La pandemia se come los salarios

Con la pandemia, los ingresos de los trabajadores europeos cayeron un -4,8% en 2020, según Eurostat. Y en España más, un -5,7%. Unos trabajadores perdieron todos sus ingresos (se quedaron en paro), otros más de una cuarta parte (al pasar a un ERTE) y la mayoría ganaron menos porque trabajaron menos días y menos horas. La caída de ingresos fue desigual: más para jóvenes, mujeres e inmigrantes y trabajadores precarios, sobre todo de hostelería y comercio, en Canarias, Baleares y Cataluña. Al final, en 2020, el coste salarial le bajó a las empresas un -1,2% y los convenios subieron de media un +1,89%. Este año 2021, la negociación salarial será dura: las empresas van a subir aún menos los sueldos, tratando de congelar muchos e incluso bajar otros, a cambio de mantener el empleo. Pero ojo: necesitamos que suban los salarios (incluido en salario mínimo), aunque sea poco, para reanimar el consumo y la economía, a cambio de mejorar la productividad. Los trabajadores pobres apenas gastan.  

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, los salarios llevaban cuatro años (2016-2019) subiendo en todo el mundo, entre el +1,6% y el +2,2% anual,  tras el largo ajuste que sufrieron (2010-2015) a raíz de la anterior crisis. Pero en 2020 se rompió esa tendencia, sobre todo a partir de marzo y será el primer año en que caigan los ingresos de los trabajadores, en todo el mundo, según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cifra en una caída global del -6,5% los ingresos de los trabajadores en el mundo, una caída que ha sido mayor entre las mujeres (-8,1%) y sobre todo entre los trabajadores con sueldos más bajos (habrán perdido un -17,3% de ingresos). Una parte de esa caída de ingresos ha sido paliada por las ayudas públicas (subsidios, ERTEs, ayudas a familias), pero se han repartido de forma desigual y no han servido para evitar pérdidas de ingresos.

En Europa, la estimación de Eurostat es que la renta laboral cayó un -4,8% en 2020, por los despidos (se cambia sueldo por subsidio, si se cobra), ERTEs (los trabajadores cobran el 70% del sueldo) y la reducción de días y horas trabajadas: se han hecho un 16,8% de horas menos de media en Europa (y -25% en España), según un estudio del BCE. La mayor pérdida de ingresos laborales se ha dado en Croacia (-10,6%), Grecia (-7,7%), Francia (-7,65), Chipre (-7,4%) e Italia (-7,6%), ocupando España el puesto 10º en el ranking de paises donde más cayeron los ingresos laborales, un -5,7% en 2020, según Eurostat. Los colectivos que sufrieron una mayor pérdida de ingresos fueron los trabajadores temporales y los jóvenes (-11,5%), las mujeres, los inmigrantes y los trabajadores con bajos sueldos (que sufrieron una caída entre 3 y 6 veces mayor que la media en la mitad de Europa).

En toda Europa, las ayudas públicas mitigaron parte de esta caída de ingresos. Pero finalmente, los trabajadores con menos sueldos perdieron más ingresos con la pandemia que los que ganan más, según Eurostat. En el caso de España, la renta salarial del 30% que menos gana cayó un -10% (más que en la UE-27, donde estos trabajadores perdieron un -8%). Y con las ayudas públicas  recibidas (subsidios, ERTEs, ayudas a familias), la caída se quedó finalmente en el -7%. Por el contrario, el 30% de españoles que más ganan perdieron sólo un -2% de ingresos con la pandemia, que se quedó en una caída del -1,5% tras las ayudas. Y en la franja de sueldos medios (el 40% restante de trabajadores), la pérdida de ingresos fue del -6,5% y se quedó en el 4,5% tras las ayudas públicas recibidas. Con ello, España ha sido el tercer país europeo con más desigualdad en el efecto salarial de la pandemia, tras Portugal y Luxemburgo.

Precisamente, una de las cuestiones que más preocupa a la OIT es que la pandemia ha agravado la desigualdad salarial en el mundo. Y lo mismo confirma Eurostat en Europa. En España, un estudio de CaixaBank y la Universidad Pompeu Fabra hecho sobre 3 millones de nóminas revela que la desigualdad salarial se agravó entre marzo y junio (con el confinamiento) y que se ha mantenido después, perjudicando más los sueldos de jóvenes, mujeres e inmigrantes, trabajadores de hostelería y comercio y los que trabajan en Baleares, Canarias y Cataluña, los más afectados por la pandemia y la recesión.

