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lunes, 11 de noviembre de 2024

Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil,un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible, nuestra gran “asignatura pendiente”.

jueves, 8 de diciembre de 2022

Parados de larga duración: sin salida

El paro volvió a bajar en noviembre y ya llevamos 7 meses (desde mayo) con menos de 3 millones de parados en España. Pero todavía tenemos más del doble de paro (12,5%) que la media europea (6%) y cuatro veces el de Alemania (3%). Lo peor es que el paro se ha hecho “crónico”: 4 de cada 10 parados (1.256.600) llevan más de un año sin encontrar trabajo y la mitad de ellos (600.000 parados) llevan más de 4 años sin poder trabajar. Su problema es que tienen poca formación y, sobre todo su edad: el 52,5% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Y las empresas no quieren contratarlos, con lo que sólo les queda estar en paro hasta la jubilación, cobrando un desempleo de 463 euros (si cumplen los requisitos). Un “agujero” que les lleva a la pobreza y la depresión. Urge aprobar un Plan de choque para ayudarlos a formarse y encontrar trabajo. Hay que darles una salida.

Enrique Ortega

El paro sigue bajando, aunque menos de lo que mejora el empleo, porque aumentan los españoles que se animan a buscar trabajo (sobre todo, mujeres y jóvenes). En noviembre, la cifra de parados registrados en las oficinas de empleo bajó a 2.881.380 desempleados, el dato más bajo en ese mes desde 2007 y 282.225 parados menos que antes de la pandemia (diciembre 2019), según Trabajo. Con ello, son ya 7 meses consecutivos (mayo el primero) en que el número de parados registrados baja de los 3 millones en España. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía tenemos una tasa de paro (12,5% de la población activa) que duplica la tasa europea (6% de paro en la UE-27) y que cuadruplica la tasa alemana (3% de paro), superando también con creces el paro de Italia (7,8%), Francia (7,1%) o Portugal (6,1%), según el último dato de Eurostat. Y de todos los parados en la Unión Europea (12.953.000), casi la cuarta parte son españoles.

Pero lo peor es que el paro en España se está haciendo “crónico, estructural: baja desde 2013 (5 millones de parados registrados en marzo), pero sigue habiendo muchos parados que no encuentran empleo, que llevan más de un año en desempleo: son los llamados “parados de larga duración, una cifra que no baja del millón de parados desde hace 14 años, desde 2009. Ese año, con el inicio de la crisis financiera, había 1.499.300 parados de larga duración (más de 1 año buscando trabajo), el 34,58% del total de parados (4.375.000). La cifra de estos parados “crónicos” aumentó en 2010, 2011 y 2012, alcanzando su récord a finales de 2013: 3.604.700 parados de larga duración, el 60,73% del total (5.935.600 parados EPA). Y a partir de ahí, el paro empezó a bajar y también los parados de larga duración, hasta quedar por debajo de los 2  millones en 2017 (1.899.600, el 50,43% de todos los parados) y un mínimo de 1.387.000 parados de larga duración (el 43,5% del total) a finales de 2019, antes de la pandemia. Luego, el paro ha seguido bajando, pero el paro de larga duración ha bajado menos y la cifra es muy alta: 1.256.600 parados en septiembre 2022 (EPA), un 42,16% de todos los parados, una pequeña bajada sobre 2019 (43,5%) pero un porcentaje mayor de paro estructural del que había en 2009 (34,58%).

El paro de larga duración significa que 4 de cada 10 parados lleva más de un año en el paro, sin encontrar trabajo. De hecho, de los 1.256.600 parados “crónicos”, 450.300 llevan sin trabajo entre 1 y 2 años y otros 851.300 llevan parados más de 2 años, según el INE. Y de ellos, unos 600.000 parados llevan sin trabajar más de 4 años, según denuncia UGT. Eso coloca a España como el país con más parados de larga duración en Europa (42,16%), sólo por detrás de Grecia y por delante de Italia y la eurozona (36%), duplicando la tasa de paro de larga duración de la OCDE (28,4%). Así que no solamente tenemos más paro que los demás paises, también tenemos más parados que están mucho tiempo sin encontrar trabajo.

