España va mal, los españoles bien

Sorprende, pero es lo que piensan los españoles, según el último Barómetro del CIS: el 73% cree que la economía va mal o muy mal (ojo: poco más que hace un año...) pero un 63% de españoles califican su situación económica como buena o muy buena. Y casi un 62% de los españoles se considera clase media, sobrevalorando la realidad, porque lo son únicamente el 50%. Y más cuestiones chocantes: la mayoría apoya las ayudas del Gobierno Sánchez y creen que está más capacitado que el PP para resolver los problemas económicos…pero en intención de voto gana el PP al PSOE, según la Encuesta 40dB. O sea: lo hacen bien, pero "caen mal". Quizás se explique por la "polarización" de los españoles, que se comportan como los “hinchas” de un club de fútbol: no aprecian los goles del contrario y celebran que pierdan. Media España no valora la lucha contra la crisis y quieren quitar al Gobierno, haga lo que haga. Y la otra media, “pasa” o quiere más. Así no avanzamos.

Enrique Ortega

El último Barómetro del CIS, publicado en septiembre, aporta una serie de resultados muy “chocantes”. El primero, el contraste entre cómo ven los españoles la situación económica de España y la suya propia. Sobre España, un 69,6% de los encuestados son pesimistas y ven la situación económica mala (43%) o muy mala (26,6%), mientras sólo el 20,6% son optimistas y la ven buena (19,9% ) y muy buena (0,7%). En las respuestas, hay un dato llamativo: hay más optimistas sobre la economía ahora (20,6%) que hace un año (15,9% de optimistas), cuando no había problemas de inflación o energía ni guerra. Y el Barómetro de octubre, publicado esta mañana, incide en el pesimismo: un 73,2% ve la situación económica de España mala (43,5%) o muy mala (29,7%), poco más que hace un año (69,6% eran pesimistas en octubre 2021).

Pero al preguntarles sobre su propia situación económica, ganan los encuestados optimistas: el 63% creen que su situación económica es buena (59,1%) o muy buena (3,9%), unos porcentajes similares a los de hace un año (63,2% de optimistas). Y los pesimistas sobre su propia economía se quedan en el 25,5% (algo peor que el 21,4% de hace un año), sumando los que ven su situación económica mala (19,7%) y muy mala (5,8%). Y otro dato chocante: los más optimistas son los votantes de Vox (5,2% dicen que su economía es muy buena) y Podemos (5,3%), muy por encima del optimismo de los votantes más optimistas del PSOE (3,6%) y PP (3,5%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y hoy, el Barómetro del CIS de octubre, mantiene el optimismo de los encuestados sobre su situación económica: el 62,9% la ven buena (59,9%) o muy buena (3%).

Quizás este “optimismo” sobre la propia situación económica se explique porque hay mucha más gente trabajando (se han creado 1.861.000 empleos en los últimos dos años, entre junio 2020 y junio 2022) y con trabajos más estables y mejor pagados, gracias a la reforma laboral que entró en vigor este año y a las distintas subidas del salario mínimo, además de que hay más gente cubierta por ayudas sociales (las de la pandemia y las medidas contra la inflación).

Llama también la atención, en el Barómetro del CIS, cuáles son ahora las preocupaciones de los encuestados. El primer problema (19,9% de los encuestados) es la crisis económica y el segundo el paro (14,8%), pero los tres siguientes problemas apuntados no son económicos sino políticos: el  tercer mayor problema (lo apuntan el 10,4% de los encuestados) son “los problemas políticos en general”, el 4ª mayor problema “el gobierno y los partidos políticos” (9,8% encuestados) y el 5º mayor problema, “el mal comportamiento de los políticos” (5,6), colocándose como el 9º mayor problema “la falta de acuerdos y la inestabilidad política” (2,3% encuestados) y el 10º mayor problema, “lo que hacen los partidos políticos” (2,2% encuestados). Así que la política se convierte de una u otra manera en un problema central para el 30,3% de los encuestados por el CIS. Ojo, “la subida de las tarifas energéticas” era el primer problema sólo para el 2,5% de los encuestados…

Al preguntar sobre los problemas que afectan y preocupan más al encuestado, el primer problema que citan es también la crisis económica (para el 24,8% de encuestados, un porcentaje más alto entre los votantes del PP y VOX), pero el segundo es la sanidad (8,7%, que sube al 13,1% entre los votantes del PSOE y baja al 6,1% entre los votantes del PP) y el tercero el paro (8,1%), seguido de cerca por la calidad del empleo (5,5%), la subida de las tarifas energéticas (ojo, en 5º lugar: es la primera preocupación solo para el 4,7% de los encuestados), el medio ambiente (4,5%), la educación y la situación de los jóvenes (primeras preocupaciones para el 2,7% de los encuestados).

Un segundo grupo de datos que aporta el Barómetro del CIS es la clase en la que se inscriben los encuestados. Y los resultados vuelven a ser “chocantes”: casi dos tercios de los españoles (61,9%) se consideran “clase media” (48,7% clase media-media, 13,2% clase media baja). Y sólo un 10,4% se considera “clase trabajadora” y otro 11,3% “clase baja”, mientras un 5,4% se considera “clase alta y media alta” (el resto se incluye en “otras” o en “no sabe/no contesta). Pero al preguntarles su franja de ingresos, se descubre que han sobrevalorado su clase social, porque los que reconocen ingresos de “clase media” (entre el 75% y el 200% del salario mediano, entre 1.125 y 3.000 euros netos al mes) rondan el 45% de los encuestados, no el 61,9%. Y los que indican ingresos de “clase baja” (por debajo del 75% del salario mediano, menos de 1.125 euros netos al mes) suben hasta el 35% de los encuestados, no el 21,7% que se creen clase baja. Sin embargo, hay más encuestados que por sus ingresos (más del 200% del salario mediano, más de 3.000 euros netos al mes) deberían considerarse “clase alta”: un 20%, no el 5,4% que dicen.

