a estar en el paro hasta la jubilación, malviviendo y entrando en depresión. Urge aprobar un Plan de choque, con medidas concretas para incentivar la contratación de estos parados de larga duración y mejorar su formación para que resulte más fácil colocarles. Y todo ello, modernizando de una vez las oficinas de empleo, totalmente ineficaces y que sólo sirven para canalizar subsidios, más costosos que recolocar parados. Es hora de “dar una salida” a estos 1.256.600 parados crónicos, mayores sobre todo, que siguen ahí, marginados tras las tres últimas crisis.

jueves, 11 de noviembre de 2021

¿Faltan trabajadores?

Algunos empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores: peones de la construcción, camioneros, camareros y personal de hoteles o temporeros del campo. No pasa sólo en España, también en Reino Unido, resto de Europa y Estados Unidos. El presidente Biden dio la solución: “páguenles más”. Y se sumó Yolanda Díaz. Suena muy “progre”, pero los salarios son sólo parte de la solución: también hay que ofrecer contratos “decentes”. Pero sobre todo, faltan trabajadores en muchos puestos porque no hay suficiente personal formado: encofradores, electricistas, gruistas, cocineros, conductores de maquinaria, ingenieros agrónomos y, principalmente, especialistas en medio ambiente, informática, digitalización y nuevas tecnologías (faltan 100.000 empleos digitales). El problema de fondo es que tenemos una educación ineficaz, desde la escuela a la Universidad, con adultos poco formados (el 37% frente al 17% en Europa). Y que las empresas gastan poco y mal en formar a sus trabajadores. No basta con pagar más. El gran reto es educar y formar en los empleos con futuro.

Enrique Ortega

El empleo lleva creciendo 15 meses, desde junio de 2020, tras lo peor de la pandemia: se han creado 1.423.800 nuevos empleos en España, según la última EPA (septiembre 2021). Pero aún así, hay muchos empresarios que se quejan: podrían crear más empleos, pero no encuentran los trabajadores que buscan. Sobre todo en la construcción (la patronal CNC dice que faltan 700.000 trabajadores para cubrir las inversiones contempladas en el Plan de recuperación), en el transporte (la patronal Fenadismer habla de un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros en España), en la hostelería y el turismo (desde camareros a limpiadoras y personal de habitaciones) y en el campo (temporeros). También en el resto de Europa se quejan de que faltan camioneros y otros trabajadores, igual que en EEUU, donde faltan estibadores en los puertos, camioneros y trabajadores no cualificados.

Este déficit de empleos se refleja en las estadísticas. En España, la cifra de “vacantes” (puestos que no encuentran quien lo ocupe) ha subido mucho tras la pandemia: eran 74.346 vacantes en junio de 2020 (107.531 un año antes) y 119.202 vacantes en junio 2021, la cifra más alta de empleos sin ocupar de la última década, según los últimos datos del INE. La cifra no es muy importante en la construcción (6.575), a pesar de lo que dice la patronal, tampoco en la industria (7.033), pero sí en los servicios (105.605 vacantes en junio 2021), por los puestos sin cubrir en el comercio (12.692), la sanidad (9.292), la hostelería (8.170) y el transporte (3.208 vacantes). La mitad de estas vacantes se da en empresas muy pequeñas, de menos de 4 trabajadores (56.407) y sólo un tercio en las grandes (36.980). Y las vacantes se concentran en Cataluña (27.917), Madrid (27.001), Andalucía (16.561), Comunidad Valenciana (12.788) y Castilla y León (5.663), siendo mínimas en el resto del país.

Con todo, España está a la cola de Europa en empleos vacantes, lo que parece lógico cuando tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,8% de empleos por cubrir, la tercera cifra más baja de Europa (tras el 0,3% de Grecia y el 0,8% de Rumanía), frente al 2,2% de empleos vacantes en la UE-27, el 1,9% en Francia o Italia y el 2,9% de empleos vacantes en Alemania, según los últimos datos de Eurostat (junio 2021). En Reino Unido hay 1,10 millones de empleos vacantes, un 3,4% de los empleos. Y en EEUU tenían 9,3 millones de empleos vacantes en junio pasado, el 6,2% de los empleos.  

