Curso escolar 2022-23: nueva Ley y más gasto

Ya han vuelto a clase los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Este curso 2022-2023 tiene muchas novedades, al aplicarse una parte de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que busca una enseñanza menos memorística y más práctica, con cambios en programas y libros de texto, un nuevo Bachillerato y la figura de un coordinador en los centros contra el abuso escolar. Un curso donde avanza la educación infantil (0-3 años) gratuita y la Formación Profesional, que ha duplicado alumnos. Y un curso sin restricciones frente al COVID, aunque más de la mitad de los niños sigue sin la vacuna completa. Lo más preocupante es que han vuelto a recortarse profesores contratados por la pandemia, hay más niños por clase y las familias pagarán más por libros, uniformes, transporte, comidas y extraescolares. Preocupa “el rodaje” de la nueva Ley y la falta de recursos para la enseñanza, en un año donde las autonomías tendrán más ingresos que nunca.

Enrique Ortega

Este nuevo curso escolar 2022-23, crecerá poco (un +1%) el número de alumnos que estudian enseñanzas no universitarias, que rondarán los 8.250.000 estudiantes, frente a 8.216.171 el curso pasado, según Educación. Se espera que sigan bajando los niños en Educación infantil (-282.000 niños matriculados que en 2011-2012) y en Primaria (-50.000 alumnos estudiando que en 2012), por el desplome de la natalidad en la última década, aunque seguirán creciendo los alumnos en ESO, Bachillerato y FP (se han duplicado los alumnos de 2010, superando ya el millón los matriculados el curso pasado), nacidos antes. Y siguen cayendo también los alumnos matriculados en los centros públicos (concentran el 67,4% de los estudiantes no universitarios, frente al 69% que había en 2010-11, bajando al 51% en el País Vasco y el 54,1% en Madrid), a costa de un fuerte aumento de la enseñanza concertada (enseña al 25,2% de alumnos, el 29,8% en Madrid) y la enseñanza privada (7,4% alumnos no universitarios, el 16,1% en Madrid).

Una novedad de este curso es que despega la educación infantil pública gratuita (de 0 a 3 años), gracias a que el Gobierno Sánchez aprobó en noviembre de 2021 una partida de 670 millones de euros para que las autonomías creen 65.000 plazas públicas de educación infantil (0-3 años) hasta 2024, la mayoría en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para favorecer la conciliación familiar y el trabajo de las madres. Gracias a este empuje y el propio de algunas autonomías, este curso habrá más guarderías públicas gratuitas en Galicia (guarderías públicas y concertadas), Castilla y León (gratis 2-3 años en centros públicos y concertados), Madrid (centros públicos), Andalucía y Cataluña (públicos y concertados).

Otra novedad de este curso es que entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional (aprobada en marzo de 2022, con la única oposición del PP y la abstención de Vox y ERC), que reformula las enseñanzas de FP, con una formación “dual” que obliga a incluir una parte del aprendizaje (del 25 al 35%) en las empresas, con una importante financiación pública (5.474 millones entre 2022 y 2025) para que las autonomías creen 80.000 nuevas plazas públicas de FP, que faciliten el empleo de los jóvenes. Con ello, las peticiones de matrícula en centros de FP se ha disparado aún más este año, aunque faltan plazas públicas (33.000, según CCOO, sobre todo en Madrid y Cataluña), lo que obliga a los alumnos y a sus familias a matricularse en costosos centros privados de FP, un nuevo negocio que ya ha atraído a Fondos de inversión extranjeros y nacionales.

Con todo, la mayor novedad de este curso escolar 2022-23 es que entra en vigor (parcialmente) la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006). Es la 8ª Ley de Educación de la democracia y se aprobó en el Senado en diciembre de 2020, con 142 votos a favor, 9 abstenciones y 112 votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. El cambio más importante de la LOMLOE es que pretende modificar el sistema de enseñanza, para que se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Para ello, se van a cambiar los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo. De momento, este año se empieza con los cursos impares (1º,3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP básica. Y el próximo curso, se ampliará el cambio de contenidos a los cursos pares (2º, 4º y 6ª).

