Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados”, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores”: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

La Universidad estudia reconvertirse

Unos 10 millones de niños y jóvenes no acuden a clase por el coronavirus y todo apunta a que no volverán a las aulas hasta mayo, lo que complica su evaluación. Entre tanto, los rectores de las Universidades españolas están perfilando cómo debe ser la Universidad de 2030, para que no sea una “fábrica de parados” y garantice a los jóvenes un trabajo digno, dado que un tercio de universitarios están “subempleados”. Los rectores reconocen que hay un exceso de titulaciones y que deben “repensar” los estudios, porque las empresas se quejan de que no encuentran los profesionales que necesitan. Además, plantean desviar más jóvenes a carreras técnicas, porque ahora se concentran en los estudios con menos salidas. Y ligar la formación universitaria y profesional, con la FP dual. Pero sobre todo, piden más becas y más financiación pública, un 14,5% inferior a la europea. Mientras, el Gobierno retrasa hasta 2021 la nueva Ley Universitaria y prioriza mejorar las becas, abaratar las matrículas, mejorar los contratos de profesores y atajar el abandono universitario. Pero mejorar la Universidad cuesta dinero y nadie dice de dónde saldrá. Hay que hacerlo si queremos mejores universitarios y más empleo.

enrique ortega

España es un país con muchos jóvenes universitarios, más que la mayoría de Europa: un 44,3% de los jóvenes españoles (25-34 años) son universitarios, igual que la media de la OCDE (36 paises desarrollados) pero más que la media europea (42,9% en la UE-23) y que Italia (27,8% jóvenes son universitarios), Alemania (32,5%), Portugal (35%) o Finlandia (41,5%), superándonos sólo Reino Unido (50,85% jóvenes son universitarios) y Francia (46,85%), según los datos del “Panorama de la Educación 2019” (OCDE). Y en este curso 2019-2020 hay 1,6 millones de jóvenes estudiando en 82 Universidades (50 públicas y 32 privadas), cursando un Grado universitario (casi 1,3 millones), un Máster (220.000 alumnos) o un Doctorado (otros 90.000 universitarios), en su mayoría mujeres (el 55%) y españoles (sólo el 0,9% de los estudiantes de Grado son extranjeros, frente al 6,5% en Europa).


Lo primero que choca es que el número de estudiantes universitarios haya crecido con la crisis (+5% entre 2008 y 2017, según las estadísticas de la CRUE), a pesar de que hay menos jóvenes en edad de ir a la Universidad, un 22% menos que en 2008 (por la caída de la natalidad en los años 90). El “milagro” está en la estrategia de las Universidades, que ante los drásticos  recortes del Estado y las autonomías, han visto la urgencia de “atraer alumnos” como fuera, multiplicando la oferta de títulos y Máster (sobre todo las Universidades privadas: 23 nuevas desde 1998), que han sido una extraordinaria fuente de ingresos a partir del tremendo aumento de tasas (+30% hasta 2018), autorizado en 2012 por el Gobierno Rajoy. En definitiva, al caer la financiación pública, las Universidades han necesitado captar más alumnos cada año para sobrevivir, “pedalear más para no caerse”. A costa de un exceso de alumnos y una “inflación de títulos”, en Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a casi 3.000 títulos este curso) y sobre todo en Másteres (de 1.736 a más de 3.600), un “exceso de oferta”, que ha devaluado la enseñanza universitaria. 


Los rectores niegan esta estrategia, al señalar en su reciente informe “La Universidad española en cifras” que “no hay un exceso de universitarios ni de Universidades”. Pero los datos indican que el porcentaje de jóvenes (19-24 años) matriculados en la Universidad es mayor en España (31,6% en el curso 2017-2018) que en la media de la OCDE (29,1%) y que en Reino Unido (25,3%), Alemania (26,6%) y Francia (26,8%). Y reconocen que se han aumentado un 20% las titulaciones desde 2008, más que los universitarios (+5%). En cuanto al número de Universidades, España tiene 1 Universidad por cada 718.462 habitantes, menos que Francia (1 por 562.185 habitantes), Reino Unido, EEUU, Canadá, Japón o Corea del Sur y más que Alemania (1 Universidad por 998.795 habitantes) e Italia.


Los rectores también destacan que la Universidad española es eficiente y su rendimiento equiparable e incluso mejor que la Universidad de la mayoría de paises. Por un lado, la tasa de abandono de los estudios en el primer año (18,7%) es similar a otros paises, salvo Reino Unido, Canadá y Suecia, los tres paises con las Universidades más eficientes. Y por otro, la tasa de finalización de los estudios en el tiempo teórico es en España del 49% de los alumnos, mejor que en Finlandia (43%), Suecia (42%), Francia (41%) o USA (38%), y sólo peor que 5 de los 23 paises analizados por la CRUE: Reino Unido (71% universitarios finalizan en plazo sus carreras), Irlanda (63%), Israel, Japón y Corea.