Ya en 2019, la OCDE señaló (con esos criterios de ingresos) que la clase media en España alcanzaba un 55% de la población, menos que en los 35 países de la OCDE (donde había un 61% de clase media) y que en Alemania y países nórdicos (70% de clase media). Ahora, tras dos crisis, la pandemia y la inflación disparada, resulta lógico pensar que habrá caído el porcentaje de españoles que son clase media, a costa de aumentar la clase baja y también la clase alta (porque se han disparado las desigualdades). Así que la clase media rondará más el 50% de la población que el 61,9% que se creen los encuestados del CIS…

¿Por qué los españoles sobrevaloran su clase social? Según el experto Luis Ayala, se trata de una cuestión de “consideración social”, de integración social, de “autoestima” y “prestigio”. Y por lo mismo, hay una tendencia a no considerarse “clase baja” (ingresos inferiores a 1.125 euros netos al mes) ni “clase alta” (por encima de 3.000 euros de ingresos), por temor a una posible estigmatización. Así que, “lo más cómodo socialmente”  es considerarse “clase media”, que además es el grupo social preferido de todos los políticos. Y eso también lleva a que muchos de estos españoles “de falsa clase media” vivan por encima de sus posibilidades”, gasten de más y se endeuden sin control, todo un riesgo ahora que suben los tipos de interés y la inflación “se come” los ingresos. La realidad es que, tras las últimas tres crisis (2008, pandemia 2020 e inflación 2022), la clase media se está reduciendo en todo el mundo (y también en España), a costa de crecer la clase baja y alta. Y eso tiene consecuencias en la recaudación (menor) y en el gasto público (mayor).

Otra Encuesta reciente, de 40dB para el País y la SER, aporta también resultados “chocantes” sobre la situación económica y lo que piensan los españoles. Al preguntar a los encuestados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno Sánchez contra la inflación y la subida de la energía, sorprende que una amplia mayoría las vean como positivas o muy positivas: la reducción del precio y gratuidad abonos transportes (82,3% la ven positiva o muy positiva: 89% los votantes del PSOE y el 74,6% de los votantes del PP), el tope al gas y la bajada del IVA en la electricidad (75,2% la ven positiva o muy positiva), la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (75,2%), las ayudas a las familias con rentas bajas (74,4% apoyo), la suspensión de desahucios a personas y familias vulnerables (73,9%) o el polémico impuesto al beneficio extra de las energéticas (66,1% lo apoya, entre ellos el 80,2% de los votantes del PSOE, el 55,4% de los del PP y el 39,4% de los votantes de VOX). Un dato curioso es que el apoyo baja entre las personas con apuros económicos y que son las más beneficiadas por estas ayudas, mientras sube en el resto de españoles con mejor situación económica.

En esta Encuesta de 40dB se pregunta también a los españoles cuáles son sus principales preocupaciones: la inflación (la citan el 95%), la dependencia energética (para el 89%), las desigualdades sociales (87%), la guerra de Ucrania (83%), el paro (82%), el cambio climático (81%) y la inmigración (preocupa al 59,1%). Y a partir de ahí, se pregunta a los encuestados qué partido está más capacitado para afrontar y resolver estos problemas. La respuesta ganadora es “ninguno”. Pero a partir de ahí, la segunda opción con más respuestas es… el PSOE: aparece como el partido más capacitado para resolver la dependencia energética  (22,6% de respuestas frente al 18% el PP), las desigualdades (el 21,9% frente al 15,6%), la guerra de Ucrania (25,1% frente al 15,6%), el cambio climático (19,5% PSOE, 13,8% el PP) y la inmigración (20,4% frente al 14,5%). Y sólo ven ligeramente más capacitado al PP (21,9%) que al PSOE (21,4%) para luchar contra la inflación.

Otra respuesta muy clarificadora es cuando se les plantea a los encuestados a quien beneficiaría más un hipotético Gobierno PP, “¿quién iría mejor?”: la mitad responden que las clases altas (50% respuestas) y grandes empresas (49,4%) y sólo una cuarta parte (24,1%) creen que mejorarían los autónomos, las clases media (24%) o la mayoría de los ciudadanos (23,9% creen que estarían mejor, el 37,2% que estarían peor y el 27,4% igual), mientras que casi la mitad (42,2% de los encuestados) creen que los más desfavorecidos estarían peor (19,2% mejor y 27,1% igual) con un Gobierno del PP.

Visto el apoyo a las medidas contra la inflación y la guerra, más la consideración sobre la mayor capacidad del PSOE para afrontar los principales problemas de los españoles, parecería que el siguiente paso de esta Encuesta de 40dB sería el avance  electoral del PSOE. Pero es al contrario: el PSOE cae en estimación de voto y el PP le supera desde julio. En esta encuesta de octubre, el PP gana el 29,4% de los votos (21% obtuvo en las elecciones de 2019), el PSOE el 26,3% (baja del 28,3% que obtuvo en 2019), baja VOX (del 15,2% que obtuvo al 14,2% ahora) y Podemos (del 13% al 12,4% ahora), así como Ciudadanos (del 6,9% al 2,2%), subiendo Más País (del 2,3 al 2,9%).

