Los repartidores, falsos autónomos

En las próximas semanas, el Gobierno aprobará un Decreto-ley (pactado con sindicatos y patronal) para regularizar la situación laboral de 30.000 repartidores: en 3 meses, sus empresas les tendrán que hacer asalariados, porque son “falsos autónomos”. Y tendrán que informar a sus representantes del “algoritmo”, el sistema de organización y evaluación que rige su trabajo, muy precario y mal pagado, que emplea sobre todo a jóvenes e inmigrantes. Con ello, España se anticipa a una futura Directiva de la Comisión Europea, que ha pedido a los paises que legislen sobre los repartidores. Pero la norma española deja fuera al resto de trabajadores de plataformas digitales (de cuidados, limpieza, transporte, servicios, profesionales, empleo…), donde colaboran hasta 5 millones de españoles, y que suponen un subempleo precario y con escasa protección social, según la OIT. Parece que el trabajo digital es muy “moderno” y de futuro, pero en muchos casos esconde subcontratación, explotación, opacidad fiscal y competencia desleal. No podemos apoyar este “modelo de futuro”.

Enrique Ortega

En la última década, ha habido un “boom” de plataformas digitales, esas empresas en la Red que utilizan una aplicación para ofrecer trabajos y servicios por Internet: plataformas de servicios de venta y alquiler (turismo, viviendas, alquileres, venta de entradas, guías turísticos), plataformas de profesionales (cuidados, limpieza, reparaciones, clases, trabajos manuales) y plataformas de transporte y reparto a domicilio (paquetería y comida). Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en febrero, estas plataformas digitales se han multiplicado por 5 en la última década, pasando de 142 grandes plataformas en 2010 a 777 en 2020. Y mueven ya 52.000 millones de dólares (43.000 millones de euros), el 49% del negocio en Estados Unidos, un 22% en China y sólo el 11% en Europa. Y dan empleo parcial a millones de personas (no las cuantifican), sobre todo a los colectivos que tienen más dificultades de encontrar un empleo completo (jóvenes, inmigrantes y mujeres).

En Europa, estas plataformas digitales van más retrasadas que en EEUU y Asia, pero aún así  emplean parcialmente a millones de europeos: un 10,5% de los adultos han trabajado alguna vez en ellas, según el último informe “Digital Labour Platforms in Europa 2019”. Y lo curioso es que España es el país con más trabajadores digitales (un 12,5% ha trabajado en ellas alguna vez), seguido de Reino Unido (12%), Portugal (11,5%), Alemania (10,6%), Lituania (10,3%), Holanda (10,2%), Italia (9,5%) y Francia (7,6% adultos). Y de ellos, casi la cuarta parte (2,8% de los adultos europeos) utilizan estas plataformas como su principal actividad laboral. Aquí, el país líder es Reino Unido (ocupan al 3,6% de los adultos), seguida de Holanda (2,8%), España (2,7%), Alemania (2,6%), Lituania e Italia (2,4%) y Portugal (2,1%).

Del alcance de las plataformas digitales en España tenemos pocos más datos, salvo de las plataformas de reparto (“delivery”), que son las únicas sobre las que ahora se legisla. Se estima que hay unos 30.000 repartidores, que trabajan básicamente  para 64.500 restaurantes, Amazon y otras empresas de venta online, atendiendo a 36 millones de pedidos anuales para casi 5 millones de usuarios, según el estudio de la consultora AFI (2019) para ADigital. Y el sector mueve un negocio (restaurantes y comercios) de 700 millones de euros anuales, además de ayudar a mantener 15.300 empleos anuales en restauración, comercio y servicios.

El líder de este mercado de reparto es Amazon, que en 2019 facturó 7.567 millones de euros, un 15% de todas las ventas online, y que distribuye productos de 8.000 empresas. Y la otra gran actividad de las plataformas de reparto es la entrega de comida a domicilio, un negocio dominado en España por Just Eat (35%), Glovo y Telepizza (15%), Deliveroo y Domino (10%), Uber Eats (5%) y Stuart Foods (3%), según el estudio de Self Bank.  La empresa líder en la entrega de comida a domicilio, Just Eat, fue fundada en Dinamarca en 2001, tiene su sede en Reino Unido y llegó a España en 2020, donde atiende ya a un millón de usuarios. Sólo tiene 100 empleados y es la única que subcontrata las entregas con empresas de logística, aunque ha empezado a crear una red propia de repartidores. Glovo es una multinacional española, creada en Barcelona en 2015 y que está presente en 400 ciudades de 20 paises, donde atiende a 7,4 millones de clientes. Trabaja con repartidores “autónomos”, como Delivero (creada en Londres en 2013), Uber Eats (creada en San Francisco en 2014 y operativa en 24 paises, con 2.500 millones de euros de facturación) y Stuart Foods (fundada en 2015 en Reino Unido y operativa en 80 ciudades del mundo).