Si ya es complicado cambiar los contenidos de la enseñanza de un año para otro, lo va a ser más este curso 2022-23 porque los cambios de contenidos se han retrasado, con lo que al principio de curso (entre el 5 y 12 de septiembre, según las regiones) no todos los centros tenían los nuevos libros de texto. Así, a primeros de septiembre, hay 7 autonomías, que representan el 57,5% del alumnado (4,5 millones de escolares), que no han aprobado y publicado los nuevos currículum, la programación y contenidos de los cursos impares que cambian: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Canarias (4 gobernadas por el PP y “resistentes” a la LOMLE). Culpan del retraso al Gobierno central, que publicó el decreto de enseñanzas mínimas entre febrero y abril de 2022, pero Educación se defiende diciendo que han tenido tiempo suficiente, como demuestran las 10 autonomías “cumplidoras” (que publicaron los temarios entre julio y agosto).

Las 7 autonomías “retrasadas” han repartido a los centros borradores de los currículos y contenidos, para que puedan empezar a trabajar con los alumnos desde el primer día de clase. Pero las editoriales no pueden ultimar y editar los libros hasta que estas autonomías no publiquen los contenidos definitivos. Contenidos diferentes entre regiones, porque los gobiernos autonómicos aprueban entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Así se amplía las diferencias de contenidos entre autonomías, como se ha visto ya en Geografía e Historia, donde los alumnos de la ESO tienen 17 contenidos diferentes, según donde estudien…

Además del cambio en el sistema de enseñanza (“menos aprender de memoria y más entender y razonar”) y en los contenidos y libros de texto, este curso 2022-23 hay más cambios. Habrá una asignatura nueva, Educación en Valores Cívicos (similar a la Educación para la Ciudadanía de hace 15 años), y la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente (importante para solicitar una beca o solicitar carrera). Y se introduce un nuevo Bachillerato General (poco a poco, en algunos centros), que se sumará a dos Bachilleratos artísticos (Música y Artes Escénica y Artes Plásticas, Diseño e Imagen), el Bachillerato de Letras y el de Ciencias (habrá 5 en total). Además, se crea un modelo transitorio de pruebas de Selectividad (con menos exámenes y más pruebas de competencias), en vigor hasta 2027, cuando se apruebe otro modelo “definitivo” .Y otro cambio destacable: los centros deben crear la figura de Coordinador de Bienestar y Protección, un profesor responsable de vigilar y evitar el acoso escolar, ciberataques, maltrato, autolesiones y suicidios.

Otra novedad importante de este curso escolar es que desaparecen las restricciones frente al COVID-19 (ni mascarillas ni distancia de seguridad  ni grupos burbuja), aunque la pandemia sigue ahí (1 millón de españoles más contagiados entre junio y septiembre, con 6.300 muertos con COVID los últimos tres meses) y más de la mitad de los niños de 5 a 12 años (3.815.164 en total) no están inmunizados: sólo tienen las dos dosis de la vacuna 1.741.903 niños, el 45,7% del total, según Sanidad. Un dato que revela un fracaso de la vacunación pediátrica y la falta de colaboración de las familias, que ahora se pueden ver afectadas (padres y abuelos) si la pandemia repunta este otoño-invierno en los centros escolares.

Una de las cuestiones que más preocupa este curso es la falta de profesores de apoyo, porque la mayoría de las autonomías han vuelto a despedir a profesores contratados en 2020 por la COVID. De hecho, de los 33.323 profesores de refuerzo contratados en 2020, sólo la mitad (17.297) siguen en activo, según denuncia CCOO de la Enseñanza: 12.000 fueron despedidos el curso pasado (2021-2022) y otros 4.000 se han perdido para este curso, a pasar de los fondos transferidos por el Gobierno a las autonomías en 2020, 2021 y 2022. Y a pesar de que en 2023, las autonomías recibirán del Estado los mayores recursos de su historia: 134.333 millones, un 24% más que en 2022 (+26.130 millones más).

Este menor gasto autonómico en profesores de refuerzo para 2022-23 agravará los problemas de la enseñanza: aumentará los ratios de alumnos por clase a los niveles de 2019, lo que impedirá reforzar la docencia para recuperarse de la pandemia y afrontar los cambios que exige la nueva Ley de Educación. Y además, dificultará reducir el abandono escolar y los repetidores, donde España es líder europeo. Precisamente, tener malos resultados educativos tiene más coste que el gasto en  reforzar profesores: España podría contratar 44.700 profesores más (y reforzar a 2,2 millones de alumnos) con lo que le cuesta al sistema la repetición de curso del 29% de los estudiantes de 15 años (costó 1.441 millones en el curso 2019-2020), según un informe de Save the Children, Así que recortar en profesores sale mucho más caro en repetidores, abandono escolar y mala calidad de la enseñanza.