Del total de parados de larga duración en España (1.256.600 en septiembre, el 42,16% del total), la mayoría son mujeres (702.500 paradas, el 44,4% de todas las mujeres desempleadas) y menos de la mitad son hombres (554.300 parados, el 38,5% de los hombres desempleados). El problema se da sobre todo entre los parados mayores de 60 años (el 65,45% de los parados con esa edad llevan más de 1 año sin trabajo) y entre los que tienen entre 50 y 59 años (el 54,9% llevan parados más de un año), bajando el porcentaje entre los parados de 25 a 49 años (el 38% llevan parados más de un año) y sobre todo entre los más jóvenes (de los parados menores de 25 años, sólo el 25,55% llevan parados más de un año). Y por autonomías, donde hay más parados de larga duración es en Canarias (el 50,5% de todos sus desempleados llevan en paro más de 1 año), Madrid (48,4% de paro de larga duración), Castilla la Mancha (42,7%), Comunidad Valenciana (42,6%), Andalucía (42,3%) y Galicia (42%), según los datos que aporta la última EPA (INE).

¿Qué lleva a un parado a estar mucho tiempo en el desempleo? Básicamente, hay dos causas. Una, su baja formación. Del total de parados (2.980.200 en septiembre, según la última EPA), el 47,5% (1.415.300 parados) sólo tienen una “baja formación” (la ESO o menos). Y entre los parados que llevan más de un año sin trabajar (paro de larga duración), los “poco formados” (ESO o menos) suben hasta el 76%  del total. La otra causa, más decisiva aún, es la edad: el 40% de todos los parados de larga duración tienen más de 50 años. Y si rebajamos la edad, resulta que más de la mitad de los parados de larga duración (659.800, el 52,5% del total) tienen más de 45 años, según la EPA (INE).

Es lo que se llama “edadismo”, la discriminación laboral a los mayores, que se resume en este dato: de los más de 10 millones de españoles con más de 55 años, sólo 4 millones trabajan (el resto están “inactivos”, la mayoría, o parados). El problema es que las empresas no quieren contratar a mayores, antes a mayores de 55 años y ahora ya a mayores de 45 años. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco, ya en 2019: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Varios son los prejuicios habituales de las empresas para no contratar “mayores”: que son más caros, poco flexibles y que se han quedado obsoletos, sobre todo digitalmente, obviando que los “seniors” aportan a una empresa experiencia, seriedad y compromiso.

La realidad es que los mayores tienen más dificultad para salir de las listas del paro, como demuestran las estadísticas del desempleo. Si el paro ha bajado en -282.225 desempleados desde finales de 2019 (antes de la pandemia), el paro de los mayores de 45 años sólo se ha reducido en -24.897 desempleados, el 8,6% de la mejoría total, según los datos de Trabajo. Y lo peor: si en 2019, los parados con más de 45 años (1.636.424) eran el 51,73% del total, ahora, en noviembre de 2022 (1.611.527), son el 55,92% de todos los parados. El peso de los mayores ha aumentado en las listas del paro.

Estos parados de larga duración, la mitad mayores de 45 años, tienen más difícil colocarse cada mes que pasa: con menos de 1 año en paro, se colocan el 37%, estando entre 2 y 3 años ya sólo se recoloca el 11% y a partir de los 4 años en el paro (recordemos que hay 600.000 parados en esta situación), su posibilidad de trabajar baja al 5%. Esto explica la grave situación del parado de larga duración: acaba no teniendo salida, condenado al desempleo crónico  hasta que se jubile. Los parados que tienen menos de 52 años, cobran el subsidio de desempleo  hasta que se les acaba, lo que explica que el 40,4% de los parados no cobren ningún subsidio, según la última EPA de septiembre. Y los parados con más de 52 años pueden “engancharse” al subsidio hasta que se jubilen, pero no todos, sólo los que cumplen los requisitos exigidos: 6 años cotizando, estar inscrito en las oficinas del SEPE y no tener más de 750 euros mensuales de ingresos. Al final, para cobrar 463 euros mensuales (480 en 2023) hasta que se jubilen, un subsidio que reciben hoy la mayoría de los 650.782 parados de más de 55 años que cobran el desempleo, según el SEPE.

