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lunes, 22 de diciembre de 2025

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

jueves, 20 de julio de 2023

Elecciones 23-J: avanzar o retroceder

Este Blog lleva casi 13 años analizando la economía, desde la crisis financiera a la pandemia, la inflación y la guerra. Y estamos mejor que hace 5 años, a pesar de las 2 últimas crisis: crecemos 4 veces más que Europa, se han creado casi 2 millones de empleos y tenemos menos del 2% de inflación. Eso sí, los salarios son bajísimos y un 9% de hogares no puede afrontar sus gastos esenciales, mientras empresas y bancos multiplican beneficios. Lo más positivo es que se han afrontado, por imposición de Bruselas, reformas claves para modernizar la economía: reforma laboral, subida SMI, reforma pensiones, digitalización, Ley de cambio climático, Ley de Residuos, Ley de Ciencia, Ley de empleo, impuestos a los beneficios… La mayoría con el voto en contra de PP y Vox. Ahora, no sólo votamos seguir mejorando la economía sino avanzar o retroceder en reformas claves. Y eso exige informarse, no votar a la contra o “con la tripa”. Nos jugamos mucho en estas elecciones. Y no sólo en economía.

Enrique Ortega

A la hora de hacer balance de esta Legislatura, quizás lo más importante es empezar con el gran cambio en la política económica que se ha dado, en España y en Europa, ante la doble crisis de la pandemia y la inflación y la guerra de Ucrania. Frente a la anterior crisis financiera, entre 2008 y 2014, los políticos europeos reaccionaron con políticas de ajuste duro, culpando a los paises del sur (los “PIGS”) de “haber vivido por encima de sus posibilidades” y recetándoles rescates (a Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España, vía rescate banca) y recortes de gasto, que les hundieron en la recesión y provocaron la pérdida de renta y de millones de empleos. En el caso de España, los recortes superaron los 100.000 millones entre 2010 y 2014, hundiendo el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, inversiones públicas…), la actividad , los ingresos de las familias y el empleo.

En las dos últimas crisis, la pandemia de 2020 y la alta inflación y la guerra de 2021 y 2022, la política económica europea (y española) ha cambiado radicalmente. La misma Ángela Merkel que impuso los ajustes de 2010 (con Francia, Holanda y la Europa rica del norte) fue la responsable de que Europa aceptara medidas de ayuda a las familias, empresas y paises afectados por la pandemia. Y que, el 21 de julio de 2020, aprobaran un Plan de Recuperación para Europa sin precedentes: 750.000 millones en subvenciones y créditos, centrado sobre todo en Italia y España (140.000 millones). En vez de recortes, un Plan de ayudas para aprovechar la crisis y modernizar la economía europea, con la digitalización y la lucha contra el Cambio Climático como prioridades. Y autorizando la emisión de deuda común europea, un tema históricamente "tabú".

Este cambio de política económica en Europa, ha permitido a España sortear mucho mejor estas dos crisis (pandemia, inflación y guerra) que la crisis de 2008. Y sin tantos costes laborales y sociales. Veamos el distinto balance. En la crisis de 2008, España tardó 12 años en recuperar el empleo perdido: los 19.493.050 afiliados de julio de 2007 no se recuperaron hasta julio de 2019 (19.533.210 afiliados a la SS). En la doble crisis de 2020 a 2023, España recuperó la afiliación de antes de la pandemia en año y medio: teníamos 19.408.537 afiliados en diciembre de 2019, cayeron hasta un mínimo de 18.458.666 afiliados en abril de 2020 y se recuperaron en junio de 2021 (19.500.277 afiliados a la SS). El “truco” fue la aprobación, en marzo de 2020, de los ERTES: en lugar de despedir a los trabajadores por la pandemia, se les “embolsaba” en los ERTES, pagándoles la mayor parte del salario y ayudando a empresas y autónomos. Si en la crisis de 2008, 3,8 millones de españoles perdieron su empleo, en esta doble crisis se evitó pasando a 3,5 millones de trabajadores a ERTES (abril de 2020), reduciendo la cifra a 2,6 millones en mayo de 2020, a 702.000 en diciembre y a sólo 33.085 dos años después, en abril de 2022.

Y junto a esta diferente política laboral, el Gobierno Sánchez (como el resto de Gobiernos europeos, de derechas y socialdemócratas) aprobó sucesivos paquetes de ayudas, a empresas, autónomos y familias, para sobrevivir a la pandemia primero y para compensar la inflación después, un gasto total de 45.000 millones de euros (no los recortes de Rajoy entre 2012 y 2014). El resultado de esta distinta política económica frente a la crisis ha sido triple: más crecimiento, más empleo y menos inflación.