¿Qué está pasando para que aumenten los empleos sin cubrir?  Hay varias causas. La primera, que la pandemia ha frenado la inmigración en todos los paises, también en España: sólo 149.011 extranjeros se sumaron al Censo en 2020, menos de la mitad de los extranjeros censados en 2019 (+395.168). Y muchos de estos inmigrantes son los que trabajan en el campo (temporeros), la construcción, la hostelería y el turismo. Otro factor es que muchos de los que han sido despedidos durante la pandemia, en la construcción, la hostelería y el campo, no quieren volver a trabajar en esas empresas, porque saben que son empleos muy precarios. Y algunos ya salieron de la construcción en la crisis de 2008 para pasar ahora a la hostelería y salir con la pandemia, así que están “doblemente escaldados”: intentan trabajar “en otra cosa”. Y además, las empresas ahora, que no tienen claro el futuro y están también escaldadas de esta nueva crisis, ofrecen contratos muy precarios y salarios muy bajos. Sobre todo a trabajadores no cualificados de la construcción, el campo y los servicios.

Por eso, en junio, el presidente Joe Biden dio “la solución” a los empresarios norteamericanos que se quejaban de que no encontraban trabajadores: “Páguenlos más (“Pay them more”). Y después le copiaron el ministro francés de Economía y la ministra Yolanda Díaz: “Páguenles más”.  Suena muy “progre” y realista (el salario hora en España es de 22,8 euros, un 20% inferior a los 28,5 euros de media en Europa y un 38% inferior a los 36,6 euros por hora que cobran en Alemania, según Eurostat), pero es sólo una parte del problema. Porque muchos de estos trabajos donde hay vacantes no sólo tienen sueldos mínimos sino también unas condiciones de trabajo muy precarias: contratos basura (por días y hasta por horas) y horarios infinitos (camioneros, hostelería o comercio), sin derechos.

Así que con contratos “decentes”, mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos podríamos resolver una parte del problema, encontrar trabajadores para los empleos que no requieren cualificación. Pero la mayor parte de los empleos vacantes son empleos que sí requieren alguna cualificación. Algunos, una cualificación media, por ejemplo en construcción: faltan “caravisteros” (ponen ladrillos en fachadas) y “tabiqueros” (ladrillos en interiores), que ganan más de 50.000 euros al año, encofradores, ferrallistas, electricistas, fontaneros y operadores de grúa, empleos especializados. Y en transporte, operadores de algunos vehículos especiales y en logística. Y en hostelería, cocineros. Todo ello exige potenciar la figura del aprendiz y los cursos de Formación Profesional (FP).

Pero la mayoría de empleos vacantes y más en el futuro, son empleos que exigen una mayor especialización y formación, como los 100.000 empleos digitales que faltan en España, según la patronal DigitalES. Y lo mismo en sectores de futuro como la informática, la gestión de datos o las energías alternativas y el medio ambiente. Incluso en el campo, hay un déficit de ingenieros agrónomos (en Cataluña, por ejemplo, salen 20 licenciados al año frente a 150 que se demandan). Es aquí, en las profesiones más demandadas, donde 6 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, según Manpower: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas varios y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente. Y ya hoy, las empresas ofrecen más empleos a los que tienen FP que a los universitarios.

La solución a la falta de trabajadores no está sólo en ofrecer mejores sueldos y contratos. Hay que apostar por tener trabajadores mejor formados y cualificados en los empleos del futuro. Y aquí, España tiene “un grave hándicap de partida”, del que no hablan ni políticos ni empresarios: tenemos un país con poca formación. Un 37,1% de los adultos (25-64 años) españoles  tienen “baja formación (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 13,9% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2021 Y sólo tenemos un 23,2% de la población adulta con formación media (Bachillerato o FP), la más demandada, frente al 46% de los adultos en Europa y el 55% en Alemania. Eso sí, tenemos más universitarios que la media europea (39,7% de nuestros adultos frente a al 37,6% en la UE y el 31,3% en Alemania), pero un tercio de nuestros universitarios están subempleados (poniendo copas o de cajera en un súper).