Los sindicatos ya alertaron en junio del riesgo de “intensa devaluación salarial en la segunda mitad del año”, mientras el presidente de la patronal CEOE reclamaba en el Congreso (12 de junio) “más facilidad para hacer ajustes salariales” y “más flexibilidad para aplicar descuelgues en los convenios colectivos que obligan a determinadas subidas salariales”. El resultado lo anticipaba una Encuesta empresarial hecha en verano por la consultora JPMG: casi el 60% de las empresas consultadas bajarían o congelarían el sueldo de consejeros, directivos y empleados en la segunda mitad de 2020, mientras que sólo el 4% de las empresas decían que iban a subir los sueldos en lo que quedaba de año. Y además, la mayoría de los encuestados (34%) preveían reducir también la retribución variable a los que tienen bonus, mientras otro 23% las retrasará y modificará y sólo el 24% las mantendrán.

Al final, el primer efecto claro de la pandemia es que se han negociado en 2020 muy pocos convenios colectivos y con una subida menor, según los datos de Trabajo. Al cierre de diciembre, se habían firmado sólo 524 convenios de empresa (424) y sector (100), la tercera parte que en 2019 (1.666 convenios firmados), que ya eran menos que los tres años anteriores (cerca de 1.900). Al final, entre los convenios nuevos y los vigentes de años anteriores, fueron 7.665.586 trabajadores los que revisaron su salario por convenio (poco más de un tercio de los 19.874.300 ocupados que hay en España), con un aumento medio del +1,89%, muy inferior al +2,24% que subió el salario de convenio en 2019.

Como se ve, la mayoría de los trabajadores no firmaron subida salarial o están fuera de convenio, por su tipo de contrato o su trabajo. Y aquí, el dato disponible lo da el INE, con su Encuesta de coste laboral. El último publicado, del tercer trimestre de 2020, indica que los costes laborales de las empresas españolas cayeron un -8,3% en el 2º trimestre y un -1,1% en el tercer trimestre, evidentemente por la pandemia. Cayó más el gasto en cotizaciones (por los ERTEs y despidos), pero también cayeron los costes salariales, lo que las empresas pagan a los trabajadores: un -1,2% cayó el coste laboral ordinario (sin atrasos ni pagos extras), entre septiembre de 2020 y un año antes. Con lo que salario medio se quedó en 1.689,45 euros de media en septiembre 2020, 21,90 euros menos que en septiembre de 2019. Esa es la bajada media mensual por la pandemia.

Esa bajada salarial media (-1,2%) ha sido mayor en la industria (-1,9%) y menor en los servicios (-1,3%), mientras ganan más que hace un año los trabajadores de la construcción (+1,2%), quizás por la recuperación inmobiliaria y la falta de operarios en algunas especialidades. Con todo, la mayor caída de sueldos se ha dado en la hostelería (-27,3%), cuyo sueldo medio es también el más bajo (810 euros de salario ordinario en septiembre 2020),  seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (1.197 euros), otros servicios (1.190), actividades artísticas y recreativas (1.300) y comercio (1.464 euros mensuales). Y por regiones, las mayores caídas de sueldos en 2020 se dieron en Canarias (-13,7%), Extremadura (-11,6%) y Baleares (-5%), según el INE.

Vistos los efectos salariales de la pandemia hasta ahora, queda estimar qué puede pasar en 2021. La OIT está preocupada por una nueva caída de los ingresos laborales este año, sobre todo cuando los Estados retiren las ayudas públicas, que han compensado en parte las pérdidas de ingresos en 2020. Los expertos temen sobre todo la nueva caída (-20%) en los salarios más bajos y un aumento de la ya fuerte desigualdad salarial, en perjuicio otra vez de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores pobres. En Europa, se anuncian ya bajadas de salarios en Francia e Italia. Y en España, las encuestas realizadas anticipan que una gran parte de las empresas pretenden congelar salarios, un porcentaje menor bajarlos y los que puedan subirlos no lo harán más de un 1%, la mitad del 2% de subida pactada por el Acuerdo trianual de sindicatos y patronal para 2020.