Este menor gasto en educación del necesario es más preocupante porque hay autonomías que siguen “ahorrando” en educación, gastando menos que la mayoría, o bien porque “gastan en otras cosas” o porque ingresan menos con la “bandera” de bajar impuestos (más a los más ricos). En 2020, último año con datos homogéneos, España gastó 905 euros por habitante en educación, pero Madrid gastó mucho menos (725 euros), al igual que Asturias (826 euros), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866), Castilla la Mancha (870) y Aragón (889 euros), mientras el País Vasco gastaba casi el doble (1.329 euros por habitante), seguida de Navarra (1.146), Extremadura (1030) y Comunidad Valenciana (1.005 euros), según un estudio de los Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras España gasta menos en educación (55.625 millones en 2020, el 4,93% del PIB) que la mayoría de Europa (5,1%) y la OCDE (5,3%), las familias gastan más cada año en educar a sus hijos, tanto en los centros concertados (pago de cuotas “voluntarias”, libros, uniformes, transporte y comedor, extraescolares) como en los públicos (libros, uniformes y múltiples gastos obligados). De hecho, España es el país europeo donde las familias gastan más en educación, según el último informe de la OCDE: aportan un 13% del gasto total (86% el gasto público y 1% otros), frente al 8% de media que pagan en la OCDE y el 5% en Europa (1% en Finlandia, 6% en Irlanda, 8% en Italia y Francia, 9% en Reino Unido, 11% en Portugal y 12% en Alemania).

El problema se agrava este curso 2022-23, porque se ha disparado la inflación. Y eso está encareciendo el gasto escolar de las familias: 400 euros de media por hijo. Suben los libros de texto (+12%), el material escolar (se ha disparado el precio del papel), los uniformes, las actividades extraescolares, el transporte escolar (+10%) y los comedores escolares (+6%), uno de los gastos más preocupantes, porque 1 de cada 3 niños españoles vive en familias con problemas económicos y sólo el 11% recibe ayuda para pagar el comedor escolar, con lo que hay 500.000 niños que no van a poder pagar este curso el comedor escolar, según la ONG Educo. Por eso, las asociaciones de padres y los centros piden ayudas de choque para este curso, que complementen el aumento de becas que ya ha hecho el Gobierno: el gasto en becas educativas (para todas las enseñanzas, incluida la Universidad) ha aumentado un 45% entre 2017-18 (1.472 millones en becas) y 2022-23 (2.134 millones), adelantando 4 meses la convocatoria  este año (desde marzo).

Estamos pues al inicio de un curso complejo, donde los centros, profesores y alumnos tendrán que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la nueva Ley educativa, para ir cambiando poco a poco un sistema educativo menos basado en estudiar de memoria y más en aprender cuestiones útiles para el futuro. Esto exige un rodaje y tiempo, pero sobre todo medios personales y refuerzo a los alumnos con problemas. Y si apostamos por la Formación Profesional, por una enseñanza dual centro-empresa, hay que crear las plazas necesarias y colaborar con las empresas para que apuesten por la FP y luego no se quejen de que no encuentran trabajadores formados. Y sobre todo, hay que gastar más y de una forma uniforme en la enseñanza, para mejorar su calidad, porque hay demasiados repetidores, demasiado abandono escolar y demasiadas diferencias entre autonomías. Este curso 2022-23 debe ser el inicio de un salto educativo en España. Nos jugamos el futuro.

