España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.

Salarios: España, un país de mileuristas

Este verano aumentará la inflación, cerca del 3,5%, por la subida de la luz, los alimentos, el turismo y los viajes. Mientras, los sueldos suben menos del 3%. Esto agrava un problema de fondo, que explica por qué bastantes familias no llegan a fin de mes: muchos sueldos son demasiado bajos, según acaba de confirmar el INE. Tres datos. El salario más frecuente (1.080 euros netos) es más bajo ahora que en 2019. Casi el 30% de los sueldos están entre 1.046 y 1.326 euros netos (en 14 pagas). Y más de dos tercios de los trabajadores (12,4 millones de asalariados) ganan entre 1 vez el salario mínimo (1.038 euros netos en 14 pagas) y 2 veces el SMI (1.711 euros netos). Somos un país de mileuristas, con unos sueldos un 25,6% más bajos que en Europa. Por eso, los sindicatos piden subidas del 4 al 7%, ahora que las empresas llevan 5 años subiendo ventas y beneficios. Pero la negociación salarial no ha empezado y podría no haber acuerdo.

                            Enrique Ortega

Casi la mitad de las familias españolas  tienen problemas para llegar a fin de mes (el 44,2%, según el INE), básicamente porque la inflación acumulada (+23,5% entre 2020 y 2025) ha crecido más que los salarios (+16,66% en estos 6 años). Y con los precios altos, por el encarecimiento de la energía, las materias primas y los alimentos, los salarios crecen este año menos que la inflación: +2,94% en los convenios firmados hasta abril, mientras la inflación está en el 3,2% anual en abril y subirá más este verano, por el encarecimiento de la luz (han vuelto a subir el IVA y el impuesto de la electricidad el 1 de junio), los carburantes, los alimentos, la hostelería, el turismo y los viajes. Así que seguirá siendo difícil llegar a fin de mes, sobre todo los que pagan además alquileres altos e hipotecas más caras.

La clave vuelve a estar en los salarios, que son demasiado bajos para muchos trabajadores, según acaba de desvelar el INE, con su última estadística de estructura salarial (referida a 2024): el salario medio anual en España es de 29.540 euros brutos, lo que significa 1.631 euros netos en 14 pagas. Un sueldo medio que es mayor para los hombres (32.057,55 euros brutos, 1.748 netos en 14 pagas) que para las mujeres (26.904,90 euros brutos, 1.507 euros netos), cuya “brecha” salarial es el 16,8% que cobran de menos. Este sueldo medio ha subido 5.144,28 euros brutos desde 2019, un aumento medio del +21%. Subida que se ha comido la inflación, porque los precios subieron el +21.3% en estos 6 años.

Pero este dato es el salario medio anual, que se obtiene como media entre los que más ganan y los que menos. Un dato más relevante es el salario mediano, que es el salario que divide a los trabajadores en dos partes: la mitad que gana más y la mitad que gana menos. En 2024 era menor, 24.497,17 euros brutos, unos 1.352 euros netos (14 pagas). Un salario mediano que ha crecido menos desde 2019 (+4.146 euros), un +20,37% (+21,3% el IPC).

Y queda un tercer dato que es más revelador: el salario más frecuente, el que ganan un mayor porcentaje de trabajadores. En 2024 era aún menor, según el INE, de 16.520,18 euros brutos (1.080 euros netos en 14 pagas), el sueldo que cobraban el 3,84% de los asalariados. Y lo peor es que este salario más frecuente ha caído en los últimos 6 años: era de 18.489 euros brutos en 2019 y ahora está en 16.520 euros, lo que significa que el sueldo que ganan ahora el mayor grupo de trabajadores es un 10,6% más bajo. Además, si miramos cuantos trabajadores ganaban entre 16.000 euros brutos (1.046 euros netos en 14 pagas) y 23.000 euros brutos (1.326 euros netos), son casi un tercio ( el 29,5%) de los asalariados, casi 5,5 millones de asalariados que son “mileuristas”.