La negociación salarial se espera para febrero y marzo y las empresas están retrasando su propuesta hasta ver qué pasa con la 3ª ola de contagios y la esperada recuperación del primer trimestre. La ventaja es que en 2021 tendremos también una inflación baja, no tanto como la de 2020 (el IPC anual cayó un -0,5%), pero podría estar entre el +0,6 y el +0,9% anual (previsión del Gobierno, que no se alcanzará, según muchos expertos). Eso supone que si los sueldos suben un 1% de media en 2021, ganaremos poder adquisitivo, como ya sucedió en 2020 (se ganó un +1,5%). El Gobierno ya ha marcado el camino, subiendo un +0,9% el sueldo de los funcionarios y las pensiones, mientras deshoja la margarita de subir o no ese 0,9% al salario mínimo (que es de 950 euros en 14 pagas, 1.108 en 12).

El debate sobre la revisión del salario mínimo (SMI) ha creado polémica entre sindicatos y patronal, enturbiando la negociación colectiva, y también en el seno del propio Gobierno, donde el PSOE quiere congelarlo y Podemos subirlo un 0,9% (ojo: supondría 9,97 euros al mes, 33 céntimos diarios). Al margen de lo que cada uno piense, hay dos datos que aportar. El primero, que 15 paises de Europa han subido ya o van a subir el salario mínimo, a pesar de la pandemia y la recesión, entre ellos Francia (+1,2%, hasta 1.230 euros), Alemania (+2%, hasta 1.536 euros en julio), Holanda (algo menos del +2%, 1.654 euros), Reino Unido (+2,2%, hasta 1.561 euros), Irlanda (+1%, hasta 1.632 euros), Portugal (+4,7%, hasta 635 euros) y Polonia (+7,7%, hasta 630 euros). Y el otro, la reflexión de la OIT, que ha pedido a los paises una subida del salario mínimo porque es una manera de contrarrestar los efectos de la pandemia en los trabajadores más vulnerables, que son los que más ingresos pierden.

En España, algo más de 2 millones de trabajadores cobran el SMI y la mayoría tienen trabajos muy vulnerables, que son los más afectados por la pandemia, especialmente mujeres (6 de cada 10 personas que cobran el salario mínimo), jóvenes, trabajadores de los servicios (3 de cada 4 perceptores del SMI) y que viven en Andalucía (1 de cada 4 perceptores), Madrid (336.000) y Cataluña (193.000). Parece poco justificable privarles de una subida de 33 céntimos diarios, cuando ese 0,9% se ha subido a funcionarios y pensionistas. Y si una empresa (en el campo, la hostelería, el comercio o la limpieza) no puede pagarles esos 9,97 euros más al mes, su problema no es la subida del SMI sino su propia subsistencia.

Este debate del SMI abre otro que es mucho más de fondo: qué subida salarial se puede acordar para 2021. Si las empresas “se cierran en banda” y se atrincheran en congelar salarios o incluso bajarlos, amparadas en la pandemia, se va a torpedear la recuperación. Porque el principal motor del crecimiento es el consumo privado (aporta más del 50% del PIB) y no habrá mejoría del consumo si los sueldos se estancan o bajan (y tampoco si no despejamos las incertidumbres y acabamos con  la 3ª ola). Por eso, si las empresas quieren recuperar sus ventas, deben subir algo los sueldos de sus trabajadores. Al menos el 1%, para que puedan ganar algo de poder adquisitivo. Y las que puedan subir más, deben hacerlo, en favor de la recuperación. Eso sí, a cambio, sindicatos y trabajadores tienen que comprometerse a mejorar la productividad, a trabajar con eficacia.

En definitiva, la gran preocupación de 2021 es reanimar la economía y que no crezca el paro, pero hay que preocupase también de que los que tienen un empleo no pierdan más ingresos y no caigan sus sueldos, para que puedan gastar y consumir. Los “fundamentalistas” del ajuste salarial deben entender que va contra sus intereses, contra la lógica económica, además de ser socialmente injusto, porque lo que bajan son los sueldos peores, no los medios y altos, como ya pasó en la anterior crisis y como ha sucedido en 2020. No vale hablar de ajustarse el cinturón cuando sólo lo hacen algunos y cuando eso frena la recuperación. Hay que pactar una subida de sueldos razonable, equitativa y justa.  