Un curso escolar lleno de incertidumbres

Más de 8 millones de niños y adolescentes han comenzado ya las clases en colegios e institutos. El nuevo curso escolar 2015-2016 contará con más alumnos y también con más profesores y más Presupuesto, tras cinco años de recortes, aunque sigue habiendo partidas que se reducen, como la educación compensatoria y la formación de docentes. Será el segundo año de implantación de la última Ley de Educación, la LOMCE, con nuevas asignaturas y una nueva reválida para los alumnos de 6º de Primaria. Y apenas mejoran las becas y ayudas de comedor y transporte, mientras suben los costes de la enseñanza para las familias. Pero sobre todo, empieza un curso escolar marcado por una gran incertidumbre: quién ganará las elecciones de diciembre. Porque si no gana el PP, los demás partidos han pactado por escrito derogar la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia. Y vuelta a empezar. Urge alcanzar un pacto educativo para las próximas legislaturas.
 

enrique ortega

Otro curso más, aumenta el número de alumnos que inician las clases. Serán unos 8.200.000 en las enseñanzas nouniversitarias, 55.000 más que el curso pasado: 1.850.000 en infantil, casi 3 millones en primaria, 1.850.000 en la ESO, 750.000 en Bachillerato y más de 800.000 en Formación Profesional (FP), la rama educativa que más crece. Dos de cada tres alumnos estudiarán este curso en centros públicos (68%), un 25% en concentrados y el 7% restante en centros privados, aunque en Bachillerato (enseñanza más cara) aumentan los alumnos en los centros públicos (76%), mientras se reducen las guarderías públicas (51,3%).

Este nuevo curso aumenta el Presupuesto para educación, como en 2015, tras cinco años de recortes (2010-2014), donde la enseñanza en España perdió 7.300 millones de euros, entre los recortes del Estado y las autonomías. Para 2016, el Presupuesto de Educación aumenta en 208 millones (2.139,5 millones, +10,8%), pero es una subida equívoca, porque el aumento se va a financiar la aplicación de la nueva Ley de educación, la LOMCE (363 millones), sobre todo para financiar los nuevos ciclos de FP básica y la elección de los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO. Con lo que, en realidad, para las partidas ordinarias de la enseñanza hay menos Presupuesto el año que viene (como ya pasó en 2015).

Lo positivo es que este curso se recuperan las ayudas para la compra de libros de texto, que el Gobierno Rajoy quitó en 2012 (había 100 millones de euros anuales), aunque con una cifra menor: habrá 48 millones para ayudar a las familias en la compra de libros, 24 millones este mes de septiembre y otros 24 en 2016 (cuando ya se hayan comprado…). También sube algo la dotación para las becas Erasmus (163,5 millones), menor que antes de 2012) y se recuperan 10 millones de euros (una miseria) para el estudio de lenguas extranjeras. Y lo peor es que sigue habiendo recortes en partidas claves: en educación compensatoria (-26%), destinada a solventar los problemas educativos de colectivos marginados (emigrantes, gitanos, etc.), en enseñanzas artísticas (-29,6%), sobre todo música y en la formación de profesores.

Con todo, los profesores de enseñanzas no universitarias inician este curso con varias buenas noticias. Una, que han aumentado las plantillas docentes, con oposiciones y nuevos contratos (se sustituyen el 100% de los jubilados cuando antes la tasa de reposición era sólo del 50%), aunque no sirven para recuperar cinco años de pérdidas de empleo (se han perdido 24.800 profesores y con interinos y contratos a media jornada, casi 50.000). Dos, que para 2016 les suben el sueldo un 1%, tras cinco años de congelación, además de pagarles en octubre el 26,2% de la suprimida paga extra de Navidad de 2012 (otro 25% se lo pagaron en enero 2015 y el resto se lo abonarán en enero 2016), aunque sólo lo cobrarán los profesores de colegios públicos, no los 130.000 de la enseñanza concertada que también perdieron la extra.

Con más profesores, la otra novedad de este curso es que habrá menos alumnos por aula, tras decidir el Gobierno volver a la situación anterior a 2012, cuando los recortes de profesores y medios obligaron a masificar las aulas. Ahora, se bajan un 20% los porcentajes de alumnos por clase: de 30 a 25 en Primaria, de 36 a 30 en la ESO y de 42 a 35 alumnos en Bachillerato. Esto debería traducirse en una mejora de la calidad de la enseñanza y en una menor conflictividad, aunque los Centros seguirán con presupuestos muy ajustados, que les obligarán a recortes en medios (material, laboratorios, recuperaciones, prácticas) y servicios (calefacción, limpieza, instalaciones…), en perjuicio de esa calidad de la educación.

