Menos horas de trabajo (y bajarán más)

Los españoles trabajamos la mitad que hace siglo y medio, 10 horas menos al mes que hace una década y 1 hora menos a la semana que antes de la pandemia. Se trabajan 35,5 horas a la semana y bajan año tras año por los avances tecnológicos, el auge de los servicios, el envejecimiento de las plantillas y el mayor trabajo de las mujeres, que dominan el empleo a tiempo parcial. Pero muchas empresas hacen la “trampa” de aumentar las horas extras, la mitad sin pagarlas, para ajustar plantillas. Ahora, la jornada laboral se reducirá otras 3 horas semanales en la próxima década, según el Banco de España. El problema de fondo es que los robots, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ponen en peligro un tercio del empleo actual, lo que reducirá el trabajo. Y habrá que repartirlo: trabajar menos horas. De ahí las experiencias de la semana laboral de 4 días, un éxito en Reino Unido, que se empieza a probar en España.

Enrique Ortega

Los trabajadores llevan siglo y medio peleando por trabajar menos horas. Todavía se conmemoran, el 1 de mayo, las protestas sangrientas en Estados Unidos, en 1886, por la jornada de 8 horas, en un siglo donde los obreros trabajaban entre 12 y 14 horas diarias. Y curiosamente, España fue el 2º país del mundo en aprobar la jornada laboral de 8 horas (48 horas a la semana, con un día de descanso semanal), en abril de 1919, tras la Unión Soviética (la aprobaron en 1917), a raíz de una huelga general en Cataluña, en apoyo de La Canadiense, que duró 44 días. Tras el paréntesis del franquismo y la primera Transición, hubo que esperar a diciembre de 1982, cuando el primer Gobierno de Felipe González aprobó la jornada semanal de 40 horas, que entró en vigor en junio de 1983, hasta hoy.

Junto a la pelea sindical, la tecnología ha sido el otro elemento clave para la reducción de la jornada laboral, al permitir producir más en menos horas. Eso explica que la jornada laboral se haya reducido a la mitad en el último siglo y medio: se trabajaban en España  3.000 horas anuales en 1.870 (3.300 en la Europa industrializada y 3.100 en EEUU), se bajó a 2.500 horas en 1920 (2.550 en Europa y 2.800 en USA), a 2.050 horas en 1950 (2.100 en Europa y 2000 en EEUU), a 1.800 horas anuales en 1990 (1.550 en Europa y 1.800 en USA) y 1.641 horas en 2021 (1.566 horas anuales en la UE-27 y 1.791 horas en EEUU), según las series históricas y los últimos datos de la OCDE.

Actualmente, España (1.641 horas anuales) está a medio camino entre los paises que trabajan más horas (1.872 horas anuales Grecia, 1.838 Rumanía, 1.791 EEUU, 1.669 Italia, 1.649 Portugal o 1.607 Japón) y los paises que trabajan menos horas, la Europa rica del centro-norte (1.349 Alemania, Dinamarca 1.363, Noruega 1.424 o Francia 1.490 horas anuales). Y nuestra jornada laboral está por encima de la media europea (1.566 horas anuales en la UE-27), aunque trabajamos menos que la media de la OCDE (1.716 horas semanales en los 44 paises más desarrollados, con México en cabeza: 2.127 horas de trabajo).

En la última década (2011-2021), la jornada de trabajo ha bajado en todo el mundo, una media de 95 horas anuales, según la OCDE (de 1.811 horas a 1.716) y algo más en Europa (-101 horas, de 1.667 a 1.566) y en España: la jornada anual ha bajado en 121 horas (de 1.762 a 1.641 horas), unas 10 horas menos de trabajo al mes. Y esa tendencia, la reducción de la jornada laboral, se ha acentuado con la crisis financiera de 2008 y después, con la pandemia y la inflación. Así, la media efectiva de horas semanales trabajadas ha pasado de 38,1 horas (2008) a 37,1 horas /2013), a 36,6 horas en 2019 y a 35,5 horas semanales a finales de 2022, según la última EPA (INE). O sea, que trabajamos 2,6 horas menos a la semana que hace 15 años y 1,1 horas menos que antes de la pandemia.

Esta es la jornada media de los que trabajan, pero hay grandes diferencias por sexo, edad, sector y puesto de trabajo. La jornada de los hombres (37,7 horas de media) es mayor que la de las mujeres (33 horas), que trabajan más por días y por horas. Y en general, trabajan más horas los jóvenes que los más mayores. Además, trabajan más horas los empresarios (43,9 horas a la semana) y los autónomos (41,9 horas) que los asalariados (34,5 horas semanales de media), trabajando más los empleados privados (34,6 horas) que los públicos (33,9 horas), según la EPA. Y a más categoría, más horario (40,1 horas los directores generales, 37,7 los trabajadores cualificados y 31,2 horas las ocupaciones”elementales”). Por sectores, el mayor horario lo tiene la agricultura (40,2 horas semanales), seguida del transporte (38,4 horas), la minería (38 horas), la construcción (37,6 horas) y la hostelería (37 horas semanales). Y tienen el horario más bajo la educación (30,4 horas semanales), la sanidad y servicios sociales (34,1) y las administraciones públicas (34,8 horas).

