La mitad del crecimiento, por los inmigrantes

El 1 de enero vivían en España 10 millones de personas nacidas en el extranjero, frente a 1,4 millones el año 2.000 y los 7 millones de 2020. Un aluvión de extranjeros que la derecha rechaza pero que han evitado el colapso del país, porque los nacidos en España caen desde 2012. Los nacidos fuera son ya el 21,35% de los trabajadores y eso ha aumentado cotizaciones, ingresos fiscales y el consumo: entre 2022 y 2025, casi la mitad (el 47%) del crecimiento español ha sido por los inmigrantes, que además usan menos la sanidad y otros servicios públicos. Y como la población autóctona seguirá cayendo, seguirán llegando extranjeros: serán el 35% de la población en 2050. Por eso, el Gobierno ha aprobado una regularización (residencia) para 500.000 inmigrantes que ya están aquí e intenta ordenar la entrada legal de inmigrantes (la inmigración ilegal cayó un 42% en 2025). Ahora, el reto es integrar a esta quinta parte de la población, por justicia y por economía. Los necesitamos.

                         Enrique Ortega

España era, el siglo pasado, un país de emigrantes: en 1970, 2,4 millones de españoles trabajaban en Europa y el resto del mundo, mientras aquí sólo vivían unos 250.000 extranjeros. Con el fuerte crecimiento de los años 90, volvieron los españoles y llegaron más extranjeros, hasta 1.472.458 habitantes nacidos fuera en el Censo del año 2.000 (el 3,63% de la población). A partir de ahí, los extranjeros han crecido mucho, en dos oleadas, según los datos del INE. La 1ª oleada de inmigrantes se produjo entre 2003 y 2009, año en que ya había 6.466.278 extranjeros en España (el 13,83% del Censo). Con la crisis financiera y europea, la cifra de inmigrantes se estancó, hasta 6.753.098 en 2019 (el 14,36% de la población). Y a partir de ahí, tras la pandemia y el posterior crecimiento, se produjo la 2ª oleada de inmigrantes, pasando de 7.231.195 habitantes nacidos fuera en 2020 (el 15,23%) a 10.004.581 extranjeros censados el 1 de enero de 2026 (el 20,18% de la población), según el INE.

Así que la población española nacida fuera se ha multiplicado por 6,8 veces en este siglo, pasando de ser 1 de cada 27 habitantes a 1 de cada 5. ¿Quiénes son? El 51% son mujeres y la mayoría jóvenes (dos tercios tienen entre 25 y 44 años), sobre todo de Marruecos (1,17 millones), aunque últimamente crecen más los latinoamericanos: 980.000 de Colombia, 690.000 de Venezuela, 470.000 de Ecuador, 450.000 de Argentina y 430.000 de Perú, además de los 520.000 rumanos. Y donde hay más población extranjera es en Baleares (el 27,7% en 2024, cuando la media nacional era el 18,65%), Cataluña (23,8% de los habitantes, frente al 10,6% en 2004) y Madrid (23,8% frente al 13,1% en 2004), Canarias (22,6%), Comunidad Valenciana (22,5% frente al 11,3% en 2004) y Murcia (19,5% frente al 11% en 2004). De estos 10 millones nacidos fuera de España, 3 millones tienen ya la nacionalidad española (doble nacionalidad).

La llegada de esta población “extranjera” ha evitado un colapso económico en España, porque han suplido la caída de la población española, que sucede desde 2012, porque hay menos nacimientos (por la baja natalidad: 1,10 niños por mujer, cuando hacen falta 2,1 para garantizar el reemplazo generacional) que muertes. Así, en 2011 se produjo el máximo de población nacida en España (40.512.654 habitantes), una cifra que cae después año tras año, hasta los 39.566.144 habitantes nacidos en España en el Censo de 2025: casi 1 millón menos de habitantes autóctonos (-946.510), por el desplome demográfico.

Precisamente, la llegada masiva de inmigrantes ha permitido cubrir con creces esta caída y conseguir que la población total de España crezca: de 47.190.493 habitantes en 2011 a 49.570.725 habitantes el 1 de enero de 2026, según el INE. Y eso ha permitido que España aumente su mano de obra disponible, la base del fuerte crecimiento tras la pandemia. Así, la población activa (personas que trabajan o buscan trabajo) ha aumentado en 1.781.600 personas en los últimos 6 años (2020-2025), pero de ellos, sólo 152.000 nuevos activos son nacidos en España: el 91,4% restante son nuevos activos nacidos fuera (1.628.700).

Esta mayor fuerza laboral ha permitido el fuerte crecimiento de la economía, mayor que en Europa, y la creación de 2.496.400 empleos en estos 6 años, el 40% de todos los empleos creados en Europa. Y dos terceras partes han sido para trabajadores nacidos fuera de España: 1.614.700 empleos han sido para extranjeros (1.106.600) y para foráneos con doble nacionalidad (508.000), mientras los nacidos en España consiguieron 881.700 nuevos empleos. La mayor parte de este nuevo empleo “extranjero” ha sido para jóvenes y personas de mediana edad, con poca formación, que trabajan en la hostelería, la construcción, el comercio, empleadas de hogar y en los cuidados, con contratos más precarios y menores sueldos que los trabajadores nacidos en España.

Tras estas ganancias de empleo, trabajan en España 22.463.300 personas (diciembre 2025), de los que 17.666.400 son empleados nacidos en España (el 78,6%) y 4.796.800 son trabajadores nacidos fuera de España (3.575.900 extranjeros y 1.220.900 con doble nacionalidad), el 21,3% de los ocupados (eran el 14,86% en 2008), según la EPA. Un colectivo de trabajadores “extranjeros” que sufre múltiples discriminaciones laborales, según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones: “se concentran en profesiones con menor cualificación, peores condiciones, mayor temporalidad, mayor riesgo de accidente, jornadas de trabajo más largas y peor remuneradas”, dice textualmente.

Los datos lo corroboran. Por un lado, los salarios medios de los inmigrantes (1.846 euros brutos) son un 26,4% inferiores a la media salarial de los españoles (2.508 euros mensuales) y también menores a los salarios de los trabajadores con doble nacionalidad (2.040 euros brutos), según el decil de salarios del INE. Y otros estudios señalan que los inmigrantes ganan un 29% menos que los nativos, la mayor diferencia en Europa, debido a que tienen peores contratos y jornadas y a que trabajan en los sectores peor pagados. Y la situación es peor para las mujeres inmigrantes (el 51% de los extranjeros que llegan ahora), que sufren una doble penalización laboral: por ser mujer y por ser inmigrante. Además, los inmigrantes sufren más el paro: su tasa de desempleo es del 14,51%, frente al 9,01% los españoles.

Frente a la derecha y la extrema derecha, que culpan a los inmigrantes de quitar empleos a los españoles, la realidad es que la mayoría de los inmigrantes ocupan trabajos que los españoles no buscan o no quieren (o donde los empresarios “prefieren” contratar a inmigrantes para ahorrarse costes). Y la realidad no es sólo que los inmigrantes han permitido aumentar el empleo y mantener el crecimiento, sino que además han sido claves para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales. Así, en diciembre de 2025 había 3.135.582 trabajadores extranjeros cotizando, el 14,9% del total de afiliados a la SS (eran el 10,9% en 2019) y casi 1 millón más cotizantes que en 2019.Un balón de oxígeno para la SS, porque cada inmigrante cotiza unos 4.000 euros anuales… Además, los inmigrantes pagan también impuestos (pocos el IRPF, pero todos el IVA y los demás impuestos y tasas). Y gastan, consumen.