Las familias afrontan este curso con más gastos, ya que se espera suban algunos servicios, como el coste del comedor escolar (tras varios años con mínimas subidas), transporte escolar, libros y matrículas (cuotas concertada), mientras apenas mejorarán las becas (las del Estado aumentarán sólo 3 millones de euros, un +0,2%). Con ello, las familias, un tercio de ellas con niños en edad escolar, tendrán que afrontar una factura que ronda los 2.000 euros anuales por niño escolarizado. Ya en 2013, un estudio de la OCU revelaba que el gasto medio por hijo alcanzaba los 1.874 euros de media, oscilando entre los 1.268 euros por niño en la enseñanza pública, los 2.386 euros de la concertada y los 5.232 euros de la privada. Los mayores gastos anuales son uniformes (230 euros por niño), libros y material escolar (300), matrícula y seguros (100 euros), mientras que mensualmente los mayores costes son el comedor (110 euros), las extraescolares (de 50 a 90 euros) y el transporte (60 euros).

Este nuevo curso escolar 2015-2016 es el segundo año de implantación de la nueva Ley educativa, la LOMCE (estrenada en el curso 2014-2015), esta vez en los cursos pares de Primaria (2º,4º y 6º), en los cursos impares de la ESO ( 1º y 3º) y el 2º curso de la FP Básica. Otra novedad es que se implantará una nueva reválida a los alumnos de 6º de Primaria, en mayo de 2016 (supondrá un 40% de la nota final), mientras el Gobierno ha decidido de momento “aparcar” la otra reválida, en 4º de la ESO, que estaba prevista para 2017. Y se mantiene la decisión de suprimir la Selectividad en 2017-2018.

Además, la LOMCE modifica el temario escolar, como ya sucedió el curso pasado. Desaparece Educación para la Ciudadanía, se desdobla Conocimiento del Medio (por Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) y se establecen tres bloques de asignaturas: troncales (reguladas por el Gobierno, 50% del total: Ciencias, Lengua y Literatura, Matemáticas y Lengua extranjera), específicas y de libre designación autonómica. En este grupo está por ejemplo la nueva asignatura “Tecnología, programación y robótica”, que van a estrenar 130.000 alumnos de la ESO en Madrid. Religión es una asignatura voluntaria (que cuenta para la nota media y las becas), que se puede sustituir por Valores sociales (Primaria) o Valores éticos (ESO). Y en 3º de la ESO, los alumnos pueden ya elegir algunas asignaturas optativas para encaminar sus estudios futuros hacia el Bachillerato o la FP. El problema es que este primer contacto con la FP, la FP básica, está teniendo problemas de implantación, por falta de plazas y profesores en muchos Institutos, debido a la escasez de recursos de las autonomías.

Un cambio clave de la LOMCE es que permite un horario desigual de las asignaturas clave entre autonomías, lo que significa que un alumno de secundaria pueda recibir un tercio más o menos de horas de Lengua o Matemáticas según donde viva, como denuncia un informe de los directores de centros públicos (Fedadi). Así, los estudiantes madrileños o cántabros tienen 35 horas anuales más de Lengua y Literatura en 1º de la ESO (con 5 horas semanales) que el resto (que tienen 4 horas). Son casi 2 meses más de clase. Y en Matemáticas, los gallegos dan 5 horas semanales frente a las cuatro horas del resto de comunidades. Aragón o Euskadi tienen un tercio menos de horas de clase de Matemáticas que el resto en 3º de la ESO. Un sinsentido educativo y más cuando la LOMCE establece que todos los alumnos van a hacer una reválida idéntica al final de la ESO.

Con todo, el mayor problema que tiene la LOMCE es la incertidumbre sobre su futuro. La Ley la aprobó el Gobierno Rajoy en solitario, sólo con los votos del PP, pero la tienen que aplicar las autonomías. Y doce autonomías, las 7 gobernadas por el PSOE y las 5 gobernadas por fuerzas nacionalistas, están en contra de la LOMCE y además se quejan de falta de recursos para financiarla: el Estado central aporta unos 350 millones pero otros 614 millones vendrán de Europa, del Fondo Social Europeo, recursos que tendrán que “adelantar” las autonomías con deuda (y ya están bastante endeudadas). Por eso, acaban de pedir al Gobierno que paralice la aplicación de la LOMCE y frene las reválidas.