El principal problema de estas plataformas de reparto es que ofrecen un trabajo muy precario y mal pagado, aunque las empresas dicen que pagan una media de 8 euros la hora (1,4 veces el salario mínimo) y que dan empleo, con flexibilidad horaria, a quien no lo tiene: los repartidores son hombres, de 25 a 35 años, extranjeros (64% latinoamericanos y sólo un 28% españoles) y sin trabajo (25% estaban en paro), según el estudio de AFI. Pero UGT asegura en un estudio que las presuntas ventajas de los repartidores son “un mito”: que cobran mucho menos en realidad (salvo que trabajen muchas horas) y que no tienen “flexibilidad”, porque están sometidos a un “algoritmo” que hace un control exhaustivo del trabajo del repartidor y le penaliza si rechaza repartos en determinados días y horas, rebajando sus ingresos o incluso cerrándole la plataforma. En el caso de Amazon, que trabaja con unos 6.000 repartidores, UGT estima que el repartidor cobra realmente 5 euros la hora (descontando gastos y cotizaciones) y que su algoritmo discrimina y hasta expulsa a muchos. Además, en las plataformas se crea una “dura competencia” entre repartidores, que carecen de vacaciones y derechos, no comunicando accidentes para no perder trabajo.

Desde 2017, UGT y la plataforma RidersxDerechos llevan luchando en los tribunales contra las principales empresas de entrega de comida a domicilio y contra Amazon, argumentando que los repartidores son “falsos autónomos”. Y han conseguido 41 sentencias a favor y 2 en contra, según UGT. Un largo camino para llegar, en septiembre de 2020, a la sentencia del Tribunal Supremo que ha sido definitiva: los 11 magistrados de la Sala de lo Social acordaron que “la relación existente entre un repartidos y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

En paralelo, la Seguridad Social ha llevado a cabo otra larga batalla contra las empresas de reparto, abriéndoles 45 expedientes desde 2017, por cotizaciones impagadas de autónomos. En total, les ha exigido más de 25 millones de euros en cuotas impagadas, el 62% a Glovo (por 11.013 repartidores), el 23,7% a Amazon (por 4.066), el 10,7% a Deliveroo (por 1.450 trabajadores más) y el 3,1% a Uber (por 1.428 conductores). Y además, la Seguridad Social ha ganado dos macro juicios, uno en el verano de 2019 en Madrid (532 repartidores de Delivero) y otro en enero de 2021 en Barcelona (748 repartidores de Glovo).

Con toda esta batalla legal y la sentencia del Supremo, la ministra de Trabajo se lanzó en otoño a aprobar un cambio legal sobre los repartidores, que ha tardado 5 meses en pactar con sindicatos y patronal, la madrugada del 10 de marzo. Ha sido una dura negociación, para pactar un Decreto que tiene un solo artículo y dos disposiciones adicionales. Los dos temas a negociar  han sido aceptar que los repartidores son asalariados y no autónomos (trasladando la doctrina del Supremo) y, la cuestión más polémica, la obligación a las empresas de que informen a los representantes de los trabajadores sobre “los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial” que afecten a sus condiciones laborales, algo que han acabado aceptado la patronal CEOE y CEPYME, aunque las empresas y su patronal (ADigital) creen que va contra la economía digital y la libre empresa, “vulnerando el secreto comercial y la propiedad intelectual de las compañías”.

Ahora, falta que este pacto social sobre los repartidores se plasme, en los próximos días, en un Decreto ley (que modifica el Estatuto de los Trabajadores) y se publique en el BOE. A partir de ese momento, las empresas de reparto a domicilio (se incluye “el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio”) tienen 3 meses (hasta finales de junio) para hacer asalariados a los repartidores, que ya no pueden ser autónomos. Eso supondrá regularizarlos y UGT estima que supondrá a las empresas pagar unos 164 millones más, entre cotizaciones (+ 76 millones) y salarios (92 millones que se ahorraban). Lo normal es que ahora, las empresas de reparto subcontraten el servicio con empresas de logística, como hace ahora Just Eat, aunque el sector cree que eso restará empleo y quitará negocio a los restaurantes y comercios (estiman que hasta 250 millones al año).