Y otro dato llamativo: más de dos tercios de los trabajadores (el 67,01%) ganaban en 2024 entre 1 vez y 2 veces el salario mínimo (SMI), entre 15.876 euros brutos entonces (1.038 euros netos en 14 pagas) y 31.752 euros brutos (1.711 euros netos en 14 pagas). Eso significa que 12,45 millones de asalariados ganan menos de 1.711 euros netos al mes (en 14 pagas), una cantidad con la que difícilmente se puede sobrevivir si no hay otro sueldo, si hay hijos y si encima hay que pagar un alquiler o una hipoteca. Esta es la realidad de la mayoría de los salarios que nos reflejan los datos del INE, aunque sean de 2024.

Además de tener sueldos mayoritariamente bajos, en España hay grandes diferencias de salarios por sectores, ocupaciones y autonomías, según reflejan los datos del INE. Hay 6 sectores económicos especialmente mal pagados, cuyo sueldo medio (ojo, las medias no reflejan los muchos sueldos más bajos) está por debajo del sueldo medio de toda la economía, esos 29.540 euros brutos (1.631 euros netos en 14 pagas): son la hostelería (17.653 euros brutos, 1.139 euros netos en 14 pagas), las actividades artísticas (20.383 euros brutos, 1.241 euros netos), actividades administrativas (21.096 euros brutos, 1.265 euros mensuales netos), comercio (25.778 euros brutos, 1.545 mensuales netos), construcción (26.965 euros brutos, 1.616 euros netos mensuales) e inmobiliarias (28.854 euros brutos). Y cobran por encima de la media, 4 sectores económicos: suministro de energía (57.931 euros brutos, 2.873 euros netos mensuales), industrias extractivas (41.951 euros brutos), industria manufacturera (32.281 euros brutos) y suministro de agua (32.362 euros brutos).

El sueldo tiene mucho que ver no sólo con el sector, sino con el puesto que se ocupa en la empresa. Así, los que más ganan son los directores y gerentes (63.865 euros brutos, más del doble que la media), seguidos de lejos por técnicos y profesionales (entre 45.513 y 40.554 euros brutos) , siendo los sueldos más bajos los de los trabajadores no cualificados de los servicios (16.062 euros brutos, 1.050 euros netos mensuales), los trabajadores de la restauración (18.918 euros brutos), de la salud (19.479 euros brutos) y los peones del campo o la construcción (22.030 euros sueldo medio bruto). Y estas diferencias se multiplican entre los grandes ejecutivos de grandes empresas: ganan hasta 111 veces más que su empleado medio, hasta 4,4 millones de euros anuales, según Intermón Oxfam.

También hay grandes diferencias de sueldos por autonomías, en función del mayor o menor peso de los sectores mejor pagados y de su productividad y su aportación a la riqueza (PIB). Hay 4 regiones con el sueldo medio por encima de la media de España (29.540 euros, 1.643 euros netos mensuales): País Vasco (35.170 euros brutos anuales , 1.894 euros netos mensuales), Madrid (34.410 euros brutos), Navarra (32.605 euros brutos) y Cataluña (31.730 euros brutos. Los sueldos medios más bajos se cobran en Extremadura (24.974 euros brutos, 1.417 euros netos mensuales), Canarias (25.120 euros brutos), Castilla la Mancha (26.062), Andalucía (26.089), Castilla y León (26.177), Murcia (26.349), Galicia (26.547) y la Comunidad Valenciana (26.816 euros brutos).

Ya no es sólo que España tenga sueldos bajos y muchos trabajadores sean “mileuristas”, sino que seguimos con sueldos mucho más bajos que en bastantes paises de Europa. Así, el salario por hora trabajada fue en España de 19,5 euros en 2025, un 25,6% del sueldo medio por hora pagado en la UE-27 (26,2 euros/hora), según Eurostat. Y quedamos muy lejos de lo que se paga por hora de trabajo en Luxemburgo (49,7 euros/hora), Dinamarca (44,7 euros), Irlanda (36,6 euros),Paises Bajos (36,3 euros), Alemania (34,5 euros), Francia (30 euros) o Italia (23 euros/hora), superando sólo a Portugal (15,6 euros) y Grecia (14,5 euros). Y no sólo se cobra menos ahora sino que el salario/hora ha crecido mucho menos en España que en Europa desde 2008 (+36,3% frente a +62,7% en la UE-27) y desde 2020 (+14,7% frente a +21,8% que ha subido el salario hora en la UE-27).