Además, los rectores quieren “quitar hierro” al hecho de que España no tenga ninguna Universidad en el top 100 del ranking de Shanghái 2019 de las mejores Universidades del mundo. De hecho, la mejor situada, la Universidad de Barcelona, figura en el puesto “151 al 200” y hay otras 12 Universidades españolas entre las 500 mejores. Los expertos consideran que este ranking valora sobre todo las Universidades más antiguas y más grandes, con premios Nobel y fuertes presupuestos, lo que penaliza a las españolas. Pero si se comparan en aéreas concretas de conocimiento, España tiene 10 Universidades entre las 50 mejores (y 17 entre el top 200) del ranking QS, que valora la reputación académica y empleabilidad.


Eso sí, España tiene una gran diferencia con otros paises: aquí, los universitarios estudian pocas carreras técnicas, las titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que consiguen más empleo. España es el país europeo grande donde menos alumnos se matriculan en titulaciones STEM: un 23,4%, frente al 28,1% en la UE-23, el 25,5% en Italia y Francia, el 30,5% en Reino Unido y el 37,5% de alumnos matriculados en Alemania, según los datos de los rectores (CRUE). Y además, las matrículas en estas carreras técnicas han caído un -6,1% entre 2013 y 2017, sobre todo en ingenierías (-15,7%, que llega al -60% en ingeniería civil) y telecos (-2,9%), aunque han crecido las matrículas (todavía bajas) en matemáticas (+17,1%), Informática (+8,6%) y Ciencias (+6,1%). 


Y otra importante diferencia, como revelan las estadísticas del CRUE, es el mayor coste de las Universidades españolas: somos el 11º país (de 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas. De los grandes, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido y en Italia, mientras no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, entre ellos Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros por año en Grado pero con una gran diferencia entre titulaciones y autonomías: se pagan unos 2.000 euros por Grado en Cataluña, 2,8 veces el coste de estudiar en Galicia (700 euros). Y además, el sistema de becas es muy insuficiente (2.000 euros anuales de media, según la CRUE), porque se han recortado en la última década y dejaron fuera a 45.000 universitarios, al exigirles una nota media de 6,5 puntos (desde 2018 son 5,5 puntos), lo que preocupa extraordinariamente a los rectores, porque, junto a las tasas,  lleva a un sistema universitario “excluyente”.


Con todo, el mayor problema de la Universidad española es, para muchos, que es “una fábrica de parados”, algo que rechazan explícitamente los rectores, aportando los datos de que los universitarios españoles tienen menos paro y más empleo que el resto de españoles. Y es verdad. Pero los datos también reflejan otros 2 hechos incontestables. Uno, que los universitarios españoles tienen el 2º nivel más alto de paro entre los universitarios europeos: el 8,4% de paro frente al 3,9% de media en la UE-23 y en la OCDE, sólo mejor que Grecia (14%) y muy lejos del 2% del paro universitario en Alemania. Y el otro dato, que la tasa de empleo de los universitarios españoles en la tercera más baja de Europa: trabajan el 81,6% de los titulados, frente al 86,1% en la UE-23, el 90% empleados en Suecia o Paises Bajos, el 89,5% en Alemania o el 85% en Francia, sólo menos que en Grecia (74,5%) e Italia (81%), según los propios datos de los rectores. Eso sí, de los 2.016.000 empleos creados en España entre 2015 y 2019, el 56% han sido para titulados universitarios.


Otro dato importante es que los universitarios ganan más que el resto de españoles, según confirman las estadísticas de la CRUE: un adulto con título de Grado gana un 52% más que una persona con Bachiller (en la OCDE ganan un 44% más) y un empleado con un Máster gana un 85% más (en la OCDE ganan +91%). Además, la brecha salarial por género es menor  entre los universitarios españoles: las mujeres ganan un 18% menos (-21,9% entre todos los ocupados). Y es inferior a la brecha universitaria en Europa (-24% de media) que oscila entre el -30% en Italia, el -29% en Francia y el -26% en Alemania, según la OCDE.


Para los rectores, el problema más grave de la Universidad española es su escasa financiación, tanto pública como privada. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar la Universidad, frente al 1,5% de media en la OCDE (y el 2% en EEUU). Y si miramos sólo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% del PIB en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. Traducido, significa que le faltan 2.400 millones de euros al año (1.600 públicos). Y no es sólo que se financie peor que en otros paises, es que además, el esfuerzo público (% sobre PIB) para financiar la Universidad es hoy menor que hace 22 años, según los rectores. 