En definitiva, el veredicto de los encuestados es “lo hacéis bien, pero me caéis mal y no os voto”. Es más: aumento el voto a un partido, el PP, que ha rechazado en el Congreso las medidas que aplaudo. Parece una enorme contradicción de los encuestados, que justifican su actitud en el rechazo que provoca la división del Gobierno de coalición, en la falta de empatía de Sánchez, en el polémico apoyo de los nacionalistas (ERC y Bildu) y en la crítica de algunos a que el Gobierno "no vaya más allá"… Lo curioso es que esa misma Encuesta pregunta qué partido le parece “más afín o más cercano a tus ideas” y la respuesta indica que es el PSOE (23,1%), por encima del PP (18,1%). Da igual, no le votan. Aunque tome medidas que les gustan y aunque crean que el PP perjudicaría a la mayoría…

Quizás entenderíamos mejor esta “loca situación” si analizamos la enorme polarización de la sociedad española, la mayor de Europa, alimentada por buena parte de los medios de comunicación. El panorama revela que media España está lanzada a que el Gobierno se vaya, haga lo que haga. Son como los seguidores de los equipos de fútbol: no reconocen un gol magistral de un equipo contario y se alegran cuando pierde en Champions frente a un equipo extranjero. No hay análisis ni objetividad (“Messi es un genio”): no les veo nada bueno y les deseo lo peor. Son enemigos. Y entre tanto, la otra mitad de España, la progresista, o “pasa” (no vota) o está descontenta porque quiere más. Y no está dispuesta a actuar como un bloque, aunque eso facilite la victoria del otro bloque. No son “hooligans” a ciegas de su equipo y critican todo y a todos. Y aunque esta polarización perjudica al país y la salida de la crisis, da igual, porque nadie está por la tarea de pactar el futuro. Así que si todo va a peor, si llega otra recesión, mejor: antes caerá el Gobierno.

Suena muy siniestro, pero esta polarización suicida puede explicar lo que está pasando, que tras dos graves crisis consecutivas (pandemia e inflación), estemos cada vez más divididos y no se apoyen las medidas del Gobierno, que están en línea con las del resto de Europa. Y que los que han votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, los decretos anticrisis, la reforma de la FP, la Ley de Eutanasia o la Ley del sí es sí, saquen mayoría absoluta en Andalucía y ganen votos mes a mes, camino de la Moncloa en 2023. Quizás sea también que, tras tanta incertidumbre, la gente quiere cambio. Es lo que le pasó a Churchill en julio de 1945, tras salvar a Reino Unido (y a Europa) del nazismo: perdió las elecciones. Parece que la historia se repite y muchos votan como “hooligans”, en contra del otro equipo, no analizando lo que hace cada uno y decidiendo en consecuencia. Así nos va.  

Segunda subida (peligrosa) de tipos de interés

Hoy jueves, el BCE subirá el precio oficial del dinero (+0,50%, quizás +0,75%), tras subirlo a finales de julio (+0,50%), por primera vez desde 2011. Una medida que pretende frenar la inflación en Europa, pero que va a ser poco eficaz, porque esta vez la inflación no es porque la economía esté recalentada y el dinero más caro no va a frenar el precio del gas, la luz o los alimentos. Pero la subida de tipos, que va a seguir en los próximos meses, sí va a tener un alto coste para la economía, para las familias y empresas: encarece las hipotecas (120 euros al mes), los créditos y la deuda pública, recortando aún más los ingresos de las familias y negocios, lo que reducirá su consumo e inversión y recortará el crecimiento, agravando los efectos de la inflación. Por todo ello, la subida de tipos es una receta peligrosa (e inútil), que puede provocar la recesión en Europa y daña más a los más vulnerables. Atajen la inflación por otros caminos, que los hay.

Enrique Ortega

Los tipos de interés son una herramienta básica de la política económica. El precio oficial del dinero lo fijan los bancos centrales (Banco Central Europeo, Reserva Federal USA, Banco de Inglaterra, Banco de Japón…), instituciones independientes de los Gobiernos, para que puedan decidir libremente cuando encarecen o abaratan el dinero, como principal “arma” contra la inflación. Cuando las economías crecen mucho, hay un exceso de consumo e inversión, los precios se disparan y hay riesgo de que la inflación se “coma” los ingresos de familias y empresas, provocando una crisis. Receta: los bancos centrales suben los tipos de interés, el dinero es más caro, se gasta y se invierte menos y la economía “se enfría”. Es lo que pasó en la “burbuja” de principios de siglo, cuando los tipos estaban en el 5,25% (USA, 2006 y 2007) y el 4% (Europa 2007). Pero llegó la crisis financiera, en 2008, y los bancos centrales hicieron lo contrario (ver gráfico): bajaron el precio oficial del dinero para “reanimar la economía”, bajando los tipos al 0% (en 2009 en USA y en 2016 en Europa), donde han estado hasta que estalla la actual inflación, desatada por la invasión de Ucrania.