Por todo ello, la llegada de estos 10 millones de extranjeros y esos 4,8 millones que trabajan y cotizan han sido un motor clave del crecimiento español estos años. Un reciente informe de Funcas (Cajas) aporta un dato revelador: entre 2022 y 2025, casi la mitad del crecimiento español (el 47%) fue gracias a la inmigración, que aportó el 4,26% del 8,9% que creció el PIB esos 4 años. Un dato que refleja muy bien los efectos positivos de la inmigración. Y añaden que también han sido decisivos para el “boom” del turismo y el despertar de la construcción, además de ayudar a frenar la inflación: el menor coste de esta mano de obra extranjera ha evitado una mayor subida de precios en España.

Y además de ser el principal motor del crecimiento español, los inmigrantes no han empeorado los servicios públicos, como revelan distintos informes. En sanidad, los inmigrantes utilizan menos las visitas al médico de cabecera, consultas y hospitalización, sólo algo más las urgencias (porque sufren más accidentes laborales), según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones. Y otro estudio, de la Revista Clínica de Familia, señala que los extranjeros van menos al médico de familia (78,4% frente al 82,9% los españoles), al especialista (45% frente al 54,9%), a los hospitales (5% frente al 8,5%) y se vacunan menos (34,2% frente al 56%) y se hacen menos mamografías (66,4% frente al 82,8%), utilizando las urgencias como los españoles.

Sobre la educación, las familias inmigrantes concentran a sus hijos más en centros públicos, porque los privados y concertados les “filtran”, aunque no lo reconocen. Y suelen tener más problemas para integrarse en los centros, lo que provoca un mayor abandono escolar temprano, según el estudio de Migraciones: lo sufren un 31% de los alumnos inmigrantes frente a un 11% los españoles. Y los inmigrantes se matriculan más en FP básica, pero menos en FP de grado medio y superior, también en la Universidad. Además, los inmigrantes sufren más los problemas de vivienda, porque tienen menos pisos en propiedad y el 56% viven en alquiler. Y el 7,5% de los inmigrantes viven en la calle, sin un techo, según ese estudio. Además, los inmigrantes suponen el 17,52% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (son el 20% de la población) y el 28,89% de las rentas de inserción autonómicas.

En el futuro, la población nacida en España va a seguir cayendo (porque las mujeres españolas son madres más tarde y tienen menos niños), según las proyecciones del INE: los 39.566.144 habitantes actuales nacidos en España (79,82% del Censo) caerán a 39.013.557 habitantes en 2032, a 37.046.757 habitantes en 2052 (el 70,42%), a 35.134.659 habitantes en 2062 (66,56%) en 2062 y a 33.591.148 habitantes nacidos en España en 2072 (el 63,52% del total). O sea, que entre 2025 y 2072, los nacidos en España serán casi 6 millones menos… 

Así que necesitamos que sigan llegando inmigrantes para crecer y sostener las pensiones y los servicios públicos. La previsión del INE (hecha en 2022) es que los nacidos fuera de España aumenten desde los 10.004.581 censados de 2025 (20,18% de la población) a 11.725.081 censados en 2032, a 13.937.681 en 2042 y a 15.865.207 censados en  2052 (el 30% de la población entonces). Y que sigan aumentado hasta 17.658.512 habitantes de fuera en 2062 a 19.295.222 censados nacidos fuera de España en 2072 (el 36,5% de la población). Otra estimación, del estudio de Funcas, proyecta 18,5 millones de habitantes “extranjeros” en 2050 (el 35% de la población española dentro de 24 años).Y con estos inmigrantes, la población total de España no dejará de crecer, desde los 50 millones a finales de 2026 a 52,5 millones en 2050 y 52.886.370 habitantes para 2072.

En definitiva, que la población española sólo crecerá y mantendrá el crecimiento y el empleo si los inmigrantes siguen llegado, porque la población autóctona seguirá cayendo, un problema que tiene toda Europa. Por eso, las políticas contra los inmigrantes de la derecha y la extrema derecha no son solamente injustas: suponen un “suicidio económico”. Por eso, el Gobierno Sánchez está empeñado en mantener el flujo de inmigrantes, aunque ordenando su llegada y luchando contra la inmigración ilegal (con vigilancia y acuerdos con los paises emisores, como Marruecos, Mauritania y los paises del Sahel), medidas que están dando fruto: en 2025, la inmigración ilegal cayó un -42,6%, hasta los 36.775 inmigrantes, según Interior.

Como se ve, la mayor parte de los inmigrantes (+540.371 netos en 2025) no entran irregularmente (sólo el 6,8%), sino que llegan como viajeros o turistas y se quedan ilegalmente. En estos momentos, se estima que viven en España unos 800.000 inmigrantes irregulares, sin papeles. El Gobierno acaba de aprobar una regularización extraordinaria, para que puedan obtener la residencia los que acrediten que vivían aquí al menos 5 meses antes de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, lo que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes irregulares (la mayoría mujeres). Esta sería la 7ª regularización, tras las 3 de Felipe González en 1.986 (38.294 inmigrantes), 1.991-92 (114.423) y 1996 (21.294), las dos de Aznar, en 2000 (264.153) y 2001 (239.174) y la de Zapatero, en 2005 (576.506 inmigrantes). Para que se lleve a cabo, entre abril y junio, el Gobierno tiene que conseguir aprobarla en el Congreso, donde votarán en contra Vox y PP, con la duda de Junts.

La regularización pretende “poner al día” a medio millón de extranjeros irregulares que podrán conseguir una autorización de residencia por un año (y por 5 sus hijos), para incorporarse después a las figuras de integración que contempla la reforma del Reglamento de  Extranjería, aprobada en 2024 y en vigor desde mayo de 2025. Ahí se introdujeron cambios para ordenar y flexibilizar la llegada legal de inmigrantes: concesión de visados, autorizaciones de trabajo y residencia para actividades de temporada (campo), contratación en los paises de origen, ampliación de los supuestos de arraigo y reducción plazos (de 3 a 2 años), simplificación procesos reagrupación familiar y flexibilización de los permisos de trabajo, para favorecer la llegada legal de los inmigrantes que las empresas necesitan. Dos estudios, uno de la Fundación La Caixa y otro de la Universidad de Navarra coinciden en señalar que la anterior regularización (ZP en 2005) “no produjo un efecto llamada” y que sus efectos positivos sobre el empleo, los salarios y la recaudación superan a los posibles efectos negativos.

No basta con regularizar a los inmigrantes irregulares y canalizar mejor las llegadas. Los expertos insisten que urge integrar mejor a los 10 millones de habitantes nacidos fuera que ahora viven en España, porque sufren una discriminación laboral, salarial, de vivienda, educación y atención social. Y esta discriminación, además de injusta, tiene efectos económicos negativos, penaliza la productividad, el crecimiento y los servicios públicos de todos. De hecho, la discriminación global a los extranjeros está haciendo perder al país 17.000 millones de euros, según el informe del Observatorio español del racismo y la xenofobia. “Acoger al que viene de fuera no es solo un deber, sino un paso para garantizar el Estado del Bienestar”, señaló Pedro Sánchez en 2024, al anunciar un Plan para la integración de los inmigrantes, abierto a consulta pública en 2025 y pendiente de aprobación.

En resumen, los inmigrantes no nos invaden ni nos quitan trabajo o servicios públicos, sino que están sustituyendo a los españoles que no nacen y permiten que el país crezca y cree empleo y riqueza, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos. Si ya son 1 de cada 5 habitantes y para 2050 serán 1 de cada 3, no queda más remedio que ordenar su llegada e integrarlos mejor, para que colaboren en la mejora del país. Los necesitamos, pero en condiciones de más igualdad con los demás españoles. Se lo han ganado.