Pero el problema de fondo es que la educación en España se apoya en una Ley, la LOMCE, que rechazan la mayoría de grupos políticos, por su ideología conservadora, por segregar a los menos preparados y por un esquema de evaluaciones que obvia la formación integral. Y ese rechazo es tan serio que casi todos los grupos de oposición (todos salvo UPyD, UPN y Foro Asturias) han firmado un documento por el que se comprometen a derogar la LOMCE en el primer periodo de sesiones parlamentarias si el PP pierde la mayoría. Algo que podría pasar tras las elecciones generales de diciembre próximo. Eso obligaría de nuevo a cambiar todos los programas educativos y libros de texto (150 millones) en 2016.

Esta es la gran incertidumbre del nuevo curso: qué va a pasar con la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia, aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Una incertidumbre que agobia a los centros, a los profesores, a los alumnos y familias, que tendrían que volver a cambiar planes de estudio y libros. Por ello, la comunidad educativa exige a los políticos, tras las próximas elecciones, un gran Pacto educativo, que dé estabilidad a la enseñanza por una o dos décadas y evite su politización. Un pacto que debería asegurar una financiación estable para la educación, con un Presupuesto de un 6% del PIB (en vez del 4% actual, lo que supondría casi 20.000 millones más al año para la enseñanza), para reforzarla con profesores, colegios y medios. Y un pacto que estableciera las bases de una enseñanza de calidad, sobre todo en escuela pública (muy deteriorada), con una formación más práctica y dirigida al empleo. Y con programas específicos para luchar contra el abandono escolar (21,9%, el doble que en Europa) y el acoso y la violencia en las aulas.

Así que empezamos un curso nuevo que no sabemos si acabaremos con la misma Ley de educación  o con otra nueva, forzada por los resultados de las próximas elecciones. Una incertidumbre muy negativa para la calidad de la enseñanza y para nuestros hijos. Somos el 2º país con más paro de Europa y mejorar la formación es clave para el empleo. Pero para ello hay que volcarse en la enseñanza, con dinero, medios y profesionalidad, dejando que sea la comunidad educativa y no los políticos de turno quien marque el rumbo docente. Votemos por ello.

Empieza el curso escolar de la tartera

Esta semana vuelven a clase 8 millones de niños y jóvenes de colegios e institutos, dos terceras partes públicos, que se enfrentan al curso más complicado de las últimas décadas: más alumnos, menos profesores, menos presupuesto, subidas de precios y menos becas y ayudas para sus familias. Es el tercer curso con recortes en educación, pero este año son más duros por el fuerte ajuste en las autonomías, que han despedido a unos 50.000 profesores y han suprimido servicios y escuelas rurales. Un suicido en un país que gasta menos en educación que la media europea, a pesar de tener el doble de fracaso escolar y de paro. Hay que hacer un gran pacto escolar, entre centros, profesores y familias para hacer frente a esta emergencia docente y evitar en lo posible que lo paguen nuestros hijos.

enrique ortega

La vuelta al cole será este año un varapalo para la mayoría de las familias, ya que a la crisis se suma la subida del IVA, que encarece la factura escolar más de un 3%. Volver a estudiar sale a unos 640 euros por niño, según la OCU: matrícula y cuota mensual (entre 83 y 315 euros en los colegios concertados y privados baratos), extraescolares (de 25 a 50 €), comedor (99 € de media), transporte escolar (88 € mes), uniforme (216 euros), libros (215 € en primaria) y material escolar (124 €). Una factura que se ha encarecido en torno al 5%, ya que a la subida del gasóleo (transporte y pronto calefacción) y del IVA (3%, salvo en el material escolar, que ha subido del 4 al 21 %) hay que sumar subidas de matrículas, comedor y servicios.

Un curso más caro y donde las familias tendrán menos ayudas públicas. En libros, Educación ha reducido sus ayudas en 76 millones (-76%) y también las autonomías (Madrid un 28%), rebajando además la ayuda máxima por alumno. De hecho, si hace dos años había 11 autonomías que tenían programas de libros gratuitos para algunos niños, este curso sólo los mantienen Andalucía (6 a 16 años) y Canarias, además de Navarra y el País Vasco. Y eso cuando los libros de texto suben este curso una media del 2,39%, según CEAPA, quien estima que una de cada tres familias tendrá problemas para comprarlos.