La inflación “objetivo” para todos los bancos centrales es el 2% anual. Y como rondaba esa cifra, más con el parón económico de la pandemia, han estado “tranquilos” hasta 2021. El año pasado, la recuperación de la actividad tras lo peor del COVID, la mayor demanda, la falta de productos en China y otros productores, más los “atascos” en el comercio marítimo mundial, ya dispararon los precios en primavera y verano (4,2% inflación en USA en mayo y 3% en la zona euro en agosto). A finales de 2021, la inflación creció más (6,8% anual en USA y 5% en la zona euro), debido a la energía y a las maniobras de Putin para recortar la oferta de gas. Pero tanto el BCE como la Reserva Federal esperaron a tocar los tipos: pensaron que era una inflación “temporal”, que se iría corrigiendo. Pero con la invasión de Ucrania (24-F 2022), la inflación mundial se disparó (7,9% en marzo en USA y 7,4% en la zona euro).

La Reserva Federal USA no esperó más y el 17 de marzo de 2022 subió los tipos de interés un +0,25% (por primera vez desde 2018), cuando llevaban en el 0% desde marzo de 2020, por la pandemia. Y como la inflación no cae, sino que sigue subiendo (hasta un máximo del +9,1% en julio, el récord en 40 años), la Reserva Federal hace tres subidas más (+0,50% en mayo y +0,75% en junio y julio), hasta dejar los tipos en el 2,25%, aunque volverá a subirlos este mes de septiembre (+0,50%) y los siguientes, en un escenario que prevé dejarlos en torno al 3% a finales de 2022.

Mientras, el BCE “se ha estado pensando” subir tipos, porque temía llevar a Europa a la recesión si encarecía el dinero en plena crisis por la invasión de Ucrania. Y finalmente, presionado por los bancos centrales más “ortodoxos” (Alemania, Holanda, Austria y países bálticos), decidió subir tipos moderadamente (+0,50%) el 21 de julio, la primera subida del dinero en Europa desde noviembre de 2011. Y hoy, 8 de septiembre (con una inflación histórica del +9,1% en la zona euro en agosto), el BCE aprobará la 2ª subida de tipos (frente a las 5 subidas que hará EEUU), que podría ser incluso del +0,75%, dejando el precio oficial del dinero en el 1,25% (o el 1%), la mitad que en USA.Y hay fuertes presiones de países y expertos para que la subida del dinero siga y ronde el 2% a finales de año.

Hasta aquí, el distinto camino en la subida de tipos de EEUU y Europa, mientras también han subido tipos los demás países, desde Reino Unido (1,75%) o Canadá (2,50%) a China (3,65%), salvo Japón (-0,10%). La duda es si la receta de subir tipos servirá contra la inflación actual, porque esta vez (a diferencia de los años de la burbuja previa a 2008) no estamos ante una inflación de demanda (no suben los precios porque haya mucha actividad y la economía esté “recalentada”) sino ante una inflación de oferta (de costes), por el aumento desmesurado de la energía, los alimentos y las materias primas. Y por eso, ya hay expertos que alertan de que la receta “ortodoxa” de combatir la inflación encareciendo el dinero no va a funcionar, porque la subida de tipos no evitará que sigan subiendo el gas natural, la electricidad, el petróleo, los carburantes o los alimentos. Mercados que se rigen por otros mecanismos y donde Putin juega con los precios como “arma de guerra” contra Occidente.

El problema es que la subida de tipos puede no funcionar contra la inflación, pero es seguro que va a empeorar la situación de las familias y empresas europeas. De hecho, ya lleva meses haciéndolo, al haber subido el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos europeos entre ellos) desde diciembre de 2021: estaba en negativo (-0,502) y se puso en positivo ya en abril (+0,013%), tras la primera subida de tipos en USA (marzo), y ha cerrado agosto en el +1,249%, el Euribor más alto desde mayo de 2012 (+1,266%). Y los expertos prevén que el Euribor cierre el año en el entorno del +1,8 al +1,9%, tras estar en negativo (por los tipos al 0%) entre febrero de 2016 y marzo de 2021.

¿Qué consecuencias tiene esta fuerte subida del Euribor? La primera y más llamativa, que las familias pagarán más por su hipoteca: se estima que hay 5,5 millones de hipotecas “vivas”, de las que 4,1 millones (el 75%) son a tipo de interés variable y el 90% de ellas referenciadas al Euribor (pagan de interés el Euribor más un diferencial del 1 al 2%). Así que las 3,6 millones de familias con una hipoteca variable referenciada al Euribor les ha subido o les va a subir su cuota mensual cuando la revisen (anualmente). La estimación es que, con el Euribor actual, la cuota de una hipoteca media (150.000 euros a 25 años) les suba 120 euros al mes (1.400 euros al año). Y será más cuanto más suban los tipos y el Euribor.

Además de pagar más por su hipoteca, los jóvenes y las familias tendrán más difícil conseguir una hipoteca nueva, porque ahora, al subir las cuotas y el dinero, los bancos “mirarán con lupa” (más) a los solicitantes, porque temen que les suban los impagos, dado que el endeudamiento de las familias ha aumentado con la pandemia, hasta los 704.000 millones de euros, según el Banco de España. Y lo mismo pasará con la solicitud de los créditos personales, que también se han encarecido. Además, la banca está tratando de que los clientes (nuevos y antiguos) contraten hipotecas a tipo fijo (más caras), que ahora parecen más convenientes, pero que pueden ser una mala opción a 25 años, cuando lo normal es que la inflación y los tipos vuelvan a niveles normales (en torno al 2%).