Y si nos fijamos sólo en la formación de los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque mejora ligeramente: tenemos un 28,3% de jóvenes con poca formación (ESO o menos) frente al 12,3% en Europa, debido sobre todo a la lacra del “abandono escolar temprano” (16% en España, el 2º país peor de la UE, tras Malta, frente al 9,9% en la UE-27). Y sólo un 24,3% con formación media (Bachillerato o FP) frente al 43,1% en Europa, según el mismo Informe de la OCDE. Y en este grupo, sólo un 36% estudian Formación Profesional (FP), mientras lo hacen el 43% de los jóvenes en Europa, el 45% en Alemania, el 55% en Italia o el 65% en Reino Unido. Eso sí, tenemos más jóvenes universitarios (47,4% del total frente al 44,5% en la UE-27), aunque dos tercios de ellos no encuentren “trabajo de lo suyo” y estén subempleados o parados (el 15% en España, 6% en la UE y 4% en Alemania).

Esta baja formación de adultos y jóvenes es una clara consecuencia de un sistema educativo ineficaz, que pierde a muchos jóvenes por el camino y que no forma para encontrar trabajo. Y además, España es el 5º país de Europa que menos gasta en educación, en las últimas décadas y más tras los recortes de 2010 a 2015.

Pero no sólo falla la educación, también falla el reciclaje de trabajadores y parados. España es el 2º país de Europa con más paro (14,6% frente al 6,7% en la UE-27, según Eurostat), pero lo más grave es que tenemos muchos parados de larga duración (1.638.000, el 48% llevan más de un año parados), muy difíciles de recolocar, y muchos parados con poca formación: el 47,05% de todos los parados en septiembre ( son 1.607.600) tenían baja formación (la ESO o incluso menos), un 25,14% formación media (Bachillerato o FP) y el 27,79% restante tenían formación universitaria, según la última EPA.

Así que tenemos un país con adultos poco formados y donde la mitad de los parados apenas tiene formación (y les ofrecen cursos escasos y poco atractivos). Así parece difícil que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan. Pero esas empresas tienen también mucha culpa, no sólo el sistema educativo. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte del gasto en formación lo hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10%. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y volvieron a caer hasta los 55,57 euros por trabajador en 2020, según detalla la última Encuesta anual de coste laboral del INE. La caída es más llamativa si la vemos así: en 2011, el 0,35% del coste total de un trabajador (31.370 euros de media) era formación y ahora, en 2020, el coste de la formación ha caído al 0,18% del coste total  por trabajador (31.150 euros). El gasto de las empresas en formación era mínimo y ahora es insignificante.   

Podemos verlo de otra manera, el gasto en formación de empresas y trabajadores. Cada mes, se descuenta una parte de las nóminas para formación (el 0,7%, un 0,6% las empresas y un 0,1% los trabajadores). En 2019, último año con datos, fueron 2.101,9 millones para formación, a los que se sumaron otros 312,55 de aportaciones del Estado y Europa (FSE). Con este dinero se hicieron 90.694 cursos, en los que participaron 267.480 empresas (de los 3 millones que hay en España), según los datos de la Fundación para el Empleo (FUNDAE). Una parte son cursos que se dan en Centros homologados y la menor son cursos subvencionados que dan las propias empresas a sus trabajadores, básicamente las grandes. El problema no es solo que se gasta poco dinero en formación, sino que además se gasta mal: cada año quedan sin gastar un 20% de los fondos que aportan empresas y trabajadores, según denuncia UGT, con lo que hay un remanente sin utilizar de 2.500 millones. Y eso por el exceso de control y burocracia, que retrasa el pago ayudas de 1,5 a 2 años, provocando que muchas empresas no se animen a adelantar el gasto para hacer cursos.

Bueno, si ha llegado hasta aquí verá que la falta de trabajadores es una cuestión más compleja que “pagarles más”. Y que las empresas que se quejan tienen bastante culpa, por no apostar por la formación de sus trabajadores y por no acabar con un sistema de cursos ineficaz. Y que los Gobiernos y el país  tenemos mucha culpa también por no afrontar de una vez por todas la reforma de un sistema educativo que no ayuda a formarse en los empleos que se necesitan. En vez de hacer demagogia con la falta de trabajadores, urge tomar medidas eficaces: pactar una reforma educativa, fomentar y mejorar la imagen de la FP, cambiar el sistema de cursos ligados a la cuota de formación, modernizar las oficinas de empleo (para que ayuden a recolocar a los parados) y plantearse como prioridad la formación y el reciclaje permanente de los españoles, del colegio a la jubilación. Conseguir una plena sintonía entre empresas, educadores y formadores, para limitar las vacantes. Y, sobre todo, orientar a los jóvenes a estudiar las profesiones con futuro. Formarse más y mejor.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Urge aprobar un Plan de empleo