Al final, resulta que los sueldos en España ocupaban en 2025 el puesto 16 en el ranking de los 27 paises europeos desarrollados que integran la OCDE, encabezado por Suiza (107.487 euros brutos de sueldo medio), con Dinamarca en el 4º puesto (71.961 euros brutos), en el 5º Paises Bajos (69.028 euros), en el 7º Alemania (66.700 euros), en el 8º Reino Unido (65.340), en el 10º Bélgica (62.348 euros), en el 11º Irlanda (60.258 euros), en el 13º Suecia (50.338 euros), en el 14º Francia (45.964 euros), en el 15º Italia (36.594 euros) y en el puesto 16º España (32.678 euros brutos de media en 2025), quedando 9 paises europeos por debajo de los 30.000 euros de sueldo bruto medio (Portugal, el 22º, con 24.254 euros).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las diferencias salariales en Europa, con sueldos más altos en el centro y norte que en el sur, se deben a 3 factores: la estructura económica y la mayor o menor productividad (muy ligada a la tecnología, el tamaño de las empresas y a la organización del trabajo), las instituciones del mercado laboral (más sueldos en los paises con sindicatos más fuertes y una negociación colectiva consolidada) y un mayor o menor coste de la vida (la alta inflación presiona al alza los salarios).

En España, la queja de los sindicatos es que el fuerte crecimiento de la economía y el aumento de ventas tras la pandemia ha beneficiado a las empresas, que han aumentado márgenes y beneficios, pero no a los trabajadores, cuyos sueldos crecen menos. Y aportan los últimos datos del Observatorio de Márgenes empresariales. Uno, que el valor añadido sobre ventas (ingresos menos costes) ha crecido un 24,5% en los últimos 4 trimestres (marzo 2026-marzo 2025), frente al 21,9% que crecieron de promedio entre 2009 y 2021. Y el margen bruto de las empresas (su rentabilidad operativa) es del 12,8%, frente a una tasa promedio del 10,5% entre 2009 y 2021. Y además, añaden, ha crecido más la productividad que los sueldos: entre 2018 y 2026, el margen bruto por asalariado que obtienen las empresas ha crecido un +53%, frente al +33% que ha crecido la remuneración media por asalariado en estos 8 años.

En definitiva, que en el reparto de la tarta del crecimiento y la riqueza, las empresas se llevan una mayor parte que los trabajadores. Y por eso, los sindicatos creen que es hora de que los salarios crezcan más, de repartir mejor el crecimiento. En el V Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva (AENC) , firmado por los sindicatos y la patronal en 2023, se pactó una subida salarial del +4% para 2023 y del +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión del 1% si se disparaba la inflación, subidas que han sido básicamente respetadas en los convenios firmados (han subido un 10,46% estos tres años) y que han superado a la inflación (+9% de media los 3 años), mejorando algo el poder adquisitivo.

Ahora, cara a la firma del VI AENC, que debe pactar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, los sindicatos exigen subidas mayores que las de los pasados años. Primero, porque los conflictos geopolíticos hacen temer un repunte de la inflación en todo el mundo y en Europa, donde la Comisión prevé una inflación del +3,1% este año (y del +3% en España), que podría aumentar si no acaba la guerra en Oriente Medio. Y segundo, porque los sindicatos creen que ya es hora de que los trabajadores se beneficien del crecimiento en sus sueldos, como han hecho las empresas con sus beneficios. Sobre todo los trabajadores que menos ganan, esos 5,5 millones de asalariados que ganan entre 16.000 y 23.000 euros brutos.

Por todo esto, el 29 de enero, UGT y CCOO presentaron su propuesta de negociación para acordar con la patronal el VI AENC que ampare los convenios de 2026 a 2028. Su posición de partida es exigir una subida salarial del 4% para 2026, 2027 y 2028, más una subida extra del 1 al 3% adicional para los trabajadores que ganan ahora entre el 10% y el 30% por debajo del salario medio anual en España (29.540 euros), además de una cláusula del revisión salarial del 1,5% por si se dispara la inflación. Además, quieren incluir en esta negociación colectiva la supresión de las horas extras gratis, la reducción de jornada, la precariedad laboral de los jóvenes y las mujeres, el grave problema de la vivienda para muchos trabajadores (y sus empresas), además de la regulación de los algoritmos y la Inteligencia Artificial.