Con esta nueva legislación, España se ha adelantado a la futura normativa europea, que promueve la Comisión Europea y que están estudiando ahora Francia o Alemania, incluso  Italia (que aprobó un decreto en 2019, pero no ha funcionado, como demuestra que un Tribunal de Milán haya obligado en febrero a regularizar a 60.00O riders de cuatro plataformas digitales). De momento, el 24 de febrero, la Comisión Europea inició la fase de consultas con los interlocutores sociales afectados y ha apremiado a los paises para que legislen sobre las condiciones laborales de los repartidores, buscando una normativa homogénea. Ya hace un año, en marzo de 2020, la Comisión publicó un estudio donde mostraba su preocupación sobre la elevada precariedad de estas plataformas y planteaba posibles soluciones. Asimismo, el reciente informe de la OIT pide que los paises actúen para conseguir un trabajo digital “decente”, defendiendo que se de publicidad a los algoritmos y que se asegure la negociación colectiva y la protección social de los trabajadores de las plataformas.

A pesar de ser un gran avance, el Decreto pactado en España no cubre todo el trabajo en las plataformas digitales, como pedían los sindicatos, sólo las plataformas de reparto. Quedan fuera la mayoría de las plataformas digitales, donde han trabajado en algún momento hasta 5 millones de españoles (el 12,5% de los adultos): las plataformas de cuidados (como Cuideo y Joyners), plataformas de limpieza por horas (Wayook, Cleanzy, Domesting, MyPoppins), plataformas de reparaciones, trabajos manuales, clases particulares, de profesionales free lance, de guías turísticos y agencias de viajes, de servicios de empleo… Un mundo infinito de ofertas, dominado por la precariedad como las plataformas de reparto y que, de momento, queda fuera de la nueva normativa para los repartidores.

Internet ofrece una oferta casi infinita de posibilidades de negocio y de empleo, pero este tipo de actividad tiene que tener reglas laborales, además de transparencia y cumplir con normas, para que no sea un agujero negro de escapismo fiscal, competencia desleal y explotación laboral. De la misma manera que hemos empezado a comprender que comprar una camiseta a 5 euros tiene “truco” (la explotación de personas en Asia o China), tener a alguien que cuide de un mayor, arregle una chapuza o limpie nuestra casa a precios imbatibles también tiene una explicación: alguien trabaja a bajo coste y sin derechos. Y generalmente son jóvenes, mujeres o inmigrantes, que prefieren esa chapuza al paro. Pero no podemos consentirlo, no podemos sostener un modelo laboral basado en plataformas que no respetan los derechos laborales ni cotizan ni pagan impuestos. Esto no es “moderno”, es ilegal y hunde el futuro de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes. Trabajos digitales sí, pero decentes. Y eso obliga a imponer normas y asegurar derechos, regular la selva digital.  

Economía "low cost" y precariedad laboral

Vodafone despedirá a la cuarta parte de su plantilla y lo justifica en la dura competencia de otras telecos. Y Día, en la "guerra de los súper", despedirá a 2.100 empleados. Muchas empresas han despedido o cerrado antes, porque no resisten las ofertas de bajo coste y la competencia de las plataformas por Internet: comercios, librerías, prensa escrita, líneas aéreas, bancos, hoteles, restaurantes…Dicen que “el progreso” es imparable y que “no se puede poner puertas al campo”. Pero el problema es que esta economía “low cost” y estas ofertas digitales conllevan unas condiciones laborales penosas y precarias, con sueldos de miseria para los jóvenes. Es lo que llaman “feudalismo digital”. Cómo será que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo en el Congreso para aprobar juntos (algo inaudito) un texto que pide al Gobierno, sindicatos y patronal que aprueben normas laborales para la economía digital , que utiliza “esclavos digitales” sin derechos, además de no pagar impuestos ni cotizar apenas. Nueva economía sí, pero con empleos “decentes”.

enrique ortega

Todo empezó con la globalización de la economía, a finales del siglo XX, que trasladó muchas producciones a Asia, Latinoamérica y África, para aprovechar los bajos costes laborales y de las materias primas, en perjuicio de los empleos en Europa y Norteamérica. Y así, nos empezó a parecer normal comprar camisetas a precio de saldo hechas en Bangladesh  o TV en color y móviles fabricados en Corea o China, con obreros en semiesclavitud o incluso niños. Era el precio de un consumo masivo y barato: explotar a los paises emergentes.