Rajoy y su Gobierno se fueron de vacaciones eufóricos con el empleo, por la EPA y los contratos de julio. Pero al volver, el jarro de agua fría: agosto sufrió el mayor aumento del paro desde 2008. El empleo es un tobogán, con millones de contratos que se firman y luego se rescinden a la semana o al mes. Crece el empleo, pero es inestable y precario. Mientras, más de la mitad  de los parados no cobran nada y el 15 de agosto se suspendió el Plan Prepara, las ayudas a los parados “viejos” con familia. Urge aprobar un Plan de empleo con 4 patas: más ayudas a los parados, formación e incentivos a la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, reforma de las oficinas de empleo y medidas contra el empleo precario y el fraude en los contratos. Con más dinero para políticas de empleo, tras los recortes impuestos desde 2012. No podemos seguir con el doble de paro y el empleo más precario de Europa.



                                                                                                                                  enrique ortega

A finales de julio, el Gobierno Rajoy reiteró su habitual triunfalismo sobre el mucho empleo que estaban creando: 375.000 empleos en el segundo trimestre (EPA), más que el año anterior (+271.400), aunque eran menos que los empleos creados en la primavera de 2015 (+411.800) y 2014 (+402.400). Y luego mostraron su euforia con los contratos firmados en julio, al calor del récord turístico: 222.862 altas netas a la Seguridad Social. El jarro de agua fría vino con el final de agosto: el 31 de agosto se perdieron 313.141 contratos, el día con más pérdida de empleo de nuestra historia. Y con ello, el número de parados registrados creció en 46.000 personas, la mayor subida en agosto desde 2008.

¿Qué pasa? Pues que se crea empleo pero es muy inestable y vulnerable, porque el 92,5% del empleo que se crea es temporal, muy ligado a la temporada turística, a las rebajas, las tareas agrícolas o al calendario escolar. Y así, un mes se firman muchos contratos que se rescinden a la semana, al mes o al final de temporada. Y se hacen hasta 36 contratos por cada empleo. De hecho, la cuarta parte de los empleos temporales son por una semana o menos, según las oficinas de empleo (SEPE). Así que los datos de empleo son un tobogán: suben mucho unos meses y bajan mucho otros, generando enorme precariedad en las personas contratadas.

El Gobierno Rajoy presume de que lleva cuatro años creando empleo, más que en el resto de Europa. Y es verdad. Pero hay dos cosas que no dice. Una, que es uno de los pocos paises europeos que aún está lejos de recuperar el empleo perdido (también más que en el resto de Europa). Así, España perdió 3.802.800 empleos entre septiembre de 2007 y marzo de 2014. Y sólo se han creado1.678.100 nuevos empleos entre la primavera de 2014 y junio de 2017, así que quedan pendientes de recuperar 2.124.700 empleos, el 55,8% del empleo perdido. Y la otra cuestión que no dice es que la mayoría del empleo creado es precario: sólo el 5,6% de los contratos firmados en 2017, hasta agosto, son fijos y a jornada completa. Y lo mismo entre 2014 y 2016: el 95% de los contratos fueron temporales o a tiempo parcial.

De hecho, España es el segundo país europeo donde hay más asalariados con contratos temporales: un 26,8% en 2017 (4.206.100 trabajadores), tras Polonia (27,5% de trabajadores temporales), muy por encima de la media europea (14,2%) y de paises como Alemania (13,2% temporalidad), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%), según Eurostat. Pero además, la mayoría de estos trabajadores tienen un empleo temporal de forma forzosa, porque no encuentran un trabajo fijo. España es el 2º país europeo con más empleo temporal no deseado: un 91,4% de los trabajadores temporales, tras el 92,2% de Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y si hablamos de trabajos a tiempo parcial, por horas, los tienen el 15,25% de los trabajadores, menos que la media en Europa (19,5%), pero hay dos datos preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la crisis. Y el otro, que el 60% de los españoles que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

Esta enorme precariedad se traduce además en salarios muy bajos: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los empleados a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que han aumentado los “trabajadores pobres: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT.

