Enrique Ortega
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jueves, 25 de septiembre de 2025
Las autonomías rebajan el gasto social
Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado
el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central,
como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone
una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10
euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos
que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses
que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían
y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social.
Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su
gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación,
Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social
en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre
el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid,
Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías,
que son como el perro del hortelano…
lunes, 30 de septiembre de 2024
Autonomías: menos peso del gasto social
Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses
pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren
en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan
el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les
aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado,
pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500
millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la
tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos
revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad,
educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”.
Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar
impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación.
No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la
financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos
mejor en lo que hace falta.
Enrique Ortega
La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
jueves, 19 de octubre de 2023
Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)
Es un doble escándalo, que ha pasado
desapercibido. Por un lado, las autonomías
gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales,
porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al
58,8%). Por otro, 9 autonomías han
aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer
caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose”
otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y
financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales,
gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6
con Vox), el gasto social está aún
más en el alero. Sobre todo porque
las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.
Enrique Ortega
Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.
Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.
Este balance del gasto social autonómico
es “escandaloso”.
Por un lado, revela que las autonomías
gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la
inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en
2009, un +19,02%, inferior a la inflación
acumulada estos años (+28,9%).
A lo claro: en realidad están gastando
un -9,88% menos, según
sus Presupuestos. En Sanidad,
las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace
13 años (+19,37%) y en servicios
sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en
vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años,
hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen
más y, sobre todo, se dispara el gasto
autonómico en pagar
los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores
y bancos que compran esa deuda autonómica)
ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se
ha quintuplicado).
Pero no es sólo que el
gasto social real que hacen las
autonomías haya bajado (al “comérselo”
la inflación), sino que además, las
autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el
gasto social: si en 2009, dos
tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%)
se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a
poco más de la mitad (el 58,78% del
gasto total de las autonomías), según
este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que
si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las
autonomías tendrían que haber gastado
20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones
todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el
fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.
Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase
de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos
hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han
vuelto a bajar. Porque el
informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante,
que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes
de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021
(1.678 euros), pero bajó en 2022 (a
1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las
autonomías. Y este año 2023, todavía
el
gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a
pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.
Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto
social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que
evidencia que unas han recortado el peso
del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías
aumentaron su gasto social en un +19,02%
(que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón
(+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la
inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según
el informe de los Directores de Servicios Sociales.
Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los
últimos 13 años, llegamos al mapa actual
(2022), donde hay una tremenda
desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por
persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en
2009), pero es mucho mayor en Navarra
(3.901 euros por habitante), País Vasco
(3.708), Extremadura (3.629),
Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185),
Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a
la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399
euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de
2022, cuando gobernaban estas 5
autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…
Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un
gasto medio en España de 1.538,66 euros
por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97
euros por persona), Cataluña
(1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias
(1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989),
Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según
el informe de los Directores de Servicios Sociales.
El 2º mayor gasto
social de las autonomías es la
Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico
(similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el
20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto
educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero
ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra
(+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%) y mínimo en Castilla y León (+5,94%),
Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.
Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante,
que alcanzó en España una media de 1.028
euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías
que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto
educativo por habitante), Asturias
(934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares
(981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo
se sitúan el País Vasco (1.426 euros
por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra
(1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria
(1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios
Sociales.
Y queda el tercer
gasto social, los servicios sociales,
donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente
(74%) por las autonomías. En 2022 supuso el
12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el
7,44% de todo el gasto autonómico
(era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009,
un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto
medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8
autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62),
Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los
Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque
tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los
cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se
incluye aquí. Así que en realidad, lideran
el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36),
Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra
(666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias
(506,63) y la Rioja (498,61).
Un inciso sobre el
principal gasto en servicios sociales, la
Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog.
Desde su inicio (2007), la Dependencia ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013.
Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron
un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la
Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer
año, hubo 11 autonomías que aprovecharon
esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y
aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”:
el Estado aportó otros 669 millones más y 9
autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía
(-51,6), Comunidad Valenciana
(-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria
(-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban
de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave
si tenemos en cuenta que hay 350.000
dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas
(45.360 dependientes murieron esperando sólo
en 2022)…
Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se
consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías),
gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó 94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a
4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del
PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB),
según
Sanidad. En Educación, gastamos
11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de
la OCDE, según
el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de
media que gasta la UE-27, según Fedea.
Así que España gasta menos y encima las
autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.
Lo más preocupante de este panorama es que refleja
la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la
izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia,
Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.
Ahora, tras las elecciones de mayo,
el
PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace
temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la
educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de
recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada),
considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia
y no priorizan los servicios sociales.
Además, hay otro
motivo de preocupación: la
bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas
que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá
menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto
social. De hecho, el Gobierno central ha
enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de
impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9
millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán
compensar con una mayor transferencia de
recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando
más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las
autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en
2022 (+24%). Y así viene pasando
en los últimos años: han
recibido 178.750 millones adicionales
en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en
los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como
se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora,
con más autonomías gestionadas por la
derecha, el Estado del Bienestar se
debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.
jueves, 25 de mayo de 2023
Elecciones 28-M: nos jugamos mucho
Este domingo son las elecciones
en 8.131 municipios y 12 autonomías, más Ceuta y Melilla. La derecha se empeña en desvirtuarlas y convertirlas en un plebiscito sobre el Gobierno Sánchez,
cuando lo que se juega es quien gestiona los servicios y problemas
que más nos preocupan: sanidad,
educación, Dependencia, ayudas sociales, vivienda, empleo, Justicia,
transportes, tráfico y contaminación o despoblación. España es el tercer país más descentralizado de Europa
y el Estado del Bienestar depende de
autonomías y Ayuntamientos. Y cada
uno gasta distinto, baja o sube impuestos y tiene distintas prioridades.
Eso es lo que deberíamos valorar y
no los pactos con Bildu o la gestión del Gobierno.
Pero los grandes temas, desde la
sanidad a la pobreza, los transportes o el empleo, no han salido apenas en esta campaña. Este Blog recopila los datos básicos,
la situación por autonomías y el papel de los Ayuntamientos, para centrar el
debate en lo que nos importa. Lee,
infórmate (aquí y fuera) y vota.
 |
| Enrique Ortega |
España es uno de los paises más descentralizados del mundo, con un gran peso de los gobiernos regionales y locales en la política y el gasto. Así, el 44% de todo el gasto público en España lo hacen las autonomías (32%) y los Ayuntamientos (12%), según la OCDE (datos 2019). Y así, somos el tercer país con más descentralización del gasto en Europa, tras Suiza (57% gasto lo realizan cantones y ciudades) y Bélgica (46% de gasto público es no estatal). Y superamos en gasto descentralizado a paises federales como Alemania (40%) o Estados Unidos (48%) y a la media OCDE (31%), muy por delante de dos paises bastante centralizados como Francia (sólo el 20% del gasto no lo hace el Estado) e Italia (28%), según este reciente estudio del Banco de España.
Sin embargo, el informe revela que esta gran descentralización de los gastos públicos en España no se corresponde con la descentralización en los ingresos, que es mucho menor: así, autonomías y Ayuntamientos sólo recaudan el 22,6% de todos los ingresos públicos. Este desequilibrio indica dos cosas. Una, que autonomías y Ayuntamientos están muy dispuestos a gastar pero no a subir sus impuestos, que les puede costar votos. Y la otra, que este desequilibrio “se tapa” con las aportaciones (crecientes) del Estado central, que traspasa parte de sus ingresos impositivos a autonomías y Ayuntamientos (un porcentaje de lo que recauda por IRPF, IVA o impuestos especiales, más transferencias anuales). Y eso permite que algunas autonomías y Ayuntamientos bajen impuestos, como bandera electoral, gracias a la mayor aportación de fondos del Estado central.