El Sahel, una región crítica para España

La seguridad de Europa no está en riesgo sólo por Putin y el imperialismo ruso. Hay otro riesgo grave en el flanco sur de Europa, que preocupa especialmente a España: el Sahel, 10 paises de África situados debajo del Sahara, donde crece la violencia y el terrorismo yihadista, forzando la inmigración hacia España (Canarias) y Europa, para huir de la guerra y el hambre. El último informe de Seguridad Nacional da la alerta: el Sahel es “una región crítica para España”, de donde proceden ya el 74% de los inmigrantes que llegan por mar. Y señala a esta inmigración ilegal como el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. El problema es que Europa se ha desentendido del Sahel, tras la marcha de fuerzas francesas y europeas, y Rusia ha ocupado su lugar, con armas y mercenarios, mientras China invierte y vende armas. España se juega mucho en el Sahel, la amenaza del sur de la que apenas hablan Europa y la OTAN.

                                                                                                                       Mapa CIDOB

El Sahel (“la costa”, en árabe) es la franja de paises situados en África, al sur del Sahara, , como la antesala entre el desierto y el verde de la sabana al sur. Lo integran 10 paises, según la estrategia de la ONU para el Sahel (UNISS), que ocupan una franja de 6.000 kilómetros de larga y 600 kilómetros de ancho, que va desde el Atlántico hasta casi el Mar Rojo (ver mapa): Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Estos 10 paises tienen 7 veces el tamaño de España y alguno, como Chad, es tan grande como Francia, Alemania e Italia juntos. Tienen unos 350 millones de habitantes y una demografía explosiva : el 70% de la población en los 5 paises centrales (Mauritania, Malí, Níger, Burkina Fasso y Chad) son menores de 24 años…

El Sahel es una región donde múltiples factores han llevado a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Por un lado, las fronteras entre los paises son artificiales, creadas por las metrópolis europeas (sobre todo, Francia) , lo que agrava los conflictos étnicos entre diversos pueblos y entre agricultores sedentarios y ganaderos nómadas. Por otro, el cambio climático, las sequías y las malas cosechas han multiplicado el hambre y la pobreza en la región: el 50% de los habitantes del Sahel viven por debajo del umbral de la pobreza y 1 de cada 6 no tiene para comer, según la ONU. Y han sufrido décadas de regímenes corruptos, que se han aprovechado de las riquezas naturales y que han llevado a la violencia: 4 golpes de Estado (2 en Malí, en 2020 y 2021, otro en 2022 en Burkina Fasso y otro en Níger en 2023).

Además del hambre, la desigualdad y la corrupción política, lo que ha destruido el Sahel en los últimos años es la violencia y el terrorismo yihadista. En 2024, el 51% de las muertes por terrorismo en todo el mundo se produjeron en el Sahel, según Global Terrorism Index 2024: 3.885 muertes (10 veces las de 2019)  de un total de 7.555 en el mundo. La mayoría de estas muertes las han provocado dos grupos terroristas yihadistas: IS Sahel, la filial del Estado Islámico (con fuerte presencia en Níger) y JNIM, la rama de Al Qaeda, con fuerte presencia en Malí y Burkina Fasso. Sus actividades terroristas, sobre todo en el triangulo fronterizo entre Malí, Níger y Burkina Faso (ver mapa) han provocado más de 10.000 muertes en los últimos años y la huida de millones de personas: los desplazados internos en el Sahel superan los 3 millones, según ACNUR, y hay más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo.

La región del Sahel se ha convertido en “el epicentro mundial del terrorismo”, según este informe de CIDOB, que destaca el nefasto papel de los Gobiernos de la región (dictaduras militares) para acabar con la violencia yihadista, que sólo en el último mes ha atacado cuarteles y matado a 300 soldados en Malí, Burkina Fasso y Níger. En 2024 abandonaron el Sahel las últimas tropas europeas y de Francia, por imposición de los Gobiernos militares que gobiernan el G5 Sahel (Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad y Mauritania). Y su lugar lo ha ocupado Rusia, que asesora militarmente a estos Gobiernos, les vende armas y les ofrece los servicios de los mercenarios del Grupo Wagner (y su nuevo grupo, África Corps).

Tras Ucrania, el Sahel es el 2º teatro de confrontación que Putin ha elegido para desestabilizar Europa, a la que el Sahel exporta terrorismo, droga y refugiados, dirigidos por mafias. Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con 43 paises africanos, pero cada vez está más centrado en el Sahel. Además de los acuerdos militares y la provisión de mercenarios a Níger, Burkina Fasso y Mali, Rusia tiene excelentes relaciones militares y económicas con Chad, República Centroafricana, Sudán y Gabón, además de Libia y Sudán. Incluso, se constata la presencia de buques de guerra de Rusia en el Golfo de Guinea, en paralelo a su despliegue en Guinea Ecuatorial, donde mercenarios rusos apuntalan al dictador Teodoro Obiang. En todos los casos, el interés de Putin en el Sahel pasa por vender armas y controlar Gobiernos, para asegurarse el acceso a materias primas básicas (uranio en Níger, petróleo en Gabón y Nigeria, oro y algodón en Malí…). Lo mismo, pero más discretamente hace China: vende armas a varios paises del Sahel e invierte en infraestructuras (puertos y trenes).

Para España, el Sahel es “una región crítica”, según el Informe 2024 de Seguridad Nacional (SN). Sobre todo porque está “alimentando” las últimas “oleadas” de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Los datos del informe de SN son muy claros y revelan que el conflicto del Sahel ha cambiado el panorama de la inmigración ilegal de África hacia España: si hace unos años la mayoría de la inmigración ilegal venía del Magreb (por la ruta del Estrecho y el Mediterráneo), ahora vienen por el Atlántico hacia Canarias y la mayoría son inmigrantes irregulares del Sahel, que huyen de la violencia, la guerra y el hambre.

Veamos los datos. En 2024, el grueso de la inmigración ilegal a España (64.019 personas, un récord histórico) ha llegado por vía marítima (61.372 entradas, el 95,8%). Y la mayoría de esta inmigración ilegal por mar ha llegado a Canarias (46.843 llegadas en 2024, otro récord histórico, +17,4% que en 2023). Y lo más llamativo, según alerta el informe de Seguridad Nacional es que el 72% de los inmigrantes ilegales que llegaron por mar vinieron del Sahel (frente al 62% en 2023). En 2024, la mayoría de estos inmigrantes que llegaron en cayucos eran de Malí (15.261 inmigrantes, +543% que en 2023) y Senegal (11.284 inmigrantes, -45%), muy por delante de los inmigrantes de Argelia (9.552,+36%) y de Marruecos (6.945 inmigrantes, -50%). Y les siguen inmigrantes de otros paises del Sahel: 3.890 de Guinea (+38%), 2.804 de Mauritania (+196%), 2.545 de Gambia y 1.006 de Costa de Marfil.

El otro gran cambio, además del tremendo flujo de inmigrantes del Sahel (frente a los del Magreb) es que estos inmigrantes solicitan asilo en España (en Canarias), porque en la mayoría de los casos no es una inmigración “económica” (como la de Marruecos o Argelia) sino una inmigración que huye de la guerra y la violencia, además del hambre. Por eso, se han disparado las peticiones de asilo en España: en 2024 fueron 165.398 solicitudes, el 2º país europeo con más peticiones de asilo tras Alemania (237.000). La mayor parte de estos “refugiados” del Sahel parten hacia Canarias desde Mauritania (25.081 salidas de los 46.843 inmigrantes marítimos llegados a Canarias en 2024) , donde está el campo de refugiados de M´Berra (con casi 300.000 refugiados: ver foto).