La jornada lleva décadas bajando por la tecnología y la innovación (que permiten producir más en menos tiempo) y por otras razones, destacando  el aumento del trabajo a tiempo parcial (por horas o días), que explica el 40% de la reducción de jornada, según el Banco de España. En 1987, sólo un 5,2% de los ocupados trabajaba a tiempo parcial, pero en 2008 ya lo hacían el 12,48% de los trabajadores (2.479.000 ocupados) y ahora son ya el 13,59% de los trabajadores (2.781.700 ocupados a tiempo parcial en 2022). Este cambio se debe al aumento del trabajo de las mujeres: son ya 2.045.600 las que trabajan a tiempo parcial (el 73,5% del total), la mayoría porque no encuentran trabajo a jornada completa o para poder cuidar a hijos y padres. Otras razones que explican la reducción de jornada son el mayor trabajo en los servicios (con menores horarios que la industria o la construcción), el alto porcentaje de contratos temporales (hacen menos horas) y el envejecimiento de las plantillas: los mayores de 55 años trabajan semanalmente 1 hora menos que los jóvenes.

Con todo, hay que resaltar que en muchas empresas, esta reducción de la jornada laboral es “un espejismo”, porque hacen “trampa”: reducen la jornada laboral, pero aumentan las horas extras. Y así afrontan el mayor trabajo, sin aumentar plantilla ni jornada. Es lo que revelan las cifras oficiales del INE: se ha pasado de 5.346.600 horas extras semanales en 2011 a 6.005.600 en 2019 y a 6.783.900 horas extras semanales hechas en 2022, según la EPA. Sólo el año pasado se han hecho en España 506.000 horas extras más que en 2021. Ojo: en el 4º trimestre de 2022, las empresas perdieron empleo (-81.900 ocupados), pero aumentaron en 580.000 las horas extras.

Y para más INRI, casi la mitad de las horas extras no se pagan, se fuerza a los trabajadores a que las hagan “gratis”: en 2022, de las 6.783.900 horas extras hechas semanalmente, 2.897.200 no se pagaron (el 42,7% del total), según el INE. Son 376.500 horas extras gratis más de las que se hacían antes de la pandemia (2.520.700). Y curiosamente, quien hace más horas extras gratis son las mujeres (1,53 millones), donde han crecido un 49,6% desde 2019, sobre todo en la educación, la sanidad y la investigación, lo que indica que muchas empresas y organismos han hecho frente a la mayor actividad tras la pandemia forzando a las mujeres, mayoritarias en estos sectores, a hacer horas extras, la mitad gratis.

Los sindicatos denuncian constantemente esta práctica, el aumento creciente de las horas extras, porque es un sistema que utilizan las empresas para no contratar nuevos trabajadores y mantener su actividad. Un ejemplo: las 778.300 horas extras más hechas en 2022 que antes de la pandemia hubieran dado trabajo a 22.000 personas. Para evitar este “fraude contra el empleo”, los sindicatos exigen que se cumpla el registro horario en las empresas y más medios en la inspección de Trabajo, para detectar las horas extras no declaradas. Un ejemplo reciente han sido las visitas de inspectores a empresas de consultoría, fuera del horario habitual, y las huidas de empleados de las oficinas para que no les pillaran trabajando…

Incluso con la trampa de rebajar jornada aumentando horas extras, el hecho cierto es que la mayoría trabajan menos horas cada año. Y la previsión es que siga siendo así: la jornada semanal se reducirá en otras 3 horas para 2033, según un reciente estudio del Banco de España, debido a que van a seguir pesando los factores que explicaban la reducción de jornada: mejora de la tecnología y la innovación, aumento del trabajo a tiempo parcial, mayor empleo en los servicios y envejecimiento de las plantillas.

Con todo, la clave de la jornada laboral en el futuro será la tecnología y sus efectos sobre el empleo a medio plazo. De momento, es un hecho es el avance de la robotización de la economía, con 50 millones de robots instalados en el mundo en 2020, cuatro veces más que en 2018. Y de ellos, 3,5 millones de robots industriales, instalados sobre todo en la industria del automóvil y la electrónica, lo que ha recortado empleos y horarios. De momento, esta automatización industrial afecta a los empleos de mediana cualificación, más fáciles de sustituir por máquinas que los más cualificados, mientras en los de baja cualificación (y salarios bajos) invertir en tecnología compensa menos. A medio plazo, el efecto de la automatización es preocupante: el 46% de los empleos están en riesgo de ser sustituidos en la OCDE, según el estudio “Survey of Adult Skills” 2018 de Nedelkoska y Quintin. Y España es el 6º país con más riesgo de perder empleos con la automatización: un 30% de los trabajos están en riesgo significativo (más del 70% de probabilidades de perderse) y otro 22% están en riesgo alto (50-70% de probabilidades), en total, un 52% de empleos en riesgo.

Otro estudio, de la consultora McKinsey advierte que la automatización de la economía afectará a un 30% de los empleos mundiales: un 15% se perderá, otro 3/5% cambiará y otro 10% obligará a cambiar de profesión. Es una alerta a los paises para que hagan un tremendo esfuerzo de reconversión laboral, con importantes inversiones educativas en nuevas competencias y titulaciones. Y eso sin que todavía sepamos el alcance de la 4ª Revolución Industrial, el efecto que van a tener sobre el empleo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, los vehículos autónomos, los nuevos materiales, la impresión 3D, las nuevas energías, la biotecnología… Está claro que, al menos inicialmente, obligará a perder muchos empleos y a reconvertir el trabajo futuro, aunque también será una fuente de nuevos empleos para los que se adapten y formen.

Todo apunta a que habrá menos trabajo a medio plazo, porque una parte de lo que hacen ahora los trabajadores lo harán las máquinas y los ordenadores. Eso obligará a repartir el menor trabajo disponible, con lo que se reducirá aún más la jornada laboral, por efecto de la tecnología. De ahí que aumenten los defensores de la jornada semanal de 4 días, que supondría pasar de la actual jornada de 40 horas a 32 horas semanales. En Reino Unido se ha hecho un proyecto piloto, donde han participado 61 empresas (durante 6 meses), apoyado por las Universidades de Oxford, Cambridge y Boston, siguiendo el “modelo 100-80-100”: mantener el 100% del salario, reducir un 80% la jornada y mantener el 100% la productividad. El resultado ha sido muy alentador: 56 de las 61 empresas han decidido prorrogar esta jornada. Y 18 de ellas, han optado ya por implantar la jornada semanal de 4 días.