La subida de tipos perjudica también a las empresas, que ya están sufriendo la subida del Euribor a 3 meses, el que se utiliza con sus créditos: ha pasado del -0,572% en diciembre de 2021 a un tipo récord del +0,654% a finales de agosto. De hecho, en el primer semestre de 2022 (antes de la 1ª subida del BCE), el interés medio de los créditos a las empresas había subido entre un +11 (los préstamos de hasta 250.000 euros) y un +22% (los préstamos de más de 1 millón de euros), según el Banco de España. Así que las empresas tendrán que pagar más por los nuevos créditos y por los que ya tienen. El saldo “vivo” del crédito de la banca a las empresas es de 561.373 millones de euros y dos tercios de esa deuda está referenciada a tipo variable, los que más van a notar la subida de los tipos y el Euribor. Y estos mayores costes financieros les llegan a las empresas cuando aún están pendientes de pagar los créditos ICO solicitados para afrontar la pandemia (lo peor lo tienen las pymes, que están pendientes de devolver 130.000 millones de estos créditos).

Junto a las familias y las empresas, el Estado (el Presupuesto, todos) también sufrirá la subida de tipos hecha y por hacer. Primero, porque se han encarecido (y se encarecerán más) los intereses que hay que pagar por la deuda pública: si en enero de 2022, España colocaba sus bonos a 10 años pagando un 0,60% de interés, en junio ya pagábamos el 2,779% y ayer 7 de septiembre había que pagar a los inversores el 2,709% (una “prima” de riesgo o plus de 1,14% frente al bono alemán, que se colocaba pagando el 1,5640%). Este encarecimiento de la deuda, por la subida de tipos, irá a más y aumentará la factura de intereses del Presupuesto 2022 y 2023, después de pagar 31.675 millones en 2021 (la segunda mayor partida de gasto público, tras las pensiones). El problema es que esta mayor factura en pagar los intereses de la deuda pública podría ser de 12.000 millones extras entre 2022 y 2025, según la AIReF, lo que significa que la subida de tipos puede comerse en tres años el presupuesto anual de sanidad, educación y cultura juntos.

Así que la subida de tipos y de los intereses de la deuda complica aún más las cuentas públicas, restando recursos para otros gastos y ayudas (después de que las medidas contra la inflación hayan supuesto ya un gasto público extra de 30.000 millones de euros). Y todo será medianamente asumible mientras no estalle otra crisis de la deuda en Europa, como en 2010-2012. El BCE ha asegurado que no va a permitir que los mercados “especulen” contra la deuda de Italia, Grecia, España y Portugal, encareciéndola aún más, para lo que aprobó en julio un “mecanismo anti fragmentación”, que permite la compra extraordinaria de deuda de los países que sean injustificadamente “atacados” por los mercados. Hasta ahora ha funcionado, pero veremos si es efectivo tras las elecciones en Italia, el 25 de septiembre, cuando existe el riesgo de que “vuelva el baile” contra la deuda de los países del sur.

En definitiva, que la receta de subir tipos contra la inflación tendrá un alto coste para familias, empresas y las cuentas públicas de los países. Y hay un coste más: la depreciación del euro. Al tener EEUU un tipo de interés más alto que Europa y reforzarse el dólar como “moneda refugio” de esta crisis (como en todas), el euro lleva meses perdiendo valor frente al dólar y ayer cotizaba a 0,9904 euros por dólar, el precio más bajo desde que existe la moneda europea (llegó a cotizar a 1,2324 euros en junio de 2021) y una caída del -12,7%   desde la invasión de Ucrania (cotizaba el 23-F a 1,1344 euros por dólar). Eso significa que la caída del euro encarece un +12,7% todos los productos importados que Europa y España pagamos en dólares (la mitad de lo que importamos). Así que otra consecuencia de la subida de tipos es que cae el euro y eso “alimenta más la inflación”, al tener que pagar más euros por el gas, el petróleo, los carburantes, alimentos y materias primas que compramos en dólares...

Como vemos, la medicina de subir tipos tiene muchas contraindicaciones, un alto coste, sin que tengamos garantías de que baja la inflación (muy poco en USA y nada en Europa). A pesar de eso, los responsables de los bancos centrales, reunidos en agosto en USA, abogaron por más subidas, por “más ricino”, aun reconociendo que “la guerra contra la inflación puede ser algo doloroso para las familias y empresas” (Jerome Powell, presidente Reserva Federal USA). En el BCE, hay hoy un debate entre “halcones” (Alemania, Holanda, Austria, bálticos) y “palomas “ (Francia, España) para ver si suben más (0,75%) o menos (0,50%) los tipos y cuanto más hay que subirlos los próximos meses, dado el riesgo de que la medida recorte el crecimiento y provoque una recesión en Europa.

Además, lo que está claro es que el coste de la subida de tipos, aunque “doloroso” para todos, es mayor para las familias y empresas más vulnerables: afecta más a las familias con menos ingresos que están hipotecadas y a las pymes en peor situación tras la pandemia, así como a los países más endeudados (Grecia, 189% deuda/PIB, Italia (152,6% deuda, Portugal, 127% deuda y España, 117,7% deuda). Así que “el ricino de los tipos” no afecta por igual a todos. De hecho, el propio Banco de España considera que “afectará más a las familias más vulnerables”, porque pagar ahora la hipoteca les supondrá más del 36% de sus ingresos (ya recortados por la subida de la energía y los alimentos, que se llevan una mayor porción de sus gastos que en las familias más ricas).