El reciente informe de Seguridad Nacional alerta que la inmigración irregular es el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. Y señalan que el epicentro de este riesgo es el Sahel, donde Putin puede utilizar la “bomba migratoria” para desestabilizar a Europa (sobre todo a España, Italia y Francia). Y que el problema se agravará en los próximos años, porque el terrorismo yihadista y las guerras civiles se están extendiendo a paises vecinos del Sahel (Golfo de Guinea, Sudán, Eritrea, Gabón y República Centroafricana), alimentadas por Rusia y China.

Frente a esta grave problema en el Sahel, Europa ha actuado muy mal en las últimas décadas, como refleja el libro “El fracaso de Occidente en África”, de Beatriz Mesa. Desde 2011, la UE ha desplegado 3 estrategias para el Sahel, centradas más en buscar la seguridad con fuerzas militares que en apoyar la cooperación y el desarrollo (desde 2014, la UE ha aportado 8.000 millones de euros, de ellos 1.160 en ayuda humanitaria y 4.600 en cooperación). Ha habido 3 misiones europeas de Seguridad y Defensa, lideradas por Francia, que se han dedicado a formar y profesionalizar los ejércitos de estos paises. Al final, eso ha llevado a 4 golpes de Estado, donde los militares han optado por echar a Francia y a los militares europeos: Francia retiró todas sus tropas (tenía 10.000 militares hace 5 años) y los militares europeos se fueron en mayo de 2024, dejando vía libre a Rusia y sus mercenarios, junto a China y sus inversiones.

El gran error de Europa en el Sahel, según este informe de CIDOB, ha sido centrarse en un enfoque militarista y de control de los flujos migratorios más que en ser “un actor político y económico en la región”, ayudando a los paises con la miseria y la pobreza, que son las bases de la violencia y el terrorismo. Esta política ha fortalecido a unos ejércitos que han acabado siendo golpistas y antieuropeos, reforzando a élites corruptas. Ahora, la nueva Comisión Europea está más obsesionada por la seguridad en el Este de Europa que en reforzar el flanco sur de la OTAN y de Europa, que es el Sahel. Pero Europa debe cambiar de actitud y reforzar la cooperación económica y social con el Sahel, para quitar bazas a Putin. Y apostar por una nueva presencia en la región, asentada en la cooperación, la lucha contra la pobreza y el Cambio Climático y el desarrollo.

Estos eran los objetivos de la visita que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen a Mauritania, en febrero de 2024, acompañada del presidente español, Pedro Sánchez. Allí firmaron una declaración conjunta UE-Mauritania y compromisos de cooperación (210 millones de euros), que se quiere continuar con Senegal y Gambia, los tres paises de origen de la mayoría de inmigrantes ilegales a Canarias y Europa.

En paralelo, el Gobierno español lleva varios años “obsesionado” con el Sahel, sobre todo ahora tras el último informe de Seguridad Nacional. El presidente Sánchez visitó en agosto de 2024 Mauritania, Senegal y Gambia, donde firmó compromisos de cooperación y para reducir la inmigración ilegal. Además España tiene presencia de la Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, para apoyar a sus militares en el control de fronteras , mientras también hay cooperación con esos paises de la Policía Nacional. Y Defensa participa en programas de formación y capacitación militar en paises del Sahel y del Golfo de Guinea. Además, España participa en programas financiados por la UE para luchar contra las redes de tráfico de inmigrantes en el Sahel y el Magreb. Y dentro de los programas internacionales de la Cooperación Española, el Sahel será una zona prioritaria, a la que España ha destinado 994,4 millones de euros desde 2010 a 2023.

Son pequeños avances pero insuficientes ante una región de la que proceden el 72% de los inmigrantes que llegan por mar a España (Canarias). Es urgente que el Sahel deje de ser “una obsesión de España” para ser “una obsesión de Europa”, porque es la principal vía de inestabilidad en su flanco sur. Para ello, es clave que el Sahel sea, junto con Ucrania, uno de los protagonistas de la próxima Cumbre de la OTAN en la Haya (24 y 25 de junio), que celebrará su 75 Aniversario y sentará las bases de un futuro “más europeo y menos USA”. Hay que fijar prioridades y medios para frenar la llegada de inmigrantes, terrorismo y droga del Sahel a Europa, algo vital para España (y también para Italia y Francia). España debe seguir presionando sobre este problema en Bruselas y en la OTAN, porque somos los primeros perjudicados si el Sahel arde en llamas.

Inmigrantes logran la mitad del empleo nuevo

 

De cada 10 nuevos empleos creados en 2023, sólo 4 han ido a españoles: los 6 restantes han sido para extranjeros (4,26) y residentes con doble nacionalidad (1,74). Lo mismo ha pasado con los 1.280.000 empleos creados en España desde 2019: sólo 465.700 (el 31,3%) han sido para nacidos en España. Los extranjeros están copando muchos nuevos empleos en sectores con trabajados duros y bajos sueldos, que no quieren muchos españoles: hostelería (40% afiliados SS son extranjeros), el campo (35%), la construcción, cuidados a mayores o inmobiliarias (25%) y empleadas de hogar (45% afiliadas son extranjeras). Con la caída de la población nacida en España, los inmigrantes crecen cada año y ya suponen el 14,2% de los ocupados, cuando eran el 1,3% en 1986. No deberíamos rechazarlos, porque están contribuyendo al mayor crecimiento y a salvar las cotizaciones (pensiones), la recaudación y el consumo. Pero hay que organizar su llegada, para frenar la inmigración ilegal, buscando la mano de obra formada que falta en muchos sectores.

                Enrique Ortega

La llegada de extranjeros ha cambiado visiblemente el mapa de la población española en este siglo. Baste un dato: si en 2002 había censados en España 1.737.972 extranjeros (el 4,32% de la población), en octubre de 2023 el censo recogía ya 6.373.463 residentes extranjeros (el 13,15%), casi 1 de cada 7 españoles, según el INE. La llegada de extranjeros se concentró en los años 90 del siglo pasado y sobre todo hasta 2008, con el “boom” del ladrillo y el turismo, para frenarse después con la crisis financiera (hubo inmigrantes que se fueron entre 2009 y 2014). Y los extranjeros han vuelto a España tras la pandemia, sobre todo en 2022 (+580.000 censados) y 2023 (+283.843 hasta octubre).

Lo más llamativo es que la población residente en España habría caído en esta década de no ser por la llegada de inmigrantes, ya que desde 2012 hay menos nacimientos que defunciones y los inmigrantes tienen el doble de tasa de natalidad y son más jóvenes que los españoles nacidos aquí (37 años de edad media frente a 45 años). Así, en 2023 superamos la cifra de 48 millones de españoles (48.446.594 habitantes censados el 1 de octubre), que son un millón largo más (+1.127.644 habitantes) de la población que teníamos antes de la pandemia (47.318.950 habitantes el 1 de enero de 2020).

 Pero ojo: en estos casi 4 años, la población nacida en España se ha reducido en -426.677 habitantes (de 40.303.297 a 39.876.640 censados). Y si hemos ganado población como país ha sido porque han aumentado los habitantes nacidos fuera, +1.555.201 censados más (de 7.014.763 habitantes nacidos en el extranjero en enero de 2020 a 8.569.954 ahora). Y con ello, los residentes en España nacidos fuera han pasado de ser el 5,69% de la población en 2002 al 17,68% en 2023. Y pronto serán 1 de cada 5 censados.