En España, la iniciativa de la jornada semanal de 4 días partió de Iñigo Errejón, de Más País, que pactó con el Gobierno en 2021 incluir una partida en los Presupuestos 2022 para implantar un proyecto piloto. Al final, el proyecto se retrasó hasta diciembre de 2022, cuando el BOE publicó una Orden de Industria para destinar 10 millones de euros (menos de los 50 millones previstos inicialmente) para subvencionar con hasta 150.000 euros a las empresas “del sector privado industrial” que se comprometan a reducir su jornada laboral “un mínimo del 10%” durante 2 años, manteniendo los sueldos. Se espera que las ayudas se convoquen este mes de marzo, tras lo cual se recibirán las solicitudes y se evaluarán por la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), una institución pública dependiente de Industria. La idea es buena, pero tiene dos “pegas”: su escasa dotación (da para financiar 66 proyectos) y que está restringida al sector industrial (en Reino Unido, el proyecto piloto a acogido desde negocios de “fish&chips y despachos de abogados  a una start up de robótica…).

Los sindicatos defienden esta jornada semanal de 4 días, pero piden que sea resultado de una negociación entre las empresas y sus trabajadores, manteniendo los salarios, no una imposición (para recortar costes). Y ponen como mal ejemplo el caso de Desigual, que aprobó en 2021 la jornada laboral de 4 días para empleados de oficina, reduciéndoles un 6,5% los salarios, advirtiendo que “serían despedidos” los que no aceptaran el cambio. De momento, a la espera de implantarse el programa piloto de Industria, hay muchas pequeñas empresas y negocios que están “probando” esta nueva semana laboral de  4 días. Y muchos la ven “positiva”, porque mantiene la productividad (incluso mejorándola) y permite reducir las fugas de empleados y los días perdidos (bajas), recortando también costes. Y se facilita además  la conciliación laboral y la pérdida de horas camino al trabajo, así como su coste energético. Recordemos que el 21% de los trabajadores tardan más de una hora en ir a trabajar, según el INE. Y en Madrid, el 36,68% de los que trabajan emplean más de una hora…

Mientras el teletrabajo ha dado marcha atrás (sólo el 14% de los ocupados teletrabajó en 2022, frente al 17,6% en 2021 y el 37% en 2020), la semana laboral de 4 días se presenta como una posible alternativa para sectores y negocios donde la tecnología permitirá reducir las horas de trabajo (mejor que reducir los empleos). Pero no será suficiente. Habrá empresas y trabajos que van a desaparecer, por imperativo de la revolución tecnológica. Y en estos casos, sólo queda reconvertirse a fondo, preparándose para empleos que hoy ni siquiera existen. Es uno de los grandes retos de todos los paises en este siglo. Y habrá muchos que, por su edad o situación, no puedan reciclarse ni tengan la opción de trabajar menos horas. Simplemente, se quedarán fuera de los empleos futuros. Eso exigirá avanzar en la renta básica, para asegurar la subsistencia a los perdedores de esta nueva revolución tecnológica. Hoy suena extraño, pero será algo necesario en pocos años, como la semana laboral de 4 días. El trabajo va a sufrir una revolución inimaginable.

 

Renta mínima frente a más pobreza

El Gobierno aprobará mañana el ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda estatal entre 462 y 1.015 euros mensuales para 850.000 familias vulnerables. Y 100.000 hogares empezarán a cobrarlo en junio. El detonante de esta renta mínima, prometida en esta Legislatura, es el coronavirus, que ha recortado  ingresos a millones de españoles. Pero la pobreza no es nueva: antes de la pandemia, España era el 7º país de Europa con más pobreza, 12 millones de españoles, según Eurostat. Y lo peor: éramos el 4º país europeo donde más creció la pobreza desde 2008, a pesar de la recuperación. Ahora, el coronavirus sólo agrava una pobreza que ya clamaba al cielo antes. Y no es sólo un problema de justicia social, sino también económico (frena el consumo y el crecimiento) y político (alimenta el populismo y la extrema derecha, ahora “preocupada” por las “colas del hambre”). Pero no basta con “la caridad” del ingreso mínimo vital . Hay que sacarles de la pobreza con formación, empleo y ayudas sociales mejor repartidas. Y pagarlo con impuestos más justos.

enrique ortega

La pobreza ya estaba aquí, en España, mucho antes del coronavirus. La Comisión Europea utiliza desde 2008 un indicador, el AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) que mide las personas en riesgo de pobreza o exclusión social a partir de 3 indicadores: sus ingresos (son pobres los que ganan menos del 60% del ingreso medio de cada país), la privación material severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por semana a llegar a fin de mes) y hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de 20 en el último año). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de pobres en 2018, un 21,7% de la población, según el último dato de Eurostat. Y España era, con 12.047.000 “pobres”, un 26,1% de la población, el 7º país europeo con más pobreza (AROPE), sólo por detrás de Bulgaria (32,8%), Rumania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según Eurostat.