Vuelve fuerte la inflación

Los precios han escalado hasta el 3% anual en febrero desde el -0,1% que bajaban hace 6 meses, según el IPC conocido hoy. Vuelve la inflación, tras 3 años de bajadas de precios, un coste extra que pagaremos todos, pero sobre todo los pensionistas y asalariados, que perderán poder adquisitivo este año y el próximo. Además, esta alta inflación  recortará el consumo y frenará las exportaciones y el turismo, reduciendo el crecimiento y el empleo. Se echa la culpa al petróleo, pero esta inflación tiene mucho que ver con monopolios que imponen subidas, como las petroleras, eléctricas, telecos o banca: no es casualidad que paguemos los carburantes, la luz, los móviles o las hipotecas más caros de Europa. También hay precios que crecen por el camino, por exceso de intermediarios. Y empresas poco eficientes, que solo sobreviven con precios altos. Urge controlar cómo se forman los precios y fomentar la competencia. No permitir que ahora suba todo con la excusa del petróleo.
 

enrique ortega

Desde que España está en el euro (1999), los precios en España han subido casi siempre más que en Europa: 2,3% de media en 2008-2012 (frente a 2,1% en la zona euro) y 1,5% en 2013 (1,3% en la eurozona). Pero en 2014, los precios comenzaron a bajar, más en España que en Europa, gracias a la rebaja del petróleo, los bajos tipos de interés y un euro débil. Y así, hemos tenido en España inflación media negativa en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%). La situación cambió en otoño pasado y el IPC subió por primera vez en septiembre de 2016 (+0,2%), con subidas posteriores y una inflación anual del 1,6% en diciembre, básicamente por la subida del petróleo y los carburantes. Pero en enero, la situación se agravó, con la fuerte subida de la luz, elevando la inflación anual al 3%, la más alta desde . Y en febrero se ha mantenido en ese 3% anual, según el IPC anticipado conocido hoy, gracias a la bajada de la luz (-10%), aunque subieron en febrero los móviles e internet, algunos alimentos y los alquileres. Con ello, tenemos la inflación más alta desde octubre de 2012.

La primera causa de esta alta inflación es la subida del petróleo, que ronda los 57 dólares por barril, más del doble que hace un año (22,77 dólares en enero 2016). Eso repercute directamente en la subida de los carburantes, agravada tras la decisión de la OPEP (30 de noviembre 2016) de recortar la producción de crudo para hacer subir los precios. Y así, estamos pagando la gasolina un 6,84% más cara que el 28 de noviembre y el gasóleo otro 6,76% más caro, lo que dispara el IPC (16% enero). También ha pesado mucho en enero la subida de la luz (un 26%), al dispararse el precio del kilowatio por la climatología y la ola de frío, que también han disparado los precios de las frutas y verduras y muchos alimentos. En febrero subieron también las tarifas del móvil e Internet (Movistar y Orange), que pesan mucho en el IPC. Y también los alquileres llevan meses subiendo en toda España, por encima del 10% en las grandes ciudades.

Ahora, los expertos auguran que la inflación siga alta hasta el verano, con precios altos de los carburantes y la energía, además de los alimentos y alquileres. Y que no bajen hasta septiembre, para cerrar el año con una inflación media del 1,5%, que la Comisión Europea eleva hasta el 1,9% en 2017 (y el 1,7% en 2018). Con ello, España sería este año el 5º país europeo con más inflación, sólo por detrás de Estonia, Letonia, Bélgica y Luxemburgo, por encima del 1,7% que subirán los precios en la zona euro en 2017. Y eso si el petróleo no dispara su precio o se encarece más porque baje más el euro con lo que lo pagamos.

Vuelve la inflación, hasta una subida media del 1,9% este año, y eso va a cambiar la vida de los españoles, que ya se habían medio acostumbrado a las bajadas de precios (2014 a 2016). Ahora, todo será más caro y la inflación aparece como “el peor impuesto”, porque “se come” los ingresos de todo el mundo pero sobre todo de los que menos tienen: los pensionistas y los que viven de un sueldo modesto.