En 2023, esta disparidad entre gastos descentralizados e ingresos se ha agravado, porque el Gobierno Sánchez ha multiplicado sus transferencias a autonomías y Ayuntamientos, gracias al aumento extra de la recaudación prevista (+35.000 millones), por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía. Así, los gobiernos regionales y locales recibirán este año 157.000 millones del Estado central, la mayor aportación de la historia: las autonomías recibirán 134.335 millones (+26.130 millones, +24% más que en 2022) y los Ayuntamientos 23.035 millones (+1.100 millones, un 5% más que en 2021. Y también han sido importantes las transferencias recibidas en años anteriores. Con ello, las autonomías recibirán 178.750 millones más en los 5 años de Gobierno Sánchez (2019-2023) que los recibidos en los cinco años anteriores del Gobierno Rajoy (2013-2017).
No es ningún “regalo”: simplemente, se ha recaudado más y una parte de esos ingresos extras se han transferido a autonomías y Ayuntamientos, que no recaudan más, porque asientan su financiación en un sistema que les quita responsabilidad fiscal y deja el grueso de los ingresos periféricos al Estado central. Pero lo realmente chocante es que algunas autonomías y Ayuntamientos, sobre todo las gobernadas por el PP, han aprovechado estos mayores ingresos del Estado para bajar ellos sus impuestos (autonómicos y municipales), en lugar de aprovecharlos para reforzar servicios, desde la sanidad y la Educación a la Dependencia o la Vivienda. Incluso, y es más escandaloso, algunas han recortado gastos en Dependencia, en servicios sociales (rentas básicas) o en vivienda, sanidad y educación, destinando los extras recibidos a otras partidas (y a bajar impuestos: la Comunidad de Madrid pierde 900 millones de ingresos cada año por suprimir el impuesto de patrimonio).
Al final, la clave de la gestión autonómica y municipal (y de estas elecciones) debería ser quien ingresa más o menos y quien gasta más o menos. Si analizamos los Presupuestos autonómicos de 2022, la conclusión es clara: algunas autonomías apuestan por ingresar menos y, en consecuencia, gastan menos en sus ciudadanos. Veámoslo. Ingresos: de las 6 autonomías que menos ingresan por habitante, 5 están gobernadas por el PP: Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.729) y Galicia (4.866 euros por habitante). Unos ingresos que contrastan con los de Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.557) y Aragón (5.315 euros). Y lógicamente, a la hora de gastar pasa lo mismo: son las mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) las que menos gastan (en servicios al ciudadano): Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.854) y Galicia (4.866). Y se repiten las 6 autonomías que más gastan: Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.532) y Aragón (5.315 euros/habitante).
Esto es aún más importante porque las autonomías son las que gestionan la mayor parte del Estado del Bienestar, dado que España es el 2º país europeo con más descentralización de competencias, tras Alemania. Basten tres datos: las autonomías gestionan el 92% del gasto sanitario público, el 85% del gasto educativo y el 73% del gasto en Dependencia… Por eso son tan importantes estas elecciones: nos jugamos quien gestiona y cómo servicios claves: sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, vivienda, fomento del empleo, transportes, Justicia… Y ayudas importantes a la cultura, la agricultura, la industria y el comercio, la investigación, la familia o la despoblación. Y en el ámbito municipal, la limpieza, los servicios municipales, el transporte, el agua, la movilidad o la contaminación y los servicios sociales. Hagamos un repaso de su situación.
La sanidad es la 4ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS, tras la crisis económica, el paro y la política. Los ciudadanos dan una nota de 6,14 a la sanidad pública (6,74 en 2019), pero un 46,8% piensan que necesita cambios importantes, sobre todo en la atención primaria y en reducir las listas de espera. Y aquí volvemos a la desigualdad en el gasto. Hay 6 autonomías que gastarán poco en sanidad este año 2023, mucho menos que la media (1.809 euros por habitante): Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651). Y otras 6 que gastan bastante más en sanidad: Asturias (2.133), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020), Castilla y León (1.999) y Baleares (1.827 euros). Y el gasto sanitario autonómico apenas ha crecido, a pesar de la pandemia. Es más: hay 4 autonomías que gastaron menos en sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874 millones, -9,96%), Murcia (-231 millones, -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%).