También se han reducido las ayudas al transporte escolar, reduciendo rutas. Y becas de comedor : si el año pasado hubo recortes en Valencia, Cataluña, Baleares y Murcia, este año se les han sumado Madrid (-38%) y Galicia (-40%), con una gran dispersión de los precios que cobran, que van de 2,50 euros en Canarias a 6,20 de Cataluña, pasando por 4,80 de Madrid. La reducción de ayudas de comedor ha llevado a plantear que los niños vayan al colegio con la tartera, pero ya hay varias autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid) que han planteado cobrarles aun así la vigilancia (3€), aunque la decisión la tomarán los centros.

También hay recortes en las becas de estudio: Educación redujo 166 millones las becas para este curso, por primera vez en una década. Y todo ello cuando la crisis se agrava para la mayoría de las familias, con casi 6 millones de españoles en paro (la mitad no cobra nada), 8 millones de asalariados mileuristas (dos de cada tres) y la mayoría con empleos precarios y sueldos congelados o bajando.

Al llegar al colegio o instituto, los niños y sus familias van a notar más este año el efecto de los recortes en educación: menos profesores, peor pagados y con menos medios. El real Decreto de abril, supone dos importantes cambios en la enseñanza pública y concertada: más alumnos por aula (de 27 a 30 en primaria, de 33 a 36 en secundaria y hasta 43 en bachillerato) y más horas lectivas para los profesores (25 en primaria y 20 en secundaria). Dos medidas que buscan ahorrar en plantillas, que suponen el 80% del gasto educativo de las autonomías (que es un 24,3% de su gasto total). De hecho, este curso habrá unos 50.000 profesores menos (interinos y contratados despedidos), según los sindicatos, a pesar de que habrá unos 120.000 alumnos más, el aumento de los dos cursos anteriores.

Menos profesores y peor pagados. No sólo tienen por segundo año el sueldo congelado (con rebajas en Cataluña y Castilla la Mancha), sino que les han bajado muchos complementos, con lo que en la realidad ganan menos y siguen perdiendo poder adquisitivo (-13% desde 2010). Y además, por primera vez este curso, se toca el sueldo de los colegios concertados: el Gobierno ha fijado en julio nuevos módulos, con un recorte lineal del 4,5% en salarios y complementos y una rebaja del 1,5% en gastos de personal administrativo y mantenimiento. Con ello, el profesorado de la concertada va a perder unos 950 euros en educación infantil o primaria y más de 1.100 euros en la ESO, complicando además las cuentas de estos colegios.

También se recorta más este curso en gastos de mantenimiento e inversiones: se gastará menos en limpieza y calefacción, en material escolar o en informática (sólo la mitad de los niños de 10 a 15 años acceden a Internet en la escuela). Se han cerrado escuelas rurales y están parados los nuevos colegios, aunque haya unos 50.000 niños estudiando en barracones. Y con menos recursos y menos profesores, la enseñanza perderá forzosamente calidad: menos tutorías, menos educación compensatoria (refuerzo para extranjeros), menos cursos especiales de secundaria (para chicos que “quieren y no pueden”), menos desdobles (matemáticas, lengua, inglés y laboratorio). Menos atención a los alumnos con problemas: el que vaya bien, bien y el que no, rezagado o a la privada (si se lo puede pagar).

Entramos en el tercer curso con recortes en educación, los más graves hasta ahora: 560 millones en el Estado y 3.000 en las autonomías, que se suman a otros 2.500 millones recortados en 2010 y 2011. Con ello, España gasta aún menos que la media europea, bajando del 5% del PIB en 2009 al 4,5% en 2012. Un suicidio para un país que tiene el doble de fracaso escolar que Europa, estudiantes con muy bajo nivel de comprensión lectora y destreza en ciencias y matemáticas (informe PISA) y, sobre todo, el doble de paro global y juvenil, con la mitad de los parados españoles sin haber acabado secundaria.

El curso, las subidas y los recortes están ahí y poco se puede hacer a corto plazo, salvo las protestas que se anuncian. Pero se impone un pacto escolar por abajo, entre colegios, profesores y padres para tratar de paliar esta grave situación, con esfuerzo, imaginación y solidaridad. No podemos perder la batalla de la educación, donde nos jugamos no sólo el futuro de nuestros hijos sino la salida de la crisis. A ello.