De los 12.047.288 españoles ya pobres en 2018, hay 10.065.967 personas que sufren sólo pobreza monetaria (el primer indicador), porque ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, un tope fijado para 2018 en 8.871 euros anuales (739 euros mensuales) para solteros y en 18.629 euros anuales (1.552 euros al mes) para familias con 2 hijos. En total, son un 21,5% de españoles en situación de pobreza monetaria, frente al 16,9% que la sufren en Europa. Eso nos coloca como el 6º país europeo con más pobres por ingresos (menos del 60% de la media), tras Rumanía (23,5% de pobres monetarios), Letonia (23,5%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), según Eurostat.


Y dos datos más para evaluar nuestra pobreza antes del coronavirus. De esos 10 millones largos de “pobres”, más de la cuarta parte, 2.661.809 de españoles están en situación de “pobreza severa” (el 5,7% de la población total), porque ingresan menos del 30%  de la renta media, en el caso der España, menos de 370 euros al mes (solteros) o menos de 776 euros mensuales (familias). Y no podemos olvidar la pobreza infantil, porque España es el 2º país europeo con más niños pobres (tras Rumania): 2.458.000, el 26,8% de los menores de 18 años, viven en situación de pobreza, según la estadística europea AROPE. Y de ellos, 650.000 niños españoles viven en familias con pobreza severa.


Lo más preocupante es que esta pobreza ha ido a más en la última década, a pesar de la recuperación y de presumir de ser uno de las paises donde más crecía el PIB. Así, en 2018 teníamos 1.200.000 pobres más que en 2008 (23,8% de pobreza AROPE), siendo España el 4º país europeo donde más ha aumentado la pobreza en la última década (+2,8%), sólo por detrás de Bulgaria (+6,7%), Luxemburgo (+6%) e Italia (+3,4%), según Eurostat. Y ha aumentado incluso la pobreza severa, que ahora sufren 740.000 españoles más que en 2008. Crecíamos mucho antes del coronavirus, pero también crecía la pobreza.


Este aumento de la pobreza, a pesar de la recuperación, provoca que se haya “enquistado” en la sociedad (como denuncia Cáritas) y se haya generalizado, por la precariedad laboral y salarial de cada vez más españoles. Con ello, el perfil del “pobre” ha cambiado y podría ser nuestro vecino, no sólo los que venden  pañuelos en los semáforos… Un informe de la Red Europea contra la Pobreza  (EAPN) traza un perfil de los pobres en España: la mayoría son españoles (el 82,8% hoy, frente al 76,6% en 2008), adultos (77,6% tienen más de 18 años), con un nivel educativo medio o alto (22,9% con Bachillerato y 13,4% universitarios) y que trabajan (el 32,6 % de los españoles pobres trabajan). Y además, viven más en las zonas rurales (allí residen el 31,4% de los pobres españoles y el 24,4% de los no pobres), porque buscan zonas donde es más barato sobrevivir (aunque tengan menos servicios). Y además, los pobres españoles son hoy más pobres que en 2008: han perdido un -10,7% de capacidad adquisitiva (la inflación se ha comido su pequeño aumento de ingresos) mientras el resto de españoles no pobres han perdido el -3,7%, según este informe de la EAPN. 


Para completar el perfil, veamos qué españoles tienen más boletos en esta lotería de la pobreza, según la EAPN: sufren más la pobreza los parados (el 58,9% son pobres, frente al 26,1% de media), los inmigrantes de  fuera de la UE (el 56% son pobres) e incluso los comunitarios (el 47,7% son pobres, por los que vienen de Europa del Este), las mujeres solas con niños (50% son pobres), los inactivos (37,6%), los poco formados (el 33,8% de los que tienen sólo primaria, la ESO o menos), los jóvenes de 16 a 29 años (33,8% son pobres), los hogares con niños (33,6%), los discapacitados (31,1%) y más las mujeres (27% son pobres) que los hombres (25,1%). También depende mucho de dónde se viva: la España del sur tiene una tasa de pobreza (35,5%) doble que la España del norte (18,8%). Destacan por su alta tasa de pobreza Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%), Canarias (36,5%), Castilla la Mancha (33,5%) y Murcia (32,7%), frente a bajos niveles en el País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%), Aragón (17,7%), Baleares (18,1%), Cataluña (18,9%) y Madrid (19%).


Frente a esta pobreza tan extendida, poco se hace desde la Administración, cargando el problema sobre las ONGs (como Cáritas, Cruz Roja, cientos de pequeñas organizaciones y asociaciones de vecinos) y los servicios sociales de los Ayuntamientos, que atienden sin medios a 6 millones de españoles cada año. Eso sí, las autonomías afrontan el problema con una renta básica, que implantó el País Vasco en 1989 y que ahora ofrecen todas, gastando 1.500 millones al año en ayudar a 293.302 hogares (671.180 beneficiarios), según los últimos datos publicados (de 2018). O sea, que esta ayuda autonómica sólo llega al 5,5% de los pobres españoles. Y además, esta renta básica es muy desigual por autonomías: varía entre los 300 euros mensuales de Ceuta, los 400 de Madrid, los 430,27 de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia o la Rioja, los 478 euros de Canarias, los 515 de la Comunidad Valenciana, los 604 de Cataluña, 610 de Navarra y 644,49 euros del País Vasco, todos con diferencias plazos y requisitos para recibirla.


Además de las ayudas de ONGs y esta renta básica autonómica, las familias pobres reciben ayudas sociales (estatales, autonómicas y locales), para alquileres, recibos y por hijos. Pero España, a pesar de ser uno de los líderes europeos en pobreza, es uno de los paises con menos gasto social: destina el 16,6% del PIB frente al 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% que gasta Dinamarca, el 19,2% que gasta Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. A lo claro: destinamos 25.700 millones menos que los europeos cada año a gasto social. Y eso es ahora y también antes de la crisis de 2008, según los últimos datos de Eurostat (2017). Gastamos menos que los demás paises en ayudas a la familia (somos el país UE que menos gasta, acaba de decir la Comisión Europea), en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Sólo gastamos más en desempleo, porque tenemos el doble de paro que Europa.