Y además, esta financiación pública  por universitario está muy mal repartida por autonomías: hay Gobiernos autonómicos que aportan mucho más que la media (6.210 euros por universitario), como la Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800) y Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros), y otras que financian mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario, Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por alumno). Así que depende de la región, unas Universidades están peor financiadas que otras.


Pero todas las Universidades han perdido recursos, dado que el gasto por alumno universitario ha caído de 8.595 euros en 2008 a 8.063 euros en 2017, según la CRUE. El mayor recorte en la financiación  lo ha hecho el Estado (de aportar el 11% del gasto en 2008 a aportar un 5,6%, 451,90 euros por universitario en 2017), seguido de las autonomías (aportaban el 80% del gasto y ahora financian el 77%, 6.210 euros por alumno en 2017), mientras los alumnos ahora pagan más: si financiaban el 9% en 2008, en 2017 aportan ya el 17,4% del gasto total, 1.400 euros de media por alumno. 


Estos recortes y la menor financiación frente a Europa han obligado a las Universidades a hacer múltiples ajustes, que han deteriorado la calidad de la enseñanza, máximo si ahora ofrecen un 20% más de títulos. Por un lado, entre 2008 y 2017 se perdieron 8.288 puestos de personal docente e investigador, que fueron suplidos con personal contratado en condiciones muy precarias, lo que ha permitido mantener la plantilla total (98.362 empleados en 2017) pero con mucha más inestabilidad laboral y docente. Además, no se ha podido invertir apenas en infraestructura y equipamiento, con un enorme deterioro físico de la Universidad. Y se ha sufrido en primera línea el ajuste en Ciencia, donde, tras un recorte del 22% en I+D+i (2009-2018), España invierte la mitad que Europa.


En consecuencia, lo primero que piden los rectores para perfilar la Universidad de 2030 son más recursos, sobre todo públicos pero también privados. Y, en contrapartida, ofrecen realizar un reajuste en las titulaciones y en los contenidos de la enseñanza universitaria. Reconocen que hay un exceso de oferta de títulos y Máster y que además, “no se corresponde con lo que piden las empresas”. Es hora de que la Universidad española abra sus estudios a los que necesitan las empresas, que se quejan de que los universitarios que les llegan (salen 114.000 nuevos licenciados cada año) no tienen la preparación que necesitan. No es que estén mal formados, sino que “les faltan habilidades cognitivas, motivacionales, sociales e instrumentales”, según lo que trasladan a los rectores. Y por eso, resulta clave una enseñanza universitaria “más práctica”, además de abrir “pasarelas” entre la enseñanza universitaria y la formación profesional, con proyectos de FP dual para universitarios, como las 14 nuevas titulaciones que van a ofrecer las 3 Universidades vascas. 


La reconversión universitaria también tiene que llegar a los alumnos, que no pueden seguir matriculándose de carreras sin salida laboral y huir de las titulaciones STEM. Todos los alumnos de Bachillerato que dudan sobre qué estudiar deberían conocer este estudio de Ivie y la Fundación BBVA, que analiza cómo les ha ido 4 años después a los universitarios que acabaron en 2014. Demuestra que los titulados de las ciencias de la salud y las ingenierías han encontrado más trabajo, más estable y mejor pagado que los estudiantes de humanidades y ciencias sociales. Dos ejemplos extremos: medicina (92,1% trabajando, 99,7% como licenciados, con base cotización 34.290 euros) y turismo (65,5% trabajan, sólo el 14% como licenciados y con 19.861 euros de base imponible). Y lo mismo, para bien, los que han estudiado óptica, farmacia, ingenierías y matemáticas. Y para mal, los que estudiaron comunicación, arte y Bellas artes, comercio, relaciones laborales, geografía, arqueología, diseño, publicidad o sociología. Habría que ponerlo en el tablón de Secretaría…


Mientras la Universidad se “autoanaliza”, el nuevo ministro de Universidades declaró en el Congreso que no lanzará el debate sobre una nueva Ley de Universidades hasta 2021, con lo que no entraría en vigor hasta el curso 2022-2023 como pronto (la actual es de 2001 y reformada parcialmente en 2007). Antes, el Gobierno tiene otras prioridades: reformar la política de becas (más recursos, mayores importes y que lleguen a más familias, subiendo el ingreso familiar: frente a los 13.909 actuales, los rectores proponen 18.629 euros), aprobar un nuevo Estatuto del personal docente (para acabar con los falsos asociados y reducir la enorme precariedad de un tercio de las plantillas), un Plan para atajar el abandono universitario y, sobre todo, reducir las tasas universitarias para volver a los costes anteriores a 2012. Aquí, los rectores “tiemblan”: las Universidades no pueden bajar tasas si el Estado y las autonomías no aumentan su aportación. Y nadie habla de hacerlo, de financiar más. Algo difícil mientras no se reforme la financiación autonómica y aumente la recaudación.