Está claro que mejorar la sanidad no pasa sólo por gastar más (necesario pero no suficiente) sino por gestionar mejor, con más personal (faltan 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos), mejores políticas laborales (menos precariedad y más incentivos) y potenciando la atención primaria (se lleva el 13,9% del presupuesto total, un 10,7% en Madrid, cuando debería recibir el 25%, según la OMS). Pero el gasto es clave. Y si no, veamos las regiones con peor sanidad, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que valora múltiples factores: a la cola están Andalucía (65 puntos sobre 143), Murcia (71), Comunidad valenciana (73) y Canarias (73), seguidas de Madrid (74), Cataluña (75), Castilla la Mancha (80) y Baleares (81), 6 de las 8 autonomías que menos gastan en Sanidad. Y dan la mayor puntuación a la sanidad de Navarra (108 puntos de 142), País Vasco (106), Extremadura (95), Asturias (93) y Aragón (92)… que son 4 de las 6 autonomías que más gastan en sanidad (¿casualidad?).
Vayamos a la educación, otra competencia clave que gestionan las autonomías. Aquí se repite la tremenda desigualdad en el gasto educativo. Y se repiten las autonomías que menos gastan en educación (año 2022): Madrid (819 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937 euros/habitante). Y las que más gastan: País Vasco (1.445), Navarra (1.349), Murcia (sorpresa: 1.080 euros), Comunidad Valenciana (1.192), Cantabria (1.167), Extremadura (1.173) y Andalucía (1.017 euros/habitante). Y otra vez pasa lo mismo: el gasto educativo de las autonomías ha crecido poco estos años (+4.128 millones entre 2021 y 2019, un +9,98%), sobre todo en Cantabria (cayó en 0,6 millones, -0,10%), País Vasco (+102,5 millones,+3,51%), Madrid (+226,6 millones, +4,64%) y Cataluña (+313,9 millones, +4,89%).
Al final, la calidad de la educación también es muy diferente por autonomías, no sólo por su mayor o menor gasto sino por su gestión y los medios que tienen (de los 33.323 profesores contratados por la pandemia, 16.000 han sido despedidos entre 2022 y 2023). España es líder europeo en alumnos repetidores (el 29% de los jóvenes de 15 años han repetido, frente al 16,1% en la OCDE), estando en cabeza Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Galicia. Y en abandono escolar temprano (el “cáncer” de nuestra educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la ESO o no han completado Bachillerato o FP), donde España alcanza un 13,9% (superior al 9,7% en la UE), superan esta media Murcia (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (16,9%), Comunidad Valenciana (15,7%), Andalucía (15,3% y Castilla la Mancha (15,1%). Globalmente, Murcia y Madrid tienen los peores datos de educación pública en España y el País Vasco los mejores, según este completísimo estudio de la Asociación Sociedad Civil por la Educación.
Vayamos a la cuarta
pata del Estado del Bienestar (en la 3ª, las pensiones, no intervienen las
autonomías), la Dependencia, un
derecho reconocido en 2007 y que gestionan y co-financian las autonomías. El
balance es bastante desastroso: hay 353.965 dependientes desatendidos
(176.542 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados”, y otros 177.423 dependientes en “lista de espera” de
atención: tienen legalmente reconocida una ayuda, prestación o servicio, pero
que no la reciben). Y la mayoría de estos dependientes “desatendidos” son mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les
correspondía. Encima, en 2021, el
Gobierno aprobó
un Plan de Choque, con el que ha
duplicado su aportación a la Dependencia, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para
reducir ellos su financiación, para
“hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia: son Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La
Rioja y Castilla la Mancha.