El problema no es sólo que el gasto social en España sea escaso, sino que además, está mal hecho, es ineficaz,  como alertó en enero el FMI (y antes, la OCDE y la Comisión Europea). Según su informe, el 40% de las familias españoles más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas sociales, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes. La propia Comisión Europea ya advirtió, en enero de 2018, que “España es con Italia el país en el que las prestaciones sociales menos ayudan a las rentas bajas”. Y eso, porque se distribuyen mal y los impuestos no benefician a los más pobres, sino que “benefician más a las rentas medias y bajas” (por exceso de deducciones y exenciones), según otro informe de la OCDE, de noviembre 2018. Y aportan otro dato muy explícito: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%), mientras el 20% de hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio (en la OCDE reciben el 95%). Según la OCDE, de sus 34 paises, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.


Con este panorama, una pobreza récord y un gasto social escaso e ineficiente, nos llega el coronavirus. Una pandemia que no afecta a todos por igual, como se dice, sino que se ceba con las personas más pobres, según demuestran varios  estudios. En España, los contagios se han concentrado más en los barrios más pobres de Madrid y Barcelona. Y lo mismo se ha detectado en Inglaterra y Gales o en Nueva York, donde los contagios se han duplicado entre los negros e hispanos del Bronx respecto a los blancos de Manhattan. Y eso porque las familias pobres tienen más enfermedades previas (sobrepeso, hipertensión, diabetes), más dificultad para estar confinados (más hacinamiento) y teletrabajar, empleos más precarios (los que primero se pierden) y dependen más de la economía sumergida y de trabajos que no entran en ERTEs ni cobran desempleo.


Así que la emergencia sanitaria y la emergencia económica se han cebado más en los que ya eran pobres, a los que se han sumado otros “pobres nuevos”. Y eso, porque un tercio de hogares (6,3 millones) no tienen “hucha” para aguantar tres meses sin ingresos (y un tercio, 2,4 millones, ni siquiera un mes), según un estudio de BBVA Research. Por eso, con el coronavirus, hay otros 6 millones de españoles que se pueden sumar a la lista de pobres (donde ya había 10 millones), según Foessa (Cáritas). Unos y otros, muchos sin ingresos por el confinamiento, se juntan en las “colas del hambre”. Pero aunque VOX y el PP no lo digan, ya había "colas del hambre" antes del coronavirus, sobre todo en los peores años de la crisis y los recortes, entre 2012 y 2015.


Esta pobreza extra ha acelerado la aprobación del ingreso mínimo vital, que PSOE y Podemos prometieron esta Legislatura. Se aprueba mañana 29 de mayo, en un Consejo extraordinario, que crea una nueva prestación a cargo de la Seguridad Social, compatible con las rentas mínimas de las autonomías. Es una renta mensual, que oscila entre los 462 euros (adulto solo) a 877 euros (2 adultos y 2 niños) y hasta 1.015 euros (tres adultos y 2 niños), a la que tendrán derecho los que ingresen menos de 230 euros mensuales por miembro familiar adulto. Se estima que este ingreso mínimo vital (IMV) puede llegar a 850.000 familias (2,3 millones de personas), aunque las primeras 100.000 familias (ya identificadas) la van a recibir en junio, de oficio. Esta ayuda es compatible con algunos ingresos (se fijan límites) y exigirá que el perceptor busque trabajo o reciba formación, que intente salir adelante y no "vivir subsidiado".


En toda Europa hay ayudas a las familias más desfavorecidas, aprobadas hace años por gobiernos de todo signo político, según este exhaustivo estudio de la revista de la Seguridad Social: en Reino Unido (unificadas en 2013 seis prestaciones antes independientes, con 1.176 euros por familia con 2 niños), en Francia (la RSA, desde 2009, 550 euros a individuos  y 1.046 euros a familias), en Alemania (subsidio común a todos los länder, desde 2005, 432 euros a solteros y 1.238 euros a familias), Italia (la “renta de ciudadanía", aprobada en 2019, de 500 a 900 euros mensuales), Bélgica (desde 2002, con 1.410 euros para familias) y Holanda (1.771 euros para familias), con menos importes  en Finlandia (560 euros) y paises nórdicos, porque tienen unas prestaciones muy generosas de servicios sociales.  En otros paises, como Australia, Nueva Zelanda y EEUU, las ayudas son más restrictivas y suelen ser deducciones fiscales reembolsables (en USA, el EITC, una ayuda fiscal de 3.100 dólares al año).


Ahora, la clave es que se agilice el sistema de concesión de esta renta mínima, dotando de más medios a los servicios sociales municipales y autonómicos, colapsados por la pobreza anterior y la nueva del coronavirus. Y sobre todo, asegurar unos recursos suficientes para financiarla (cuesta 3.000 millones al año), para que no pase como con la Dependencia: los dependientes tienen un derecho desde hace 13 años, pero faltan recursos y por eso hay 261.616 dependientes “en lista de espera”. Y que esta nueva prestación sea “permanente”, no temporal por el coronavirus, porque una cuarta parte de los españoles ya eran pobres antes.