Esta filosofía se transmitió a Occidente, tras la gran recesión de 2008, y las empresas se lanzaron a ofrecer productos y servicios “low cost”, tirando precios, desde tarifas de móviles a bancos online o billetes aéreos. Y en paralelo, desde 2010, se han multiplicado las plataformas de servicios por Internet, que lo mismo te ofrecen un libro, cualquier artículo comercial, una comida, un transporte o un apartamento. Y todo ello, apoyado en una Web que pone en contacto clientes y proveedores y que utiliza pocos empleados pero que trabajan en condiciones precarias y con salarios de miseria. Los llaman “los jornaleros digitales”, miles de jóvenes que trabajan aislados, sin conocer a sus jefes, que “mandan” vía móvil.

El concepto economía de bajo coste (“low cost”) ha contagiado a toda la economía tradicional, desde la alimentación (“marcas blancas”) hasta los viajes, la telefonía, el turismo o la banca (“online”, sin oficinas), presionados todos los sectores por unos consumidores que cada vez piden “más por menos”, que tratan de no renunciar a nada (a un móvil, a un viaje, a un apartamento, un taxi o informarse) aunque sean “mileuristas”. Y se cambian de las empresas clásicas (desde un periódico en papel a un gran almacén, una librería o un hotel) a plataformas o empresas nuevas (Amazon, Ryanair, Airbnb o Uber), aunque pierdan calidad en el servicio y tengan que viajar sin maletas o no tener nadie a quien reclamar o lea mentiras. Precio, precio, precio. Es lo único que importa. Y si parece medio gratis, mejor.

El coste de esta economía low cost, además de perder calidad y servicio, es el coste laboral que sufren los trabajadores de esas empresas. Porque para bajar precios han de reducir costes y el más sencillo es el laboral: recortar sueldos primero y plantilla después. Es lo que va a hacer Vodafone, agobiado por la competencia de las ofertas low cost en móviles e Internet: va a despedir en marzo a 1.200 trabajadores, un 24% de la plantilla, al que seguirán otros en Orange y Movistar, antes o después. Y eso después de que las telecos hayan perdido 14.000 empleos desde 2010 (11.000 Movistar, 2.400 Vodafone en dos ERES anteriores, en 2013 y 2015, y 430 Orange), para afrontar la guerra de tarifas permanente. Lo mismo ha pasado en banca, que ante el auge de la banca online y los nuevos competidores, ha cerrado18.000 oficinas (1 de cada 4) y reducido 89.500 empleos (1 de cada 3). Y en las líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, librerías, periódicos o comercios, tras el empuje de  empresas o súper “low cost” y plataformas de Internet (en especial, Amazon). Y ahora, "la guerra de los súper" y las "marcas blancas", acaba de provocar la quiebra técnica y 2.100 despidos en la cadena Día.

Lo más llamativo, aparte de la transformación de negocios tradicionales en empresas “low cost”, es la proliferación de la “economía colaborativa”, lo que se ha dado en llamar “gig economy”: economía de los pequeños “encargos”, donde se han creado “plataformas digitales” que intermedian entre el cliente y proveedor, ofreciendo todo tipo de productos y servicios a bajo coste. Una “nueva economía” en la que ya participa un 20% de la población activa en Estados Unidos o Europa, según un informe de McKinsey. Y que en España utilizan ya más de 3 millones de clientes (el triple que en 2016), facturando 643 millones de euros en 2016, según un informe de ADigital. Y donde trabajan ya 14.000 personas, sobre todo jóvenes, muchos compatibilizando este trabajo con sus estudios o con otro empleo. Sólo en el reparto de comida a domicilio hay 32.000 restaurantes adheridos. Y miles de españoles usan cada día Uber o Cabify o compran por Amazon o alquilan por Airbnb.