En Dependencia, también el gasto autonómico es desigual, con grandes diferencias entre los que más gastan por habitante (7.159 euros La Rioja, 6.835 Castilla la Mancha y 6.752 Euskadi) y los que menos (4.101 euros Asturias, 4.155 Aragón, 4.377 Castilla y León y 4.537 euros Baleares). En conjunto, todos aportan relativamente menos que antes de la pandemia: si las autonomías financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019, en 2022 sólo financian en 53%, mientras crece la financiación del Estado (del 15,5 al 26,5%) y sobre todo el copago de las familias (financian el 20,5% del gasto). Y existe un ranking de la gestión autonómica de la Dependencia, que elaboran desde 2008 los Directores de Servicios Sociales: suspenden en 2022 Murcia (2,4 puntos sobre 10), Canarias (2,9), Cataluña, Cantabria y Asturias (3,5), Euskadi (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7), destacando Castilla y León (7,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Extremadura (7,6).
Vayamos a la vivienda, donde las autonomías tienen competencias para promover viviendas protegidas (VPO) y gestionar ayudas a la compra y alquiler (con fondos propios y del Estado central). La dejación de responsabilidades ha sido generalizada. Basten 2 datos. Uno, las autonomías han promovido 3.090 VPO en toda España en 2022. Y hay 5 autonomías que no terminaron en 2022 ninguna vivienda protegida: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Rioja, más Ceuta y Melilla). Y tres autonomías (Aragón, Asturias y Extremadura) no promovieron ninguna VPO para alquilar. En general, no hay promoción pública de vivienda y los promotores privados se quejan de que no les facilitan suelo para construir y que se les fija unos precios (módulos) que no les compensan. Además, el gasto en políticas autonómicas de vivienda es ridículo y también desigual: el gasto menor por habitante lo hacen Baleares (26 euros), Castilla y León (27), Murcia (32), Andalucía (37), Madrid (40), Aragón (42), Asturias (43) y Galicia (48 euros por habitante), destacando sólo el esfuerzo de Navarra (153 euros), Euskadi (89), Cataluña (85) y Comunidad Valenciana (73). Otra crítica a las autonomías es que gestionan con retraso y excesiva burocracia las ayudas públicas (del Estado y propias) al alquiler (del 40 al 50% para jóvenes) y compra de vivienda.
Otra cuestión clave que gestionan las autonomías es la
política de empleo, la gestión de
las oficinas de empleo y con ella, la concesión de los subsidios, los
cursos de formación y los incentivos a la recolocación. Otro
desastre: las oficinas del SEPE
sólo han gestionado el 2% de los contratos hechos en la última década. Y
sólo 1 de cada 38 parados que cobran el desempleo llegan a recibir una oferta
de empleo. Además, la gestión de cursos es ineficaz y por eso sólo los hacen el
2% de los parados. Todas las oficinas de
empleo necesitan más personal y mejor formado para ayudar a la recolocación de
los parados, pero los
datos indican que las regiones que consiguen más recolocaciones son
Extremadura, Andalucía y Canarias y las que menos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
Una competencia autonómica clave, compartida con los Ayuntamientos, son los servicios sociales, el gasto social para atender a los más desfavorecidos. Y aquí, también el esfuerzo es muy desigual: las que hacen menos gasto social son Baleares (227 euros por habitante), Canarias (266), País Vasco (296), Murcia (310), Andalucía (317) y Madrid (310 euros/habitante), mientras el mayor gasto social lo hacen Navarra (669 euros por habitante), Extremadura (557), Asturias (507) y la Rioja (504). Y además, muchas autonomías han aprovechado que el Estado aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir su renta básica, la ayuda que dan a los más pobres: les llegaba en 2021 a 645.317 beneficiarios, con un gasto de 1.772 millones de euros. Son 150.000 beneficiarios menos y un recorte de 247 millones (-12,58%) sobre los datos de 2020. Adivinen quien ha recortado más en rentas mínimas: Madrid (-55,4%), Aragón (-52,5%), Castilla la Mancha (-53,37%), Castilla y León (-40,15%) y Melilla (-44,93%), aumentando este gasto sólo Cataluña (+0,53%).