Pero no basta con aprobar esta nueva ayuda, que la derecha ve como “caridad” y no como un derecho que habrá que mantener, sobre todo porque la tecnología y los robots auguran un negro futuro para el empleo. Hay que apostar por otra política social, con más recursos y más eficiencia, como piden el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. Y otra política de empleo, para mejorar la formación de las personas vulnerables y ayudarles a encontrar empleo, lo que exige una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a recolocarse. Y además, preocuparse de la vivienda y los alquileres, que conducen a muchas familias a la pobreza, al tener que destinar hasta un 40% de sus ingresos a pagar su casa. No basta con dar un cheque al mes para ayudarles a sobrevivir, hay que ayudar a los más pobres a formarse, trabajar y encontrar un alojamiento barato, lo que exige no poner topes a los alquileres sino lanzar un ambicioso programa de alquileres públicos.


Ahora, con el coronavirus, volvemos a hablar de la pobreza, que se ha agravado, aunque siempre ha estado ahí, mientras la mayoría miraba para otro lado. Pero combatir la pobreza no es sólo una exigencia social, de justicia. También debe ser una prioridad económica, porque no será posible la reconstrucción si una cuarta parte de los españoles se queda atrás. Y una exigencia política, porque los pobres se sienten excluidos de la sociedad, no participan en la democracia y son caldo de cultivo del populismo y la extrema derecha. Hay que extirpar la pobreza, enquistada entre nuestros vecinos, porque es un cáncer social, económico y político. Pero para lograrlo, no basta con la renta mínima. Hay que hacer otra política social.

Nueva renta mínima en tres autonomías

Andalucía ha estrenado 2018 con una nueva renta mínima para los más desfavorecidos, similar a la que aprobó en julio el Parlamento catalán y en noviembre las Cortes valencianas. Son la “segunda generación” de rentas mínimas, porque ahora, todas las autonomías tienen un sistema de rentas mínimas de inserción que ayuda a 789.672 españoles, con 300 a 648 euros al mes. Pero es un sistema muy desigual, con grandes diferencias en las ayudas, por lo que también para ser pobre depende mucho de donde uno viva. Y mientras, PP y Ciudadanos intentan frenar en el Congreso una renta mínima estatal, que promovieron los sindicatos con 700.000 firmas y que costaría entre 11.000 y 20.000 millones. Entre tanto, en el mundo se debate otra renta mínima, universal, no sólo para pobres, para afrontar la creciente pobreza y desigualdad y el desempleo tecnológico que se avecina. Se está probando en Finlandia, Holanda y Barcelona (dentro de un plan piloto de la Comisión Europea). Un debate que aquí se desprecia. Deberíamos conocerlo. 

enrique ortega

Todas las autonomías tienen asumida, en sus Estatutos, la competencia de servicios sociales, transferida por el Estado central. Y desde 2001, todas tienen un sistema de “rentas mínimas de inserción”, una ayuda económica mensual que reciben las familias más desfavorecidas, por un plazo de 6 meses a tres años y más. En 2015, último año del que hay estadísticas oficiales, había 323.406 españoles titulares de rentas mínimas de inserción, aunque como la mayoría eran familias, las ayudas llegaban a 789.672 beneficiarios, según el Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto total de las autonomías en estas rentas mínimas era de 1.359,5 millones de euros, con una media de 435,80 euros al mes de ayuda.

El sistema de rentas mínimas de inserción (RMI) es un “parche” contra la pobreza, ya que reciben ayuda (escasa) sólo el 7,6% de los españoles que están en situación de pobreza (los que ingresan menos del 60%  de la media del país: menos de 684 euros al mes si viven solos o  de 1.700 euros en una familia con 3 hijos), 10.382.000 españoles, el 22,3% de la población, según el INE. Y la renta mínima (RMI) sólo alcanza al 27% de los españoles en situación de pobreza severa (que ingresan menos del 30% de la media: menos de 342 euros al mes si viven solos o de 850 euros las familias con tres hijos), 2,9 millones según  el INE.

Pero la mayor crítica que puede hacerse al actual sistema de rentas mínimas es que es tremendamente desigual entre autonomías. Empezando por el nombre, porque la ayuda se llama diferente en cada región (“ingreso mínimo de solidaridad” en Andalucía y Castilla la Mancha, “salario social básico” en Asturias, “renta de integración social” en Galicia, “renta de garantía de ingresos” en el País Vasco, “renta básica” en Extremadura, “ingreso mínimo de inserción” en La Rioja, “renta garantizada” en Navarra, “renta mínima de inserción” en Madrid”, “renta garantizada de ciudadanía” en Cataluña…). Y sobre todo, porque el importe de la ayuda es muy diferente según donde se viva: va desde 300 euros al mes en Murcia y Ceuta a 648,60 euros en Navarra o 619,29 en el País Vasco, pasando por 573 en Aragón, 399 euros en Galicia y la Rioja, 385 en la Comunidad Valenciana y 375 euros en Madrid. Y encima, en unas, la RMI se cobra durante 6 meses ampliables (Andalucía, Extremadura, La Rioja), en otras 12 meses (Aragón, Cataluña, Canarias, Cantabria, Ceuta), en otras 24 meses (País Vasco) y en otras sin límite de plazo (Asturias y Castilla y León).

También hay diferencias en las condiciones que se exigen para cobrar esta ayuda, aunque en la mayoría son estar empadronado en la autonomía (1 año y en el País Vasco, dos años), tener unos ingresos mínimos (generalmente menos del 75% del salario mínimo) y dan prioridad a los que tienen hijos o mayores a cargo, sobre todo si están discapacitados.