Este aluvión creciente de extranjeros, hacia España y hacia el resto de Europa, pelea cada día por conseguir un empleo. Y en los últimos años, después de la pandemia, copan una gran parte de los nuevos empleos que se han creado en España. El dato más llamativo es el de 2023, según la EPA recién publicada: de los 783.000 nuevos empleos creados, más de la mitad han sido para extranjeros (333.700, el 42,6% del total) y para personas con doble nacionalidad (+136.200, el 17,4% del total), destinándose sólo 313.100 de los nuevos empleos a españoles (el 40% del empleo creado). Un reparto similar también se dio en el empleo creado en 2022 (+279.000 empleos totales) y 2021 (+840.600 empleos tras la debacle de 2020, por la pandemia). Y, en consecuencia, de los 1.280.000 empleos netos creados en España respecto a antes de la pandemia (diciembre 2019), la mayoría han sido para trabajadores nacidos en el extranjero (553.000 empleos, el 43,2% del total) y los que tienen doble nacionalidad (261.300 empleos, el 20,4%), copando los españoles menos de un tercio del nuevo empleo creado estos 4 años (465.700, el 31,2%), según la EPA.

A finales de 2023, trabajaban en España 3.022.300 trabajadores extranjeros, el 14,13% del total de ocupados, 1 de cada 7 trabajadores con empleo (21.246.900 ocupados), según la EPA, además de 974.200 trabajadores con doble nacionalidad, frente a 17.250.400 trabajadores españoles. Tomando sólo los trabajadores extranjeros (esos 3 millones), hay más hombres (1.601.900) que mujeres (1.420.300, aunque son ellas las que han crecido más desde 2019). La mayoría de estos trabajadores extranjeros proceden de Latinoamérica (1.187.400 trabajadores, +440.000 que en 2019), seguidos de lejos por los trabajadores extranjeros de la UE (880.800, +71.700 que en 2019), los 241.300 trabajadores europeos de fuera de la UE (+44.400 que en 2019) y otros 712.000 trabajadores nacidos en el resto del mundo (+104.200 ocupados que en 2019).

La mayoría de estos 3 millones de trabajadores extranjeros llevan en España 7 años o más (1.970.300) y si les sumamos los que llevan de 4 a 6 años (otros 554.300), podemos concluir que dos de cada tres inmigrantes que trabajan en España llegaron antes de la pandemia. Y sólo 231.500 llevan trabajando aquí 1 año o menos, según la EPA. Los trabajadores extranjeros se concentran en Cataluña (689.900 a finales de 2023, el 18,3% de los trabajadores), Madrid (587.900, el 16,8% del total), Comunidad Valenciana (385.700, el 16,7%) y Andalucía (351.100 trabajadores extranjeros, el 18,3% del total), aunque su peso destaca más en Baleares (138.800 trabajadores extranjeros, pero suponen el 26,4% del empleo), también en Canarias (138.800 extranjeros, el 18,4%) y Murcia (104.800, el 15,3% de la mano de obra).

Para saber dónde trabajan los extranjeros hay que ir a los datos de afiliación a la Seguridad Social: 2.712.113 trabajadores extranjeros cotizaban a la SS en diciembre de 2023, menos de los 3.022.300 que reconocían estar trabajando según la EPA. Esa cifra de cotizantes extranjeros supera en +549.714 cotizantes a la de diciembre de 2019 (2.162.399 cotizantes extranjeros), lo que refleja un aumento del +25,42% en cuatro años, más del triple del aumento del conjunto de cotizantes a la SS desde 2019 (+1.422.751 cotizantes, +7,3%). A lo claro: los ingresos de la SS (y nuestras pensiones) se han salvado por los inmigrantes. Sólo en 2023, casi un 40% de los nuevos cotizantes fueron extranjeros (+211.436 de un aumento de +549.714 cotizantes), según Trabajo.

La mayoría de los cotizantes extranjeros (2.668.766 afiliados medios en 2023) son hombres (1.495.935), aunque han crecido más las cotizantes mujeres (son 1.172.806). Y destacan los trabajadores extranjeros de mediana edad (1.464.971 cotizantes tienen entre 35 y 54 años), aunque crecen los más jóvenes (900.310 trabajadores extranjeros tienen menos de 35 años), según Trabajo. Los paises de origen son básicamente Latinoamérica (1,1 millones) y Europa (853.188 extranjeros proceden de la UE), destacando por nacionalidades los trabajadores rumanos (328.545 cotizantes) y marroquíes (319.433), a los que siguen de lejos italianos (174.664), colombianos (174,583), venezolanos (148.324), chinos (115.952), peruanos (70.708), ecuatorianos (69.815) y ucranianos (65.694).

La mayoría de los trabajadores extranjeros cotizan en el régimen general de la SS (1.834.654), pero hay un número muy importante cotizando en el régimen especial agrario (229.420 cotizantes, 97.205 de Marruecos y 40.260 de Rumanía), como empleadas de hogar (168,773 cotizantes, 23.073 rumanas, 14.139 colombianas, 21.423 hondureñas, 12.431 paraguayas, 3.987 ecuatorianas y 2089 dominicanas) y como trabajadores del mar (4.022  cotizantes, 867 senegaleses, 712 indonesios y 508 marroquíes), además de 428.989 que cotizan como autónomos no del campo (63.967 chinos, 46.772 rumanos, 38.330 italianos, 27.004 marroquíes, 26.005 británicos y 18.711 venezolanos).

Los trabajadores extranjeros se concentran en unos pocos sectores: la hostelería (ahí trabajan el 20,5% del total de inmigrantes), el comercio (otro 16,8%) y la construcción (11,2% del total) aglutinan casi la mitad de los extranjeros que trabajan en España), siendo muy baja su presencia en la industria (8,1% de todos los inmigrantes), el transporte (6,3% de ellos), las actividades profesionales (5% del total de extranjeros) y la educación (5%) y la sanidad (5%).  Esto ha llevado a que los inmigrantes tengan un gran peso en algunos sectores: son casi el 40% de los trabajadores de la hostelería, el 35% de los trabajadores del campo y la pesca, el 30% en la construcción, un 25% en servicios (como los cuidados a mayores), otro 25% en inmobiliarias. Y un 45% de las empleadas del hogar.

¿Por qué los extranjeros consiguen más empleos? Muchos expertos coinciden en que buscan trabajo en sectores y empleos más duros, con peores condiciones de trabajo y bajos sueldos, que no quieren los españoles, como el campo, la hostelería, las empleadas del hogar, los cuidados a mayores y las residencias, el comercio y el transporte y la logística. Trabajos con horarios muy amplios, contratos precarios y unos sueldos menores, como en la hostelería (los más bajos: 14.632 euros brutos, frente a 25.896 de media) y el comercio. De hecho, los inmigrantes ganan de media un 36% menos que los trabajadores españoles (especialmente las mujeres), según la Agencia Tributaria. Y para los que insisten en que “los inmigrantes nos roban trabajo”, es falso: 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas, con un salario medio que es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo.

Además, el trabajo de los inmigrantes aporta diversas ayudas claves a la economía española. Por un lado, es uno de los motores del fuerte crecimiento en los últimos años, tras la pandemia, al proporcionar una mano de obra abundante (y barata) a sectores que han sido claves, como el turismo, el comercio, el campo, la construcción y muchos servicios. Eso ha permitido mejorar los ingresos por cotizaciones de la SS y asegurar las pensiones, aumentando la recaudación de impuestos. Y su gasto ha mantenido el consumo y la actividad, tirando del empleo. Para los que piensan que también los emigrantes se llevan una gran parte de los gastos sociales, desde la sanidad a la educación o las ayudas públicas, muchos estudios revelan que aportan más de lo que reciben.