Ha pasado casi medio año y no hay avances en la negociación salarial para 2026 y los dos años siguientes, cuando el V AENC se firmó el 10 de mayo de 2023. La patronal CEOE no parece interesada en sentarse con los sindicatos a negociar y muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, creen que la subida será menor si no hay un aumento pactado. Además, la patronal CEOE lleva unos meses muy radicalizada, levantándose de las mesas de concertación (como en el tema de la reducción de jornada) y culpando al Gobierno (y a los sindicatos) de querer “imponerles” cambios legales, quejándose del exceso de absentismo y bajas laborales (en gran parte, por los problemas de la sanidad pública). Todo apunta a que los sindicatos presionarán a la patronal en septiembre, pero será un mal momento para la CEOE, porque en noviembre hay elecciones y quiere volver a presentarse Antonio Garamendi. Así que no está claro que este otoño se negocien las futuras subidas salariales, como se hace desde 2010.

Pero los bajos salarios son un problema, no sólo para los trabajadores que los cobran sino para el conjunto de la economía: si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más “europeos” no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento”, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

El crecimiento aguanta (mal repartido)

En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE). Pero están fallando 2  motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece +38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.

                 Casi la mitad españoles tienen problemas para llegar a fin de mes

El anuncio de Trump, el 2 de abril, de fijar unos aranceles disparatados al resto del mundo disparó todas las alarmas y el temor a otra recesión mundial. Ese mismo mes de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe donde recortaba el crecimiento mundial (del 3,3% en 2024 al 2,8% en 2025). Pero la aplicación concreta de estos aranceles se fue retrasando y el comercio mundial se disparó en primavera, para anticiparse a los aranceles. La consecuencia fue que en julio, otro informe del FMI subió sus previsiones de crecimiento mundial para este año al 3% (+0,2%). Y en octubre, un tercer informe del FMI volvió a mejorar las previsiones: subieron al 3,2% el crecimiento mundial este año (otro +0,2%), al 1,2% en la eurozona (+0,4% sobre abril)  y al 2,9% a España  (+0,6% sobre abril). Justificaron estas mejores previsiones por el retraso en la aplicación de los aranceles (hasta julio o agosto), en que los demás paises no habían tomado represalias y en que las empresas habían diversificado sus cadenas de suministro, manteniendo el comercio mundial.

El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2% la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera, aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció +1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025), la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.

Eso sí, los grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en 2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en 2024). La excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español tras la pandemia.

Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas, el Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al -3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).

Para el Gobierno, los motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones (promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán” las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y 2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).

España está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el turismo y las exportaciones.

El turismo, ese gran motor que nos ha permitido crecer mucho más que el resto de Europa, está frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado 76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos, tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9% frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024), según el INE.  Y este año, han caído los turistas franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%), italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.

El otro motor del crecimiento en estos años, las exportaciones, se han estancado también: han crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia, aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU (importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.

Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los hipotecados: el BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre, peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve 4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se ha disparado el precio de los pisos).

En definitiva, España crece (+2,9%) más que el resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en 2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas. La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8% del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre 2020 y 2025, según el INE. Una subida acumulada que crea problemas a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y 2025, según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.

Y además, la vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en septiembre de 2025, según el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona (2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del 46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.

La combinación de sueldos bajos (el 30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7% llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias materiales”, según el INE: casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un 17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6% de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su vivienda.

Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como ha aumentado la población, todavía hoy tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria” (ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en 2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más pobres en tres años.

Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión severa, según el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más pobreza infantil.

En resumen, que la economía española va muy bien, pero la economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de otros va mucho mejor). Es urgente repartir mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que está pendiente de la nueva Ley de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.

Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos, porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes. Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda, que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a costa de nuestro bolsillo.

En definitiva, no basta con crecer, hay que conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos (empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible ahora. Así nos va.