En resumen, que tenemos un diagnóstico que explica por qué la Universidad española no funciona bien, básicamente por falta de dinero y por unos planes de estudio que no ayudan a trabajar. Es hora de afrontar los cambios necesarios, con un Pacto entre políticos, autonomías, Universidades, docentes, empresas y alumnos, para acordar un marco estable que alumbre la nueva Universidad 2030. Nos hace mucha falta.

La Formación Profesional duplica sus alumnos

Este curso, 824.281 jóvenes estudian Formación Profesional, casi el doble que en 2007, más de los que estudian Bachillerato. Y un 15% son universitarios que se han pasado a FP, porque consiguen mejor trabajo: el 76% se colocan. A pesar del salto, España está muy retrasada en FP: la estudian un 12% de jóvenes frente al 25% en la OCDE o el 50% en Alemania. Y por eso somos el 2º país europeo con más abandono escolar y tenemos más del doble de paro juvenil. Gobierno, sindicatos y patronal preparan un Acuerdo estratégico para apoyar la FP, con más recursos y medios, porque tenemos la mitad de centros de FP que de Bachillerato. Y más títulos adaptados a lo que demandan las empresas, reforzando la FP dual (1/3 son prácticas remuneradas en empresas), casi inexistente en España y clave en Alemania. Urge valorar socialmente a la FP, quitarle el sambenito de “estudios de 2ª para torpes”. Es una garantía de que los jóvenes estudien para trabajar.

enrique ortega

Todos los padres españoles aspiran  a que sus hijos sean universitarios, sobre todo si ellos no lo son. Y así tenemos un país donde el 36,4% de los adultos tienen una carrera, frente al 34,3% en Europa, pero somos líderes en paro, porque muchos licenciados no trabajan o están subempleados (el 37,1%). A partir de 2007, con la crisis, se han reducido los universitarios y han aumentado los que estudian Formación Profesional (FP), pensando que así iban a conseguir mejor trabajo. El salto de alumnos en FP es espectacular: si en el curso 2007-2008 estudiaban Formación Profesional 462.492 jóvenes, este curso 2018-2019 lo estudian 804.829, casi el doble, según los datos del Ministerio de Educación. El despegue se dio en 2012-2013 (666.047 alumnos de FP) y son ya cuatro cursos en los que hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato (672.337 alumnos este curso 2018-19).

La Formación Profesional tiene tres grados: la FP básica (73.472 alumnos), que se estudia a partir de los 15 años (2 cursos), la FP de Grado medio (342.281 alumnos), que se estudia al terminar la ESO (a los 16 años, 2 cursos) y la FP de Grado Superior (408.607 alumnos este curso), que se estudia al final de la FP de Grado Medio o del Bachillerato (a los 18 años, otros 2 cursos) y que es la que más está creciendo, porque cada vez hay más jóvenes que escogen esta vía en vez de la Universidad y porque hay licenciados que la escogen al terminar su carrera: entre un 10 y un 15% de los alumnos matriculados en FP de Grado Superior son universitarios que han abandonado su carrera o que la han terminado y escogen la FP para conseguir prácticas en una empresa, según la Asociación FP Empresa.

En la Formación Profesional, tiene un mayor peso la enseñanza pública (72,6% de los alumnos de FP estudian en centros públicos) que en el conjunto de la enseñanza no universitaria (67,3% estudian en centros públicos), menos la concertada (18,2% en FP y 25,9% en toda la enseñanza no universitaria) y más la enseñanza privada (tiene al 9,2% de los alumnos de FP, frente al 6,9% del total de alumnos de enseñanzas no universitarias), según las estadísticas de Educación. Y donde tiene más peso la FP es en Andalucía (17,6% del total de alumnos), Cataluña (16,3%), Madrid (11,8%), Galicia (6,1%) y País Vasco (5,2%), aunque si descontamos el factor de la población, las que tienen relativamente más alumnos de FP son el País Vasco, Galicia, Canarias, Castilla León y Castilla la Mancha. Los estudios de FP con más alumnos son sanidad, administración y gestión, informática y electricidad y electrónica (en FP de Grado Medio) y servicios socioculturales a la comunidad, administración y gestión, sanidad e informática en FP de Grado Superior.