Con este mínimo subsidio asistencial  o con el subsidio contributivo (903 euros al mes en octubre), los parados de larga duración están condenados a la pobreza. De hecho, los parados ya son el colectivo con más pobreza en España: un 41,5% estaban en situación de pobreza y exclusión social en 2021, el doble que el conjunto de la población (20,4% son pobres), según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). La otra consecuencia del elevado paro de larga duración son los problemas de salud mental: hace años ya que los estudios médicos alertan de un aumento de la depresión entre los parados “crónicos”, advirtiendo que su situación genera “problemas de aislamiento, estrés económico, autocondena y sensación de inutilidad”, con graves consecuencias mentales y riesgo de suicidio.

¿Qué se puede hacer? La Comisión Europea y otros organismos internacionales llevan años pidiendo a España que gaste más y mejor en políticas activas de empleo, desde incentivos a la contratación a la mejora de la formación de los parados, en especial los parados de larga duración. Tal es así que Bruselas ha incluido las políticas activas de empleo como una de las reformas que exige a España para recibir los Fondos del Plan de Recuperación. El Gobierno Sánchez ha tomado nota, actuando por dos vías: aumentando los recursos públicos para las políticas activas de empleo (6.423 millones en 2022, frente a 5.700 en 2018) y aprobando, en junio de 2022, una Ley de Empleo, cuyas enmiendas se debaten ahora en el Congreso y que debe aprobarse este año para cumplir con la UE.

Esta Ley de Empleo pretende modernizar las políticas activas de empleo, con una reforma del sistema de incentivos a la contratación y a la formación, en colaboración con autonomías y ayuntamientos. Pero la Ley ha sido muy duramente criticada, primero por el Consejo Económico y Social (CES) y luego por los sindicatos y la patronal, que la consideran “insuficiente”, porque no asegura la financiación de los programas ni su control, no reformando a fondo las políticas de empleo ni las oficinas de empleo (faltas de personal y medios), que en 6 meses pasarán a ser la base de una nueva Agencia Española del Empleo. La crítica básica es que la Ley promete una atención personalizada a los parados (en un mes) y ayuda para insertarlos en el mercado laboral, pero sin concretar medios y financiación.

Los sindicatos reiteran la necesidad de que las oficinas de empleo sean útiles, dado que el 94% de los parados de larga duración “jamás han recibido una oferta de empleo del SEPE”, según UGT. Y la patronal quiere que estas oficinas colaboren más con las ETTs y agencias de colocación privadas, porque “es más barato gastarse en recolocar a los parados que pagarles 1 año de desempleo”. Y se quejan de que las ayudas públicas a los parados (desde el subsidio de paro a las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital) “desincentiven la búsqueda de empleo” y piden que cobrarlas esté ligado a no poder rechazar más de 2 empleos.

Al final, entre las noticias de que mejora el empleo y baja el paro (que son verdad) se pierde el hecho de que muchos parados no notan esta mejoría y siguen sin trabajo años después de haberlo perdido. Una situación de “paro crónico” que afecta especialmente a los mayores de 45 años, que encuentran pocos trabajos y se ven obligados a estar en el paro hasta la jubilación, malviviendo y entrando en depresión. Urge aprobar un Plan de choque, con medidas concretas para incentivar la contratación de estos parados de larga duración y mejorar su formación para que resulte más fácil colocarles. Y todo ello, modernizando de una vez las oficinas de empleo, totalmente ineficaces y que sólo sirven para canalizar subsidios, más costosos que recolocar parados. Es hora de “dar una salida” a estos 1.256.600 parados crónicos, mayores sobre todo, que siguen ahí, marginados tras las tres últimas crisis.

jueves, 24 de julio de 2014

¡ Bienvenido el empleo, aunque sea insuficiente !