Pero la principal aportación de los inmigrantes es que están salvando la demografía, al compensar con su llegada (y sus hijos) la caída de la población española, lo que permite contar con la mano de obra y los ingresos y cotizaciones que necesitamos. Y los inmigrantes “nos van a salvar aún más en el futuro”, según las preocupantes proyecciones de población del INE. Así, los nacidos en España van a caer de 40.229.931 personas en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 y a 33.794.071 en 2070. Una caída de “españoles” de -6,5 millones sobre 2020, que el INE espera que se compense con los inmigrantes: su previsión es que los extranjeros residentes pasen de 7.471.460 en 2020 a 12.801.174 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 extranjeros censados en 2070 (+9,8 millones).

Con este “panorama demográfico”, España (y Europa) necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Y en el caso de España, necesitamos 7 millones de inmigrantes más entre 2020 y 2050 (más de los 5,8 millones que espera el INE), según el Centro de Desarrollo Global de Washington. De hecho, el problema de falta de trabajadores se está dando ya en varios sectores, tras la pandemia, según alertan los empresarios del turismo y la hostelería, el campo o la construcción, el transporte y la logística (sectores con muchos inmigrantes), así como en el sector tecnológico y digital más las energías alternativas.

Cara al futuro, hay que “canalizar” la llegada de trabajadores extranjeros, organizando y planificando sus llegadas de forma legal y ordenada. Es lo que intentó hacer el Gobierno Sánchez en julio de 2022, al reformar el Reglamento de Extranjería, para facilitar la contratación de inmigrantes en sus paises de origen y a la vez regularizar parte de los inmigrantes irregulares que ya están en España (más de 500.000), facilitando su formación en los empleos donde falta mano de obra. Así, en 2022 se concedieron 16.100 permisos de trabajo en origen para extranjeros (hasta 9 meses al año, que se renuevan si vuelven a sus paises de origen). En 2023, el ministro Escrivá pretendió avanzar por este doble camino, apoyado por los empresarios: contratar temporalmente fuera y formar a los inmigrantes que ya están dentro. Pero chocó con la oposición de la ministra de Trabajo y los sindicatos y no se aprobó ninguna reforma por la anticipación electoral. Ahora, su sucesora, la ministra Elma Saiz ha anunciado una reforma de la contratación de extranjeros, en el primer trimestre de 2024, para “simplificar trámites y mejorar la protección de los inmigrantes”.

Mientras la reforma llega, hay un gran debate que no se afronta, ni en España ni en Europa: como planificamos la incorporación futura de inmigrantes, qué tipo de empleos necesitamos cubrir y cómo los buscamos de forma ordenada y legal. Hace falta un Pacto político sobre inmigración, que hurte el tema a la extrema derecha y nos ayude a preparar el futuro económico y social, para el que necesitamos a los inmigrantes, que ya han sido claves estos años: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes, según este informe del Defensor del Pueblo. Los inmigrantes no nos “roban” el trabajo, nos ayudan a construir el presente y el futuro.

Más emigrantes y menos refugiados

España es un país más cerrado tras esta larga crisis. En dos sentidos. Primero, más cerrado para los propios españoles, que llevan diez años emigrando (76.197 en 2017), sobre todo los jóvenes: hay 665.000 españoles más viviendo en el extranjero desde que gobierna Rajoy. Y segundo, más cerrado para los extranjeros: las peticiones de asilo se duplicaron en 2017 pero concedimos un 40% menos (4.675) y hay 400.000 extranjeros ilegales pendientes de su nacionalización. Eso sí, se disparan las nacionalizaciones de los extranjeros ricos (rusos y chinos) que compran casas o invierten: iban 41.049 a finales de 2017. Habría que aprovechar la cacareada recuperación para abrir un poco más España, haciendo que vuelvan parte de los españoles que han emigrado (535.000 desde 2008) y dando cobijo a más refugiados y emigrantes, a los que vamos a necesitar, porque perdemos población: harán falta 5 millones de inmigrantes para 2050, según vaticina el FMI. Un país más abierto nos beneficia a medio plazo. Nuestra historia lo confirma.

enrique ortega

España fue un país de emigrantes en las décadas de los 60 y 70, pero luego cambiaron las tornas y empezamos a recibir inmigrantes al comienzo de este siglo: entre 2000 y 2009, España recibió más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron en esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, buscando trabajo en Europa y parte de América, los jóvenes y familias enteras. Y esta salida de españoles no ha parado desde 2008 (33.505), subiendo en 2011 (55.472), acelerándose en 2013 (73.329), 2014 (80.441), 2015 (98.934) y 2016 (101.581), para mantenerse, aunque bajando, en 2017 (+76.197). En total, hay ya 2.482.808 españoles viviendo en el extranjero a 1 de enero de 2018, según el último Padrón de residentes en el extranjero (PERE) del INE. Son 665.973 españoles más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La mayoría de estos españoles que se han ido a vivir fuera, dos de cada tres (1.672.732 españoles), no han nacido en España sino que son “extranjeros nacionalizados españoles”, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o bien porque eran hijos o nietos de españoles exilados y consiguieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica (2007). La mayoría han vuelto a Latinoamérica y viven en Argentina (457.204 españoles), Venezuela (167.255), Cuba (139.851), Brasil (130.635), así como en EEUU (147.817 españoles) y Europa.

El tercio restante de los emigrantes que viven fuera (810.076) son españoles nacidos en España, “españoles españoles”, la mayoría que han emigrado con la crisis, sobre todo a Europa (440.206), principalmente a Francia (allí viven 134.214 “españoles españoles”), Alemania (viven 73.340 españoles nacidos en España), Reino Unido (71.899) y Bélgica (29.320), además de los que viven en América (328.809), tanto EEUU (viven 57.944 “españoles españoles”), Argentina (89.695), Venezuela (51.226), Brasil (27.286) y México (21.435), según los datos del INE.  La mayoría de estos emigrantes españoles proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y el colectivo que más crece son los jóvenes menores de 30 años.

Pero esta es la cifra oficial, que publica el INE con los datos de los Consulados, de los españoles que viven fuera y se inscriben en ellos. La realidad es que muchos que han emigrado lo han hecho como “turistas” y no se han inscrito, con lo que la cifra real de “españoles emigrantes” sería mayor que esos 810.076. Un ejemplo: en Reino Unido hay censados unos 150.000 españoles, pero se estima que viven realmente unos 300.000. En Irlanda hay censados 5.457 y podrían superar los 10.000. Y en Alemania, el censo de españoles nacidos en España es de 73.340 y dicen que hay más de 120.000 españoles trabajando (en precario muchos de ellos).

Otra manera oficial de medir la emigración, además de esta estadística de españoles censados en el extranjero (Consulados) son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informan de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo que hacen los Ayuntamientos. Según esta estadística, en el primer semestre de 2017 emigraron 35.077 españoles, tras marcharse 69.211 en todo 2016 y 75.765 en 2015 (año récord de emigración). La mayoría de los españoles que emigraron el año pasado fueron e Reino Unido (8.882), Francia (4.425), Alemania (2.809) y EEUU (2.191). Sumando todas las salidas desde 2008, resulta que 535.000 españoles han emigrado de España entre 2008 y 2017, la mayor parte (dos tercios) entre 2011 y 2017, con Rajoy gobernando, según los datos oficiales del INE (Migraciones).

El perfil de este nuevo emigrante español es el de una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a 30 años), con estudios superiores y procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que revela cómo los nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura” precarios, están subempleados para su formación y no ven perspectivas de futuro aquí. Los que más han salido han sido los profesionales de la salud (enfermeras y médicos), informáticos, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando de camareros o cuidando niños y otros empleos precarios.