España fue el país europeo que más cayó con la pandemia (--11,3% en 2020 frente al -5,7% en la UE-27), porque aquí fue mayor el confinamiento (la actividad laboral cayó un -63%, frente al -55% en Francia y el -47% en Alemania, por el menor impacto del teletrabajo) y por el enorme peso que tienen el turismo y los servicios (colapsados por el COVID). Pero somos también uno de los paises donde más ha crecido la economía en 2021 (+5,5%), 2022 (+5,5%) y primer trimestre de 2023 (+0,6%, frente al +0,1% en la UE-27). Y ahora, la economía española crece a un ritmo del +4,2% anual, impulsada por la exportación, el turismo y las inversiones europeas, lo que significa que crecemos 4 veces más que la media UE-27 (+1%) y que antes de la pandemia (+2% crecimos en 2019).

Y este mayor crecimiento ha permitido alcanzar en junio los 20.869.939 cotizantes a la Seguridad Social, casi 2 millones más de afiliados (+1.954.272) de los que había cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en mayo de 2018 (18.915.667 cotizantes). Un balance de empleo (+1,95 millones de afiliados) en 5 años que supera el balance de Rajoy en 5 años y medio (+1.685.746 afiliados entre diciembre 2012 y mayo 2018), según los datos oficiales de afiliación de la SS (ver cuadro), no según las mentiras de Feijóo.

El tercer balance positivo es la menor inflación. Si España pasó de una inflación anual del +2,9% en julio de 2021 a un máximo del +10,8% en julio de 2022 (+9,8% en la UE-27), luego bajó mes a mes, gracias a la rebaja de los precios internacionales de la energía, la excepción ibérica (15 junio 2022) y los cuatro paquetes de bajadas de impuestos y ayudas contra la inflación aprobados por el Gobierno Sánchez. Y así, en junio de 2023, la inflación anual cayó al +1,9%, el dato más bajo desde marzo de 2021. Y ahora somos el 2º país con la inflación más baja de Europa (1,6% en términos homogéneos), junto a Bélgica (+1,6%), tras Luxemburgo (+1%), según Eurostat, muy por debajo de la media de la UE-27 (+6,4%) y de la inflación de Alemania (+6,8%), Italia (+6,7%) y Francia (+5,3%).

Muchos españoles no notan que la economía “va bien” porque sus ingresos se han deteriorado con la inflación, debido a un estancamiento de los salarios, que apenas subieron en 2020 (+1,73%), 2021 (+1,47%) y 2022 (+2,78%), perdiendo poder adquisitivo (-5,7% entre 2019 y 2022, más que en el resto de Europa). De hecho, el salario bruto más frecuente en España se ha estancado: de 18.489,74 euros en 2019 a 18.502,54 euros en 2021, 1 euro más al mes. Y con ese sueldo más frecuente (1.542 euros brutos en 12 pagas, 1.310 euros netos), no es de extrañar que el 47,8% de los españoles tengan problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y que 1,6 millones de familias (el 9%) no puedan hacer frente a sus gastos esenciales, según el Banco de España. Unos datos que contrastan con el alza de los beneficios de las empresas y la banca: los beneficios de 28 empresas del IBEX aumentaron un +43% en 2022 respecto a los de 2016-2019, según Intermón Oxfam. Y la gran banca española  ganó 20.850 millones en 2022, un +28% sobre 2021.

Así que la macroeconomía va bien, pero la economía de algunas familias españolas no tanto, porque sus ingresos apenas han subido y han tenido que tirar de los ahorros para sobrevivir, mientras algunas grandes empresas (energéticas, eléctricas y bancos) ganan más que nunca. Eso sí, las ayudas y políticas sociales de estos años han reducido la pobreza y la desigualdad en España. En 2011, al llegar Rajoy al poder, el 20,6% de los españoles eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media). Y al irse, en 2018, lo eran más, el 21,3%. Ahora, tras 5 años de Sánchez, la pobreza ha bajado al 20,4%. Y también se ha reducido la desigualdad: si en 2011, el 20% más rico ganaba 6,3 veces más que el 20% más pobre, en 2017 era 6,6 veces más y en 2022 ha bajado a 5,6 veces, según el INE.

Por encima de este balance de la coyuntura económica, lo más importante de esta Legislatura es que se han aprobado reformas económicas necesarias, pendientes desde hace décadas e impulsadas por la Comisión Europea, que las ha exigido como contrapartida de los Fondos europeos. La lista es larga, pero resaltaré algunas que son claves para modernizar la economía española: reforma laboral (balance: hay 2.450.300 españoles más ahora con empleo indefinido que en 2018), subida del salario mínimo interprofesional (de 735,9 a 1.063 euros, un +44% en 5 años), doble reforma de las pensiones (que ahora, por Ley, suben lo que el IPC cuando Rajoy las subió sólo un 0,25% entre 2014 y 2017), el ingreso mínimo vital (que llega ya a 1,8 millones de beneficiarios), Ley de Cambio Climático, Ley de Residuos, Ley de Ciencia, Ley de Digitalización de la Economía, Ley de Educación, Ley de FP,  Ley de Universidades, Ley de Empleo, Ley del Teletrabajo, Ley Riders, Ley de la Cadena Alimentaria,  liberalización ferroviaria, Ley contra la brecha salarial de las mujeres, Ley de Protección de datos, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Vivienda (una norma contraproducente, por imposición de Podemos) y los impuestos temporales a energéticas, banca y grandes fortunas.