Para los 8.647.825 pensionistas españoles, 2017 será el primer año en que perderán poder adquisitivo desde 2013, cuando ya habían perdido un 4,6% de poder adquisitivo desde 2011. Ahora, el Gobierno Rajoy les ha subido la pensión un 0,25% este año y como la inflación media subirá un 1,9%, perderán otro 1,65% de poder adquisitivo. Y perderán otro 1,45% en 2018. Todo apunta a que, a la vista de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, les seguirán subiendo ese 0,25% hasta 2040 (así lo vaticina el Banco de España) y como la inflación seguirá en el 1,8% anual, los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo: un 7% hasta 2022, según los cálculos de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef).

Otros “paganos” del repunte de la inflación serán los 2,5 millones de funcionarios públicos. Tras perder un 14% de poder adquisitivo de 2010 a 2015 (por la bajada de sueldos del 5% en mayo de 2010 y la congelación salarial de 2011 a 2015), en 2016 recuperaron algo (los sueldos les subieron un 1% y la inflación media bajó el 0,2%), pero ahora van a volver a perder poder adquisitivo, ya que se espera que les suban el sueldo un 1% este año (con la inflación anual al 1,9%, perderían un 0,9%, más de lo ganado en 2016). Y con una subida similar, volverán a perder poder adquisitivo (-0,4%) en 2018.

Y lo mismo les pasará a la mayoría de los trabajadores que viven de un sueldo. Si bien en los últimos tres años han ganado poder adquisitivo, por la inflación negativa, a pesar de las mínimas subidas de sueldos de 2014 (+0,57%), 2015 (+0,48%) y 2016 (+1,09%), este año 2017 lo perderán: la patronal CEOE defiende subidas del 1 al 1,2 % (máximo 1,5%), insuficientes para cubrir la esperada subida de la inflación (1,9%). De hecho, la Comisión Europea, en sus recientes previsiones de invierno, calcula que los trabajadores españoles perderán poder adquisitivo en 2017 (-0,3%) y 2018 (-0,4%). Y eso es más preocupante porque España tiene los salarios más bajos de Europa: el salario medio por hora (sin cotizaciones) era en España de 15,8 euros en 2015, frente a 19 euros en la UE-28 y 22 euros en la zona euro, según Eurostat. Y si comparamos los salarios medios, el salario bruto es de 1.640 euros en España, frente a 1.995 euros en la UE-28, un 17,8% menos, según el IV Monitor de salarios de Adecco (datos 2015). O sea, tenemos menos salarios y más inflación.

La primera consecuencia del repunte de la inflación, en Europa pero más en España, es que las subidas de precios se comerán parte de las pensiones y salarios, reduciendo el consumo de millones de españoles. Y con menos gasto, las empresas venderán menos, invertirán menos y crearán menos empleo. Además, la alta inflación tiene otros efectos negativos. El más inmediato, que encarece el dinero, porque los inversores piden más por su ahorro ahora que se come una parte la inflación. De hecho, el coste de la deuda pública ya ha subido y también las empresas tienen más caro financiarse, a la vez que han subido las hipotecas. Dado que España es un país muy endeudado, que necesita 350.000 millones de financiación este año, la mayor inflación nos encarecerá este dinero: pagar un 1% más supone, al Estado, las empresas y familias, pagar 3.500 millones más de intereses. Un dinero que tendrá que salir de otro sitio, obligando a más recortes del Presupuesto y del gasto de empresas y hogares.

Pero hay más. Una alta inflación penaliza a los ahorradores, ya que "se come" una parte de los intereses que reciben, hoy en mínimos. Así, los hogares españoles tenían 771.200 millones en depósitos bancarios, a finales de 2016, por los que recibían entre un 0,07% (a 1 año) y un 0,13% (a más de 2 años), intereses mínimos que ahora se comerá la inflación.