A pesar de la recuperación en España, los datos indican que la emigración no se ha parado y sigue mes tras mes, aunque ahora choque con problemas fuera, como el Brexit en Reino Unido, el cerrojazo de Trump o las presiones contra los extranjeros en la mayoría de Europa. Pero mientras haya 3.766.700 parados en España y estén sin empleo más de un tercio de los jóvenes (37,46%), según la EPA, la corriente de emigrantes españoles no se va a parar. Además, los jóvenes españoles son los terceros en Europa más dispuestos a emigrar: un 64%, son favorables a irse a otro país o ciudad, más que la media de jóvenes europeos (el 59% emigraría) y sólo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%), según Eurostat. Y la clave es la formación: cuanta más formación tienen los jóvenes, más dispuestos a emigrar.

La otra cara de la moneda es que, mientras muchos españoles emigran, muchos extranjeros tratan de venir a España y quedarse. Y cada vez se lo ponemos más difícil.

Primero, a los que vienen huyendo de guerras, dictaduras, hambre y enfermedades, los que piden quedarse en España como refugiados. En 2017, se ha dado un contrasentido: la cifra de refugiados, de solicitantes de asilo en Europa se ha reducido a la mitad (de 1.206.500 en 2016 cayeron a 649.855 en 2017), pero en España se duplicaron (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el 6º país europeo con más demandantes de asilo, detrás de Alemania (198.255 en 2017, frente a 722.265 en 2016), Italia (126.550, similares a las 121.185 de 2016), Francia (91.070 frente a 76.790), Grecia (57.020 frente a 49.875) y Reino Unido (33.310 frente a 39.240 en 2016). Pero si comparamos las peticiones de asilo con la población, el problema es menor: 654 peticiones por millón de habitantes en España, la mitad que la media europea (1.270 peticiones por millón de habitantes) y mucho menores que en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Hungría (3.502: por eso gana la derecha xenófoba), Austria (2.526, otro país con xenofobia) o Alemania (2.402 solicitudes por millón de habitantes).

Aunque no sean muchas peticiones de asilo para la población española, la mayoría se rechazan. Y más en 2017, a pesar de que las solicitudes se duplicaron: de las 31.120 solicitudes censadas por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), sólo 4.675 se aceptaron, el 35%, un porcentaje de aceptación inferior a la media europea (46% se aceptan, según Eurostat) y también inferior al de Alemania (50% aceptadas), Suecia (44%) o Italia (41%), sólo peor que Francia (29% solicitudes aceptadas), Reino Unido y Hungría (31%). Además, en 2017 se aceptaron un 40% menos que en 2016 (6.855 aceptadas), aunque las solicitudes se duplicaron.

El problema es que el flujo de inmigrantes no se frena: en el primer trimestre de 2018, la llegada de pateras con inmigrantes bajó en el Mediterráneo (de 29.221 en 2017 a 14.651 en 2018) pero ha aumentado en España un 38%, con 3.345 inmigrantes llegados a nuestras costas y 120 muertos en los tres primeros meses de 2018, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, tenemos otro problema: el atasco de expedientes de asilo, según revela el informe 2017 del Defensor del Pueblo: a los 40.000 expedientes presentados en 2017 hay que añadir otros 30.000 expedientes pendientes de años anteriores, con miles de extranjeros recluidos en penosos centros de internamiento que esperan una solución, en medio de la descoordinación entre los Ministerios (Interior y Empleo) y las autonomías. “La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible”, dice el informe.  Y además, denuncia que el Gobierno Rajoy no haya aprobado el Reglamento de Asilo previsto en la Ley de 2009, lo que crea problemas de reagrupación familiar.

Vayamos ahora con los extranjeros que viven en España irregularmente, desde hace muchos años (recuerden el nigeriano que murió en Lavapiés), a la espera de que se les conceda la nacionalidad o se les expulse. En 2016, España concedió la nacionalidad española a 150.944 extranjeros (+32%), siendo el 2º país europeo que más nacionalizaciones concedió, tras Italia (201.591 extranjeros nacionalizados) y por delante de Reino Unido (149.372 nacionalizados), Francia (119.152) y Alemania (112.843), según los datos de Eurostat. Parecen unas cifras “para presumir”, pero ojo, hay que contextualizarlas: España nacionalizó en 2016 al 3,4% de los extranjeros, una cifra más baja que Croacia (nacionalizó al 9,7% de extranjeros), Suecia (al 7,9%), Portugal (6,5%), Grecia (4,2%) Italia y Finlandia (4,1%), aunque superior a la de Alemania (1,3%), Reino Unido y Francia (2,8%).

El informe 2017 del Defensor del Pueblo pone otra vez el dedo en la llaga: denuncia que hay “un enorme retraso” en la gestión de los expedientes de nacionalización de extranjeros y pide “que la Administración intervenga de manera urgente para solucionar la situación de los más de 400.000 extranjeros que tienen pendiente de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”. Así que nacionalizamos a muchos, pero el atasco es monumental. Eso sí, hay atasco para regularizar a los extranjeros pobres que trabajan desde hace años en España, pero se agiliza la nacionalización de los extranjeros ricos, a cambio de que compren viviendas caras (más de 500.000 euros), inviertan en depósitos (1 millón) o deuda pública (2 millones) o sean “profesionales cualificados”. Son los llamados “visados dorados” (por la VISA oro…), que se conceden desde septiembre de 2013 y que se han disparado en los tres últimos años: se habían dado 14.804 a finales de 2015, eran 27.301 al final de 2016 y 41.094 a finales de 2017, según los datos oficiales. O sea 13.793 “visados dorados” (la mayoría a chinos, rusos y venezolanos ricos) concedidos en 2017, el triple que las concesiones de asilo a refugiados (4.675). Sin comentarios…

Los datos (oficiales) revelan con claridad que España se ha cerrado más estos años, incluso con la “recuperación”, tanto para los españoles (forzados a emigrar) como para los extranjeros, que no consiguen la nacionalidad ni el asilo. Y no vale decir que esto último también pasa en gran parte de Europa, porque muchos países tienen mayores porcentajes de extranjeros (18,5% Suecia, 17,5% Austria, 16% Alemania, 14% Reino Unido o 12% Francia) que España (4.464.997 extranjeros,  el 9,59% de la población, según el INE). Además, España tiene muchos extranjeros pendientes de regularizar (más de 400.000, según el Defensor del Pueblo). Y, sobre todo, tenemos un grave problema demográfico que no tienen otros países europeos: somos el país con menos natalidad y más viejos de Europa, lo que va a reducir los activos y ocupados en las próximas décadas. Y eso nos obligará a contar con 5 millones de extranjeros más en 2050, como acaba de avisarnos el FMI. Así que necesitaremos a los emigrantes más que el resto de Europa (que también los necesitará).

Tenemos muchos problemas (paro, pensiones, educación, sanidad, gastos sociales, pobreza, desigualdad, demografía, tecnología, digitalización y modernización de la economía), pero para resolverlos necesitamos ser más, no menos. Hay que recuperar a los españoles que han emigrado, porque hemos invertido mucho en ellos y su ausencia es un gran fracaso. Para lograrlo, habría que acordar un gran Pacto por el retorno, con medidas económicas, laborales, fiscales y ayudas a la vivienda y a las familias, creando una Oficina específica para organizar su vuelta. En paralelo, hay que pactar una Política de inmigración a 20 años vista, planificando la regularización de los inmigrantes y coordinando con los países de origen ayudas para frenar la inmigración irregular. No se trata de poner muros que de nada sirven. sino de planificar las llegadas y organizarlas, con dignidad, economía y sentido común. No dejándolo en manos de la desesperación, las mafias y la xenofobia. Apostemos por una España más abierta para propios y extraños, porque la apertura nos ha traído siempre prosperidad, desde los años 60 al ingreso en Europa y nuestra extensión por el mundo. Otro gran tema pendiente.