El gran salto de la Formación Profesional en España desde 2007 tiene dos puntos negros. Uno, el fracaso de la FP básica, unos estudios que se inventó el Gobierno Rajoy para reducir las cifras de fracaso escolar y “embolsarlas” en este nuevo grado de FP a los adolescentes con problemas en la ESO: los alumnos que tenían 15 años y no conseguían aprobar 4º de la ESO se desviaban a la FP básica, para intentar que estudiaran durante dos años y salieran con un “título” a los 17 años: aprendices baratos. Esta vía, abierta por la LOMCE, fue muy criticada por la comunidad educativa y ha tenido poco éxito: de 39.867 alumnos el primer curso (2014-15) a 73.742 alumnos este curso 2018-19. Y eso porque todavía son pocos los centros que lo imparten, hay pocas plazas y las familias no lo ven una salida.

El otro punto negro de la FP, a pesar del tirón global, es la FP dual, otra nueva modalidad que puso en marcha el Gobierno Rajoy en el curso 2013-14, impulsado por la prometedora experiencia europea. Combina la enseñanza de FP (2 años que pueden ser 3) con prácticas remuneradas en una empresa, al menos un tercio de las horas de estudio (en la FP tradicional también hay prácticas en empresas, pero solo  3 meses al final del ciclo). Pero la FP dual no ha funcionado en España: este curso 2018-19, hacen FP dual 24.000 alumnos de los 810.621 matriculados en FP, el 2,96%, cuando en la OCDE y en Europa cursan FP dual el 11%, de los alumnos de FP y en Alemania el 31%. ¿Qué ha fallado? Básicamente, que Institutos y colegios (sobre todo los públicos) no tienen medios (profesores, instalaciones, presupuesto) para montar esta nueva enseñanza (sólo se imparte en 650 centros de los 2.500 que imparten FP) y no han conseguido la colaboración de las empresas (sólo colaboran 10.000).Y los sindicatos se quejan de que las empresas utilizan la FP dual para “seleccionar” a los mejores alumnos de FP (pocos) y conseguir una mano de obra barata.

Con todo, el salto en la Formación Profesional en España es muy llamativo, aunque todavía queda muy lejos del peso de la FP en el resto de Occidente. Basta este dato: en España, sólo el 12% de los jóvenes de 15 a 19 años están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE (35 paises desarrollados) y el 50% en Alemania. Y si miramos lo que estudian los jóvenes de 16 a 18 años, en España el 35% estudiaban FP de Grado Medio (el otro 65%, Bachillerato), frente al 44% en la OCDE, el 48% en la UE-22 (casi la mitad de adolescentes estudian FP), el 71% en Finlandia, el 68% en Holanda, el 58% en Italia, el 53% en Reino Unido, el 41% en Portugal o Francia, el 38% en Alemania o el 37% en Suecia, según los datos de la OCDE para 2016, que hoy son aún peores (33,7% hacen FP de Grado medio este curso frente al 66,3% que hacen Bachillerato). Y además, muchos no acaban la FP, con lo que la tasa de graduación en FP de Grado medio es en España del 25% de los jóvenes con 18 años, frente al 36% en la OCDE y el 41% en Europa. Por eso tenemos más del doble de paro juvenil que Europa (34,3% frente al 14,9%).

Así que la FP, a pesar del salto, tiene una gran tarea por delante para homologarse a Europa. Y cuenta para ello con una serie de ventajas de partida. La primera y fundamental, que tiene más salidas profesionales que las demás enseñanzas: el 74% consiguen trabajo al acabar sus estudios frente al 63% en el conjunto de la enseñanza, según los datos de Educación. Y los alumnos de FP dual tienen incluso un 10% más de posibilidades de empleo que los de la FP dual, según un estudio de Fedea. Además, las empresas ya buscan tantos titulados de FP como universitarios, según el último informe de Adecco: en 2017, un 40,3% de las ofertas de empleo estuvieron dirigidas a titulados de FP (sólo eran el 32% en 2016) y el 40,5% buscaban titulados universitarios. Eso sí, los sueldos ofrecidos eran peores: las ofertas para universitarios incluían entre 5.000 y 8.000 euros más de sueldo que las dirigidas a titulados FP. Los estudios de FP con más salidas profesionales, entre los 162 títulos que se ofrecen, son administración y gestión, auxiliares de enfermería, técnicos de cocina, informática, electricidad y electrónica y mecánica (en FP de Grado medio) y Técnico superior en educación infantil, en mantenimiento electrónico, administración y finanzas, higiene buco-dental, automoción y diagnostico clínico y laboratorio (en FP de Grado Superior).

Otra ventaja clara de la FP, además de que asegura más trabajo, es que supone menos años de estudio: la FP de grado superior se estudia 2 años frente a los 4 años de un Grado universitario. Y en paralelo, el coste de la FP para alumnos y familias es también inferior al coste de una carrera universitaria, sobre todo tras la fuerte subida de las tasas en 2012. También es más barata esta enseñanza para el Estado: el coste medio de un alumno de FP es de 13.000 euros (6.500 por 2 años) y el coste de un universitario es el triple (6.500 euros por una media de 6 años). Y estudiar FP asegura una formación más práctica, con 3 meses finales de prácticas en empresas al final del ciclo, lo que hace que algunos universitarios (arquitectos o ingenieros) se apunten a estudios de FP de Grado Superior para aprender cuestiones prácticas que no les dan en la Universidad e incorporarlas a su currículo.