Esta primavera se crearon en España  402.400 empleos, el triple que en la de 2013. Y el último año, descontando los empleos perdidos desde octubre, se han creado casi 200.000 empleos netos, algo que no pasaba desde 2008. Por fin aparece el empleo, aunque sea casi en exclusiva por el turismo y el comercio (rebajas), y sepamos que una mayoría es temporal y se va a perder. El problema es que hay demasiados parados (5,6 millones) y la mitad no acceden a los nuevos empleos, porque son pocos (1 oferta por cada 110 parados) y porque son jóvenes sin experiencia o mayores de 45 años, la mayoría con poca formación y más de 2 años en paro. Es urgente mejorar la empleabilidad de los parados mayores, mujeres y jóvenes. Y crecer más, en Europa y en España. Porque a este ritmo de crecimiento (0,5%) y de empleo, harían falta 14 años para reducir el paro a la mitad. Es inadmisible.
 
enrique ortega

La EPA del segundo trimestre se esperaba buena pero ha sido mejor: tras dos trimestres perdiéndose empleo, en primavera se han creado 402.400 puestos de trabajo, el triple que la primavera de 2013 (+130.000). Eso sí, los nuevos empleos están concentrados en los servicios (+378.700), debido al tirón del turismo y del comercio (rebajas), aunque también creció el empleo, pero poco, en la industria (+56.700) y la construcción (+36.900), cayendo en la agricultura (-69.800). Y una buena parte del nuevo empleo es temporal (53%) y a tiempo parcial (24,4%), con lo que podría perderse en otoño. Pero se trata de una buena noticia y más si vemos que, descontando el empleo perdido desde octubre, el balance del último año es ya positivo: se han creado 192.400 empleos netos, lo que no pasaba desde 2008.

El paro baja menos de lo que sube el empleo, porque este trimestre han aumentado los españoles que buscaban trabajo (los “activos”), por primera vez en el último año y medio. Así, el número de parados se reduce en 310.400 y queda en 5.622.900, una tasa del 24,47%,  todavía casi uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar. El paro ha bajado sobre todo en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque lo preocupante es que todavía cinco autonomías superan o rondan el 30% de paro: Andalucía (34,74%), Canarias (32,68%), Ceuta (31,40%), Extremadura (29,43%) y Castilla la Mancha (28,69%). Y que todavía hay 1.834.400 hogares donde todos sus miembros están en paro.

La creación de empleo, aunque sea precario y mal pagado, es una buena noticia. Pero el problema de fondo es que la mitad de los parados no se beneficien. Primero, porque es escaso: hay una oferta de trabajo por cada 110 parados, mientras en Europa son 12,3 parados por vacante (2 en Alemania y 4 en Reino Unido), según datos de Asempleo. Y sobre todo, porque los nuevos empleos están concentrados entre los 25 y los 34 años, pasando luego a los de 35 a 45 años, según un reciente estudio de Infoempleo y Addeco. Quedan fuera dos colectivos muy importantes: los mayores de 45 años (sólo reciben el 6,6% de las ofertas, aunque representan el 42% de los parados) y los jóvenes, los menores de 25 años (porque el 67% de las ofertas exigen experiencia). Además, los nuevos empleos exigen formación (el 61% titulados universitarios y el 38% FP o bachiller) que no tienen la mitad de los parados. Y además, dos tercios de las ofertas (61%) se concentran en cuatro regiones (Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco), con lo que se ofrecen pocas en la mayoría del país.

Otros parados con pocas posibilidades de trabajar son los que llevan más de 1 año en el paro, más de la mitad de los parados: 3.493.600 en el segundo trimestre. Según la OIT, sólo tienen un 11,7% de posibilidades de encontrar empleo tras estar 2 años parados y eso les pasa a 2.384.300 parados españoles de larga duración, en su mayoría padres de familia entre 30 y 44 años (40% del total), mayores de 45 años (35%) y jóvenes (25%). Y eso se agrava con que casi la mitad de estos “parados con antigüedad” tienen poca formación: 1,7 millones de los parados que llevan más de un año sin trabajar no tienen la secundaria acabada.