El origen de las enormes diferencias en la renta mínima de inserción (RMI) está en que hay unas autonomías que gastan mucho más que otras, lo que permite pagar más y a más gente. Así, las autonomías que más gastan en rentas mínimas son el País Vasco (488,3 millones en 2015), Cataluña (174,4 millones), Madrid (121,4 millones), Asturias (101,8 millones) y Andalucía (89,1 millones), según el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero hay que poner este gasto en relación a los beneficiarios que tiene cada autonomía. Y así, las autonomías que más gastan por beneficiario son el País Vasco (6.075 euros, frente a 3.641 euros de media en España), Cataluña (5.905 euros), Asturias (5.027 euros), Navarra (4.962), Castilla y León (4.753 euros) y Madrid (4.067 euros), según un estudio de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Y las que menos gastan por beneficiario son Andalucía (1.725 euros), Comunidad Valenciana (1.961 euros), Castilla la Mancha (2.102 euros), Murcia (2.180 euros), Canarias (3.251 euros) y Baleares (3.301 euros).

Al final, lo que más importa es  saber a qué porcentaje de sus pobres ayuda cada autonomía. Y las diferencias vuelven a ser flagrantes. Si a nivel de toda España, los 789.672 beneficiarios de rentas mínimas suponen un 7,6% de los pobres, hay autonomías que ayudan a un porcentaje todavía menor de pobres: al 2,5% en Castilla la Mancha, 3,2% en Murcia, 3,8% en la Comunidad Valenciana, 4,5% en Canarias y Baleares y al 5,7% en Andalucía, según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Pocos pobres con ayuda en 5 de las 6 autonomías con más pobreza (INE). Y por el contrario, los mayores porcentajes de pobres con ayuda se dan en las autonomías ricas: País Vasco y Navarra (cobran el 77,5% de los pobres), Asturias (27,2%), Aragón (19%) y Cantabria (16,9%), seguidas por Madrid (11,4% pobres con ayuda), Extremadura (10,9%), Castilla y León (9,6%) y Cataluña (7,6%).

Como se ve, el balance de las rentas mínimas autonómicas es bastante pobre, como consecuencia de los recortes y la falta de recursos de las autonomías. Pero no es sólo una cuestión de falta de dinero. El sistema de rentas mínimas falla porque no reinserta a sus beneficiarios, no les saca de la pobreza. Así, un tercio de las familias que cobran la renta mínima en Madrid la cobran desde hace más de cinco años y un 11,6% la cobran desde hace 10 años o más. O sea, que “no les sacan de pobres”. Y eso se debe no sólo a que cobran 400 euros al mes, sino a que no funcionan los programas de inserción que acompañan a estas ayudas, programas individuales (PII) que gestionan los Ayuntamientos (que no reconocen ni pagan la RMI, a cargo de las autonomías). El problema es que los servicios sociales municipales están colapsados (ayudan a 8 millones de españoles al año) y tienen pocos medios, tras los recortes, con lo que no pueden hacer un seguimiento de los beneficiarios de las rentas mínimas. Y así, los pobres no encuentran trabajo ni se forman, siguen siendo pobres año tras año y la pobreza se hace crónica, como advierten Caritas y la Cruz Roja.

Ante este fracaso de las rentas mínimas tradicionales, hay tres autonomías que han optado por cambiarlas y aprobar nuevas ayudas, que cambian poco. La primera en hacerlo no ha sido Andalucía, como presume la Junta, sino Cataluña: el 12 de julio de 2017, en vísperas de la pelea independentista, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad  la nueva renta garantizada de ciudadanía(RGC), que llevaba cuatro años debatiéndose, a raíz de una iniciativa legislativa popular con 120.000 firmas. La nueva renta, que entró en funcionamiento el 15 de septiembre, supone una ayuda de 564 euros al mes (antes era de 423,70 euros), que serán 664 en 2020, año en que esperan ayudar a 70.000 desfavorecidos. La RGC se dará a los mayores de 23 años, con 2 años de residencia en Cataluña, que lleven 6 meses sin ingresos o con prestaciones inferiores a 564 euros y la podrán cobrar las madres (o padres) solas con hijos que trabajen (son 7.000 familias monoparentales) y ganen menos de  564 euros.

Andalucía aprobó la nueva renta mínima de inserción social (RMIS) por el decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre, que empezará a surtir efecto a primeros de marzo. La cuantía de la ayuda será entre 419 y 779 euros al mes, durante 12 meses prorrogables durante 6 más. Y pretende alcanzar a 45.000 personas al año, unos 120.000 beneficiarios. Su prioridad serán las familias con menores y discapacitados, así como mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. Los requisitos exigidos serán tener entre 25 y 64 años, estar en paro (se aceptan trabajos de menos de 1 mes) y apuntado al servicio andaluz de empleo, con ingresos menores de 418 euros al mes. Y se exige que los beneficiarios participen en un plan de inserción laboral personalizado. La nueva renta mínima andaluza ha sido criticada por IU, Podemos y Save the Children, que creen que nace “corta” y con poco presupuesto (198 millones en 2018), por lo que sólo podrá ayudar al 20% de andaluces pobres.

La tercera autonomía en implantar una nueva renta mínima será la Comunidad Valenciana, cuyas Cortes aprobaron la ayuda el 30 de noviembre, aunque su entrada en vigor será el 22 de abril de 2018, con un presupuesto de 88 millones este año (y 289 en 2020). La renta valenciana de inclusión (RVI) tendrá una cuantía de 495,30 euros mensuales (frente a los 385 actuales) y pretende beneficiar a 95.000 personas en 2020. Los requisitos son ser mayor de 18 años (sin límite de edad), llevar 1 año empadronado y tener ingresos inferiores a la renta que se paga. Y se permite cobrarla si se trabaja y se cobra menos del 80% del salario mínimo. La ayuda es indefinida (revisable a los 3 años) y se queda en la mitad (237,60 euros) si el beneficiario renuncia a ser valorado y entrar en un programa de reinserción social.