En resumen, que la receta de subir los tipos en plena crisis de inflación puede ser ineficaz y es muy costosa para muchas familias, empresas y países vulnerables, entre ellos España. Así que habría que aplicar la medicina con mucho cuidado, para no agravar más la salud de los más afectados por la disparada inflación. Y convendría buscar otras recetas. Empezando por una estrategia energética internacional, que busque ahorrar en el consumo de energías fósiles contaminantes (petróleo y gas) y racionalizar la oferta, con acuerdos con los países productores y medidas de defensa contra los precios disparados (como la decisión del G-7 y la Comisión Europea de poner un tope al precio del petróleo y gas). También hay que reestructurar los mercados de alimentos y materias primas, con acuerdos internacionales y stocks de seguridad, que eviten altibajos de precios y hambrunas). Hay que recomponer las cadenas de suministros, racionalizando el tráfico marítimo, y diversificando la producción de componentes, para que Occidente no dependa tanto de Asia. Y hay que conseguir una política racional de producción de bienes y servicios, para evitar la falta de productos, inversiones y plantillas (mal pagadas) en medio mundo. Hay que “redefinir” el capitalismo, tras la pandemia y la inflación. Medidas a medio plazo, pero más eficaces que el atajo de subir tipos.

Las pensiones, en el punto de mira

Rajoy dice que no va a tocar las pensiones. Y 8 millones de pensionistas se echan a temblar, recordando que también dijo que no iba a tocar los impuestos, la sanidad, el IVA…La cuestión no es creerle o no, sino que a la Seguridad Social no le salen las cuentas: cada mes hay menos cotizantes y más pensionistas, lo que crea problemas de liquidez. En julio, ya tuvo que tirar de la hucha de las Mutuas para pagar la extra a los pensionistas. Y antes de fin de año podría necesitar su propia hucha, para hacer frente a un agujero de 10.500 millones. Por eso, se temen recortes, empezando por no actualizar las pensiones con el IPC, como obliga la Ley. Luego, congelar las pensiones para 2013 y penalizar la jubilación parcial y anticipada. Y a medio plazo, acelerar la edad de jubilación a los 67 años, como pide Bruselas. Mientras no se cree empleo (2014), las pensiones están en el alero.

enrique ortega

El pago de las pensiones es el mayor gasto del Presupuesto (115.825 millones en 2012), muy por delante del pago de intereses de la deuda (28.848 millones) y desempleo (28.805). Este año, el problema es que caen las cotizaciones (por el cierre de empresas y aumento del paro) y crece el gasto en pensiones, con lo que la Seguridad Social tiene problemas. Tras pedir varios anticipos a Hacienda, en julio tuvo que recurrir a la hucha de las Mutuas (pidió 4.400 de sus 4.646 millones), para pagar a los pensionistas la extra. Y no descartan tirar de la propia hucha de las pensiones (67.948 millones) antes de fin de año, para pagar la extra de Navidad o la desviación por el mayor aumento del IPC.

Al Gobierno no le están saliendo las cuentas de las pensiones que presentó en abril con los Presupuestos 2012. En ingresos, porque están cayendo las cotizaciones con la crisis y porque se hicieron una trampa con sus cuentas: estimaron una caída de cotizaciones del 3,7% (como la caída prevista del empleo), pero sobre el Presupuesto inicial 2011, no sobre lo que realmente recaudaron el año pasado (4.867 millones menos). Y así, pretenden el milagro de recaudar este año 968 millones más cuando esperan que haya 630.000 empleos menos.

Por el lado de los gastos, se han pagado hasta finales de agosto 58.884 millones en pensiones contributivas (por las que se cotiza), un 4,4% más que el año pasado, cuando el Presupuesto 2012 prevé que el gasto crezca casi la mitad (+2,9%). Esta desviación (+ 2.478 millones) se debe a un aumento de pensionistas (+1,3%) y, sobre todo, a un aumento de la pensión de los nuevos pensionistas, que han cotizado más tiempo y por bases más altas que los antiguos. Con todo, la pensión media está en 831,54 euros, un 3,1% más que hace un año.

Con esta desviación de ingresos y gastos, la Seguridad Social podría cerrar 2012 con un agujero de 8.500 millones (-4.867 millones de ingresos y +3.700 millones más de gastos), a los que habría que sumar el coste de revisar las pensiones (en enero 2013) por la mayor subida del IPC  este año (3% en vez del 1% previsto), otros 2.000 millones este año (y 2.000 más en el gasto de pensiones de 2013). Eso supone un agujero de 10.500 millones en la Seguridad Social este año, que habría que tapar (Bruselas obliga) con la hucha de las pensiones y recortes inmediatos.

A corto plazo, la primera decisión es qué se hace con las pensiones en el Presupuesto 2013, que se aprueba el 27 de septiembre. Todo apunta a que Rajoy las congelará (eso ahorraría unos 1.600 millones), tras haberlas subido un mísero 1% este año. Y que se suprimirá la clausula de actualización con el IPC, aunque para ello habrá que cambiar la Ley de Seguridad Social de 1.997, que obliga a los Gobiernos a la revalorización automática de pensiones. Con ello, este año y en 2013, los 8 millones de pensionistas perderían poder adquisitivo. Pero haría falta tomar medidas también en los ingresos, en las cotizaciones. De entrada, poco se puede hacer, porque el Gobierno aprobó en julio bajar las cotizaciones un 1% en 2013 y 2014 (ingresa 3.200 millones menos cada año), mientras Portugal ha subido las cotizaciones a sus trabajadores. Y también decidió subir las bases máximas (+5%) y las mínimas de los autónomos (+1%). Pero algo más subirá.