No es sólo que la mayoría de parados tenga difícil beneficiarse del aumento del empleo. Es que mientras encuentran uno, la mayoría no cobra el desempleo ni ninguna ayuda. Así, en mayo, sólo cobraban 2.487.956 parados registrados, el 44,24% de los españoles que se consideran parados según la EPA del segundo trimestre (5.622.900). Y de ellos, menos de la mitad (1.008.196) cobran un subsidio (814,20 euros mensuales) y el resto una ayuda de 426 euros al mes. Eso significa  que 3.134.944 parados (el 55,76%) no cobran nada. Y esto es especialmente grave en 6 autonomías: Baleares (66,4% parados no cobran nada), Ceuta (63,3%), Murcia (62,3%), Aragón y Canarias (60,3%) y Melilla (39,8%). De hecho, sólo hay tres autonomías donde más de la mitad de parados cobran: Extremadura (63,18%), Navarra (51,7%) y Asturias (50,8%). Son más de 3 millones de familias condenadas a la pobreza.

En resumen, que debemos felicitarnos de que se esté creando empleo, pero debemos preocuparnos porque más de la mitad de los parados se quedan fuera, sin olerlo. Por eso, es urgente tomar medidas en dos frentes. Uno, mejorando la formación de los parados, en especial los de larga duración y mayores de 45 años (el 60,79 % no llegó a terminar la secundaria), en lugar de recortar cursos, como ha hecho el Gobierno Rajoy desde que llegó. Y dos, poniendo en marcha políticas activas para recolocar a los parados con más problemas : mujeres, jóvenes sin experiencia y mayores de 45 años, sobre todo a los que llevan más de dos años en paro, como ha pedido la Comisión Europea a España. Eso exigiría incentivar su contratación, como ha pedido incluso el FMI.

En paralelo, hay que tomarse como una prioridad nacional ayudar a buscar un empleo a los 5,6 millones de parados. Es una vergüenza que hasta el 17 de julio no se haya puesto en marcha un portal único de empleo en España, uno de los pocos países europeos que no lo tenían. Otra vergüenza es que se haya tardado cuatro años en dar entrada a las ETTs privadas para que ayuden a las autonomías a buscar trabajo a los parados, cuando tienen más éxito (consiguen contratos al 15% frente al 3% que coloca el SEPE). Ahora, se les pagará entre 300 y 3.000 euros por parado al que consigan trabajo durante al menos 6 meses, una vía que puede dar frutos, siempre que se vigile el fraude (empresas vinculadas que contratan para cobran el incentivo). Y la tercera vergüenza es que se haya tardado más de un año en poner en marcha la Garantía Juvenil, para ofrecer un trabajo, unas prácticas o un curso de formación a los 550.000 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. El programa empezó el 7 de julio y deberían ofrecerles una de las tres opciones antes de cuatro meses, aunque en España, por su alto paro, no es una obligación (como en la mayoría de Europa) sino una “intención”, que cuenta con pocos recursos (1.800 millones en dos años).

Ahora que se subsanan estas “tres vergüenzas”, esperemos que ayuden a colocar a más parados. Pero lo fundamental es que aumenten las ofertas, que se creen más empleos. Para eso hace falta que España crezca más, porque con el pequeño crecimiento actual (+0,5% en el 2º trimestre y +0,4% en el 1º), se crea poco empleo, salvo en primavera y verano. Hace falta impulsar la economía europea, como ha prometido el nuevo presidente Juncker (invertir 300.000 millones en 3 años), y la española, acabando con los recortes (que se temen para 2015, en el Estado y las autonomías) y reanimando el consumo y la inversión, con mayores subidas de salarios, más crédito, ayudas a la inversión y fomento de la reindustrialización. Hay que crecer por encima del 2% para crear el doble de empleo del actual, porque a este ritmo necesitamos 14 años para reducir el paro a la mitad.