Cooperación: la "Marca España" racanea

El Gobierno Rajoy presume de defender como nadie la “Marca España”, pero esconde que ha recortado un 46% los fondos de ayuda a países pobres, un eficaz instrumento para tener peso político y económico en el mundo. España es el 6º país occidental que menos ayuda al desarrollo, lo que entorpece nuestro papel en Latinoamérica y dificulta la lucha contra la inmigración ilegal en África. Además de los recortes, que han provocado el cierre de proyectos y ONGs, el Gobierno ha pasado la mayoría del gasto en Cooperación a Hacienda y a Economía, quitando peso a la Agencia Española para el Desarrollo (AECID). Y acaba de aprobar, en contra de toda la oposición, una enmienda que liga los proyectos de Cooperación a la estrategia de empresas y bancos. España gasta poco y mal en ayudar a países pobres y así torpedea la “Marca España”. Porque ayudar tiene una triple recompensa: moral, política y económica.

enrique ortega

La Gran Recesión dio la puntilla a las ayudas al desarrollo de los países ricos, aunque tardíamente: venían creciendo desde 1997, con un récord en 2010, y cayeron en 2011 y 2012. El gasto en Cooperación de los 28 principales países donantes volvió a crecer en 2013, un 5,2%, según la OCDE, aunque todavía aportan una miseria: 134.800 millones de dólares, un 0,3% de su renta bruta (RNB), muy lejos del 0,7% que fijó la ONU como objetivo en 1980 y que hoy sólo cumplen 5 países (1,07% Noruega, 1,02% Suecia, 1% Luxemburgo, 0,85% Dinamarca y 0,72% Reino Unido). Dos de cada tres euros para Cooperación proceden de los cinco grandes donantes (23.000 millones de dólares EEUU, 13.000 Reino Unido, 10.500 Alemania, 10.000 Japón y 9.300 Francia,) y Europa lidera las mayores aportaciones, con un 0,41% de su renta para ayudas.

España está en el pelotón de cola de las ayudas al desarrollo: es el 6º país que menos aporta entre los 28 donantes, junto a Italia, sólo por delante de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea. Aportamos en 2013, un 0,16% de nuestra renta bruta (RNB), frente al 0,72% de Reino Unido, el 0,41% de Francia, el 0,38% de Alemania o incluso el 0,21% de Portugal. Eso contrasta con el 0,5% que llegamos a aportar en 2008, año récord en la Cooperación española, que Zapatero cuadriplicó desde 2002 (de 1.712 a 5.500 millones de euros), convirtiendo a España en el 6º país donante del mundo, tras los cinco grandes. A partir de 2010, los recortes se ceban en la Cooperación, que ha perdido un 70% de sus recursos. Y así, en 2014, el Presupuesto de ayuda al desarrollo es 1.739,27 millones de euros, un 0,17% de la renta bruta y menos de  la tercera parte de lo donado en 2008.

Se gasta la tercera parte en Cooperación y además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo lo presupuestado: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables. Y segundo, porque falta una auditoría eficaz de las ayudas, desconociéndose en muchos casos su distribución por sectores y países (sólo se conoce detalladamente la que gestiona la Agencia Española de Cooperación a través de las ONGs). Además, casi la mitad del gasto se destina a pagar burocracia, las cuotas obligatorias de España a la UE y organismos internacionales. Y cada vez hay más ayuda vía créditos (un 17% del total), lo que aumenta la deuda de los países pobres.

Los recortes en Cooperación, del Estado y de autonomías, Ayuntamientos, Universidades, entidades y empresas (más de 900 instituciones dan ayudas, un 15% del gasto total) han supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de ONGs, según un informe de La Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen, en un 60%, de recursos públicos (recortados). Las que no han cerrado han reducido plantillas (10% desde 2008) y sueldos (78% han congelado salarios) y buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Pero los españoles no somos muy solidarios, según un estudio de Fundraising: sólo el 19% (7,5 millones) dan dinero a una ONG, frente al 33% en Europa (56% en Reino Unido y 53% en Francia). Y sólo 682.500 españoles (el 1,5%) aportan dinero mensual o trimestralmente a una ONG.

El problema no está sólo en los recortes de las ayudas a los países pobres. El Gobierno Rajoy ha cambiado el modelo de gestión de la Cooperación y para 2014, más de la mitad del Presupuesto lo gestionan Hacienda (50%, para pago cuotas internacionales) y Economía (14,5%), mientras Exteriores sólo gestiona un 34% y ha caído drásticamente la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado: si gestionaba 980 millones de euros en 2008, en 2014 sólo gestionará 264 millones, un 13,61 % del gasto total en Cooperación.

La puntilla a la Cooperación se la acaba de dar el Gobierno, al aprobar el Congreso una enmienda (10 abril), introducida por la puerta de atrás en el Senado, por la que se reforma el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): ahora, en vez de gestionarlo Exteriores lo gestionará COFIDES, una sociedad mixta dependiente de Economía y en cuyo capital participan, además del ICEX y el ICO, bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Popular. El objetivo es vincular más la ayuda al desarrollo a los proyectos de las empresas españolas en el exterior, lo que hace temer a las ONGs que se desvíen fondos públicos destinados a la lucha contra la pobreza en beneficio de intereses empresariales y financieros.

La Cooperación para el desarrollo de los países más pobres no es sólo una obligación moral de los países ricos, sino también una herramienta clave de política exterior, una pieza básica para reforzar la presencia política y económica de España en el mundo. Algo que tienen muy claro, desde hace décadas, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón. Incluso los países emergentes se están lanzando a la Cooperación Sur-Sur: es el caso de China, Brasil o México. Por eso, es un gran contrasentido intentar vender la “Marca España” por el mundo y a la vez recortar cada año en Cooperación (-165 millones en 2014). Con la ayuda por delante, es más fácil influir, invertir y vender,  tres claves para la recuperación.

Cara al futuro, España debe gastar más y mejor en Cooperación al desarrollo. Intermon propone gastar 500 millones extras durante 6 años, con los que España se pondría a nivel europeo (0,47% de la renta para 2020). Ese dinero podría salir en parte de la Tasa Tobin sobre operaciones financieras (Bolsa y bonos), que van a instaurar España y otros 10 países europeos en 2015.Y habría que fomentar las donaciones de empresas y particulares en la próxima reforma fiscal: las ONGs piden que desgraven más en el IRPF (70%, con la deducción íntegra de los primeros 150 euros donados) y en Sociedades (60% desgravación a empresas).

Además, hay que gastar mejor, con auditorías de resultados y una ayuda más técnica (asesoramiento) y menos financiera. Y concentrada en menos países: ahora la Cooperación española llega a 38 países y el IV Plan Director 2013-2016 pretende concentrarla en 23: 12 de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), 4 del norte África y Oriente Próximo (Marruecos, Mauritania, Sahara y Palestina), 6 más resto de África (Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea y Mozambique) y Filipinas (?). Dos zonas claves para España, Latinoamérica, y África, donde la ayuda puede reducir la inmigración ilegal que “invade” nuestras costas.

En definitiva, hay que ser solidarios con los más pobres por una cuestión ética y moral. Pero además, ayudar al desarrollo desactiva tensiones geopolíticas y mejorará la estabilidad mundial. Y gastar en Cooperación es practicar un egoísmo inteligente: es una forma eficaz de defender los intereses de España en el mundo. Más que fotos y campañas para vender la “Marca España”, ayudemos a los países con dinero y asesoramiento. Será nuestro mejor pasaporte. Porque ayudar tiene siempre recompensa. Moral, política y económica.