Para avanzar, la Formación Profesional tiene también una serie de problemas a resolver. El primero y fundamental, ampliar la oferta, porque hay un número insuficiente de centros educativos que ofertan FP : hay 2.741 centros donde se puede estudiar FP de Grado Medio y 2.310 que imparten FP de Grado Superior, la mitad de centros que imparten Bachillerato (4.567), según las estadísticas de Educación. Y por eso, al crecer los alumnos, cada curso faltan plazas de FP, sobre todo en algunas zonas y titulaciones. Otro problema  es que la falta de plazas la suplen los centros privados, que crecen imparables, lo mismo que el coste de sus matrículas (entre 3.000 y 4.000 euros algunos cursos de 2 años), al calor de la mayor demanda de algunos títulos y la falta de oferta en los centros públicos, que empezaron a cobrar la FP de Grado Superior desde 2013 (entre 400 y 600 euros por curso). Y en muchos centros públicos, faltan profesores especializados para impartir enseñanzas de FP, instalaciones y laboratorios. Un cuarto problema es que muchos títulos ya no se demandan y otros con futuro no se dan: en España hay 162 títulos de FP frente a 350 en Alemania.

Visto el panorama, queda ver cómo dar otro empujón a la Formación Profesional, algo que necesita España con urgencia para resolver un problema estructural, la baja formación de nuestra mano de obra: tenemos muchos adultos sin casi formación (el 40,9% no tiene acabada la ESO, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22) y muchos adultos universitarios (36,4% en España frente a 37,7% en la OCDE y el 34,3% en UE-22) pero muy pocos adultos con formación intermedia (Bachillerato o FP de grado medio), un 22,7% en España, un 43,8% en la OCDE y un 45,9% en Europa (UE-22), según el Panorama de la Educación 2018 de la OCDE. Y por eso, a las empresas les falta personal con formación media y como hay mucho paro, los sustituyen por universitarios, lo que es un despilfarro como país y una enorme frustración para los jóvenes. Y las empresas insisten en que muchos puestos de mediana cualificación no los pueden cubrir y piden más FP.

El presidente Sánchez se reunió en septiembre en la Moncloa con la patronal y los sindicatos para preparar un Acuerdo estratégico por la Formación Profesional, que se quiere alcanzar antes de fin de año. El objetivo es que la patronal identifique las nuevas cualificaciones laborales que van a necesitarse en los próximos años y que las empresas intervengan en el diseño de los futuros títulos de FP. Y conseguir que España se vuelque en la FP, para conseguir niveles europeos en esta enseñanza y reducir así el abandono escolar (España, con el 18,3% de jóvenes que “tiran la toalla”, es el 2º país con más fracaso escolar, tras Malta) y el paro juvenil (donde también somos el 2º país peor, tras Grecia), así como el paro de adultos, ya que muchos parados (sobre todo mayores) carecen de formación.

¿Qué se puede hacer para impulsar la FP? Lo primero, según este estudio del IESE, darle un “prestigio social” que no tiene, para que ningún padre o joven crea que “es menos” por estudiar FP. Eso pasa por campañas de imagen y por divulgar sus éxitos, sobre todo en el empleo. Lo segundo, ligado a esto, es orientar mejor a los jóvenes en la ESO, “vendiéndoles las ventajas de la FP” (hoy no se les informa) y facilitando que los títulos de FP sirvan para presentarse a oposiciones. Tercero, mejorar la oferta de titulaciones, sobre todo las que tienen más salidas profesionales. Cuarto, aumentar el número de centros y plazas públicas de FP, especializándolos (creando Centros que sólo impartan los distintos ciclos de FP). Quinto, mejorar la coordinación entre los centros de FP y las empresas, utilizando su personal como profesores. Sexto, internacionalizar la FP, con más alumnos en los cursos de FP de Erasmus+ y más presencia de los idiomas en FP. Séptimo, aumento de los cursos online, con prácticas presenciales. Octavo, un aumento de la FP dual, con más colaboración de las empresas. Noveno, fomentar cursos de FP para parados, sobre todo mayores. Y décimo y fundamental, facilitar las pasarelas académicas de traspaso de alumnos entre Bachillerato y Universidad y la FP.

Hay que poner en marcha un gran Acuerdo nacional por la FP, con más presupuesto, centros de enseñanza, medios y empresas colaboradoras, para superar el millón de estudiantes en pocos años, equiparándonos a Europa. Será la manera de reducir el paro y dar una salida digna a nuestros jóvenes: que estudien para conseguir trabajar. Es lo mínimo.