Hay que dejarse de triunfalismos sobre el empleo (Rajoy) porque tenemos una cifra de paro escandalosa y porque en España trabaja mucha menos gente que en Europa (y por eso somos más pobres): sólo tienen un empleo el 58,2% de los españoles de 20 a 64 años, frente al 68,3% de europeos con empleo en la UE-28 (y frente a Suecia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Reino Unido, donde tres de cada cuatro personas trabajan). O sea, que España tiene que crear empleo para los que están parados y para los que ni siquiera buscan trabajo pero que deberían  trabajar para ponernos “a nivel europeo”. Un reto inmenso de 10 millones de empleos. Como para echar las campanas al vuelo por 402.400. Seamos serios.

miércoles, 16 de febrero de 2011

Reforma del INEM: desempleados, no parados

Uno de cada cinco españoles en edad de trabajar está parado. Un drama individual y colectivo que no se podrá empezar a arreglar hasta que la economía no crezca, a partir de 2012. Pero mientras, algo habrá que hacer. Por un lado, ayudarles a formarse y a buscar trabajo, ya que hacer cola en el INEM actual y sellar les vale ahora para poco. Por otro, habrá que ayudar a los que no cobran el paro, 1.700.000 españoles actualmente. El Gobierno, sindicatos y patronal han pactado una reforma de las políticas de empleo, para asesorar y ayudar a los parados a formarse y buscar trabajo. Y vuelven los 400 euros para los parados sin ingresos.
Cada mes hay menos parados que cobran el desempleo, porque aunque el paro crece, son más a los que se les acaban los dos años de paro. A finales de 2010 había 1.389.491 parados cobrando el paro que habían cotizado (845 euros de media), unos 300.000 menos que a principios de año. Y 1.457.539 parados más que cobraban un paro asistencial (486 euros de media), porque o no han cotizado suficiente o se les ha acabado el paro y tienen cargas familiares, un colectivo que crece mes a mes. Y luego están los que no cobran nada, más de 1.700.000 parados según la EPA. Para paliar algo su situación, el Gobierno ha vuelto a poner la ayuda de los 400 euros mensuales (antes era 426), que pueden pedir desde el 16 de febrero, por 6 meses, los parados sin casi  ingresos (menos de 642 euros), con la obligación de hacer cursos de formación. Beneficiará a 192.000 parados , pero no podrán recibirla los que ya cobraron los 426 euros (800.000 parados).

Al final, pagar (poco) a tres de cada cuatro parados registrados va a costar este año unos 30.000 millones de euros, menos dinero que en 2010 (-1,7%), a pesar de aumentar el paro. Otros 8.000 se van a destinar a ayudar a los parados a encontrar trabajo, lo que se llaman políticas activas de empleo. Un dinero escaso, porcentualmente la mitad del que destina la Unión Europea. Además, para formación de parados sólo habrá 1.050 millones, una cifra que apenas ha variado en los últimos cuatro años, a pesar de que los parados se han duplicado.
La verdad es que los cursos del INEM (ahora Servicios Públicos de Empleo, SPE) tienen poco éxito: sólo los siguen 865.200, uno de cada cinco parados registrados. Y los hacen sobre todo los jóvenes, con lo que están sirviendo más para cubrir el fracaso escolar y formar lo que no han hecho las aulas. Los expertos dicen que el catálogo de cursos es obsoleto, que son demasiado largos (62% duran más de 200 horas) y tienen poco que ver con la formación que necesitan las empresas. Además, más de la mitad de los parados tiene poca formación (2,6 millones no tienen estudios secundarios ni superiores) y son los que menos hacen cursos.
Ahora, se quiere cambiar el sistema de los SPE, con el objetivo de ayudar a los parados a reciclarse. Y si no, no cobrarán la ayuda por desempleo. La idea es que cada parado tenga una persona que lo tutele y le marque un itinerario para volver a trabajar, con formación adaptada a su perfil. Suena bien, pero hacen falta medios y presupuesto, ya que en España hay un funcionario del INEM (SPE) por cada 190 parados, mientras en Europa hay el triple (1 por 59). Se van a contratar 1.500 orientadores, que se sumarán a otros 1.500 contratados hace dos años. Y van a colaborar las agencias privadas de colocación, las ETTs.
El objetivo es conseguir que los SPE sean de verdad agencias de colocación de los parados y no la oficina de sellar el paro, ya que ahora sólo colocan a un 3 % de los parados. Para ello, se va a hacer un Plan estatal, coordinando mejor la actuación de las autonomías, que gestionan las políticas activas de empleo. De entrada, se va a centrar en los parados sin prestación, jóvenes, mayores de 45 años y los que vienen de la construcción. Y para 2013 se quiere que cada parado tenga un itinerario individual de reciclaje para encontrar empleo.
Ojalá salga bien. Claro que además de tutela y formación, los parados necesitan que haya trabajo. Y de momento, este año se creará poco empleo y subirá el paro a 4,8 millones, según las previsiones de la patronal CEOE y del BBVA. Pero algo hay que hacer con ellos. Pueden estar sin trabajo, pero no parados.