La subida de precios será también muy negativa para el turismo, el principal motor de crecimiento de la economía española estos años. Ahora, España será un país un 1,9% más caro y eso se traducirá en menos turistas o en los mismos turistas que vienen menos días (ya se ha reducido la estancia media a 7,9 días) o gastan menos. Pero lo peor puede ser el efecto negativo de la inflación sobre las exportaciones, otro de los motores de nuestro crecimiento. España ganó competitividad entre 2014 y 2016, porque tuvimos menos inflación que en la zona euro, pero eso ha empezado a cambiar. En enero de 2017, la inflación anual en España era del 3% frente al 1,8% en la zona euro, el mayor diferencial desde agosto de 2013. Y tenemos ahora el doble de inflación que Francia (1,6) o Italia (1%), dos de nuestros competidores en Europa, lo que supondrá un freno a nuestras exportaciones (que batieron récords en 2016). Y si el euro sigue alto, por encima de 1,05 dólares, eso dificulta además nuestras ventas fuera de Europa, ya complicadas con las amenazas de proteccionismo de Trump.

Así que la alta inflación frena el consumo y las ventas, aumenta la factura de los intereses, penaliza el ahorro, entorpece el turismo y las exportaciones. En definitiva, reduce más el crecimiento, que ya se estimaba bajo para este año: un 2,3% según la Comisión Europea, frente al 3,2% de 2015 y 2016. Y eso se traduce en menos empleo, lo que más debería preocuparnos especialmente: se espera crear 370.162 nuevos empleos este año 2017, según las previsiones de la Comisión Europea, menos de los 413.900 creados en 2016 y de los 525.100 creados en 2015. Así que la alta inflación es “la puntilla” para el empleo en un año de grandes incertidumbres económicas y políticas en el mundo y en Europa.

¿Qué se puede hacer? El Gobierno Rajoy “le echa la culpa al petróleo”, dice que los precios bajarán en el segundo trimestre y mientras intenta dar la imagen de que “hace algo”, aprobando el 3 de febrero un decreto para desarrollar la llamada Ley de Indexación, aprobada sin aplicarse en 2015. Se trata de prohibir “actualizar con el IPC precios y tasas públicas”, con la excepción de la luz, el gas, el butano y algunos contratos públicos. En teoría, significa que no subirán las tarifas públicas que dependen del Gobierno (como peajes, trenes, tarifas postales, etc.), que ya han subido o no iban a subir (autopistas). Y mientras, las empresas privadas pueden subir lo que quieran. Una medida “de cara a la galería”, poco efectiva para frenar de verdad la inflación.

Lo efectivo sería que el Gobierno controlara los precios de los sectores dominados por oligopolios, pocas empresas que imponen precios. Es el caso de las petroleras (las grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (el triopolio de Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan el 44% del mercado y los 6 mayores bancos el 69%). Y no sólo pactan y acuerdan precios, sino que los disparan, ante el descontrol del Gobierno. Por eso pagamos la 2º gasolina más cara de Europa (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y lo mismo en muchos otros sectores: la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes a 80 sectores, desde las petroleras a las telecos, pasando por las empresas de recogida de basuras, cementeras, concesionarios de automóviles y hasta las funerarias, por pactar precios (al alza, claro). Y siguen haciéndolo.

En otros casos, el problema es la larga cadena de distribución de los productos (los alimentos, por ejemplo), con una legión de intermediarios que suman comisiones y encarecen el precio final. Otras veces, las más, se trata de empresas poco eficientes (por su pequeño tamaño o su escasa competitividad), que se ven obligadas a vender a precios altos para sobrevivir, porque “no subsisten sin inflación”. Y en muchos sectores (como los servicios), el problema es la falta de competencia, de nuevas empresas y de más comercio online.

En todo ello debería intervenir el Gobierno, porque el petróleo cuesta igual a todos pero España tiene ahora la tercera mayor inflación de Europa. Y eso es porque nuestras empresas y nuestra economía son menos eficientes, tienen más costes (y más beneficios en el caso de los oligopolios) y  lo pagamos los consumidores. Habría  que crear un organismo de verdad independiente, no la Comisión de la Competencia (ineficaz por sus peleas internas y su dependencia del Gobierno), para analizar sector a sector, garantizar la competencia efectiva y ver qué subidas de precios están justificadas y cuáles no. Teóricamente es el mercado el que fija “libremente” los precios, pero sabemos que no es así, que hay sectores y empresas que “manipulan” los precios, como explica el libro “La economía de la manipulación”, de los Nobel Akerlof y Shiller. Y por eso vuelve la inflación a poco que suba el petróleo, atacando a los más débiles, al crecimiento y al empleo. Demasiado coste para no hacer nada y esperar a que la inflación “baje sola”. Muchos salen ganando.