Es probable que otras autonomías, gobernadas por la izquierda, se sumen a aprobar nuevas rentas mínimas, a medida que sus cuentas se lo permitan. Y en paralelo, en el Congreso de los Diputados hay pendiente una iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por CCOO, UGT y 700.000 firmas, para aprobar una renta mínima de inserción estatal, de la que podrían beneficiarse 2.400.000 españoles, según los sindicatos. La ILP fue admitida a trámite en febrero de 2017, con el apoyo de todos los grupos (177 votos) salvo PP y Ciudadanos, que han tratado de vetar su tramitación, con una enmienda a la totalidad que volvió a ser rechazada en septiembre. Ahora, la propuesta está en la Comisión de Empleo, pero tiene pocas posibilidades de ser aprobada, dado el rechazo frontal del PP, que se agarra a su elevado coste, sobre 20.000 millones según Hacienda, aunque los sindicatos creen que costaría 11.000 millones. Al final, el Gobierno se guarda un as en la manga: si el Congreso aprueba la renta mínima, la denunciaría al Tribunal Constitucional, argumentando que la competencia de las rentas mínimas la tienen las autonomías.

La propuesta de una renta mínima estatal es una oportunidad para homogeneizar las rentas mínimas de las autonomías, dotándolas de más recursos y más efectividad, dado su pobre balance. Habría que pagar una renta mínima a más españoles desfavorecidos, al menos a las 1.193.900 familias donde todos están parados (según la EPA 2017), más del triple de los que cobran ahora las rentas mínimas autonómicas (323.406 titulares de ayudas). Eso tendría un coste, si se paga una renta mínima de 588 euros (el 80% del nuevo salario mínimo), de 84.241 millones de euros. Una cifra muy importante, pero que se podría pagar en un horizonte a cuatro años, con dos condiciones. Una, que se incluyeran en esta renta otras ayudas que ya se pagan (ayudas familiares, becas, vivienda, etc), con lo que se conseguirían ahorros de unos  30.000 millones, además de reducir la burocracia y los gastos de gestión. Y el resto tendría que salir de mayores ingresos, por la lucha contra el fraude fiscal, un posible recargo en el impuesto sobre el patrimonio y algún nuevo impuesto financiero (tasaTobin). Eso sí, esa renta mínima estatal debería obligar al beneficiario a mejorar su formación y a entrar en planes de reinserción laboral, para que no sea “caridad” sino una inversión temporal en su futuro.

Mientras en España debatimos sobre la renta mínima para pobres, que la derecha política desprecia por razones ideológicas (aunque las esconde con “no se puede financiar” y “desmotiva para buscar trabajo y fomenta a los vagos”), en el mundo hay un debate político y económico sobre la renta básica universal, que es diferente: se trata de una ayuda universal, no sólo para los más desfavorecidos, que recibiría todo el mundo, como un derecho ciudadano. Sus defensores señalan que, ante la pobreza y desigualdad creciente y la esperada pérdida de empleos de la digitalización y la robotización, sería una manera de dar seguridad a la población y repartir mejor la riqueza. El debate ha llegado a la cumbre económica de Davos, al FMI, la OCDE y la propia Comisión Europea, que están analizándolo con seriedad, mientras en España es un debate marginal, aunque creciente.

Pero ya hay experiencias que avanzan por el camino de la renta básica universal. La más famosa, la de Finlandia, que seleccionó a 2.000 personas (desempleados, entre 25 y 68 años) para cobrar una renta básica de 560 euros al mes en una experiencia piloto que se inició en enero de 2017 y durará hasta finales de 2018. Otro país que lo está experimentando es Holanda, en Utrecht y otros 39 municipios holandeses, donde se estudia el comportamiento de ciudadanos a los que se paga una renta básica (de 972 a 1.389 euros), con y sin obligaciones a cambio. En Alemania se han presentado 90.000 firmas en el Parlamento pidiendo un referéndum sobre la renta básica universal, mientras Suiza votó en contra de esta renta básica en un referéndum celebrado en 2016.

Es también muy interesante el programa europeo “Urban Innovative Actions”, que la Comisión Europea desarrolla en tres años (a partir de 2017) en 15 ciudades escogidas de Europa, entre ellas Barcelona, donde el Ayuntamiento ha seleccionado a 1.000 familias (de perfiles muy diferentes) para participar en esta experiencia piloto, con 4,8 millones de financiación europea (y 1,2 millones del Ayuntamiento): recibirán una ayuda económica y programas complementarios (formación, empleo, vivienda y trabajo), con 5 programas distintos (con el mismo coste), para ver después qué combinación de ayuda y reinserción es más eficaz.

Este tema, la renta básica universal es algo muy nuevo, que levanta más críticas que apoyos, porque choca con la vieja máxima de “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Pero hoy, el mundo ha cambiado y Europa, el continente socialmente más avanzado, tiene 119 millones de pobres “oficiales” (según Eurostat). Y el futuro, con las máquinas y la digitalización, se presenta sombrío para el empleo. Así que muchos creen que es hora de pensar en nuevos sistemas de asistencia social, frente a los actuales, demasiado burocráticos e inútiles. Y algunos han avanzado seriamente en cómo financiarlo: con el ahorro de sustituir las ayudas actuales y una reforma de impuestos, como plantea este documentado trabajo en la interesante web red renta básica, que informa sobre lo más destacado de este debate a nivel internacional.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque, a pesar de la recuperación y el empleo,  un 22,3% de españoles (10.382.000) son oficialmente pobres y sólo el 7,6% reciben una renta mínima, de pura supervivencia y totalmente  inútil para que salgan de la pobreza. No podemos mirar para otro lado. Probemos a hacer algo nuevo.