A medio plazo, el Gobierno planteará al Pacto de Toledo algunas medidas para recortar el gasto en pensiones: retrasar y penalizar la jubilación parcial (trabajar menos horas y cobrar una parte de pensión a partir de los 61 años), penalizar la jubilación anticipada e incentivar que las personas sigan trabajado (y cotizando) después de la jubilación). Pero esto puede ser insuficiente y el Gobierno, presionado por Bruselas ante el segundo rescate, puede abordar una reforma más a fondo de las pensiones, con tres medidas clave: acelerar el retraso en la edad de jubilación a los 67 años (la ley Zapatero establece empezar en 2013 y acabar en 2027), endurecer antes las condiciones para acceder a una pensión ( en 2027 serán necesarios 37 años de cotización y computar 25 años de vida laboral para acceder al 100% de pensión) y adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad, un palabro que quiere decir que se revisa el sistema de pensiones cada 5 años, según evoluciona la esperanza de vida. La reforma Zapatero fijaba la primera revisión en 2032 ( a los 5 años de los cambios de 2027) y Bruselas exige que se haga antes.

Al final, tendrán que aprobar varias medidas, por el lado del gasto y de los ingresos, para ahorrar en pensiones y tapar el agujero, lo que afectará más a los futuros pensionistas que a los actuales. El problema es que la recesión está ahí, este año y el que viene, con lo que el Gobierno no espera crear empleo hasta 2014. Y para que se cree empleo “significativo” habrá que esperar a 2018, según el FMI. Y sin empleo, no salen las cuentas de las pensiones: las están pagando  los que trabajan, con sus cotizaciones, y sólo hay 2 trabajadores cotizando por cada pensionista. Así, sin que crezca apenas el empleo, resulta difícil que las pensiones aguanten hasta 2018. Por eso, diga lo que diga Rajoy, tendrá que “tocarlas” y no una sino varias veces antes de que acabe la Legislatura. La otra opción sería cambiar de política, en Europa y en España, reactivar la economía como ha hecho por tercera vez EEUU, y crear más empleo para pagar mejor las pensiones. Pero no están por la labor.

Superajuste Rajoy: la puntilla a la recesión

Lo venden como el mayor ajuste de la democracia (y lo jalean). El cuarto recorte en seis meses de Gobierno Rajoy. Una vuelta de tuerca más a los impuestos y a los gastos, incumpliendo las últimas promesas electorales. Y todo para satisfacer las peticiones de los fundamentalistas de Bruselas, que sólo aceptan rescatar nuestra banca a cambio de más recortes. Un ajuste injusto, porque recae más en los ciudadanos que menos tienen, e ineficaz, porque ni calma a los mercados ni ayuda a salir de la crisis, como han demostrado ya dos años largos de recortes. Al contrario: el superajuste Rajoy retraerá más el consumo y agravará la recesión, provocando más paro. Y con ello, se recaudará menos y bajará menos el déficit, lo que forzará a más recortes antes de fin de año. Es un bucle suicida.

enrique ortega

El aleteo de Bankia, pésimamente gestionado por el Gobierno, provocó la conmoción del rescate europeo de España por la puerta de atrás. Y ni Bruselas ni Berlín iban a dar 100.000 millones de euros (aunque sean para la banca) sin condiciones. Quien paga manda. Por  eso, al día siguiente de que el Eurogrupo aprobara el rescate a la banca española, Rajoy anunciaba en el Congreso su cuarto ajuste, el más duro: 65.000 millones en dos años y medio (entre recortes y subida de impuestos), frente a 15.000 de Zapatero (mayo 2010) en año y medio. Y ya no había medias tintas: “no tengo más remedio que hacerlo, aunque no me guste”, dijo Rajoy. Bruselas manda: estamos intervenidos, se diga como se diga.

Pero no se trata sólo de cumplir con las recetas de los fundamentalistas de Bruselas. El Gobierno ha visto que no le salen las cuentas, sólo dos meses y medio después de aprobar los Presupuestos 2012: la recaudación del IVA cayó el 10% hasta mayo y la de sociedades un 8%, por culpa de la recesión. Y  con la prima de riesgo por las nubes, el pago de intereses ha crecido un 31,9%. Así no hay forma de rebajar el déficit, ni siquiera con el respiro que nos acaba de dar Bruselas para dejarlo en el 6,3% este año. Y menos dejarlo en el 4,5 % en 2013. Hay que sacar dinero debajo de las piedras y cortar gastos con la guadaña.