La mayoría de consumidores están “encantados” porque estas plataformas les aportan productos y servicios rápidos y con bajos precios. Y no sabían  lo que hay detrás hasta que no se produjeron las primeras manifestaciones de repartidores (“riders”) de Deliveroo en Barcelona, en julio de 2017, las huelgas de pilotos de Ryanair en toda Europa el verano pasado o la primera huelga de Amazon (Black Friday de noviembre 2018), que han revelado lo que hay detrás de esta nueva economía: algo muy viejo, la explotación laboral de siempre, el llamado “feudalismo digital”, unas condiciones laborales recientemente denunciadas por la OIT (Organización internacional del trabajo): ausencia de contratos, enorme precariedad laboral, jornadas sin límite y salarios de miseria, que sufren sobre todo los jóvenes.

El problema de fondo en estas nuevas “plataformas de servicios” es la notable desigualdad de poder entre los trabajadores y la empresa que hay detrás, que impone sus condiciones de trabajo: no hay relación física ni contrato (la mayoría les obliga a registrarse como autónomos y hasta poner su bici o coche) pero sí un control rígido del trabajo, imponiendo horarios, ritmos, tiempos y condiciones, sin ninguna protección social ni medidas preventivas de accidentes. Y todo ello para conseguir unos ingresos mínimos, totalmente aleatorios, que implican trabajar cualquier día y a cualquier hora, por 3 ó 5 euros la entrega, Y con la amenaza de las valoraciones de los clientes (muy “aleatorias”) y muchos casos de discriminación por género, etnia o contestación sindical, según un análisis de las condiciones de trabajo hecho por CCOO.

La base de la “nueva economía” está en la “desregulación del trabajo” y un mínimo peso de los sindicatos y la protección del Estado, según señala el experto Peter Fleming. Estamos ante “una vieja forma de explotación” envuelta en un halo de “innovación”, empresas que aprovechan las enormes tasas de paro juvenil (33,4% en 2018), los llamados “jornaleros digitales”,  y el afán consumista de una generación de “mileuristas” que piden productos y servicios sin importarles el sacrificio laboral que hay detrás (como cuando compramos ropa barata hecha por mujeres hacinadas en fábricas de Bangladesh).

Pero la nueva economía no sólo comporta precariedad laboral, también una evidente pérdida de calidad en los productos y servicios (como se ha visto en los vuelos low cost: retrasos, cancelaciones y cobro por maletas) y una enorme dificultad para reclamar. Pero además, la economía “low cost” causa una situación de abuso y perjuicios a los proveedores locales, a los que someten a una dictadura de precios y condiciones (véase Mercadona). Y provoca una “competencia desleal” que obliga a cerrar muchos negocios que mantienen empleos decentes, cumplen normas más estrictas y, sobre todo, pagan impuestos.

Porque otra característica de esta “nueva economía” es que pagan pocos impuestos, o bien porque los “eluden” a través de ingeniería fiscal (utilización de empresas pantalla o terceros paises donde facturan sus servicios o directamente paraísos fiscales) o bien porque cometen fraude y esconden ingresos (como las plataformas de alquiler de apartamentos). El resultado es que Amazon, por ejemplo, no facilita cifras de ventas en España y sólo paga 4 millones en impuestos de sociedades aquí, mientras ha triplicado sus beneficios mundiales en 2018 (10.0078 millones de dólares). Y Uber declara que gana en España sólo 163.500 euros, por los que pagó 53.800 euros de impuestos en 2016. No es sólo que paguen pocos impuestos, es que además, muchas apenas cotizan a la Seguridad Social, porque “no tienen trabajadores”, trabajan con autónomos (“falsos autónomos”), que también cotizan poco.

En los últimos dos años, varias plataformas digitales han acabado en los juzgados y ya hay sentencias que echan por tierra su “modelo laboral”. En diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE calificó a Uber como “una empresa de transporte”, no un mero intermediario de servicios, mientras en Gran Bretaña, un Tribunal dictó que los conductores de Uber debían ser asalariados. Y un Juzgado de Valencia emitió en junio de 2018 la primera sentencia contra Deliveroo, señalando la “laboralidad” de sus riders (son "falsos autónomos") y que no es solo una plataforma de encuentro de clientes y proveedores sino “el centro del negocio”, el “jefe”, que da instrucciones, reparte zonas, marca horarios y paga por los envíos. Sin embargo, un segundo Juzgado de Madrid acaba de sentenciar, como otro en septiembre, que los trabajadores de Glovo son autónomos.