El tirón de la Formación Profesional

Es la enseñanza que más crece los últimos años y también este curso, con 800.000 jóvenes matriculados en Formación Profesional. Aunque este año, el “tirón” tiene truco: dos de cada tres nuevos matriculados en FP son jóvenes de 15 años con malas notas a los que la LOMCE obliga a dejar la ESO y matricularse en la nueva FP Básica, un atajo del Gobierno Rajoy para reducir el abandono escolar y de paso formar aprendices a bajo coste. Pero el salto en FP ha sido espectacular con la crisis: casi se han duplicado los alumnos desde 2007, porque muchos jóvenes ven la FP como una mejor enseñanza para conseguir trabajo y más barata que la Universidad. Faltan plazas para los 1.400.000 jóvenes más que deberían estudiar FP para equipararnos con Europa. Hace falta más dinero, más centros, más títulos y más empresas volcadas en las prácticas de FP. Para que más jóvenes estudien para trabajar.
 

enrique ortega

Casi 1 de cada 10 alumnos no universitarios matriculados este curso (8.141.628) estudia Formación Profesional: son  793,034 jóvenes, un 12,8% más que el curso pasado, con mucho la enseñanza que más crece (el conjunto, un 0,7%). Este año, el “tirón” de la FP es excepcional (+90.272 alumnos), pero tiene “truco”: dos de cada tres nuevos matriculados (59.346) lo son en FP básica, una primera rama de la FP que ha creado en Gobierno Rajoy con la LOMCE, para desviar a  los alumnos de 15 años que no están en condiciones de aprobar el 4º curso de la ESO (y excepcionalmente el 3º). Hasta ahora, estos alumnos “con problemas” se incluían en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), pero ahora se “propone” a sus padres desviarlos a un primer eslabón de la FP, de dos años, que se ha estrenado en medio de las críticas de profesores y padres. Por un lado, la FP Básica se ha puesto en marcha contra reloj (programas y recursos), sólo en algunos centros (hay alumnos obligados a cambiar de colegio) y con menos titulaciones de las previstas. Además, muchas familias desconfían de una nueva etapa educativa que no ofrece  titulación (salvo a efectos laborales), porque para conseguir el título de la ESO (y poder seguir FP Grado medio) se les exige un examen (reválida), que les resultará más difícil que a sus antiguos compañeros.

Pero con la nueva FP Básica, el Gobierno Rajoy mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, intenta reducir el abandono escolar temprano, esos 800.000 jóvenes de 18 a 24 años que dejaron sus estudios, un 23,6% del total (12% en la UE-28). Casi la mitad (un 10,7%) dejaron el colegio sin acabar la ESO y son precisamente esos los que la Ley Wert quiere recuperar ahora, forzándoles a estudiar dos años de FP Básica, con el reclamo de que así van a encontrar trabajo. Buscan así mejorar las estadísticas y reducir el abandono escolar al 15% en 2020, como han prometido a Bruselas. Por otro lado, consiguen formar un año antes “aprendices” para trabajar: jóvenes con FP Básica a los  17 años, en vez de los 18 años que tienen los que hacen la ESO y luego estudian FP Grado Medio. Mano de obra barata (peor formada, eso sí) un año antes, con menos costes para el sistema educativo.

Al margen de la “trampa” estadística de la FP Básica, el hecho incontestable es que la Formación Profesional ha dado un gran salto en España con la crisis, casi duplicando los alumnos: de 462.492 alumnos en el curso 2007-2008 a los 793.034 alumnos de 2014-2015. Las razones son varias. Por un lado, muchos jóvenes han vuelto a las aulas, al no haber trabajo. Por otro, muchos estudiantes y familias han visto que estudiar Formación Profesional es una mejor opción para encontrar trabajo (informe Adecco). Y últimamente, hay muchos bachilleres que ante la importante subida de tasas, han cambiado la Universidad por la FP de Grado Superior. Aunque algunas autonomías también han puesto tasas a la FP Superior (400 euros en Madrid, 360€ en Cataluña y 180€ en Aragón), todavía es mucho más barata que la Universidad (donde un Grado en una pública cuesta de 1.200 hasta 2.000 euros anuales). Además, la FP Superior es más corta  (son 2 años, frente a 4 en un Grado), y se incluyen prácticas obligatorias de 400 horas en una empresa, que permiten titularse “con algo de experiencia”. De hecho, aumentan los universitarios que tras acabar la carrera se matriculan en una FP Superior (les convalidan mucho), para mejorar su empleabilidad.