La enorme precariedad laboral acarrea también otros graves problemas. Aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% sigue viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa) y su capacidad para consumir y alquilar o comprar una vivienda. Pero, sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, provocando un enorme déficit de las pensiones (-18.898 millones en 2016) y ensombreciendo su futuro. Y para los trabajadores precarios, se reduce su seguro de desempleo y su futura pensión.

Pero no sólo el empleo es mucho más precario en España. El paro español es el segundo más elevado en Europa: 17,22% de la población activa, tras el 21,7% de Grecia y muy por encima del 7,7% de la UE-28 y del 9,1% de la zona euro, por no hablar del 3,7% de Alemania, el 4,4% de Reino Unido, el 9,8% de Francia, el 11,3% de Italia o el 9,1% de Portugal, según Eurostat (julio 2017).Y tenemos otro problema: más parados “de larga duración, que llevan mucho tiempo sin trabajar, lo que les aleja más de la posibilidad de ser contratados. De hecho, 2.135.600 parados, el 54,5% de los parados EPA, llevan más de un año sin trabajo (en la UE-28, son el 44%). Y de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones llevan más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Y más si tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Esta enorme bolsa de parados que llevan más de un año sin trabajo lleva a otro problema: a muchos se les ha acabado el paro y no cobran ningún subsidio. De hecho, en julio de 2017, había 2.063.125 parados que no cobraban nada, el 52,7% de los parados EPA (junio). Y de los 1.851.175 parados que sí cobraban algo, sólo un 41% tenían un subsidio contributivo, de 776 euros al mes (42 euros menos que en enero) y la mayoría tenían un subsidio asistencial de 426 euros. Este porcentaje de parados que no cobran (recordemos, el 52,7%) ha ido aumentando mes a mes desde 2012, ya que al llegar Rajoy a la Moncloa cobraban subsidio el 55,4% de los parados EPA y hoy lo cobran sólo el 47,3% de los parados estimados.

Y la situación ha empeorado en agosto, al paralizarse las ayudas del Plan Prepara, un programa creado en febrero de 2011 por el Gobierno Zapatero para los parados de larga duración con cargas familiares y del que se han beneficiado (400/450 euros al mes) 952.000 parados en estos años. Pero el 27 de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional daba la razón a un recurso del Gobierno vasco, estimando que son las autonomías quienes han de gestionar el Plan, lo que ha llevado al Gobierno Rajoy a paralizarlo el 15 de agosto, con lo que ningún parado puede ahora solicitar esta ayuda (sí cobrarla los que la tenían, los 6 meses que les corresponde). Los sindicatos han  pedido al Gobierno que resuelva el problema y Empleo propone que las autonomías firmen una autorización para que las oficinas de Empleo (SEPE) lo gestionen hasta el 30 de abril y estos meses se aprueben nuevos Planes de ayudas, legalmente aceptables. Pero de momento, las ayudas del Plan Prepara están paralizadas.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente las ayudas a los parados y a las políticas de empleo. Si en 2010 España gastaba 38.717 millones de euros, en 2017 gasta sólo 23.806 millones de euros, un 38,5% menos, a pesar de que sólo hay un 14,7% menos de parados (600.000 menos), según UGT. La mayor parte de esta factura se destina a prestaciones a parados, que han caído de 30.974 millones que se pagaban en 2010 a 18.318 millones que pagarán en 2017 (un 40,8% menos). Y también ha caído  mucho el dinero para  políticas activas de empleo (orientación a parados, formación, bonificación cotizaciones y SEPE), que ha pasado de 7.742 millones en 2010 a 5.487 millones este año, un 29,12% de caída (el doble de lo que cayó el paro). Comparado con otros paises, España gasta en desempleo un 2% del PIB, lo mismo que Francia (con el 9,8% de paro) y casi lo mismo que la zona euro y Alemania (gastan el 1,7% del PIB), cuando tienen la mitad y la quinta parte de paro. Y en políticas activas de empleo, en fomentarlo, España gasta el 0,5% del PIB, menos que Francia (0,9%), Alemania (0,64%) o Dinamarca (1,81), según datos de la OCDE.