Este mínimo gasto social choca con las altas cifras de pobreza, muy desigualmente repartida entre las autonomías. En 2022, había 9.698.436 españoles “pobres” (el 20,40% de la población), algo objetivo de medir: los que ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). De ese total, el 59% se concentra en 4 regiones: Andalucía (2.481.567 “pobres”, el 29,1% de la población), Comunidad Valenciana (1.129.539, el 22,3%), Cataluña (1.112.909, el 14,5%) y Madrid (1.004.418 “pobres”, según el INE, el 14,8% de los madrileños). Y si nos fijamos en los pobres que no llegan a ingresar ni el 40% de lo que gana el español medio, son 5.476.908 los españoles “en pobreza severa” (1.254.816 en Andalucía, 678.082 en la Comunidad Valenciana, 621.441 en Cataluña y 557.640 en Madrid), los que engrosan esas “colas del hambre” de las que casi nadie habla y a los que apenas se atiende.
Y luego quedan muchas competencias autonómicas en Justicia (transferida a 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla), con gran desigualdad en el gasto (60 euros por habitante en Galicia a 96 en Euskadi), en transporte (con autonomías que apenas lo subvencionan), en comercio y turismo, en investigación (Castilla la Mancha gasta 22 euros por habitante y 30 Murcia, frente a 392 la Rioja y 250 euros Euskadi), o Cultura (Murcia gasta 14 euros/habitante y Madrid 31 frente a 113 Navarra y Cataluña 60). Y el grave problema de la despoblación: 6 regiones pierden población respecto a 2019 (-26.908 habitantes Castilla y León, -18.114 Asturias, -12.934 Extremadura, -9.035 Galicia, -1.660 Ceuta y -1.317 Melilla). Y la ganan Cataluña (+117.394), Madrid (+86.942), Andalucía (+85.947) y Comunidad Valenciana (+64.198).
Me he alargado con las autonomías, pero no quiero terminar sin hablar de los Ayuntamientos, que gastan unos 50.000 millones al año en servicios básicos para el ciudadano: recogida de basuras, transportes, abastecimiento de aguas, policía municipal y obras. Aquí también, el gasto es muy desigual, muy relacionado con su población y su economía, clave para los ingresos municipales: dos tercios proceden de la vivienda, del IBI, y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (media 2018-2021) son Barcelona (1.666 euros), Bilbao (1.612), Madrid (1.355), Granada (1.092), Santa Cruz de Tenerife (1.087), Sevilla (1.065), Pamplona (1.018), Málaga (1.010), Zaragoza (1.002) y Valencia (1.002). El mayor problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños, con bajos ingresos y que han de mantener un gasto mínimo (la farola alumbra a menos personas y gasta lo mismo).
Uno de los grandes retos de los Ayuntamientos es ampliar su gestión, porque son "la primera línea de los problemas" (vivienda, empleo, pobreza) y les faltan recursos y competencias. El Gobierno Rajoy (Montoro) les utilizó para bajar el déficit público global y llevan años con superávit y el contrasentido de que no lo pueden gastar: tienen 37.370 millones en efectivo y depósitos, que sólo pueden destinar a rebajar su deuda, no a la vivienda, el tráfico o los pobres. Y deberían recibir más recursos del Estado y las autonomías, hasta un 25% del total (ahora gestionan el 12% del gasto público). Sobre todo porque tienen grandes retos, como la movilidad, la contaminación, las infraestructuras y los servicios públicos, que conocen y deberían gestionar más, en detrimento de las autonomías y el Estado.
Si has llegado hasta aquí, verás que nos jugamos mucho en estas elecciones del 28-M, porque los políticos autonómicos y municipales gestionan cuestiones clave en nuestras vidas, desde la sanidad, educación o dependencia al empleo, la vivienda, la Justicia, el tráfico, el agua, la contaminación o los parques. Así que valora cómo están esos servicios, cómo se gestionan y el gasto que se hace (ver cuadro) antes de votar el domingo. Infórmate y vota.
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