Y en paralelo, la gestión de los Fondos Europeos: somos el único país que ha recibido 4 entregas de fondos (37.036 millones de subvenciones), que han movilizado ya 190.000 proyectos empresariales por toda España, que aportan una buena parte del crecimiento y el empleo. Y el Gobierno Sánchez presentó en junio de 2023 una “adenda” al Plan de Recuperación, para recibir los 84.000 millones de créditos previstos, otros 7.700 millones de transferencias adicionales y 2.644 millones más del programa REpowerEU. En total, el objetivo es movilizar 160.000 millones de la UE entre 2021 y 2026 (el 12% del PIB), más otros 36.700 millones de Fondos Estructurales. Un dinero que depende de que los proyectos se gestionen y gasten bien y de que las reformas prometidas a Bruselas se hagan.

Ahora, con las elecciones, el futuro de estas reformas económicas está en el aire, dado que el PP y Vox votaron en contra de la mayoría. Lo que más preocupa son las medidas contra el Cambio Climático, dado que los nuevos gobiernos de coalición PP-Vox ya han ido en contra de los carriles-bici y algunas normas de protección de la naturaleza. Y que Vox en un partido que niega el Cambio Climático. Ambos partidos defienden también no cerrar las centrales nucleares entre 2025 y 2035, como pactaron en 2019 las eléctricas y el Gobierno Sánchez. Otro tema clave son las pensiones: el PP cree que su futuro no está asegurado con las reformas aprobadas y podría volver a los recortes que aprobó Rajoy en 2013. Y Vox defiende su privatización parcial, como en Chile. También podría haber retrocesos en otras reformas, como la Ley de Educación, el salario mínimo, la brecha salarial, la reforma laboral o los impuestos.

Precisamente, un tema clave que se juega en estas elecciones son los impuestos. El PP promete suprimir los impuestos temporales a las grandes energéticas y la banca, además de reducir el IRPF (deflactando la tarifa, descontando la inflación: supondría una rebaja de 100 euros para los que ganan 20.000 euros, 345 euros para los sueldos de 40.000 y 544 euros de ahorro para los que ganan más de 70.000 euros anuales), suprimir el impuesto de patrimonio (que sólo pagan los 183.523 contribuyentes más ricos) y también el de sucesiones y donaciones. Y rebajarían el impuesto de sociedades, para que bancos y grandes empresas paguen  menos impuestos (aún).

El problema cuando la derecha promete bajar impuestos es que no dice nada de cómo se van a pagar entonces los gastos públicos, desde la sanidad y la educación a la dependencia, los gastos sociales, el paro o las infraestructuras. Siempre tiran del mito de que bajando impuestos se ingresa más, pero es una falacia económica que siempre acaba en dos medidas: o sube el déficit (Reagan, Thatcher) o llegan los recortes (Rajoy). Porque no hace falta ser economista para saber que si bajan los impuestos, hay menos recursos para gastar. Y más en 2024, cuando España se ha comprometido con Bruselas a cumplir con el 3% de déficit público, lo que obligará al próximo Gobierno a ingresar más o a recortar gastos (o a las dos cosas).

Así que si este domingo ganan las elecciones el PP y Vox, podría producirse un parón en algunas reformas que son claves para seguir modernizando la economía (Cambio Climático, reforma laboral, pensiones ayudas sociales) y vernos abocados a los ajustes del pasado, en perjuicio de pensionistas y las familias más desfavorecidas. Basta leerse los programas del PP y Vox para “temerse lo peor en economía”, sin olvidar el riesgo de retroceder en derechos: aborto, eutanasia (ojo: no es obligatoria), derechos de la mujer, Memoria histórica (dejen enterrar a los muertos...), derechos LTGBI, lenguas nacionales, cultura…

El verdadero dilema es avanzar, en economía y en derechos, completando las reformas necesarias para modernizar la economía y hacerla compatible con el medio ambiente y la digitalización. O retroceder en las reformas iniciadas y enfrentarse al futuro con recortes y ajustes. Esto es lo que de verdad está en juego, además de que la extrema derecha entre en otro Gobierno europeo, tras Italia y Finlandia, lo que complicaría las elecciones europeas de junio de 2024, con el auge de la ultraderecha en Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Piense bien su voto y las consecuencias. No se trata de votar a la contra, “con la tripa”, para “castigar a alguien”, sino votar “con la cabeza” y los datos reales, pensando en la mejor estrategia para avanzar, crecer, crear empleo y vivir mejor. Reflexione y vote.