Así que tenemos un doble problema: se crea un empleo mucho más precario que en Europa y tenemos el doble de paro, con unos parados que en su mayoría no cobra y a los que destinamos menos recursos, tanto en ayudas como en políticas de empleo para colocarlos. Habría que dejarse de triunfalismos y aprobar con urgencia un Plan de empleo con cuatro patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas, mejorar las políticas de empleo para colocar a los parados que lo tienen más difícil (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), reformar a fondo las oficinas de empleo y luchar contra la precariedad laboral.

El primer objetivo del Plan, que cobren más parados, exige unificar los distintos programas de ayuda que hoy existen (Prepara, Programa de activación en el empleo, Renta activa de inserción) y ampliar las ayudas a muchos parados que hoy no las cobran, al menos a 1 millón de parados de los 2.063.125 parados EPA  que hoy no cobran nada.  Eso supone un gasto adicional de 5.000 millones anuales, para que haya menos “parados pobres”. Eso debería complementarse con la segunda pata del Plan, más políticas activas de empleo para ayudar a que los parados consigan un empleo: más formación y orientación profesional, incentivos a la contratación y coordinación con las empresas y entre autonomías. Eso exigiría gastar unos 2.500 millones más en promover mejor el empleo, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, especialmente en las 5 autonomías con más del 22% de paro (Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha).

La tercera pata del Plan sería la reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). No funcionan (sólo encuentran trabajo al 1,8% de parados, frente al 10% en Europa), no asesoran ni orientan (sólo al 8,7% de parados), no dan formación (sólo el 5% de parados dan cursos) y además no tienen medios: cada empleado atiende a 473 parados cuando en Alemania atienden a 47 y a 22 parados en Reino Unido. Haría falta ampliar plantilla y modernizar su gestión, con al menos 1.000 millones más al año. Y la cuarta pata del Plan debería ser luchar contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria. El palo de la inspección de Trabajo, para frenar los abusos en la contratación, acabar con esos contratos temporales que son para puestos fijos o contratos por 4 horas donde se acaba trabajando 10 y cobrando 8. Eso exige también reforzar la Inspección de trabajo, donde hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados, la mitad que en Europa (1 inspector por cada 7.300 trabajadores). Y la zanahoria serían incentivos (fiscales y de cotización) para fomentar la contratación estable.

En total, habría que gastar unos 10.000 millones más en este Plan de empleo. Y en paralelo, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, porque al ritmo actual harían falta todavía 50 meses para recuperar el empleo perdido con la crisis, hasta el otoño de 2021. Demasiado tiempo. Por eso, además de aprobar un urgente Plan de empleo, Gobierno y oposición deberían pactar un Plan para reanimar la economía, no seguir con el ajuste previsto por Rajoy para 2018 (recortando el déficit al 2,2%, por debajo incluso del 3% que es el tope de Bruselas). Eso obliga a gastar más en lo que hace falta (infraestructuras, tecnología, educación y formación, industrialización y medio ambiente), para reanimar la inversión pública y privada y que tiren más del empleo. Y subir más los salarios, por encima del 2%, para reanimar el consumo y el empleo.

Este Plan de empleo y esta política para reanimar la economía tienen un coste, unos 30.000 millones de euros extras, pero se pueden financiar si España recauda mejor, como el resto de Europa: hoy recaudamos el 37,5% del PIB, frente a 46,1% Europa, según Eurostat. O sea, que Hacienda ingresa 94.000 millones de euros menos cada año que el resto de europeos. Se podrían recaudar 40.000 millones más cada año, para gastar en crecer más y recuperar el empleo, sólo con reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), sin subir los impuestos a la mayoría.

El empleo y el paro son la primera preocupación de los españoles, no Cataluña ni el terrorismo yihadista. En ello deberían volcarse el Gobierno y la oposición. No se puede seguir con el triunfalismo de unos y la parálisis de los otros, mientras España es el segundo país europeo con empleo más precario y con más paro, a pesar de la cacareada recuperación. La precariedad de los que trabajan y  la angustia de los parados (que en su mayoría no cobran) piden a gritos soluciones, aprobar un urgente Plan de empleo con dinero y medidas eficaces. Es la gran tarea pendiente de este otoño.