Los sindicatos europeos están muy preocupados por la enorme precariedad de estos “nuevos trabajadores digitales”. Y así, los sindicatos de Alemania, Austria, Dinamarca y EEUU suscribieron en diciembre de 2016 el Documento de Frankfort, donde plantean la necesidad de organizar la defensa de los “online workers” en un entorno digital y multinacional, mientras la Confederación Europea de Sindicatos exige respetar la legislación laboral y la protección social de estos trabajadores. Y ya existen ya plataformas y foros de defensa de sus intereses ("sindicalismo 2.0") a nivel europeo y mundial. En paralelo, un reciente informe de la OIT, de enero de 2019, advierte de que estas plataformas digitales pueden “recrear prácticas laborales del siglo XIX” y exigen que los paises aprueben una Garantía Laboral universal, con derechos mínimos (horarios, salarios y salud laboral) y una protección social universal.

La Unión Europea no tiene ninguna legislación comunitaria sobre estas plataformas digitales, pero en 2016 aprobó una serie de “recomendaciones” muy interesantes (aunque no se cumplen), en un informe sobre “la economía colaborativa”: definir un salario mínimo y un límite de horas máximas de trabajo diarias, asegurar una protección social mínima (desempleo) y seguros de salud para estos trabajadores digitales, considerar un seguro de responsabilidad por daños a terceros, regular el control y protección de los datos de los trabajadores y garantizar que no se les discrimine (por sexo, edad, raza o ideología) en la utilización de algoritmos y sistemas de evaluación de clientes.

Las propias plataformas digitales, ante las protestas de sus “no trabajadores” y las condenas de los Tribunales, también piden una regulación, desde sus patronales, como ADigital  o Sharing España (que integra 28 plataformas activas). Tratan de adelantarse y proponen “mayor flexibilidad laboral” para estos trabajos, intentando “orientar” la futura legislación para conseguir que se considera a sus trabajadores como autónomos y que se acepte toda la organización del trabajo que conlleva imposiciones y falta de derechos. Se están jugando un negocio que, sólo en Europa ha duplicado sus operaciones entre 2012 y 2015 y podría multiplicarlas por 20 para 2015, duplicando año tras año sus ingresos.

En España, el temor a lo que están haciendo estas plataformas digitales ha conseguido algo inaudito: que todos los partidos políticos  (PP, PSOE, Ciudadanos y PDeCAT) se unieran, en junio de 2018, para aprobar en el Congreso un texto conjunto que pide al Gobierno reformar la legislación laboral para adaptarla a la economía digital, de acuerdo con sindicatos, patronal y expertos. También piden mayores recursos para la inspección de Trabajo y actuar con ella “para lograr un mercado de trabajo más justo y atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”.

Es un buen objetivo, aunque han pasado 7 meses y no hay medidas, salvo un apartado dentro del Plan de la Inspección de Trabajo 2019-2022, que se centra en perseguir los “falsos autónomos”, uno de los instrumentos de fraude laboral de la economía colaborativa. Pero hay que ir más allá y aprobar una Ley que incluya reformas en el Estatuto de los Trabajadores, para asegurar a todos los trabajadores digitales 3 derechos básicos (contrato, horario y salario) y una adecuada protección social. Y en paralelo, hay que obligar  a estas empresas a cumplir con la Ley y la normativa de riesgos laborales, en prevención de accidentes y enfermedades (como el estrés laboral, por las rutas y pedidos que les exigen o el tiempo medio de entrega, sin olvidar el mayor riesgo de crearles una “gran dependencia” de Internet). Además, hay que proteger a los proveedores de la economía low cost y hacerles pagar impuestos y cotizaciones como a los demás, para evitar la “competencia desleal”.

Los defensores de la “nueva economía” reiteran que “no se pueden poner puertas al campo” y que las viejas normas laborales no valen para las plataformas digitales. Está claro que la legislación laboral tiene que cambiar con los tiempos, pero hay algo intocable: el trabajo “decente”. La tecnología no puede defender la explotación laboral y la pérdida de derechos, porque esto es algo “antiguo”, del siglo XIX no del XXI. Sean “modernos” de verdad .Y no es defendible que alguien se haga millonario aprovechando el paro o el subempleo de los jóvenes. Hay que aprobar leyes claras, para que trabajar en la nueva economía no signifique  precariedad y explotación. Y los consumidores, debemos saber, cuando pedimos un libro, un artículo o un apartamento por Internet que quizás contribuimos a cerrar una librería, una tienda o un hotel. Y a que muchos jóvenes estén explotados. No es nuestra culpa, pero colaboramos. Al menos hasta que algún Gobierno, aquí y en Europa, legisle lo que debe.