Este “boom” de la Formación Profesional lleva años provocando una falta de plazas en casi toda España, sobre todo en Andalucía (faltan 40.000), Madrid (-15.000), Canarias (-12.000), Comunidad Valenciana (-5.000) y Murcia. Ya en 2011, el Gobierno Zapatero planteaba la necesidad de crear 200.000 plazas de FP en cuatro años. Pero no se han creado y la FP ha sufrido también los recortes: pocos centros (los centros públicos que imparten FP de Grado medio son un tercio de los que imparten la ESO), menos profesores (se han perdido unos 2.000 en los dos últimos cursos), menos medios, menos  prácticas, y se han paralizado las nuevas titulaciones previstas en 2011. Y con ello, la oferta de FP es reducida (140 títulos, frente a 340 en Alemania) y está muy concentrada desde hace una década (sanidad y servicios a la comunidad, informática, administración, electricidad, electrónica y mecánica del automóvil).

La falta de plazas y de títulos atractivos en la FP pública ha aumentado el peso de la FP privada, tanto con cursos FP online (los alumnos se han multiplicado por 6  desde 2007, hasta 61.915 este curso) como presenciales, sobre todo de FP Grado Superior, apoyados por algunas autonomías del PP. Incluso en algunos casos, como Madrid, se ha fomentado el trasvase a la FP privada, retirando ayudas a los centros concertados y promoviendo el cheque escolar en los centros privados. Con ello, la enseñanza pública ha bajado al 76,7% de alumnos en FP Grado Medio y se mantiene en el 79,1% en Grado Superior. Y España es el 6º país europeo con menos peso de la escuela pública en la enseñanza secundaria superior (FP y Bachillerato): un 79% frente al 83% en la UE-21 (el 92% en Alemania), según la OCDE. Lo malo  del auge de la FP privada, además de que es más cara (y discrimina a las familias con menos ingresos), es que se crece gracias a las carencias de la pública: se concentra en las titulaciones donde hay más demanda pública no atendida (como Actividades Físicas y Deportivas) y en otras que la pública no ofrece (como Emergencias sanitarias, en Madrid).

La Formación Profesional ha dado un salto indudable, pero aún es el pariente pobre de la educación en España: hay 2 alumnos estudiando Bachillerato por cada uno que hace FP Grado medio y 4 universitarios por cada estudiante de FP Superior.  Y estamos  muy retrasados frente al resto de Europa: sólo un 9% de los españoles adultos (25-64 años) tiene FP de Grado medio frente al 33% de media en la OCDE y el 55% de Alemania. De hecho, somos el 5º país europeo (UE21) con menos peso de la FP, sólo por delante de Grecia, Francia, Hungría y Estonia.  En cambio, tenemos más universitarios que la mayoría (32% de españoles frente a 29% en la UE-21 y 28% en Alemania). O sea, hay demasiados capitanes y pocos cabos, cuando la realidad del trabajo  es otra: en 2020, según la UE, sólo el 35% de los empleos requerirán una formación superior y el 50% un grado medio, el que da la FP.

Se impone un cambio de mentalidad, en las familias y en los jóvenes: hay que estudiar para lo que hay y habrá más trabajo, formación media, tanto FP de Grado Medio como Superior. Eso debería llevar a 1.400.000 jóvenes más a estudiar Formación Profesional en los próximos años, según un informe del Gobierno ZP en 2011. Esto obligaría a una gran cruzada por la FP, actuando en varios frentes: más recursos, más centros y más plazas públicas (50.000 al año), más titulaciones (renovando la oferta) y una mayor implicación de las empresas, para colaborar en el diseño de la formación y en las prácticas. De hecho, la FP dual (alumnos de 16 a 30 años que estudian en un centro de FP un tercio del tiempo y dos tercios en una empresa, durante 3 años, a cambio de un contrato de aprendizaje que paga 450 euros al mes) no despega, a pesar de que el Gobierno Rajoy la vendió en 2012 como la panacea contra el paro juvenil: en 2014 hay sólo 375 centros implicados, con 9.555 alumnos formándose y 1.570 empresas colaborando (11 proyectos en Andalucía y 5 en Galicia o Extremadura, por ejemplo). Un fracaso.

Gran salto en la FP (trucos aparte) pero hay que ver lo mucho que queda por hacer y poner todos los medios, sin más recortes. Con una apuesta decidida de los Gobiernos, los centros, los alumnos y las empresas por una formación profesional de calidad y orientada al empleo futuro. Hay que hacer campañas para mejorar la imagen académica y social de la Formación Profesional (no puede ser considerada "una enseñanza de segunda clase"), para acabar con la idea de que "el que vale, vale, y el que no, para FP ".También tenemos que cambiar los padres: no todos nuestros hijos pueden ser universitarios si queremos que consigan empleo. Tienen que estudiar para trabajar.