domingo, 5 de diciembre de 2010

Generaciones perdidas

Tengo un amigo de 55 años en paro, tras haber cerrado su empresa y haber fracasado en su intento de montar una pyme con otros compañeros. Y su hija, de 25 años, está también sin trabajo, tras haber tenido varios subempleos, a pesar de tener una formación 2i (ingeniería informática). Es el caso de cientos de miles de familias españolas, donde alguno de los padres y de los hijos están sin trabajo. Y es que en España, 1.300.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Y tres millones de familias tienen la mitad de sus activos sin trabajo.
El paro lleva dos años creciendo sobre todo en dos colectivos: los jóvenes y los mayores de 55 años. Entre los jóvenes de 16 a 25 años, casi 5 millones de españoles, la tasa de paro es del 42% en España, el doble que en Europa. Y si en los dos últimos años se han perdido en Europa 2,5 millones de empleos entre los menores de 25 años, la cuarta parte  (650.000 empleos) se han eliminado en España. Y la consecuencia es que muchos se desaniman: uno de cada seis jóvenes de entre 20 y 24 años ni trabaja ni estudia en España (generación ni-ni).
Sus padres, sobre todo si son mayores, lo tienen aún peor. Más de la mitad de los mayores de 55 años no trabajan en España (ni en Europa). El resto, la mayoría de este colectivo de otros 5 millones de españoles, están parados o jubilados. Y la mitad de los que están sin empleo, llevan más de dos años buscándolo. Pero lo tienen difícil  : o les dicen que tienen que reciclarse, que tienen “demasiada experiencia” o que con su sueldo pueden contratar a tres jóvenes (a los que tampoco contratan). Si se baja un poco más la edad, se ve que uno de cada tres parados tiene más de 45 años. Son 1.403.000 desempleados y la mitad de ellos se han quedado sin trabajo en esta crisis.
En definitiva, tenemos una economía (en todo el mundo, pero más en España) que no es capaz de dar trabajo a los más jóvenes y a los mayores de 45 años. Dos generaciones perdidas. El gran problema lo tienen los desempleados mayores, ya que tienen muy negra su jubilación, sobre todo si tienen que esperar hasta los 67 sin trabajo y cotizando menos en sus últimos años. Además, el problema se va a agravar en el futuro: los mayores de 55 años es el único grupo que va a crecer dentro de 40 años en España, mientras habrá porcentualmente menos jóvenes entre 16 y 25 años. Seremos un país con más viejos.
Algún día, más tarde que pronto, saldremos de la crisis, pero seguirá sin haber oportunidades para mi generación, los de 55 años, que ya tendrán 60, y se verán obligados a jubilarse más tarde y en peores condiciones. Será de verdad una generación perdida. La que no tiene que perderse es la generación más joven, abocada hoy al paro o al subempleo, sin poder abandonar la casa familiar, donde sus padres también sufren la crisis. Hay que buscarles una salida. No es este el mundo que quiero para mis hijos .Tienen ahora 7 años. ¿Qué les espera dentro de quince años, cuando busquen trabajo? No quiero ni pensarlo.