“No queda más remedio” que seguir olvidando las promesas electorales y subir el IVA, al 21 % (como Grecia, Portugal e Irlanda, los tres países intervenidos “oficialmente”), para arañar 7.500 millones. Dejar sin la paga de Navidad a 2.700.000 funcionarios (otros 4.000 millones). Recortar el paro desde el sexto mes a los nuevos parados y suprimir la prestación asistencial de 426 euros a los menores de 55 años. Subir el tabaco y poner tasas medioambientales y a los carburantes. Recortar las ayudas ya menguadas a los ancianos a los que cuidan sus familias o en residencias. Y pegar otro tajo de 600 millones al Presupuesto 2012. Eso ya. Y desde enero, se suprime la desgravación por vivienda, un error que recuperaron al llegar al Gobierno (y que cuesta 2.523 millones). Y para 2012 y 2013, como guinda, se rebajan un punto las cotizaciones sociales, una escasa ayuda para emplear en tiempos de recesión. Y se anuncia un tajo a los Ayuntamientos, reduciendo un 30% de concejales para las elecciones de 2015.

Las medidas son injustas, porque recaen más sobre los ciudadanos con menos recursos. El IVA lo pagan igual los ricos que los mileuristas, en un país con los salarios a la baja, alza de impuestos y subidas de la luz, transportes y tasas. Y subirlo será la puntilla para el comercio y el turismo.Y se cargan el cine, el teatro y la música, al subir su IVA del 8 al 21%. Reducir la prestación de desempleo (864 euros de media) es una racanería ideológica (“para animarles a buscar empleo”, Rajoy dixit, como si lo hubiera) que esconde que casi la mitad de los parados no cobra nada. Los funcionarios llevan dos años con el sueldo congelado e incluso rebajado en Cataluña, Andalucía y Castilla la Mancha. El recorte a los ancianos, en la Ley de Dependencia, ya clamaba al cielo y se va a agravar ahora quitándoles 200 millones más. Y sobre  las pensiones futuras, Rajoy promete a Europa acelerar el retraso de la jubilación a los 67 años (prevista para 2027), pensando incluso en subir de 15 a 25 años el periodo de cómputo antes de lo previsto (2023). A los autónomos y profesionales les suben las retenciones que les deducen de sus ingresos (del 15 al 21%). Y a los jóvenes, les quitan 63 € al mes de las ayudas al alquiler (quedan en 147 €), a los que las tenían antes, ya que el 31 de diciembre las quitaron.

El superajuste de Rajoy es ineficaz, como los ajustes que llevamos desde el primero de Zapatero en mayo de 2010: la economía ha ido a peor, hemos pasado de crecer a decrecer, el paro aumenta sin cesar, hay más pobreza y desigualdad. Y España será el único país europeo que no crezca tampoco en 2013 y que no cree empleo neto hasta 2015. Y la prima de riesgo está 200 puntos más arriba de cuando llegó Rajoy. Ni eso. Más desconfianza.

“¿Servirá de algo?”, se preguntaba Rajoy sobre su ajuste. Sí, para hundirnos más en la recesión, para traer más paro. No hay que ser economista para entender que si se sube el IVA y los impuestos, si se recortan ingresos a funcionarios y parados, si se hacen recortes por doquier, la gente consumirá menos, las empresas venderán menos y la economía caerá más, aumentando el paro. Es lo que ha pasado en Grecia, en Portugal, en Irlanda. Y en España. La receta de los fundamentalistas, de Bruselas y de España, hunde más la economía. Y  los mercados temen no cobrar su deuda si la economía no crece. Elemental.

¿Qué se puede hacer? Ir por otro camino: hay que reanimar la economía, el consumo (público y privado), buscando ahorrar en lo que se pueda pero incentivando la inversión y el empleo entre los jóvenes y en sectores con futuro, desde el turismo a las energías alternativas pasando por la exportación, las pymes y las nuevas tecnologías. Olvidarnos de Merkel y seguir la senda de Obama, poniendo el paro y no el déficit como el primer problema del país. Pero España no puede hacerlo sola: hace falta un cambio drástico de política en Europa, que tiren Alemania y la Europa del norte y un Plan Marshall de verdad, no los ridículos 120.000 millones de la última Cumbre.

Mientras, a cortísimo plazo (este lunes), Bruselas debe pedir al BCE que salga en apoyo de España, comprando deuda para rebajar la prima de riesgo y compensarnos de los sacrificios del superajuste. Y cuanto antes, compartir la deuda europea (eurobonos), para que no haya dos Europas: los países que los mercados quieren financiar (Alemania, Holanda, Austria Finlandia y Francia), incluso con tipos negativos (pagándoles) y el resto (la Europa del sur), asfixiados por tener que financiarse a precios imposibles.

Por el camino de Rajoy (y los fundamentalistas de Bruselas), la economía se hundirá más en el pozo: caerá el consumo, caerá la actividad (más del 2% PIB), el paro llegará a los 6 millones y caerá la recaudación, con lo que tendrán que hacer otro recorte antes de fin de año, usando ya las últimas balas: pensiones, el paro y los sueldos de los funcionarios, más la  sanidad y educación. Y eso llevará a más recesión y a más recortes. Un bucle suicida que temen los mercados. Es el problema de hacer muchas sangrías a un enfermo: se te acaba muriendo.

Tenemos una triste papeleta: un Gobierno que no hemos votado (Bruselas) nos está imponiendo una política suicida, que no da frutos y que empeora la vida de la mayoría de los españoles. Lo mismo pasa en media Europa. Y en España, un Gobierno apoyado sólo por la mitad de los españoles va de traspiés en traspiés, improvisando día a día, sin rumbo y llevándonos al precipicio con la idea de que no hay otra elección que el sufrimiento o la ruina. Para eso no necesitamos líderes ni economistas. Ya nos hundimos solos. Es menos frustrante.